Transformar sin tributar

En su célebre ensayo de 1918, The crisis of the tax state, Joseph Schumpeter capturó como nadie la esencia de la sociología fiscal. Ahí, el economista austriaco argumentaba que “el espíritu de un pueblo, su nivel cultural, su estructura social, los hechos que puede preparar su política, todo esto y más está escrito en su historia fiscal […]. Aquel que sabe escuchar su mensaje percibe el trueno de la historia con más claridad que en cualquier otro lugar”. En México, sin embargo, ese principio parece haberse suspendido. Aquí el trueno schumpeteriano no se escucha. El proyecto político de la Cuarta Transformación (4T), liderado por Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y continuado por Claudia Sheinbaum Pardo (2024-2030) ha buscado —y en buena medida, conseguido— reordenar el poder político, redefinir la narrativa nacional y reestructurar las prioridades del gasto público, todo sin alterar de manera significativa la estructura tributaria heredada del pasado.

Este silencio fiscal resulta aún más sorprendente si se compara con otras experiencias recientes de gobiernos de izquierda en América Latina. En Bolivia, Evo Morales combinó nacionalizaciones estratégicas con una expansión agresiva del aparato fiscal. En Brasil, los sucesivos gobiernos del PT ampliaron la base impositiva mientras transferían ingresos hacia los ciudadanos más pobres. Incluso en contextos de alta informalidad y desconfianza institucional, como es también el mexicano, estos proyectos entendieron que sin nuevos recursos difícilmente pueden materializarse nuevos derechos. El México de la 4T, en cambio, ha intentado encontrar la cuadratura del círculo: llevar a cabo una reorientación distributiva sin entrar en un conflicto en torno a los impuestos.

Esa anomalía es el punto de partida de este ensayo. Su intención no es evaluar el desempeño financiero de la 4T, sino interrogar su decisión de no impulsar una reforma fiscal progresiva, a pesar de contar con las mayorías legislativas para concretarla. Esta decisión no puede explicarse sólo en términos técnicos o electorales, sino como expresión de un modelo de legitimidad profundamente arraigado en la historia mexicana: el de un Estado que busca adhesión sin exigir contribución, y una ciudadanía que reclama derechos sin internalizar la noción de tributación como un deber cívico. 

Este modelo parece estar llegando a su límite. El cambio de gobierno ocurrido en 2024 no implicó una ruptura con la herencia de AMLO, sino una especie de continuidad con conciencia de agotamiento. Claudia Sheinbaum ha heredado no sólo el legado simbólico de la 4T, sino también su restricción estructural más severa: la incapacidad del Estado para financiar con suficiencia su propio proyecto transformador. El déficit fiscal latente, la presión en las finanzas públicas por la ampliación de derechos sociales, y los conflictos distributivos cada vez más visibles configuran un escenario que mostrará en qué medida es posible transformar un país sin cambiar de fondo su régimen fiscal.

Historia de una omisión

En América Latina, los grandes proyectos de transformación nacional suelen tener una dimensión fiscal explícita. Los procesos de independencia en el siglo XIX, la construcción de Estados-nación, las reformas sociales del siglo XX, incluso los experimentos neoliberales más radicales, todos han ido acompañados de disputas sobre quién paga al fisco, cuánto y para qué. La historia tributaria de México, en cambio, está marcada por el silencio, la evasión y la excepcionalidad. Es la historia de un país que ha ensayado múltiples refundaciones sin generar un consenso estable en torno a las fuentes de los ingresos públicos.

Desde el periodo de la Colonia, la relación entre tributo y legitimidad fue ambigua. La Corona española desarrolló un sistema impositivo altamente estratificado, sustentado en castas, fueros y tributos diferenciados. Sin embargo, al mismo tiempo, el pago de impuestos se negociaba continuamente, y la exención —no la contribución— era el símbolo de estatus. Cuando estalló la guerra de Independencia, lo que estaba en disputa no era solo la soberanía política, sino también la propiedad de los flujos fiscales: el tributo indígena, las aduanas, el diezmo eclesiástico. Como ha documentado la historiografía económica, las tensiones fiscales fueron catalizadores del conflicto armado, pero el nuevo Estado independiente no logró traducir esa tensión en un sistema fiscal moderno. 1 Morales Oyarvide, César. “Fiscalidad e insurgencia: el papel de los impuestos como incentivo a la Independencia de México”, (<)em(>)Circunstancia. Revista de ciencias sociales del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset(<)/em(>), 32 (2023) La guerra destruyó el aparato colonial sin reemplazarlo por una estructura más eficaz.

