Votar la justicia

México experimentó el pasado 1 de junio una inédita elección que podría significar un punto de inflexión en su sistema judicial. Derivada de una reciente Reforma Constitucional aprobada en 2024, la ciudadanía fue convocada a elegir en las urnas 881 cargos del Poder Judicial de la Federación. Se trata de la primera elección de este tipo en la historia del país y redefinirá la composición de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como las magistraturas del Tribunal electoral y de circuito, y a los jueces de distrito en todo el país. 

Hasta ahora, Bolivia había sido el único país en el mundo, como parte de su proceso constituyente de 2009, en el que se estableció el derecho a elegir por medio del voto popular a las autoridades de mayor rango en la estructura judicial a escala nacional.  Mientras que en países como Estados Unidos o Suiza se trata de sistemas de elección judicial limitados a la escala local.

Por su parte, en gran parte de los países de América Latina, prevalecen intensos debates sobre la politización de la justicia, la demanda por democratizar las estructuras judiciales y los usos instrumentales de la ley para legitimar procesos de persecución política. Se trata de un fenómeno conocido como lawfare, que ha sido clave para explicar la judicialización de conflictos y la persecución de figuras políticas, líderes/as de movimientos sociales o corrientes ideológicas opositoras a los regímenes en turno. Así lo expresan las más diversas experiencias en países como Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina o Guatemala.

En el caso mexicano, la iniciativa de reforma que habilitó el proceso de sufragio fue promovida por el gobierno federal como una apuesta por la democratización y el combate a la corrupción del sistema judicial. Para ello, formuló una estrategia político jurídica orientada a renovar en su totalidad la estructura del sistema judicial en todos sus niveles, tanto a nivel local como federal. Por su parte, el debate público se ha centrado en las implicaciones de una la latente politización de la justicia, la desprofesionalización de la carrera judicial y sus impactos en la estabilidad político- económica del país y en las agendas de los Derechos Humanos.

En un contexto de relativa polarización político-ideológica y una significativa desinformación entre la ciudadanía, las campañas se caracterizaron por la ausencia de financiamiento público para promover a los/as candidatos, el desacato de los partidos políticos a la prohibición de intervenir en el proceso electoral y posteriores sanciones.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha señalado que un promedio del 13 por ciento de la ciudadanía (casi 13 millones de personas) concurrió a las urnas. Una cifra de participación muy baja, y más que diferencial en relación con el 61 por ciento de la participación alcanzada en las últimas elecciones celebradas en México en 2024. En las cuales se eligieron los cargos del poder ejecutivo y legislativo a nivel nacional.

De cara a la realización de los comicios y tras la publicación de los resultados oficiales el pasado 15 de junio, Pablo Uc conversó para Phenomenal World con José María Soberanes Díez, jurista experimentado por su trayectoria en la Suprema Corte de Justicia y académico experto en materia de reforma constitucional mexicana. Soberanes analiza críticamente el proceso de implementación de la reforma judicial. Así como los antecedentes que hicieron posible esta elección en el marco de la Reforma Constitucional al Poder Judicial de 2024.

En esta entrevista Soberanes reflexiona sobre el proceso jurídico y político que ha atravesado el país para lograr su implementación, así como sobre algunos de los incipientes escenarios que derivan de la elección. Entre ellos, los vicios del proceso y las posibles consecuencias de una ampliación del poder político del partido en el poder (el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena), el cual parece haber formalizado su capacidad de influencia en toda la estructura judicial del país. 

Una entrevista con José María Soberanes

PABLO UC: Nos encontramos ante un acontecimiento inédito en México que ha transformado el procedimiento para ocupar los cargos de toda la estructura del poder judicial del país. ¿Cuál fue el contexto político que dio origen a la iniciativa de Reforma al Poder Judicial –aprobada en septiembre de 2024–, y que derivó, precisamente, en los comicios celebrados el pasado 1 de junio?

josé maría soberanes: Los antecedentes de esta iniciativa vienen de tiempo atrás, principalmente como respuesta a una serie de desencuentros entre el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el Poder Judicial. Especialmente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se trata de dos expresiones político-ideológicas muy distintas. AMLO se caracterizó por una visión de la política poco institucional—llegó a decir al diablo con las instituciones—. Mientras que la SCJN insistió en los lineamientos institucionales, a través de los cuáles bloqueó de forma sistemática muchos de los proyectos considerados como estratégicos del Ejecutivo Federal.

