El Estado de bienestar tecnopatrimonial

El éxito del Partido Popular Indio [BJP o Bharatiya Janata Paartee] en la última década de la política india ha sido atribuido a sus políticas de bienestar. El aumento de las transferencias directas de beneficios [DBT o direct benefit transfers], mediante las cuales los beneficiarios pueden recibir directamente a sus cuentas bancarias transferencias de más de 500 programas gubernamentales de bienestar, ha sido crucial en este sentido. La más reciente elección parlamentaria ha puesto a prueba esa teoría: el BJP del primer ministro Narendra Modi perdió su mayoría en la Lok Sabha (cámara baja del parlamento), aunque probablemente mantendrá el poder a través de una coalición de gobierno.

En elecciones previas, los populares esquemas de bienestar liderados por gobiernos dirigidos por el BJP llevaron a grandes victorias para el partido. Durante las elecciones a la Asamblea Estatal, en 2022, Uttar Pradesh (UP) el estado indio más poblado—y hogar de una gran población de beneficiarios de transferencias de dinero—votó mayoritariamente por el BJP; este año, sin embargo, los votantes de UP movieron su apoyo a la alianza entre el Partido del Congreso y el Partido Samajwadi. Este cambio en el voto de UP fue una de las razones principales para el fracaso del BJP en asegurar una mayoría absoluta en la Lok Sabha.

Las transferencias de dinero han sido una piedra angular de las políticas del BJP: durante la última década del gobierno de Modi, el monto pagado a través de las DBT aumentó de 60.000 millones de rupias indias (aproximadamente 718,8 millones de dólares) a 2,1 billones de rupias indias (aproximadamente 25.100 millones de dólares), alcanzando más de 1.000 millones de beneficiarios registrados en septiembre de 2023, según datos del Ministerio de Finanzas. La rápida expansión de las DBT fue facilitada por varios avances tecnológicos: entre ellos la mayor disponibilidad de teléfonos móviles y planes de internet asequibles en India, especialmente después del lanzamiento de Reliance Jio en 2016; el incremento en el uso del Aadhaar—el programa de identificación biométrica del gobierno que ofreció la primera identificación de uso general en el país—; y el establecimiento del Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, el programa de inclusión financiera del gobierno anunciado por el Primer Ministro Modi en 2014, responsable de abrir más de 500 millones de nuevas cuentas bancarias para ciudadanos indios en su mayoría no bancarizados.

¿Qué diferencias hay entre este “nuevo bienestarismo” y el enfoque basado en derechos que le precedió durante los gobiernos liderados por el Congreso en la década de 2000? ¿Cómo pretende la narrativa política que sustenta este cambio reimaginar la democracia india? Yamini Aiyar, estudiosa de políticas públicas y expresidenta del Centro para la Investigación de Políticas [Centre for Policy Research], llama a este modelo de política social el “Estado tecnopatrimonial”, un fenómeno apoyado por la creación de una nueva labharthi varg, o clase de beneficiarios, que puede ser movilizada políticamente.

En la siguiente entrevista, Rohan Venkat, editor de India en Transición [India in Transition], habla con Aiyar sobre las nociones socialdemócratas del bienestar, el discurso de las “gratificaciones” [freebies] en la política social india y las implicaciones del Estado tecnopatrimonial para el éxito electoral del BJP a nivel local y nacional. Esta conversación fue publicada por primera vez en abril por el Centro de Estudios Avanzados de la India [CASI o Center for the Advanced Study of India] de la Universidad de Pensilvania como parte de una serie en curso sobre las elecciones de 2024. Ha sido editada aquí para mayor claridad.

Una entrevista con Yamini Aiyar

Rohan Venkat: ¿Qué preguntas han orientado su evaluación del nuevo bienestarismo en la India?

