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  1. La inflación como lucha distributiva

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    El 24 de enero de 2024, la Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina convocó a una huelga general de doce horas, la primera en casi cinco años, apenas cuarenta y cinco días después del inicio del mandato del presidente Javier Milei. Esta acción fue una respuesta directa a las primeras medidas propuestas por la nueva administración y representó parte de la lucha por mantener los logros laborales frente a reformas que amenazan con desmantelar los pilares de los derechos de los trabajadores. Una semana después de la huelga, uno de los principales líderes sindicales, Pablo Moyano, advirtió sobre futuras acciones intensificadas en respuesta al debate en torno a la “Ley Ómnibus” en el Congreso.1 La CGT está “más unida que nunca” después de la huelga, afirmó, señalando un sindicalismo fortalecido y altamente alerta.

    Desde la victoria de Néstor Carlos Kirchner en 2003, Argentina ha experimentado una creciente polarización política. Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, gobernaron desde 2003 hasta 2015 con un claro sesgo hacia los trabajadores. En 2015, la coalición gobernante liderada por los Kirchner fue derrotada por Mauricio Macri, un empresario que impuso una agenda “gradualista” pro-capital. En 2019, Macri fue derrotado por la coalición liderada por Alberto Fernández como presidente y Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidente, volviendo a un gobierno con una orientación más pro-trabajo. Milei es parte de este ciclo de alternancias volátiles. Su gobierno se presenta como un “shock” pro-capital.

    En los primeros días de su mandato, Milei nombró a exfuncionarios del gobierno de Macri como ministros y/o asesores: Caputo (ex-ejecutivo de JP Morgan y ex-ministro de Finanzas), Sturzenegger (ex – Presidente del Banco Central), Bullrich (ex – ministra de Seguridad).2 Y apenas unos días después de asumir la presidencia, el Tribunal Oral de Corrientes (una de las provincias argentinas donde el partido de Milei ganó) concedió la libertad condicional al represor Horacio Losito, que tenía tres cadenas perpetuas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Después de su inauguración el 10 de diciembre, Milei enfatizó la necesidad de reducir el déficit fiscal en un 5 por ciento del PIB, cuya carga recaería en el “Estado y no en el sector privado.” Esto implica que el ajuste seguiría a partir de una reducción del gasto en lugar de un aumento de impuestos, con los mayores efectos en los empleados públicos.

    El diagnóstico de Milei es que la inflación es impulsada por el déficit fiscal financiado a través de la emisión de moneda. Esta es una visión de consenso en el ámbito mainstream argentino, y respaldada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para Milei, la inflación es un fenómeno monetario y la única solución es un ajuste de shock. Pero este diagnóstico es profundamente defectuoso: la utilización de la capacidad instalada en la industria apenas alcanza el 65 por ciento y no hay tal cosa como “exceso de demanda” en la economía. El resultado más probable del ajuste de Milei es una profunda recesión.

    Un diagnóstico alternativo

    En Argentina, las tasas de crecimiento han sido bajas durante varios años; el empleo registrado total y la actividad económica han permanecido estancados desde 2011, y la población que vive por debajo de la línea de pobreza ha alcanzado el 40 por ciento. Los salarios reales han estado disminuyendo desde al menos 2017, todo acompañado por una inflación crónica que alcanzó el 276,2% interanual (datos de febrero de 2024). Los gobiernos alternativos han sido incapaces de abordar estos problemas económicos.

    Las bajas tasas de crecimiento de Argentina se atribuyen a sus bajas reservas internacionales: 28 mil millones de dólares en reservas totales cuando el país necesita 5 mil millones de dólares por mes para importaciones. En consecuencia, hay un espacio limitado en la política económica para impulsar la demanda interna sin profundizar la crisis de balanza de pagos. En Argentina, como en otros países con una estructura productiva incompleta, un aumento en la demanda interna impulsa la producción local, fomenta la inversión y conduce a un aumento en las importaciones (la mayoría de la maquinaria y equipos necesarios para aumentar la producción se importa). Si las exportaciones no aumentan lo suficiente y el lado financiero de la balanza de pagos está prácticamente cerrado, como en Argentina, el sector externo queda estrangulado. El Banco Central comienza a perder reservas internacionales; debe devaluar la moneda porque no puede defender el tipo de cambio. El aumento en el tipo de cambio resulta en un aumento en los niveles de precios internos: tanto los productos importados como los exportados se vuelven más caros en la moneda local. Dado los salarios nominales, los trabajadores ven una disminución en los salarios reales y tienen una menor participación en el ingreso nacional, lo que crea una recesión. Este fenómeno se conoce como ciclos de stop-and-go.3

    En este diagnóstico, la alta inflación no se explica por un “exceso de demanda,” sino que se explica por el conflicto sobre la distribución del ingreso.4 En Argentina, hay una presión constante por parte de los sectores agrícolas e industriales exportadores para devaluar la moneda y reducir los costos de producción en dólares. Por otro lado, en un país con fuertes bases sindicales, los trabajadores locales y los capitalistas no exportadores buscan proteger el mercado interno. Después de una devaluación, los trabajadores reclaman salarios nominales más altos. Así, la inflación se convierte en conflicto.

    En una economía con alta inflación, los costos de producción aumentan a tasas elevadas. Múltiples factores influyen en los precios: salarios, beneficios, tipo de cambio nominal, tarifas de servicios básicos, precios de productos importados y exportados, entre otros. En medio de una crisis de balanza de pagos, los salarios nominales y el tipo de cambio nominal son las variables más importantes en Argentina para explicar cambios en el nivel de precios.  

    Los salarios nominales dependen de una canasta de subsistencia para los trabajadores (que es un salario mínimo o piso salarial) y la capacidad para negociar salarios más altos en la lucha por la distribución del excedente. En Argentina, los sindicatos son fuertes y tienen el poder de vetar gobiernos, pero lo mismo ocurre con los rentistas agrarios, representados por la Sociedad Rural Argentina.

    Argentina exporta productos agrícolas, y la escasez de reservas en el Banco Central le permite a la Sociedad Rural retrasar o detener la venta de granos para exportación, lo que obliga a una depreciación del tipo de cambio nominal. La depreciación del tipo de cambio nominal permite a los rentistas exportadores reducir sus costos en dólares, ya que los salarios en dólares disminuyen. La depreciación del tipo de cambio nominal aumenta el precio de los bienes importados, tanto productos de consumo como equipos relacionados con la producción, en moneda local, lo que da a los trabajadores menos poder adquisitivo. La depreciación también afecta el precio de los bienes exportados y sus derivados, como carne, trigo y maíz, en moneda local, al aumentar el costo de la canasta básica de consumo. Dados los salarios nominales, los salarios reales disminuyen. La lucha por la distribución del ingreso se despierta entre los trabajadores que quieren salarios reales más altos y los exportadores agrarios/capitalistas que quieren salarios reales más bajos.5

    Veinte años de inflación

    Argentina es un exportador de materias primas, y las materias primas, directa o indirectamente, determinan la canasta básica de consumo. Los precios de las materias primas aumentaron drásticamente a finales de la década de 2000: en septiembre de 2006, el precio de la soya era de 200 dólares por tonelada. Para agosto de 2012, había alcanzado los 622 dólares por tonelada. A medida que aumentaba el precio de los alimentos, también lo hacía el costo de la canasta básica de consumo.

    En 2007, Néstor Kirchner restableció los convenios de negociación colectiva, otorgando a los sindicatos la capacidad de negociar sus salarios nominales con los empresarios. Esta medida fue extremadamente importante para mejorar la distribución del ingreso, pero al mismo tiempo abrió la puerta a la inflación debido al conflicto distributivo. Guiada por una poderosa política fiscal, la economía creció de manera constante a mediados de la década de 2000, y la tasa de desempleo cayó del 20 por ciento en 2003 al 7 por ciento en 2008.6 La incipiente lucha distributiva entre los trabajadores y los capitalistas preocupados por el mercado interno, por un lado, y los exportadores de productos agrícolas e industriales, por otro, había comenzado a tomar forma.

    Para 2015, Argentina alcanzó una tasa de inflación de aproximadamente el 25 por ciento anual. La situación empeoró bajo el mandato de Macri, quien comenzó su mandato con un tipo de cambio de 9 pesos por dólar. Para 2019, al final de su presidencia, la tasa se ubicaba en 59 pesos por dólar, marcando un aumento seis veces mayor. El tipo de cambio aumentó los precios, y los trabajadores negociaron salarios nominales más altos en los acuerdos salariales.7 Ese año, la tasa de inflación anual había crecido a más del 50 por ciento.

    Con cada aumento en el tipo de cambio nominal, o en el precio internacional de las materias primas, el precio local de estas materias primas también aumenta. A su vez, esto eleva el precio de la canasta de consumo. Los trabajadores, a su vez, demandan salarios nominales más altos para mantener su poder adquisitivo, lo que a su vez puede generar nuevos aumentos de precios. A través de este mecanismo, rondas sucesivas de lucha entre el tipo de cambio, los precios y los salarios conducen a una inflación persistente y crónica, y en el contexto de escasez de dólares podría llevar a la hiperinflación. Este fue el caso en Argentina. Al igual que su predecesor, Alberto Fernández no logró detener esta dinámica entre el tipo de cambio nominal y los salarios. La inflación alcanzó el 100 por ciento en 2022.

    Las primeras medidas de Milei

    En su primera política económica significativa, Javier Milei depreció la moneda local (en términos reales y nominales) casi un 100 por ciento, cambiando el tipo de cambio oficial de 400 a 800 pesos por dólar. Además, su gobierno introdujo un paquete de medidas para recortar el gasto público y reducir los subsidios a los servicios básicos. La depreciación real sustancial de la moneda local impactó significativamente en los niveles de precios, como lo demuestran los incrementos mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC): 25.5 por ciento en diciembre, 19.6 por ciento en enero y 13.2 por ciento en febrero. Estos incrementos representan acumulativamente un aumento del 70 por ciento en los precios durante el período de tres meses, resaltando los efectos inmediatos y profundos de la depreciación de la moneda en la economía. Se espera una disminución sustancial en los salarios reales y la participación de los salarios en el ingreso, ya que las tendencias históricas muestran que las depreciaciones reales a menudo van acompañadas de reducciones en los salarios reales. La Figura 1 ilustra cómo la participación de los trabajadores en el ingreso es esencialmente un reflejo del tipo de cambio real. Por supuesto, el FMI apoyó estas medidas (ver Figura 2 – X de la Directora del FMI).

    Figura 1: Tipo de Cambio Real (línea sólida) y Participación de los Trabajadores en el Ingreso en Argentina (línea guionada) (1946 – 2024).

    Fuente: Elaboración propia en base a Lindenboim et al. (2005), Fereres (2010), Gerchunoff and Rapetti (2016), Maito (2019), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y Banco Central de la República Argentina.

    Figura 2:  Cuenta oficial de X de Kristalina Georgieva.

    La depreciación real del tipo de cambio también beneficiará a los sectores relacionados con las exportaciones de productos básicos que tienen ingresos denominados en dólares. A medida que disminuye la participación de los salarios, aumenta la participación de las ganancias. Este es el caso, por ejemplo, de los exportadores de soya y de bienes industriales, quienes verán una mejora en su rentabilidad esperada.

    La disminución de los salarios reales, junto con la reducción planificada del gasto público, llevará a un colapso en los niveles de actividad.8 Con la producción en declive, la cantidad de insumos importados necesarios para la producción también disminuirá. Esto permitirá al Banco Central continuar con la política de acumulación de reservas internacionales, que es crucial para estabilizar el tipo de cambio nominal y, consecuentemente, el nivel de precios. Como se puede ver en la Figura 3, el proceso de acumulación de reservas ya ha comenzado.

    Figura 3: International Reserves (in millions of $US)

    Source: Own elaboration based on Central Bank of Argentina.

    Las medidas tomadas por el gobierno de Milei, a corto plazo, resultarán en una disminución de los salarios reales y la participación de los salarios en la distribución del ingreso. Por el contrario, la participación capitalista en el ingreso nacional aumentará. Una disminución en los salarios reales y el gasto público real llevará a una caída en la producción y el empleo. En consecuencia, la cantidad de importaciones disminuirá, lo que permitirá al Banco Central acumular reservas para anclar el tipo de cambio nominal e intentar frenar la inflación impulsada por el tipo de cambio.

    La gran incógnita

    No está claro cómo las políticas económicas de Milei lograrán su objetivo de reducir el déficit fiscal. Una reducción del gasto público disminuiría la actividad económica y la demanda interna, lo que resultaría en una menor empleo e inversión privados, y a su vez, una caída en los ingresos públicos.

    Un superávit fiscal en este escenario es improbable. En algunas provincias y municipios de Argentina, el 90 por ciento del presupuesto se destina a salarios; las reducciones en el gasto requieren la disminución de los salarios, con efectos negativos en el consumo y la demanda. Aunque el gobierno puede elegir cuánto gastar al principio del año, el déficit es una función del nivel de actividad. 

    Por otro lado, reducir el déficit no garantiza la estabilización del tipo de cambio nominal sin acumulación de reservas internacionales. Los factores externos, como el tipo de cambio nominal, afectan la búsqueda de un superávit fiscal, y el gobierno de Milei tiene la intención de depreciar aún más el peso. Aunque el gobierno tiene como objetivo lograr un tipo de cambio con crecimiento del 2 por ciento mensual, lo que permitiría que la tasa de interés nominal del 80 por ciento (ver Figura 4) ofreciera ganancias sustanciales en términos de dólares, esto depende de la acumulación de reservas internacionales, que a su vez, depende de la tasa de interés..

    Figura 4: Tasa de Política Monetaria del BCRA

    Fuente: elaboración propia en base al Banco Central de la República Argentina.

    Después de una depreciación del 100 por ciento con una tasa de inflación que supera el 200 por ciento, es probable que los participantes en el mercado cambiario esperen una depreciación adicional. Si la depreciación esperada sigue siendo alta, es posible que las tasas de interés actuales no sean suficientes para convencer a los participantes del mercado. Además, durante marzo, el Banco Central decidió reducir la Tasa de Política Monetaria al 80 por ciento.

    ¿Por qué el gobierno no aumenta las tasas de interés? Hay algunas posibles explicaciones. Varios componentes importantes de la coalición política de Milei se benefician de tasas bajas en relación con la evaluación esperada. Alternativamente, el gobierno podría estar llevando a la economía hacia la hiperinflación para imponer más tarde un régimen de dolarización.9

    La puja distributiva 

    El principal desafío del problema económico de Milei, sin embargo, radica en enfrentar la continua lucha distributiva sobre la inflación. Estabilizar el nivel de precios en Argentina requiere estabilizar el tipo de cambio nominal a través de reservas internacionales. Aunque el Sr. Milei declaró públicamente un congelamiento salarial para los empleados públicos, implementar esta política puede no ser tan sencillo como parece. En respuesta a propuestas que apuntan a los derechos de los trabajadores y a la privatización de empresas públicas, la CGT, la organización sindical más poderosa de Argentina, ha lanzado un plan de resistencia. Otras federaciones sindicales se han unido. El gobierno luchará por manejar las nuevas demandas de los sindicatos para ajustes salariales nominales. Por ejemplo, los sindicatos de maestros están negociando activamente salarios más altos, han rechazado la oferta del gobierno nacional y han convocado a un “Día Nacional de Protesta.” Si sus demandas no se cumplen, planean coordinar una huelga nacional con otros sindicatos.

    En Argentina, el poder de los trabajadores formales radica en los sindicatos, que negocian con una variedad de partidos políticos y gobiernos. Desde la década de 1940, la emergencia del peronismo forjó una relación simbiótica entre los sindicatos y el Estado, asignando a los sindicatos un papel fundamental en la política y la distribución de beneficios sociales. El establecimiento de sistemas de salud administrados por sindicatos durante la dictadura de Onganía en 1970 marcó otro hito significativo, solidificando a los sindicatos como un apoyo esencial para el bienestar de los trabajadores. La alta tasa de afiliación sindical en Argentina es un testimonio de su poder.10

    Figura 5: Relación entre cambio del salario real y cantidad de huelgas, por gobierno (1983-2023).

    Fuente: elaboración propia en base a Consultora PxQ (http://www.pxqconsultora.com/).

    La relación de Milei con los sindicatos determinará el destino de su gobierno. En su mensaje mesiánico de año nuevo, el Sr. Milei anticipó: “Si nuestro programa es obstruido por los mismos de siempre, que no quieren que nada cambie – no tendremos los instrumentos para evitar que esta crisis se convierta en una catástrofe social de proporciones bíblicas”. La capacidad para determinar el tipo de cambio nominal a través del Banco Central es la principal herramienta a disposición de Milei para disciplinar a los trabajadores, más allá del monopolio estatal de la fuerza. Milei podría buscar la hiperinflación, como él la llama, una “catástrofe social de proporciones bíblicas,” y culpar a los líderes sindicales por sus efectos, como ha amenazado en el pasado. O Milei podría optar por manejar hábilmente un acuerdo de precios y salarios con gran flexibilidad política, pero esto está en desacuerdo con la agenda propuesta. Si las propuestas de Milei no son aprobadas por el Congreso, la hiperinflación podría ser el próximo punto en la agenda.

    El desafío de cada gobierno argentino es cómo acumular reservas internacionales para estabilizar el tipo de cambio nominal mientras se gestionan simultáneamente las demandas políticas. La solución propuesta por el gobierno para la escasez de dólares es recortar el gasto y reducir los salarios reales, pero no está claro si este camino será políticamente sostenible. De 1999 a 2001, el gobierno de Fernando De La Rúa intentó reducir el gasto público para alcanzar un superávit fiscal, pero su mandato terminó prematuramente con la crisis social de 2001. Por lo tanto, el problema ahora comienza a ser político y social, girando en torno a la sostenibilidad política del gobierno. El coctel de tasas de pobreza en aumento, reducción del salario real y recortes en el gasto público tiene el potencial de generar importantes disturbios sociales.

    La administración de Carlos Menem implementó con éxito un ajuste similar en los años 90 después de una hiperinflación, pero el contexto político nacional e internacional era muy diferente: el Consenso de Washington estaba en su apogeo y una parte de los sindicatos participaron en las negociaciones. Hoy, las consecuencias políticas de tal ajuste son mayores. Macri intentó un enfoque “gradual” para el ajuste fiscal y no tuvo éxito. ¿En qué se diferenciaría un gobierno de “shock”? Históricamente, los gobiernos democráticos que no lograron negociar con los sindicatos recurrieron a la violencia institucional contra sectores populares o experimentaron hiperinflación y terminaron teniendo mandatos cortos en el poder ejecutivo.

  2. Tesoro marítimo

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    Desde el descubrimiento de algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo en 2015, Guyana ha entrado en un periodo de reconfiguración económica y geoestratégica. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), Guyana posee la sexta mayor reserva de petróleo de América y la decimonovena del mundo. Con un producto de alta calidad, costos de producción inferiores al promedio y un bajo consumo local, las reservas tienen un enorme potencial de exportación. Guyana se ha convertido rápidamente en el mayor productor de petróleo del mundo per cápita

    Aún está por verse si Guyana puede aprovechar esta oportunidad histórica. El actual acuerdo firmado entre el gobierno guyanés y ExxonMobil favorece a la multinacional estadounidense, pues asigna sólo el 54 por ciento de los ingresos a Guyana y carga al gobierno con impuestos y costos de desarrollo. En julio de 2017, el Departamento de Asuntos Fiscales del FMI escribió en un informe restringido que el contrato era «demasiado generoso con el inversor» y contenía «una serie de lagunas»; además, señala que los «acuerdos actuales de producción compartida parecen tener regalías muy por debajo de lo que se observa a nivel internacional».

    Para aprovechar su riqueza en recursos, el gobierno guyanés debe navegar por una compleja red de presiones internacionales y nacionales. El descubrimiento de petróleo ha avivado tensiones imperiales de larga data y creado otras nuevas. Las disputas territoriales con Venezuela y las rivalidades regionales entre Estados Unidos, China y Rusia han agravado la inestabilidad interna. A medida que aumenta la producción, Guyana se ha convertido de nuevo en un campo de batalla para las ambiciones geopolíticas1

    Gran lucha de poderes

    Guyana está situada cerca del océano Atlántico y el Gran Caribe, en las proximidades del canal de Panamá. Limita con Brasil, Venezuela y Surinam; estos dos últimos han sostenido permanentes disputas territoriales con el país. Antes del descubrimiento de petróleo, Guayana funcionaba como una economía agrícola menor, altamente dependiente de los ingresos por exportaciones de azúcar, arroz, oro, madera y bauxita. A pesar de su ubicación y reservas minerales, sigue siendo el segundo país más pobre de Suramérica, con un tercio de la población viviendo por debajo del umbral de pobreza.

    Guyana está situada cerca del océano Atlántico y el Gran Caribe, en las proximidades del canal de Panamá. Limita con Brasil, Venezuela y Surinam; estos dos últimos han sostenido permanentes disputas territoriales con el país. Antes del descubrimiento de petróleo, Guayana funcionaba como una economía agrícola menor, altamente dependiente de los ingresos por exportaciones de azúcar, arroz, oro, madera y bauxita. A pesar de su ubicación y reservas minerales, sigue siendo el segundo país más pobre de Suramérica, con un tercio de la población viviendo por debajo del umbral de pobreza 2 

    Los intereses estadounidenses en Guyana datan del siglo diecinueve, cuando pensadores geopolíticos como Alfred Mahan describieron el mar Caribe y el golfo de México como el «Mediterráneo americano». Mahan argumentaba que el control sobre la región, en particular mediante la construcción del canal de Panamá, otorgaría a la Armada estadounidense una fácil movilidad entre el Atlántico y el Pacífico —lo que le permitiría reunir rápidamente sus flotas sin dividirlas entre dos océanos—, ofreciendo una ruta comercial segura para las exportaciones y el bloqueo a la entrada de rivales militares y económicos. 