Aunque AMLO promovió la idea de reformar las instituciones del poder judicial como parte de un proyecto político centrado en la lucha contra las estructuras de corrupción, en los primeros años se contuvo porque el inicio de su presidencia coincidió con la llegada de Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia en 2018. Saldívar sostuvo una afinidad política explícita con el presidente mientras ocupó su cargo. Tan clara ha sido esta, que renunció a su cargo como presidente de la SCJN en 2023, para unirse a su movimiento político. Primero, como parte del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum y, posteriormente, como coordinador general de Política y Gobierno en la Presidencia, en donde trabajó estrechamente con el equipo de Sheinbaum, siendo uno de los principales impulsores en el diseño de la reforma judicial que permitió la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros.

En el año 2021 se llevó a cabo una reforma judicial menor. No obstante, en paralelo el Poder Judicial de la Federación empezó a delinear una serie de resoluciones que molestaron mucho al ex-presidente. Este argumentó que estaban “paralizando” sus grandes proyectos y obras de infraestructura—acusadas de atentar contra el medio ambiente—, así como las reformas en materia electoral impulsadas por el mandatario en el año 2023. Las cuales fueron invalidadas por la SCJN porque no habían seguido el procedimiento legislativo correspondiente. 

Este clima de enfrentamientos fue creciendo, lo que coincidió con la conclusión anticipada del ministro Arturo Saldívar al frente de la presidencia de la SCJN y la llegada de la Ministra Norma Piña al cargo (2023), quién se convirtió en la primera mujer en presidir dicho órgano y en un blanco de críticas permanentes por parte del Ejecutivo Federal.

Frente a estas resoluciones contrarias a los intereses del Ejecutivo, el presidente consideró que si su plan A y B para reformar al poder judicial no procedían, entonces vendría un plan C, el cual consistía en cambiar los puestos del poder judicial en su totalidad. Fue así que el presidente envió una iniciativa de reforma constitucional que implicaba cesar todos los cargos del poder judicial para que fueran elegidos a través del voto popular. 

Aunque parecía algo complicado de lograr si se consideran los requisitos legales para una reforma constitucional en México—que demanda el voto de dos terceras partes del poder Legislativo—, sorprendentemente alcanzó un alto porcentaje de la votación (359 votos a favor), por lo que la Reforma Electoral fue aprobada en menos de 48 horas.

Esto fue el resultado de un reacomodo político tras las elecciones federales de 2024, ya que el partido oficialista, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), alcanzó una polémica sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, con lo cual obtuvo una mayoría calificada que le permitió una aprobación en menos de 48 horas. Después fue aprobada en la Cámara de Senadores con un cambio súbito en la decisión de un senador de un partido opositor. Y luego por la mayoría las legislaturas de los estados (entidades federativas) en el que se esperaba una discusión más larga. 

Pero no fue así, se trató de un proceso de aprobación muy rápido. Con lo cual, finalmente, la Reforma al Poder Judicial se publicó el 15 de septiembre del año pasado, día oficialmente inhábil, en el que no se suele publicar el Diario Oficial de la Federación. Eso sí, se publicó con un pequeño matiz, que consiste en una renovación escalonada, por lo que con las elecciones del pasado 2 de junio se renovarán la SCJN y la mitad de los magistrados y jueces. Mientras que la otra mitad lo hará en el año 2027. Este fue el único cambio a la propuesta original. 

PU: ¿Cómo reaccionaron los actores políticos y la estructura judicial que se oponían a una reforma de estas características, y qué sucedió una vez que fue aprobada y comenzó su implementación?