Yamini Aiyar: Las preguntas que hice se han basado en mi propia carrera como investigadora de políticas públicas que, por coincidencia, inició justamente a principios de la década de 2000, cuando India comenzaba a construir su Estado de bienestar. Ese esfuerzo de construcción surgió, en gran medida, cuando una constelación de movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, el poder judicial y los intereses de las élites se articularon para construir lo que desde entonces hemos llamado la arquitectura del bienestar basada en derechos. Esto comenzó con el Derecho a la Información, el Programa Nacional de Garantía de Empleo Rural [NREGA o National Rural Employment Guarantee], el Derecho al Trabajo, el Derecho a la Educación y la Ley de Seguridad Alimentaria Nacional en 2013. Aprendí mucho trabajando de cerca con movimientos sociales y estudiando el desarrollo de estos programas, particularmente revisando el esfuerzo, en gran medida liderado por movimientos sociales, de recurrir a la gramática de los derechos para abrir espacios en los que los ciudadanos puedan participar en reclamaciones directas.

¿Por qué necesitábamos articular en ese entonces el bienestar en este marco de derechos socioeconómicos? En toda Europa Occidental, muchos Estados de bienestar sólidos surgieron a través de políticas sociales progresistas redistributivas sin este marco basado en derechos. India claramente estaba haciendo algo distinto y yo quise entender mejor esa diferencia. Vi lo bueno, lo malo y lo feo de este esfuerzo inicial. También vi cómo surgió la tecnología como una herramienta en la narrativa del bienestar y cómo echó raíces en 2009-10 cuando el proyecto del Aadhaar se integró a la cultura y se convirtió en algo popular y habitual.

A partir de 2014, la configuración política tuvo un cambio. En uno de sus primeros discursos ante el Parlamento, el Primer Ministro Modi se refirió al NREGA, que garantizaba al menos cien días de empleo remunerado a los hogares rurales y lo llamó un monumento a la pobreza. Esto a menudo se entiende en términos políticos partidistas, pero también hubo un cambio bastante sustancial en la forma de enmarcar el bienestar: todo el discurso sobre derechos fue reemplazado por un discurso sobre la responsabilidad como reclamación directa de los ciudadanos. La tecnología hizo posibles las transferencias de efectivo. Fui observadora y ocasionalmente participante en el vigoroso debate que tuvo lugar entre 2010 y 2014, en especial en el período previo a la legislación de la Ley de Seguridad Alimentaria Nacional, sobre esta cuestión de las transferencias de efectivo. El debate giró en torno a dos cuestiones críticas: la eficiencia en la entrega, ya que las transferencias de efectivo podrían potencialmente esquivar niveles importantes de incompetencia y de corrupción del Estado, y el papel de los mercados a la hora de dar acceso a los servicios básicos.

El enfoque basado en derechos asumió una posición normativa sobre la centralidad del sector público en la prestación de servicios básicos. También veía los derechos como un medio para aumentar la capacidad ciudadana para presentar reclamaciones al Estado y exigir responsabilidad. Por otro lado, en el debate sobre las transferencias de efectivo se vio que la eficiencia de la entrega directa y el papel de los mercados eran la clave para poder exigir responsabilidad. Las dos visiones tenían imaginarios muy distintos en cuanto a los términos que estructuran el contrato social. Esto fue antes de que el Ingreso Básico Universal [UBI o Universal Basic Income] se convirtiera en una palabra de moda en la política. Para 2016-17, el JAM [Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana, Aadhaar, Mobile] y el UBI fueron asumiendo el discurso de bienestar, transformando con ello los contornos del debate.

Para 2017-18, impulsadas por la rápida expansión del Aadhaar, las transferencias de efectivo eran una realidad y el término “DBT” pasó a ser parte del vocabulario del Estado de bienestar de la India. Intentando entender cómo se iban desenvolviendo estos asuntos, vi la necesidad de enfrentar un problema antiguo en la esfera pública india: el de replantear los términos en los que se desarrollaba el debate público sobre el bienestar. Con frecuencia, nuestro discurso sobre el bienestar se ha reducido muy rápidamente a la cuestión del populismo, lo que en los viejos tiempos solíamos discutir en términos de populismo, política social populista y gratificaciones. Ahora el término que se utiliza es revdi o dulces¹.

Rv: ¿Qué es el “Estado de bienestar tecnopatrimonial”?

