Oportunidades perdidas

Argentina es uno de los países con mayores reservas y potencial en el crecimiento de la producción de litio. Los proyectos en construcción y prefactibilidad en curso sugieren que podría transformarse en el segundo exportador mundial en los próximos años.1 Considerando los proyectos operativos y en construcción, la capacidad productiva proyectada es de 375.500 toneladas de CLE al año. Este listado deriva de la base de datos de la Secretaría de Minería de Argentina, mientras que la capacidad de producción actual y proyectada es informada por las empresas mineras Argosy, Rio Tinto, Eramet, Galan, Ganfeng, Posco, Revoltech y Zijin. En forma comparada, según datos de la USGS Australia, el primer productor mundial, produjo 468.000 ton de CLE en 2024, Chile, 260.000 y China 218.000. Una transición energética puede significar para los países que disponen de recursos naturales críticos una oportunidad dorada para impulsar el desarrollo industrial y la creación de empleos de calidad. Los salares ricos en litio se concentran en las provincias del noroeste, una de las regiones más postergadas, lo que vuelve apremiante la definición de una estrategia de desarrollo.

Pero no todo lo que brilla es oro. Hasta ahora predomina una inserción pasiva que hace de la industria argentina una proveedora del recurso, sin fomento industrial o agregación de valor. Esta inserción subordinada se ha profundizado durante el experimento ultraliberal de Javier Milei, lo que estrecha el horizonte hacia un modelo de “extractivismo verde”. Es decir, la explotación intensiva de recursos naturales necesarios para la transición energética que replica patrones históricos de explotación, sin procesamiento ni agregado de valor local, profundizando los rasgos estructurales del subdesarrollo. El actual gobierno argentino, a contramano del mundo en el que la política industrial ha vuelto al centro de la escena, hace gala de su desprecio por el involucramiento del Estado en el impulso al desarrollo productivo y social. 

No obstante, el debate sobre el litio y cómo hacer de la disponibilidad del recurso una palanca de crecimiento y diversificación productiva, sigue abierto. Por un lado, están quienes priorizan el fomento de la minería y la atracción de inversiones. Por el otro, quienes proponen aprovechar la oportunidad para plantear políticas activas orientadas al desarrollo de la cadena de valor en nuevos sectores estratégicos como las baterías y sus componentes. Aunque no son opciones excluyentes, sin políticas de Estado, la inercia conducirá inevitablemente hacia una mayor primarización de las exportaciones–centradas en productos mineros–, y a una desindustrialización de la estructura productiva, dada la necesidad de importación de nuevas tecnologías limpias que sustituyan la producción doméstica basada en el paradigma fósil. Es preciso reorientar el destino del sur global de cara a la transición energética y evitar reproducir nuestro rol de proveedores de recursos naturales e importadores de bienes industriales y tecnología.

Producción y reservas

Argentina es uno de los pocos países con minería de litio a gran escala. Produce fundamentalmente carbonato de litio a partir de las salmueras extraídas de los salares de la Puna, localizados en las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca. En 2024, Argentina produjo y exportó 72 mil toneladas (ton.) de Carbonato de Litio Equivalente (CLE)2Actualmente Argentina produce carbonato, cloruro e hidróxido de litio. El CLE es una unidad de medida que se usa para expresar la cantidad de litio presente en diferentes compuestos y solo durante el primer semestre de 2025 las exportaciones alcanzaron las 52 mil toneladas. Cuatro proyectos activos concentran la producción: los dos más antiguos, Olaroz y Fénix, fueron recientemente adquiridos a Acadium por la gigante minera Rio Tinto; el proyecto Cauchari-Olaroz pertenece a Minera Exar, con participación de la china Ganfeng, la minera especializada en litio más grande de China, y completa el grupo el proyecto Sal de Oro, de la surcoreana Posco.

