3 de octubre de 2024

Análisis

La rendición de AMLO

Las fuerzas armadas, las elites y la izquierda de México

El lopezobradorismo es, sin duda, el movimiento político más significativo que ha surgido en México en las últimas tres décadas. Desde el 2018, ha reconstituido el sistema político posautoritario del país. Claudia Sheinbaum, la nueva líder del movimiento, ganó la presidencia con el 60 por ciento del voto a principios de junio. Con una mayoría de dos tercios en las dos cámaras legislativas, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ahora cuenta con el poder necesario para reescribir la constitución del país. 

La popularidad de Morena es alucinante: se trata de un partido que, con sus aliados, ahora gobierna a 22 de los 32 estados mexicanos. Durante veinte años, la política mexicana fue un juego con tres contrincantes entre el Partido Acción Nacional (PAN), partido de la centroderecha; el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de la centroizquierda; y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que había liderado al país durante la mayor parte del siglo XX. Durante dos décadas, los presidentes del país rara vez disfrutaron de mayorías en el Congreso y cualquier cambio constitucional requería de tratos corruptos entre los grandes dinosaurios del partido. Pero ese juego ya terminó: el PRD prácticamente ha desaparecido, el PRI se ha ahuecado, ya que la mayoría de sus líderes se cambiaron al bando de Morena, y el PAN se ha encogido para convertirse en una organización local de familias conservadoras y católicas del centro y norte del país. Morena ha obtenido más apoyo electoral que cualquier otro partido a lo largo del cuarto de siglo de democracia mexicana. 

Cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó al poder en el 2018, prometió contener el neoliberalismo desenfrenado y terminar con la violencia política. Según él, estas metas solo se pueden lograr al proteger y elevar a los más pobres, “separar al poder político del económico” y terminar con la ocupación militar en varias regiones para atender las raíces sociales de la violencia. De hecho, la popularidad de Morena ha sido reforzada por la promulgación de leyes nuevas de salario mínimo, programas de infraestructura y pensiones para la vejez. Sin embargo, estos éxitos se solapan con ciertos retrocesos importantes. Dos de las principales plataformas de Morena—contener el poder militar y aumentar los impuestos a los ricos de México—fueron abandonadas incluso antes de la inauguración de AMLO. Una tercera plataforma—oponerse al trato inhumano de personas migrantes por parte de Estados Unidos—fue abandonada a menos de un año de su presidencia. 

En cambio, las reformas constitucionales que sí llegaron hasta el poder legislativo fueron generalmente de un carácter totalmente distinto: buscaban reforzar e institucionalizar el poder militar, permitían sentencias punitivas para personas encarceladas y daban paso a un arrebato autoritario del poder judicial y de las instituciones autónomas encargadas de organizar las elecciones. Para entender las aparentes deficiencias del gobierno, tendríamos que situar sus esfuerzos en relación con los tres elementos centrales de la política económica mexicana: el Estado, la élite y los militares. Al fortalecer al primero, Morena terminó doblegándose ante los dos últimos.

Un Estado ahuecado

La presidencia de AMLO llegó en un momento de descontento profundamente arraigado. El PAN, primer partido en obtener la presidencia con elecciones democráticas, dejó atrás sus elementos progresistas a principios de los años 2000. En el 2006, el presidente Felipe Calderón buscó distraer de las acusaciones de fraude electoral con una campaña vacua en contra de los cárteles, un esfuerzo que sólo exacerbó la violencia y los abusos del poder de los militares. El PRD, el partido tradicional de la izquierda, se convirtió en una entidad tan corrupta y neoliberal como sus adversarios. El PRI volvió a la presidencia en el 2012 y los tres partidos formaron una coalición mayoritaria con la cual pudieron pasar una serie de reformas estructurales rápidamente, una de las cuales buscó alterar el respetado e histórico petronacionalismo mexicano al permitir la extracción petrolera de parte de empresas extranjeras. En general, los tres partidos buscaron que México se convirtiera en un lugar más atractivo para el capital extranjero al disminuir salarios, impuestos empresariales, regulaciones ambientales y supervisión gubernamental. 