Durante el periodo de Reforma, a mediados del siglo XIX, el componente fiscal volvió a estar presente en el proyecto de modernización. La nacionalización de los bienes del clero y la desamortización de la tierra tuvieron efectos fiscales de corto plazo, pero no generaron una cultura tributaria ni consolidaron una base impositiva sostenible. El Estado liberal, más preocupado por el control territorial que por la equidad fiscal, dejó intactos muchos de los mecanismos de evasión. En lugar de crear una nueva relación entre ciudadanía y contribución, el liberalismo decimonónico se apoyó en préstamos externos, concesiones mineras y endeudamiento estructural. 2 Marichal, Carlos. “Debt and development in nineteenth century Latin America: economic strategies and foreign loans in Mexico, 1888–1910”, (<)em(>)Debate y perspectivas: cuadernos de historia y ciencias sociales(<)/em(>) No. 5 (2006): 59–74

La Revolución Mexicana de principios del siglo XX, por su parte, representa quizá la expresión más acabada de esta omisión. Fue una revolución social sin reforma fiscal.3 Retchkiman Kirk, Benjamin. “La ‘reforma’ fiscal en México”, (<)em(>)Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía(<)/em(>), vol. 5 núm. 19, 1974. La Constitución de 1917 consagró derechos laborales, tierra para los campesinos y un Estado interventor, pero no propuso una transformación profunda del sistema tributario. Se crearon monopolios estatales (como Petróleos Mexicanos, la empresa pública dedicada a los hidrocarburos) y se construyó un aparato redistributivo centralizado, pero la base del financiamiento siguió siendo estrecha. El sistema fiscal posrevolucionario se caracterizó por su dependencia de rentas extraordinarias —principalmente recursos naturales— y por su bajo nivel de imposición directa sobre las clases altas y los patrimonios acumulados.

Esta continuidad ha tenido consecuencias estructurales. México ha sido históricamente un Estado de baja presión fiscal, con una recaudación que, en 2024, representaba menos del 18 por ciento del PIB, muy por debajo del promedio de América Latina y de cualquier país de la OCDE. Sin embargo, no se trata solo de una debilidad cuantitativa. Hay una dimensión cualitativa más profunda: el Estado mexicano parece haber renunciado a construir un vínculo cívico en torno a la tributación. La idea de que los impuestos son el precio de la vida en común, que son nuestro contrato social, no ha cuajado ni en las élites ni en el resto de la ciudadanía. Lo que ha dominado es una lógica de excepción: quien puede, evade; quien no puede, simula; y el Estado, consciente de su debilidad, administra resignado, esperando remesas de los paisanos migrantes o, quizá, encontrar un nuevo yacimiento petrolero para “administrar la abundancia”.

Gráfica 1. Recaudación como porcentaje del PIN en los países de la OCDE

En el siglo XX, el Estado mexicano y los gobiernos del entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI) pudieron sostener su legitimidad durante décadas mediante el gasto —en educación, infraestructura, subsidios— sin tocar los intereses fiscales de las élites. Esto provino de la presencia constante de recursos naturales como el petróleo, y de la oportunidad que esos mismos recursos le dieron al gobierno para acceder al crédito internacional. Ahora bien, la “maldita bendición” del excedente petrolero tuvo, por lo menos, dos consecuencias negativas en clave de sociología fiscal.

Por un lado, se hizo innecesaria la construcción de un consentimiento fiscal, es decir, la formación de un discurso y un imaginario colectivo sobre cómo se usan los impuestos, quién los paga y, principalmente, sobre cuál es la naturaleza de la relación de derechos con los que deberían estar emparejados en una sociedad moderna. Por otro lado, este arreglo sentó las bases para el florecimiento de la relación de connivencia entre el poder político y el económico que AMLO denunció como candidato presidencial y durante su gobierno. La relativa holgura del empresariado mexicano frente al fisco se transformó, rápidamente, en una relación de parasitismo: lo público se usó para estabilizar, rescatar y “desarrollar” monopolios, bancos y destinos turísticos de particulares.