La producción actual puede parecer modesta frente a las 260 mil tCLE de Chile, las 468 mil tCLE de Australia, o incluso las 117 mil de Zimbabue, país que hasta hace poco no figuraba entre los principales productores. No obstante, lo que destaca a la Argentina es su perspectiva de crecimiento. Además de los cuatro proyectos operativos, hay otros dos3Estos son: (<)em(>)Centenario-Ratones(<)/em(>) de propiedad de Eramet con capitales franceses y chinos, y (<)em(>)Mariana(<)/em(>) de Ganfeng. que están en etapa de ramp-up iniciando producción; otros cinco en fase de construcción y cincuenta más en las diferentes fases que van desde la exploración hasta los estudios de factibilidad. Esto permite prever un aumento de producción privilegiado en el mundo. Al sumar la capacidad proyectada de los proyectos operativos y en etapas avanzadas (construcción, factibilidad y prefactibilidad), la capacidad productiva ascendería a más de 600 mil tCLE. Por otra parte, la abundancia de reservas probadas (13 por ciento de las reservas mundiales) sostendría la extracción durante décadas.

Otro factor que distingue a Argentina es la alta ley del recurso, lo que ubica a sus salares como una de las fuentes de menor costo de extracción en el mundo. Según diversas estimaciones el costo promedio de extracción de litio antes de impuestos en los proyectos argentinos está por debajo de las 4 mil USD/ton, un poco superiores a los costos de extracción en Chile, en el salar de Atacama. Ambos representan una fracción de los costos de extracción de litio de roca en países como Australia, Brasil, Zimbabue o China. Con un precio cercano a los 9 mil USD/ton, algunos proyectos en Australia (Pilbara y Mineral Resources, por ejemplo) y en China (Lepidolita de CATL, en Yichun) han tenido que limitar su producción para evitar mayores recortes en el precio del litio.

Obstáculos

La vocación para avanzar en una estrategia orientada a la industrialización del litio, promovida por diversos sectores industrialistas, choca con intereses locales y extranjeros y con el marco normativo vigente que favorece la actividad minera en detrimento de cualquier estrategia de desarrollo industrial. Ciertamente, no es responsabilidad del sector privado resolver la industrialización argentina. La motivación de las empresas mineras multinacionales se funda en la calidad del recurso y la facilidad de acceso a propiedades mineras. Su principal interés es garantizar el suministro de minerales críticos frente a la creciente fragmentación de las cadenas, la guerra comercial y la disputa por la hegemonía productiva en sectores críticos como las baterías y la electromovilidad. 

Como agravante adicional, entre los principales actores políticos provinciales y nacionales predomina una visión cortoplacista, que tiende a priorizar la atracción de inversión externa en la explotación de nuevos salares y rechaza la intervención estatal que busca establecer condiciones de incorporación de valor agregado local, desarrollo de proveedores y transferencia de tecnología a las inversiones extractivas.

Los gobiernos provinciales son actores relevantes en este debate ya que la reforma constitucional de 1994 define a las provincias como dueñas originarias de los recursos naturales de sus territorios y tienen potestad sobre su destino. De momento, su posición ha sido refractaria a la intervención del Estado nacional en aspectos fiscales, ambientales y especialmente de políticas industriales de agregación de valor. Sostienen que el activismo estatal en planificación del desarrollo podría desalentar a las inversiones mineras y perciben que dichas políticas beneficiarán más al centro productivo que a las provincias mineras. Esta posición dificulta la planificación del desarrollo en escala nacional y favorece a empresas mineras que se enfrentan a una negociación fragmentada.

Esta posición converge con la de un nutrido sector de la dirigencia política nacional, que comulga con la idea de priorizar el ingreso de capitales en el desarrollo de salares y ampliar la exportación de carbonato, cloruro o hidróxido de litio. Menos énfasis se pone, en cambio, en la posibilidad de avanzar en eslabones de mayor valor agregado en la cadena que va del recurso natural hasta la producción de baterías.

La fuerte restricción externa que enfrenta la economía argentina demanda una ampliación y diversificación de sus exportaciones. Tal urgencia se torna más patente en el marco del acelerado endeudamiento externo sobre el que se sostiene el modelo económico del presidente Milei. Para Argentina, el desarrollo de la minería abre una importante oportunidad para ampliar la generación de divisas genuinas, condición imprescindible para relajar el estrangulamiento externo, fuente estructural de la inestabilidad macroeconómica que caracteriza a la economía nacional. 

Ahora bien, la experiencia histórica enseña que la inversión externa, cuando se concentra en la producción de materias primas y crea enclaves exportadores sin derramas tecnológicas, lejos de corregir tiende a acentuar los problemas estructurales de la balanza de pagos. En efecto, una vez que maduran las inversiones, el balance de divisas puede tornarse negativo por los servicios financieros y reales de las empresas multinacionales. Esta situación se agrava con la volatilidad que caracteriza a los precios internacionales de las materias primas.

