Un país ingobernable

El abandono gradual del pensamiento cepalino en Brasil desde la década de 1980 y la adopción de las recomendaciones del Consenso de Washington en la década de 1990 condujeron a lo que Luiz Carlos Bresser-Pereira diagnosticó como un período de cuasi estancamiento, marcado por una severa desindustrialización que, con excepciones puntuales, persiste hasta hoy. En respuesta, desde principios de la década de 2000, Bresser-Pereira se ha dedicado a elaborar la teoría del nuevo desarrollismo, haciendo hincapié en la necesidad de neutralizar la «tendencia a la insuficiencia de la demanda» mediante la administración «de la política fiscal y la política monetaria» para permitir «una expansión continua del nivel de producción y ventas» y ha destacado la importancia de construir políticas que reviertan la «tendencia a la sobrevaloración cíclica y crónica del tipo de cambio», para «garantizar el acceso de las empresas que utilizan tecnología de vanguardia a la demanda existente», tanto nacional como internacional.1Luiz Carlos Bresser-Pereira, “Em busca do desenvolvimento perdido”, FGV Editora, 2018, p. 25-26. Para el nuevo desarrollismo, el tipo de cambio es la principal variable de la gestión macroeconómica. Las estrategias de crecimiento «con ahorro externo» y los ciclos de enfermedad holandesa perjudican la competitividad de la industria nacional y desincentivan las inversiones, obstaculizando la sofisticación productiva. Por ello, las políticas fiscales, monetarias e industriales deben ir acompañadas de una política cambiaria.

En la mañana del 26 de junio, Hugo Fanton y Maria Fernanda Sikorski, editores de Phenomenal World, conversaron con Bresser-Pereira sobre la coyuntura política y económica del tercer gobierno de Lula a la luz del nuevo desarrollismo. A sus 91 años, Bresser-Pereira es uno de los intelectuales más importantes de la historia contemporánea de Brasil. Profesor de la Fundación Getúlio Vargas desde 1959, es economista, politólogo, administrador de empresas y abogado. Fue ministro de Hacienda (1987) en el gobierno de José Sarney y ministro de Administración Federal y Reforma del Estado (1995-1998) y de Ciencia y Tecnología (1999) en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Desde que dejó la administración pública, se dedica exclusivamente a la vida académica. La entrevista, realizada antes de la amenaza de la subida del 50 por ciento de los aranceles sobre las exportaciones de Brasil a Estados Unidos, analiza las consecuencias de la posición semicolonial de Brasil en el mercado mundial y los obstáculos para el cambio estructural de la economía nacional.

Entrevista con Luiz Carlos Bresser-Pereira

hugo Fanton: Ayer, el Congreso Nacional derogó el decreto presidencial que aumentaba las tasas del Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF). Aprovechando este contexto, ¿podríamos comenzar con su análisis de la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo a lo largo del tercer mandato presidencial de Lula?

Bresser-Pereira: Desde 2015, cuando el Congreso aprobó una enmienda a la Constitución que hizo obligatorias las enmiendas parlamentarias, Brasil se ha convertido en un país ingobernable, o al menos casi. El poder legislativo federal adopta un sistema electoral absurdo: proporcional, en lugar de mayoritario o distrital, pero con listas abiertas. Esto da lugar a una enorme multiplicación de partidos e implica la elección de un parlamento muy conservador, porque el sistema proporcional de lista abierta hace que las elecciones sean muy caras. Creado por la Constitución de 1988, este modelo solo se ha vuelto gobernable gracias al llamado «presidencialismo de coalición»2El término, acuñado por el politólogo Sérgio Abranches, se refiere a la forma en que el presidente de la República en Brasil forma mayorías parlamentarias. En un sistema caracterizado por un multipartidismo extremo (en las elecciones de 2022 fueron elegidos 23 partidos para la Cámara de Diputados), el apoyo del poder legislativo al gobierno depende de acuerdos (a menudo espurios) y alianzas entre partidos de posiciones heterogéneas en el espectro político.