Es por eso que uno de los grandes temas del lopezobradorismo fue promover la idea del PRIAN: que los dos partidos principales eran, en esencia, uno mismo. La democracia mexicana se había caracterizado por el abandono completo de los trabajadores como fuerza estructurante del ámbito político, por un lado, y por la explosión de la violencia, por otro. Los sindicatos fueron desmantelados o socavados y dejaron de formarse nuevos en el enorme cinturón industrial del norte del país. 

Fue durante esos años que el salario mínimo mexicano se hundió a una baja casi global, compitiendo con el de Haití y El Salvador. Carlos Slim, el empresario más poderoso de México, tomó el lugar de Bill Gates en la lista de Forbes mientras que la guerra contra el narco se salió de control. La violencia relacionada con las drogas pasó de involucrar a una resistencia armada que buscaba controlar las rutas del narcotráfico para convertirse en una batalla descentralizada en una amalgama heterogénea de redes criminales poco estructuradas que se dedicaban a extorsionar a pequeños productores. Desde el 2006, más de 400 mil personas han sido asesinadas y otras 100 mil han desaparecido. El control de las organizaciones criminales sobre vastas áreas de la economía llegó a afectar a la clase política. Durante las últimas dos décadas, ha salido a la luz el involucramiento de presidentes municipales, fiscales, jefes de policía, legisladores y gobernadores, los más controvertidos de los cuales han sido enjuiciados en los Estados Unidos. Este fue el ambiente institucional que heredó Morena en el 2018 y en el cual intentó posicionar sus primeras reformas. Una reforma clave entre estas iba a ser la del sistema de impuestos, sin el que no serían viables ni los gastos en infraestructura ni los gastos sociales. La propuesta original de AMLO contaba con un elemento de justicia redistributiva: con una tasa de tan solo el 13 por ciento, México tenía la tasa de impuestos al PIB más baja de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); se encontraba 10 puntos porcentuales por debajo de los demás grandes países de Latinoamérica y tan solo a la mitad del promedio de la OCDE. Los economistas progresistas que AMLO puso a cargo de la transición, así como el primer secretario de Hacienda y Crédito Público, pronosticaron que si bien el gobierno podría solventar su primer par de años sin una reforma fiscal, sería esencial para la segunda mitad de la administración. Sin embargo, estas ambiciones fueron reemplazadas por un enfoque más modesto que buscó asegurar el pago de los impuestos adecuados y el combate a la corrupción. Seis años después, está claro que la recaudación no ha incrementado de manera significativa. Como presidente de Morena, en el 2021, Mario Delgado aseguró que “no hay ningún empresario al que le haya ido mal. Entre los grandes empresarios no encontrarás ninguno”. Además, los economistas progresistas se retiraron de la Secretaría de Hacienda en menos de un año. El más destacado, Carlos Urzúa, quien había fungido como el primer secretario de Hacienda, se convirtió en crítico del gobierno, pero los demás se doblegaron.

El abandono a la agenda fiscal original de AMLO ha tenido consecuencias profundas. Sin una fuente crítica de ingresos, el gobierno empezó a posicionar al Estado como un recurso infinito, con el cual se podía ahorrar magníficamente al recortar los privilegios de los trabajadores públicos. Esta fue la justificación detrás de lo que se denominó popularmente como la “austeridad republicana”. Distintas oficinas del gobierno se fusionaron y los salarios de los servidores públicos fueron recortados drásticamente. Entre las instancias más dramáticas podemos observar la escisión de programas de gobierno como las primarias de tiempo completo y el corte total del presupuesto del sistema de salud gratuito utilizado por trabajadores informales y de bajo ingreso.

Como resultado, un elemento innegable del lopezobradorismo ha sido la degradación profunda de los servicios públicos. Las políticas de austeridad hicieron poco por acabar con la corrupción y el abuso. En cambio, transfirieron recursos de una sección del estado (salud, educación y protección ambiental) hacia otros (proyectos de infraestructura, pensiones y las Fuerzas Armadas). Mientras que la mayoría estuvo de acuerdo con recortar los gastos de contratación de choferes, seguros médicos privados o viajes en primera clase, los recortes pronto se volvieron irracionales. En algún punto, el presidente aprobó personalmente a todos los vuelos internacionales de los servidores públicos.