YA: Mi argumento es que hemos abandonado la idea de bienestar como núcleo del contrato social; ya no la entendemos como algo que evoluciona dentro de un marco normativo de derechos. Cautivados por lo que la tecnología puede ofrecer en términos de transferencias directas de beneficios, el bienestar se está reformulando como un regalo ofrecido por quien lidera un partido y no como un derecho fundamental que debería enmarcar los términos del contrato social entre los ciudadanos y el Estado.

En este nuevo marco, los ciudadanos son receptores pasivos de la benevolencia gubernamental, ofrecida con el patrocinio directo del líder del partido político. El bienestar, en estos términos, se convierte en asunto del patrocinio y el carisma del líder, y deja de verse como una obligación moral del Estado y como una articulación de la ciudadanía dentro de un marco de derechos.

Rv: Usted relaciona esto con la idea del Estado compensatorio que ha planteado el economista Rathin Roy.

YA: En un discurso de 2022, Modi afirmó que los jóvenes de la India deberían ser conscientes de esta nueva “política revdi”. Esto hizo que volvieran los viejos debates sobre gratificaciones versus subsidios basados en méritos, sobre la apuesta al crecimiento versus al bienestar; debates que los economistas y profesionales del desarrollo han abordado durante muchas décadas. De hecho, cuando se debatía el NREGA, algunos argumentaron que era equivalente a arrojar dinero desde un helicóptero en manos de la élite rural, una gratificación, y no una política sensata de inclusión social y bienestar por parte del gobierno.

Ha habido una lluvia de escritos sobre lo que es y lo que no es una revdi y sobre cuál debería ser la naturaleza de la política social gubernamental. Al comenzar a involucrarme en este debate y tratar de entender los contornos de lo que estaba ocurriendo, comencé a reconocer que, de hecho, tanto el debate sobre el bienestar como la respuesta política que se le asocia pueden rastrearse a dos desilusiones muy distintas pero interconectadas; ambas tienen que ver con el contexto social, económico e institucional en India.

La primera desilusión tiene que ver con la naturaleza de la economía india. Desde 1991, el crecimiento y las dinámicas asociadas a la transformación estructural de la India nos han conducido a un crecimiento sin empleo. En 2004, en medio de la campaña India Brillando [India Shining] y la victoria electoral de lo que eventualmente se convirtió en la coalición—liderada por el Congreso—de la Alianza Progresista Unida [UPA o United Progressive Alliance], esta cuestión del crecimiento sin empleo estuvo en el centro de los discursos políticos. El partido del Congreso se fue a elecciones hablando de “crecimiento inclusivo”, una frase que resultó políticamente potente dado que la economía estaba creciendo, pero sin generar suficientes empleos para el dividendo demográfico al que estábamos a punto de llegar. Esa fue la razón por la cual el NREGA, o el Derecho al Trabajo, se volvió tan esencial y políticamente potente. Esto no solamente ha continuado, sino que se ha exacerbado a medida que avanza nuestra historia de crecimiento.

Amit Basole ha publicado un documento realmente importante en el que examina este asunto. El texto argumenta que, en la trayectoria de nuestra transformación estructural, el período en que las personas fueron sacadas de la agricultura y llevadas a la economía no agrícola fue un momento en gran medida moldeado por un desplazamiento hacia el sector de la construcción informal, con trabajos sin garantías y precarios, y no hacia la manufactura a pequeña escala, como fue el caso a nivel mundial.

Dada la naturaleza inusual de nuestra transformación estructural, siempre hemos estado acosados por la cuestión de la creación de empleo para los jóvenes². La verdad es que, en realidad, el Estado indio y su política económica simplemente han fallado en abordar el alto desempleo juvenil; los políticos no son ajenos a esto, incluso si no siempre lo quieran admitir públicamente.