En la mayoría de los países desarrollados, el partido que gana las elecciones al Ejecutivo cuenta con una mayoría en el Congreso, si no absoluta, al menos sustancial, lo que le permite, con algunas alianzas, ser capaz de implementar su proyecto político. Debido al sistema de listas abiertas, esto no ocurre de forma tan natural en Brasil. El presidencialismo de coalición fue la solución: el presidente no tenía mayoría en el Congreso, pero podía comprar a los diputados, literalmente. El Gobierno solo liberaba fondos de enmiendas parlamentarias si contaba con el apoyo del Congreso. Era un absurdo que se solucionaba con otro, pero el equilibrio era razonable: se podía gobernar. A partir de 2015, sin embargo, los parlamentarios se hicieron cada vez más «independientes»» del presidente, y se hizo extremadamente difícil gobernar el país.3Dilma Rousseff comenzó su segundo mandato presidencial en enero de 2015 ya bajo presión. El mes de diciembre de ese año estuvo marcado por la ruptura definitiva con el Gobierno por parte de la mayoría de la Cámara de Diputados, presidida por Eduardo Cunha, que inició el proceso de destitución contra Dilma. Paralelamente, también en 2015, el Congreso aprobó la primera Enmienda Constitucional (n.º 86/2015) que convertía las enmiendas parlamentarias en obligatorias; la década siguiente estaría marcada por innumerables medidas destinadas a aumentar la injerencia del poder legislativo en el presupuesto público. Sérgio Abranches aborda este problema de gobernabilidad en una entrevista reciente concedida a Valor Econômico. Afirma que Brasil tiene un Congreso disfuncional, que solo se ocupa de sus propios intereses y no se preocupa en absoluto por el interés público. La mayoría de los diputados y senadores trabajan simplemente para defender sus propias prerrogativas y garantizar su reelección.

¿Qué ocurrió en el caso del IOF? El Congreso derogó el decreto presidencial que imponía un aumento de los impuestos. El Gobierno necesita aumentar los impuestos porque el gasto fiscal es muy elevado y, en gran parte, obligatorio. Y seguirá siendo obligatorio, a menos que se adopte una «solución» muy simple: acabar con el bienestar social en el país, acabar con el Sistema Único de Salud (SUS), reducir a la mitad el gasto en educación, dejando, por supuesto, que los rentistas sigan recibiendo intereses reales del 8 o el 9 por ciento anual (lo que supone actualmente alrededor del 9 por ciento o el 10 por ciento del PIB). La falta de apoyo del Legislativo es un problema en sí mismo, pero, además, el volumen de las enmiendas es inmenso y afecta a la capacidad del Gobierno federal para orientar el gasto fiscal y realizar inversiones públicas en mayor cantidad y calidad. Es necesario encontrar una solución a esto porque, en la actualidad, el Gobierno se ve prácticamente imposibilitado para implementar su proyecto político.

Maria Sikorski: Es un Congreso que defiende la austeridad, porque impone al Gobierno la adopción de una regla fiscal de superávit, pero no ve ningún problema en las enmiendas…

BP: El Congreso no está a favor de la austeridad. Eso es palabrería. Los economistas ortodoxos sí lo están, pero el Congreso, aunque habla en nombre de la ortodoxia, no sigue en absoluto sus recomendaciones, porque no quiere aumentar los impuestos ni reducir el gasto.

MS: La teoría del nuevo desarrollismo defiende una forma de ajuste fiscal que permita equilibrar las cuentas públicas sin perjudicar el gasto social y la inversión. En esta línea, en el libro «En busca del desarrollo perdido«, usted defiende un modelo de regla fiscal que adopte un objetivo para el resultado nominal (y no primario), es decir, que incluya el pago de intereses en la cuenta, junto con un objetivo para la inversión pública. Ante esto, ¿cuál es su evaluación del marco fiscal implementado por el Gobierno en 2023, que adopta objetivos de resultado primario y tiene un sesgo superavitario, determinando que la tasa de crecimiento del gasto sea siempre menor que la de los ingresos?

BP: El techo de gastos anteriormente vigente era absurdo, un país civilizado no haría eso. Ahora bien, cuando se propuso el nuevo marco fiscal para sustituir el techo, durante las negociaciones con el Congreso, había más en juego que simplemente establecer los criterios para obtener un resultado fiscal acordado: el Gobierno también tenía que garantizar la viabilidad del aumento del gasto social prometido por la campaña de Lula. Haddad fue increíblemente hábil al conseguir, ante un parlamento nada cooperativo, garantizar ambas cosas.