    En el periodo de posguerra, esta perspectiva fue revivida por Nicholas Spykman, quien sostenía que Suramérica está separada del «Mediterráneo americano» por la selva amazónica y la cordillera de los Andes. En esta concepción del territorio americano se incluía una gran parte de México, cadenas de islas a lo largo de Centroamérica y países del norte de Suramérica como Venezuela y Colombia. Por su proximidad al punto de estrangulamiento bioceánico, Guyana estaba en el centro de este territorio. Hacía parte del interés imperial de Estados Unidos asegurar que el Estado continuara siendo totalmente dependiente a nivel económico y militar. No es casualidad, entonces, que, junto con Honduras, Aruba y Curazao, El Salvador, Colombia y Surinam, Guyana haya sido obligada durante mucho tiempo a actuar como base militar y defensora de los intereses regionales de Estados Unidos.3 El descubrimiento de petróleo no ha hecho más que exacerbar estas aspiraciones imperiales.

    Estados Unidos no es la única potencia interesada en el futuro de Guyana. Guyana y Brasil comparten una frontera terrestre permeable de 1.605 kilómetros en la Amazonia. A finales del siglo diecinueve y principios del veinte, comandantes militares de Brasil como Mário Travassos y Carlos Meira Mattos veían a Guyana como una plataforma de acceso a los puertos del norte del continente, el Caribe y el Atlántico Sur. Guyana era considerada como el punto ideal desde el cual defenderse de las incursiones estadounidenses en Suramérica. Se aseguraba que los abundantes recursos estratégicos de la Amazonía atraerían la «codicia externa», por lo que era necesaria una estrecha integración entre los países amazónicos. En décadas más recientes, Brasil ha actuado con base en estos objetivos a través de la promoción de un polo de desarrollo transnacional entre Brasil, Guyana y Venezuela. Este objetivo también se ha amplificado por el descubrimiento de petróleo.

    La relación altamente conflictiva de Venezuela con Guyana gira en torno a una disputa territorial sobre el Esequibo y las zonas marítimas que se remonta a 1841, cuando las potencias coloniales británicas invadieron este rico territorio. Aunque la disputa se resolvió nominalmente en 1899 mediante arbitraje internacional, nunca se zanjó por completo. Pensadores venezolanos como Rubén Castillo mostraron la pérdida territorial como un desastre para la seguridad y la economía de Venezuela. En la década de 1960, una nueva lectura venezolana del caso de 1899 condujo a entablar nuevas denuncias ante las Naciones Unidas (ONU) en 1963 y 1965, en las cuales se sostenía que el arbitraje anterior estaba sesgado por la manipulación británica de evidencia cartográfica y una composición desequilibrada del tribunal. El resultado, según los teóricos jurídicos venezolanos, fue un «compromiso obtenido por extorsión».

    Después de una comisión de investigación en 1966, Guyana y Venezuela firmaron el Protocolo de Puerto España, que suspendía cualquier reclamación de soberanía sobre el territorio durante los siguientes doce años. Bajo el gobierno de Hugo Chávez, surgió un espíritu de cooperación e integración, que incluyó la condonación de las deudas de Guyana con Venezuela y, en los posteriores gobiernos, el intercambio de arroz y petróleo en el marco de los acuerdos de PetroCaribe, firmados en 2009. 4 

    La intervención de Exxon

    Dada la limitada capacidad estatal de Guyana, la extracción, el procesamiento o la regulación, la investigación y la explotación de los recursos petroleros se han llevado a cabo en gran medida por compañías extranjeras, principalmente estadounidenses. El interés de ExxonMobil por Guyana se remonta a mediados de la década de 1990, cuando, tras completar una serie de estudios geológicos, la compañía identificó las aguas profundas del país como una «zona de interés petrolero». En 1999, una filial firmó un acuerdo para perforar en una vasta concesión marítima. Durante años, la compañía no logró mucho, principalmente debido a la disputa por la frontera marítima entre Guyana y Surinam, que comenzó en 2000 y se resolvió en 2007, lo que allanó el camino para que Exxon reiniciara la explotación un año después. 

    En mayo de 2015, Exxon anunció su primer gran descubrimiento en Guyana: el yacimiento Liza 1. Para 2020, Exxon había invertido cerca de 5.000 millones de dólares en la producción de petróleo guyanés. Hasta ahora, se han encontrado dieciocho pozos en el bloque Stabroek, situados a unos 200 kilómetros de la costa de la capital, Georgetown, en aguas de entre 1.500 y 1.900 metros de profundidad, con reservas que están a unos 3,6 kilómetros por debajo del lecho marino. 5 La mayoría de los pozos se encuentran en el territorio oriental de la costa guyanesa, fuera de la región de Esequibo. 

    Hasta la fecha, Guyana no ha sido capaz de reunir los requerimientos tecnológicos o de mano de obra cualificada necesarios para desarrollar su industria energética; sin embargo, las aspiraciones de desarrollar capacidad estatal e incrementar la inversión han sido el motor de la política nacional de la última década. En 2018, el gobierno anunció su intención de formar una compañía petrolera nacional y aplicar una política de contenido local, creando centros logísticos e institutos científicos y tecnológicos especializados, además de formular una legislación fiscal apropiada. Raphael Trotman, el entonces ministro de recursos naturales, hizo explícitos esos planes, mientras el ministerio redactaba un borrador de políticas de contenido local. Pero no ha habido ningún progreso: la última vez que el gobierno mencionó la posibilidad de una compañía nacional petrolera fue en 2020. 6

    Para enfrentar la gran falta de capacidad, en 2019 el gobierno guyanés obtuvo un préstamo de 20 millones de dólares del Banco Mundial, destinado al desarrollo de capacidades administrativas y reguladoras en el sector petrolero, que actualmente depende de trabajadores cualificados de países vecinos como Trinidad y Tobago, Venezuela, Brasil y Estados Unidos.7 Como era de esperarse, Exxon y otras grandes compañías petroleras privadas han podido explotar las etapas iniciales de la industria cooptando e influyendo en las políticas nacionales. Las divisiones étnicas y políticas existentes en el país han ofrecido un entorno ideal para este tipo de intervenciones externas. Desde que Guyana se independizó del Reino Unido en 1966, la población indoguyanesa —que constituye el 40 por ciento del país y está representada por el Partido Popular Progresista (PPP)— ha disputado el poder con la Asociación para la Unidad Nacional (APNU, por sus siglas en inglés), la cual representa a la población afroguyanesa —que constituye el 30 por ciento del país—.

    En mayo de 2015, el partido de oposición APNU, liderado por David Granger, ganó las elecciones generales de Guyana, lo que puso fin al ciclo de veintitrés años de mandato del PPP. El gobierno de coalición del APNU obtuvo una frágil mayoría, liderando con un solo escaño. Solo nueve días después de las elecciones, ExxonMobil anunció el éxito de los descubrimientos de petróleo de Stabroek. Al año siguiente, el gobierno de Granger firmó un nuevo contrato con ExxonMobil, con el cual se revisaba y modificaba el acuerdo de 1999. A pesar de algunas ganancias adicionales para Guyana, el contrato favorecía abrumadoramente a la compañía petrolera. Muchos ciudadanos guyaneses se opusieron a la falta de transparencia en torno al contrato, y una cláusula que concedía una bonificación de 18 millones de dólares al gobierno tras la firma del contrato generó aún más sospechas. 

    Cuando el contrato finalmente se hizo público, reveló enormes oportunidades perdidas. Open Oil, una empresa de análisis alemana, estimó que Guyana no captaría más del 54 por ciento de los recursos económicos del contrato. A modo de comparación, el acuerdo de Ghana para la extracción de petróleo marítimo le otorgó el 64 por ciento. Un análisis exhaustivo del contrato señala que, en términos de superficie, el contrato de arrendamiento de Guyana es más de 100 veces mayor que el de Estados Unidos en el golfo de México. El gobierno guyanés pagará impuestos en nombre del contratista y será responsable de reembolsar todos los costos de desarrollo para poder acceder a los ingresos de la inversión, estimados en 20.000 millones de dólares para 2024. Una cláusula contractual también prohíbe a Guyana renegociar, enmendar o modificar unilateralmente el acuerdo. El 45 por ciento de las participaciones en el bloque Stabroek está en manos de un consorcio compuesto por una empresa privada estadounidense llamada Hess Guyana Exploration y la empresa estatal China National Offshore Oil Corporation (CNOOC); además, el contrato exige que se indemnice al consorcio si cualquier acción gubernamental afecta los beneficios económicos acumulados.

    La producción comercial en Stabroek comenzó a finales de 2019. En julio de 2020 Exxon ya producía 98.000 barriles de petróleo al día en Liza 1, con el objetivo de alcanzar los 120.000 barriles al mes siguiente y 750.000 barriles al día para 2025. De tener éxito, estas cifras convertirían a Guyana en el sexto mayor productor de petróleo en América.8 However, the Guyanese government recently estimated that the consortium produced and sold 31.8 million barrels in 2020 (87,000/day), its first full year of production, failing to meet the annual target of 100,000 barrels per day.9

    Algunas estimaciones sugieren que la producción futura tiene el potencial de cuadruplicar el PIB actual del país, con entradas anuales de 15.000 millones de dólares, y los ingresos públicos podrían alcanzar los 5.000 millones a finales de la próxima década. Estimaciones más audaces sugieren que la extracción podría generar entre 7.000 y 27.000 millones de dólares en ingresos brutos al año durante los próximos treinta años.10 The excitement over the discovery was so great that Neil Chapman, a member of Exxon’s board of directors, called it “a fairy tale.”11 La expectativa por el descubrimiento fue tan grande que Neil Chapman, miembro del consejo de administración de Exxon, lo calificó de «cuento de hadas».Más tarde, en 2018, Rex Tillerson, el ex director general de Exxon y ex secretario de Estado de Estados Unidos, afirmó que los descubrimientos permitirían «convertir nuestro hemisferio en el centro indiscutible del suministro energético mundial».12 

    Sin embargo, hasta ahora, estas expectativas han demostrado ser demasiado ambiciosas. La rentabilidad del 25 por ciento que Exxon dio a sus inversores en 2012 se redujo al 6,5 por ciento en 2019, mientras que su capitalización bursátil cayó de 527.000 millones de dólares en 2007 a 150.000 millones de dólares en la actualidad. Con el reciente anuncio de Exxon de que recortaría sus inversiones, el proyecto en Guyana se ha convertido en el activo estratégico clave para la compañía, mientras lucha por mantener la confianza de los inversores. 

    El regreso del imperio

    Por el momento, el hallazgo de petróleo también ha avivado disputas globales y regionales centenarias, como las tensiones entre Guyana y Venezuela. En 2007, Exxon despejó el camino para sus primeras incursiones en Guyana, justo cuando Hugo Chávez nacionalizó proyectos gestionados por British Petroleum, Exxon, Chevron, Conoco Philips y Total and Statoil, los cuales constituían el 25 por ciento de la producción de petróleo de Venezuela, con más de 17.000 millones de dólares en inversiones. Exxon entró prontamente en largas disputas legales contra el gobierno venezolano en torno a la explotación petrolera, pero fue derrotada en los tribunales y sufrió grandes pérdidas financieras.13 En octubre de 2013, un buque de la Armada venezolana interceptó una embarcación de exploración petrolera perteneciente a la compañía texana Anadarko Petroleum, la escoltó y arrestó a su tripulación, que incluía a cinco estadounidenses. La oposición a Estados Unidos y una mayor apropiación de los ingresos del petróleo habían sido pilares de las políticas de Chávez desde el intento de golpe militar respaldado por la CIA en 2002.

    Tras el descubrimiento de Exxon en 2015, la Armada venezolana declaró una «zona de defensa integral» que abarcaba el área marítima en disputa con Guyana. El gobierno guyanés, respaldado por Colombia y Surinam, rechazó esta reclamación y prometió llevar el asunto ante la ONU, la Organización de Estados Americanos, la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la Mancomunidad de Naciones.14 El caso se sometió de nuevo ante la Corte Internacional de Justicia, y con las ganancias de Exxon se les pagó a los abogados de Guyana. 

    Las crecientes disputas territoriales con Venezuela empujaron aún más a Guyana hacia las manos de Estados Unidos, vinculando la defensa guyanesa con los intereses económicos de Exxon. Estados Unidos se ha aliado estrechamente con Guyana para defender su acceso estratégico a los recursos y preservar las relaciones con un gobierno amistoso que a la par es hostil a los intereses venezolanos. Entre mayo y agosto de 2019, el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses promovió el ejercicio militar anual Nuevos Horizontes en Guyana, proporcionando capacitación a sus tropas en ingeniería, construcción y atención médica, lo que involucró un aparato militar desproporcionado para el supuesto propósito de asistencia cívica humanitaria. Durante la ceremonia de clausura, el general Andrew Croft, comandante de la Fuerza Aérea del Sur, declaró que Guyana se encuentra en una ubicación estratégica al borde de Suramérica y el Caribe. 15 Algunos analistas han señalado que la presencia militar estadounidense en Guyana es una maniobra para cercar a Venezuela, lo que se suma a la presencia militar y las bases de Estados Unidos al occidente del país, en Colombia.

    La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de 2017, así como la Estrategia de Estados Unidos para el Compromiso con el Caribe 2020, de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, determinan la política de compromiso para combatir el narcotráfico y la delincuencia transnacionales en el Caribe. 

    La militarización estadounidense ha respondido a la creciente presencia económica y militar de poderes externos aliados al gobierno de Maduro, especialmente de China y Rusia. El modelo de «petróleo por préstamos» comprometió cerca de la mitad del los ingresos petroleros venezolanos con China y Rusia. Aunque China tiene una participación marginal en la explotación de petróleo en Guyana es, sin embargo, un actor crucial en la disputa de poder global y en Suramérica. En julio de 2018, el gobierno de Guyana firmó un memorando de entendimiento con China para sumarse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés), con varios proyectos destinados a transformar la ciudad guyanesa de Lethem en un importante centro de comercio. La petrolera estatal china CNOOC es la tercera mayor operadora del bloque Stabroek16Guyana podría considerarse otro potencial objetivo para la creciente necesidad de China de encontrar recursos naturales por fuera de sus fronteras. 

    En medio de estos acontecimientos contrapuestos, el norte de Suramérica se ha transformado de nuevo en un frente de batalla para las grandes potencias: mientras Estados Unidos y la Unión Europea dominan en Guyana y Surinam, Venezuela acoge a China y Rusia. A medida que se intensifique la competencia por los recursos, el Gran Caribe seguirá siendo una región estratégica para el poder de Estados Unidos, una región en la que ese gobierno está dispuesto a emplear su vasta presencia militar en el mundo.

  3. Cien Días de Milei

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    La elección de Javier Milei a la presidencia argentina en noviembre provocó conmoción por todo el país. Aunque su personalidad mediática no lo hacía del todo un outsider, a su partido La Libertad Avanza (LLA), formado en 2021, le faltaba fundamentalmente experiencia política: hasta la inauguración de su gobierno en diciembre, este no contaba con gobernadores ni representantes en el Senado y con apenas tres puestos en la Cámara de Diputados. 

    La efectividad de este relato de la extrema derecha de Milei se explica por una larga agonía de estancamiento, empobrecimiento e inflación. Argentina terminó el año 2023 con todos los números en rojo: el salario promedio más bajo (320 USD) desde la gran crisis del 2001, una devaluación del peso del 78 por ciento, una caída del 1,8 por ciento del PBI, el 44 por ciento de la población viviendo bajo la línea de pobreza, sin reservas financieras para hacerse cargo de una deuda externa asfixiante y una inflación anual del 160 por ciento y en clara aceleración. Ante las sucesivas crisis de los proyectos neoliberales y del ocaso de los proyectos progresistas latinoamericanos, Milei llegó a la presidencia blandiendo una motosierra y prometiendo recortes, ajuste, austeridad y sufrimientos colectivos. 

    En los meses posteriores a las elecciones, muchos analistas han especulado sobre los tipos de políticas que el autoproclamado capitalista libertario podría atreverse a hacer y, en última instancia, lograr aprobar. Las dos propuestas más destacadas de Milei, el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) y la “ley ómnibus,” se han tambaleado en medio de disputas políticas con opositores e incluso antiguos aliados. Después de los primeros 100 días de su presidencia, ¿qué ha logrado Milei? ¿Y qué presagia esto para los años venideros?

    Una agenda desenfrenada

    En su primera semana de gobierno, Javier Milei armó un gabinete cooptando algunos dirigentes opositores y manteniendo distancia de los espacios políticos que le habían dado su apoyo en el balotaje. Con alianzas políticas precarias a las que nunca dejó de mirar con desconfianza, Milei comenzó a dominar la agenda política de forma frenética. A los días de asumir presentó un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) para desregularizar una gran variedad de sectores económicos: apertura a la privatización de varias empresas estatales, desregulación de los controles de precios, flexibilización de la ley laboral, liberalización de los mercados inmobiliario, energético, turístico, farmacéutico, de comunicación y de salud, entre otros.

    Esta iniciativa iba más allá de un intento desregulatorio: por sus dimensiones y alcances, el DNU pretendía refundar toda la vida social del país sobre un dogmatismo ultra-capitalista. Bajo el mismo espíritu, a la semana siguiente Milei envió al congreso una ley ómnibus de más de 660 artículos con el simbólico nombre de “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Por su profundidad era prácticamente una reforma constitucional. Además, incluía dos puntos que despertaron la alarma tanto de la clase política como de diversas fuerzas sociales.

    Por un lado, la propuesta pedía declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, tarifaria, energética y administrativa, lo que le daría al presidente “facultades extraordinarias” para decidir sobre esos temas sin pasar por el congreso por casi la totalidad de su mandato. Por otro, la ley promovía un código de seguridad destinado a penalizar toda forma de protesta social, con penas de hasta 5 años “a quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación” que obstaculice la circulación urbana y otras condiciones ridículas, tales como el cobro de multas a las organizaciones que participen en protestas o la prohibición de interrumpir el tránsito.

    La suerte de Milei con ambas iniciativas no fue muy auspiciosa. La misma noche del decreto las calles de la Ciudad de Buenos Aires se poblaron de protestas. Mucho más potente aún fue la convocatoria a un paro general para finales de enero. Al mismo tiempo el poder judicial respondió a las solicitudes de medidas cautelares presentadas por asociaciones civiles y centrales sindicales declarando la inconstitucionalidad de varios puntos del decreto. Así se logró derribar, por ejemplo, la parte del decreto que planteaba la desregulación del derecho laboral, limitaba el derecho de huelga y flexibiliza el régimen contractual y de indemnizaciones.

    Sin embargo, a la hora de pasar la ley por el Congreso el gobierno encontró la oposición menos esperada de parte de liberales y conservadores, es decir, sus potenciales aliados. Luego de dos semanas de sesiones infructuosas, LLA no consiguió los votos necesarios para aprobar la ley en la cámara de Diputados debido, en gran medida, a su inexperiencia parlamentaria y a la intransigencia del poder ejecutivo.

    Una semana después, Milei abrió un nuevo foco de conflicto, esta vez con los gobernadores de las provincias por la distribución de los impuestos y recursos nacionales. Esta situación disparó una rebelión de los gobernadores y reavivó la disputa histórica entre federalismo y centralismo. Asimismo, al confrontarse con gobernadores y espacios políticos que le habían acompañado en el balotaje, no está claro aún si se trata de una estrategia para monopolizar todo el voto de derecha o para aprovechar la primavera de los primeros 100 días de gobierno y avanzar con reformas radicales, o simplemente sea una muestra de su inoperancia política para construir alianzas. 

    Es imposible gobernar desentendiendose del juego político inherente al funcionamiento del Estado y las fuerzas sociales. LLA acumula solo 38 de 257 bancas en la Cámara Baja, 7 de 72 en la Cámara Alta. No posee ni gobernadores ni intendentes, y tampoco tiene un armado político propio en esos territorios. Con esta débil construcción política la gobernabilidad depende del apoyo de otras fuerzas políticas. Además, cualquier medida gubernamental nunca es ajena a lo que sucede en las calles, en un país con larga tradición de organización social y en medio de una crisis social que no cesa de empeorar. 

    Un ajuste

    La total desregulación de precios, la quita de subsidios a la energía, la devaluación del 100 por ciento del peso con respecto al dólar se sumaron a la inercia inflacionaria para confluir en un aumento de precios de casi el 50 por ciento sólo en diciembre y enero. Sin embargo, esta pauperización de los ingresos no es una consecuencia no deseada, sino parte sustantiva del plan económico de Milei: desde un primer momento la política antiinflacionaria consistió básicamente en una licuación de los salarios y las jubilaciones, y una brutal recesión autoinducida.

    Esto ha implicado importantes recortes de gastos. Según los datos publicados por la Oficina de Presupuesto del Congreso, en enero los gastos totales de la Administración Nacional registraron una caída real de 11,9 por ciento interanual (a/a), donde el rubro de los programas sociales fue el más fuertemente afectado con un recorte de casi el 60 por ciento respecto al año anterior. En estos sectores la gravedad de la situación es acuciante y se hace cada vez más difícil esperar el cumplimiento de promesas mesiánicas. 

    En primer lugar, se ha acelerado la pérdida del poder adquisitivo de los salarios formales. Si bien Argentina aún cuenta con un nivel alto de sindicalización en términos latinoamericanos, lo que permite un mínimo de protección mediante negociaciones paritarias y luchas gremiales, la ofensiva contra el trabajo es una de las batallas principales del gobierno libertario. Distinta es la situación de los trabajadores informales y cuentapropistas, que en Argentina explican el 45 por ciento de la mano de obra empleada y quienes dependen día a día del nivel de la actividad económica. 

    Las clases medias también se han visto golpeadas debido a que la mayoría de los productos que están en el centro de sus patrones de consumo -educación privada, obra social prepaga, vacaciones, combustible- aumentó por encima del promedio de la inflación, y no existen instrumentos de ahorro para protegerse debido a la baja de la tasa de interés.

