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1. La trampa de la deuda Argentina

   junio 5, 2025 9:22 pm Comentarios desactivados en La trampa de la deuda Argentina

   Con un pin de la característica motosierra de Milei en su saco, Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprovechó una conferencia de prensa en Washington para declarar su apoyo al actual gobierno argentino: ‘El país tendrá elecciones, como ustedes saben, en octubre, y es muy importante que no abandonen la voluntad de cambio.’ Para no dejar dudas, añadió: ‘Hasta ahora, no parece ser el caso. No vemos que ese riesgo se esté materializando. Pero yo pediría que Argentina mantenga el rumbo.’1La Argentina celebrará elecciones legislativas el 26 de octubre. Se disputará la mitad de los escaños en la Cámara de Diputados y un tercio de los escaños en el Senado. Algunas provincias también deberán elegir a sus diputados locales. En Argentina, las elecciones nacionales y locales pueden llevarse a cabo tanto simultáneamente como en fechas separadas.

   Tras respaldar públicamente los logros económicos de la administración de Javier Milei desde que llegó al poder en diciembre de 2023, Georgieva aprobó un nuevo rescate financiero de 20.000 millones de dólares adicionales, a pesar de que Argentina aún no ha reembolsado ni un solo dólar del préstamo de 45.000 millones concedido en 2018 bajo el mandato de Mauricio Macri, y formalizado en 2022 por Martín Guzmán bajo un programa de Servicio Ampliado del Fondo (SAF). Sumados, los préstamos antiguos y nuevos, convierten a Argentina en el mayor prestatario del FMI por un amplio margen, ya que representan el 34 por ciento del total del crédito vigente del Fondo. La deuda con el FMI equivale a 65.000 millones de dólares de capital más intereses, casi cuatro veces más que el segundo mayor prestatario, que es Ucrania, un país en medio de una guerra de años.

   

   La relación tóxica de Argentina con el FMI tiene una historia larga y complicada. Fue el último país de Latinoamérica en incorporarse a la institución, en 1956, y por los últimos 45 años, el FMI ha cogobernado Argentina a través de una sucesión constante de Acuerdos Stand-By (SBAs) y programas de Servicio Ampliado del Fondo. En otras palabras, casi dos tercios de la historia económica moderna de Argentina se ha desarrollado bajo la mirada vigilante del FMI, y a menudo bajo su mano entrometida.

   Pese a su discurso libertario, el presidente Milei evoca una clara sensación de déjà vu: su equipo económico no representa una nueva vanguardia audaz, sino más bien un elenco ya conocido de tecnócratas identificables de anteriores experimentos neoliberales, muchos de los cuales terminaron en crisis estrepitosas. El hombre que le regaló a Georgieva el pin de la motosierra es Federico Sturzenegger, actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien desempeñó un papel central como secretario de Política Económica durante el tristemente famoso megacanje de 2001: un controvertido canje de deuda que profundizó la inestabilidad financiera y contribuyó a que Argentina se precipitara al peor colapso económico de su historia. 2Sturzenegger fue acusado formalmente por su presunta participación en la operación (<)em(>)megacanje(<)/em(>). Como exfuncionario del Ministerio de Economía a principios de los años 2000, fue acusado de participar en la planeación y ejecución del canje de deuda sin revelar completamente los riesgos y las consecuencias financieras adversas para el Estado argentino. Las acusaciones sostenían que Sturzenegger, junto con otros funcionarios y banqueros internacionales, participó en maniobras financieras que priorizaron el alivio de la deuda a corto plazo, pero que a largo plazo empeoraron la perspectiva fiscal del país. Sin embargo, tras quince años de disputas legales, durante el gobierno de Macri, el sistema judicial altamente corrupto desestimó los cargos. A pesar de que seguía siendo investigado, Macri nombró a Sturzenegger como presidente del Banco Central en 2016 (CIS, 2014; Infobae, 2016). Otros nombramientos han reforzado este patrón. Figuras del gobierno de Carlos Menem (1989-1999), como Guillermo Francos, e incluso el sobrino del expresidente Menem, Martín Menem, quien es el actual presidente de la Cámara de Diputados, aparecen como fichas prominentes. 

   De la era de Macri (2015-2019) vuelven nombres conocidos: Patricia Bullrich, Santiago Bausili y, especialmente, Luis Caputo. Tanto Caputo como Bausili fueron directores del JP Morgan y del Deutsche Bank, y ambos fueron socios en la consultora Anker. Quizás la ironía más llamativa sea la crítica que en el pasado Milei le hizo a Caputo: en una entrevista en 2018, Milei lo acusó de haberse “vendido” y de “fumarse 15.000 millones de dólares del FMI” así como de ser responsable “por el desastre en el Banco Central”. Actualmente, sin embargo, Caputo se desempeña como el ministro de Economía de Milei, mientras que Bausili es el Presidente del Banco Central. Así quedó sepultada la promocionada independencia de la actual política económica argentina. 

   En este contexto, es inevitable cuestionar la decisión del FMI de aprobar una nueva línea de crédito para Argentina. Prestar miles de millones de dólares más al mismo equipo que, en más de una ocasión, ha llevado al país a crisis económicas severas solo puede ser un acto de fe o un síntoma de amnesia institucional. De hecho, si se implementa con éxito, el nuevo préstamo podría reescribir la historia económica de Argentina. Pero, en caso de fracaso, las consecuencias serán históricas no solo para el país, sino también para el propio FMI. La escala del endeudamiento de Argentina plantea ahora riesgos sistémicos para ambos. Como el mismo FMI admitió abiertamente en su evaluación ex-post, el Acuerdo Stand-By de 2018 “ha generado considerables riesgos financieros y reputacionales para el Fondo”. En esta apuesta de alto riesgo, puede que la motosierra acabe afectando al propio FMI.

   Riesgos Reputacionales

   El sociólogo italiano Giovanni Arrighi teorizó que cada ciclo de acumulación liderado por una potencia hegemónica incluye una fase de expansión material y financiera, seguida de estancamiento y crisis, las cuales suelen conducir a cambios en el liderazgo mundial.3Giovanni Arrighi, (<)em(>)The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Time(<)/em(>), Verso (1994). Según Arrighi, la hegemonía mundial se refiere a la capacidad de un Estado para conducir y gobernar un sistema de naciones soberanas, lo que a menudo implica acciones transformadoras que modifican el funcionamiento del sistema.

   La hegemonía difiere de la simple dominación. Mientras la dominación se basa en la coerción, la hegemonía se consolida con el liderazgo intelectual y moral, y con la capacidad de enmarcar los conflictos en términos universales. Cuando un hegemón pierde legitimidad, deja de ser hegemónico. Por lo tanto, la hegemonía global no proviene solo del poder entre los Estados, sino también de la capacidad de un Estado para representar los intereses colectivos de sus propios ciudadanos y de otros países. Para Arrighi, la hegemonía de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial incluyó un liderazgo ideológico ejercido a través de las instituciones de Bretton Woods como la ONU, el FMI y el Banco Mundial, que promovían el desarrollo y la paz, y contrarrestaban la influencia soviética. A medida que Estados Unidos reorganizaba el “mundo libre”, las instituciones de Bretton Woods y la ONU se convirtieron en herramientas de la hegemonía estadounidense; cuando ya no podían cumplir este rol, tuvieron sus funciones bastante limitadas.

   El FMI tiene 191 países miembros, pero Estados Unidos es, por mucho, el más poderoso. Esto se refleja en su poder de voto: posee el 16.5 por ciento del total de votos, lo que le confiere un poder de veto efectivo sobre las decisiones importantes, que por lo general requieren una mayoría del 85 por ciento. En conjunto, los cinco países con mayor poder de voto tienen el 38 por ciento del total, y los diez primeros reúnen el 52 por ciento, lo que refleja una marcada concentración de influencia entre un pequeño grupo de economías poderosas.

   

   Los reiterados fracasos del FMI para estabilizar la economía global y ofrecer caminos de desarrollo para los países del Sur Global, el mayor ejemplo es la propia Argentina, son ilustrativos de los riesgos financieros y reputacionales a los que está sujeta la institución.4 Fondo Monetario Internacional (FMI). (2021). (<)em(>)Ex-post evaluation of exceptional access under the 2018 Stand-By Arrangement—Press release and staff report(<)/em(>). https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/12/22/Argentina-Ex-Post-Evaluation-of-Exceptional-Access-Under-the-2018-Stand-By-Arrangement-511289 Esta no es una cuestión menor si se considera el creciente papel de China como prestamista de última instancia y la expansión de una red sino-céntrica de bancos de desarrollo.  

   Argentina y el FMI

   Argentina ha tenido una relación larga y compleja con el FMI, marcada por recurrentes ciclos de deuda, crisis y reestructuración. Desde 1958, el país ha suscrito más de 20 acuerdos con el FMI —principalmente Acuerdos Stand-By y de Servicio Ampliado del Fondo— que suman más de 133.000 millones en derechos especiales de giro (DEG) en fondos acordados, equivalente a 177.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsó el 60 por ciento. Estos programas han estado sistemáticamente acompañados de estrictas condicionalidades macroeconómicas que suelen enfocarse en la austeridad fiscal, el control de la inflación, la liberalización del comercio y reformas estructurales.

   En 1944, Argentina fue excluida de participar en los Acuerdos de Bretton Woods debido a preocupaciones sobre su falta de alineación política con Estados Unidos y por su neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, finalmente se adhirió al club durante el gobierno de la “Revolución Libertadora” en 1956, que había derrocado al gobierno de Juan D. Perón.

   

   Los primeros acuerdos, firmados a finales de la década de 1950 y durante la de 1960, fueron de tamaño modesto, y buscaban la estabilización monetaria y la acumulación de reservas de divisas, lo que introdujo a Argentina en la disciplina fiscal al estilo del FMI y supuso la eliminación de activos clave para el desarrollo, como su red ferroviaria. 5En la década de 1940, Argentina tenía la red ferroviaria más extensa de todo el continente americano, la cual alcanzaba más de 47.000 km. El primer acuerdo firmado con el FMI en 1958 pretendía, entre otros objetivos, “eliminar” la mayoría de ferrocarriles.