Al mismo tiempo, el sistema de salud ha experimentado un deterioro estructural1. El presupuesto para el tratamiento de diferentes tipos de cáncer ha sido recortado en más de un 90 por ciento desde el 2018. Se podría decir que el brazo más efectivo del Estado mexicano alguna vez fue el servicio de vacunación, que con frecuencia llegaba al 100 por ciento de los niños. En los primeros dos años de la administración de AMLO, más de 6 millones de niños quedaron a la espera de vacunas diferentes. Las citas médicas bajaron en un 46 por ciento, con 14 por ciento de cirugías menos y 20 millones de pruebas de laboratorio menos entre el 2018 y el 20222.

La reorganización de los recursos dentro de la Secretaría de Educación Pública es otro ejemplo claro. Se clausuró un programa exitoso para asegurar acceso a la educación y alimentación a tiempo completo. Esto se reemplazó con fondos para la renovación de las escuelas a través de asociaciones de padres de familia. Los padres procuraron y compraron materiales y contrataron a albañiles. Una gran proporción de estas renovaciones fueron deficientes, desprovistas de arquitectos o ingenieros civiles. En muchos casos, los fondos se perdieron o se gastaron de manera poco acertada. López Obrador presentó a estos cambios como una auténtica liberación ante la opresión de los grandes gobiernos, pues las familias serían libres de decidir cómo gastar los fondos, sin los intermediarios burocráticos de la Secretaría. Sin embargo, como en muchos otros contextos, el lenguaje de la libre elección educativa funciona como herramienta para enmascarar el traslado de recursos de manos públicas a privadas.

Los ajustes de presupuesto no dejaron lugar para otros programas. Por ejemplo, inspirado por la expansión decidida de la educación superior pública de Lula, se habló de un programa para inaugurar universidades públicas para personas de bajos ingresos. Las Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García” nunca aterrizaron: sólo entre 50 y 60 millones de dólares anuales les fueron asignados a sus más de 145 sucursales. En los mejores de los casos, las sedes se encontraban en casas viejas convertidas precipitadamente en salones de clases, pero algunas se quedaron en ruinas, mientras que otras de estas “instituciones” de educación superior pública no fueron otra cosa que terrenos baldíos. Los docentes se quejaron de las condiciones laborales pobres y de los salarios bajos, pero cuando se organizaron para presionar a la administración, más de doscientos fueron despedidos.   

La austeridad republicana, al fin de cuentas, fue la consecuencia de que AMLO se doblegara ante las élites mexicanas en materia de impuestos. Pero los proyectos de infraestructura de los que Morena se abanderó, así como sus transferencias de efectivo hacia las personas, requerían de fondos. Sin incrementar los impuestos a los más ricos del país, los fondos tuvieron que venir de otro lado. No es coincidencia que las instituciones más afectadas por la austeridad republicana fueran aquellas que se encargaban de otorgarles servicios públicos a los más pobres. La consecuencia de este patrón es que, mientras que las transferencias de efectivo incrementaron de manera considerable, la provisión de los servicios públicos ha empeorado3.

Una burguesía intacta

¿Quiénes están entre las élites que AMLO no pudo desafiar? Comparado con sus colegas en todo Latinoamérica y en el mundo en desarrollo más amplio, la cima de la burguesía mexicana está en una clase aparte en términos de su poder económico. Las veinte familias mexicanas más adineradas tienen fortunas varias veces más grandes que las de las familias brasileñas más acaudaladas. Con concesiones gubernamentales en telecomunicaciones, televisión y minería, la cima de la burguesía mexicana controla una fortuna total de unos 200 mil millones de dólares, de los cuales Carlos Slim, dueño de un imperio de telecomunicaciones y minas de oro y plata, cuenta con más de 100 mil millones. Entre otros nombres relevantes está Germán Larrea, magnate del cobre; la familia Bailleres, también minera; Ricardo Salinas Pliego, quien opera una concesión televisora y una red de tiendas y bancos para personas de bajos recursos; Carlos Hank González, banquero y empresario de la tortilla; y Daniel Chávez, magnate del turismo. Las veinte familias mencionadas incrementaron su fortuna por más de 150 mil millones de dólares en los últimos seis años. Slim y Larrea, los dos más adinerados, han aumentado su valor neto en más de un 70 por ciento desde la pandemia.