Dicho esto, un objetivo de superávit primario más elevado debe alcanzarse tanto mediante la reducción del gasto como mediante el aumento de los impuestos. El Estado brasileño tiene una responsabilidad constitucional en materia de gasto en salud y educación, y un compromiso creciente con el gasto en asistencia social, no solo porque la población está envejeciendo, sino porque el volumen de las transferencias de renta ha crecido mucho desde la pandemia, lo que ha hecho que programas como el Bolsa Família dejen de ser tan baratos como lo eran inicialmente. Mientras tanto, la carga tributaria brasileña apenas ha variado: desde la década de 2000, ronda el 32 por ciento. Por lo tanto, es evidente que debe aumentar. Se argumenta que la carga tributaria de Brasil es muy elevada, pero eso no es cierto. En el caso de países que nunca han tenido la responsabilidad del bienestar social, podría serlo. Pero nosotros lo tenemos, modestamente, pero lo tenemos: el Sistema Único de Salud es el mayor logro de la democracia brasileña.

Además, la inversión pública también debe tener espacio en el presupuesto. Históricamente, los intentos de resolver el problema de las inversiones en infraestructura mediante concesiones, asociaciones público-privadas y privatizaciones han fracasado. La privatización de sectores monopolísticos, como es el caso de la infraestructura en general, no tiene ningún sentido. Resulta que, sin aumentar los impuestos, mantener el gasto social y retomar la inversión pública es imposible, pero nadie puede tocar ese tema. Fernando Haddad se esfuerza, pero ayer, por ejemplo, el Congreso anuló una revisión de la carga tributaria que él intentó hacer. Brasil necesita una solución al problema fiscal que haga viable la inversión pública.

HF: Paralelamente a las disputas fiscales, los enfrentamientos relacionados con la política monetaria también marcan el gobierno. El propio Lula ha criticado repetidamente el elevado nivel (y, durante una parte considerable del actual mandato, creciente) de la tasa básica de interés. ¿Cuál es su lectura sobre la actuación del Banco Central (BC)?

BP: El otro día le pedí a un asistente de investigación que hiciera un cuadro comparativo, desde 1990, de la evolución de la tasa de interés real en los países de la OCDE, en los grandes países en desarrollo —China, Rusia, India e Indonesia— y en Brasil. Lamentablemente, no tengo los números ahora, pero la figura era más o menos así:

El Banco Central opera en este contexto desde hace décadas. La pregunta, entonces, es: ¿por qué los intereses son altos en Brasil?

Nakano y yo fuimos los primeros en hablar seriamente sobre este tema en Brasil, allá por 2002, cuando publicamos un artículo en el que mostrábamos que nuestra tasa de interés real era muy superior a la tasa internacional sumada al riesgo país y argumentábamos que, dado que la apertura financiera dificultaba la depreciación de la moneda nacional, ese diferencial de intereses existía para atraer capital extranjero. Ese fue, en la práctica, el momento en que rompí con los economistas de Fernando Henrique Cardoso, todos ellos, excepto André Lara Resende, perfectamente neoliberales. Desde entonces, mi explicación de los altos intereses siempre ha tenido dos factores: la necesidad de atraer capitales y el poder político del sistema financiero-rentista brasileño.

Recientemente, sin embargo, publiqué un análisis en Valor Econômico añadiendo otra idea (que merece, por cierto, una investigación más seria): además de los factores políticos y económicos, la tasa de interés en Brasil es alta porque se ha convertido en algo habitual. Identifico dos hechos históricos esenciales para la creación de esta costumbre. El más importante, en mi opinión, ocurrió en 1964, con el golpe militar.

Los militares recuperaron el sistema de libretas de ahorro y establecieron que estas inversiones se remunerarían con un tipo de interés real —no nominal— del 6 por ciento anual. Hoy en día, muchos capitalistas del Norte global se conforman con un 3 por ciento. Unos intereses reales del 6 por ciento anual eran absolutamente incompatibles con la naturaleza de las libretas de ahorro, pero nadie cuestionó la decisión. Desde la década de 1930 existía una ley contra la usura (vigente hasta hoy) que penalizaba el cobro de intereses reales superiores al 12 por ciento anual. Al parecer, pagar la mitad de eso por un producto de renta fija con riesgo prácticamente nulo parecía estupendo.

El segundo hecho histórico se remonta a la redemocratización. El texto de la Constitución de 1988 establecía un límite máximo para los intereses reales del 12 por ciento anual, reforzando el criterio de la ley contra la usura. La adopción de un techo constitucional para los intereses fue obra de mi querido amigo Fernando Gasparian, que luchó mucho por ello durante la constituyente. El Congreso acabó aprobando el techo, pero con ese valor anual del 12 por ciento. Esto ya ilustra lo complicada que era la cuestión: si, por un lado, había un límite, por otro, ¡el límite era altísimo!