   En diciembre de 1982, el Banco Central de Argentina nacionalizó cerca de 17.000 millones de dólares de deuda privada, lo que marcó el fin de un periodo de dictadura apoyada por Estados Unidos e ideada por Kissinger (1976-1983), la cual se caracterizó por algunos de los primeros experimentos de reestructuración neoliberal. La decisión allanó el camino para la crisis de la deuda de la década de 1980 y las subsiguientes políticas de desindustrialización y reformas de ajuste, acompañadas con represión social. Para esta década, con el incremento de las tasas de interés estadounidenses, se desencadenó la crisis de la deuda latinoamericana, que llevó a Argentina a entrar a una serie de Acuerdos Stand-By de mayor envergadura, los cuales incluían medidas como la devaluación monetaria, la reducción del sector público y estrictos controles salariales, todos los cuales contribuyeron a generar presiones recesivas y a la agitación política en un contexto de creciente inflación y descontento social.

   En la década de 1990, Argentina adoptó el Consenso de Washington y comenzó lo que se conoció como una era de “relaciones carnales” con Estados Unidos. El Acuerdo Stand-By de 1991 y el Servicio Ampliado del Fondo de 1992 apoyaron las reformas de Carlos Menem, en especial el plan de convertibilidad que vinculaba el peso argentino con el dólar estadounidense. Las políticas respaldadas por el FMI incluían privatizaciones masivas, la liberalización del comercio y la consolidación fiscal; sin embargo, a finales de los años 90s, las vulnerabilidades se agravaron. El acuerdo Stand-By de 1996 y el Servicio Ampliado del Fondo de 1998 pretendían mantener la convertibilidad, pero los choques externos y el incremento de los niveles de deuda prepararon el terreno para una crisis devastadora.

   Con el cambio de milenio, Argentina firmó un nuevo préstamo de 16.900 millones de DEG, seguido de un servicio de complementación de reservas de 6.100 millones en derechos especiales de giro en 2001, mientras su economía se precipitaba al colapso. El FMI exigió una mayor reducción del déficit, reformas al mercado laboral y la continuación del compromiso de vinculación monetaria. Estas medidas acabaron por profundizar la crisis, que culminó en el default de la deuda en 2001, el mayor de la historia mundial hasta ese momento.

   En 2003, durante la transición postcrisis, Argentina firmó dos nuevos Acuerdos Stand-By para estabilizar su economía y comenzar a reestructurar la deuda. Estos programas marcaron un cambio desde la austeridad estricta hacia políticas de recuperación más pragmáticas. Luego, en un acontecimiento histórico, en diciembre de 2005 el presidente Néstor Kirchner anunció el reembolso total de la deuda con el FMI, aproximadamente 9.900 millones de dólares. En 2006, Argentina cerró la oficina del FMI en Buenos Aires, con lo que rompió simbólicamente los lazos con la institución. Kirchner criticó el papel que tuvo el Fondo en la crisis argentina, afirmando que el país estaba “enterrando un pasado vergonzoso” de políticas económicas impuestas desde el exterior.

   “Volveremos”: el mayor préstamo de la historia del FMI

   Georgieva no es la primera directora del FMI que ha mostrado favoritismo político en Argentina. En 2020, Mauricio Claver-Carone, quien fue director ejecutivo de Estados Unidos en el FMI y un importante asesor para América Latina del primer mandato de Trump, afirmó que “todo lo que hizo Trump en el FMI fue para ayudar a Macri y evitar que el peronismo volviera a la Casa Rosada”.

   Fue bajo la presidencia de Mauricio Macri, en 2018, que Argentina volvió a acudir al FMI con un préstamo récord de 57.000 millones de dólares. Algunos sostienen que el Fondo aprobó el mayor préstamo de su historia para apoyar políticamente la reelección de Macri en 2019, a pesar de las claras señales de advertencia de que el programa era insostenible. Esta percepción de interferencia partidista empañó la neutralidad institucional que se espera de esta organización. 

   El programa buscaba restaurar la confianza del mercado, pero impuso condiciones severas: crecimiento cero de la base monetaria, fuerte consolidación fiscal y una tasa de cambio regida por el mercado. El acuerdo de 2018 se alcanzó de forma rápida y discreta, lo que dio lugar a acusaciones de que las condiciones eran confusas y se habían negociado a puerta cerrada sin supervisión democrática ni debate público. Esto sembró dudas sobre su legitimidad, aunque no sobre su clara ilegalidad según el derecho internacional; el acuerdo sólo empeoró la recesión y la pobreza, fracasando finalmente en estabilizar la economía; además, violó tanto la legislación nacional como las propias normas del FMI.

   Según la Constitución argentina, los acuerdos financieros internacionales de gran magnitud —especialmente aquellos que implican una deuda soberana— deben ser aprobados por el Congreso. Sin embargo, el gobierno de Macri negoció un acuerdo de 57.000 millones de dólares (que finalmente se redujo a 45.000 millones) sin tener una previa ratificación legislativa ni cumplir con los mínimos trámites administrativos exigidos legalmente.6La Coordinadora de Abogadxs de Interés Público lideró una disputa legal en el poder judicial para declarar la nulidad del préstamo del FMI en 2018. El acuerdo fue formalizado posteriormente, en 2022, por Martín Guzmán, ministro de Economía de Alberto Fernández, quien lo regularizó a través de un Servicio Ampliado del Fondo, el cual incluyó la aprobación del Congreso, aunque de forma posterior.

   Varios expertos y antiguos funcionarios del FMI han argumentado que el préstamo incumplía el Convenio Constitutivo del FMI, pues gran parte del desembolso de 2018 se usó para respaldar el peso argentino y financiar la salida de capitales. Esto contradice la misión fundamental del Fondo, estipulada en el artículo 1, según el cual el FMI debe garantizar la estabilidad general de la economía y de la balanza de pagos. El artículo 6 establece que “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”. Sin embargo, el Banco Central de Argentina comprobó que la mayor parte de los fondos se utilizaron para pagar a inversores extranjeros y permitir la fuga de capitales, en lugar de apoyar inversiones productivas o reformas estructurales.7Banco Central de la República Argentina (BCRA). (2020). Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos 2015–2019. https://www.bcra.gob.ar/Noticias/publicacion-de-informe-mercado-cambios-deuda-2015-2019.aspLa evaluación ex-post del FMI menciona el término “fuga de capitales” veintiún veces y reconoce que “la fuga de capitales socavó la recuperación de las reservas internacionales”.

   Los críticos también señalaron que el programa carecía de un plan macroeconómico creíble y de una ruta sostenible para la deuda. El FMI también lo reconoció en su evaluación ex-post, donde admite que “el Acuerdo Stand-By ha generado considerables riesgos financieros y reputacionales para el Fondo”. La evaluación concluyó con cinco “lecciones” principales que, media década después, no se aplican necesariamente al nuevo Servicio Ampliado del Fondo de Milei: 
   

   “Primero, es esencial que se incorporen presunciones realistas. Segundo, los programas deberían adaptarse a las circunstancias de cada país, incluyendo consideraciones político-económicas, lo que podría implicar el uso de medidas no convencionales si es poco probable que se cumplan las políticas macroeconómicas estándar. Tercero, el análisis de riesgos subyacente a consideraciones clave realizadas al momento de aplicar el marco de acceso excepcional deberían detallarse claramente y comunicarse al Directorio. Cuarto, la participación, que debería entenderse en un sentido social más amplio, no debería impedir una evaluación sincera de posibles opciones políticas y resultados de programas que sean mejores. Quinto, una comunicación externa eficaz es fundamental para asegurar una participación adecuada en diferentes niveles y el efecto catalizador previsto. Por último, es necesaria una apropiada distribución de la carga al suscribir acuerdos de acceso excepcional.” (FMI, 2021).

   Los Fracasos de Guzmán

   En 2021, el presidente Alberto Fernández nombró a Martín Guzmán como ministro de Economía para renegociar el controvertido préstamo que Macri solicitó al FMI. En medio de una pandemia global sin precedentes, la guerra en Ucrania y un panorama financiero internacional cambiante, Guzmán lideró una negociación ampliamente criticada que no consiguió ni una reducción del capital ni un alivio significativo en el pago de intereses. Además, sus negociaciones fueron especialmente secretas, incluso para los altos dirigentes políticos y los funcionarios de asuntos exteriores, lo que socavó cualquier posibilidad de construir un consenso interno.

   A pesar de reconocer el papel del FMI en la “timba financiera” y de aprobar un préstamo político que constituyó “un fraude”, Martín Guzmán formalizó el cuestionable préstamo a través de un Servicio Ampliado del Fondo, que esencialmente sustituyó la deuda original por una nueva, bajo unos términos ligeramente modificados. Aunque el Acuerdo Stand-By original ya era jurídicamente cuestionable, Guzmán lo “legalizó” y pospuso los pagos de capital, en lugar de cuestionar su legitimidad. También impulsó la Ley 27.612, conocida como “ley Guzmán”, que estableció la obligación de someter a aprobación del Congreso los nuevos acuerdos financieros internacionales, en particular los que implicaban al FMI. 

   Guzmán pretendía promover un ajuste fiscal gradual, la acumulación de reservas y la protección del gasto social, una postura más flexible que la de anteriores acuerdos con el FMI; sin embargo, ninguno de los objetivos del programa de Servicio Ampliado del Fondo se alcanzó. La inflación, que ya era elevada, se descontroló y superó el 200 por ciento; Guzmán no tuvo otra opción que renunciar, algo que hizo en julio de 2022. La frustración pública por el incremento de los precios y el descenso del nivel de vida allanaron el camino para la victoria electoral de Milei a finales de 2023. La estrategia dócil de Guzmán fue un fracaso: las negociaciones resultaron estériles.

   Incluso la “ley Guzmán” terminó siendo en gran medida simbólica. La administración del presidente Javier Milei la eludió mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que aprobó un nuevo programa de Servicio Ampliado del Fondo por valor de 15.300 millones de DEG (aproximadamente 20.000 millones de dólares). Este episodio demostró la poca resistencia que pueden enfrentar incluso los acuerdos financieros de gran envergadura dentro del frágil marco institucional argentino, plagado de corrupción y en un contexto de expresiva decadencia política.La “victoria” de los sobrecargos parece más una pelea por un “caramelo” que una solución real del préstamo ilegítimo que Argentina recibió del FMI, desviando el foco real del problema de la deuda.

   Caputo y el IMF: el segundo round

   El nuevo préstamo que Milei solicitó al FMI se estructura en el marco de un acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo a 48 meses, por un total de 20.000 millones de dólares (lo que equivale al 479 por ciento de la cuota de Argentina en el FMI); este se suma a los 45.000 millones de dólares existentes, que incluye un desembolso inmediato de 12.000 millones. La primera revisión del acuerdo está programada para este mes, justo un poco antes de las elecciones de octubre, con un desembolso de aproximadamente 2.000 millones de dólares. La financiación pretende estabilizar la moneda argentina y cubrir las obligaciones urgentes de la deuda.