A finales de la década de 1970, este modelo mostró signos de agotamiento. El estallido de la crisis de la deuda, la apertura comercial y las caídas de los precios del petróleo marcaron el inicio de una nueva etapa: un Estado sin recursos suficientes, pero también sin voluntad de reconstruir el pacto fiscal desde sus cimientos  debido, en gran medida, a los compromisos contraídos con agentes económicos que pasaron de ser gorrones para fungir como gerentes de lo público en la época de oro de la llamada Nueva Gestión Pública. Fue en este trayecto en el que se introdujo (1980) y se incrementó (1995) el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el emblema de la fiscalidad neoliberal: un impuesto regresivo que traslada la carga tributaria al consumo generalizado sin distinguir capacidad de pago, de forma que alivia la presión fiscal para las rentas altas y el capital mientras se ceba con los más pobres.

Con la alternancia que terminó con siete décadas de gobiernos del PRI en 2000, el sistema fiscal mexicano no vivió una refundación democrática, sino una prolongación tecnocrática de su fragilidad histórica. Los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, del derechista Partido Acción Nacional (PAN), lejos de confrontar los pilares regresivos del régimen tributario, optaron por administrarlo con racionalidad contable y timidez política. Ambas administraciones se decantaron por la mejora regulatoria para cerrar las fisuras del sistema en general, pero se replegaron ante cualquier intento serio de progresividad. Las exenciones siguieron siendo moneda de cambio, la informalidad laboral se trató como anomalía cultural más que como fenómeno estructural y la lógica de gobernar sin incomodar a los grandes contribuyentes se mantuvo intacta. En lugar de cimentar una ciudadanía fiscal, se reforzó el gasto como único mecanismo de legitimación.

En 2012, el PRI regresó a la presidencia. Su último presidente, Enrique Peña Nieto, impulsó una reforma fiscal en 2013 que rompió parcialmente con esa inercia, ya que buscó ampliar la base gravable, eliminar privilegios e incrementar la recaudación no petrolera en un contexto de caída de los precios del crudo. Sin embargo, se trató de una reforma sin contenido político: no pretendía transformar la relación entre ciudadanía y Estado, sino estabilizar los ingresos del gobierno sin modificar el orden social implícito. Por ello, no se articuló una pedagogía del deber tributario ni una narrativa de redistribución. Lo anterior culminó en una estructura tributaria más estable pero políticamente estéril, cuyos frutos quedaron opacados por los numerosos escándalos de corrupción que plagaron el sexenio.

Ese es el telón de fondo sobre el que surge la Cuarta Transformación. Un gobierno que se define como ruptura histórica, pero que hereda y reproduce el patrón fiscal de la excepción, en el que “transformar sin tributar” no parece ser solo una estrategia política, sino la expresión de una cultura profundamente instalada.

Gasto sin conflicto

Desde su origen, el proyecto político de López Obrador se propuso como una ruptura con el neoliberalismo, entendido no tanto como ideología, sino como conjunto de prácticas asociadas a la corrupción, el despojo y la subordinación del Estado al interés privado. En ese sentido, la 4T no fue formulada como un programa económico en sentido estricto, sino como una narrativa restauradora: devolver el Estado al pueblo, eliminar los privilegios y redistribuir el poder sin mediaciones tecnocráticas. En ese marco, el tema fiscal se presentó siempre de forma ambigua. Si bien había una crítica al uso clientelar del presupuesto, no se articuló una propuesta clara sobre la necesidad de aumentar la recaudación. El discurso de López Obrador operó en clave moral más que estructural: el problema no era cuántos impuestos se recaudaban, sino su destino: las élites o el pueblo; el “caño de la corrupción” o el desarrollo nacional.