Pero, aunque el límite era alto, la cuestión no pasó desapercibida. El mercado financiero protestó, los economistas dijeron que no era compatible con la realidad macroeconómica del país y, al cabo de un tiempo, el artículo acabó siendo derogado de la Constitución. A partir de ese enfrentamiento, los altos tipos de interés se consolidaron como un hecho natural. Por eso digo que es una cuestión de costumbre: en Brasil, unos tipos de interés reales del 4 por ciento o del 6 por ciento son absolutamente habituales. El resultado es una gigantesca captura del patrimonio público: recursos que podrían destinarse a la inversión productiva se desvían hacia el mercado financiero.

Hay dos capturas fundamentales del patrimonio público brasileño. La de los intereses es, con mucho, la más importante. La otra es el resultado de los privilegios de la burocracia pública. Cuando fui ministro de Fernando Henrique y llevé a cabo la reforma administrativa, intenté limitar este segundo problema. En aquella época, inventé la historia de utilizar el salario de los ministros del Tribunal Supremo Federal, sin ningún tipo de complemento, como techo para la remuneración en la función pública. Logramos aplicar esto durante algún tiempo, pero los extras pronto volvieron a aparecer, esta vez, por supuesto, debidamente «legalizados» por el Supremo. Pero, en cualquier caso, los privilegios de la alta burocracia son calderilla comparados con los intereses.

MS: Aprovechando el tema de la política monetaria: ¿y el objetivo de inflación vigente hoy en día? ¿Debería ser más alto?

BP: Sin duda, debería ser más alta. La inflación no es buena, pero una inflación del 5 es más que normal en un país como Brasil. La economía es capaz de ajustarse a ese nivel, lo que permitiría incluso adaptaciones razonables en los precios relativos. Esto facilitaría el trabajo del Banco Central.

Me han preguntado cuál es mi opinión sobre la actuación del Banco Central. Aunque esta última subida de los tipos de interés ha sido un poco brusca, creo que Galípolo ha hecho más o menos lo que tenía que hacer, porque la inflación estaba aumentando. Como hemos comentado, el trabajo del Banco Central está rodeado de condicionantes que determinan una especie de «suelo» para los tipos de interés brasileños. Este piso también tiene otra consecuencia. Hay países que combaten la inflación aumentando los tipos de interés reales del 0 o del 1 al 3 por ciento, por ejemplo. Aunque se trata de un aumento considerable, son solo dos o tres puntos porcentuales. En Brasil, para combatir la inflación, se aumenta el tipo de interés real en cuatro o cinco puntos porcentuales.

MS: ¿Por qué es débil la transmisión de la política monetaria?

BP: Sí. Pero ¿por qué es débil? Se pueden hacer todos los estudios econométricos que se quiera, esto es consecuencia de los factores que establecen la base de los tipos de interés reales. En lugar de hablar de mecanismos de transmisión, suelo plantear la cuestión en términos más sencillos: una cosa es salir del 1 por ciento y otra muy distinta es salir del 5 por ciento.

MS: En 2023 y 2024, el crecimiento medio anual de Brasil fue del 3,3 por ciento, con un crecimiento medio per cápita del 2,9 por ciento. Es una cifra muy superior a la registrada en el periodo 2015-2022, en el que el PIB se estancó casi por completo, con un crecimiento medio anual del 0,2 por ciento. ¿Cómo interpreta usted esta recuperación?

BP: Desde 1999, cuando dejé el gobierno de Fernando Henrique, vengo hablando del casi estancamiento de la economía brasileña. Pero el crecimiento per cápita que usted señala no puede calificarse de casi estancamiento. Esto ha sorprendido a los economistas en general: las proyecciones económicas han fallado mucho en los últimos tres años, porque es una cuestión realmente difícil de explicar.

En relación con períodos anteriores, lo nuevo en este intervalo que usted menciona, a partir de 2015, es que llevamos diez años sin la enfermedad holandesa, porque el precio de las materias primas exportadas por Brasil no es alto y, por lo tanto, no ha provocado una apreciación del tipo de cambio lo suficientemente significativa como para hacer inviable la competitividad de la industria nacional. Desde la década de 1990, Brasil ha tenido dos ciclos de enfermedad holandesa: el primero (que comenzó en la última década del siglo pasado) terminó a mediados de la primera década de este siglo, y el segundo terminó en 2015. Desde entonces, el ciclo se ha detenido y el tipo de cambio se encuentra en un nivel razonable para la industria, que, aunque no avanza, tampoco se contrae. Si no me equivoco, la participación de la industria en el PIB se ha estancado en torno al 11 por ciento.