    Aunque por supuesto donde la crisis está golpeando con más dramatismo es en los sectores de más bajos ingresos, con un impacto aún mayor en las mujeres. Estas serán las más perjudicadas debido a que la feminización de la pobreza se profundiza con cada crisis que agrava la brecha de ingresos, las diferencias en el acceso al mercado laboral y la desigual distribución de las tareas de cuidado. Hay que añadir que, junto con las mujeres, son las personas trans, travestis y no binarias -ausentes en las estadísticas públicas- quienes registran los niveles más altos de informalidad laboral.

    Igual de alarmante es la situación de los jubilados y pensionados, un sector que viene siendo muy castigado por las dos administraciones anteriores, pero que ahora se ha convertido en la principal variable de ajuste para lograr el ansiado superávit fiscal: la reducción del gasto provisional, mediante una licuación feroz de las jubilaciones, explica el 1.5 por ciento de la proyección de reducción del déficit fiscal prevista para este año.

    Este combo puede convertirse en un problema para Milei quien encontró apoyo entre todos estos sectores y que no han recibido ninguna buena noticia en estos meses; algo que representa un punto crítico para cualquier gobierno pero sobre todo para un gobierno que no logró, y que parece no desear, traducir ese apoyo popular en fortaleza institucional. Las señales económicas tampoco son claras y el presidente parece más concentrado en confrontar y polarizar contra ese enemigo amorfo que llama “casta” que en gestionar el Estado, forjar alianzas, paliar la crisis social y encauzar un modelo económico comprensible.

    El capítulo Milei

    Por lo pronto, las encuestas muestran que Milei sigue teniendo un nivel de apoyo alto entre quienes lo votaron, aunque no logró capturar nuevas adhesiones en una sociedad cada vez más polarizada. Pero a medida que pasa el tiempo y la crisis empeora, es probable que la paciencia con el gobierno “antisistema” de Milei disminuya. La noche del 20 de diciembre y tras el anuncio del decreto de necesidad y urgencia por cadena nacional se produjeron protestas en las puertas del Congreso Nacional. La fecha elegida tiene una alta carga simbólica debido a las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 cuando se produjeron revueltas populares en todo el país que culminaron con la renuncia del presidente, 39 muertos y el comienzo de una crisis política que daría lugar a un nuevo ciclo histórico.   

    Ese mismo día y de forma confrontativa, el gobierno buscó estrenar el llamado “Protocolo Antipiquetes”. Desde la mañana hubo un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad en los puntos de acceso a la Ciudad de Buenos Aires, en el transporte público efectivos policiales filmaban pasajeros y controlaban sus pertenencias y en los altoparlantes de las estaciones de tren se leían mensajes amedrentadores. Con esto el gobierno buscaba instalar su posicionamiento frente a algunos de sus principales enemigos políticos, las organizaciones sociales, y afianzar así su política de control, disciplinamiento y persecución de la protesta social. 

    A 45 días de iniciado su mandato Javier Milei afrontó un paro general en tiempo récord. Fue más que una medida de fuerza gremial, ya que a las centrales sindicales se les sumaron movimientos sociales, colectivos feministas, organizaciones culturales y asambleas barriales recientemente reactivadas, convirtiendo el paro en una auténtica protesta multisectorial en rechazo a la Ley Ómnibus y el DNU. Aun es muy temprano para pensar si este giro aperturista de los sindicatos tendrá continuidad de aquí más, pero las alarmas están encendidas.

    Mientras la crisis social se agudiza, en el mes de marzo, el inicio de año escolar y los conflictos por las negociaciones salariales en el sector educativo, convergen con las dos movilizaciones más importantes del país: la huelga feminista que ya occurió el 8 de marzo y la marcha por los derechos humanos del 24 de marzo. 

    Como si no alcanzaran los motivos, tras la derrota parlamentaria de la Ley Omnibus, el gobierno insiste con provocaciones casi diarias a diferentes sectores: desfinanciamiento de organizaciones culturales, anuncios de cambios en las leyes migratorias, declaraciones sobre derogación de la ley del aborto, cierre de organismos ligados a los derechos humanos, etc. Se trata de una estrategia de apertura de múltiples frentes simultáneos para generar desgaste y, por ende, menores niveles de movilización. 

    Esto plantea un desafío estratégico para las organizaciones populares quienes deben moverse en el espacio de la respuesta ante cada ataque puntual del gobierno y la acumulación de fuerzas políticas, la formación de alianzas y el rearmado de estructuras militantes para transformar el escenario actual. No obstante, Argentina cuenta con una tradición potente de experiencias y resistencias desde abajo. Milei está tratando de remodelar el tejido social de Argentina, pero después de sus primeros 100 días en el gobierno, aún no está claro si lo logrará. 

  4. ¿Paz Total?

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    La llegada a la presidencia de Gustavo Petro en Colombia marca un punto de inflexión en su historia democrática, por ser la primera presidencia de izquierda al frente del gobierno, pero también por el papel central que le otorga a la paz dentro de su agenda política. El conflicto armado colombiano es el más violento de la historia del siglo XX (y XXI) de América Latina. Ha dejado más de 450 mil muertes, 50 mil secuestros y 8 millones de desplazamientos. Aparte, es el más longevo, pues inicia a mediados de los sesenta, y buena parte de sus raíces se remontan a los años cincuenta. Además, en el tablero de la violencia colombiana ha desembocado decenas de guerrillas, disidencias y facciones a las que se añaden estructuras paramilitares, violencia extrajudicial del Estado y cárteles de la droga. 

    El proceso de paz que impulsó el presidente Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) (2012-2016) se vio severamente debilitado por las resistencias gubernamentales del presidente Iván Duque (2018-2022), el predecesor de Petro, a las condiciones del acuerdo. Gustavo Petro, por la otra mano, realiza una apuesta que funciona como una suerte de paz completa que, de partida, integra al Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero también a las disidencias de las FARC-EP surgidas tras 2016 y, asimismo, grupos herederos del paramilitarismo tras la entrega de armas de 2005. Estas negociaciones transcurren en un momento de erosión de la seguridad en el país, no solo por los niveles de producción cocalera de las últimas décadas, sino por la existencia de más de medio centenar de organizaciones armadas.

    Hoy el ELN es más fuerte que antes, dispone de más recursos armados y presenta una presencia territorial mucho mayor a la que tenía hace siete años. En 2010, el ELN tenía aproximadamente 1.800 miembros. En la actualidad, las estimaciones hablan de más de 3.500–4.000 guerrilleros, los cuales se han acogido a un cese al fuego intermitente con el gobierno. 

    Esta no es la primera vez que la guerrilla del ELN—guevarista en sus inicios en 1964—dialoga con el Estado colombiano. Desde comienzos de la década de los ochenta, los sucesivos gobiernos colombianos casi siempre otorgaron una atención especial a la paz, pero estos se han visto dificultados por un Estado que tiene más territorio que capacidades institucionales, y por las ganancias de las economías ilícitas—minería ilegal y narcotráfico—que nutrieron las finanzas de la violencia

    El proceso de paz del presidente Petro es excepcional por ser la primera ocasión en la que una agenda de negociación se construye sobre los avances de un proceso de paz previo, como fue el de Juan Manuel Santos, en 2016, con la guerrilla de las FARC. También es la primera vez que se propone una negociación que involucra simultáneamente a actores armados de distinta y opuesta naturaleza, y que hace un diagnóstico del conflicto en el que asume que es necesario sacar a todos los actores que incurren en la violencia al mismo tiempo. Esto para evitar que esos grupos se sigan transformando en nuevas disidencias y que sigan repitiéndose los ciclos de violencia que se han dado en las últimas décadas. El proceso ha tenido reveses: el ELN suspendió los diálogos la semana pasada, antes de anunciar esta semana que los reanudaría antes de las negociaciones programadas para abril.

    Hay mucho en juego: si el presidente Petro tiene éxito con esta agenda de paz “maximalista” el país podría ver una reducción significativa de la violencia y la democracia colombiana se vería fortalecida por una creciente legitimidad del Estado en su apuesta de integración social de los grupos armados disidentes. Sería también una validación del gobierno progresista de Petro. En contraste con administraciones previas, su diagnóstico identifica el conflicto histórico como una respuesta a inequidades estructurales en la distribución de la tierra y las oportunidades económicas de las personas. En un país sacudido por la violencia durante gran parte del siglo pasado, la ambiciosa promesa de paz tiene el potencial de determinar el legado de Petro. 

    Negociaciones fallidas

    El conflicto armado colombiano ha sido difícil de gestionar para los gobiernos de Colombia. Desde el final de la dictadura de Rojas Pinilla (1958–1982) el Estado colombiano funcionaba con los postulados del Frente Nacional: un acuerdo bipartidista, de alternancia perfecta, entre Partido Liberal y Partido Conservador.1 Los gobiernos del Frente Nacional tuvieron como rasgo general la apuesta por crear las bases de un Estado moderno, invirtiendo mayormente en infraestructura, políticas sociales básicas e industrialización, de manera tal que el problema del conflicto armado, incipiente hasta finales de los setenta, no era una prioridad. Tampoco lo era la mitigación de unas condiciones estructurales que atizaron la violencia, como la falta de una reforma agraria o el desarrollo de mejores instrumentos redistributivos de la riqueza.    

    El primer intento formal por negociar con una guerrilla fue, en 1984, bajo la presidencia de Belisario Betancur con las FARC-EP y con el M-19, un grupo guerrillero y urbano activo hasta 1991. Desde entonces, un rasgo común en la mayoría de los procesos negociadores fue la falta de claridad para concebir una paz posible entre el Estado colombiano y la guerrilla por imprecisiones sobre lo que las partes entendían por democracia o la transformación de la sociedad.

    En el caso de las FARC-EP, inspiradas en el agrarismo radical, creían que era posible tomarse el poder por la vía revolucionaria, especialmente desde 1982, cuando dicho objetivo era más viable por la presencia débil del Estado. Por su parte, el ELN, por su firme convicción marxista-leninista, además de recelar cualquier llamado al diálogo durante toda la década de los ochenta y comienzos de los noventa, entendía que cualquier negociación requería cambios en el modelo económico profundamente extractivo, que eran difíciles de asumir en un proceso de paz que defendía la legitimidad del Estado. 

    Ambas guerrillas, desde mediados de los ochenta, fueron acumulando recursos y expansión territorial. Mientras que las FARC-EP llegaron a tener 18.000 combatientes y presencia en un tercio del país en la década de 2000, el ELN llegó a tener 5.000 efectivos, especialmente concentrados en emplazamientos concretos de Antioquia y Bolívar, y varios lugares del litoral Pacífico. Por supuesto, mucho tuvo que ver esa expansión territorial con las ganancias provenientes de las economías ilícitas, asociadas al secuestro y la extorsión. En concreto, el negocio cocalero en el caso de las FARC-EP, y el contrabando y la minería ilícita en el del ELN. Algunos trabajos estiman, por ejemplo, que el negocio de la droga llegó a superar, a finales de los noventa, más de 1.200 millones de dólares anuales. Así mismo, el secuestro se consolidó como la principal fuente de ingresos del ELN. Esto mientras el Estado carecía de una robusta presencia militar, pues a mediados de los noventa carecía de un solo policía en más de 300 municipios, mientras seguía siendo uno de los tres países con mayor inequidad de toda la región.

    El cambio con Santos

    La Política de Seguridad Democrática impulsada por el presidente Álvaro Uribe (2002–2010) partía de una premisa clara: alcanzar la paz en Colombia con base en la derrota militar de las guerrillas. Durante sus ocho años de gobierno se invirtió casi un 4 por ciento del PIB en Seguridad y Defensa, ampliando el número de estructuras al interior de las Fuerzas Militares, modernizando su doctrina y equipamiento. Por ejemplo, con la ampliación del cuerpo de policías y militares de 313.000 a 440.000. Todo esto mientras los paramilitares, por otro lado, no sufrieron las campañas militares dirigidas por el Estado. Mientras que al paramilitarismo se le ofreció un marco jurídico desmovilizador para las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que benefició a más de 30.000 paramilitares (la controvertida Ley de Justicia y Paz) para las guerrillas se destinó una política estrictamente militarista. El resultado sería evidente: las FARC-EP y el ELN redujeron a la mitad su número de efectivos y su presencia territorial. Exhibieron una derrota estratégica, pero, asimismo, una capacidad de resiliencia en la periferia territorial colombiana en donde, desde 2010, se enquistaría el conflicto armado.

    Este enfoque cambió bajo la presidencia de Juan Manuel Santos (2010–2018) que, aun siendo inicialmente continuador de la política de confrontación uribista, terminó por asumir la necesidad de propiciar un diálogo de paz con la guerrilla de las FARC-EP que, a su vez, repercutió en el impulso de un diálogo con el ELN.

    Aunque el proceso con las FARC-EP no implicó una interrupción de la confrontación como condición para negociar, lo que hubo fue un claro desescalamiento del nivel de activismo armado por parte de la guerrilla, que mostró su compromiso por abandonar definitivamente la violencia armada. Esta actitud queda reflejada con un dato: si en 2012 las FARC-EP protagonizaron 824 acciones armadas en un total de 190 municipios, en 2015 esta cifra decaía en un 85 por ciento. Además, 2016 fue el primer año de la historia de Colombia en décadas en el que no se dio ninguna muerte entre la fuerza pública por acciones contra la guerrilla.

    El acuerdo diseñó un marco transicional de justicia que evitaba la aplicación de la jurisdicción ordinaria a cambio de tratos penitenciarios mucho más favorables y de exigir a la guerrilla su contribución especial a la verdad, justicia, reparación y no repetición. También se fortalecieron los mecanismos de protección y garantía para el ejercicio de la actividad política local de la guerrilla, un punto que sigue siendo una deuda pendiente ya que la violencia dirigida contra excombatientes de las FARC-EP o líderes sociales ha dejado, en los últimos años, más de 360 y 1.800 muertes, respectivamente, como resultado del vacío de poder que surgió tras el acuerdo. Finalmente, se recurrió a una entrega de armas bajo un dispositivo de verificación y seguimiento internacional y tripartito, formado por la guerrilla, el gobierno y las Naciones Unidas, que logró que se entregaran más 1,2 fusiles por cada exguerrillero desmovilizado.

    Paralelamente, y tras tres años de conversaciones exploratorias, a la vez que se había conseguido negociar con las FARC-EP y prácticamente cerrar el diálogo de paz de manera exitosa, el 30 de marzo de 2016, desde Caracas, se anunció el inicio formal de un proceso con el ELN. La agenda se reducía a seis cuestiones centrales: 1) participación de la sociedad por parte de ex combatientes, 2) democracia para la paz, 3) justicia para las víctimas, 4) transformaciones para la paz, 5) seguridad y paz para la dejación de armas y, finalmente, 6) garantías para el ejercicio de la acción política.

    Las dos estructuras más poderosas del ELN, el Frente de Guerra Occidental (FGOC), activo en Chocó, y el Frente de Guerra Oriental (FGO), con fuerte arraigo en Arauca, nunca mostraron una posición firme en favor de avanzar el diálogo. Pero los compromisos que se mencionaban desde la mesa de negociaciones rápidamente quedaban desdibujados por acciones armadas, hostigamientos y secuestros.

    Pese a todo, el proceso arrancó en febrero de 2017, aunque con muchos reveses, pues fuera de la mesa de diálogo la confrontación se intensificó, especialmente desde septiembre de 2017, cuando se registraron numerosas acciones armadas en Chocó y Arauca. Después de varias erupciones violentas durante un cese de fuego breve con Iván Duque como presidente y el proceso de diálogo paralizado, este llegó a una parálisis definitiva con el atentado del 17 de enero de 2019, dirigido contra una escuela de cadetes de la Policía Nacional, al sur de Bogotá, que dejó 23 muertos y 90 heridos.2 A pesar del gran avance de Santos con los acuerdos de las FARC-EP, la paz después de 2016 siguió siendo difícil de alcanzar.

    La llegada de Gustavo Petro

    En los cuatro años de presidencia de Duque (2018–2022) fue impracticable cualquier escenario de interlocución con el ELN. Esto devino en una profunda erosión en materia de seguridad y defensa en el país, a lo que se añadieron trabas e incumplimientos al acuerdo con las FARC-EP. Entre 2018 y 2022, el ELN fue consolidando su posición en aquellos enclaves en donde tuvo especial arraigo y, asimismo, una condición cuasi-hegemónica. (Véase Mapa 1). Tal fue el caso de Arauca, la región del Catatumbo, el sur de Bolívar, el centro y norte de Chocó o emplazamientos concretos de Antioquia, Cauca y Nariño. 

    Mapa 1: Presencia territorial del ELN, 2018-2020

    Fuente: Acceso abierto – Indepaz (2020) (I: 2018, C: 2019, D: 2020)

    En este tiempo proliferaron también numerosas disidencias que se reivindican como legítimas herederas de las FARC-EP y que se caracterizan por confrontar violentamente con el ELN, en yuxtaposición a otras presencias violentas, como el Clan del Golfo, que es el mayor heredero del proyecto paramilitar desmovilizado. Entre ambas expresiones de violencia, esto es, las directamente asociadas a las FARC-EP y las vinculadas con el paramilitarismo, se eleva a medio centenar el número total de grupos armados que rivalizan entre sí y a la vez con el Estado.

    El presidente Gustavo Petro, quien comenzó su mandato en julio de 2022, llegó a un panorama caracterizado por violencia extrema y conflicto territorial entre múltiples actores opuestos, todos los cuales tenían una relación distinta entre sí. Sobre estas circunstancias, la iniciativa de paz del presidente Gustavo Petro recibe el nombre de “Paz Total” (Ley de Orden Público 2272 de 2022), la cual es reconocida en su Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023), y asume la transformación de la violencia producida por el conflicto armado como una cuestión prioritaria de su agenda de gobierno, una actitud que contrastaba con la del gobierno de Iván Duque, el cual, además de debilitar profundamente la implementación del Acuerdo de Paz, objetó muchos de sus componentes más importantes, como la Jurisdicción Especial para la Paz, optando por una aplicación selectiva del contenido suscrito por las FARC-EP. Tanto es así que, como recuerda el Instituto Kroc en sus informes, los avances integrales en su cumplimiento apenas han sido de un 2 por ciento anual.  

    Quedan varios obstáculos por delante. En los últimos procesos de negociación del ELN, una de las principales debilidades fue la persistencia de una constante agenda maximalista, conformada sobre diálogos imprecisos, generalistas y sobre elementos difícilmente mensurables. En el caso de la negociación del gobierno Petro uno de los retos está en lograr traducir las demandas grandes de transformación social y económica del ELN a una agenda específica de temas y acuerdos a los que se les pueda hacer seguimiento. 

    Otro de los puntos con los que no cuenta la negociación entre el gobierno Petro y el ELN es con un acuerdo alrededor de una entrega de armas como esquemas progresivos. Precisamente, la entrega integral de armas, como sucedió con las FARC-EP, fue uno de los elementos más exitosos de aquel proceso, aunque para la guerrilla supuso la pérdida del elemento con el que presionar el cumplimiento íntegro de lo suscrito. 

    En Colombia, desde mediados de los ochenta, los diferentes procesos de paz no han incorporado como elemento necesario para impulsar negociaciones el cese al fuego entre las partes contendientes. Cuando sí se instauró, como en los procesos de paz de La Uribe y Corinto, en 1984, respectivamente con las FARC-EP y el M19, resultó impracticable.     

    En esta ocasión, el cese al fuego ha estado presente como propósito desde el comienzo, y aunque el gobierno y la guerrilla consideraron esto como una prioridad, se han necesitado tres rondas de negociaciones para establecer un primer compromiso real por reducir las hostilidades. Desde el 3 de agosto de 2023 y hasta comienzos de 2024, por un periodo de seis meses, está prevista una ausencia plena de acciones armadas vigiladas por un mecanismo de verificación de dicho compromiso. 

    Por el momento, los niveles de desescalamiento han sido notorios, aunque desdibujados por un asesinato, justificado por la guerrilla y cometido el agosto de 2023, en San Vicente del Chucurí. Además, en contraste con los equipos de negociación previos, el actual equipo negociador por el que ha optado Gustavo Petro tiene una composición más amplia y heterogénea. En esta ocasión, el equipo negociador disfruta de una mayor paridad de género y pluralidad étnica, si bien sobresalen algunas importantes figuras políticas, como el senador Iván Cepeda y el presidente de la Federación de Ganaderos, José Félix Lafaurie. 

    En 2016, las negociaciones colapsaron en gran medida como resultado de la composición descentralizada y federal del ELN: los presentes en la mesa de negociaciones no controlaban a los de la FGO o la FGOC. Aun cuando dispone de órganos de mando centrales, en el ELN la toma de decisiones no es vertical, como sucedía con las FARC-EP. Por esa razón, las decisiones se hacen desde el diálogo horizontal con los Frentes de Guerra, de manera que la obediencia a posiciones se torna más compleja y conflictiva. Ya en el pasado esta ruptura de posiciones precipitó el fin del proceso negociador con el gobierno colombiano. Queda por ver el éxito de las iniciativas actuales, con el enfoque progresista pero todavía maximalista de Petro.

    Alcanzando Paz Total

    Si comparamos las capacidades de ELN en la actualidad con relación a las que tenía en 2017, todos los informes coinciden en destacar una vigente posición de fortaleza y consolidación territorial, especialmente en Arauca, Norte de Santander, Cesar, sur de Bolívar, Antioquia y parte del litoral Pacífico. Las cifras muestran tres tipos de tendencias crecientes y favorables para el ELN. Primero, todos los reportes coinciden en señalar un aumento notable en el número de efectivos, que en apenas siete años se habría duplicado, superando los 4.000. Por otro lado, las dinámicas de la geografía de la violencia apuntan a una consolidación cuasi-hegemónica en muchos lugares anteriormente controlados por las FARC-EP. En tercer lugar, parece innegable una mayor condición binacional, que le ha llevado a hacer más visible su presencia en los estados venezolanos de El Zulia, Apure, Táchira y Amazonas.