JMS: Por un lado, el Poder Judicial anunció su decisión de irse a una huelga indefinida en el mes de agosto, una vez que se confirmó que la Reforma Judicial avanzaría en los nuevos términos. Lo que implicaba la sustitución de todos los cargos de la estructura judicial. Los magistrados y jueces intentaron parar la administración de justicia en México. Existieron presiones por parte del Ejecutivo en relación con la suspensión de su pago. Los únicos que no pararon fueron los ministros de la SCJN y en el marco de ese espacio se presentó una impugnación.  

Después de la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial en México por parte de la Cámara de Diputados y Senadores–y posteriormente por los congresos locales–, se generó un intenso debate sobre la posibilidad de impugnar la reforma. Aunque regularmente no se contempla la intervención del Poder Judicial en asuntos relacionados con reformas constitucionales, se plantearon dos posibles recursos de impugnación: a través de la presentación de controversias constitucionales y amparo, o por medio de una acción de inconstitucionalidad.  

Los partidos políticos de oposición presentaron una acción de inconstitucionalidad a la reforma ante la SCJN; pero había un problema, se trataba de una reforma a la constitución, no de una ley. Nunca se había resuelto, ni se había planteado si la constitución podía ser inconstitucional. La SCJN lo atendió con mucha celeridad a principios de noviembre del año pasado y empezó la discusión del asunto bajo la advertencia, por parte del oficialismo, de que no se atendería la resolución de la SCJN. 

De tal forma, la impugnación fue sometida a votación: siete ministros de la Corte consideraron procedente la acción de inconstitucionalidad, mientras que cuatro se pronunciaron en contra. Como se requería un mínimo de ocho votos para que prosperara, el proceso concluyó en ese punto y la Reforma prosiguió sin ser modificada. Poco a poco, los juzgados comenzaron a reabrirse.

Una vez superada esta posibilidad de declarar su inconstitucionalidad, la reforma empezó a operar y comenzó también un proceso de sustitución de los funcionarios del Poder Judicial. Para ello el Senado realizó un proceso de insaculación (sorteo a través de una tómbola) con el que se determinaron cuáles cargos serían renovados mediante elección popular en los comicios del 1 de junio, y cuales permanecerán hasta el año 2027. 

Fue una cuestión muy penosa, derivada de la suerte, y muchos de los juzgadores ante la situación decidieron renunciar argumentando que su lugar lo habían conseguido por su trayectoria profesional en lugar de hacer campaña. Por lo que cerca de la mitad de los jueces y magistrados (1,683 juzgadores activos en el país) renunciaron a sus cargos, algunos en lo inmediato y otros decidieron aguardar hasta finales de agosto y no participar en el proceso de elección ni realizar campañas para ganar un cargo. Mientras que ocho de los once ministros de la SCJN también renunciaron.

PU: Una vez aprobada la Reforma, ¿cuáles fueron los siguientes procedimientos jurídicos y políticos que allanaron el escenario de la elección y a qué se enfrentó la ciudadanía convocada a las urnas el 1 de junio, considerando que en la cultura política electoral no se tenían precedentes de este tipo de elección?

JMS: Una vez que la Reforma fue aprobada y publicada, se procedió a la selección de las candidaturas, las cuales fueron definidas entre octubre de 2024 y el 11 de febrero de 2025. La postulación y selección de las candidaturas quedó en manos de los tres poderes de la Unión (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) que conformaron comités para este registro y sometieron las propuestas a un proceso de evaluación para elegir a quienes cumplían con la idoneidad. Salvo en el caso del comité del Poder Judicial, en todos los casos se debió de haber logrado una selección considerando los requisitos mínimos y su perfil profesional. Con base en esto se integraron las listas y fueron enviadas al Senado en febrero de 2025.

Una vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió las listas, elaboraron unas boletas que son muy distintas a lo que la ciudadanía está acostumbrada cuando vota por los cargos de la Presidencia de la República, por legisladores federales o locales, o por presidencias municipales. En las elecciones mexicanas, las boletas suelen mostrar los logotipos de los partidos políticos, y los votantes marcan con una cruz el partido de su preferencia. En el caso de las boletas para la elección del 1 de junio, no aparecieron partidos sino los nombres de todas las personas candidatas a jueces, magistrados y ministros.