Esa ambigüedad se convirtió en doctrina. El nuevo gobierno adoptó una estrategia que podría denominarse de “austeridad con eficiencia”: se trataba de recortar gastos superfluos, eliminar condonaciones fiscales a grandes contribuyentes, y demostrar que un uso virtuoso del presupuesto bastaba para financiar la transformación del país. La figura del “agricultor” paciente, utilizada por el economista Diego Castañeda, encaja con esta visión: antes de “sembrar” nuevos gravámenes, el gobierno debía primero limpiar la tierra, mejorar la gestión, y cosechar legitimidad a través de un gasto eficiente y honesto. La promesa, entonces, era doble: que los recursos existentes alcanzarían si se utilizaban correctamente, y que los sectores económicos poderosos no serían tocados mientras cumplieran con la ley. Esta estrategia produjo efectos visibles. Entre 2019 y 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incrementó la recaudación efectiva sin necesidad de reformas legales mayores. Se fortalecieron capacidades administrativas, se enfrentó abiertamente a empresas evasoras, y se logró —en el discurso al menos— desvincular el aumento de ingresos públicos de la creación de nuevos impuestos. En lugar de conflictividad tributaria, se produjo una campaña de ejemplaridad: se combatió la condonación y la evasión, se auditó a grandes contribuyentes, y se presentó la recaudación casi como un acto de higiene moral. De acuerdo con el SAT, durante el gobierno de AMLO la recaudación se incrementó alrededor de 60 por ciento (en términos nominales), al pasar de 2 billones 299 mil millones de pesos entre enero y septiembre de 2018 a 3 billones 697 mil millones de pesos en el mismo lapso de 2024, ello si se cuenta solamente la tributación de grandes contribuyentes sin ingresos petroleros.

Gráfica 2. Ingresos tributarios 2018-2024

Sin embargo, esta lógica tenía límites. Por un lado, dependía de un tipo de consentimiento empresarial implícito: mientras no se cuestionaran los pilares estructurales del régimen fiscal, algunos sectores aceptarían el nuevo trato. Por otro, trasladaba el costo de la transformación hacia el gasto, sin preguntarse si este era estructuralmente sostenible. Programas como “Jóvenes Construyendo el Futuro”, “Sembrando Vida” o la pensión universal a adultos mayores fueron financiados sin aumentar la base tributaria, confiando en una elasticidad del presupuesto que comenzaba a tensarse a medida que se expandían las nuevas obligaciones sociales del Estado en la 4T.

La pandemia del Covid-19 expuso esa tensión con crudeza. Mientras otros países recurrieron al endeudamiento y a estímulos fiscales en el marco de la crisis, el gobierno mexicano insistió en mantener el equilibrio presupuestal. No hubo rescates masivos, ni ayudas directas universales, ni aumento en la inversión pública para mitigar el golpe económico. El gobierno mexicano afianzó la imagen del país durante ese periodo con los Derechos Especiales de Giro que el FMI puso a disposición de México en agosto de 2021 por su buen manejo durante la pandemia. Debido a lo anterior, la austeridad se mantuvo como principio rector, aun en estas circunstancias excepcionales. Esa decisión, aunque coherente con la narrativa, tuvo efectos ambivalentes: si bien protegió los equilibrios macroeconómicos, sacrificó el ingreso disponible de millones de familias.

En términos políticos, la estrategia funcionó. El gobierno mantuvo niveles altos de aprobación, conservó su imagen de honestidad fiscal y logró evitar una confrontación directa con las élites empresariales —salvo con algunas figuras emblemáticas, como ha sido el caso de Ricardo Salinas Pliego. Pero el precio a pagar fue alto. No se avanzó hacia un sistema más progresivo ni se creó una cultura tributaria ciudadana. Al contrario, el modelo fiscal de la 4T terminó consolidando una ortodoxia histórica, ahora en su vertiente popular: una administración disciplinada, minuciosa casi a un grado obsesivo con el control del gasto, pero renuente a plantear el conflicto redistributivo como elemento central de una transformación duradera. 4 No obstante lo anterior, una consecuencia, así fuese no intencional, del conflicto con personajes como Salinas Pliego, centrada en su negativa a pagar su deuda con el fisco, podría abrir la puerta a una redefinición del discurso fiscal hegemónico en el país, que durante muchos años se ha fincado en la idea de que sólo los ricos y la clase media “trabajan y pagan impuestos”.