    El progreso de la Paz Total dependerá de muchos aspectos. Con el proceso de diálogo, los avances serán definidos por la consecución de consensos, pero eso dependerá de que el ELN logre garantizar una posición unívoca entre los frentes y estructuras más beligerantes y menos políticos de la guerrilla. En segundo lugar, para Petro, todavía falta ver si el cese al fuego contribuye a fortalecer una confianza ciudadana, particularmente en las comunidades que han sufrido los efectos del conflicto armado. Finalmente, será decisivo ver si el avance de las negociaciones de la Paz Total es capaz de neutralizar las confrontaciones internas entre grupos armados, las cuales tienen sus propias dinámicas de confrontación en torno a las economías ilegales, y hoy enfrentan al ELN, las disidencias de las FARC-EP y los herederos del post-paramilitarismo. 

    La negociación del gobierno de Gustavo Petro con el ELN sigue estando en curso. Ya terminó el sexto ciclo de diálogos (son ciclos de veinte días) entre el grupo guerrillero y el gobierno. Mientras tanto, se ha extendido el cese al fuego hasta agosto de 2024, así como la suspensión de secuestros extorsivos y el reclutamiento de menores de edad por parte del ELN. 

    Para el gobierno del presidente Petro, de todas las negociaciones que adelanta en el marco de la Paz Total, esta es la que está más avanzada, y la que tiene más promesas de salir adelante. Por eso al gobierno le resulta de la mayor prioridad mostrar que al menos esta negociación sí la puede completar en el caso de que las otras negociaciones de paz con grupos insurgentes no terminen en un acuerdo entre las partes. No sólo porque es una de sus promesas principales de gobierno y una de las razones por las cuales fue elegido, sino porque, de no lograrlo, le daría un triunfo importante a sus opositores en la derecha, que han defendido regresar a un enfoque militarista para enfrentar estos grupos guerrilleros, por lo que puede comprometer la consolidación de la izquierda en el poder político colombiano.  

    Pero aún si firma la paz con el ELN, tendrá todavía el reto de demostrar que la salida de este grupo sí tiene un efecto en la reducción de los indicadores de violencia, secuestros y narcotráfico. Actualmente no está claro que la salida del ELN se traduzca en mejores resultados de seguridad o que termine transfiriendo el poder a otros grupos armados. La violencia ya se ha trasladado a las principales ciudades, y muchos temen que se repita el acuerdo de paz entre las FARC-EP, en el que el desarme de un importante grupo armado fortaleció inadvertidamente a otro. Al menos, la paz con el ELN implicará el regreso a la vida civil de 5.850 combatientes, que según cálculos de inteligencia militar, son los integrantes actuales del grupo. Después de décadas de militancia y tráfico de drogas en zonas remotas del país, un plan de reintegración de esta escala requiere fortalecer el papel de la sociedad civil en la paz. 

    Y es que el ELN es una especie de confederación de grupos regionales que representan problemáticas específicas en las regiones. Por esa razón, la negociación con el ELN es también una oportunidad para que el gobierno pueda tramitar las transformaciones territoriales que las comunidades vienen pidiendo desde décadas atrás. Estos cambios, sin embargo, implicarán inversiones a largo plazo en infraestructura civil y provisiones básicas para corregir décadas de negligencia por parte del Estado. Una tarea tan inmensa, que requiere mucho más que las estipulaciones en la mesa de negociaciones, parece difícil de lograr en los próximos dos años y medio que quedan del mandato de Petro.

  5. El G20 en el Sur

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    En diciembre de 2023, Brasil comenzó a presidir el G20. La presidencia de un año, que culminará en la cumbre anual que se celebrará en Río de Janeiro en noviembre de 2024, es la tercera de cuatro mandatos liderados desde el Sur global, después de Indonesia en 2022 e India en 2023, y precediendo a la ya decidida presidencia sudafricana en 2025. Cuando el primer ministro de la India, Narendra Modi, entregó formalmente la presidencia a Brasil el pasado noviembre, Lula anunció tres prioridades para “poner la reducción de las desigualdades en el centro de la agenda internacional: (i) inclusión social y lucha contra el hambre (ii) transición energética y desarrollo sostenible en sus tres aspectos (social, económico y ambiental) y (iii) reforma de las instituciones de gobernanza global.” Las propuestas fueron bien recibidas internacionalmente. Desde ahora hasta la cumbre de noviembre, la tarea es construir propuestas y acuerdos concretos que puedan cumplir estos objetivos.

    Aunque las propuestas del gobierno brasileño son progresistas, el diálogo multilateral del G20 continúa en el contexto de instituciones internacionales que existen desde hace mucho tiempo, reflejando el equilibrio del poder económico global a mediados del siglo XX. Forjadas después de la Segunda Guerra Mundial, instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ahora sustentan un sistema de gobernanza internacional que no representa los enormes cambios que han ocurrido en la economía mundial desde la década de 1970. Dominadas por países cuyas economías representan una parte cada vez menor de la producción y el comercio mundial, estas instituciones reproducen asimetrías de poder sobre los temas de la diplomacia multilateral, que hoy son indispensables para mitigar el cambio climático global y extender protecciones sociales sobre las poblaciones económicamente y socialmente vulnerables del mundo.

    El creciente protagonismo del Sur global entre los países que componen el G20 indica un cambio en el equilibrio de fuerzas dentro del grupo, y muestra cómo el momento es propicio para un cambio de estrategia. La última cumbre del grupo en Nueva Delhi ilustró la relevancia creciente del Sur global. Bajo la presidencia India, dos eventos importantes marcaron un cambio hacia la multipolaridad: la ausencia de una posición unilateral sobre la guerra en Ucrania y, más importante aún, la inclusión de la Unión Africana (UA) como miembro permanente del grupo.

    Figura 1: Miembros del G20 tras la Cumbre de 2023

    Fuente: G20. Elaboración propia.

    El crecimiento de protagonismo y, en consecuencia, de poder político del Sur global dentro del G20 favorece una nueva agenda global para el siglo veintiuno. Al asumir la presidencia rotativa por primera vez, el gobierno brasileño tiene una gran oportunidad para promover la coordinación entre países de ingresos medios para perseguir objetivos comunes.

    Aunque la diversidad política dentro del Sur global significa que una estrategia diplomática más formal para estructurar un bloque económico podría seguir siendo esquiva, las prioridades listadas por el gobierno brasileño identifican intereses comunes que pueden fortalecer la acción conjunta.

    El sur global en el G20

    Con la reciente incorporación de la Unión Africana, el mapa del G20 ha cambiado sustancialmente, con una participación mucho más amplia del globo representada ahora en las deliberaciones. Considerando criterios geopolíticos, así como geográficos y económicos, distinguimos a los miembros del Norte global del G20 como Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, República de Corea y la Unión Europea. Aquellos del Sur global son Sudáfrica, Arabia Saudita, Argentina, Brasil, China, India, Indonesia, México, Rusia, Turquía y la Unión Africana.

    Agrupar a los países miembros del G20 según esta división ilustra los cambios de las últimas décadas. Las participaciones en el PIB global son un criterio ampliamente utilizado para el análisis económico internacional: desde el comienzo del siglo veintiuno, ha habido una transformación rápida en la importancia de los dos grupos de países. Los últimos datos de 2022 muestran que estamos viviendo en el preciso momento en que el Sur global está superando al Norte.

    Figura 2: Participación en el PIB mundial (en paridad de poder adquisitivo)

    Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia.

    Con el crecimiento de la economía mundial entre 1990 y 2022, la participación combinada en el PIB mundial de los países del G7 del Norte global cayó en una quinta parte, pasando del 57 por ciento al 37 por ciento (figura 3). El aumento de la participación en el PIB mundial del Sur global convierte al G20, en lugar del G7, en un foro de gobernanza global de indudable importancia.

    Figura 3: Participación del G7 en el PIB del G20 (en paridad de poder adquisitivo)

    Source: World Bank. Own formulation.

    Aunque la economía china lidera significativamente la trayectoria ascendente del Sur global, eso por sí solo no es suficiente para explicarlo. Al aislar las dos economías más grandes del planeta (EE. UU. y China), la Figura 4 muestra que la contribución de los otros países del Sur al crecimiento real del PIB del G20 ha sido, desde el comienzo del siglo veintiuno, casi invariablemente mayor que la de los otros países del Norte.

    Figura 4: Contribución al crecimiento del PIB real del G20 (%)

    Fuente: Indicadores del Desarrollo Mundial, Banco Mundial. Elaboración propia.

    Cuando analizamos la producción industrial, la transformación también es bastante significativa. Aunque existen diferencias sustanciales en la participación de cada uno de los países del Sur global en las cadenas de valor globales, en términos cuantitativos agregados la evolución del grupo de países es notable. En el momento de la creación del G20 en 1999, la participación de los países del Sur global en la producción industrial total del grupo era de alrededor del 10 por ciento. A partir de 2005, esta participación comenzó a crecer rápidamente, alcanzando casi el 50 por ciento en 2021 (figura 5). En los próximos años, a pesar del movimiento de “reshoring” promovido por los EE. UU., es probable que el Sur global supere al Norte, según este criterio.

    Figura 5: Producción industrial (% de valor añadido en relación con el total del G20)

    Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia.

    Desde el punto de vista del comercio internacional, la participación de los países del Sur global también está aumentando. Cuando se creó el G20, la participación del Sur en las exportaciones totales era de aproximadamente el 13 por ciento. En 2021 fue más del 30 por ciento (figura 6). El aumento en las exportaciones refleja el crecimiento en la producción de bienes industriales, como se demostró anteriormente, pero también la gran relevancia de los países del Sur global en la producción y exportación de bienes agrícolas y minerales. La figura 7 muestra la importancia del Sur en la producción de algunos de los alimentos más relevantes para la dieta de la mayoría de la población mundial. El Sur global ha sido durante mucho tiempo líder en la producción de arroz (China e India) y caña de azúcar (Brasil, India y China), pero en las últimas tres décadas los países del Sur también han expandido la producción de otros alimentos donde tradicionalmente la producción estaba concentrada en el Norte del G20.

    La producción de trigo y carne en el Sur global, por ejemplo, superó la del Norte en la década de 1990 y actualmente representa alrededor del 60 por ciento del total producido por el G20. El Sur comenzó a dominar la producción de soja a principios del siglo veintiuno, con una participación actual de alrededor del 60 por ciento (con énfasis en Brasil y Argentina). En la producción de maíz, los Estados Unidos sigue siendo el productor más importante individualmente, pero en nuestro análisis, al dividir los países participantes en dos bloques, el Sur global se ha vuelto más relevante que el Norte (principalmente debido a la producción china y brasileña), hasta con el maíz.

    Figura 6: Proporción del Sur global en las exportaciones totales del G20 (%)

    Source: World Bank. Own Formulation.

    Figura 7: Producción alimentaria, productos alimenticios seleccionados (% en relación con el total del G20)

    Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Elaboración propia.

    En la imprescindible cuestión de la producción de electricidad entre los países del G20, los países del Sur global ya superaron al Norte en 2013 y actualmente superan la producción de este último en más del 40 por ciento. Aún más relevante que la cantidad producida es la diversidad de fuentes. La figura 8 muestra que el Sur global tiene una producción equivalente o mayor en fuentes consideradas limpias (como la energía hidroeléctrica, eólica y solar), pero que el volumen de producción de energía mediante la quema de carbón mineral sigue siendo extremadamente grande, principalmente debido a China e India.

    Estos datos demuestran la imposibilidad de pensar en la transición energética a nivel global sin la inclusión del Sur. Por un lado, esto subraya la importancia de que los países del Sur se comprometan con la reducción de emisiones, y por otro, exige una colaboración seria y un compromiso por parte del Norte hacia el Sur, incluyendo transferencias tecnológicas y acuerdos que aseguren que la transición se realice rápidamente y sin reforzar las desigualdades estructurales. También existen importantes heterogeneidades entre los países del Sur global, lo que hace que la transición energética sea más desafiante para unos que para otros. Por lo tanto, es crucial que la agenda ambiental dentro del ámbito del G20 se formule teniendo en cuenta los principales impulsores del aumento (y la reducción potencial) de las emisiones de carbono para cada país.

    Figura 8: Producción de electricidad, por fuentes, G20 (TWh)

    Fuente: Estudio de las estadísticas de la energía en el mundo 2023 – Instituto de la Energía. Elaboración propia.

    La otra cara de la moneda

    La relevancia creciente del Sur global en el G20, revelada por métricas económicas relacionadas con la producción y el comercio, no se refleja en el funcionamiento de los sistemas monetarios y financieros internacionales. Para el conjunto de los mercados internacionales de divisas, el volumen de transacciones que involucran al dólar estadounidense representaba el 90 por ciento en 1989 y el 88 por ciento en 2022.1

    La resistencia del dólar contrasta con la pérdida de importancia relativa de la economía estadounidense en la producción mundial. En el mismo período, la única moneda emitida por el Sur global que ha experimentado un aumento notable es el renminbi chino, que ha pasado del 0 por ciento de las transacciones en 1989 al 7 por ciento en 2022. Considerando que el PIB de China actualmente representa alrededor del 15 por ciento del PIB mundial (en paridad de poder adquisitivo), esta sigue siendo una discrepancia enorme. Las monedas de grandes economías del Sur global, como India (2 por ciento) y Brasil (1 por ciento), son absolutamente marginales en la escena internacional.

    Esta asimetría en los sistemas monetarios y financieros internacionales tiene importantes impactos macroeconómicos globales, generando lo que Valérie Giscard D’Estain en una era anterior de política monetaria describió como un “privilegio exorbitante” para el país que emite la moneda clave y, para los países que emiten monedas periféricas, lo que hemos llamado una “carga obligatoria,”2 ya que la marginalidad de su moneda legal en los mercados mundiales significa que a menudo enfrentan una mayor volatilidad en sus tipos de cambio, tasas de interés más altas en sus préstamos y, en consecuencia, menos autonomía en la política económica.3 La asimetría monetaria también es, por supuesto, una fuente de poder geopolítico. Con naciones dependientes de las ganancias en dólares en el comercio y los mercados financieros, los Estados Unidos utilizan su moneda, y los sistemas monetarios y financieros internacionales basados en ella, como armas de guerra.4

    Junto con la hegemonía del dólar estadounidense, las principales instituciones financieras multilaterales mantienen reglas de gobernanza que rozan lo anacrónico. El impacto profundo del voto y del poder de veto que tiene Estados Unidos en el FMI, por ejemplo, ignora los vastos cambios geopolíticos y económicos que han ocurrido en el mundo desde 1945, y refuerza las desigualdades entre países. La creación de los Derechos Especiales de Giro a finales de la década de 1960, si bien representa un cambio hacia el reconocimiento de un mundo emergente posterior a la Segunda Guerra Mundial, significa poco cuando el control sobre la institución emisora sigue estando tan fuertemente en manos de Estados Unidos.

    Más allá de la economía, el pueblo

    Junto con el análisis de los indicadores económicos, es pertinente analizar los datos demográficos de los países miembros del G20. La porción de población del Sur global ya era vastamente superior a la del Norte para el año 2022, y la entrada de la Unión Africana en el grupo a partir de 2023 desequilibró aún más este panorama. La Figura 9 muestra que más del 80 por ciento de la población del G20 (incluyendo a los miembros de las federaciones nacionales) se encuentra en los países del Sur. Según estimaciones de las Naciones Unidas (ONU), las poblaciones del Norte y del Sur global fuera de la UA se mantendrán relativamente estables o experimentarán un crecimiento modesto en las próximas tres décadas. Mientras tanto, se espera que la población de la UA aumente en alrededor de mil millones de personas, elevando la participación demográfica del Sur global en el G20 a alrededor del 86 por ciento del total.

    Figura 9: Población total, miembros del G20 (miles de millones de personas)

    Fuente: ONU – Perspectivas de la Población Mundial 2022. Elaboración propia.

    Si sólo consideramos la población menor de veinte años, la discrepancia es aún mayor. La figura 10 muestra que, con la inclusión de la UA, el Sur global concentra actualmente casi el 90 por ciento de la población joven del G20, una situación que probablemente se mantendrá en las próximas décadas.

    Figura 10: Población menor de 20 años, G20 (miles de millones de personas)

    Fuente: ONU – Perspectivas de la Población Mundial 2022. Elaboración propia.

    Estas métricas económicas y demográficas revelan la gran y constante importancia de los países del Sur global en el G20. Estas tendencias tienen indudables efectos geopolíticos, que indican el aumento del poder del Sur y favorecen su actuación como bloque en la búsqueda de intereses comunes.

    Agendas del Sur al Sur

    El aumento de peso y el consiguiente aumento del poder de negociación del Sur global en el G20 revela que estamos viviendo en un momento propicio para presionar en favor de una nueva estructura de gobernanza global que represente de manera más concreta las transformaciones económicas y geopolíticas de las últimas décadas. El esfuerzo del Sur global por ampliar su voz en las arenas internacionales no es nuevo, pero la situación actual permite que la presidencia brasileña aproveche las demandas de este grupo de países.

    Un factor importante es la expansión exponencial del poder geopolítico chino. Si los países del Norte global no ceden espacio a los demás países del Sur, favorecerán un acercamiento continuo con China. La expansión de los BRICS para incluir a seis nuevos países (Arabia Saudita, Irán, Etiopía, Egipto, Argentina y Emiratos Árabes Unidos), comenzando en 2023, por ejemplo, puede representar la creciente importancia de los foros de coordinación internacional al margen del G20.

    El contexto doméstico de Brasil también configura este importante momento en la política mundial. Después de seis años como paria internacional entre las naciones, Brasil está regresando a su papel de representar la posibilidad de desarrollo democrático social en el escenario mundial con la reelección de Luís Inácio Lula da Silva. En los primeros meses de su tercer mandato, Lula se reposicionó como un líder mundial clave, especialmente en temas relacionados con la paz, la lucha contra el hambre y la crisis climática. Para alcanzar estos objetivos en la economía mundial, es importante que la presidencia brasileña del G20 defienda vigorosamente propuestas de alivio o condonación de deudas para los países de bajos ingresos, especialmente en un contexto de ajuste fiscal ampliamente fomentado por los sistemas monetarios y financieros internacionales.

    El G20 ya ha demostrado su capacidad para este liberalismo fiscal. En 2020, buscando minimizar los impactos de la pandemia y las deudas públicas en las trayectorias de crecimiento de los países de bajos ingresos, el G20 estableció la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI). Desde mayo de 2020 hasta diciembre de 2021, la iniciativa suspendió 12.9 mil millones de dólares en pagos de servicio de deuda para los países participantes,5 extendiendo el gasto social a los socialmente vulnerables en un momento de turbulencia económica global. Sin embargo, el valor fue solo un poco más de un cuarto del total anunciado en el lanzamiento.6 En 2022, el programa fue reemplazado por el Marco Común para el Tratamiento de Deudas Más Allá del DSSI, actualmente en vigencia. Ambos programas demostraron ser lentos, excluyentes de los países de ingresos medios y no pudieron atraer la participación completa de los acreedores.7 Hay espacio para avanzar con un proyecto mejor y más integral para renegociar o perdonar deudas para los países del Sur global.

    El tema de la deuda externa y la consiguiente falta de espacio fiscal están vinculados a otro problema crucial: el aumento de los costos de financiamiento climático. Los países sobreendeudados necesitarán aumentar el gasto en la transición verde si el G20 quiere alcanzar sus objetivos comunes. La renuencia de la comunidad internacional a proponer alternativas a la deuda de los países de bajos y medianos ingresos hace imposible que los países más vulnerables al cambio climático inviertan en mitigación y adaptación.8 El hecho de que el gobierno brasileño sea hoy un acreedor neto internacional solo aumenta la legitimidad de esta demanda.

    La política global de normas fiscales nacionales revela asimetrías en los sistemas monetarios y financieros internacionales que la presidencia brasileña del G20 puede comenzar a abordar. La resistencia de los países del Norte global a las reformas sigue siendo muy fuerte, pero el reconocimiento de las disfuncionalidades del sistema actual legitima las demandas del Sur. Algunos cambios no vendrán de cuerpos multilaterales deliberativos, sino más bien de transformaciones económicas y geopolíticas dramáticas e impredecibles. Sin embargo, las instituciones multilaterales en Bretton Woods son herramientas importantes y deben estar sujetas a diálogo y presión en las reuniones del G20.

    Además, la iniciativa brasileña de crear una Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza podría tener amplias repercusiones globales, si culmina en una propuesta concreta que incluya, sobre todo, una estructura de financiamiento y coordinación entre los diversos organismos gubernamentales. Con voluntad política y un diseño institucional efectivo, es posible mitigar la triste realidad de casi 800 millones de personas que pasan hambre en un mundo que produce cantidades suficientes de alimentos para alimentarlas. Este diseño puede basarse en historias de éxito del propio Sur global, como la de China, con su política de alivio de la pobreza dirigida, y la de Brasil, con su Política de Hambre Cero.

    Finalmente, el tema de la sostenibilidad, en sus iteraciones económicas, sociales y ambientales, debe tener prioridad, ya que atraviesa todas las cuestiones de financiamiento y coordinación planteadas por la agenda del G20 de Brasil. Financiar la transición verde, garantizar condiciones para la no explotación de áreas ambientales preservadas y la carga diferenciada de reducción de emisiones de carbono para los países del Sur y del Norte global son centrales.

    Brasil enfrenta aquí un impasse compartido por otros países del Sur y del Norte global: una situación en donde la transición energética ocurre lentamente presenta continuas oportunidades económicas para que uno de los mayores productores de petróleo del mundo siga con la exploración de petróleo en áreas como el Margen Ecuatorial. También ofrece nuevas formas de poder geopolítico (véase el movimiento para unirse a la OPEP+). En medio de la gravedad de la crisis ambiental actual, el gobierno actual debe mantenerse firme en la defensa de políticas ambientales efectivas. Dada la centralidad de la transición verde en la agenda del G20, y el hecho de que Brasil también será sede de la COP30 en 2025, el momento es oportuno para abrir canales de diálogo, asociaciones y financiamiento para mantener estos compromisos ambientales.