Como Rathin Roy ha argumentado de manera tan evocadora, el bienestar ha surgido como una forma de “compensación” ante estos fracasos; este es el Estado compensatorio. Al analizar los contornos de dicho Estado, encontré varias características distintivas sobre el peculiar camino de India hacia el bienestarismo. El Estado de bienestar indio no se ha desarrollado siguiendo el modelo socialdemócrata tradicional que incluye un acuerdo negociado entre trabajo y capital. Tampoco se ha desarrollado a lo largo de las líneas del régimen de bienestar conservador estadounidense, que buscaba ofrecer escasos beneficios sujetos a la verificación de recursos disponibles, pero estaba realmente comprometido con la idea de cero desempleo. Curiosamente, este modelo tampoco se parece a los regímenes de bienestar productivistas de Asia Oriental, que invirtieron considerablemente en la salud y educación, elementos centrales del capital humano, con el objetivo explícito de movilizar la capacidad productiva de la fuerza laboral para participar en el crecimiento económico.

Nuestro Estado de bienestar está evolucionando según una lógica que está diseñada casi como un trato fáustico; esto por no construir una economía que pueda anular el desempleo por completo. Su enfoque central es usar la política fiscal como un medio para transferir las finanzas públicas a los ciudadanos como compensación mediante transferencias en efectivo y en especie. No se trata de ofrecer protección al trabajo, ni de fortalecer el poder de negociación de los trabajadores, ni de mejorar la capacidad productiva.

Tan solo piense en algunos de los programas de transferencias de efectivo más recientes que han lanzado diferentes partidos políticos, incluido el BJP y el Congreso: transferencias de efectivo por desempleo juvenil, transferencias de efectivo para tipos particulares de habilidades, el PM Kisan (una transferencia de efectivo para nuestros agricultores), entre otros. Este es el tipo de compensación que el Estado tiene que ofrecer porque, en un país tan desigual como India, en un país donde los pobres son los votantes primarios, por más amigable que sea un partido político con el capital, no puede ir a las elecciones sin involucrarse con la realidad en la que vive la gran mayoría de los indios y sin ofrecerles algo. Esa es la belleza de la democracia, con todos los desafíos que conlleva.

La segunda desilusión tiene mucho que ver con el Estado indio, y ahí entra el asunto de la tecnología. Todos sabemos que el Estado en India es incompetente, corrupto y apático; estas fallas han circunscrito el discurso de la élite sobre el bienestar. Hace varios años, coescribí un documento con Lant Pritchett titulado “Impuestos: ¿el precio de la civilización o el tributo al Leviatán?” [Taxes: The Price of Civilization or Tribute to the Leviathan?]. En el marco de un Estado incompetente, los acuerdos que la sociedad establece con respecto a sus impuestos—la disposición a pagar obligatoriamente al Estado con la expectativa de que el Estado proporcione un conjunto de servicios públicos que mejorarían la capacidad productiva—simplemente no se sostiene. Esto se puede afirmar legítimamente con respecto al contribuyente. No obstante, debemos reconocer las consecuencias de esta realidad, ya que ha circunscrito la naturaleza del discurso público sobre los impuestos, desvinculando la tributación progresiva y la redistribución; debemos tener en cuenta que, históricamente, la tributación progresiva ha jugado un papel enorme en la construcción de una sociedad más equitativa, de un Estado de bienestar más equitativo y funcional.

El debate sobre las transferencias de efectivo en India está arraigado en la idea de que nuestros sistemas públicos simplemente no funcionan. Partiendo de ese presupuesto, cualquier inversión excesiva en los sistemas públicos equivale a pagar tributo al Leviatán, y no a pagar el precio que la civilización requiere. Lo que la tecnología ahora permite hacer es eludir este Estado incompetente y extractivo y entregar lo mínimo necesario al ciudadano. Así las cosas, se sobrevaloran las posibilidades del mercado porque el Estado simplemente ha fallado.

En cierto sentido, es aquí donde la legitimidad del proyecto de la infraestructura pública digital de India, del proyecto Aadhaar, encuentra sus raíces. No estamos cuestionando los límites de la tecnología, pues todos nos hemos movilizado en torno a la posibilidad de que la tecnología nos permita eludir este Estado fallido. Basándose en la legitimidad de la tecnología, se construye un sistema de bienestar que no invierte en el sistema público. Una de las consecuencias de esto, argumentaría yo, es que estamos valorando las posibilidades de eficiencia por encima de las realidades intrincadas de la democracia, que exigen negociar, acordar y responder ante la competencia de reclamos. Para que todo ello se dé consistentemente, se necesita tener sistemas públicos fuertes y robustos a la base.