Dicho esto, en relación con el crecimiento de 2023 y 2024, la única explicación que se me ocurre ahora es que el aumento del gasto fiscal generó un aumento de la demanda. En el gobierno de Bolsonaro, debido a la pandemia, hubo un aumento sustancial del gasto público. En el actual gobierno de Lula, para cumplir con las propuestas de campaña, hubo otro. Estos son factores del lado de la demanda que dan un mayor estímulo a la economía.

El problema es que, si este análisis es correcto, esto puede fomentar una perspectiva populista de la economía: aunque los resultados a corto plazo sean positivos, una eventual mala gestión de las cuentas públicas puede acabar no solo revirtiendo estos efectos, sino también perjudicando la viabilidad de un proyecto de desarrollo a largo plazo4Los ciclos históricos de populismo económico en Brasil, tanto de izquierda como de derecha, han sido analizados por Bresser-Pereira en diversos momentos de su producción intelectual. El libro Populismo econômico: ortodoxia, desenvolvimentismo e populismo na América Latina (Populismo económico: ortodoxia, desarrollismo y populismo en América Latina), organizado por el entrevistado y publicado en 1991, es una obra seminal que puede consultarse (<)a href='https://www.bresserpereira.org.br/books/populismo-economico/000-populismo-economico.pdf'(>)aquí(<)/a(>). El presupuesto debe hacer frente a gastos como los que acabamos de mencionar, pero no solo eso. Al principio hablamos de la importancia de un déficit nominal pequeño —en lugar de un superávit primario grande— para el desarrollo, porque el resultado primario, aunque tiene cierta lógica en lo que respecta a la imposición de límites al crecimiento de la deuda pública, también tiene el elemento ideológico de ocultar los intereses. Defiendo la adopción del resultado nominal como criterio porque es esencial, evidentemente, que paguemos menos intereses. Pero también es importante que haya espacio fiscal para la inversión pública.

HF: Aprovechando el tema de la enfermedad holandesa, ¿podría hablar más sobre la relación entre la política cambiaria y el desarrollo en Brasil?

BP: Entre 1950 y 1980, Brasil creció de manera extraordinaria. Después de Japón, fue el país que más creció en el mundo. ¿Y qué pasó con el tipo de cambio a partir de los años 50? Se controló. Las tarifas fueron uno de los principales mecanismos. Desde la ley de tarifas de 1958, empezamos a adoptar barreras arancelarias bastante altas, que funcionaban como instrumento de depreciación de la moneda. Antes de eso, adoptábamos mecanismos de control de las importaciones, subastas de divisas y sistemas de control del tipo de cambio.

De todas las variables que influyen en el desarrollo económico, en mi opinión, el tipo de cambio es una de las más importantes. La más importante es la tasa de beneficio: sin beneficio no hay capitalismo. Tiene que haber una tasa de beneficio razonable para que haya inversión. El tipo de interés es importante, por supuesto, pero, como hemos comentado, el Banco Central opera dentro de un marco determinado. En resumen, el Gobierno necesita una política cambiaria.

Hay dos causas principales para una apreciación cambiaria por encima del límite saludable para la industria nacional. Una de ellas es la enfermedad holandesa, que tiene carácter cíclico. La segunda, también fundamental para la teoría del nuevo desarrollismo, es el déficit en cuenta corriente. Cuando hay déficit en cuenta corriente, se produce necesariamente una apreciación correspondiente del tipo de cambio, simplemente porque, en términos líquidos, entra más capital del que sale.

El déficit en la balanza por cuenta corriente debe cerrarse de alguna manera. Mediante la reducción de las reservas, es posible cerrarlo sin una entrada de capital. Pero, suponiendo que el Gobierno no pretenda tocar las reservas, el país debe adoptar una política orientada a reducir a cero el déficit en la balanza por cuenta corriente. Si la balanza por cuenta corriente es consumo, el déficit en la balanza por cuenta corriente es consumo extra. En otras palabras, el país está consumiendo más de lo que produce. Reducir el déficit a cero implica, por lo tanto, apretarse el cinturón. Esto significa reducir los salarios. Es algo que solo se puede hacer al comienzo de un gobierno, nunca al final.