En retrospectiva, el primer gobierno de la 4T no sólo evitó una reforma fiscal ambiciosa y progresiva por cálculo político: la evitó por convicción. La idea de que el pueblo ya paga mucho —aunque la carga tributaria efectiva sea baja— y que el Estado debe demostrar su eficacia antes de exigir más se convirtió en un mantra. Esa convicción impidió aprovechar el capital político acumulado entre 2018 y 2021 para iniciar una discusión seria sobre impuestos a la riqueza, herencias, plataformas digitales o activos ociosos. Se eligió administrar el sistema heredado con mayor eficacia antes que disputarlo en sus fundamentos. La autoridad presidencial, en vez de fungir como palanca de reforma, se convirtió en garante de la ortodoxia: transformar sin tocar intereses, gobernar sin exigir contribución. Pese a que las mejoras recaudatorias del gobierno de AMLO fueron percibidas entre sus partidarios como una especie de “reforma fiscal en los hechos”, el propio presidente habló explícitamente de lo innecesario que resultaba un cambio de gran calado en esta materia, argumentando que “si hay ahorros por no permitir la corrupción y por no permitir las extravagancias de los altos funcionarios públicos, no hace falta aumentar impuestos […]. Sólo que no se permita la evasión fiscal, que no haya privilegios, que no se condonen impuestos a los potentados […] los ingresos alcanzan”.

Este desfase entre capacidad y voluntad dejó huella. La posibilidad de reconstruir el contrato social y fundar un auténtico consentimiento fiscal se disolvió sin confrontación dejando intacta una arquitectura impositiva desfasada. Mientras la política social de la 4T se movía ambiciosamente hacia la ampliación de derechos, el andamiaje fiscal seguía atado a inercias pasadas. No se trató de una omisión técnica ni de simple cautela política ante la falta de condiciones, sino de una decisión estratégica: renunciar al conflicto tributario como eje de legitimación y pilar de la transformación. Esa renuncia es el vacío que la presidenta Sheinbaum heredó y debe enfrentar, al tiempo que las obligaciones sociales se multiplican y el margen de maniobra se reduce. 

Punto de quiebre

La presidenta Claudia Sheinbaum llegó al poder con el peso de una promesa doble: continuar el proyecto de la 4T y corregir las cosas que haya que cambiar. En ese sentido, se presenta como heredera legítima de una política popular, pero también como una tecnócrata ilustrada, capaz de garantizar estabilidad sin traicionar la narrativa fundacional de su movimiento. Su perfil científico, su trayectoria en el gobierno de la Ciudad de México y su lenguaje institucional han generado expectativas distintas: mientras los sectores populares la ven como garantía de continuidad, los sectores medios esperan racionalidad económica y cierta apertura internacional. En ese equilibrio, el tema fiscal reaparece con urgencia.

Desde su campaña, Sheinbaum adoptó la posición oficial de no impulsar nuevos impuestos. Reiteró que la transformación seguiría sin gravámenes adicionales, y que la disciplina fiscal era condición de soberanía. Esa postura, sin embargo, ha comenzado a crujir desde los primeros meses de su mandato. La exigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) —un sindicato magisterial disidente con una larga historia contenciosa— de cambiar el régimen de las pensiones de maestras y maestros e incrementar sus salarios evidenció un hecho incómodo: el margen fiscal heredado está agotado, ello en gran medida por la carga financiera de organismos como Pemex, cuyo servicio de deuda abarca 20 por ciento del total para 2025. En un acto que rompió con la ambigüedad discursiva, la presidenta declaró abiertamente que el dinero “no alcanza”. Fue la primera admisión explícita, desde 2018, de que los recursos no bastan para sostener todas las demandas. No hay que olvidar que, además de mantener políticas como la pensión no redistributiva para adultos mayores, la presidenta ha impulsado tres nuevos ambiciosos programas sociales: una pensión especial para mujeres de entre 60 y 64 años, un esquema universal de becas para estudiantes de educación secundaria y un programa en el que personal médico y enfermería brinda atención sanitaria a domicilio a población vulnerable, además de diversos proyectos de obra pública.

El episodio fue significativo no solo por lo que se dijo, sino por lo que expuso: la tensión entre un proyecto que promete más derechos y un Estado que no puede financiarlos sin tocar intereses. Esa tensión se agravó con otro incidente simbólicamente potente. Recientemente, en una de sus conferencias matutinas, la presidenta prometió reembolsar a los mexicanos residentes en Estados Unidos el 1 por ciento de impuestos a los envíos de remesas aprobado por el Congreso estadounidense. Aunque posteriormente la propuesta fue retirada, su mera discusión muestra una vez más la separación entre las promesas del Estado y su capacidad tributaria. El pueblo mexicano sigue esperando beneficios sin interiorizar la lógica de corresponsabilidad fiscal.

