Desplazamientos laborales

En la actualidad, se discute en el Congreso de Colombia una reforma laboral impulsada por el gobierno de izquierda de Gustavo Petro. La reforma busca modificar aspectos importantes del sistema laboral, recuperar derechos perdidos en las últimas décadas y crear condiciones más justas para los trabajadores. Las propuestas incluyen el incremento en la licencia de paternidad, la garantía de que todos los migrantes (incluso indocumentados) tengan acceso a los beneficios de cualquier otro trabajador colombiano y la incorporación del sector informal en la cotización de la seguridad social.  

En su forma actual, liderada por grandes centrales obreras como la CUT y sindicatos como la USO, la reforma laboral busca recuperar derechos de trabajadores formales que se han reducido en los últimos años, como indemnizaciones más altas por terminación de contratos y mayor valor en los recargos por trabajo nocturno y dominical. Sin embargo, también ha generado críticas en el sector empresarial, representado por organizaciones como la ANDI, FENALCO y ACOPI, que argumentan que el aumento de los costos laborales afectaría especialmente a las pequeñas y medianas empresas, por lo que conduciría a una reducción del empleo formal. 

Estos debates están estrechamente ligados a la evolución de la política laboral en Colombia. A lo largo de las últimas décadas se ha dado un retroceso en los derechos formales de los trabajadores, mientras que, por otro lado, se ha priorizado la educación superior y la formalización laboral a través de la cobertura en el Sistema de Seguridad Social. En los últimos años, Colombia se ha enfrentado a una alta informalidad: el 60 por ciento de la población trabajadora está en esa condición. De los 21 millones de personas que tienen empleo, 12,4 millones son informales, lo que representa una parte sustancial de la fuerza laboral que no disfruta de los beneficios de la formalización, como seguridad social y derechos laborales. Enfrentar este fenómeno de informalidad ha sido una constante en las políticas laborales del país. 

A pesar de que la formalización laboral se ha expandido, por ejemplo, mediante programas de transferencias a estudiantes universitarios y la cotización a pensiones por semana y por debajo del salario mínimo, la alta tasa de informalidad persiste. Esta insistencia apunta a una situación donde la importancia del sector de los servicios y las pequeñas empresas para la economía colombiana, junto con un envejecimiento tendencial de la población trabajadora, restringe la capacidad de los responsables de la política para aumentar los ingresos y mejorar las condiciones laborales.

Tres restricciones

En Colombia, como en otros países de la región, el sector de los servicios ha adquirido mayor importancia para el empleo, una tendencia que se monta a los años 80. En los países industrializados, la participación de la manufactura en la producción cayó del 31 por ciento al 23,6 por ciento entre la década de los sesenta y los ochenta. Simultáneamente, el sector de los servicios aumentó del 51,6 por ciento al 60,2 por ciento. Durante el mismo período, en América Latina y el Caribe, la participación de la agricultura descendió del 16,5 por ciento al 9,5 por ciento. La industria no presentó mayores cambios, pasó del 21,1 por ciento al 23,5 por ciento. Sin embargo, el sector de los servicios sí aumentó del 50,6 por ciento al 54,5 por ciento. 

Durante el mismo marco de tiempo, la participación del sector agrícola en Colombia disminuyó del 32,4 por ciento al 24,6 por ciento. La industria se elevó levemente del 22,9 por ciento al 25,1 por ciento, pero entró en declive hacia finales de los años ochenta. Mientras tanto, el sector de los servicios creció del 44,7 por ciento al 50,3 por ciento a finales de los 90s. En 2019, el sector de los servicios en Colombia representó casi el 60 por ciento del PIB, aunque sólo el 20 por ciento de las exportaciones¹. Entre los factores que han dado lugar a los cambios en la estructura económica de Colombia, se encuentran la urbanización y el desarrollo de infraestructuras, así como el avance tecnológico y la globalización, que han desplazado la manufactura a regiones de menor costo. Además, la automatización y la transformación del mercado laboral han favorecido la expansión del sector terciario, que requiere habilidades específicas para manejar el crecimiento de servicios financieros y tecnológicos.

Además del peso creciente del sector de los servicios, esta transformación se da en una economía donde la mayor parte del empleo sigue siendo informal. Según un informe de la Universidad del Rosario en 2017, el 65 por ciento de la fuerza laboral colombiana no cotiza a la seguridad social, es decir, no aporta a salud y pensión². La mayoría de los colombianos trabajan en el sector agrícola, de comercio y de servicios administrativos, por lo que los sectores más informales son precisamente los de la agricultura y los servicios domésticos, mientras que el sector financiero y los servicios administrativos son los más formales. En el comercio y la hotelería la informalidad alcanza hasta el 64 por ciento.

Esto ocurre en un tejido empresarial donde la mayoría de los empleadores son empresas de menos de 6 trabajadores, y es precisamente entre los microempresarios donde hay más empleos informales, sin protección social en pensiones ni en riesgos laborales.

Para 2023, sólo el 20 por ciento de las empresas tenía más de 200 trabajadores. Es decir, las empresas grandes representan menos del 25 por ciento de los empleos en el mercado laboral. Aún más dramática es la situación del sector rural, donde la informalidad llega a estar por encima del 80 por ciento en algunos casos.

A esto se le añade que Colombia está experimentando, como otros países, un fenómeno de envejecimiento poblacional. A medida que la proporción de personas mayores en la población aumenta, crece también la presión sobre el sistema de pensiones. La sostenibilidad del sistema de seguridad social se vuelve cada vez más incierta, y esto hace urgente la implementación de una reforma pensional sostenible, además de un mercado laboral que incremente las cotizaciones. A la vez, Colombia aún se encuentra en una etapa de bono demográfico, lo que significa que la proporción de la población en edad productiva (aquellos mayores de 18 años y menores de la edad de jubilación) es superior a la de los dependientes (niños y adultos mayores).