Resulta que, en Brasil y en América Latina en general, existe la creencia religiosa de que el déficit en la cuenta corriente es bueno, porque es crecimiento con ahorro externo. Al comienzo del gobierno de Fernando Henrique, la estrategia de desarrollo que se adoptaría era una gran cuestión. La respuesta fue muy simple: crecimiento con ahorro externo. Uno de los pilares fundamentales del nuevo desarrollo, sin embargo, es exponer que no hay crecimiento sostenible con ahorro externo, porque eso aprecia el tipo de cambio y mina la competitividad de la industria nacional.

Recientemente publiqué un nuevo libro, titulado «Proyecto nacional contra el casi estancamiento» (2025), en el que defiendo dos cosas. En primer lugar, que el Ministerio de Hacienda debe reconocer que Brasil es susceptible al problema de la enfermedad holandesa —por mucho que no se manifieste ahora— y, por lo tanto, si se produce un nuevo ciclo de aumento de los precios de las materias primas, debe hacer todo lo posible para evitar que la industria se vea perjudicada. Segundo, que el Ministerio de Hacienda debe contar, al menos, con un pequeño departamento dedicado a la política cambiaria, es decir, que el ministerio debe preocuparse por tener un grado razonable de control sobre el tipo de cambio.

He defendido esto desde el comienzo del tercer mandato de Lula, pero no se ha hecho nada. La principal justificación es que el Gobierno ya se enfrenta a tantos problemas con el «mercado» que una política cambiaria podría convertirse en una fuente más de conflicto. Pero hay un error en este cálculo político: conquistar el mercado financiero es imposible. El Gobierno acaba de aprender una lección en este sentido.

MS: En este contexto, ¿cómo analiza la reanudación de la política industrial por parte del actual Gobierno, representada por programas como la Nueva Industria Brasil y el nuevo PAC? ¿Puede interpretarse como un primer paso hacia la adopción de un proyecto nacional de desarrollo en un sentido más amplio?

BP: La política industrial solo es barata si se trata de aranceles. La política industrial más importante que se ha registrado en toda la historia del capitalismo se llama arancel aduanero. Todos los países desarrollados, empezando por Inglaterra, se desarrollaron adoptando aranceles aduaneros elevados. Pero en Brasil y en América Latina, el lavado de cerebro llevado a cabo por el liberalismo económico fue tan brutal que hizo que los economistas lo olvidaran. Siguen argumentando a favor de la política industrial, pero no incluyen los aranceles en su marco. Es ridículo. Sin aranceles, la política industrial se convierte en un simple subsidio. Los aranceles no son caros: son un impuesto que se crea. No hay que hacer como Trump, claro, pero es un instrumento que Brasil puede utilizar.

Apoyo al Gobierno, pero no puedo decir que esté tratando de encabezar un proyecto de desarrollo. Brasil sigue dominado por el liberalismo económico. Los propios Estados Unidos ya han abandonado este tipo de ideología, Europa va más o menos por el mismo camino, pero nosotros seguimos presos de ella.

Brasil no tiene una política de desarrollo desde hace mucho tiempo. Los militares tenían una. Getúlio Vargas tuvo una. Pero desde la década de 1980 —con alguna excepción en los primeros mandatos de Lula, porque hubo un gran esfuerzo por ampliar la política social, aunque eso no constituía exactamente una estrategia de desarrollo— no tenemos una política de desarrollo.

HF: ¿Las condiciones históricas actuales impiden la reanudación de un régimen de crecimiento como el que existió hasta la década de 1980?

BP: No creo que lo haga inviable, pero estoy convencido de que Brasil solo saldrá de esta situación, que en mi opinión sigue siendo de casi estancamiento, cuando abandone el liberalismo. Aunque en los últimos tres años se ha producido cierto crecimiento, lo cierto es que no existe nada parecido a un verdadero proyecto de desarrollo, simplemente porque no existe un proyecto de desarrollo liberal: el proyecto liberal es no hacer nada. Nuestra apertura comercial y financiera fue un desastre. Además, hay una cuestión de economía política: el Gobierno pasa por elecciones, se enfrenta al Congreso… Para que un proyecto de desarrollo sea viable, la sociedad en su conjunto tiene que estar unida en torno a él.