Gráfica 3. Inversión para financiar los nuevos programas sociales de la presidenta Sheinbaum Pardo

A esta situación se suma el conflicto con uno de los empresarios más visibles y combativos del país: el ultraderechista Ricardo Salinas Pliego. El litigio en torno a su deuda con el SAT se ha vuelto una especie de teatro político, en el que el gobierno busca mostrarse firme frente a los poderosos sin que ello signifique embarcarse en la agresiva agenda redistributiva que sus críticos le achacan. Este enfrentamiento podría ser la oportunidad perfecta para que Sheinbaum marque un giro: romper con la política de no conflicto y lanzar una ofensiva fiscal progresiva. Hasta ahora, ese giro no ha ocurrido. 

Por el contrario, el gobierno ha dado señales de que priorizará otras batallas. La propuesta de reforma judicial presentada apenas iniciada la administración o la anunciada reforma electoral son ejemplos de ello. Ambos casos repiten, en cierto sentido, el patrón del sexenio de AMLO. Mientras se debate la elección popular de jueces y la manera en la que el principio de representación proporcional debe incluirse en la legislación mexicana. La discusión sobre impuestos a la riqueza, al patrimonio o a los ingresos altos sigue sin abrirse.

Durante los últimos meses, el país fue testigo de una prueba más de dicha tendencia. En México, el gobierno presenta al Poder Legislativo su propuesta de ingresos y egresos para el año siguiente durante el mes de septiembre. Este año, la Secretaría de Hacienda había reiterado ya que en sus planes no estaba impulsar una reforma fiscal, pese a que en el mediano o incluso corto plazo la debilidad fiscal del Estado podría amenazar la sostenibilidad de acciones que han contribuido a reducir la desigualdad. La presentación del llamado Paquete Económico confirmó lo esperado. Aunque algunas medidas como el fortalecimiento de los llamados “impuestos saludables” (por ejemplo, a las bebidas azucaradas) generaron cierto debate, lo cierto es que, al menos para 2026, el gobierno de la presidente Sheinbaum decidió mantener una estrategia muy similar a la de su antecesor: fortalecer la eficiencia recaudatoria a través del combate a la evasión y elusión fiscal.

Futuros fiscales

En ese contexto, el concepto de “segundo piso de la transformación” se ha convertido en una interrogante. ¿Se trata de una ampliación programática o solo de una consolidación institucional? Si el “segundo piso” no incluye una reforma tributaria, ¿qué lo distingue del primero? Esta ambigüedad puede resultar funcional: permite mantener un discurso de continuidad sin comprometerse de lleno con el conflicto fiscal. Pero también encierra un riesgo: que el proyecto de la presidenta Sheinbaum se convierta en un gobierno de administración sin transformación, sostenido por la inercia del discurso y por una recaudación estancada. 

El punto de quiebre, entonces, no es solo económico sino político. El nuevo gobierno debe decidir si persiste en la lógica de la eficiencia sin conflicto o si asume el costo de una reconfiguración fiscal sustantiva. Cualquier intento de progresividad tributaria encontrará resistencias: en las élites económicas, en los sectores informales, incluso entre las clases medias beneficiadas por el statu quo. Pero evitar esa disputa implica renunciar al núcleo de toda transformación duradera: la redistribución de los recursos. 

Lo que está en juego no es solo el financiamiento de programas sociales, que la presidenta se ha comprometido a mantener y ampliar, sino la posibilidad de que los derechos a la educación, a la salud, incluso a la vivienda, hoy consagrados en la Constitución, se materialicen de forma sostenible. La 4T ha sido extraordinariamente exitosa a la hora de cambiar el andamiaje político del Estado mexicano, pero no ha querido remodelar su base financiera. De cara a las próximas  elecciones de 2027, todo sugiere que la correlación de fuerzas favorable a la ortodoxia fiscal se mantendrá. 

Pensando en el futuro fiscal de la 4T, la duda no es realmente ya si la actual base fiscal actual permitirá alcanzar los ambiciosos objetivos planteados por la presidenta Sheinbaum, sino cuánto tardará la coalición gobernante en interiorizar una verdad incómoda, pero ineludible: no se puede transformar sin tributar.