   Los 12.000 millones de dólares desembolsados ya se han usado para comprar pasivos al Banco Central de Argentina; para esto se trasladaron fondos del Tesoro al Banco Central. Con este “truco” financiero, la cantidad total de reservas continuará estable: cuando están en poder del Tesoro, alimentan las reservas brutas porque se registran como depósitos “encajados”, y cuando se transfieren a los activos del Banco Central, se convierten en reservas netas y líquidas disponibles para intervenir, si fuera necesario dentro de un sistema de flotación cambiaria entre bandas. Esto abre nuevas posibilidades para el carry trade en un contexto de pesos sobrevaluados, lo que representa una oportunidad bastante atractiva para una futura fuga de capitales.

   En cuanto a las dinámicas de reembolso, el FMI enfatiza en la necesidad de que Argentina recupere sus reservas internacionales, que están en niveles muy bajos. Recuperar el acceso a los mercados y manejar los riesgos globales requerirá nuevas mejoras del régimen cambiario y monetario, junto con una reducción cuidadosa y gradual de las restricciones cambiarias.

   A principios de 2025, el peso argentino fue la moneda más sobrevaluada en el Índice Big Mac de The Economist, con una sobrevaluación del 56,7 por ciento frente al dólar estadounidense, según Bloomberg. Esto ha contribuido a una desaceleración en la liquidación de exportaciones de commodities. Frente a las preocupaciones del sector agroindustrial, el ministro de Economía, Luis Caputo, sugirió a los productores adoptar estrategias de carry trade para aumentar sus rendimientos. Frente a las preocupaciones del sector agroindustrial, el ministro de Economía, Luis Caputo, sugirió a los productores adoptar estrategias de carry trade para aumentar sus rendimientos. En respuesta, las asociaciones rurales expresaron su preocupación:

   El sector productivo que representamos ha recibido declaraciones por parte de funcionarios nacionales que generan preocupación. En primer lugar, se nos ha brindado un consejo relacionado con la especulación financiera, una recomendación completamente ajena a nuestra actividad específica. Nuestra labor consiste en generar riqueza genuina y exportable, lo que ha permitido, a lo largo de los años, que distintos gobiernos confisquen un total de 200.000 millones de dólares.

   Aún no es claro cómo el gobierno argentino pretende recapitalizar realmente las reservas del Banco Central de manera sostenible y no simplemente aumentando la deuda externa. Hasta ahora, ha recurrido a un esquema de “blanqueo de capitales” (regularización de capitales o amnistía fiscal), a menudo criticado por permitir el lavado de dinero a gran escala. Se han declarado activos por un total de 32.000 millones de dólares, que incluyen 22.000 millones en depósitos en efectivo a través de cuentas especiales de regularización de activos (CERA) y agentes de liquidación y compensación (ALyC), y casi 10.000 millones en otros activos como bienes inmuebles, vehículos y acciones de empresas. Coincidencia, o no, el actual ministro de Justicia del gobierno de Milei, Mariano Cúneo Libarona, se desempeñó anteriormente como abogado defensor de varios de los narcotraficantes más conocidos de Argentina.

   Las trampas de la deuda argentina

   Durante su visita a Buenos Aires en abril de 2025, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, expresó un firme apoyo a las reformas económicas que se han impulsado en Argentina bajo la presidencia de Javier Milei, en especial a los ajustes fiscales, monetarios y cambiarios. Bessent resaltó que los 20.000 millones de dólares del Servicio Ampliado del FMI y los préstamos adicionales del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo son cruciales para estabilizar la economía argentina.

   Aunque respaldó estas reformas, también expresó su preocupación por la creciente influencia de China en América Latina, y calificó de “rapaces” los acuerdos de préstamo chinos en el Sur Global. En un comentario mordaz, sugirió que Argentina debería terminar su acuerdo swap con China una vez que acumule suficientes reservas. De este acuerdo, valorado en 20.000 millones de dólares, solo se han activado 5.000 millones hasta el momento. La siguiente gráfica muestra el efecto del swap en las reservas del Banco Central de Argentina. 

   En respuesta, la embajada de China en Argentina emitió un comunicado de “profundo descontento”, en el que rechaza que Bessent haya calificado los acuerdos financieros chinos como “predadores”. La embajada enfatizó que los compromisos de China con los países en desarrollo, incluida Argentina, son de beneficio mutuo y sin condiciones políticas. Este intercambio destaca la complejidad de los vínculos de Argentina con Estados Unidos y China, y refleja las marcadas tensiones entre las potencias occidentales y orientales en el ámbito geopolítico.

   Irónicamente, la crítica de Bessent al swap de 5.000 millones de dólares de Argentina con China contrasta con su apoyo a la creciente deuda de Argentina con el FMI, que ahora asciende a los 65.000 millones de dólares. Esto plantea una pregunta provocadora: ¿Dónde radica la verdadera trampa de la deuda, en Oriente o en Occidente?

   Un mes después, el 16 de mayo, Mauricio Claver-Carone, exdirector del FMI responsable del préstamo más grande en la historia del Fondo a la administración de Macri, declaró: “Mientras el país tenga el swap, está amarrado a China y depende de ese swap para poder mantenerse económicamente. Entonces, Argentina no es libre”. La embajada china en Argentina respondió: “Sus comentarios sobre la cooperación entre China y Argentina a través del swap de divisas están llenos de clichés, prejuicios y manipulaciones características de la doctrina de Monroe”.

   El propio FMI ha reconocido que las garantías de financiación de China son vitales para la estabilidad económica argentina, en especial para refinanciar el swap con el Banco Popular de China y sostener los proyectos de represas hidroeléctricas vinculados a la financiación china. Esta valoración contradice directamente la retórica de Bessent y de Carone, y revela una tensión entre los objetivos políticos de Estados Unidos, el FMI y la realidad económica de Argentina. Además, tanto en reuniones oficiales como informales, el Banco Central de Argentina ha declarado explícitamente que espera recibir el desembolso de 2.000 millones de dólares del FMI aunque no se cumpla el objetivo de reconstruir las reservas internacionales en la próxima revisión del 13 de junio. Creen que la reducción de pensiones, la eliminación de ministerios estratégicos y la contracción de la clase media son objetivos suficientes; sin embargo, no está claro hacia dónde se está yendo el superávit, ya que no se está usando para recuperar las reservas internacionales. En vista de que las metas no se cumplirán a tiempo, el FMI decidió posponer la fecha de la revisión del 13 de junio para finales de julio. Reforzando que el préstamo, lejos de tener una sostenibilidad técnica o económica, representa pura discrecionalidad política.

   

   Es una interesante ironía histórica. Los experimentos neoliberales impuestos por la dictadura respaldada por Estados Unidos en 1976, y la posterior adopción del Consenso de Washington en la década de 1990, contribuyeron a la desindustrialización de Argentina, transformando al país en una economía exportadora de materias primas. La participación de la industria en el PIB se desplomó de más del 50 por ciento a mediados de la década de 1970 hasta aproximadamente el 20 por ciento en la década de 2000. Las consecuencias de las políticas neoliberales que llevaron a la desindustrialización son, precisamente, los motores de la dependencia argentina de los mercados chinos.

   En la actualidad, las exportaciones de Argentina consisten principalmente en materias primas como soja, carne vacuna y cebada, que siguen siendo su principal fuente de divisas. China ha sido el segundo destino de exportación más importante de Argentina desde 2009; sin embargo, esta relación se ha debilitado en los últimos años: en 2023, las exportaciones argentinas hacia China cayeron a los 5.200 millones de dólares, por debajo de los 7.900 millones de 2022; para 2024, China bajó al cuarto lugar entre los socios comerciales de Argentina, y hasta mayo de 2025 las exportaciones hacia China cayeron por debajo de los 1.000 millones de dólares.8INDEC, Estadísticas del Comercio Exterior (2025).(<)a href='https://comex.indec.gob.ar/#/'(>) https://comex.indec.gob.ar/#/https://comex.indec.gob.ar/#/(<)/a(>)

   A pesar de este declive, China sigue siendo fundamental para el comercio de Argentina, especialmente para exportaciones clave como la soja y la carne vacuna, productos que Estados Unidos tiene dificultad para adquirir de Argentina debido a su producción interna. Por consiguiente, Argentina sigue atada a China para mantener su capacidad de pago de la deuda con el FMI. Sin embargo, la creciente dependencia de las exportaciones de materias primas —principalmente para importar productos manufacturados chinos— ha ampliado el déficit comercial de Argentina con China. Los acuerdos swap han sido fundamentales para sostener el comercio durante las crisis de balanza de pagos; de hecho, la línea swap china le permitió a Argentina pagar los intereses del FMI en 2023, luego de la dimisión de Guzmán.

   La estrategia de inversión a largo plazo de China en Argentina, particularmente a través de megaproyectos de infraestructura como las represas hidroeléctricas en la Patagonia, ha producido resultados limitados a corto plazo. Para 2024, la represa Néstor Kirchner tenía un avance de apenas el 20 por ciento y la represa Jorge Cepernic del 45 por ciento. Adicionalmente, el veto de Estados Unidos bloqueó los proyectos nucleares respaldados por China.9Haro Sly, M. J., & Hurtado, D. (2023). Hacia la convergencia de trayectorias en ciencia y tecnología que se bifurcan: Desafíos de la cooperación de Argentina y China. In M. Andrés (Ed.), (<)em(>)Argentina-China 50(<)/em(>) (<)em(>)años de relaciones diplomáticas: Cooperación, desarrollo y futuro(<)/em(>) (pp. 115–133). Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y Academia China de Ciencias Sociales. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/c_2023-05-08-argentina-china.pdf Así como los planes de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) en Argentina no han pasado de la fase de diseño; esto pone en duda tanto la eficacia de la estrategia de China como la sostenibilidad de la dependencia argentina del financiamiento chino.

   Este contexto geopolítico y económico destaca los desafíos que enfrenta el FMI como prestamista de última instancia para países como Argentina. Los riesgos financieros y reputacionales del Fondo están cada vez más relacionados con las recurrentes crisis de deuda que busca gestionar, pero que a menudo termina agravando. 