Cada ciudadano recibió seis boletas con color y tamaño diferenciado según la instancia del Poder Judicial sobre la que se eligieron cargos. Las boletas contaban en la parte superior con los espacios o recuadros para colocar el número del candidato/a elegido; y debajo la lista completa de los nombres de los candidatos/as encabezados por un número, mujeres a la izquierda y hombres a la derecha. Para elegir los Ministros de la SCJN, por ejemplo, se eligieron cinco mujeres y cuatro hombres como principio de equidad de género. No se trataba de marcar con una cruz la elección de cada cargo, sino de colocar los números correspondientes. Por lo que el votante tenía que anotar nueve números de una lista con 61 nombres, para el caso de la SCJN. Nada sencillo el procedimiento para votar. 

Tampoco se instalaron casillas tradicionales, sino centros de votación, dado el limitado presupuesto otorgado al INE tras un histórico recorte. Y la contabilización de los votos no fue realizada por ciudadanos sino por funcionarios del propio Instituto, ya que no se trata de sumar votos por partido, sino de analizar cada boleta. Si el número de algún candidato se repetía, esta boleta debería de haber sido anulada. Contar todos esos votos prometía ser una tarea compleja. 

Sumado a ello, la expectativa de concurrencia a las urnas era muy baja, un gran desinterés por participar y poco o nulo conocimiento sobre el perfil de las personas que se postularon. No ha sido un clamor popular la elección de jueces, por lo que no hay altas expectativas de participación.

PU: ¿Qué herramientas ofreció el INE a la ciudadanía para enterarse del proceso electoral y los candidatos, y cuál es tu lectura sobre el desenvolvimiento de las campañas que se realizaron en un corto periodo –entre el 30 de marzo y el 28 de mayo- por parte de las personas que se presentaron como candidatas?

JMS: El Instituto Nacional Electoral lo que hizo en este sentido, fue montar una plataforma y colocar los currículum vitae enviados por cada candidato/a, para que fuera la ciudadanía la que se acercara a conocer, analizar y seleccionar su mejor opción. Pero para un ciudadano común, esto le implica un tiempo desmesurado ya que se trata de cientos de currículum, lo que significa un proceso muy difícil para un ciudadano común. 

En relación con el financiamiento, cada candidato ha destinado los fondos necesarios para su estrategia de campaña, es decir, no se permitió un financiamiento público para estos. Aunque el INE sí estableció un tope único de gastos personales de campaña por lo que hubo una fiscalización que intentó limitar o regular ese gasto, y a la vez significó una asimetría muy amplia entre una candidatura y otra. En todo caso, las estrategias públicas que pudimos ver se expresaron en la creación de videos, el uso de plataformas como Tik Tok… aunque con un alcance mínimo en el que más que exponer su filosofía judicial o proyecto jurídico, se limitan a ser simpáticos o contar chistes. Por lo cual, se ha tenido un espacio muy limitado en las campañas para los fines reales de un juez cuya función no es la simpatía con la ciudadanía, sino su capacidad para ejercer con profesionalismo el cargo. 

PU: ¿Cuáles consideras que han sido los principales riesgos de esta elección ante el preponderante papel del partido hegemónico en el gobierno–Morena–y la incidencia de grupos de interés, como el crimen organizado?

JMS: Los partidos políticos son la única instancia con una estructura electoral capaz de movilizar a grandes cantidades de votantes durante una jornada electoral. Incluso antes de la elección se mencionó y documentó en varios medios  y redes sociales que se habían distribuidos listas (conocidas como “acordeones”) que diseñaron los partidos políticos para que los electores las copiaran el día de la elección. Aunque no tengo certeza al respecto, lo considero verosímil, ya que así funciona la maquinaria partidista electoral, y no creo que estos comicios sean la excepción. 