MS: Cuando Lula fue elegido, el presidente de los Estados Unidos era Joe Biden, que pretendía convertir al país en «una economía moderna impulsada por la oferta«, en palabras de Janet Yellen.

BP: Desarrollista, claramente. 

MS: Exacto. Pero dos años después, a mitad del mandato presidencial de Lula, asumió Trump. ¿Ve usted alguna ruptura en la dinámica de inserción externa de Brasil entre los mandatos de Biden y Trump?

BP: l período reciente ha registrado un giro político en Estados Unidos. Si en la década de 1980 hubo un giro neoliberal, entre 2017 y 2022 hubo un giro desarrollista, fundamentalmente como consecuencia del éxito de China. En mi opinión, ese es el factor más importante a tener en cuenta. No veo una gran ruptura entre Biden y Trump. Se puede decir que el giro desarrollista se extiende hasta hoy, pero, en el caso de Trump, prefiero caracterizar la política como intervencionista. Es un gobierno caótico —tanto es así que se ha ganado el apodo de TACO (Trump Always Chickens Out, Trump siempre se acobarda)—, que constantemente da marcha atrás en sus decisiones.

HF: ¿Este giro desarrollista en Estados Unidos altera las condiciones para la formulación de políticas públicas en Brasil?

BP: Es de esperar que, como de costumbre, al cabo de ocho o diez años, Brasil se dé cuenta de que el liberalismo económico no funciona. Lula y Haddad lo saben muy bien, pero es importante que el Congreso, que hoy se asocia con el rentismo, entienda esta cuestión, y también es necesario que los empresarios aprendan. Entonces, quién sabe, tal vez se den las condiciones para elaborar un proyecto de desarrollo, pero llevará tiempo.

La reacción de Brasil siempre llega con mucho retraso. Esto se debe a que somos una colonia. Hasta 1822, Brasil fue un país colonial. Luego, hasta 1930, fue semicolonial. Se convirtió en un país independiente a partir de la década de 1930, pero esa condición solo duró hasta 1990, cuando Brasil, que antes se sometía a Inglaterra y Francia, se sometió a Estados Unidos. Fue un retorno a la condición semicolonial.

Desde los años noventa, el neoliberalismo ha sido el instrumento fundamental del imperialismo para impedir el desarrollo de Brasil. Hubo un último intento desarrollista en el gobierno de Sarney (1985-1990). Yo, que fui ministro de Hacienda durante poco más de siete meses, en cierta medida acabé siendo derrotado, fíjese, por los propios desarrollistas. Sarney ya no quería hacer ajustes fiscales y yo vi que no tenía posibilidades de permanecer en el Gobierno, así que me fui. Y entonces, en un año y medio y a lo grande, Maílson [da Nóbrega] llevó a Brasil a la hiperinflación. En el último mes del Gobierno de Sarney, la inflación fue del 82 por ciento.

Pero, volviendo al tema, la razón por la que la reacción de Brasil siempre llega tarde es porque es un país semicolonial y, por lo tanto, tiene una cultura económica sumisa, que asume valores ajenos, en este caso, los valores neoliberales. Para un país sumiso, deshacerse de esos valores es un proceso lento y difícil, mientras que el país que somete, al ser metrópoli, lo consigue más rápidamente.

HF: ¿Cómo pueden las contribuciones del nuevo desarrollismo cambiar el rumbo de Brasil?

BP: He formulado una respuesta detallada a esta pregunta en el apéndice del libro «El nuevo desarrollismo«, publicado el año pasado. Allí comienzo el análisis en la década de 1970, porque entiendo que fue la última década en la que Brasil creció de manera satisfactoria. Se puede decir que en los primeros gobiernos de Lula el país creció de manera razonablemente satisfactoria, pero el boom de las materias primas fue muy violento. En mi opinión, dos cuestiones fundamentales separan las condiciones económicas actuales de las que impulsaron el crecimiento hasta la década de 1970.

La primera es que la inversión pública cayó mucho, porque el ahorro público cayó mucho. En la década de 1970, había alrededor de un 4 por ciento de ahorro público. A principios de la década de 1980, el país registraba un 2 por ciento de ahorro público negativo. Es decir, solo en ese período, hubo una caída de seis puntos porcentuales. Es una locura. Los impactos de esto en el crecimiento brasileño fueron muy grandes. El ahorro público es relevante porque si el Estado no tiene capacidad de ahorrar, no puede invertir. El Estado necesita invertir en infraestructura, en los sectores monopolísticos. No defiendo la estatización de forma genérica, sino que el Estado debe invertir en los sectores monopolísticos.