En parte, el incremento en sus fortunas ha resultado de la alianza entre la oligarquía mexicana y el gobierno de Morena. Esta clase multimillonaria ocupó un lugar destacado en el Consejo Asesor Empresarial de AMLO. El gobierno tuvo cuidado de tomar en cuenta sus conocimientos y mantener su estatus en los diferentes programas de infraestructura. Slim, dueño de una gran empresa de ingeniería civil, recibió contratos de cientos de millones de dólares para construir dos tramos del Tren Maya. Por su parte, Salinas Pliego, dueño de una red de bancos, recibió la concesión para operar los programas sociales del gobierno durante sus primeros tres años. La mano derecha de Salinas Pliego, Esteban Moctezuma, fue nombrado secretario de Educación Pública durante los primeros años del gobierno de AMLO y ahora es el embajador de México en los Estados Unidos. A pesar de las amplias discusiones que mantuvo el gobierno sobre la prohibición de minería a cielo abierto, sector en el que participan Slim, Larrea y Bailleres, las concesiones de estos últimos no han sido afectadas y sus impuestos tampoco han incrementado. 

Como el primus inter pares de la burguesía mexicana, Slim ha recibido un trato preferencial de parte del gobierno y este ha sido recíproco, pues se ha prestado para varias apariciones públicas con el presidente. Cuando empezó a ser muy claro que el derrumbe del metro en el 2020 que mató a 26 personas se debía a un trabajo mal hecho de parte del despacho de ingeniería de Slim, la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llegó a un acuerdo con el multimillonario: la empresa reconstruiría a la línea del metro por un costo de alrededor de 40 millones de dólares. Las víctimas (o sus familias) recibieron una compensación de entre 20 mil y 290 mil dólares, dependiendo de si habían sido heridas o murieron. Por menos de 50 millones de dólares, Slim compró su inocencia. 

AMLO ha pintado a su carrera y a su gobierno como una batalla mítica entre los ricos y los pobres. Sin embargo, la verdad es que no sólo ha gobernado con la oligarquía sino a través de y para la oligarquía. Y le han devuelto el favor. Las tres televisoras principales, que pertenecen a familias individuales que también las controlan, han sido amigables con el gobierno, en parte por oportunismo político y en parte porque se han beneficiado de cientos de millones de pesos en publicidad gubernamental. Sin importar lo que se ha discutido en sus reuniones en el Palacio Nacional, los encuentros periódicos entre la cúspide de Forbes y el presidente han mandado una señal a la burguesía más amplia: los grandes empresarios están con López Obrador y, a cambio, López Obrador les da su buena rebanada del pastel.

Fuerzas Armadas empoderadas

La militarización de la seguridad pública nos remite al 2006, cuando el presidente panista Felipe Calderón declaró la guerra contra los cárteles de narcotraficantes. Las Fuerzas Armadas se desplegaron a lo largo de las diferentes regiones para competir contra la potencia armada de los cárteles. Desde entonces, han patrullado gran parte del país. Hay una puerta giratoria entre las Fuerzas Armadas y la policía estatal, que, en la mayoría de los casos, se lidera por excomandantes militares. Ya es un hecho ampliamente aceptado que la llegada de las Fuerzas Armadas no ha erosionado el poder de las organizaciones criminales y que, por el contrario, ha impulsado olas de violencia más intensas. El ejército ha estado involucrado en episodios innumerables de uso excesivo de la fuerza y en matanzas de civiles e inocentes, cosa que no sorprende a nadie. Los escándalos son demasiados para contarse.

En su campaña, López Obrador defendió la idea de regresar a los soldados a los cuarteles y prometió aminorar el abuso del poder militar. Sin embargo, después de una serie de reuniones con los entonces comandantes de las Fuerzas Armadas en el otoño del 2018, cambió de postura. Declaró que el problema era mucho peor de lo que se había pensado. López Obrador reafirmó su compromiso con las Fuerzas Armadas y más que triplicó su presupuesto en los últimos seis años, además de pasar una reforma constitucional que les otorgaría poder pleno sobre el resto de las fuerzas civiles de la nación. 