Con todo, es falsa la dicotomía que se pretende instalar en Argentina entre la atracción de inversiones externas para el desarrollo de nuevos salares y la creación de políticas industriales para el litio. Tal abordaje subestima la posición negociadora de los países con minerales críticos en el contexto de la puja global por garantizar fuentes de suministro resilientes. Tampoco considera el regreso de la política industrial y tecnológica en las agendas de desarrollo de las naciones, ni las experiencias exitosas de intervencionismo estatal en países desarrollados y en desarrollo para promover la incorporación de valor agregado dentro de sus fronteras. Y lejos de hacer aconsejable la importación de recetas del exterior, el contexto nacional importa.

Oportunidades

Argentina dispone de capacidades productivas, científicas y tecnológicas desarrolladas a lo largo de una historia que ha hecho de la industrialización una clave de ascenso social y desarrollo económico. Capacidades y recursos permiten proyectar una inserción sofisticada y diseñar una estrategia de desarrollo industrial y tecnológico en la cadena de valor del litio, en particular en aplicaciones de almacenamiento. Cuenta con un sistema científico tecnológico robusto, una red de universidades nacionales y centros de investigación, un aparato industrial sofisticado en manufactura (incluyendo industria química, metalmecánica y automotriz), trabajadores capacitados y un movimiento obrero organizado, comprometido con los objetivos del desarrollo industrial.

Un conjunto de actores vinculados con la industria, la ciencia y la tecnología ha explorado posibilidades para el desarrollo en torno a la cadena de valor de las baterías. Para lograr el objetivo, han movilizado recursos incluyendo la creación de centros tecnológicos próximos a los salares con el objetivo de investigar tecnologías como la extracción directa de litio (como el CIDMEJu del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina: CONICET), y métodos de extracción que minimizan el impacto ambiental. Además, acompañaron los avances en químicas de baterías, manufactura de celdas, reciclado y la seguridad de las baterías. Para muestra, en el 2022 el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) junto la cámara de empresas metalmecánica (Adimra) accedieron a un financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología para la creación de un centro de control de calidad de baterías de litio (CENBLIT), orientado a construir capacidades en regulación de la calidad de las baterías.

Estas investigaciones lograron avances en tecnologías de extracción directa de litio, en estudios sobre las características hidrogeológicas de los salares argentinos y en los análisis socioambientales. Por encima del resto, destaca el desarrollo tecnológico para la manufactura de baterías LFP4Baterías de Litio Hierro Fosfato. Son las que mayor crecimiento en los últimos 5 años, que no requieren cobalto. El uso de esta química ha permitido una reducción significativa del precio de las baterías, mientras que la expansión en la escala de producción dio lugar múltiples mejoras en su desempeño (estabilidad, densidad energética, velocidad de carga, etc).(<)br(>) a cargo de la empresa Y-TEC (la empresa de tecnología de YPF y CONICET) y la instalación de una planta (UNILIB) para manufacturar celdas de baterías en asociación con la Universidad Nacional de La Plata. UNILIB, además de proponer el desarrollo y prueba de la tecnología, constituía un eslabón en la estrategia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en torno al litio, que además incluía la extracción de litio y la producción de carbonato. De entrar en producción, la de Y-TEC sería la primera planta de manufactura de celdas de baterías de América Latina. A pesar de las críticas sobre la viabilidad económica por baja escala, es inevitable comparar esta empresa con la llegada de la primera computadora al centro de cómputos de la Universidad de Buenos Aires en 1960, que dio origen a la computación científica del país, cuyos frutos se pueden rastrear en una de las ramas exportadoras más dinámica del país (los servicios informáticos) y la creación de varios unicornios tecnológicos. 

Extractivismo en tiempos de Milei

El marco normativo minero argentino es profundamente liberal. A contramano de la tendencia predominante en el mundo de políticas industriales activas y protección de los recursos estratégicos, el gobierno de Milei instrumentó el Régimen de Fomento a las Grandes Inversiones (RIGI) que, a través de beneficios extraordinarios, alienta proyectos extractivistas. Junto a una serie de normativas previas, cristaliza un marco regulatorio extremadamente favorable a la inversión extranjera, que se orienta hacia industrias extractivas y que clausura las oportunidades para profundizar un modelo de escalado en la cadena de valor de las baterías, tirando por la borda los esfuerzos realizados.