En relación con el crimen organizado, aunque no me consta nada, me parece lógico que sí hayan estado más interesados en incidir en esta elección, que la ciudadanía común. De hecho es un sector muy interesado, ya que para quien incurre en actividades ilícitas muy probablemente se vea enfrentado a las instancias judiciales, de las que depende que se resuelva su inocencia o presunta responsabilidad. Por lo que la posible financiación o apoyo del crimen organizado o grupos de interés privado a ciertos candidatos podría generar condicionamientos y amedrentar la imparcialidad de los jueces. Los cuales, a diferencia de quien ha llegado por sus propios méritos, en los casos en que haya recibido apoyo financiero, podría condicionar su desempeño e integridad ética. Por ello creo que sí se va a debilitar la independencia judicial.

PU: Una vez instituido el nuevo poder judicial tras esta elección, ¿qué rol tendrá un órgano como el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial que sustituyen al Consejo de la Judicatura Federal?

JMS: Hasta ahora, teníamos un órgano que se llamaba el Consejo de la Judicatura Federal, el cual se encargaba de dos cosas: la administración en un sentido básico de gestión y operación, y de la disciplina del poder judicial. Ahora tendremos dos instancias separadas para cada función. La vigilancia sobre los juzgadores es importante para poder observar actos de corrupción y con el Tribunal de Disciplina cualquier persona o autoridad podrá denunciar a funcionarios del Poder Judicial. 

Pero aquí el riesgo es que este Tribunal pueda estar condicionando o sancionando a jueces o magistrados por decidir o votar en contra de proyectos o intereses políticos del Poder Ejecutivo. El Tribunal de Disciplina Judicial podría sancionar a quienes dicten alguna sentencia que incomode al gobierno en turno, o en contra de las iniciativas del partido Morena. 

Entonces las sanciones, que pueden ir desde una suspensión hasta el despido, pueden condicionar la imparcialidad de jueces y magistrados, y puede remontar a toda la estructura judicial. Incluso hasta la más alta jerarquía, ya que puede sancionar a los integrantes de la SCJN. El Tribunal estará compuesto por cinco integrantes que también fueron elegidos en las urnas el pasado 1 de junio. Es una de las instancias menos discutidas, dada la importancia de la SCJN, pero ahora es algo que vamos a cuestionar: si el Alto Tribunal de la República es la Suprema Corte o si va a ser el Tribunal de Disciplina Judicial.

PU: Una de las dimensiones más críticas en el escenario político contemporáneo en México y muchos países de nuestra región, son las agendas migratoria, de seguridad, comercio y, por supuesto, la que corresponde a los Derechos Humanos. ¿Cuáles consideras que podrían ser los posibles impactos de la reestructuración del poder judicial en estas materias?

JMS: Considero muy preocupante lo que puede significar para los Derechos Humanos en el país, ya que la principal garantía con la que cuenta una víctima es el amparo, que recae en el Poder Judicial, responsable de proteger tales derechos. Si los encargados de esta garantía se ven mermados ante los escenarios de pérdida de imparcialidad y la politización de sus agendas para la impartición de justicia, como antes hemos señalado, existe un riesgo muy importante para garantizar el respeto a los Derechos Humanos.

Por ejemplo, en un estudio realizado sobre la experiencia en Bolivia, que también posee un sistema de elección popular de su estructura judicial, se analizaron las sentencias, antes y después del cambio de régimen judicial. Se descubrieron dos tendencias generales: primero, las sentencias se habían vuelto más punitivas, es decir, el número de condenas había aumentado; y segundo, las sentencias eran más estatalistas, orientadas a darle la razón al Estado en un conflicto contra particulares. Esa referencia en Bolivia podría replicarse en México. 

Será muy difícil que para una violación de Derechos Humanos se pueda conceder un amparo. Por ello, este es el tema que considero más importante en el debate sobre la Reforma al Poder Judicial, la pérdida de capacidad de la ciudadanía común para defenderse de arbitrariedades por parte de la autoridad pública. Más allá de una perspectiva conservadora, la defensa particular a alguna autoridad judicial o de una oposición a transformaciones que mejoren el sistema judicial contra la corrupción, este es el tema que he denunciado y que más me preocupa.