Rv: Usted destaca una contradicción en este nuevo modelo: por un lado, se está alejando de los derechos y prerrogativas para basarse más en el deber, pero al mismo tiempo se vende como más aspiracional y “progresista.” ¿Cómo es que esta narrativa—donde la gente pasa por alto muchos sectores del Estado y recibe dinero en efectivo, en lugar de bienes públicos o de mérito—aparece como aspiracional, y no como una subvención por parte del gobierno?

YA: El asunto está muy enmarcado en términos aspiracionales y utiliza un vocabulario progresista. La propuesta de la India Desarrollada o Aspiracional [Viksit Bharat] le apunta a facilitar la vida y posiciona de manera muy interesante el modelo actual de bienestar basado en transferencias en efectivo como una forma de empoderamiento, en contraste con el bienestar del pasado, al cual entiende como el bienestar de las prerrogativas. En varios de sus discursos, el primer ministro ha hablado sobre el empoderamiento como un proceso en el que se lucha contra la pobreza con las propias fuerzas; donde uno mismo, como ciudadano, tiene el deber de usar las oportunidades que se le ofrecen con cierto grado de responsabilidad.

En su discurso del 75° Día de la Independencia, por ejemplo, el primer ministro habló sobre cómo el gobierno ha hecho esfuerzos de proporcionar electricidad las veinticuatro horas, y sobre cómo es deber del ciudadano de usarla responsablemente. De manera similar, el ministro del interior ha ofrecido una definición distinta de empoderamiento, diciendo cosas como “hemos proporcionado conexiones de gas, hemos proporcionado baños, etc. . .”, a la luz de lo cual ahora es responsabilidad de los ciudadanos utilizar estas oportunidades para mejorar su calidad de vida. Esto es lo que se define ahora como empoderamiento; sin embargo, este marco no dice nada sobre la obligación del Estado de proporcionar estos servicios públicos básicos a los ciudadanos con derechos. Los ciudadanos están siendo reinterpretados como seres responsables y cumplidores del deber, y no como seres activos con el derecho de exigir bienestar.

Esta forma de comprender el empoderamiento difiere sustancialmente del modelo de bienestar basado en derechos, que utilizaba la gramática de los derechos para empoderar a los ciudadanos a la hora de presentar demandas al Estado. Esto es muy importante en el contexto indio. Desde nuestra época fundacional, la articulación de nuestros derechos políticos ha sido mucho más plena que la articulación de nuestros derechos socioeconómicos, que fueron puestos dentro de los principios directivos. El bienestar se enmarcó como una forma de caridad ofrecida por el patrocinio de lo que el gobierno puede hacer, y no como un derecho fundamental que el Estado está obligado a ofrecer a sus ciudadanos. Después de todo, el Estado indio no fue llamado el “mai baap sarkar” (el Estado paternal) por nada.

¿Por qué es tan importante revisar la manera como se enmarca un derecho al trabajo o un derecho a la alimentación? El asunto tiene todo que ver con la naturaleza particular de las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, en las que este último enmarca su relación con los primeros de una manera particularista y clientelista en lugar de asumirla como una relación basada en principios normativos de derechos.

El movimiento por los derechos intentaba subvertir eso. Quizá su inhabilidad para lograrlo de manera efectiva haya tenido mucho que ver con la incompetencia del Estado indio. Las seductoras oportunidades de la tecnología nos alejaron rápidamente de esa aspiración de un bienestar basado en derechos. Se oye mucho acerca de los deberes del ciudadano como consecuencia de los esfuerzos que hace el gobierno por mejorar su calidad de vida, pero no hay un discurso que reconozca que todos los ciudadanos tienen ciertos derechos básicos, y que es obligación del Estado proporcionarles un estándar mínimo de servicios públicos. Esa es la diferencia.

Rv: Usted comenta que, aunque este nuevo modelo está fuertemente identificado con el BJP y con Modi, no se limita a ellos. Vemos ecos de ello en el pasado, pero también en otros partidos que hoy en día le apuntan al bienestarismo; a manera de ejemplo, usted menciona en su artículo a Jayalalithaa, ex primera ministra de Tamil Nadu. Quisiera tener una idea más clara sobre cómo es este un fenómeno indio, y no solamente del BJP.