El código minero y la ley de inversiones mineras constituyen la antesala del RIGI. El primero regula las condiciones de otorgamiento de concesiones y se orienta especialmente a proteger el negocio extractivo de la “discrecionalidad” estatal.5Las provincias pueden dictar sus procedimientos administrativos y otorgar las concesiones. Pero la ley obliga a las administraciones provinciales a aceptar las solicitudes que se ajustan a derecho. Una vez dadas, estas concesiones pueden transferirse sin autorización previa. Esta situación propicia la proliferación de proyectos y una alta fragmentación del catastro minero, lo que conduce a una gran especulación inmobiliaria. Por su parte, la ley de inversiones mineras además de otorgar estabilidad fiscal y exenciones impositivas establece un techo a las regalías de 3 por ciento de valor de boca de mina, lo que se traduce en menos de 2 por ciento del valor de exportación. 

El RIGI aprobado en 2024 junto a la Ley Bases,6La Ley Bases es una ley ómnibus que presentó el presidente Milei y logró la aprobación por parte del Congreso a comienzos de su gobierno, en julio del 2024. Esta ley contiene diversas secciones orientadas a la desregulación de la economía y privatización de empresas y organismos públicos. El RIGI, como parte de esta Ley, es la principal política productiva de Milei en tanto busca orientar la estructura productiva hacia sectores extractivos mediante la atracción de grandes inversiones. lleva a límites extremos el abandono de toda capacidad soberana para definir objetivos de desarrollo industrial en torno a proyectos extractivos.  Únicamente fomenta la atracción de inversiones en minería (especialmente litio) y en hidrocarburos.7En la actualidad siete proyectos han sido aprobados: dos proyectos asociados a hidrocarburos, dos de energías renovables, una inversión siderúrgica y dos proyectos de litio pertenecientes a las empresas australianas Galán y Rio Tinto. Es importante notar que el proyecto de litio presentado por la china Ganfeng no fue aprobado. Además de las exenciones fiscales y la estabilidad tributaria y aduanera, habilita a los proyectos bajo su órbita a no ingresar al país las divisas provenientes de exportaciones.8Esto significa que los ingresos provenientes por exportaciones estratégicas están exentos de ser ingresados y liquidados en el mercado de cambio en las siguientes proporciones: durante el primer primero año el 20% de las exportaciones serán de libre disponibilidad, durante el segundo año el 40%, y a partir del 3 año el 100% de los ingresos por exportaciones serán de libre disponibilidad.(<)br(>) De facto, el RIGI pone un techo incluso al objetivo más directo de la promoción de inversiones en industrias extractivas, que era superar las restricciones de la balanza de pagos.

Más allá de todos estos beneficios, uno de los componentes más perjudiciales del régimen es que cercena las posibilidades de realizar políticas industriales, clausurando caminos estratégicos como los que instrumentan otros países de la región y del sur global. Por ejemplo, impide al gobierno nacional instrumentar políticas como derechos de exportación o restricciones cuantitativas (cuotas o prohibición a las exportaciones). También limita los requerimientos de contenido local, desarrollo de proveedores locales e incluso de investigación y desarrollo (I+D) o transferencia tecnológica. Por último, cede facultades soberanas cuando establece jurisdicciones internacionales para la resolución de controversias, dando opción al inversor de optar entre diferentes órganos internacionales, como el Reglamento de Arbitraje de la CPA (Corte Permanente de Arbitraje), el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional o el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) del Banco Mundial. 

En suma, el RIGI transforma a Argentina en uno de los países de la región con regímenes mineros más laxos. La comparación con Chile es categórica. En ese país, la Estrategia Nacional de Litio establece que el acceso a Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOLes) en nuevos salares sea a través de joint ventures con empresas del Estado, como Codelco y Enami. Por su parte, los proyectos vigentes enfrentan regalías móviles (en un 6.8 y 40 por ciento del valor de venta), deben realizar aportes para las comunidades y enfrentan exigencias de I+D. 