La segunda es la dinámica del tipo de cambio. Hubo mucha privatización en ese período, lo que contribuyó a la reducción de la inversión pública y, en teoría, debería haber estimulado al sector privado a aumentar su tasa de inversión. Pero la inversión pública cayó y la del sector privado se mantuvo igual, no aumentó nada. Esto se debe al tipo de cambio. El tipo de cambio se apreció tanto que, en varios momentos, hizo inviable la inversión privada. Si para el sector público la variable clave es la cuestión fiscal, para el sector privado es el tipo de cambio. Por eso es necesario contar con una política cambiaria que contemple tanto el déficit en cuenta corriente como los posibles ciclos de enfermedad holandesa.

En resumen, en términos macroeconómicos, además de todo lo que todo el mundo ya sabe que hay que hacer, el nuevo desarrollismo defiende la adopción de una política cambiaria decente, que mantenga el tipo de cambio razonablemente competitivo para la industria, y un volumen de inversión pública sustancialmente mayor. Además, desde el punto de vista de la economía política, un proyecto nacional de desarrollo —en Brasil, en América Latina o en cualquier país subdesarrollado del mundo— debe ser necesariamente antiimperialista, porque debe combatir el liberalismo económico. Furtado y Prebisch eran antiimperialistas. Formaban parte de la CEPAL, un organismo de la ONU, por lo que adoptaban términos como «centro» y «periferia», pero su lucha era contra el liberalismo económico, es decir, contra el imperio.

Verá, yo creo que el mercado es mejor que el Estado para coordinar el sistema económico de empresas competitivas. Pero hay que entender que eso no es suficiente, que el Estado debe intervenir moderadamente en la economía para elaborar y dirigir un proyecto de superación del subdesarrollo. Y eso implica adoptar una política antiimperialista. La política de sustitución de importaciones en Brasil era antiimperialista. Sin embargo, desde que dejamos de ser independientes, el principal instrumento del imperialismo para frenar nuestro desarrollo ha sido el liberalismo económico.

HF: ¿Hay que afrontar la cuestión de la dependencia?

BP: Después de dejar el gobierno de Fernando Henrique, decidí releer Dependencia y desarrollo en América Latina. Solo entonces descubrí realmente qué era esa «dependencia asociada». Poco después, publiqué un artículo titulado «Del ISEB y la CEPAL a la teoría de la dependencia», trabajo que inauguró mi crítica a la teoría de la dependencia.

El hecho histórico que trastornó a Fernando Henrique, como ya lo había trastornado a Hélio Jaguaribe, fue el siguiente: en la época de la sustitución de importaciones, los antiimperialistas —o nacionalistas— brasileños decían que Estados Unidos —el «centro»— estaba en contra de la industrialización de Brasil. Sin embargo, a partir de la década de 1950, las grandes empresas estadounidenses comenzaron a invertir en Brasil, seguidas luego por las europeas y japonesas. ¿Cómo se explicaba entonces que el centro estuviera en contra de la industrialización de la periferia? Jaguaribe intentó dar una respuesta y, diez años después, Fernando Henrique concluyó el razonamiento: si el papel del imperialismo es impedir la industrialización de los países subdesarrollados, el hecho de que las empresas del «centro» invirtieran en Brasil solo podía significar que no había imperialismo, porque esas empresas estaban ayudando al país a industrializarse.

Es un razonamiento lineal, nada dialéctico, nada inteligente. El gran error de esta explicación es ignorar que una cosa son las empresas estadounidenses y otra es el Estado. Las empresas necesitan beneficios y los buscan donde pueden. Como he comentado anteriormente, Brasil y otros países de América Latina, cuando adoptaron la política de industrialización mediante la sustitución de importaciones, aumentaron considerablemente los aranceles aduaneros. Esto hizo que las empresas extranjeras perdieran mercado. La única forma de recuperar una parte de ese mercado era invertir en la industria de esos países. Pero había, hasta cierto punto, una contradicción entre los intereses privados y los intereses del Estado estadounidense. Y quien no estaba (y no está) interesado en la industrialización y el desarrollo de Brasil era el Estado. Para mí, ese es el punto ciego de la teoría de la dependencia de Fernando Henrique. Años más tarde, en la práctica, también quedó claro que crecer con ahorro externo no funciona.