    Estos son algunos ejemplos de cómo los ejes prioritarios definidos por la presidencia brasileña del G20 pueden articular la creciente importancia del Sur global en el bloque e influir en cambios efectivos en las resoluciones de la cumbre de 2024. No hay soluciones nacionales para problemas globales. La pandemia claramente demostró el fracaso de las estructuras de gobernanza global actuales para coordinar soluciones colectivas. La vergonzosa carrera para comprar vacunas, cuando los países ricos garantizaron cantidades de dosis que superaban con creces sus necesidades mientras que la mayor parte del Sur global ni siquiera había garantizado la primera dosis para su población, ilustró claramente la necesidad de transformaciones.

    Asimismo, los problemas relacionados con las desigualdades estructurales o la crisis climática no se resolverán si los países ricos persisten en los mismos patrones de un sistema evidentemente defectuoso. Si el G20 no puede desafiar estas estructuras, no tiene sentido que sobreviva como un foro relevante. Por cada diez jóvenes en el G20, nueve están en el Sur global. Si la agenda del grupo presta más atención a un joven del Norte global que a nueve del Sur, el foro habrá fracasado. En este sentido, la presidencia de Brasil en el G20 puede desempeñar un papel histórico en la reorganización de la gobernanza global. Para hacerlo, tendrá que ser cautelosa en relación con las agendas impuestas por las instituciones multilaterales tradicionales, priorizando las necesidades del Sur global y favoreciendo la coordinación entre estos países, para actuar como bloque en la defensa de intereses comunes.

    Este ensayo fue traducido del portugués por Aminta Zea.

  6. Anarcocapitalismo

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    Desde principios de la década del 2000, la financiación del desarrollo en Argentina ha sufrido una profunda transformación.1 En medio de una mora cíclica en la deuda y de interminables negociaciones con inversionistas extranjeros y el FMI, los préstamos chinos para inversión en el extranjero han captado poco a poco el interés del público. Entre los años 2007 y 2020, Argentina recibió $10,65 mil millones de dólares en inversión provenientes de compañías chinas, concentrados en los sectores de energía, minería y financiero.2 Hoy en día, Argentina es el cuarto país dentro de la región que más recibe préstamos de China, con alrededor de $17 mil millones de dólares en total. Estos préstamos están destinados principalmente a apoyar la infraestructura del transporte, los proyectos energéticos y el impulso de las exportaciones nacionales. En el año 2022, el presidente Alberto Fernández acordó abrir líneas de financiamiento con China para un total cercano a los $23 mil millones de dólares a través del Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica (DECCE) y de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, aunque esta última está aún pendiente de ser activada.

    Es dentro de este cambiante paisaje de préstamos que Javier Milei, quien se define a sí mismo como el “primer y verdadero reformista del libre comercio y presidente libertario de la historia”, ha sido elegido. Milei venció en las urnas a su contrincante, el exministro de finanzas Sergio Massa, en un país sufriendo una inflación del 140 por ciento y una caída vertiginosa en las exportaciones gracias a una sequía que terminó en pérdidas de $19 mil millones de dólares, casi el 3% del PIB nacional. 

    En términos económicos, Milei produce una sensación de déjà vu que recuerda a personalidades neoliberales de los 70, de los 90 y de la era Macri. Tanto su partido político como su gabinete provienen de administraciones anteriores, con figuras como Ricardo Bussi (el hijo del dictador y gobernador de la provincia de Tucumán), y miembros de la administración de Menem, dentro de quienes se encuentra el sobrino de Menem, Martín Menem, como presidente de la Cámara de Diputados. Es notable la cantidad de exministros del gobierno de Macri que forman parte del gabinete de Miliei, como Patricia Bullrich, Luis Caputo, Santiago Bausili, entre otros.

    Milei defiende las reformas al libre comercio radical y una robusta política de ajustes. Con la esperanza de abrir paso a una nueva era nacional de endeudamiento sustancial hacia la economía de occidente, originalmente prometió romper lazos con gobiernos “comunistas” como el de China y Brasil y, de forma, notoria, también prometió dolarizar la economía y liquidar al Banco Central. 

    Pero en menos de un mes desde su elección, la actitud de Milei hacia China dio un giro dramático: actualmente Argentina tiene una reserva neta en el Banco Central de menos de $10 mil millones de dólares, con reservas brutas que alcanzan los $23 mil millones de dólares. El 75 por ciento de las reservas está ligado a un acuerdo de permuta financiera (swap) con China. Cuando la embajada china suspendió el acuerdo, Milei se vio obligado como una de sus primeras movidas políticas  a disculparse con Xi Jinping.. Sin embargo, no fue suficiente – China suspendió la activación de 47 mil millones  de renminbis (equivalentes a 6,5 mil millones de dólares) de la permuta.

    La trayectoria de la orientación de Milei hacia China crea interrogantes en relación con desarrollos más profundos en el paisaje económico mundial. Esto sugiere que hay mucho más en juego que sólo la ideología — que, en ciertos contextos, los Estados Unidos y sus instituciones financieras afiliadas ya no pueden pretender ser los financiadores de las necesidades de desarrollo del sur global, y que la inversión china está aquí para quedarse. Además, esto indica que no todos los países del sur global están igualmente empoderados con el aumento de la competencia geoeconómica. Por el contrario, algunos se encuentran atrapados entre los poderes mundiales. 

    Ciclos de deuda

    En el mes de diciembre de 1982, el Banco Central argentino nacionalizó casi $17 mil millones de dólares en deuda privada, concluyendo un periodo de dictadura apoyado por Kissinger y caracterizado por algunos de los primeros experimentos con la reestructuración neoliberal. Esta decisión allanó el camino hacia la crisis de deuda de la década de los ochenta, la subsecuente desindustrialización y las políticas de reformas de ajustes, todo a  la mano de la represión social. 

    La economía argentina se ha mantenido en esta trayectoria cíclica desde ese entonces: un endeudamiento significativo da lugar a una crisis económica, que luego se usa para justificar las medidas de austeridad y la privatización. Estas medidas, en lugar de incentivar el crecimiento económico, generalmente empeoran la crisis y traen consigo un periodo de salida de capital.3 En las elecciones que siguen a este periodo, la coalición de centroizquierda en el poder se abstiene de desafiar el ciclo y escoge renegociar y volver a pagar la deuda en su lugar. 

    Es debido a este patrón que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner denominó a la Argentina un “pagador serial”. Esta estrategia puede tener victorias temporales en circunstancias exógenas favorables, como un boom de mercancías. Pero, durante una recesión interna, la estrategia se confronta con políticas de ajuste estructurales y ello crea una enorme insatisfacción. La coalición de derecha eventualmente vuelve al poder.. 

    Figura 1: La Argentina como “Pagador Serial”: Deuda bruta por moneda como porcentaje del PIB

    Fuente: Banco Central de Argentina. En azul, la deuda en pesos; en verde, la deuda en monedas extranjeras

    La relación tóxica del país con el FMI ha estimulado su ciclo de deuda de forma persistente. En el 2018, los desastrosos efectos de los préstamos del FMI alcanzaron nuevos niveles, lo que hizo que se sobrepasará la capacidad de endeudamiento y diera lugar a una salida de capital que contradijo los estatutos del FMI.4

    Las políticas del FMI han sido conducidas por una agenda política distinta: Mauricio Claver, director ejecutivo del FMI y un consejero crucial para la administración de Trump en asuntos latinoamericanos, afirmó: “Todo lo que Trump hizo en el FMI fue para ayudar a Macri y prevenir que el Peronismo regresará a la Casa Rosada (el palacio presidencial argentino)”. Con la priorización de la exclusión de la izquierda política, estas políticas, sin pensarlo, le abrieron campo a la derecha.

    Luis Caputo, quien ahora funge como ministro de economía de Milei, tuvo el mismo cargo durante la administración de Macri. Caputo, economista con experiencia en el JP Morgan y en el Deutsche Bank, implementó un mecanismo de fuga de divisas a través del Banco Central durante el período de Macri. Este mecanismo implicó subastas de dólares con un valor inferior a las tasas del mercado, lo que resultó en una pérdida substancial de 66 mil millones de pesos. La conexión entre esta pérdida y los fondos del préstamo récord de Macri con el FMI se revelaron más adelante, lo que causó preocupación acerca de las salidas de capital. Como sorprendentemente lo reveló el mismo Milei en una entrevista en el año 2018, “Caputo lo vendió todo, esfumó $15 billones de dólares del FMI, y él es el responsable del desastre en el Banco Central.”

    Figura 2: Países con mayor endeudamiento con el FMI, en billones de dólares.

    Al asumir la presidencia, el gobierno del expresidente Alberto Fernández prometió separarse del neoliberalismo y preparar el camino hacia el crecimiento. Sin embargo, la reestructuración de la deuda liderada por el entonces ministro de economía Martín Guzmán, involucró la solicitud de un nuevo préstamo al FMI dentro del marco del Programa de Servicio Ampliado del FMI (SAF) y su aprobación en el Congreso. La evidencia histórica indica que los programas de ajuste estructurales, sean éstos “blandos” o “estrictos”, se quedan cortos en la resolución de problemas en Latinoamérica, y más bien los empeoran.5

    El acuerdo en sí resultó ser inflacionario y restringió la capacidad del gobierno para implementar políticas efectivas contra la inflación. Guzmán renunció luego de la firma del acuerdo con el FMI, y Sergio Massa, un curtido político, asumió el papel de ministro de economía. 

    Apertura a China

    Es en el periodo posterior a décadas de préstamos de instituciones occidentales que China se ha alzado como una alternativa atractiva. Los préstamos chinos ofrecen ventajas importantes si se les compara con los ofrecidos por su contraparte. Mientras que las finanzas en occidente vienen acompañadas de condicionamientos políticos y económicos a nivel local, China ofrece préstamos sin condicionamientos para grandes proyectos de infraestructura. Luego de un periodo de gracia de entre cinco y diez años, se espera que los países receptores devuelvan los préstamos gracias al crecimiento económico esperado. 

    Una condición que sí exigen los préstamos otorgados por China es que la tecnología china constituya entre un 30 y un 40 por ciento de las importaciones del país receptor, lo que amplía los mercados de exportación de China. En general, la economía occidental ha sido mucho más especulativa y de corto plazo que el “paciente” capital chino.6 Como lo indica la Tabla 2, los préstamos entre los estados de China y Argentina a través de garantías soberanas ascienden a casi $7,8 mil millones de dólares, y la mayoría de líneas de financiamiento se otorgó a proyectos de transporte y energía.

    Tabla 1: Tabla comparativa entre las economías occidental y china en Argentina

    AspectoFinanciamiento de occidenteFinanciamiento chino
    Condicionamientos– Condicionamientos políticos y económicos locales
    – En su mayoría relacionado con programas de ajuste 
    – Condicionamientos geopolíticos
    – Condicionamientos sin considerar la política local
    – Cláusula de tecnología: mínimo entre 30-40% de importación de tecnología china para impulsar exportaciones chinas7
    – Cláusulas recíprocas de incumplimiento: si se detiene un proyecto, los demás se ven afectados
    Ciclo– Especulativo y de corto plazo 
    – No genera condiciones de devolución
    – Generalmente sale del país
    – Vinculado a la expansión económica de los Estados Unidos
    –Relacionado con proyectos en la economía real (embalses, plantas solares, líneas de exportación, etc.)
    – Espera generar condiciones de devolución 
    – Los swap son a largo plazo, de capital “paciente».8 Sin costo anterior a su activación. 
    – Vinculados a la expansión material china.
    Interest Rate– FMI: alrededor del 10%– Los préstamos e intercambios chinos son más bajos que las tasas de interés del mercado. 
    – Préstamos alrededor del 3%, intercambios alrededor del 6%.
    Adaptability– Baja– Alta
    Fuente: elaborado por la autora

    Tabla 2: Préstamos dirigidos por bancos de desarrollo desde China hacia la Argentina (2010-2019). Por ente de financiamiento, proyecto, cantidad, tasa de interés y madurez.

    AñoEnte de financiamientoProyectoMillones de dólaresTasas de interésMadurez (en años)
    2010Banco de Desarrollo de China (CDB) y CITICSuministro de locomotoras, vagones de pasajeros, repuestos, herramientas, documentos técnicos, servicio técnico y capacitación técnica para la Vía Férrea San Martín273Libor + 3.15%10
    2010Export-Import Bank of China (CHEXIM)Suministro de vagones de pasajeros, repuestos, herramientas, documentos técnicos, servicio técnico y capacitación técnica para la Vía Férrea San Martín114Información no disponible8
    2014Banco de Desarrollo de China (CDB) e ICBCRehabilitación de la Vía Férrea Belgrano Cargas2100Libor a 6 meses
    Tasas de interés Libor +2,9%, obligación del 0,125% y cuota de manejo del 0,20%
    15,5 (con un periodo de gracia de 4,5 años)
    2014Banco de Desarrollo de China (CDB); ICBC Y Banco de China (BoC)Represas Hidroeléctricas del Río Santa Cruz4714Libor a 6 meses
    Tasas de interés Libor +3,8%, compromiso del 0,125% y cuota de manejo del 0,20%
    15 (con un periodo de gracia de 5,5 años)
    2017Export-Import Bank of China (CHEXIM)Parques solares fotovoltaicos Cauchari I, II y IIIA331Tasas de interés al 3% (Préstamo basado en políticas – PBL)
    cuota de compromiso +0,75%
    y cuota de manejo 0,75%
    15 (con un periodo de gracia de 5 años)
    2019Banco de Desarrollo de China (CDB)Adquisición de material rodante ferroviario para la Línea Eléctrica Roca236Libor a 6 meses
    Libor +2,4% de margen
    10 (con un periodo de gracia de 3 años)
    Total7768
     Source: Secretariat of Strategic Affairs of Argentina (2023)

    Las líneas chinas de intercambio de divisas han tenido un rol crucial en la estabilización de la macroeconomía argentina desde el año 2009, y han fortalecido las reservas del país en el Banco Central sin costos adicionales cuando se usan como un mecanismo de reserva. Desde 2008, el Banco Popular de China ha formado parte de acuerdos bilaterales de intercambio de divisas (BSAs, por sus siglas en inglés) con bancos centrales extranjeros, valiéndose de estos acuerdos para ofrecer soporte de liquidez a corto plazo a países socios más allá de las instituciones Bretton Woods. La Argentina ha sido un beneficiario significativo de estos acuerdos. El acuerdo de intercambio de divisas inicial, estimado en 70 billones de yuanes ($9,98 billones de dólares) se cerró entre el Banco Popular de China (PBoC) y el Banco Central de la República de Argentina (BCRA) durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

    En el 2017, durante la administración de Macri, el PBoC y el BCRA renovaron el acuerdo bilateral de intercambio de divisas por 70 mil millones de yuanes. Se firmó un acuerdo adicional de intercambio de divisas por 60 mil millones de yuanes en 2018, ascendiendo a un total de 130 mil millones de yuanes ($20 mil millones de dólares). En el 2022, Alberto Fernández renovó y extendió el intercambio con China a 150 mil millones de yuanes ($23,4 mil millones de dólares). Durante el período de Sergio Massa como ministro de economía, se habilitaron dos tramos de préstamo adicionales: el primero, equivalente a $5 millones de dólares, y al amortizarse este, se activó un segundo tramo por $6,5 mil millones de dólares. De esta última cantidad, se destinaron fondos para hacer tres pagos al FMI en yuanes: el 30 de junio, por $1,08 mil millones, el 1 de noviembre por $796 millones, y el siete del mismo mes por otros $884 millones.

    Tabla 3: Reservas del Banco Central de la República Argentina, desglosados – agosto de 2023

    Concepto Mil millones en dólares
    1. Reservas internacionales brutas23.8
    Pasivos brutos
    -Líneas de intercambio
    -China
    (de las cuales se activaron)
    – BIS
    Depósitos de requerimiento de reserva para moneda extranjera
    Otros (incluido el seguro de depósito)
    -SEDESA
    -Otros
    34.1
    20.9 
    17.9
    6.5
    3.0
    10.3
    2.0
    1.8
    1.0
    2. Reservas internacionales netas-10.3
    Oro
    DEG
    Reservas de liquidez
    3.8
    0.0
    -14.1
    Pro-memoria 
    Tasas de interés nominal
    Forward de cobertura bancaria del Banco Central
    -6.3
    3.1
    Fuentes: elaborada por la autora con base en el FMI y el BCRA

    Comercio chino y transformación industrial

    Hay que pagar un precio por el aumento de inversión proveniente de China. Desde principios de la década del 2000, China ha superado a los socios económicos tradicionales de Argentina, dentro de los que se encuentran Estados Unidos y Europa. En la actualidad, China ocupa el segundo lugar como socio comercial de la Argentina, seguido de Brasil. Típicamente, el comercio chino constituye entre el 8 y el 10 por ciento de las exportaciones argentinas. Sin embargo, el saldo comercial de Argentina ha sufrido déficits crecientes, especialmente con China y Estados Unidos.

    Figura 3: Balance comercial de Argentina con Estados Unidos y con China

    Mientras China escapaba de las políticas de “terapia de choque”,9 Argentina sufría las consecuencias de las recurrentes olas neoliberales, el desarrollo industrial en los países experimentaba caminos divergentes.10 Esto llevó a un giro significativo en la matriz productiva, a medida que Argentina sufría una desindustrialización gracias al aumento en la demanda de materia prima y de recursos naturales.11

    Figura 4: Porcentaje de participación de la industria en el PIB de Argentina y China.

    Fuente: elaborada por la autora basándose en datos del Banco Mundial

    El aumento del comercio con China ha intensificado aún más este giro. La soya constituye el principal producto de exportación de Argentina hacia China, lo que equivale a un tercio del total. Cumplir con la demanda de soya de los chinos a su vez ha transformado el paisaje económico argentino por completo.12 Las Figuras 5 y 6 ilustran el profundo desequilibrio en la diversidad de exportaciones e importaciones entre los dos países. 

    Figura 5: Exportaciones de Argentina hacia China

    Source: OEC, MIT (2023)

    Figure 6: Argentina Imports from China

    Fuente: OEC, MIT (2023)

    Limitaciones estructurales

    Milei no es el primer líder argentino en oponerse a los crecientes lazos económicos con China. Desde el 2015, la administración de Macri ha intentado restringir la cooperación y hacer énfasis en una alianza geopolítica con los Estados Unidos. Pero más adelante, también, las realidades económicas obligaron al gobierno a revertir el curso. Durante los primeros siete meses del gobierno de Mauricio Macri, China redujo las importaciones de soya en un 30 por ciento y las importaciones de aceite de soya en un 97 por ciento. Durante la reunión del G20 de 2016 en China, Macri logró restaurar el comercio de soya. Debido a que los proyectos financiados por la China generalmente incluyen una cláusula “recíproca de incumplimiento” que garantiza el cese de todos los proyectos, si tan sólo uno se detiene, las repercusiones de retirarse son enormes. 

    Entonces, la orientación de Milei hacia China no es algo nuevo. A pesar de que sus relaciones económicas con China se solidifican, Argentina sigue casada con su alineación al occidente. Pero, al igual que gobiernos anteriores, el de Milei deberá llegar a acuerdos con la cambiante conformación de la economía mundial: el pago de la deuda que Argentina tiene con el FMI depende de la continuación de sus exportaciones a China.

    La incapacidad de Milei para conseguir nuevo financiamiento de los entes de financiamiento occidentales puede llevar a su administración a aceptar los avances económicos diplomáticos de China, lo que llevaría a una situación similar a la de Bolsonaro en Brasil.13 Esto puede resultar en una fortalecida dependencia económica en las manos de China. Sin embargo, mientras Brasil está capitalizando las relaciones con China mediante un importante superávit comercial, centros de innovación y fondos del Nuevo Banco de Desarrollo, Argentina se presentará a China como un “deudor desesperado”. El gobierno chino está presionando a Milei para que confirme que su administración mantendrá el interés de China en Argentina.  

    El caso de Argentina entonces pone en presente dos duras realidades: la primera es que el financiamiento y la inversión china en el sur global cumple más con una necesidad estructural que con una elección política; la segunda es que, aunque el surgimiento de superpotencias que entran en competencia generalmente crea oportunidades para los países del sur, también puede hacerlos caer en un pozo sin fondo. El caso de Argentina es una excepción, al estar atrapado en giros pendulares sin una clara estrategia internacional.

  7. Una nueva no-alineación

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    Mientras la guerra de Rusia en Ucrania se intensificaba, el ministro de relaciones exteriores chino Wang Yi realizó en marzo de este año un viaje a Nueva Delhi para conversar con su contraparte de India, S. Jaishankar. Wang afirmó: “Si China e India unieran su voz, el mundo entero escucharía; si China e India se dieran la mano, el mundo entero prestaría atención”. La balanza geopolítica pronto comenzó a inclinarse del lado de India. 

    La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, realizó su primer viaje a Delhi, en abril, donde sentó las bases para varias semanas de frenéticas negociaciones entre la UE e India en torno a una amplia agenda que abarcaba desde defensa hasta fabricación ecológica.

    El mes siguiente, en una gira relámpago de tres días por Alemania, Dinamarca y Francia, la primera ministra Narenda Modi obtuvo concesiones que los legisladores indios han codiciado por más de dos décadas: inversiones en energía verde, transferencias de tecnología y acuerdos sobre armamento, lo que le da cuerpo a una moribunda asociación estratégica entre la UE e India.

    El canciller Olaf Scholz anunció, en Berlín, una asociación ecológica de 10 000 millones de euros para ayudar a India a lograr sus objetivos climáticos para el 2030 y a realizar transferencias de alta tecnología. El día siguiente, en Copenhague, los países nórdicos firmaron acuerdos sobre energía solar y eólica, así como inversiones en transporte marino ecológico y ciudades verdes. Macrón firmó, en París, acuerdos para invertir en centros de hidrógeno ecológico de India e incrementó las ventas de aeronaves y buques militares franceses. Por su parte, Électricité de France confirmó un acuerdo pendiente desde hace tiempo para construir seis reactores nucleares EPR-1650 en Jaitapur, el cual fue seguido del crucial acuerdo de inversión entre India y Japón por 42 000 millones de dólares para vehículos eléctricos (EVs), amoniaco e hidrógeno renovable y una transición de la industria pesada.