YA: Es claro que la llamada política de gratificaciones en Tamil Nadu estaba enmarcada en una gramática más amplia de derechos y dignidad. También la entrega de saris y televisores, que representó el epítome de la política en Tamil Nadu, estaba inserta en esta gramática de derechos, dignidad y justicia: de hecho, tanto la Federación Progresiva Dravídica [Dravida Munnetra Kazhagam] como la Federación Progresiva Dravídica All India Anna [All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam] se dedicaron a este bienestar competitivo durante muchas décadas. Sin embargo, lo que descubro como marca distintiva en este tiempo actual de tecnopatrimonialismo basado en transferencias en efectivo es que, en realidad, está despojado de cualquier lenguaje de derechos y dignidad. Se limita al conjunto de dádivas que el Estado puede ofrecer a los beneficiarios.

En segundo lugar, este tiempo tecnopatrimonial tiene la capacidad distintiva de desplegar tecnologías que no eran tan efectivas o eficientes en el pasado. La manera como se realizan transferencias en efectivo permite evadir a todos los intermediarios del Estado, tanto los políticos como los burocráticos. Su relevancia política es realmente significativa, pues permite establecer una conexión directa entre los líderes y los beneficiarios.

Ciertamente, en el pasado hemos tenido líderes populares de partidos regionales—Jayalalithaa es claro ejemplo de esto, así como Indira Gandhi—que ya tenían esta conexión directa entre el liderazgo y el votante. No obstante, la capacidad de eludir a los intermediarios es nueva; así las cosas, dar crédito y atribución política se vuelve un proceso mucho más directo. Louise Tillin, Neelanjan Sircar y yo hemos hecho este argumento basándonos en los datos de Lokniti. Se puede ver claramente cómo es que esta atribución directa ha venido cambiando desde los días de la UPA, cuando los gobiernos estatales y los ministros principales del Estado podían recibir mucha más atribución y crédito. Por contraste, en el contexto actual, gran parte de la atribución directa va al liderazgo del partido, eliminando a los intermediarios y al gobierno estatal; el BJP es buen ejemplo de ello.

La tercera cosa que es única y distintiva en este tiempo es el tipo de movilización política en torno a la categoría de beneficiario, el “labharthi.” La “labharthi varg” (la clase de beneficiarios) ha surgido en el lenguaje político como una categoría de movilización política. Los líderes políticos pueden pasar por alto a los intermediarios para forjar una relación directa y emotiva con el votante individual de una manera que efectivamente socava las demandas de interés colectivo, así como las que dependen de la movilización basada en casta o religión. En su lugar, crea una base social muy neutral de beneficiarios alrededor de la cual puede darse la movilización.

Es una herramienta políticamente útil; por ejemplo, le permite al BJP rechazar las críticas de discriminación contra minorías religiosas y contra musulmanes al apuntarle a la distribución de beneficios. Es una herramienta ingeniosa y efectiva para socavar las estrategias tradicionales de movilización electoral en torno a demandas de interés colectivo sobre los recursos del Estado. Creo que esto es lo que la hace una herramienta tan poderosa. Así mismo, profundizar la relación directa forjada entre el liderazgo del partido y el votante individual permite que esa lealtad se convierta en lo que Neelanjan Sircar llama la “política vishwas” (política de confianza), y se tenga una base sobre la cual se movilizan los votantes y los partidos políticos fortalecen su control.

Rv: ¿Cómo ha respondido la gente a la idea del “Estado de bienestar tecnopatrimonial”?

YA: Esto es un trabajo todavía en progreso, por supuesto, y estoy tratando de lidiar no solamente con el momento político contemporáneo, sino también con lo que la evolución del Estado de bienestar de la India nos dice sobre los términos del contrato social, así como sobre la naturaleza de nuestra democracia.