   Como propone la teoría de ciclos hegemónicos de Giovanni Arrighi, la hegemonía implica no solo un dominio coercitivo, sino también un liderazgo intelectual y moral: dar forma a las reglas de un sistema internacional capaz de promover una ruta de desarrollo que represente los intereses colectivos no solo de sus propios ciudadanos, sino también de la comunidad internacional. El declive relativo de la hegemonía estadounidense y el fracaso de las instituciones de Bretton Woods para fomentar un desarrollo sostenible plantean preguntas profundas acerca del futuro de la gobernanza mundial. El creciente papel de China como acreedor alternativo y el auge de instituciones financieras sinocéntricas no han logrado consolidarse como un camino emancipador para los países del Sur Global, capaces de romper las dinámicas centro-periferia, pero sin duda están disputando una nueva narrativa. 

   Las tensiones entre potencias en Argentina ha dificultado la capacidad de China para avanzar en sus proyectos, pero también ha debilitado la estrategia de Estados Unidos para aislar a China totalmente, ya que Argentina sigue dependiendo de su mercado y su financiamiento. 

   El actual clima político de Argentina complica mucho más su navegación entre estas tensiones globales. Las reformas del presidente Milei —que se alinean con la ortodoxia del FMI— han intensificado el ciclo de dependencia de la deuda del país en un contexto global cada vez más inestable. La baja participación electoral en las elecciones locales de 2025 refleja una profunda desilusión hacia la clase política y la pérdida de confianza de los ciudadanos en la viabilidad de la estrategia de desarrollo a largo plazo de Argentina.Ningún poder político importante ha articulado una visión clara y factible para escapar de las trampas de la deuda impuestas por las instituciones financieras occidentales. Los partidos de oposición, incluidas varias facciones peronistas, solo han ofrecido condenas retóricas al último acuerdo de préstamo con el FMI, pero no han propuesto alternativas concretas ni movilizado una resistencia sustancial, lo que muestra que la clase política no tiene ni idea de cómo construir una nueva vía de desarrollo para el país con soberanía económica. Aunque los movimientos ciudadanos y sociales que definieron la rebelión de 2001 en Argentina siguen dispersos, desde abajo se escuchan susurros de cambio.

   Traducido al español por Natalia Silva

2. Subcontratando la Transición Verde

   9:44 am Comentarios desactivados en Subcontratando la Transición Verde

   La 29ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP29) fue la muy esperada “COP de finanzas”. Los negociadores tenían la tarea de sustituir el anterior objetivo de 100.000 millones de dólares por un Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado sobre Financiación Climática (NCQG, por sus siglas en inglés) más ambicioso. Tras tensas discusiones de última hora, los países desarrollados finalmente se comprometieron a «tomar la iniciativa» aportando «al menos [300.000] millones de dólares anuales para 2035», de un total de 1,3 billones de dólares.

   Aunque nominalmente triplica el anterior objetivo de 100.000 millones de dólares para la financiación de los países desarrollados, el nuevo objetivo incorpora fondos procedentes de «una amplia variedad de fuentes.» Cuando se combina con los efectos de la inflación, esto hace que el NCQG sea, en el mejor de los casos, marginalmente más alto que el objetivo anterior, una realidad que ha generado críticas fulminantes de activistas y estados vulnerables al clima en el Sur global.

   El regreso del presidente estadounidense Donald Trump ha puesto aún más en duda la credibilidad del NCQG. Tras retirarse de nuevo del Acuerdo de París y anunciar un congelamiento del gasto de 90 días de USAID, es probable que la Administración Trump redirija gran parte, si no la totalidad, de las contribuciones multimillonarias anuales previstas por Estados Unidos para la financiación de la lucha contra el cambio climático en los próximos años, lo que creará un repentino déficit de financiación que será difícil de cubrir.

   Los Estados del Sur Global ya han empezado a buscar en otra parte cómo cubrir sus necesidades de financiación. La COP29 aprobó de forma controvertida nuevas normas para el comercio de créditos de carbono en virtud de los artículos 6.2 y 6.4 del Acuerdo de París, que según la presidencia de la COP29 “podrían reducir el coste de aplicación de los planes climáticos nacionales en 250.000 millones de dólares al año.” En medio de las fases finales de las negociaciones del NCQG, el Primer Ministro de Bahamas, Philip Davis, también anunció un canje de deuda por naturaleza por valor de 300 millones de dólares. Este fue el quinto acuerdo de este tipo orquestado por la ONG estadounidense The Nature Conservancy (TNC), que su director general defendió como una «solución eficaz basada en el mercado» para abordar el «déficit de financiación» mundial en materia de biodiversidad y clima. Antes de la COP29, una coalición de ONG ecologistas anunció su ambición colectiva de “desbloquear hasta 100.000 millones de dólares en financiación para el clima y la naturaleza” ampliando los canjes de deuda por naturaleza.

   Estos dos enfoques de financiación «no tradicionales» basados en el mercado -el comercio de créditos de carbono entre países y los canjes de deuda por naturaleza- tienen un denominador común: el mundo de las finanzas extraterritoriales. Las empresas extraterritoriales ya han protagonizado algunos de los peores escándalos de comercio de créditos de carbono en los Mercados Voluntarios de Carbono (MVC) existentes, y las jurisdicciones extraterritoriales han desempeñado un papel fundamental en la organización de canjes comerciales de deuda por naturaleza. De hecho, el Banco Mundial ha desempeñado un papel improbable al condenar la dependencia de los recientes canjes de «vehículos extraterritoriales con fines especiales y fondos fiduciarios», en lugar de «sistemas nacionales ya establecidos». 1 En respuesta, el Banco ha desarrollado su propio marco de enfoque de «deuda por desarrollo» junto con el FMI y ha firmado su primer acuerdo con Costa de Marfil en diciembre de 2024.

   Para quienes ven la transición ecológica mundial como un ejercicio de “gestión de cartera,” el mundo extraterritorial es quizá un aliado natural. Después de todo, los paraísos fiscales han desempeñado durante mucho tiempo un papel fundamental en el funcionamiento de la globalización financiera. Pero lo que está en juego va mucho más allá de la cuestión de generar financiación adicional. El auge de la financiación extraterritorial verde amenaza con encerrar la formulación de políticas sobre biodiversidad y clima en los Estados del Sur global y en todo el sistema multilateral, bloqueando un conjunto estandarizado de medidas de financiación, gobernanza y políticas sobre biodiversidad y clima para las próximas décadas.

   La tarea de financiar la transición verde hace surgir el espectro de los repetidos fracasos del proyecto del desarrollo global. Es en este contexto en el que el mundo offshore ha surgido como lugar de mediación de las contradicciones endémicas de la transición verde.

   El creciente déficit de financiación

   La cuestión de la financiación climática de los países desarrollados no está ni mucho menos resuelta. El documento «Baku to Belém Roadmap to 1.3t» brinda amplias oportunidades para que la COP30 asuma compromisos más ambiciosos. Sin embargo, la COP29 ha puesto de manifiesto la brecha cada vez mayor que existe entre la voluntad de los Estados del Norte de proporcionar financiación climática en condiciones favorables y la magnitud de las necesidades de adaptación y mitigación climática del Sur. Una brecha similar se refleja en el objetivo de financiación anual de 200.000 millones de dólares para 2030 del Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal, para el que los países desarrollados se han comprometido a aportar al menos 20.000 millones de dólares para 2025 y 30.000 millones de dólares para 2030.

   La idea de una «brecha» persistente en la financiación de la biodiversidad y el clima ha demostrado ser políticamente propicia para los defensores de las soluciones financieras privadas. En 2015, el Banco Mundial esbozó el famoso enfoque de «miles de millones a billones», argumentando que los financiadores bilaterales y multilaterales deben utilizar los recursos públicos para ayudar a aumentar la inversión privada en el desarrollo sostenible. La idea misma de que la financiación pública no puede satisfacer las necesidades mundiales de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos -lo que exige que la financiación privada llene ese vacío- es fundamental para los argumentos a favor de la financiación mixta y las asociaciones público-privadas (APP) sin riesgo.

   En estas páginas se han criticado duramente estas soluciones por motivos de costo, eficacia y equidad. Aunque persiste la idea de que la financiación privada puede resolver las carencias existentes en materia de financiación de la biodiversidad y el clima, la fe en el «pony mágico de la financiación privada» está flaqueando, sobre todo debido a la falta de claridad en cuanto a la forma en que la mayoría de los proyectos de financiación de la biodiversidad y el clima podrían llegar a ser «invertibles«. De hecho, el Economista Jefe del Banco Mundial, Indermit Gill, ha tachado este nuevo enfoque de «fantasía». Para Gill, «no se puede permitir que el equilibrio riesgo-recompensa siga tan desequilibrado como hasta ahora, con las instituciones multilaterales y los acreedores gubernamentales soportando casi todo el riesgo y los acreedores privados cosechando casi todas las recompensas.»

   Sin embargo, los Estados del Norte global se han resistido hasta ahora a los esfuerzos por generar y redistribuir financiación y recursos públicos adicionales para la transición verde. El momento actual está plagado de un doble pesimismo respecto a las perspectivas tanto de aumentar las ambiciones de financiación climática de los países desarrollados como de que el sector privado invierta a escala en la adaptación y mitigación climáticas en el Sur global.

   En respuesta, declaraciones y plataformas multilaterales como la Iniciativa 3.0 de Bridgetown, el Pacto de París por los Pueblos y el Planeta (4P) y la Declaración de Nairobi abogan por una serie de medidas de financiación no tradicionales, aun cuando encarnan visiones distintas y a veces contradictorias de la transición verde mundial. Tales medidas «no tradicionales» abarcan gravámenes de solidaridad mundial, Derechos Especiales de Giro (DEG), biodiversidad,  carbono  mercados de crédito de carbono y alivio de la deuda vinculada al clima.

   Más allá de la cuestión de primer orden de generar nuevas fuentes de financiación, se plantea la cuestión de cómo gastar el dinero. Las disyuntivas resultantes entre autoridad local y transnacional, eficacia y justicia medioambiental, y control estatal frente a control del mercado parecen insolubles. Reflejan la colisión de diferentes filosofías de la acción climática, desde el compromiso de la CMNUCC de defender las responsabilidades comunes pero diferenciadas hasta el compromiso basado en el mercado de «valorar la naturaleza para salvarla. «Los distintos modelos de financiación tienen profundas implicaciones para el grado de espacio político concedido a los Estados del Sur global, la autodeterminación local y la soberanía indígena, la consecución de resultados de desarrollo no medioambientales, la penetración de la globalización financiera y el grado de control internacional sobre la ejecución de los proyectos.