    La elección del momento para estas rápidas concesiones no es casual. El divorcio entre China, Rusia y Occidente le está dando a Modi una oportunidad de oro para negociar un nuevo orden geopolítico. Mientras el mundo se divide en nuevos bloques de la Guerra Fría —que se asemejan sorprendentemente a los bloques de la antigua Guerra fría— resurge la vieja estrategia india de no-alineación, y esta vez, el ascenso de China asegura que el nuevo bloque contrahegemónico gozará de recursos considerablemente mayores de lo que jamás tuvieron las antiguas potencias comunistas.

    Esa envalentonada confederación se extiende más allá del subcontinente. Los últimos treinta años de crecimiento convergente de la India se lograron en una era de primacía global estadounidense. En la actualidad, una India mucho más rica, junto con otras naciones en desarrollo que tienen intereses independientes de EE. UU. poseen la capacidad de desafiar la coercitiva hegemonía estadounidense. Brasil e Indonesia también están aprovechándose de su nuevo impulso. Ni Estados Unidos ni Europa deberían subestimar las elites poscoloniales en sus esfuerzos renovados de trazar un rumbo independiente.

    Las fricciones con Occidente están aseguradas. Pero los diplomáticos del mundo en desarrollo están preparados para pagar con el fin de evitar una confrontación arriesgada y costosa con el eje chino-ruso. La respuesta de los países en desarrollo a la pregunta de Occidente ¿quieren contener a China con nosotros? Es probablemente “sí”. Pero, la respuesta a la pregunta ¿Quieren contener a China y Rusia con nosotros? Es probablemente “no”.

    Desde el 11 de Septiembre del 2001, El Departamento del Tesoro, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos han desarrollado un panóptico sobre las redes clave de globalización. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y el sistema de pagos SWIFT vigilaban los canales financieros; la internet de vigilancia de Silicon Valley de Edward Snowden proporcionaba una visión del flujo de información; y la lista de control de exportaciones de tecnologías, suministraban un mapa de las cadenas de suministros. Los cuellos de botella principales estaban situados y operaban en los estados industrializados avanzados del G7.

    Mientras tanto, Estados Unidos se mostró más dispuesto a utilizar el sistema del dólar como arma contra alborotadores. La señal para los países en desarrollo fue clara: Los EE. UU. ejercerán su control sobre las tecnologías que fundamentan el crecimiento económico y la superioridad militar si se sienten amenazados.

    El dominio del G7 sobre tecnologías clave sigue siendo la fuente de su poder duro, como quedó demostrado con el diseño de sus sanciones de guerra económica contra Rusia, a raíz de su última invasión a Ucrania. Sancionar los activos del banco central de Rusia e impedir el acceso al sistema SWIFT fue una señal de guerra financiera. Luego, una cortina de hierro tecnológica cayó, lo que bloqueó las exportaciones de alta tecnología a la economía rusa, así como piezas críticas de aviones, mientras el G7 trataba de bloquear el suministro de chips de silicio (un componente clave del hardware militar) desde Corea y Taiwán. Estados Unidos intensificó su contención de China, en octubre, mediante restricciones al control de exportaciones de chips.

    Países como China, India, Indonesia, Brasil, Sudáfrica, México, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se han negado a sacrificar sus  intereses nacionales para castigar a Rusia. Más importante aún, ellos consideran que su poder de negociación en la nueva Guerra Fría resultará en mejores tratos comerciales, tecnológicos y armamentísticos con Occidente. Estos ocho países representarán por sí mismos a tres cuartos de la población mundial y el 60 % de su economía para el 2030. Ellos tienen aspiraciones de dominio regional y creen que la no-alineación sirve mejor a sus intereses. No es sorprendente, entonces, que estos países adopten una postura de no-alineación para asegurarse las mismas tecnologías clave —jets de combate, tecnología verde, chips, submarinos, energía nuclear, productos farmacéuticos avanzados, redes móviles 5G— que podrían impulsar su crecimiento convergente. El mapa de países que se han mantenido neutrales sobre las sanciones hacia Rusia no es una protesta desgarradora por la justicia global, sino un duro juego de seguridad. Antes de adherirse al nuevo régimen financiero-tecnológico-militar de Occidente, estos países pretenden conseguir las máximas concesiones. También apuestan porque Occidente tolere su dilación a las sanciones rusas y se abstenga de imponer sanciones secundarias (sanciones por incumplir las sanciones) sobre ellos. Las amenazas de salida, como cualquier negociador sabe, otorgan poder.

    ¿Qué quieren exactamente los países que se plantean una nueva no-alineación?

    1. Tecnologías básicas para impulsar el crecimiento futuro

    2. Material militar avanzado para mejorar la seguridad

    3. Ventaja en las negociaciones comerciales con Europa, Estados Unidos y el nuevo bloque chino-ruso

    4. Mercancías esenciales como comida, energía, metales y fertilizantes del nuevo bloque chino-ruso

    5. Mejores términos para reestructurar su deuda con acreedores occidentales y chinos en una crisis mundial de la deuda del dólar que amenaza su soberanía..

    El Movimiento de Países No Alineados (independientes del colonialismo y no alineados formalmente con o en contra de cualquier bloque de grandes potencias, ni del Este ni de Occidente) se fundó durante la Guerra Fría en la conferencia de Bandung de 1955 con 29 países, en Indonesia. Se institucionalizó en 1961, sobrevivió al “mundo bipolar” y se volvió irrelevante después de 1991. El MNOAL cuenta actualmente con 120 miembros. Tres grandes países —China, Brasil y México— son observadores. Fuente: base de datos sobre el desarme del Movimiento de Países No Alineados.

    Reliance, el conglomerado indio propiedad del billonario y partidario de Modi, Mukesh Ambani, resume la relación de los países en desarrollo con el G7. La Refinería Jamnagar de Ambani produce miles de millones importando crudo ruso y exportando diésel y gasolina al Occidente. A pesar de incumplir las sanciones, continúa recibiendo transferencias de tecnología verde. Ha invertido más de 60 000 millones de dólares de su propio efectivo y 10 000 millones de dólares en sociedades y adquisiciones de electrolizadores para producir hidrogeno (a una empresa danesa), galletas fotovoltaicas (a una empresa alemana), paneles solares (a una empresa noruega), baterías a escala de red (a una empresa estadounidense) y baterías de litio-ferrofosfato (a una empresa holandesa).

    La gestión de India en estas sociedades extranjeras dependerá de Dubái. El presidente de los EAU Mohammad bin Zayed posicionó al reino del golfo como un Club Med para que oligarcas y bancos comerciales eludan las sanciones de Occidente. Los petroestados del golfo van a ganar 1.3 billones de dólares (petróleo) más en exportaciones por los próximos cuatro años. Dubái permite a los países no-alineados evadir las sanciones mediante pagos en materias primas liquidados en yuanes, rupias y rublos para evitar los dólares. La política de Biden en el golfo Pérsico se está adaptando, se habla de garantías de seguridad para los EAU y de una nueva sociedad con los EE. UU. por un acuerdo de financiamiento de energía limpia por 100 000 millones de dólares para países en desarrollo. Entretanto, los fondos soberanos del golfo están invirtiendo en la transición energética en toda Eurasia. Es el fuerte regreso de la antigua ruta comercial indo-arábigo-europea del azúcar, las especias y el algodón. 

    Bajo la presidencia de Joko Widodo, Indonesia también hace movimientos tomando el control de su abundante suministro de níquel y cobre —esencial para la transición energética— e incentivando la inversión en instalaciones de procesamiento. Si el sueño de convertirse en un electroestado es nuevo, las herramientas son antiguas. Indonesia está copiando los éxitos del Estado Desarrollista de los tigres asiáticos, así como las iniciativas de nacionalización de los países de la OPEP en los años setenta. Ante los aullidos de indignación de la Comisión Europea en la Organización Mundial del Comercio, Jokowi prohibió las exportaciones de níquel, obligó a las compañías internacionales a refinarlo y procesarlo en el país y buscó la transferencia de tecnologías a las empresas estatales. 

    Indonesia tiene las mayores reservas de níquel del mundo, controladas en su mayoría por la empresa minera estatal, MIND ID. Después de que Jokowi prohibió las exportaciones de níquel, las empresas chinas acordaron crear empresas conjuntas en Indonesia, además de transferir la tecnología de lixiviación ácida de alta presión (HPAL) que es requerida para fabricar níquel para baterías. Mientras la alemana Volkswagen, la brasileña Vale y las estadounidenses Ford y Tesla buscaron inicialmente obtener el níquel sin procesar del país, Indonesia insistió en hacerse con una mayor parte de la cadena de valor mediante la creación de un campeón nacional en producción de vehículos eléctricos, Indonesia Battery Corporation, que ha establecido sociedades con la china CATL y la surcoreana LG para obtener tecnología HPAL crítica para el níquel para baterías.

    Los próximos objetivos de Jokowi para el enfoque de “prohibir las exportaciones y nacionalizar” son el estaño (Indonesia es el segundo mayor productor del mundo y el metal se usa como soldadura para conexiones eléctricas), el aluminio (Indonesia es el quinto productor más grande del mundo y el metal se usa en electricidad y automotores) y cobre (usado, bueno, en todo lo eléctrico).

    No obstante, esta independencia política sigue limitada frente a las sanciones estadounidenses. Luego de que EE. UU. amenazara a cualquier cliente de armamento ruso con la guerra económica, Indonesia canceló sus planes de adquirir jets de combate Sukhoi-35, a pesar de las ofertas rusas de un modelo para eludir al dólar de “aceite de palma a cambio de jets de combate”. En su lugar, Indonesia emprendió una importante escalada en el gasto de defensa para comprar treinta y seis F-15 estadounidenses y cuarenta y dos Rafales franceses, junto con dos de los submarinos Scorpene (estos últimos un emoliente después de que Francia perdiera en su venta de submarinos diésel con Australia) por un costo total de 22 000 millones de dólares. Cuando Rusia envió dos sistemas de misiles de defensa aérea S-400 a India en 2021, se produjo una reacción violenta de Estados Unidos y amenazas de sanciones a India por este acuerdo. Las peticiones de sanciones constructivas, no coercitivas, siguen sin ser oídas.

    El presidente electo de Brasil, Lula, apoyado por el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), sindicatos de trabajadores y grupos defensores de derechos comunitarios, raciales y de género, mantiene un amplio compromiso político con la sostenibilidad y el multilateralismo.

    Tal vez lo más sorprendente sea que, dada la proximidad de su régimen con Estados Unidos, el presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, haya optado por la neutralidad en la guerra. Los intereses materiales en juego hacen que esta elección parezca obvia —las exportaciones de soya, maíz, azúcar y carne brasileñas dependen en gran medida de los fertilizantes rusos, por esta razón, Bolsonaro ha tenido un gran interés en mantener las relaciones. Más aún, el superávit comercial de Brasil con China es más grande que todas sus exportaciones con Estados Unidos pero la corriente ideológica es más profunda.

    Con Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil profundizó las relaciones, no solo con los BRICS y otros gobiernos de la marea rosa, sino también con Estados Unidos. El ministro de relaciones exteriores alardeó, en 2011, que Brasil tenía más embajadas en África, que Gran Bretaña. Esa voluntad de hacer amigos tanto en el Pacífico como en el Atlántico norte le ha dado un gran margen de maniobra, como cuando rompió las patentes de medicamentos contra el VIH/SIDA en favor de los genéricos indios.

    La facción de libre mercado de Bolsonaro acabó con esta tendencia multilateralista, al alinearse contra India, Sudáfrica y china cuando este bloque demandó vacunas contra el Covid-19 libres de limitaciones de propiedad intelectual (PI) en la Organización Mundial del Comercio. También, se unió al G7 en políticas de libre comercio agrícola y se mantuvo al margen de peleas sobre PI. Sin embargo, los grandes esfuerzos de la derecha brasileña por acabar con el proteccionismo no fueron suficientes para superar la larga aversión del país a los planes coordinados del G7. Brasil continúa eligiendo la neutralidad ante las sanciones rusas. Las élites en Brasilia prefieren mantener sus opciones abiertas y ligeros sus compromisos.

    El crecimiento industrial ecológico obliga a tomar decisiones difíciles. De cara al futuro, Brasil necesitará priorizar a los industriales nacionales o a sus aliados externos al considerar si desarrolla carros de combustión-flexible alimentados por etanol de caña de azúcar de producción nacional o por baterías provenientes de China, Indonesia y el cercano triangulo del litio. En su discurso de victoria, rodeado por sindicalistas y campesinos sin tierra, Lula se comprometió a buscar la no-alineación estratégica: “No aceptaremos una nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China. Tendremos relaciones con todos”. Brasil puede aplazar la elección entre norte y sur, pero la elección entre un Brasil que mira hacia adentro o uno que mira hacia afuera parece inevitable.

    Hubo una ironía especial en la captura de la derecha de Brasil. Bajo el gobierno de Bolsonaro, el país fue quizás el más cooperativo con el orden liderado por el G7 de todos los países BRICS. Pero Lula representa la mejor oportunidad del mundo en desarrollo para liderar un movimiento de no-alineación. Mientras que el antiguo movimiento de no-alineación estaba anclado por imperativos morales —descolonización, antirracismo, desarme nuclear— esta insipiente versión carece de un programa social y ético positivo. En su lugar, obedece a la fría lógica comercial y de seguridad del desarrollo. Corresponderá a ese antiguo sindicalista metalúrgico forjar una nueva coalición basada en valores compartidos.

    Los países en desarrollo aprovecharán este cambio violento de las condiciones geoeconómicas de esta década para construir sobre viejos modelos de crecimiento, como la política industrial y el capitalismo del Estado Desarrollista. Se espera que estados como India e Indonesia continúen imponiendo condiciones en sus, cada vez más codiciados, acuerdos de cooperación y acceso a los crecientes mercados de consumo en materia de infraestructuras duras.

    Si esta es la tendencia general, habrán enormes variaciones en la estrategia. El programa de desarrollo brasileño a través de política social, que incluye los conocidos subsidios en efectivo Bolsa Familia, podrían materializarse completamente con el regreso al poder de Lula. Por su parte, Indonesia e India —que ocupan la saliente y entrante presidencia del G20— han favorecido políticas centradas en la construcción de electricidad, carreteras y puertos, que pueden ignorar los derechos humanos y favorecer acuerdos para los titulares poderosos. En la versión extrema, consideremos el modelo de Gujarat, constituido por las bases de las agresivas campañas electorales de Modi.

    Los nuevos países no-alineados se enfrentan a las potencias del G7. Los más expuestos a este cambio en el terreno de las relaciones económicas y de seguridad son Alemania, Corea y Japón, cuyas empresas industriales temen perder sus mercados de exportación. Hasta ahora, Alemania se ha distanciado de los desacopladores de Washington. En su reciente visita a China, el canciller Scholz, acompañado de los presidentes de BASF y Volkswagen, declaró: “en un mundo multipolar están emergiendo nuevos centros de poder, y nosotros apuntamos a establecer y mantener sociedades con todos ellos”.

    Incluso mientras los países no-alineados negocian dentro del régimen de nuevas sanciones y encuentran maneras de sacarles ventaja, no deberíamos perder de vista el devastador peaje de sanciones del G7, un instrumento contundente que ha destrozado cadenas de suministro y creado presiones inflacionarias. Cuando las élites de los mercados emergentes logran negociar estas condiciones en su beneficio, es algo impresionante. Pero incluso los tratos comerciales más creativos logrados bajo los términos del G7 son insuficientes para amortiguar la volatilidad del precio de la energía y los alimentos, desencadenada por los mercados desregulados de materias primas que operan desde Londres y Chicago. Mientras tanto, el caos climático en todos los continentes agrava estas tensiones, devastando las vidas ya de por sí precarias de muchas personas. Razón de más para que el G7 siga el ejemplo de los BRICS y coordine la inversión en infraestructuras sostenibles a largo plazo.

    Este ensayo fue traducido del inglés para PW por Gabriel Gallego.

    Primera aparición de este ensayo en GREEN, una revista de Groupe d’études géopolitiques.

  8. ¿Cambio de régimen?

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    El eje central de la estrategia de “conmoción y pavor” de la economía occidental a la invasión y bombardeo de Ucrania por parte de Rusia fue el congelamiento de los bienes del Banco Central del país agresor. En la edición del 7 de marzo del boletín “Reporte del Capital Mundial” de Credit Suisse, el estratega de inversiones Zoltan Pozsar escribe que el embargo de estas reservas por parte del G7 marca un cambio de régimen en el sistema monetario global. Pozsar lo denomina como Bretton Woods III. Él anticipa que los soberanos asiáticos, temiendo que las reservas extranjeras denominadas en dólares y euros están en riesgo de expropiación debido a futuras disputas políticas internacionales, ubicarán sus fondos excedentarios fuera del alcance de las autoridades financieras occidentales. Para Pozsar, esto anuncia el crecimiento de las “monedas respaldadas por commodities en el este” y conjura el desenlace de la hegemonía del dólar.

    En un artículo de seguimiento publicado el 31 de marzo, Pozsar especula que los recientes desarrollos llevarán a China a reemplazar a Occidente como los compradores de última instancia del petróleo ruso. Como resultado, los buques petroleros deberán ser redireccionados de la vía rápida, entre este y oeste a través de Suez, a un camino más largo entre Rusia y China (que requiera transferencia entre navíos). La geopolítica dará forma a la reorganización de redes reales de infraestructura, ralentizando las cadenas de suministro e incrementando el costo del crédito. Poszar predice que este reacomodamiento de los flujos mundiales de dinero y mercancías presagia un nuevo orden económico mundial, uno en el que China reemplazará a Estados Unidos como la hegemonía monetaria. El petrodólar, presagia él, será reemplazado por el petroyuan.

    El análisis de Pozsar -así como la respuesta de Adam Tooze al análisis- aprecia la asimetría en la economía mundial: entre economías avanzadas que dominan las finanzas globales y los países en desarrollo que producen la mayoría del PIB mundial (alrededor del 60 %). Asia puede ser el centro de gravedad del mundo de la manufactura, pero las firmas europeas y norteamericanas siguen dominando el grueso de las ganancias integradas en las cadenas mundiales de suministro. Esta tensión en la economía mundial no muestra señales de resolverse pronto, pero se está haciendo cada vez más disputada. La militarización de la política comercial por parte de la anterior administración republicana se ha visto reforzada por la actual administración demócrata. Un reciente discurso de la Secretaria del Tesoro Janet Yellen donde promulga “el “friendshoring” de cadenas de suministro” -en el que Estados Unidos fortalece lazos comerciales con quienes comparte intereses estratégicos y “valores fundamentales” y corta el resto- resume el nuevo tono (en su discurso, Yellen también pide revitalizar Bretton Woods basado en su visión de que el orden económico basado en el dólar nos “beneficia a todos”).

    Entender este orden económico emergente requiere complementar el enfoque de la famosa “matriz de balances contables” de Hyung Song Shin respecto a la globalización financiera, con un lente que vea el sistema global del dólar como una matriz de dominación monetaria, militar y legal. Estamos presenciando la creación de un nuevo capítulo en este sistema -si estamos en una nueva era llamada Bretton Woods III, es, hasta el momento, la versión más militarizada del sistema global del dólar. 

    Bretton Woods I

    De 1952 a 1973, Bretton Woods I reforzó la subyugación de otras monedas frente al dólar. Obtener oro requería convertir otras divisas, fuera libra esterlina o franco francés, a dólares, la única moneda que podía ser convertida en oro. La dominación del dólar dependía entonces de una tasa de cambio estable entre los dólares y el oro. Esto significó limitar el suministro de dólares -fácil de imprimir comparado con la producción de oro, una mercancía escasa. Una creciente demanda de dólares a finales de los 60 hizo que mantener una paridad fija entre dólares y oro se hiciera cada vez más difícil. En agosto de 1971, ante el temor de una caída del dólar, el presidente Nixon desligó a la moneda del oro. Ya no se podía ir a la ventana de un banco e intercambiar sus dólares por oro. Así, de facto, el orden monetario internacional conocido como Bretton Woods había acabado.

    La decisión de Nixon de desvincular el dólar del oro fue tomada junto con la amenaza de sanciones comerciales a no ser que los europeos apreciaran sus divisas, haciendo que las exportaciones de Estados Unidos fueran más baratas y más atractivas para el mercado mundial. El Secretario del Tesoro de Nixon, John Connally, declaró de manera infame a sus contrapartes extranjeras que el dólar “es nuestra divisa, pero es su problema”. La administración del dolar mundial, abandonada por Estados Unidos, generó más de una década de desorden económico marcado por la inflación alta y el desempleo.

    Poszar asemeja el momento presente a esta ruptura estructural en los regímenes monetarios. Pero ya no estamos en 1971. Cuando los mercados parecieron imperturbables en la primera semana de la guerra Rusa sobre Ucrania, en palabras del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), Jerome Powell, fue por haber “institucionalizado la provisión de liquidez”. Powell se refería a las líneas de swap y las opciones de recompra del tesoro, hechas permanentes el verano pasado, que estaban listas a suministrar dólares a los bancos centrales extranjeros y a los mercados financieros en caso de turbulencias en el mercado. Comparado con la fuerte salida de flujos financieros de China, y la ampliación y diseminación de la deuda soberana en la periferia europea en los días posteriores a la invasión ucraniana, el dólar se fortaleció y las expectativas de inflación en Estados Unidos parecieron bien ancladas, parcialmente porque la FED aseguró que estabilizaría los mercados del dólar como prestamista de última instancia.

    Como custodios del dólar -involucrados en la creación y emisión de dólares, así como de pagos y acuerdos- la Reserva Federal y el Tesoro de Estados Unidos tienen un poder sin par sobre el sistema financiero mundial. Un sistema financiero mundial asimétrico basado en una sola moneda alimenta la inestabilidad. Dejarle el dinero mundial a las vicisitudes de los mercados mundiales de divisas significó décadas de crisis financieras, sobre todo en la periferia del sistema financiero global. Sin embargo, cuando una burbuja financiera gigante estalló en el epicentro del orden mundial del dólar en 2007, las intervenciones para enfrentar la crisis se convirtieron en una parte central del mandato de la FED. El intervencionismo fue su nuevo mantra. 