Además, para comercializar a un precio preferencial en el mercado interno, deben poner a disposición una cuota de producción del 25 por ciento. Esta constituye la política de agregado de valor con la que Chile espera escalar en capacidades para la producción de materiales y componentes de baterías. Resulta contrastante que la misma empresa, Rio Tinto, logre condiciones tan disímiles para la explotación del recurso de un lado y otro de la cordillera (esta empresa ya tiene un proyecto dentro del RIGI y aspira al mismo trato en el resto, mientras que en Chile debió asociarse a Codelco para acceder al recurso).

Otro ejemplo referencial, fuera de la región, es el de Zimbabue. Desde el 2022 promueve la limitación de exportaciones de minerales sin procesar con el objetivo de aumentar el valor exportado y mejorar las capacidades industriales autóctonas. El gobierno de este país anunció recientemente que prohibirá la exportación de concentrados de litio a partir de enero de 2027, profundizando su estrategia de agregación de valor en una línea similar a la promovida por Indonesia para el caso del níquel. 

Cabe destacar que ni las políticas de Chile ni las de Zimbabue han detenido inversiones ni socavado la producción. Chile pasó de exportar 114 mil tCLE. en 2020 a 261 mil tCLE. en 2024, cobrando regalías del orden del 40 por ciento durante el auge de precios internacionales (de mediados de 2021 a finales de 2024). Mientras que Zimbabue pasó de 2 mil tCLE. a 117 mil tCLE entre 2020 y 2024. En el mismo período, Argentina pasó de 30 mil a 72 mil tCLE. Por otro lado, los resultados en materia de agregado de valor de estas políticas aún son variables: mientras Chile todavía no ha concretado inversiones reales mediante la subasta de cuotas, Zimbabue trata de pasar de concentrados a productos procesados como sulfatos de litio con la reciente llegada de inversiones en procesamiento.

La vocación anti industrial del gobierno libertario que preside Javier Milei se refleja tanto en el mencionado RIGI y el fuerte desfinanciamiento de la ciencia y la tecnología, como en el desmantelamiento de las capacidades institucionales e industriales. Si hasta el 2023 había dos modelos en disputa, hoy solo queda uno. El abandono de proyectos estructurantes como el de YPF en torno a litio y baterías y la apuesta por atraer grandes inversiones en industrias extractivas muestra una definición contundente hacia el extractivismo verde, con profundas implicancias sociales y ambientales.

Reprimarización y desindustrialización

La transición energética está reconfigurando los paradigmas productivos a nivel global. La significativa reducción de costos y mejora en la eficiencia de las tecnologías limpias permite anticipar que, incluso en el marco del actual negacionismo climático impulsado por Trump y la derecha global, en los próximos años se profundizará la difusión de las tecnologías de la transición, en particular en las energías renovables respaldadas por baterías estacionarias y la electromovilidad.9En los últimos 15 años, los costos de generación renovable eólica se redujeron un 65 por ciento (pasando de 135 USD/Mw a 50 USD/Mw) mientras que los de solar fotovoltaica en un 83 por ciento (de 359 USD/Mw a 61 USD/Mw). La Agencia Internacional de Energía estima que los precios de vehículos eléctricos cayeron hasta un 11 por ciento entre 2023 y 2024, lo que sumado a la caída de hasta un 30 por ciento de los sistemas de carga de batería, están reduciendo sensiblemente el costo total de la propiedad de un auto eléctrico. En esta tendencia, las baterías han jugado un rol clave que han visto reducir sus precios en más de un 90 por ciento en los últimos 15 años. A su vez, la caída en el precio del litio y el giro hacia baterías del tipo LFP (que no contienen cobalto), han sido los motores del descenso de los precios. Estas son tecnologías maduras que permiten reducir emisiones en los sectores más contaminantes, como el transporte o la generación eléctrica, que en conjunto representan más del 60 por ciento de las emisiones globales. Además, para muchos países la adopción de estas tecnologías es una cuestión de seguridad energética porque limita la dependencia de importaciones de combustibles fósiles. No obstante, sin políticas industriales activas la posibilidad de participar en estas ramas se desvanece.