En este momento, lo único que tenemos son pretensiones de eficiencia; no tenemos certeza, pues no tenemos buenos datos a la mano. En los viejos tiempos, había muchas evaluaciones que revelaban todo—lo bueno, lo malo y lo feo—con respecto a los esquemas gubernamentales. Hoy tenemos una escasez de evaluaciones, por lo cual en realidad no tenemos una buena idea de lo que está sucediendo.

Algunos podrán decir: “¿No deberíamos estar satisfechos con el hecho de que los beneficios están llegando a la gente?” Ante tal afirmación, yo respondería con algunas preguntas: ¿realmente estamos arriesgando nuestra democracia solamente por maravillarnos ante la capacidad del Estado para entregar algo de dinero en efectivo a las cuentas bancarias de ciertas personas? ¿Eso es todo lo que estamos esperando que haga el Estado?

¿Cuál es nuestro contrato social? ¿Estamos realmente buscando construir una sociedad anclada en valores como la fraternidad, que es fundamental en nuestra constitución? ¿Estamos buscando construir una sociedad que se base fundamentalmente en valores de igualdad, que se construya solidaridad entre comunidades y que se reconozca la importancia de invertir en todos nosotros? ¿O somos acaso una sociedad que se limitará a regocijarse en la gloria de un logro restringido?

Ningún país en el mundo ha podido convertirse en una potencia económica sin una inversión pública seria en los bienes públicos y de mérito que el Estado está obligado a proporcionar a sus ciudadanos, como la educación y la salud. Es casi como si nos hubiésemos rendido, y lo hemos legitimado diciendo: “Al menos esto está funcionando, y es un gran paso hacia la construcción de un Estado con una mayor capacidad”. En verdad quisiera motivarnos a reflexionar un poco más sobre esto.

Cabe aclarar que el objetivo de mi crítica no es afirmar que no deberíamos estar haciendo esto. Mi punto es que realmente deberíamos entender cuáles son las consecuencias más amplias que esto tiene en la economía política, y que deberíamos resistirnos fuertemente a la despolitización de la lucha distributiva en un país tan desigual, con solidaridades tan frágiles, como la India contemporánea.

Rv: ¿Cómo está pensando en este argumento de cara a las elecciones de 2024?

YA: Este es un buen momento para comprender mejor la relación entre este tipo de esquemas de bienestar y el comportamiento y las perspectivas de los votantes. ¿Cómo se ve hoy el Estado a nivel local? Como mencioné anteriormente, uno de los cambios más críticos que han tenido lugar en virtud de este sistema de bienestar basado en transferencias de efectivo orientadas a la tecnología es la gran desintermediación del estado local. ¿Quién o qué es el estado local hoy en día? ¿Cómo interactúan los ciudadanos con el estado local ante este leviatán tecnológico que se está construyendo, y qué le está haciendo esto a los espacios para la deliberación, el diálogo y la acción colectiva a nivel local?

Estos ámbitos siempre fueron bastante débiles en la India. La realidad es que, a pesar de que nuestro sistema de gobierno local supuestamente debía tener una estructura bien arraigada que sirviera como Consejo Popular [Gram Sabhas], como espacio para el diálogo y la deliberación a nivel local, ello nunca se dio realmente, excepto en unos pocos estados—siendo Kerala el ejemplo más visible—. Sin embargo, ahora que esas inversiones se han disminuido y el papel de los gobiernos locales está cambiando, necesitamos entender mejor las dinámicas de estos espacios para determinar los nuevos términos en los cuales se están enmarcando las relaciones de vanguardia entre Estado y sociedad. No tenemos suficiente trabajo empírico sobre eso. Para mí, esa sería la base para poder entender cómo se están construyendo los sistemas de rendición de cuentas y la arquitectura del Estado, y también para comprender cómo estos dos elementos aportan a la naturaleza de nuestra democracia.

Yamini Aiyar es una académica de políticas públicas y expresidenta del Centro para la Investigación de Políticas [Centre for Policy Research] en Nueva Delhi.

Rohan Venkat es el editor consultor para India en Transición [India in Transition] y es Visiting Fellow (primavera 2024) para el Centro de Estudios Avanzados de la India [CASI o Center for the Advance Study of India].

Esta entrevista fue traducida del inglés para PW por Eduardo Gutiérrez.