    Si las sanciones son el puño de hierro, las líneas de swap son el guante de seda del orden mundial del dólar. En las dos últimas crisis financieras, los intercambios de dólar de la FED a los bancos centrales extranjeros -que sumaron casi un billón en 2008 y medio billón en 2020- fueron otorgados a una docena de bancos centrales. Tras la crisis financiera global de 2008, el dólar emergió incluso más potente en su rol como reserva global y vehículo como divisa comercial. El ciclo financiero global del dólar post 2008 significó que el dólar dictaba fluctuaciones en el comercio mundial, los préstamos internacionales, los retornos en el mercado de acciones y el crecimiento global. Los soberanos que carecían de autonomía monetaria y fiscal debieron soportar mayores limitaciones en el presupuesto, ciclos comerciales más volátiles y en tiempos de crisis, defaults en la deuda soberana. La infraestructura monetaria de la hegemonía estadounidense es más extensa y está más arraigada que nunca antes.

    Bretton Woods II 

    Indudablemente, el embargo de las reservas de divisas extranjeras de Rusia por parte del G7 llevará a China a reconsiderar su propia estrategia de acumulación extranjera en dólares y euros. Podría incluso acelerar un esfuerzo por internacionalizar los mercados de renminbi en el camino, y los países podrían verse incentivados a pasar de SWIFT a Cips, un sistema transnacional de pagos de China, el cual es menos usado y cubre a cien naciones. Pero por ahora, China permanece firmemente instalada en la vasta infraestructura monetaria de Estados Unidos. Sus préstamos -compras de bonos del tesoro de Estado Unidos para financiar la iniciativa de la Franja y la Ruta- siguen siendo principalmente en dólares. Y a pesar de las charlas de Rusia y China sobre alinearse contra los poderes occidentales. Por el momento parece que China está bloqueando la financiación de ventas de petróleo de Rusia con el fin de evitar sanciones secundarias impuestas por Estados Unidos. Las externalidades en las redes son una fuerza poderosa en la economía.

    Mientras Poszar argumenta que el Banco Popular de China “puede bailar su propia tonada”, China no puede escapar al hecho de que la economía mundial sigue bailando la tonada del dólar. Las reservas de divisas extranjeras de los gobiernos, el comercio global y la deuda internacional están denominadas desproporcionadamente en dólares. Las economías de los mercados emergentes orientadas a las exportaciones confían en que los consumidores de economías avanzadas compren lo que ellos hacen. Desde finales de 1990, la economía global se caracterizó por las economías orientadas a la exportación que vinculan sus divisas con el dólar. Las ganancias de las exportaciones eran vertidas en las reservas de divisas extranjeras denominadas en dólares y los fondos soberanos de riqueza de exportadores de manufacturas y mercancías. El acuerdo fue descrito provocativamente por Michael Dooley y Peter Garber como “Bretton Woods II”, un intercambio de deuda colateralizado en el que las reservas soberanas denominadas en dólares funcionaban como colateral para asegurar la inversión multinacional corporativa en naciones anteriormente comunistas como China.

    La hipótesis de Bretton Woods II asumió que la jerarquía financiera global era estable. China acumuló más de tres trillones y medio de dólares en sus reservas de divisa extranjera. Parte de esto es dinero que pudo haberse gastado en mejorar el bienestar social de los ciudadanos chinos. Dos décadas después, la acumulación masiva en bienes denominados en dólares sigue manteniendo a flote al dólar. La pregunta es: ¿todavía están dispuestos los bancos centrales extranjeros a asumir un riesgo desproporcionado al comprar grandes sumas de deuda estadounidense o europea de bajo rendimiento cuando estos emisores de divisas fuertes han mostrado su capacidad de expropiar sus reservas extranjeras?

    En un nuevo reporte, Dooley, Garber y David Folkerts-Landau afirman que los eventos presentes validan su tesis sobre Bretton Woods II. Para los autores, las sanciones no solamente son justificadas sino que son un resultado “natural” si los países fuesen a renegar el “contrato social global”. Los colaterales deben ser tomados si los actores actúan mal. Para ellos el “secuestro” de los bienes rusos establece un ejemplo para otras naciones de que Estados Unidos es capaz de ejercer su poder para usurpar bienes en dólares. Las confiscaciones, dicen ellos, solamente reforzarán el mensaje a las economías “geopolíticamente riesgosas” de que deben aumentar sus colaterales para participar en las cadenas globales de suministro.

    Poszar advierte que China ya no va a estabilizar la supremacía del dólar de aquí en adelante, que por una variedad de razones -desde la escasez de recursos frente al cambio climático a la necesidad crítica de mercancías en la infraestructura verde- los países del este se vincularán a las mercancías. Él evita mencionar que, a diferencia de China, Estados Unidos es un gran productor de petróleo y gas. Irónicamente, la guerra ha sido muy buena para la industria estadounidense de combustibles fósiles. La liberación sin precedentes del petróleo estratégico de Estados Unidos para alivianar las disrupciones al suministro provocadas por la guerra se sumaron a penalidades contra compañías estadounidenses por no extraer más petróleo. La nueva fuerza conjunta anunciada por la administración Biden junto a la Comisión Europea (que busca lograr la llamada seguridad energética al eliminar la dependencia de la energía rusa) básicamente garantiza un mayor mercado europeo para el gas natural licuado (GNL) estadounidense al menos hasta 2030. Europa cambió completamente al establecer un compromiso con los proveedores estadounidenses de GNL, tras haber acabado con esos contratos por preocupaciones de gobernanza ambiental, social y corporativa (ESG). El aumento en exportaciones de GNL estadounidense a Europa es solo un indicador de cómo los Estados Unidos saldrán fortalecidos de la crisis actual.

    Armamentizando el dinero mundial

    Una perspectiva ingenua sobre Bretton Woods asume una visión benigna de la hegemonía del dólar, pero el dinero siempre ha sido geopolítica.

    A mediados del siglo XX, la libra esterlina todavía financiaba casi la mitad del comercio mundial. El petróleo extraído de los campos iraníes por parte de las empresas británicas era vendido en libras esterlinas. En 1950, el gobierno británico ordenó a los miembros del área esterlina -su bloque colonial donde el mandato era que los gobiernos miembros depositaran sus ganancias en divisas fuertes en Londres– que redujeran sus compras de petróleo en dólares producido por las firmas británicas y que compraran petróleo en libras esterlinas. A pesar de haber abandonado la Mancomunidad de Naciones, Egipto fue coaccionado a participar del mismo acuerdo (tras dejar la unión colonial, cuando este pidió convertir su balance en esterlinas a dólares, el Reino Unido alcanzó un acuerdo, suspendiendo la conversión de esterlinas como había hecho antes con las reservas de divisas extranjeras de India). En 1951, cuando Mossadegh nacionalizó los bienes de la Compañía Petrolera Anglo Iraní, los británicos impusieron un bloqueo de sanciones sobre Irán. Para 1953, una operación conjunta entre la CIA y el MI6 había expulsado a Mossadegh del cargo. Cuando Gamal Nasser nacionalizó la Compañía del Canal de Suez (británico-francesa) en 1956, interrumpió el movimiento de petróleo en esterlinas a través del Mediterráneo, entonces Gran Bretaña, Francia e Israel ocuparon a Suez.

    Desde 1950, casi la mitad de todas las sanciones globales han sido impuestas por Estados Unidos. A economías como la de Irán -sancionada por el presidente Jimmy Carter en 1979- se les ha impedido participar completamente de la economía global durante décadas. La globalización de los 90 trajo consigo un incremento en sanciones. Y las secuelas que dejó la crisis financiera de 2008 sumaron incluso otro incremento en general. El unilateralismo es una de las características definitivas del régimen de sanciones: han sido impuestas principalmente por Estados europeos a naciones africanas.

    Las sanciones, impuestas por Estados poderosos sobre los menos poderosos, son las entrañas feas y coercitivas de la economía global. Y hay más precedentes de situaciones en las que los poderes occidentales expropian los bienes del banco central de otro país. Recientemente, en 2018, el Banco de Inglaterra incautó mil millones de dólares en oro venezolano y lo retuvo en sus bóvedas. Esto ocurrió a pesar de las leyes de inmunidad soberana en Estados Unidos y Reino Unido, que articulan claramente la excepción soberana, como por ejemplo, la inmunidad al embargo de bienes.

    El retiro de Estados Unidos de Afganistán parece ser un caso de prueba para el uso de sanciones de la administración Biden como arma económica. El retiro de tropas de Biden en agosto de 2021 puso fin a los envíos de dólares en volumen -entregados en aviones con estibas- a Kabul (las economías con sistemas crediticios y bancarios débiles dependen del efectivo, y el dólar es efectivo). El retiro militar fue seguido por la guerra monetaria. Imponiendo sanciones financieras sobre el nuevo gobierno talibán, el Tesoro de Estados Unidos bloqueó el acceso del Banco De Afganistán, el banco central nacional, a sus reservas de divisa extranjera en la reserva federal en Nueva York. Afganistán depende de la subasta de dólares para establecer su política monetaria. Las sanciones impidieron el funcionamiento del BDA, catalizando una crisis bancaria. A medida que los dólares desaparecieron, la economía de Afganistán hizo implosión. En febrero de 2022, desplegando la Ley de Poderes Económicos internacionales de Emergencia, la administración Biden consolidó y congeló las reservas de divisas extranjeras de Afganistán en la reserva federal. Luego, ese mes, confrontados por la peor hambruna en el país, Estados Unidos relajó algunas de sus sanciones.

    Los meses recientes han presenciado la extensión de esta guerra económica. El conjunto de sanciones de Estados Unidos contra Rusia incluyó el bloqueo de instituciones financieras rusas de la transmisión y desarrollo de pagos a través de infraestructuras financieras como SWIFT y la confiscación de los bienes en el extranjero de Putin y sus asociados. Estas acciones ocurrieron por el amparo legal de los poderes de emergencia, cuyo uso mejorado data de la Ley Patriota de Estados Unidos de 2001. La guerra económica también significó una serie de intervenciones diplomáticas. Esto incluyó enviar a los representantes estadounidenses a Venezuela a renegociar la reapertura de sus reservas petroleras a los mercados mundiales (lo que requiere remover sanciones estadounidenses sobre el país); embaucar a los miembros de OPEC para producir más petróleo para reducir los incrementos en los precios de la energía; una declaración del G7 en la que los Estados Unidos se unieron a Europa para poner un tope a los combustibles fósiles de ser necesario, y enviar al consejero delegado de seguridad nacional de Estados Unidos y arquitecto de las sanciones, Daleep Singh, a India para cuestionar al gobierno por comprar petróleo ruso barato (no se ha desatado tal ira contra los alemanes, que han seguido comprando energía rusa). Algunos de los pasos tomados por la administración de Biden fueron ejercer presión en las naciones productoras de petróleo para incrementar la producción mientras se le asegura a los ciudadanos del G7 que la independencia energética estaba vinculada definitivamente con la energía limpia al largo plazo, crear nueva legislación y regulaciones sobre criptomoneda y presionar para el paso hacia un dólar digital respaldado por el sistema de la reserva federal. Estos esfuerzos hercúleos para estabilizar el orden del petrodólar vino junto a un dilema político que el sistema de reserva federal enfrentó, en el que controlar la inflación con incrementos de la tasa de interés podría resultar en el detrimento de la economía mundial. 

    La escala y la perspectiva de las sanciones financieras rusas y su naturaleza táctica cambiante -que inicialmente se enfocó en los dos mayores bancos del país y eximieron las exportaciones energéticas rusas de las sanciones, pero luego evolucionaron hacia la expropiación de las reservas extranjeras del Banco de Rusia y un veto en importaciones de Estados Unidos al petróleo ruso- es un golpe a la economía impulsada por las rentas. Esta economía ha sido formada por el legado de la terapia de shock estadounidense que destruyó el rublo en 1998. Las sanciones resultaron en la remoción de los bonos de calificación de inversión rusos de los tres mayores índices de mercados de bonos. La partida de las corporaciones occidentales, incluyendo a la BP (British Petroleum), el mayor inversionista extranjero de Rusia, significó su caída libre económica.

    Aunque los controles de capital y los aumentos de la tasa de interés impuestos por el banco central de Rusia han elevado al rublo de su colapso en los primeros días de la guerra de Ucrania, el congelamiento de la infraestructura financiera global de Rusia, la deuda externa de Rusia de alrededor de 194 mil millones de dólares es cada vez más ilíquida. Los pagos recientes de intereses por unos 117 millones en su deuda soberana denominada en dólares, procesados a través de los bancos estadounidenses correspondientes, fueron aprobadas por las autoridades estadounidenses, evitando un default soberano. Sin embargo, el 4 de abril, el Tesoro de Estados Unidos no permitió que 600 millones de dólares de pagos de cupones y pagos principales pendientes fueran procesados. El consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, anunció que Estados Unidos ya no permitiría que Rusia hiciera pagos a su deuda a través de bancos de Estados Unidos. La intención explícita de catalizar una crisis de deuda soberana en una nación no amistosa evoca ese momento decisivo en 1956 cuando Eisenhower amenazó al gobierno británico con hundir las securities en esterlinas si los británicos no se iban de Suez. Fue una de las instancias en las que las sanciones de Estados Unidos lograron su objetivo de política extranjera.

    Bretton Woods III

    Así, el orden de la economía emergente muestra un escalamiento del uso del dólar como arma. Los embargos de los activos del Banco Central de Rusia por parte del G7 no tienen precedente en su escala. Las reservas de divisas extranjeras de Rusia fuera del país sumaban unos 300 mil millones de dólares, duplicando en magnitud a las de Afganistán. Siendo el tercer máximo productor de petróleo, Rusia suma más de una décima parte de la producción global de gas y petróleo. Sus petrodólares -dólares ganados a través de la venta de exportaciones de petróleo- están depositados fuera del país en mercados monetarios globales (previo a las sanciones, 80 por ciento de las transacciones rusas en divisa extranjera eran llevadas a cabo en dólares). Los “turbocapitalistas” de Rusia tienen inversiones multimillonarias en las capitales financieras del mundo. No solo propiedades privadas en Knightsbridge o clubes de fútbol como Chelsea -cuya venta por parte del magnate ruso Roman Abramovich se ha complicado debido a las sanciones que le impuso el gobierno del Reino Unido- sino también fondos soberanos que se prestan en los mercados monetarios de Londres. De acuerdo con Poszar, Rusia ha prestado alrededor de 200 mil millones de dólares en el mercado global de swap de divisas extranjeras (Londres es el nodo dominante de este mercado global).

    El embargo coordinado de los bienes rusos por parte del G7 señala cómo el orden económico occidental se ha unido en el escalón mayor de la jerarquía monetaria global. Esto viene al costo de un multilateralismo más amplio. La postura neutral adoptada por 35 economías de abstenerse de condenar a Rusia en la Asamblea General de la ONU es algo complejo -que señala alianzas conflictivas frente al endurecimiento de ciertos campos de batalla (sentimiento capturado vívidamente por Daleep Singh en su reciente viaje a India: “los amigos no establecen líneas rojas… Nos interesa que todos los países, especialmente nuestros aliados y socios, no creen mecanismos que eleven el rublo y que intenten minar el sistema financiero basado en el dólar”). Un tercio del mundo, principalmente en el sur global, vive bajo sanciones de Estados Unidos. La escasez en suministros de trigo y de otras mercancías debido a la guerra, aparte de las penurias relacionadas con la pandemia, están causando precariedad en estos países. En Sri Lanka y en Perú, tras los motines por el combustible y los alimentos, se ha declarado estado de emergencia.

    La guerra legal económica es parte de este panorama recientemente instrumentalizado. Consideren el sistema global del dólar en sí mismo como una matriz financiera-militar respaldada por una estructura legal. Sus capitales más importantes son Nueva York y Londres. Los mayores flujos de cruces financieros entre fronteras ocurren entre Wall Street y la City of London. La Eurozona, con sus exigencias presupuestales, es una jurisdicción monetaria periférica en el sistema del dólar en el extranjero. Buena parte del dinero del mundo -de los securities de deuda internacional al oro- están almacenados en Nueva York y en Londres. Es una milla cuadrada que concentra los mercados de divisas extranjeras más grandes del mundo, y en formas clave de financiamiento en dólares como los derivativos, la ciudad de Londrés sobrepasa a Wall Street. Más del 90 por ciento de los contratos derivativos, como swaps de divisa financiera -una forma clave de financiamiento mundial- están basados en dólares. Nueva York y Londres también dominan la profesión legal global. La mitad de la resolución de disputas alrededor del mundo ocurre en las cortes de Inglaterra y Gales y un cuarto ocurre en el estado de Nueva York. La ley transnacional carga la insignia del unilateralismo estadounidense. El Segundo Circuito de Estados Unidos, que incluye a Nueva York (la jurisdicción involucrada en el embrollo de DAB), lidera la aplicación de fallos judiciales extraterritoriales. Mientras tanto, a Estados Unidos se le ponen los pelos de punta ante la aplicación de leyes extraterritoriales por parte de otros Estados soberanos sobre residentes en el país. El empleo de abogados durante las sanciones ha demostrado ser bastante lucrativo para Estados Unidos y el Reino Unido.

    Hay un aparato de seguridad transnacional que está entretejido en este sistema legal angloestadounidense y las redes financieras de defensa y riqueza. Five Eyes, la red de distribución de inteligencia más poderosa del mundo, es un acuerdo de la angloesfera. Las guerras eternas fueron comandadas por Estados Unidos y el Reino Unido como poderes ocupantes conjuntos. La amplitud global de la red militar británica está en segundo lugar con respecto a la de Estados Unidos. Aukus, el pacto de defensa de 2021 entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia demuestra una “interoperabilidad” renovada entre aquellas fuerzas. Si bien no lo imita directamente, esta nueva cooperación está ocurriendo junto a varios incrementos en reservas de divisa extranjera en dólares australianos y canadienses. La coincidencia entre el “hard power” y el “soft power” -Five Eyes y Fedwire- representa la integración de la fuerza militar, legal y económica.

    ¿Cui bono?

    Todos somos sujetos de este orden nuevo, si acaso nebuloso -puede ser llamado “Bretton Woods III”- marcado por un enraizamiento agudo del dólar y su militarización en la economía mundial. El intervencionismo estatal que resurge tras la pandemia ha sido seguido por una renovada agresión estatal. Mientras la codependencia entre China y Estados Unidos (descrita evocativamente como Chimerica) fue una característica de Bretton Woods II, Bretton Woods III es una cepa virulenta del sistema mundial del dólar. La invasión Rusa de Ucrania -que proviene del agrandamiento de la OTAN en Europa oriental- contrarrestada por un bloqueo económico occidental detalla su lógica en tiempo real. Mientras las sanciones angloestadounidenses contra Irán buscaban debilitar sus exportaciones petrolíferas, las sanciones estadounidenses contra Rusia eximieron a su sector energético. De haber excluido las exportaciones rusas de petróleo y gas (así como contratos de agricultura y derivados) de las sanciones -para estabilizar los precios de los combustibles fósiles y los mercados financieros en occidente- a un veto en las importaciones de la angloesfera a la energía rusa muestra lo impredecible de la forma y el desarrollo de la armamentización del dolar mundial.

    La guerra legal entre Rusia y el G7 solo se ha intensificado. Las demandas por parte del gobierno ruso de que sus exportaciones de gas sean pagadas en rublos en vez de dólares fueron consideradas una ruptura contractual por parte del gobierno alemán. El bloque estadounidense de pagos rusos de bonos soberanos denominados en dos dólares (subrayado en la ley inglesa) ha llevado a la administración de Putin a buscar acción legal en sus propias cortes contra las medidas que previenen que Rusia pague su deuda y recupere las reservas confiscadas de su banco central.

    Que la apreciación del dólar causará de nuevo incomodidad en las partes más pobres de la economía global ya es evidente. La estabilidad en el núcleo del sistema global del dólar, garantizada por cualquier medio necesario, será contrarrestada con una inestabilidad tremenda en la periferia. Las complejidades de emplear el dólar mundial como un arma en los enfrentamientos económicos escenifican los viejos dilemas de la gestión hegemónica de la divisa. Hay al menos dos caminos para el desarrollo de un régimen militarizado del dólar global. El camino predecible es que los regímenes del indopacífico y el medio oriente se van a alinear con el vértice del atlántico norte del orden del dólar mundial a través de la asistencia militar y monetaria (los países que reciben liquidez en dólares tienden a estar entrelazados en las redes globales de bancos estadounidenses y las redes militares).

    Los proponentes de la estabilidad hegemónica benevolente, como Charles Kindleberger y Ronald McKinnon, mientras tanto, defendieron desarmar el orden del dólar a través del multilateralismo. Para McKinnon, esto significó que la reserva federal debía tomar su responsabilidad como el Banco Central del mundo con más seriedad (no es una tarea fácil: aplacar la inflación a través de alzas en la tasa de interés tiene consecuencias financieras perjudiciales para economías en desarrollo que llevan a cabo negocios y piden préstamos en dólares, lo que despierta preguntas respecto de la capacidad de una divisa soberana de ser suficiente como dinero mundial estable). El sistema de la reserva federal actual bajo Powell ha tomado un paso en esta dirección brindando un aprovisionamiento más amplio de liquidez a los soberanos. La red de líneas de swap puede ser mucho más expandida. Un complemento aún más democrático a las líneas de swap sería desplegar las tecnologías forenses y de vigilancia en manos de la Reserva Federal y el Tesoro para acabar con la evasión fiscal y los paraísos fiscales extranjeros. Un paso en esta dirección, el acuerdo global para un mínimo fiscal, aún está por ser implementado.