La militarización específicamente lopezobradorista ha sido cualitativamente diferente a la iteración anterior, entre 2006 y 2018. En un patrón que recuerda a Egipto o Pakistán, los militares se han convertido en dueños, concesionarios y contratistas de grandes obras y emprendimientos públicos. Como en el caso de Slim, el Ejército también recibió dos concesiones para el Tren Maya y, con ello, una participación en el boom turístico en la península de Yucatán. El Ejército ahora está construyendo un hotel de lujo en Tulum y además posee un aeropuerto en esta zona turística. Las Fuerzas Armadas controlan a las aduanas y aeropuertos y, además construyen hospitales, plantan árboles, conducen trenes de carga y de pasajeros y distribuyen libros de texto para las escuelas. A través de las concesiones públicas, los militares ahora cuentan con recursos económicos autónomos y opacos. Las Fuerzas Armadas se han convertido en una agencia económica privada, sin supervisión de parte de órganos públicos4.

El símbolo más dramático del empoderamiento militar durante el mandato de Morena fue el descarrilamiento de la investigación alrededor de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En septiembre del 2014, seis personas fueron asesinadas y 43 estudiantes jóvenes de una escuela normal rural desaparecieron en la ciudad de Iguala. Este sigue siendo el momento más oscuro del último cuarto de siglo mexicano. Para encubrir el asunto, el gobierno se precipitó a inventar que los estudiantes estaban involucrados en el narcotráfico y que su asesinato fue un episodio más en la guerra contra el crimen, el cual sigue en curso. Sin embargo, el escándalo público que enfrentó el entonces presidente Enrique Peña Nieto lo obligó a permitir una investigación por parte de una comisión internacional independiente. Cada informe proporcionó más evidencia de que las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en la desaparición. Hoy, no hay duda de que el Ejército contaba con espías entre los estudiantes, quienes lideraban un movimiento agrario radical más amplio. Los teléfonos celulares de los estudiantes habían sido interceptados y sus movimientos fueron monitoreados por distintas agencias de seguridad durante la noche de su desaparición. Después, el gobierno implementó una operación masiva de encubrimiento, que incluyó la extracción de decenas de confesiones bajo tortura. 

El primer acto oficial de López Obrador como presidente, en diciembre del 2018, fue reunirse con los padres de los desaparecidos y prometerles su total apoyo para la realización de una investigación independiente. Pero en el otoño del 2022, los militares ejercieron su poder político recién adquirido para obligar a renunciar a Omar Gómez Trejo, el primer fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. La investigación antes independiente fue capturada por el gobierno, que entonces negó cualquier acceso a los archivos y personal militares. Después de que López Obrador acusara al fiscal de intentar socavar la legitimidad del Ejército a petición de agencias estadounidenses y al dar entender que habría consecuencias, el fiscal huyó del país5.

Ahora, en 2024, el arco del caso de Ayotzinapa ha vuelto donde se inició, igual que cuando empezó con Peña Nieto hace más de una década. Estamos lejos de la promesa con la que López Obrador inauguró su presidencia. En una carta abierta a los padres de los desaparecidos publicada el 20 de julio, el presidente les comunicó que ha habido una conspiración de parte de la Administración de Control de Drogas (DEA) estadounidense, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros reaccionarios locales con el fin de manchar la reputación del ejército. El presidente sugirió que habían sido manipulados por organizaciones de derechos humanos financiadas desde el extranjero en un complot que buscaba socavar al Estado.

Las muchas caras del lopezobradorismo

Uno de los elementos más característicos del gobierno de Morena ha sido su lealtad inquebrantable al estado mexicano. Cuando se descartó la reforma fiscal, el presupuesto limitado del gobierno lo hizo vulnerable a la influencia militar. La defensa a la legitimidad ideológica del Estado se construye sobre tradiciones nacionalistas y progresistas de largo aliento. Sin embargo, en un país asolado por la violencia y la desigualdad, la lealtad al Estado mexicano implica acomodar su legado represivo. 

La otra cara de la lealtad al statu quo institucional es la desmovilización de los sectores laborales. Muchas de las ciudades del cinturón industrial de México, como Monterrey, Ciudad Juárez, Tamaulipas, Tijuana y, más recientemente, Guanajuato, han sido las más azotadas por la violencia relacionada con los cárteles. El resultado de este vacío es que no hubo una instancia política desde la cual construir una crítica coherente al lopezobradorismo. Las demandas del movimiento laboral se han sublimado en agravios hiperlocales. Esta manera de proteger al gobierno de la crítica ha dado pie a una fe despolitizada: la aprobación del presidente ronda alrededor del 70 por ciento, pero, al mismo tiempo, muchas personas están en desacuerdo con las acciones y políticas del gobierno. 