   En respuesta a estos dilemas, los financiadores de la biodiversidad y el clima recurren cada vez más al mundo de la financiación extraterritorial.

   Deslocalización

   Tras surgir en los años de entreguerras, los paraísos fiscales offshore proliferaron durante la era de la descolonización. La autodeterminación poscolonial provocó la fuga del capital imperial a jurisdicciones extraterritoriales, muchas de las cuales eran actuales o antiguos territorios dependientes británicos. La liberalización financiera de los años setenta provocó nuevas oleadas de expansión. A falta de fuentes alternativas de ingresos, numerosos microestados adoptaron el modelo offshore, vendiendo derechos soberanos relacionados con la fiscalidad, la regulación internacional e incluso la ciudadanía. El aumento sostenido de las finanzas extraterritoriales refleja tanto las continuidades imperiales en la estructura de la economía mundial como una forma de respuesta estatal ante la subordinación financiera internacional.

   Con el aumento de la movilidad del capital mundial aumentaron las oportunidades para que los multimillonarios y las empresas transnacionales se dedicaran al arbitraje jurisdiccional, eludiendo la rendición de cuentas, el escrutinio y, en última instancia, el control democrático. Esta dimensión del mundo offshore permite lo que Jason Sharman describe como «la búsqueda de una ambigüedad calculada, que se refiere a la capacidad de dar respuestas diametralmente opuestas pero legalmente válidas cuando se responde a la misma pregunta de diferentes audiencias». Es esta «ambigüedad calculada» la que resulta cada vez más valiosa para los financiadores de la biodiversidad y el clima, así como para los Estados biodiversos del Sur global.

   Los centros financieros extraterritoriales ya desempeñan un papel consolidado -y controvertido- en la financiación del desarrollo mundial. Las instituciones de financiación del desarrollo utilizan los centros financieros extraterritoriales para poner en marcha APP e invertir en fondos de capital privado. Al igual que muchas empresas privadas, lo hacen para minimizar el riesgo de la inversión y garantizar unas condiciones legales y reglamentarias favorables, incluso a expensas de la financiación y la legitimación de la industria extraterritorial en general.

   Sin embargo, el mundo offshore ofrece ventajas únicas para navegar por los dilemas de la transición ecológica mundial. Al deslocalizar el control del planeta, los defensores del comercio de créditos de carbono y de los canjes de deuda por naturaleza pueden argumentar que la financiación de la biodiversidad y el clima está controlada simultáneamente por agentes locales e internacionales y se ajusta tanto a la justicia climática como a las prerrogativas del mercado. Por tanto, el giro hacia la deslocalización tiene que ver tanto con la cuestión de quién paga como con las condiciones en que lo hacen.

   Al intentar resolver algunas tensiones, los mecanismos financieros extraterritoriales terminan generando otras, en parte a través de lo que Julia Dehm describe como el choque entre el compromiso del derecho público con la transparencia y el compromiso de derecho privado con la confidencialidad. Esta tensión es fundamental en las recientes controversias sobre el comercio de créditos de carbono y ha motivado gran parte de la reacción de los activistas contra los canjes de deuda por naturaleza. Los recientes escándalos sobre el comercio de créditos de carbono de país a país en Liberia, y los multimillonarios canjes de deuda por naturaleza en las Galápagos y la Amazonia en Ecuador son una muestra de lo que está en juego en la financiación «no tradicional» del clima y la naturaleza. Revelan hasta qué punto el comercio de créditos de carbono en virtud del artículo 6.2 y los canjes comerciales de deuda por naturaleza se basan, respectivamente, tanto en las herramientas como en la lógica general del mundo extraterritorial, con graves implicaciones a largo plazo para la soberanía estatal y la autodeterminación local.

   Liberia y el comercio internacional de créditos de carbono

   Antes de la COP28, la empresa Blue Carbon LLC, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, anunció controversialmente un proyecto de Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) para la recolección de créditos de carbono en vastas franjas de Kenia, Liberia, Tanzania, Zambia y Zimbabue. La envergadura de los acuerdos, que abarcan entre el 8 por ciento y el 20 por ciento de la superficie terrestre de cada país, ha provocado acusaciones de «acaparamiento ecológico» y de una “nueva lucha por África”.

   A través de estos Memorandos de Entendimiento, Blue Carbon LLC pretendía obtener una ventaja inicial en el mercado mundial del comercio de créditos de carbono entre países, en virtud del artículo 6 del Acuerdo de París, que permite a los países «transferir créditos de carbono obtenidos a partir de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para ayudar a uno o más países a cumplir sus objetivos climáticos». El Acuerdo de París permite este tipo de intercambios, ya sea a través de intercambios directos de Resultados de Mitigación Transferidos Internacionalmente (ITMO, por sus siglas en inglés) en virtud del Artículo 6.2 o a través de un mecanismo centralizado de comercio de créditos de carbono en virtud del Artículo 6.4. En la práctica, ambos mecanismos permiten estructuralmente a los Estados muy contaminantes compensar sus emisiones.

   Desde que se adoptó el Acuerdo de París en 2015, el artículo 6 ha sido objeto de una controversia persistente. Esto se debe a la preocupación generalizada por la mala calidad de los créditos de carbono emitidos a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto de 1997 y los Mercados Voluntarios de Carbono existentes, que muchas empresas privadas utilizan para cumplir sus objetivos de emisiones netas cero, así como a la oposición a la financiarización de la naturaleza.

   No obstante, la COP29 adoptó nuevas orientaciones sobre los «enfoques cooperativos» de las normas del Artículo 6.2 relativas al comercio de los Resultados de Mitigación Transferidos Internacionalmente (ITMO) y estableció las «normas, modalidades y procedimientos» para un mecanismo centralizado de comercio de créditos de carbono en virtud del Artículo 6.4. Las primeras orientaciones ofrecen una flexibilidad significativa a los «enfoques cooperativos». La primera orientación ofrece una gran flexibilidad para generar e intercambiar ITMO, lo que suscita preocupaciones adicionales sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad del comercio de créditos de carbono del Artículo 6.2. Esta flexibilidad también allana el camino para la creación de un mecanismo centralizado de comercio de créditos de carbono.

   Dicha flexibilidad también allana el camino para ampliar la acumulación de créditos de carbono del artículo 6.2 vinculados a las «emisiones evitadas». La mayoría de los créditos de emisiones evitadas pretenden reflejar cómo la prevención de la deforestación a través de iniciativas como REDD+ reduce las emisiones de carbono en comparación con la situación contrafactual. Han sido especialmente controvertidos en los Mercados Voluntarios de Carbono, debido a su falta de integridad y dudosa equivalencia con las reducciones directas de emisiones. En la práctica, la generación de créditos de emisiones evitadas desplaza la responsabilidad de cumplir los objetivos climáticos de quienes más han contribuido al cambio climático a quienes menos han contribuido.

   Con la clarificación de las normas del artículo 6.2, numerosos países biodiversos del Sur global han pasado a establecer marcos jurídicos para comerciar con OIMT. Según el PNUMA, al 16 de mayo de 2025, ya se han firmado noventa y ocho acuerdos del artículo 6.2 entre sesenta países, concentrados predominantemente en Asia. Muchos más, incluidos los acuerdos de Blue Carbon LLC están en preparación.

   La experiencia de Liberia es especialmente instructiva en lo que respecta al futuro potencial del comercio de créditos de carbono en virtud del artículo 6.2. En respuesta a la propuesta de Memorando de Entendimiento con Blue Carbon LLC, las organizaciones de la sociedad civil de Liberia advirtieron de que el acuerdo violaría sus leyes forestales y de derechos sobre la tierra, así como los derechos de propiedad de las comunidades locales. Una coalición de ONG internacionales también dio la voz de alarma sobre Blue Carbon LLC, revelando sus vínculos con la familia real de EAU y su falta de experiencia en mercados de carbono.

   De los países que firmaron memorandos de entendimiento con Blue Carbon LLC, Liberia fue posiblemente el más expuesto, ya que carecía de un marco jurídico establecido en materia de créditos de carbono. A raíz de la reacción de la sociedad civil ante el Memorando de Entendimiento, el Comité Directivo Nacional para el Cambio Climático de Liberia (NCCSC) detuvo el comercio de carbono hasta que hubiera elaborado nuevas normas y reglamentos. Según Emmanuel Urey Yarkpawolo, Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) de Liberia, estas normas «harán hincapié en el equilibrio entre los objetivos medioambientales y el bienestar económico de nuestro pueblo y atenderán a las preocupaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas, incluidos los medios de subsistencia alternativos».

   Entre las instituciones internacionales como el PNUD, la prioridad ha pasado ahora a establecer la «preparación para el mercado del carbono» de Liberia, incluidas las reformas de la gobernanza forestal que supuestamente ya se aplicaron después de que Liberia completara su programa de «preparación para REDD+» en 2020. El gobierno de Liberia ha continuado con su impulso hacia el comercio ITMO del Artículo 6.2, firmando un acuerdo con la Coalición de Naciones con Bosques Tropicales (Coalition of Rainforest Nations), un destacado partidario de REDD+ y del comercio ITMO, en octubre de 2024. La EPA de Liberia ha creado recientemente un Departamento de Cosecha, Comercio y Regulación del Carbono Forestal y ha celebrado consultas nacionales sobre el comercio del artículo 6 y talleres de «preparación para el carbono». Y el potencial económico de los mercados de carbono es fundamental para la recién anunciada Agenda ARREST para el Desarrollo Inclusivo del Presidente de Liberia, Joseph Boakai.

   Como Liberia aspira a «participar en el mercado mundial del carbono en los próximos 12-24 meses», el memorando de entendimiento con Blue Carbon LLC sigue siendo una perspectiva viva. En Zimbabue, Blue Carbon LLC ya está solicitando ofertas para los ITMO vinculados a sus proyectos, a pesar tanto de la reacción inicial contra el acuerdo como de las actuales controversias en torno a los créditos de carbono generados por el proyecto Kariba REDD+ de Zimbabue. Aunque el gobierno zimbabuense ha intentado negociar mejores condiciones para sus proyectos de créditos de carbono, al final suavizó la nueva normativa, permitiendo a los promotores de proyectos mantener una participación mayoritaria durante la duración inicial del contrato.