    La declaración conjunta del 10 de marzo de los ministros de energía del G7 en respuesta a la invasión ucraniana defiende unas rutas más limpias hacia la independencia energética. Prometiendo “un flujo ininterrumpido de energía para las poblaciones más vulnerables”, la declaración, al inicio, puede leerse como un mensaje escrito por una organización verde progresista, pero al final entrelaza la energía limpia con el nacionalismo perjudicial de la “seguridad energética”. Las políticas perversas pueden partir del siguiente maridaje: Boris Johnson está cortejando el dinero saudí para financiar una planta de aviación sostenible en el Reino Unido, mientras convence a Arabia Saudita de incrementar la producción de petróleo.

    Un orden mundial del dólar debilitado podría involucrar la provisión de un ingreso básico para las comunidades vulnerables a través de cuentas de la reserva federal, un reestructuramiento justo de las deudas para economías pobres cuyos futuros han sido frustrados por las costosas cargas de la deuda (los países con altas deudas denominadas en dólares están en alto riesgo de crisis bancaria), y la financiación pública para la infraestructura verde en el sur global. Sin embargo, la economía global parece ir en la dirección opuesta. Los gastos militares del mundo sobrepasaron los 2 billones de dólares en 2021, un gasto sin precedentes. Estados Unidos es responsable por 40 por ciento de esta cifra. Al mismo tiempo, la campaña global para vacunar a las naciones más pobres contra el virus se ha debilitado. La administración estadounidense tiene la capacidad de desmilitarizar la globalización. Pero esto requiere un cambio de estrategia para dejar atrás el “friendshoring” a través de alianzas militares y monetarias, hacia un nuevo y verdadero multilateralismo en asuntos monetarios internacionales. Ceder algunos de los privilegios exorbitantes del dólar podría liberar a Estados Unidos de algunas de las cargas producto de la hegemonía económica.

    Este ensayo fue traducido del inglés para PW por Camilo Gonima Ruiz.

  9. La Política de Clase del Sistema Dólar

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    El sistema global del dólar tiene pocos ganadores nacionales. En el marco típico, entender el dólar estadounidense significa comprender el «privilegio exorbitante» que le confiere a Estados Unidos. No obstante, el papel del dólar en la estructuración del sistema financiero internacional y en la configuración de la relación entre un Estados Unidos hegemónico y el resto del mundo es ambiguo (al igual que la cuestión de quién se beneficia exactamente del acuerdo actual). La primacía del dólar alimenta un creciente déficit comercial estadounidense que empuja a la economía del país hacia la acumulación de rentas en lugar del crecimiento de la productividad. Esto ha contribuido a una caída en la participación del trabajo y el capital en el ingreso, así como al aumento de los costos de servicios tales como la educación, la atención médica y el alquiler de viviendas. Con problemas como estos, ¿podemos afirmar con certeza que la moneda de reserva confiere beneficios sustanciales al país que proporciona liquidez y activos de referencia expresados en esa moneda?

    Para el resto del mundo, los males están lo suficientemente claros. En los países en desarrollo, la necesidad de asegurar sus economías contra crisis monetarias y deflación de la deuda ha significado la acumulación de dólares a expensas de las tan necesarias inversiones domésticas. Estas políticas suelen ir acompañadas de una supresión del consumo y los ingresos para establecer un superávit comercial permanente vis-à-vis el sistema dólar. Y en muchos países, el sistema dólar permite a las élites corruptas transportar de manera segura sus ganancias mal adquiridas a centros bancarios globales ubicados en jurisdicciones con leyes de propiedad opacas.

    Un análisis más detenido de las dinámicas subyacentes que sostienen este acuerdo revela por qué de manera aparente nadie quiere «desafiar al dólar», pero también por qué todos los países, incluyendo a Estados Unidos, tienen interés en hacerlo.

    En lugar de ver al sistema del dólar fundamentalmente como una herramienta nacional del gobierno de Estados Unidos, deberíamos entenderlo como la consecuencia de una economía globalizada que privilegia las preferencias de las élites financieras por el libre movimiento internacional de capital. El sistema no se basa en el apoyo activo y uniforme del dólar como moneda global, sino en la ausencia de una gobernanza monetaria internacional sólida y en las adecuaciones a los mercados monetarios internacionales. La centralidad actual del dólar no proviene de las prioridades de la seguridad nacional o los intereses de Estados Unidos. Más bien está arraigada en las preferencias de actores privados en el mercado financiero global que median entre instituciones financieras, Estados, élites políticas y empresariales. Las visiones tradicionales de la soberanía westfaliana no son suficientes para explicar las fracturas causadas por el dólar en la «matriz» de los reportes de balance interconectados que conforman la economía global financiarizada. Aunque es indudable que el sistema dólar ha tenido un efecto negativo desproporcionado sobre los países en desarrollo, las principales líneas de fractura que emergen del sistema dólar tienen mayor correspondencia con la índole de clase que con los límites nacionales.

    En este contexto, podría ser tentador retroceder a las fronteras nacionales y abogar por la desglobalización de diversas maneras. Sin embargo, el hecho de que el sistema dólar se base principalmente en un conflicto social, en lugar de geopolítico, significa que las mejores soluciones sugieren una reforma del sistema de manera que empodere a las personas que hacen parte del límite inferior de la jerarquía social global. 

    Los contornos del sistema del dólar

    La acumulación global de riqueza y los pagos por comercio y otras transacciones se generan en gran medida en dólares, convirtiéndolo en la moneda dominante para la realización de créditos y facturaciones. Dado que la mayoría de las entidades que operan en este sistema no se encuentran bajo la jurisdicción de la Reserva Federal, la mayoría de los dólares se suministran a través de créditos interbancarios extraterritoriales, financiados por depósitos en dólares de bancos no estadounidenses, o «eurodólares». Estas transacciones extraterritoriales -conocidas en inglés como offshore– requieren un colateral seguro expresado en dólares para gestionar su liquidez (de preferencia se utiliza deuda del Tesoro de los Estados Unidos).  Durante mucho tiempo, Zoltan Pozsar ha llamado la atención sobre esta característica de la plomería financiera extraterritorial, advirtiendo sobre un «agujero negro» en el mercado de financiamiento en dólares. Las reservas extraterritoriales en dólares dependen de la liquidez de los bonos del Tesoro y de sustitutos cercanos que funcionen como colateral para obtener efectivo en caso de una llamada de margen.

    La justificación de estos fondos en dólares tiene dos componentes. Primero, está la necesidad de financiar el comercio. El sistema de eurodólares facilita las relaciones comerciales entre países con diferentes monedas al darles acceso a una moneda común y estableel dólaren la cual llevar a cabo el comercio. El crédito en dólares permite la ejecución de contratos sin que se intercambie moneda estadounidense como tal. En cambio, el sistema funciona como un intercambio de pagarés para entregar recibos en diversos periodos de tiempo. Bancos en centros financieros importantes compensan este sistema de crédito utilizando una combinación de cuentas a plazo y, si es necesario, acuerdos de recompra para obtener dólares a través de préstamos a corto plazo, generalmente respaldados por deuda del Tesoro de Estados Unidos.

    Dado que el 80 por ciento del comercio en las economías de mercados emergentes se transa en dólares, las empresas con ingresos en su moneda nacional adquieren deudas insostenibles en dólares si la moneda nacional cae. Por esta razón, los bancos centrales intentan acumular activos en dólares, comúnmente en deuda estadounidense. Para adquirirlos, suelen mantener un superávit comercial persistente reprimiendo los salarios reales de sus trabajadores. Esto puede ser sostenible a corto plazo, pero a largo plazo conduce a periodos de estancamiento económico o guerras comerciales y de divisas internacionales.

    La segunda causa de estas reservas extraterritoriales en dólares corresponde a la desigualdad de la riqueza y los rendimientos corporativos desmesurados. Las grandes corporaciones, los fondos de pensiones y las personas extremadamente ricas no pueden depositar su dinero en el sistema bancario minorista. En cambio, lo retienen en reservas líquidas de activos denominados en dólares que pueden convertirse rápidamente en dólares. Aunque este sistema de «banca en la sombra» tiene usos legítimos, también facilita la evasión fiscal y la corrupción cleptocrática. La represión de los salarios reales solo agrava esta tendencia. La generalización de los desequilibrios comerciales globales impulsa mayores rendimientos para los dueños del capital, incrementando la desigualdad.

    Así, el sistema del dólar facilita y alimenta el poder de las élites que tienen interés en mantener el statu quo. Un sistema globalizado con una moneda clave dominante favorece la acumulación de rentas a expensas de un mayor consumo por parte de los trabajadores en países exportadores y también el acaparamiento de tales rentas aprovechando el agujero negro legal del mundo de las finanzas extraterritoriales.

    Una enfermedad holandesa financiera

    La fractura entre los beneficiarios élite y los trabajadores perdedores bajo el sistema dólar existe también dentro de los Estados Unidos. El país sufre masivas consecuencias económicas debido a su posición como emisor de la moneda de reserva dominante, cuyos efectos se distribuyen de manera desigual. La demanda de activos de alta calidad denominados en dólares carga a los Estados Unidos con una «enfermedad holandesa financiera»; en esta situación, la dependencia que genera exportar una sola mercancía eleva la tasa de cambio y, por lo tanto, excluye la producción de bienes comerciables y con valor agregado a favor de servicios y rentas financieras. Algunos ejemplos clásicos de países donde la «enfermedad holandesa» ha tenido lugar suelen corresponder a exportadores de productos básicos, como Holanda en la década de 1970 (tras el descubrimiento del petróleo del Mar del Norte), así como Nigeria y Rusia. Las economías afectadas por la enfermedad holandesa suelen dar lugar a una élite encogida y reducida cuyo poder se basa en los ingresos procedentes de las ventas de la única mercancía, o de los servicios y la gestión que florecen en torno a los flujos de caja generados por esta mercancía.

    Para Estados Unidos, esta única mercancía resulta ser el dólar. El mecanismo detrás de este proceso no es difícil de entender. Desde un punto de vista contable simple, cada activo debe ser compensado por una responsabilidad o un pasivo. Esto significa que un excedente en la cuenta de capital o el deseo del mundo de comprar activos seguros expresados en dólares estadounidensesse compensa con un déficit en la cuenta corriente. Así, el déficit presupuestario de Estados Unidos y su déficit comercial son endógenos al sistema dólar. Cuando los déficits presupuestarios de Estados Unidos caen, ya sea como resultado de un aumento en el superávit comercial o de la reducción del presupuesto, el riesgo financiero aumenta a medida que los mercados sustituyen la deuda segura del gobierno de EE. UU. por colaterales riesgosos, como los infames títulos respaldados por hipotecas durante la crisis de 2008.

    El costo más visible de la enfermedad es la constante apreciación del dólar desde la década de 1980, a pesar de la disminución de la participación de Estados Unidos en el Producto Interno Bruto global. El principal síntoma doméstico corresponde al aumento de los costos de bienes no comerciables como medicamentos, alquileres de bienes raíces y educación en comparación con bienes comerciables. Esta desconexión es al menos en parte responsable de la baja tasa de inflación del país, la disminución de la participación salarial y el aumento de la inseguridad económica, a pesar del acceso a una gama más amplia de bienes de consumo.

    Es difícil ver cómo Estados Unidos se beneficia económicamente de este sistema. En los primeros años de posguerra, podría haber sido cierto en un sentido aritmético estricto que este arreglo era económicamente beneficioso para Estados Unidos. El costo de tener una moneda de reserva era menor después de la guerra, simplemente porque la participación no estadounidense en el Producto Interno Bruto global era considerablemente menor de lo que es ahora. En la actualidad, sin embargo, ahora que la participación estadounidense en un pastel más grande es relativamente más pequeña, los costos de la demanda global de dólares son más altos. De hecho, la mayoría de los otros gobiernos desalentarían activamente compras sustanciales y sostenidas de su moneda.  Si este sistema es tan subóptimo, ¿por qué aún está en marcha? La respuesta radica en que representa el punto focal de una nueva modalidad de política de clase transnacional.

    La política de clase de la dolarización

    Los marcos para comprender la persistencia del sistema dólar tienden a variar desde ser reduccionistas hasta obsoletos, a menudo examinando la política internacional por medio de estados nacionales discretos que son tomados como la principal unidad de análisis. Desde esta perspectiva, el dólar es producto de los intereses hegemónicos de Estados Unidos, utilizado como herramienta de la política estatal. Sin embargo, la financiarización global ha trastocado este marco: los intereses de la élite no giran en torno al límite nacional, sino al nivel internacional, y se transmiten a través del mecanismo de balanza de pagos y el sistema financiero. Los líderes y tecnócratas estadounidenses no obligan directamente a los países en desarrollo a invertir sus ingresos de la balanza de pagos en bonos del Tesoro; tampoco es la toma de decisiones activa por parte del Banco Popular de China lo que ha llevado a la acumulación de reservas en dólares chinos.

    Supongamos que las autoridades chinas quisieran que el Banco Popular de China redujera sus tenencias en dólares. Para resolver su desequilibrio externo con los Estados Unidos tendrían que abordar sus desequilibrios internos. Esto se debe a que las identidades contables básicas sostienen que todo lo que no se consume internamente se ahorra; esos ahorros se «exportan», en gran medida a los Estados Unidos, en forma de flujos de capital. Michael Pettis ha argumentado de manera constante que la baja participación que tienen los hogares en los ingresos de China (altos niveles de desigualdad causados por un crecimiento rápido) ha llevado a una alta tasa de ahorro doméstico y al subconsumo. Una gran parte del ingreso nacional está en manos de grupos con altos ahorros y que muestran preferencias de liquidez en dólares, tales como individuos que cuenten con un inmenso patrimonio neto y grandes corporaciones. Para revertir este desequilibrio, los ingresos deberían transferirse de estos poderosos intereses a los trabajadores chinos, una dinámica descrita por Albert Hirschman ya en 1958. A menos que haya una redistribución drástica de ingresos, quizás el Banco Popular podría simplemente buscar otra moneda de reserva y un activo seguro que sea equivalente. Pero ninguno de estos estaría disponible, ya que ningún país, aparte de los Estados Unidos, tiene mercados profundos y líquidos en un activo de referencia.

    La suposición implícita aquí, sin embargo, es que el sector financiero y las élites corporativas realmente quieren una alternativa. No hay razón para creer que este sea el caso. El sistema, tal como está constituido, no tiene muchas desventajas para los participantes actuales, y cualquier alternativa requeriría un cambio en la distribución. Las vastas reservas en dólares de China ilustran cómo las economías de mercados emergentes con desequilibrios internos causados por años de crecimiento desigual pueden utilizar activos denominados en dólares como un método políticamente conveniente para mantener el crecimiento sin recurrir a transferencias intersectoriales, por ejemplo, de ganancias a salarios. Los exportadores desarrollados como Japón y Alemania también mantienen un modelo de crecimiento basado en la competitividad de costos y la supresión de salarios. Un papel más destacado para el Euro o el Yen socavaría estos modelos. Para los exportadores de recursos facilita la corrupción y la evasión de impuestos a través de simples flujos de capital. En los Estados Unidos beneficia a las élites de la industria financiera, que pueden cosechar las recompensas al intermediar flujos de capital hacia los mercados estadounidenses, mientras que el costo de servicios no comerciables como las matrículas educativas, la atención médica y los bienes raíces aumenta para todos los demás. En todos los países, las élites salen ganando.

    La preferencia de las élites globales, y por lo tanto de los mercados globales, hacia el sistema dólar demuestra la futilidad de aplicar un marco westfaliano al sistema financiero global. Herman Mark Schwartz, uno de los principales expertos en el dólar y la hegemonía estadounidense, ofrece una mejor manera de pensar en el dólar, a saber, como la moneda estatal de un sistema global cuasi imperial, en el que las diferentes regiones económicas están unidas por una moneda de reserva compartida. Esta «moneda imperial» se enmarca más como un subproducto y menos como un facilitador (o incluso una restricción habilitante) del expansionismo estadounidense y el aventurismo militar, ambos anteriores al estatus del dólar como moneda. 

    Hay dos ventajas geopolíticas claras que se generan para Estados Unidos debido a su estatus como moneda de reserva: las líneas de intercambio de liquidez en dólares y el temible poder de las sanciones estadounidenses. Pero la capacidad de Estados Unidos para ejercer ese poder se ha construido de manera ad hoc, durante varias décadas y en períodos de gran contingencia. Investigaciones recientes muestran que el sistema internacional del dólar no fue diseñado a propósito, sino que fue ensamblado por élites que creían que los mercados monetarios internacionales no debían estructurarse activamente en función de un concepto del bien común, sino más bien ser respaldados por este. El sistema de redes de intercambio asociado con la crisis financiera de 2008 tuvo sus orígenes en los esfuerzos para respaldar al eurodólar ya a principios de la década de 1960, y a una decisión de los líderes de que sería mejor facilitarlo que luchar o reestructurarlo. Mientras las desigualdades internas no se resuelvan a expensas de estas élites el dólar seguirá siendo hegemónico.

    La fuente del poder de la Reserva Federal sobre el sistema del eurodólar y la vulnerabilidad de los mercados emergentes dentro de él, es la dependencia global al respaldo de los bancos centrales. En la crisis del 2008-9, la Reserva Federal desplegó las llamadas líneas de intercambio de liquidez entre bancos centrales para respaldar el sistema global. Estas adoptaron la forma de acuerdos de divisas recíprocas entre bancos centrales: la Fed reponía las reservas en dólares de otros bancos centrales a cambio de moneda local. El verdadero poder de las líneas de intercambio no radica en quién las obtiene, sino en quién no las obtiene. En un artículo reciente para The Nation, Andres Arauz y David Adler resaltan cómo estas líneas de intercambio se pueden utilizar como una forma de triaje monetario, en el que Estados Unidos decide qué países tienen mejores perspectivas para resistir las tormentas económicas. Sin embargo, la crisis del Covid-19 ha puesto incluso esto en duda. No solo la Reserva Federal ha extendido su respaldo de intercambio a un rango más amplio de países que en 2008 y 2009, sino que, el 31 de marzo de 2020, abrió una instalación de recompra con autoridades monetarias extranjeras (FIMA). La FIMA Repo Facility permite a otros bancos centrales y autoridades monetarias intercambiar directamente sus títulos del Tesoro por dólares, evitando así tener que vender sus títulos del Tesoro de forma directa en un mercado ilíquido. Al hacerlo, la Fed creó una fuente adicional de liquidez en dólares para cualquier banco central.

    Reformando el sistema del dólar

    La desdolarización parece ser una perspectiva lejana. No existe un equivalente seguro denominado en euros, por ejemplo, y los mercados de capitales en la zona euro no están tan desarrollados como los de Estados Unidos. Los intentos de profundizar en los mercados de capitales e introducir un instrumento de deuda común han sido frustrados de manera repetida por países de la UE que se oponen firmemente a compartir riesgos financieros. El reciente rechazo de la propuesta de «coronabonos» ofrece amplia evidencia de esta dinámica. Mientras países como Alemania y los Países Bajos se mantengan firmes en su oposición a una integración financiera necesaria en la zona euro, la composición de divisas en las reservas internacionales seguirá estando fuertemente sesgada hacia el dólar. Las perspectivas políticas para la creación del Bancor, una moneda sintética propuesta por John Maynard Keynes, son igualmente sombrías.

    En cambio, deberíamos optar por gestionar el sistema actual para mitigar sus perjuicios, un proceso en el cual Estados Unidos debe desempeñar un papel destacado. Tenemos algunas propuestas.

    En primer lugar, Estados Unidos debería ofrecer a sus socios comerciales acceso directo al balance de la Reserva Federal a través de líneas de intercambio institucionalizadas que formen parte de acuerdos comerciales. Estados Unidos debería brindar a sus socios acceso a liquidez en dólares de alta calidad a cambio de mantener una política comercial equilibrada. Este intercambio disminuiría el déficit comercial estadounidense, al tiempo que ejercería presión al alza sobre el salario real de los socios comerciales.

    En segundo lugar, como sugirió recientemente Nathan Tankus, la Reserva Federal podría ampliar sus líneas de intercambio al Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto permitiría que el FMI actuara como un hacedor global de políticas fiscales emitiendo los llamados derechos especiales de giro (DEG). En su forma actual, los DEG son en gran medida ilíquidos y no se pueden convertir en dólares ni en otras monedas en las que esté denominada la deuda de los mercados emergentes. Proporcionar respaldo a los DEG mediante líneas de intercambio es una forma políticamente expedita de utilizar las instituciones que ya tenemos para garantizar que los DEG sean efectivamente redimibles en dólares. La propuesta de Tankus ha sido respaldada en una carta al G20 firmada por muchos líderes mundiales bajo la dirección del ex primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown.

    En tercer lugar, Estados Unidos debería empezar a ver su déficit no como un problema, sino como un recurso público, y gestionarlo como lo hacen los exportadores de energía mediante fondos soberanos para evitar la Enfermedad Holandesa. Para administrar este bien público, Estados Unidos debería establecer una serie de bancos públicos para financiar iniciativas económicas específicas. La Reserva Federal garantizaría la deuda de estas instituciones al descontar a una tasa de penalización por reservas o deuda del Tesoro de Estados Unidos o reservas en dólares. Estos valores podrían negociarse a un rendimiento ligeramente superior que los bonos del Tesoro y proporcionar a los inversores un producto alternativo a los bonos del Tesoro de propósito general. Las responsabilidades de estos vehículos de inversión proporcionarían un colateral global y fomentarían la estabilidad financiera al mismo tiempo que compensarían los efectos de la hegemonía del dólar en la industria nacional mediante inversiones permanentes y activas.

    Pero el conjunto correcto de herramientas no es suficiente. Para ir más allá de gestionar el statu quo, primero debemos reconocer que el sistema dólar evolucionó no como una herramienta de artesanía imperial, sino como el proyecto de una élite transnacional que ha usurpado efectivamente el control de un bien público internacional. Mientras la confrontación activa con los intereses de élite siga siendo insuficiente, el sistema dólar persistirá como un juego de suma cero, una situación que, a largo plazo, es insostenible para la economía política global. Y, siguiendo la ocurrencia de Herbert Stein: «lo que no es sostenible no se sostendrá.»

    Este ensayo fue traducido del ingles para PW por Maria Isabel Tamayo.