Para ilustrar estas dinámicas, podemos observar las protestas de junio contra una importante granja porcina acusada de contaminar y apropiarse del agua en Veracruz. Claudia Sheinbaum había ganado la elección en esa localidad, e incluso más personas del promedio habían acudido a las urnas tan solo dos semanas antes. Esto no impidió que las personas salieran a protestar. Por otro lado, el apoyo electoral tampoco le impidió al gobernador de Morena enviar a la policía, que mató a tiros a dos hombres e hirió a muchos más. Los protestantes señalan al gobernador como directamente culpable, lo cual es cierto cuando se trata de la represión, pero también se arriesga opacar el rol del gobierno federal, que empoderó a la empresa y que después no reaccionó de manera contundente para presionar a las autoridades locales a garantizar la justicia.        

El resultado de la orientación estadista del lopezobradorismo ha sido un abandono en cuanto a la resolución de los problemas estructurales que acechan a la sociedad mexicana. La violencia no ha disminuido (recordemos los 40 mil asesinatos anuales), la capacidad del Estado se ha marchitado y la catástrofe ambiental no parece estar sobre la mesa como tema. Sin embargo, a pesar de que el crecimiento sigue siendo letárgico, los últimos años presumen un aumento del 10 por ciento en los salarios promedio, una cifra respetable6.

El naciente gobierno de Claudia Sheinbaum se encuentra ante una batalla cuesta arriba. La alianza entre la burguesía y la clase militar, como soportes estructurales del mandato de Morena, hace que minar su autoridad corra el riesgo de fragmentar el apoyo al partido. Ya hay razones para preocuparse. En los dos meses tras su elección, Sheinbaum ha compartido un mensaje clave: no habrá reforma fiscal. Además, nombró como secretario de Seguridad a quien había sido coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero durante el escándalo de Ayotzinapa, estando implicado en éste, cosa que enfureció a un gran bloque del ala progresista de Morena. Los críticos de Morena están preocupados de que AMLO seguirá dando órdenes desde las sombras. Es una preocupación inmaterial: el dominio militar y el mandato de los multimillonarios seguirán siendo las influencias claves por desenmarañar.

Este ensayo fue traducido del inglés al español por Maria Cristina Hall.

  1. Los recortes han afectado al gobierno federal entero: los presupuestos de las dos agencias de protección ambiental se redujeron en un 60% desde su punto máximo del 2015 y el 2020.

  2. La periodista Nayeli Roldrán es autora de la acusación más contundente contra el lopezobradorismo. Se nutre de una meticulosa recolección de datos y testimonios de pacientes sobre el colapso del sistema de salud pública. Nayeli Roldán, La austeridad mata, Planeta, Ciudad de México, 2024.

  3. La cantidad de personas que viven en pobreza moderada se redujo del 34.9% al 29.3% del 2018 al 2022. La cifra de quienes viven en pobreza extrema se ha mantenido estable, en 7%. Sin embargo, si se considera el índice multidimensional gubernamental que evalúa la privación social, el resultado es menos esperanzador. El número de personas que sufren de al menos tres de seis categorías de privación, que incluyen el acceso a los servicios de salud, calidad y espacios de vivienda, acceso a la alimentación y rezago educativo, pasaron de 25 a 32 millones. Todos los datos provienen del Coneval. Para una evaluación más positiva de la política gubernamental, véase también a Maximo Jaramillo y a Gerardo Esquivel.

  4.  Un grupo de académicos mexicanos ha publicado el “Inventario Nacional de lo Militarizado” año con año: esta es una lista detallada de las áreas del estado que se han transferido al Ejército y a la Marina.

  5. John Gibler se ha destacado como periodista por su exposición, “La instrucción: cómo el gobierno dinamitó la investigación del caso Ayotzinapa.”

  6. A pesar de todo lo que se ha presumido en cuanto a la recuperación pospandémica y la bonanza del nearshoring, la realidad es que el PIB del 2024 ha aumentado muy poco en términos de precios constantes: subió a 25 mil 280 millones de pesos, comparado con su cifra del 2018, de 24 mil 230 millones. Ha habido un leve decrecimiento per cápita: 10.327 dólares para el 2023 comparado con 10.343 en el 2018.

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