PU: A mediados del mes de junio se anunciaron los resultados oficiales de la elección por parte del INE. ¿Cuál es tu balance inicial al respecto y los principales retos que consideras que enfrentará la nueva estructura judicial que tomará el cargo en septiembre de 2025?

JMS: Primero me referiré a la complejidad del proceso y lo que significó ir a votar a través de una cifra: hubo más votos nulos (10.8% del total de sufragios emitidos) que los alcanzados por el candidato que alcanzó más votos en la elección (4.9%): Hugo Aguilar Ortiz—quien va a ser el próximo presidente de la SCJN—, y la segunda candidata más votada (4.7% del total de los sufragios), Lenia Batres Guadarrama. Es decir, 10 millones de boletas fueron anuladas, lo que supera ampliamente el récord anterior de 5.4% alcanzado en las elecciones federales del país en 2009. 

Por su parte, la concurrencia general de la ciudadanía fue bajísima (entre 12.57% y 13.32% del total de la lista nominal de electores), totalmente desproporcionada no sólo en relación con la elección presidencial—porque siempre hay más votación en esta—, sino que también está muy lejos de la elección intermedia. Más del 85% de las personas decidió no ir a votar.

Eso refleja, claro, una parte de la elección. Lo que sería interesante conocer son las razones por las que esto ocurrió. Existen diversas interpretaciones en los medios de comunicación, cada una lo hace a su manera. Pero las razones de fondo son las que interesan y resulta importante realizar este análisis, aquí es donde viene el debate.

En relación con las controversias sobre el perfil de los candidatos, cabe recordar que esa no fue una responsabilidad del INE, sino de los comités de los tres poderes de la Unión. Creo que esto es algo que debería cambiarse. En algunos estados del país la están haciendo, en lugar de tres instancias de evaluación, una sola, que dependa del Instituto Electoral del Estado, para lograr una evaluación seria y rigurosa.

Por su parte, las impugnaciones a los cargos ya elegidos manifiestan diversas inconsistencias, incluso existe un caso en el que el candidato elegido como juez de distrito (en el estado de Veracruz), está en prisión preventiva. El INE no podía hacer mucho, porque llegaron las listas integradas para elaborar las boletas. Pero hay perfiles que no deberían estar allí, definitivamente, tanto por la falta de preparación y de experiencia, hasta por el hecho de que un juez elegido que está en la cárcel no debería de haber logrado su registro. 

El otro gran tema en las inconsistencias se refiere al uso de acordeones, las listas otorgadas por los partidos políticos para que los ciudadanos votaran por su grupo de candidatos/as. Esto merma la democracia, si existe una estructura partidaria que dice por quién se debe votar, entonces no existe un voto libre y secreto, no hay una condición mínima, indispensable, para que pueda existir.

Cuando los acordeones que dio el partido en el poder, Morena, coinciden absolutamente con los resultados, lo que se expresa es una “formalización” de una selección previa. Pareciera que los resultados ya se sabían de antemano, con candidatos asociados al partido político que gobierna y que fue el que impulsó y aprobó la reforma. Entonces, esto no fue una elección ciudadana, fue una elección partidista, y eso es preocupante.

Ante esto, el escenario judicial inmediato, hasta ahora, lo percibo frívolo, en el sentido de que no se han planteado agendas de transformación de fondo, más allá de las formas, como el hecho de deshabilitar el uso obligatorio de togas por parte de los magistrados de la SCJN, por trajes tradicionales indígenas, como expresión de inclusión pluricultural. Algo importante que los nuevos miembros de la SCJN sí tienen que definir apenas comiencen a sesionar, es el valor que tendrán todos los precedentes jurídicos, lo que ha dicho la SCJN en los últimos cien años. O si se recurrirá a una jurisprudencia que omita los precedentes y se inicie de cero por considerar que se tratan de criterios de una clase social favorecida que deben de desecharse.

Esto significa iniciar de la nada, lo que podría dejar sin un norte jurídico al país. Por ello, las primeras sentencias definirán el valor que los magistrados/as otorguen a ese precedente jurisdiccional y en parte, el proceder futuro de esta importante instancia del Poder Judicial.