En ausencia de una política industrial que estructure opciones productivas competitivas en torno a los sectores extractivos que ganan participación en las exportaciones argentinas, la tendencia es la acentuación del perfil de especialización en torno las ventajas comparadas y la pérdida de capacidades industriales. Este camino conduce no sólo a la primarización de las exportaciones argentinas, sino a la desindustrialización de su estructura productiva. Sectores nacionales como el automotriz, la metalmecánica o los bienes de capital están en riesgo en el contexto de transición, ya sea por su creciente obsolescencia y la falta de alineación con de estándares ambientales globales, como por su bajo nivel de integración local y la ampliación de la brecha tecnológica. De cara al futuro, pensar el desarrollo posible de la Argentina obliga a replantear la estructura productiva que subyace detrás de esa plataforma exportadora. Esta cuestión es un terreno de disputa en el debate y en la praxis política.

Un punto de acuerdo de todo el arco político es que el destino productivo de Argentina estará vinculado a la explotación de sus recursos energéticos y minerales estratégicos. Entre el potencial hidrocarburífero de Vaca Muerta y el interés global por el litio, es difícil imaginar una Argentina que no exporte más gas y petróleo y en la que no avancen los proyectos extractivos. Buena parte del consenso se explica por la captación de divisas. Estimaciones realizadas en 2023 en el marco del Plan Argentina Productiva 2030 anticiparon que las exportaciones de estos dos sectores (hidrocarburos y minería) pasarían de representar un 10 por ciento en 2020, a un 30 por ciento en 2030. En el 2024, estos sectores alcanzaron el 20 por ciento de las exportaciones totales. 

El discurso predominante de que el sector del litio en Argentina enfrenta problemas de competitividad y la mejor política es reducir la carga impositiva y favorecer las inversiones no resiste el análisis de las tendencias internacionales. La demanda global de litio creció a un ritmo de 30 por ciento anual durante los últimos cinco años y se estima que el ritmo de expansión se sitúe en torno al 10 por ciento anual en la próxima década. Si estas predicciones se verifican, desde el 2025 al 2030 la demanda de litio se multiplicará por un factor de 1.6, y al 2035 por 2.5, pasando de 1.2 millones de ton. de CLE actuales a 3.8 millones de ton. en 2035. Por lo tanto, a pesar de que actualmente persiste una fase de precios bajos de litio provocada por un exceso de oferta, diversas estimaciones sostienen que al final de esta década la demanda volverá a superar a la oferta y el precio se ubicará por arriba de los 20mil USD/ ton.

Para Argentina, el litio es estratégico porque puede ser una palanca para el desarrollo bajo condiciones globales que mejoran la relación de fuerzas en la negociación con las empresas inversoras con las que se puede acordar agregado de valor y  transferencia tecnológica. En el caso argentino, no significa forzar la producción de baterías en origen, pero sí avanzar consistentemente en los eslabones sucesivos. Por ejemplo, la cadena del litio incluye fases intermedias que no solo pueden representar un salto cuantitativo en la generación de valor, sino que también representan espacios significativos para el aprendizaje tecnológico de la industria nacional. En cuanto a la balanza de pagos, cada tonelada de litio exportada bajo la forma de material catódico LFP podría representar el doble de divisas. 10Según Benchmark Minerals Inteligence a julio de 2025, el precio del LFP se ubicaba en torno a las 4,900 USD/ton, mientras que el de carbonato de litio estaba en torno a los 9,000 USD/ton. No obstante, con cada tonelada de carbonato de litio se pueden producir entre 3 y 4 toneladas de LFP. Esto implica que una tonelada de carbonato de litio transformada en LFP permite incrementar el valor exportado entre 1.8 y 2.4 veces.

A pesar del potencial identificado, Argentina pasó de discutir un posible modelo de industrialización a implementar el extractivismo verde del RIGI. Si antes el desarrollo industrial del litio no estaba garantizado, al menos era parte del ideario que trazaba horizonte. Al revertir lo ganado, las políticas libertarias de Milei podrían clausurar esa posibilidad y cristalizar un modelo extractivista. La ventana de oportunidad que otorga la disponibilidad de recursos críticos no estará abierta para siempre. No ejercer el poder de negociación de forma estratégica pondría en juego el futuro productivo del país y abriría las puertas a un nuevo ciclo de desindustrialización. El tiempo para evitarlo es limitado.