   Para el gobierno de Liberia, siguen en juego varias cuestiones, como el precio de transferencia de los OIMT, la distribución de los ingresos generados por la cosecha de créditos de carbono y el grado de control local sobre las actividades de gobernanza forestal. Sin embargo, las negociaciones sobre estas cuestiones se están produciendo en medio de una nueva dinámica geopolítica y de economía política. Los grandes emisores en general, y los Estados petroleros en particular, tienen cada vez más poderosos incentivos para rehacer las estructuras nacionales de gobernanza del clima y la naturaleza de los Estados biodiversos del Sur global, con el potencial de ir mucho más allá de las ya controvertidas intervenciones en materia de desarrollo y REDD+. Su capacidad para cumplir los objetivos climáticos acordados podría depender cada vez más del «éxito» de la cosecha de créditos de carbono en los Estados biodiversos del Sur global.

   Cualquier movimiento a gran escala hacia la cosecha de créditos de carbono en Liberia transformaría gran parte de su territorio boscoso en un conjunto de zonas de conservación internacionalizadas, con implicaciones potencialmente graves para la soberanía. En este contexto, el mundo offshore ofrece un lugar para la generación de créditos de carbono. Los Estados que emiten grandes cantidades de carbono pueden utilizar empresas extraterritoriales para ocupar y gestionar zonas de conservación de la naturaleza en Estados biodiversos del Sur global. Estas intervenciones invasivas probablemente se considerarían violaciones intolerables de la soberanía estatal si las llevaran a cabo directamente sus gobiernos. En cambio, los poderosos contaminadores pueden distanciarse jurídicamente de la obtención de créditos de carbono, sin dejar de beneficiarse en última instancia de las transacciones.

   El papel de la financiación extraterritorial en el comercio de créditos de carbono puede ser mucho más amplio que el de las intervenciones de desarrollo a través de asociaciones público-privadas. Los vehículos de financiación extraterritorial se utilizan no sólo para gestionar el riesgo o como una extensión de las agendas políticas neoliberales, sino también como herramientas geopolíticas para alcanzar los fines de la política climática gubernamental. Una dinámica similar está en juego en el aumento de los canjes comerciales de deuda por naturaleza, que realizan el movimiento aún más invasivo de entrelazar la gobernanza de la conservación de la naturaleza del Estado deudor con el endeudamiento soberano externo.

   Ecuador y el resurgimiento de los canjes de deuda por naturaleza

   En los últimos años, los canjes comerciales de deuda por naturaleza han cobrado importancia como otra fuente de financiación «no tradicional» basada en el mercado para los Estados biodiversos del Sur global. Aunque los canjes de deuda por naturaleza tienen una larga historia, los recientes acuerdos con Belice, Barbados, Ecuador y Gabón han operado a una escala mucho mayor mediante el despliegue de una novedosa estructura de «bonos de naturaleza«. A través de esta estructura, las coaliciones ad hoc de ONG internacionales, bancos de inversión, financiadores del desarrollo y Estados deudores convierten los bonos soberanos comerciales existentes en nuevos «préstamos para la naturaleza» más baratos, con estrictas condiciones políticas y de gasto.

   A pesar de que se comercializan como un «salvavidas para nuestro planeta, «los canjes han sido duramente criticados, con una coalición de ONG activistas que argumentan que «carecen de transparencia», no pueden lograr el «consentimiento libre, previo e informado de los ciudadanos afectados por estos acuerdos» y «socavan las campañas mundiales por la justicia de la deuda».

   Los canjes de deuda por naturaleza de Ecuador de 2023 y 2025 han sido objeto de especial escrutinio. Los acuerdos se producen tras una serie recurrente de crisis de deuda en Ecuador, que comenzaron a principios de la década de 1980. Según Debt Justice UK, en Ecuador, «sólo el 14 por ciento de todo el dinero prestado entre 1989 y 2006 se utilizó para proyectos de desarrollo social», mientras que el resto se destinó al pago de la deuda soberana.

   Tras la crisis financiera de 1998-1999, Ecuador emprendió una serie de medidas drásticas, como dolarizar  su economía, reestructurar sus deudas y pedir préstamos al FMI. Sin embargo, en 2008, Ecuador comenzó a adoptar un enfoque más confrontacional hacia sus acreedores externos. El recién elegido presidente ecuatoriano Rafael Correa puso en marcha una comisión para evaluar los orígenes y la legitimidad de las deudas del país. Basándose en el incipiente movimiento de cancelación de la deuda odiosa -que cobró importancia tras la invasión de  liderada por Estados Unidos-Irak, la comisión sostuvo que Ecuador no estaba obligado a pagar deudas corruptas o ilegítimas. En consecuencia, el gobierno dejó de pagar dos series de bonos soberanos, provocando la ira de los mercados de deuda soberana, antes de recomprarlos con un fuerte descuento. No obstante, en 2020, con un volumen de deuda externa pública que se había más que duplicado desde 2013, Ecuador se vio obligado de nuevo a reestructurar su deuda soberana.

   De ahí que se produjera el primer canje de deuda por naturaleza de Ecuador en 2023, tras múltiples intentos recientes de reestructuración. El canje intercambió aproximadamente 1.600 millones de dólares en bonos soberanos en circulación por un préstamo de 656 millones de dólares vinculado a la emisión de un Bono Marino Galápagos. El bono fue emitido por GPS Blue Financing, una sociedad instrumental registrada en Irlanda y creada por el banco de inversión Credit Suisse (ahora UBS). Se benefició de un seguro de riesgo político de la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos (DFC) y de una garantía parcial del BID, por lo que recibió una calificación crediticia AA2. A continuación, GPS Blue Financing prestó el producto de los bonos a Ecuador para que pudiera reembolsar a sus actuales tenedores de bonos a 53,25 (bonos 2030), 38,5 (bonos 2035) y 35,5 (bonos 2040) céntimos de dólar respectivamente.

   Sin embargo, el canje proporcionó a Ecuador un alivio mínimo de la deuda. La deuda externa total de Ecuador se mantuvo por encima de los 48.000 millones de dólares incluso después de la transacción, y su ratio deuda pública/PIB cayó sólo marginalmente del 57 al 55,4 por ciento. La calificación crediticia global de Ecuador tampoco mejoró. En 2024, Ecuador recurrió de nuevo al FMI para obtener un préstamo de 4.000 millones de dólares a cuatro años. Aunque no sirvió de mucho para aliviar la carga de la deuda soberana de Ecuador, el canje transformó la gobernanza de la conservación de la naturaleza en las Galápagos. Ahora Ecuador debe realizar aportaciones anuales de más de 17 millones de dólares en actividades de conservación de la naturaleza.

   Esta cifra comprende 5,4 millones de dólares para el fondo de dotación y 12 millones de dólares que gastará directamente el Fondo Fiduciario para la Conservación.2 Esta cifra comprende 5,4 millones de dólares para el fondo de dotación y 12 millones de dólares que gastará directamente el Fondo Fiduciario para la Conservación. El Pew Bertarelli Ocean Legacy Project, en colaboración con las empresas de financiación de la naturaleza Oceans Finance Company y Aqua Blue Investments, creó un nuevo Fondo Fiduciario de Conservación de gestión privada para administrar el gasto. A pesar de llamarse Galapagos Life Fund (GLF), el fondo es «una corporación sin ánimo de lucro y sin acciones de Delaware.» El canje también exige que Ecuador emprenda numerosas medidas políticas, entre ellas la creación de la Reserva Marina Hermandad, de 11.583 millas cuadradas, y el aumento de la vigilancia y regulación de las actividades pesqueras. Y las sanciones propuestas por el incumplimiento de estas condiciones políticas y de gasto son significativas, incluyendo importantes pagos escalonados  e incluso el impago del préstamo.

   Para justificar este uso de la condicionalidad, los defensores del canje han invocado el objetivo de conservación 30 para 30 del Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal, según el cual los signatarios deben garantizar «que para 2030 al menos el 30 por ciento de las zonas de ecosistemas degradados terrestres, de aguas continentales, marinos y costeros estén bajo restauración efectiva». Sin embargo, en lugar de proporcionar una base jurídica internacional para el canje, el marco general hace hincapié en numerosas cualificaciones importantes para sus objetivos de conservación, incluida la necesidad de lograr el consentimiento informado y la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la toma de decisiones sobre la gobernanza de la biodiversidad.

   Sobre esta base, en mayo de 2024, una coalición de organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana presentó una queja formal ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), argumentando que el canje carecía de transparencia y no involucraba a los ciudadanos afectados en la toma de decisiones sobre el canje. La queja expresaba preocupaciones adicionales sobre la posibilidad de que poderosos grupos externos se apoderaran del gasto en conservación vinculado al canje, el registro del GLF en Delaware -debido a su reputación de paraíso fiscal- y la pérdida de soberanía y control sobre los recursos naturales asociada al acuerdo.

   El canje de deuda por naturaleza de 2023 concuerda con una larga historia de esfuerzos de ayuda internacional que priorizan tajantemente la conservación de la naturaleza sobre otros objetivos económicos y sociales en las Galápagos. La Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd) ha argumentado que, «a pesar de que Galápagos recibe millones de dólares al año en nombre de la conservación, las comunidades locales siguen teniendo necesidades básicas insatisfechas, como la falta de acceso a agua de calidad, atención sanitaria y una reingeniería completa del colapsado sistema de alcantarillado y un tratamiento adecuado de las aguas residuales».

   Esta desatención sistémica de las necesidades de la comunidad hace que la falta de consulta sobre el canje sea especialmente preocupante, a pesar de la declaración del Ministro de Asuntos Exteriores ecuatoriano, Gustavo Manrique Miranda, de que el canje «es especial por el proceso participativo implicado en su creación. » En la medida en que se produjo, la consulta a la comunidad antes del canje se refería a la reserva marina, más que a la estructura financiera del acuerdo y a la condicionalidad de las políticas. Como reconoce directamente The Nature Conservancy (TNC) -el principal artífice de los canjes comerciales de deuda por naturaleza-, la confidencialidad durante las negociaciones es producto de la naturaleza financiera de las transacciones. Muchos de los términos financieros de los canjes se consideran información reservada, y TNC argumenta que la consulta activa antes del cierre financiero afectaría a la fijación de precios en el mercado de bonos.

   En respuesta a la denuncia, el BID reiteró que «no constituyó ni financió» el GLF, aprovechando la compleja estructura extraterritorial del acuerdo para minimizar la responsabilidad. También afirmó que el gobierno ecuatoriano «lideró el proceso de determinación de los compromisos de conservación asumidos por el país en el marco del canje de deuda por naturaleza», eludiendo la falta de debate parlamentario sobre el acuerdo y la tardía aprobación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de un marco normativo para las conversiones de deuda que «legitima retroactivamente más de dos años de acciones ejecutadas por proponentes privados».