Empleo formal y educación

Debido a estas restricciones, la educación ha sido una herramienta crucial para la formalización del empleo, tanto en las reformas laborales de 2013 como las de 2023. Mientras que en 2013 el 30 por ciento de la población se consideraba en informalidad, en 2023 esa cifra bajó al 25 por ciento.      

De acuerdo con las siguientes gráficas, al comparar los años 2013 y 2023, se observa un aumento en la participación total y un incremento en la formalización, acompañado de una reducción de la informalidad. También se evidencia una disminución en la población que se encuentra estudiando, posiblemente debido al descenso en los jóvenes.

Ese aumento ha estado empujado por políticas educativas que han promovido el acceso a la educación en los últimos años, como el plan maestro de equipamientos educativos de Bogotá, que funcionó entre el 2011 y el 2019, y el programa Ser Pilo Paga, que funcionó entre 2014 y 2018.

La educación primaria está universalizada, mientras que la secundaria y técnica cubren sólo la mitad de la población. En los últimos diez años, la proporción de personas con educación superior creció en 6 puntos porcentuales y la de educación media en 7 puntos porcentuales sobre el total de la población.

Sin embargo, aunque los niveles educativos están aumentando, los retornos a la educación han disminuido. Todos los niveles educativos están ganando menos en relación con el salario mínimo.

Salarios estancados

El salario mínimo en Colombia afecta las condiciones salariales tanto de los trabajadores formales como los informales. Desde su establecimiento en 1945 hasta la década de los 80, su estructura estuvo marcada por variaciones sectoriales y regionales, y solo con el tiempo se ajustó de manera más uniforme y sistemática.

El salario mínimo en Colombia se constituyó por ley en 1945 pero no fue hasta 1950 cuando se estableció su monto en 2 pesos diarios de la época. La política de los distintos gobiernos fue la de decretar distintos mínimos para cada sector—manufacturero, comercio, servicios, transporte, construcción, primario— y por zona del país. Sólo en 1979 el salario mínimo se comenzó a ajustar anualmente y en 1981 se unificó.

En los últimos años, se ha observado un incremento sostenido en el salario mínimo, especialmente bajo los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, ambos de orillas ideológicas distintas. Sin embargo, estos aumentos no se han reflejado proporcionalmente en una mejora generalizada de los ingresos en el país.

Entre 2016 y 2021, los incrementos salariales en Colombia oscilaron entre el 3,5 por ciento y el 7 por ciento. Sin embargo, en 2022, durante el gobierno de Iván Duque, se registró un aumento del 10,7 por ciento. En el gobierno de Gustavo Petro, los aumentos fueron aún más significativos, con un alza del 16 por ciento en 2023 y del 12 por ciento en 2024. Para 2025, el salario mínimo está en $1.423.500 millones mensuales, un aumento de casi el 10 por ciento.

A pesar de los incrementos, la brecha entre el salario mínimo y los ingresos medios sigue siendo amplia, con un número significativo de trabajadores que ganan sólo el salario mínimo o incluso menos. La reforma laboral propuesta por el gobierno Petro se concentra en mejorar las condiciones de aquellos que ganan un salario mínimo o más, incrementando los costos asociados con su vinculación formal, pero deja por fuera a un porcentaje significativo de la población laboral que sigue en la informalidad, donde las condiciones de trabajo y los salarios son mucho más bajos.

Los incrementos en el salario mínimo no se han traducido en mejoras proporcionales en los salarios promedio, que han continuado acercándose al salario mínimo. Según la siguiente gráfica comparando los datos de 2013 vs 2023, las personas que ganan menos del salario mínimo siguen siendo las mismas, mientras que las que ganan el salario mínimo han aumentado. Lo interesante es que la gráfica también muestra que las personas que ganan más del salario mínimo, pero menos de tres salarios mínimos (señalados con verde en la gráfica), se han disminuido.

Esta tendencia de estancamiento salarial se da tanto en la formalidad como en la informalidad, como muestra la gráfica que compara estos ingresos en 2013 y 2023. 

A lo largo de las últimas décadas, los gobiernos colombianos han logrado avances significativos en la reducción de la informalidad laboral, aunque esta sigue representando alrededor del 60 por ciento de la economía, lo que equivale a más de 12 millones de personas. Las reformas implementadas, como el Decreto 2616 de 2013 y la Ley 1607 de 2012, han sido fundamentales en este proceso al facilitar la cotización a pensiones por semana y reducir los costos de seguridad social para los trabajadores con ingresos bajos. 

Asimismo, estas reformas han sido acompañadas de un fuerte impulso a la educación, dentro de un proceso más amplio de transformación económica, en el que el sector de los servicios ha adquirido una creciente relevancia, representando más del 60 por ciento del PIB. Sin embargo, la formalización laboral sigue siendo un desafío pendiente, que requiere un enfoque más integral y estructural para consolidar los avances logrados.

Para abordar los desafíos estructurales que enfrenta la economía colombiana y el mercado laboral, es fundamental reconocer que, aunque las reformas laborales pueden mejorar las condiciones de los trabajadores formales, el aumento generalizado de los salarios requiere una transformación más profunda de la estructura económica. La alta tasa de informalidad y la concentración de la actividad económica en sectores de baja productividad limitan la capacidad del país para generar ingresos sostenibles a través de una mayor formalización. Además, la dependencia a sectores como los servicios, que han crecido sustancialmente en el PIB, no necesariamente se traduce en una mejora automática de los salarios, ya que muchos de estos empleos son de baja remuneración y carecen de estabilidad.