   En última instancia, el proceso condujo a una serie de concesiones menores, incluido el nombramiento de un representante de una ONG local en el consejo del GLF junto a un observador representante de la comunidad de Galápagos. Sin embargo, el GLF sigue siendo una entidad privada registrada en un paraíso fiscal, y no se han abordado las implicaciones del canje para la autodeterminación local y la soberanía de Ecuador.

   Sin embargo, el mercado de canje de deuda sigue expandiéndose, con una reciente avalancha de acuerdos firmados con El Salvador, Bahamas, Barbados y, de hecho, con Ecuador para un Programa de Biocorredor Amazónico. Este último acuerdo multimillonario ya ha sido objeto de controversia debido a la exclusión de los grupos indígenas ecuatorianos en el proceso de negociación.

   En septiembre de 2024, la Asamblea Nacional ecuatoriana también votó a favor de legalizar los mercados de créditos de carbono, dando marcha atrás en la anterior prohibición constitucional de Ecuador sobre el comercio, y ya ha comenzado a comprar créditos de carbono de deforestación evitada. Así pues, los canjes de deuda por naturaleza y la cosecha de créditos de carbono representan ahora dos pilares fundamentales en el avance de Ecuador hacia la financiarización de la naturaleza. Según Gustavo Manrique Miranda, «nuestra moneda es la biodiversidad.«

   Comercializar la soberanía verde

   ¿Quién gobierna el planeta? ¿Y quién debería hacerlo? Estas preguntas están en el centro de los debates sobre la financiación no tradicional y la cada vez mayor «brecha» de financiación de la biodiversidad y el clima.

   El mundo extraterritorial es fundamental para el auge de los canjes comerciales de deuda por naturaleza y el comercio de créditos de carbono. Pero la conexión es más profunda. Ambos mecanismos representan la expansión del fenómeno de las paraísos fiscales como lógica de la diplomacia del Sur global. En lugar de convertirse en paraísos fiscales o vender otros derechos regulatorios, numerosos Estados biodiversos del Sur global están comercializando su soberanía sobre la transición verde. A falta de una condonación de la deuda soberana o de nuevos compromisos públicos de financiación climática, los canjes de deuda por naturaleza y créditos de carbono se están convirtiendo rápidamente en algunas de las únicas formas de generar nueva financiación climática y natural.

   Por tanto, no es de extrañar que participantes de larga trayectoria en el mundo offshore como Barbados, Belice, Liberia y las Bahamas hayan sido también algunos de los primeros en adoptar estos mecanismos. Los mercados de créditos de carbono y los canjes de deuda por naturaleza también han atraído a nuevos participantes, como Ecuador y Gabón, que buscan monetizar su biodiversidad. Sin embargo, los compromisos asociados a la comercialización de la soberanía verde son posiblemente más estrictos que para los Estados que han adoptado el modelo de paraíso fiscal. Dadas sus dimensiones territoriales y su integración con el endeudamiento externo, los créditos de carbono y los canjes de deuda por naturaleza son menos reversibles que las decisiones gubernamentales sobre política fiscal o acceso a la ciudadanía.

   El giro hacia la financiación extraterritorial ha colapsado aún más la distinción entre financiación de la biodiversidad, el clima y el desarrollo. Tradicionalmente se ha considerado que la financiación del clima es fundamentalmente distinta de la «ayuda» al desarrollo y de los programas afines de promoción de la «buena gobernanza», y que en cambio representa una forma de «restitución» que debe ser controlada por los Estados vulnerables al clima. En parte, esto se debe al hecho de que los Estados del Sur global controlan muchos de los puntos calientes de biodiversidad del mundo y conservan la opción de seguir vías de desarrollo impulsadas por los combustibles fósiles que aumentarían radicalmente las emisiones globales. Pero esta concepción de la financiación de la lucha contra el cambio climático también reconoce la responsabilidad histórica de los países desarrollados en el cambio climático y sus obligaciones reparadoras para con el Sur global.

   Dado que el calentamiento global ya ha superado el objetivo de 1,5 grados fijado en el Acuerdo de París y que la pérdida de biodiversidad se acelera a un ritmo vertiginoso, el imperativo de actuar a escala mundial sigue aumentando incluso cuando las ambiciones en materia de biodiversidad y financiación climática se estancan. En lugar de motivar medidas que reduzcan los motores transnacionales de la degradación medioambiental -incluidos «la agricultura, la ganadería, la tala y la minería a gran escala»-, esto está alimentando una mayor atención reguladora internacional sobre la conservación de la naturaleza en los Estados del Sur global. Tal vez por este motivo, en el Norte global se está impulsando el comercio de créditos de carbono y el canje de deuda por naturaleza, justo cuando la presión a favor de la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y la financiación redistributiva de las pérdidas y los daños se encuentra en su punto más precario.

   La financiación de la transición ecológica es sin duda una cuestión de reparto de cargas y voluntad política. Pero también es una batalla a varios niveles por el control jurisdiccional sobre el futuro de la biodiversidad y la formulación de políticas climáticas, con dimensiones locales-nacionales, nacionales-globales, locales-globales y público-privadas. Los créditos de carbono y los canjes de deuda por naturaleza son tanto vehículos de control privado transnacional y de poder sobre la gobernanza medioambiental como «soluciones» financieras no tradicionales a los déficits de financiación.

   Una combinación de una mayor financiación de la biodiversidad y el clima por parte de los países desarrollados, unos ambiciosos impuestos de solidaridad mundial, la cancelación unilateral de la deuda y la redistribución de los Derechos Especiales de Giro podría satisfacer las necesidades de adaptación al cambio climático, mitigación y conservación de la biodiversidad de la transición verde. Pero estas medidas también supondrían sacrificar poder y control, una elección que parece que muchos Estados del Norte global, ONG y empresas privadas no están dispuestos a hacer hasta ahora.

3. La jabuticaba financiera

   mayo 29, 2025 7:45 pm Comentarios desactivados en La jabuticaba financiera

   En 2024, la actuación inusualmente contenida del Banco Central de Brasil (BCB) en el mercado cambiario llevó a una marcada devaluación del real frente a otras monedas emergentes, ejerciendo presión inflacionaria, especialmente en el sector alimenticio, hoy la principal causa del descontento hacia el gobierno de Lula. Ya en septiembre de ese mismo año, buscando contener dicha inflación, la autoridad monetaria comenzó a elevar la tasa Selic, que alcanzó en enero de 2025 el nivel de tasa de interés real más alto del mundo, frenando así el crecimiento económico.

   Contrario a la visión convencional que interpreta estas decisiones como puramente técnicas, aquí se sostiene que la actuación del BCB refleja los intereses de una hegemonía financiera que subordina al Estado y a los mercados a la lógica del capital financiero, perjudicando el endeudamiento público, los ingresos empresariales y el consumo de la clase trabajadora.

   La apropiación financiera del Estado se manifiesta principalmente en la fijación de una tasa Selic excesivamente alta, incrementando el costo de la deuda pública en beneficio de los tenedores de títulos. A su vez, la extracción de excedentes del sector privado productivo y de los hogares se realiza mediante prácticas abusivas en el mercado de crédito, afectando tanto los márgenes empresariales como el poder adquisitivo de la población.

   Las implicaciones políticas y económicas de esta dinámica son profundas: el control de los organismos públicos por parte de la hegemonía financiera crea una verdadera «bolsa-rentismo»; la cartelización del mercado de crédito impulsa un continuo aumento del endeudamiento y de la morosidad entre empresas e individuos; mientras que el cambio, estructuralmente sobrevaluado y puntualmente devaluado por la élite financiera como herramienta de presión política, profundiza la tendencia hacia la desindustrialización y la primarización de la economía brasileña.

   La hegemonía financiera que rige el país es resultado de una trayectoria institucional singular en relación con las prácticas habituales de otros países, al punto de que se suele decir que somos una “jabuticaba” financiera. 1 “Jabuticaba financeira” es una expresión idiomática que describe un conjunto de prácticas peculiares del mercado financiero brasilero. “Jabuticada” es una fruta negra, pequeña y agridulce típica de Brasil. Así lo han llamado algunos autores 2Resende, A. L. 2011, 16 de junho. «Juros: Equívoco ou Jabuticaba?» Jornal Valor Econômico 16 (06). De hecho, Brasil nunca logró implementar plenamente los principios ortodoxos que orientan las prácticas internacionales de organismos públicos como el Banco Central y el Tesoro Nacional, lo que lo diferencia tanto de países desarrollados como de otras naciones en desarrollo. Mecanismos de indexación, la ausencia de una distinción clara entre el mercado monetario y el de títulos de deuda, además de las elevadas tasas de interés reales, contrastan con el patrón observado en países centrales y economías emergentes, donde predominan la emisión de títulos a tasa fija, mercados segmentados y tasas de interés reales más bajas.

   La financiarización brasileña y sus particularidades

   Para ilustrar cómo las particularidades institucionales distinguen a Brasil en el escenario internacional, el Gráfico 1 compara el retorno real de la tasa básica de interés brasileña con el de otras naciones en desarrollo que presentan dinámicas macroeconómicas similares en términos de deuda primaria, inflación y riesgo-país. Los datos demuestran como los intereses en Brasil se diferencian expresivamente de los tres países elegidos. Un inversor que hubiera adquirido títulos públicos brasileños en 1999 habría acumulado, hasta finales de 2023, un rendimiento real más de cuatro veces superior al valor invertido. En Sudáfrica, el rendimiento habría sido de 1,7 veces; en México, de 1,6 veces; y en Colombia, de 1,3 veces.

   

   Explicar esa enorme disparidad exige abarcar dos factores centrales que moldearon la trayectoria brasileña. El primero, de naturaleza interna, se refiere al fuerte poder de coerción ejercido por la élite nacional sobre las instituciones públicas. El segundo, de carácter externo, está relacionado con la posición periférica de Brasil en el sistema monetario internacional. Notoriamente, el arreglo brasileño es resultado tanto de la influencia de una élite económica que, como destacó Florestan Fernandes, posee desde sus orígenes un fuerte carácter estamental, es decir, adapta el Estado para atender a sus intereses particulares.3Fernandes, F. 2020. (<)em(>)A Revolução Burguesa: Ensaio de Interpretação Sociológica(<)/em(>). Editora Contracorrente.como de la necesidad de esa élite de reaccionar ante los dilemas típicos de los países periféricos, como la crisis de la deuda externa y la inflación derivada de ella.

   En términos históricos, dado el contexto de la crisis derivada del fuerte aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en 1979, proteger el capital nacional incluso a costa de la funcionalidad de las instituciones evitó la dolarización de la economía brasileña, fenómeno observado en Argentina.4Paula, L. F. R. 1996. «Liquidez e Zeragem Automática: Crítica da Crítica(<)em(>).» Estudos Econômicos(<)/em(>) 26 (3): 411-439. http://www.revistas.usp.br/ee/article/download/116800/115354/. De hecho, en momentos de crisis y devaluación de las monedas nacionales, los agentes económicos tienden a buscar activos denominados en monedas ubicadas en la cima de la jerarquía, como el dólar, que funciona simultáneamente como medio de pago internacional, reserva de valor y unidad de cuenta global.5Ver: Conti, Bernardo M. D., Daniela M. Prates, e Dominique Plihon. 2014. «A Hierarquia Monetária e Suas Implicações para as Taxas de Câmbio e de Juros e a Política Econômica dos Países Periféricos.» Economia e Sociedade 23: 341–72.

   Ante un contexto inflacionario y la pérdida de atractivo de los títulos brasileños a tasa fija, la indexación se convirtió en un mecanismo clave para mantener la demanda por activos domésticos y frenar la fuga de capitales hacia el dólar. No obstante, este proceso dejó un legado: una relación promiscua entre el capital financiero y el Estado, particular de Brasil, que llevó a las instituciones públicas a desviarse incluso de los principios ortodoxos que afirman seguir, con el objetivo de favorecer la rentabilidad financiera. En ese camino, el Banco Central y el Tesoro Nacional se distanciaron progresivamente del objetivo del desarrollo nacional, priorizando cada vez más los intereses rentistas del capital financiero improductivo.

   El período de formación de las «jabuticabas» (1964-1994)

   Entre 1964 y 1994, dos rasgos institucionales peculiares marcaron el sistema financiero brasileño: el mecanismo de “zeragem automática”, que eliminaba el papel del Banco Central de redirigir capitales improductivos hacia la producción; y la indexación de contratos, que reemplazaba la práctica habitual de firmar contratos a tasa fija. La consecuencia de ambos elementos fue la inviabilidad de una política monetaria eficaz en el país y el aumento del endeudamiento público. El mecanismo de “zeragem automática”, implementado por el Banco Central y vigente entre 1976 y 1996, ofrecía liquidez y rentabilidad en momentos en que la reproducción del capital en la economía real implicaba altos riesgos. Más específicamente, eliminaba el clásico dilema que guía las decisiones del sistema bancario tradicional: elegir entre canalizar recursos hacia los agentes de la economía real (empresas y consumidores) mediante el mercado crediticio — que ofrece mayores retornos (altas tasas de interés), pero con riesgo de impago — o invertir en títulos de deuda, más seguros, pero de menor rendimiento. Con la “zeragem automática”, el capital ocioso estaba protegido y obtenía rendimientos garantizados por el Estado, sin necesidad de exponerse al riesgo del mercado crediticio.

   La indexación comenzó en 1964 con la emisión de las Obligaciones Reajustables del Tesoro Nacional (ORTNs), ajustadas por el Índice General de Precios (IGP), y continuó en 1986 con la introducción de las Letras del Banco Central (LBCs), indexadas a la tasa Selic. Estas fueron reemplazadas al año siguiente por las actuales Letras Financieras del Tesoro (LFTs), también indexadas a la Selic. Dichos títulos fueron lanzados en un contexto de creciente presión inflacionaria.

   El proceso que llevó a la creación de las LFTs merece especial atención, ya que está directamente relacionado con la intensificación del rentismo en Brasil. Las LFTs surgieron como resultado de la superposición de competencias dentro del Banco Central, que pasó a desempeñar funciones tradicionalmente atribuidas al Tesoro Nacional. Esta superposición favoreció el rentismo al impedir que el Tesoro pudiera llevar a cabo una financiación pública más barata, basada en tasas de interés más bajas, títulos a tasa fija y plazos más largos, de acuerdo con las prácticas internacionales. Este fenómeno ha sido descrito como “efecto-contagio”6Ver: Barbosa, F. D. H. 2006. «The Contagion Effect of Public Debt on Monetary Policy: The Brazilian Experience.» (<)em(>)Brazilian Journal of Political Economy(<)/em(>) 26: 231-238. ‘fusión de objetivos’ entre instituciones7Dornelas, L. N. D., and F. H. B. Terra. 2021. (<)em(>)SELIC: O Mercado Brasileiro de Dívida Pública(<)/em(>). Campinas: Alínea. y, más recientemente, como ‘falta de sinergia’.8Vieira Filho, L. A. M., and P. Rossi. 2023. «Dívida Pública e Falta de Sinergia entre o Tesouro e o Banco Central no Brasil no Período 2004/16.» (<)em(>)Brazilian Keynesian Review(<)/em(>) 9 (1): 29-52.

   Más específicamente, en 1986, el Tesoro Nacional enfrentaba dificultades para captar recursos. En ese contexto, el Banco Central intervino y lanzó las LBCs, los primeros títulos indexados a la tasa Selic, con vencimiento de muy corto plazo (overnight). Al señalar al mercado que la Selic se mantendría elevada y se ajustaría conforme a la inflación, el Banco Central garantizó a los inversores márgenes atractivos y protección frente a riesgos. No por casualidad, al año siguiente de su lanzamiento, estas operaciones ya representaban el 71,3 % de la deuda mobiliaria federal, quitándole al Tesoro Nacional su función de financiamiento.9 Empíricamente, esto puede comprobarse al analizar la relación entre la base monetaria y los títulos públicos de la época. Según los autores: “El [Banco Central] tenía explícitamente dos objetivos distintos, pero los medios se concentraban en una misma operación: el control de los intereses a través de la regulación de la liquidez, un objetivo monetario; y la financiación del gobierno, un objetivo fiscal. Los datos sobre los factores condicionantes de la base monetaria, obtenidos en Ipeadata, muestran que, en 1986, las operaciones con títulos públicos contribuyeron a la expansión de la base monetaria, algo que se invirtió a partir de 1987 con el aumento de la aceptación de las LBCs, lo cual contrajo la base monetaria. A su vez, la actuación del Tesoro contribuyó, entre 1986 y 1990, a la expansión de la base monetaria, lo que demuestra que el Banco Central estaba captando recursos tanto para controlar la liquidez y los tipos de interés, como para financiar al Tesoro” (Dornelas et al., 2021, p. 69). Véase también Fernandes, O. A., y F. A. Turolla. 2006. «Uma Revisão de Quarenta Anos da Dívida Mobiliária Interna (1964-2004).» Pesquisa & Debate 17 (2): 215-236.

   El predominio de las LBCs forzó al Tesoro Nacional a emitir las actuales Letras Financieras del Tesoro (LFTs) al año siguiente. Similares a las LBCs, las LFTs también estaban indexadas a la Selic, ya que de otro modo no habrían tenido aceptación en el mercado 10Dornelas, L. N. D., and F. H. B. Terra. 2021. (<)em(>)SELIC: O Mercado Brasileiro de Dívida Pública(<)/em(>). Campinas: Alínea. La consolidación de las LFTs configuró un entorno institucional marcadamente brasileño, en el cual el costo del financiamiento del Tesoro quedó subordinado a las decisiones del Banco Central. Esto se debe a que cualquier aumento de la tasa Selic incrementa automáticamente el costo de la deuda pública, dada la enorme proporción de títulos postfijados cuyas condiciones son alteradas por un organismo distinto del propio Tesoro.

   El período de formación de los canales rentistas (1994 en adelante)

   Con el fin de la crisis de la deuda externa y del dilema inflacionario, simbolizado por el éxito del Plan Real (1994), se esperaba que el sistema financiero brasileño pasara por un proceso de normalización, es decir, que esas jabuticabas institucionales dejaran de existir. Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió. De 1994 en adelante, esas particularidades no desaparecieron, sino que fueron reconfiguradas.

   La impresión de normalización surgió, sobre todo, con el fin del mecanismo de “zeragem automática” en 1996, en un contexto marcado por el éxito de los títulos indexados a la Selic. No fue una coincidencia: las LFTs ofrecen resultados similares a los del mecanismo anterior. A través de ellas, el Banco Central también logra ofrecer al capital financiero “acceso inmediato” a la deuda pública brasileña, cuya gestión debería ser competencia exclusiva del Tesoro Nacional.

   De este modo, si hasta 1994 se observó un protagonismo creciente del Banco Central en el nexo fiscal-monetario, el éxito y la continuidad de las LFTs consolidan ese rol en la segunda fase: la indexación de una parte significativa de la deuda pública a la tasa Selic permite que, al elevar la tasa básica de interés, el Banco Central incremente de forma inmediata el volumen de la deuda, beneficiando la rentabilidad del capital financiero improductivo.

   La diferencia entre el antiguo mecanismo de “zeragem automática” y las actuales LFTs radica en que el acceso a la deuda pública dejó de ser directo, lo que da lugar a los llamados canales rentistas que caracterizan las instituciones a partir de 1994. Notablemente, en este segundo periodo, estos canales se convierten en el principal medio mediante el cual el sistema financiero ejerce la coerción necesaria sobre las instituciones públicas para garantizar el acceso privado a la deuda pública, lo que sustenta la definición de los intereses financiero-rentistas como hegemónicos y renueva por completo la interpretación de las jabuticabas.

   Claramente, desde la perspectiva de los canales rentistas, las jabuticabas son mecanismos sumamente eficaces para proteger a la élite financiera nacional frente a riesgos internos y externos, al mismo tiempo que aseguran una rentabilidad elevada y sostenida. En los mercados monetario y de deuda pública, estos canales garantizan precios administrados; en el mercado de crédito, permiten la formación de precios bajo condiciones monopolistas; y en el mercado cambiario, la fuga de capitales actúa como mecanismo de coerción, orientado a preservar las jabuticabas. Así, las dinámicas de los tres principales mercados financieros permanecen estructuralmente subordinadas a las demandas de la élite financiera.

   Existen cuatro canales particularmente relevantes. El primero actúa influyendo en la emisión de títulos por parte del Tesoro Nacional, que protege al sector financiero frente a diversos contextos y riesgos económicos.11Bresser-Pereira, L. C., L. F. Paula, and M. Bruno. 2020. «Financialization, Coalition of Interests and Interest Rates in Brazil.» (<)em(>)Revue de la Régulation(<)/em(>) 27 (1): 21-31. (<)a href='https://doi.org/10.4000/regulation.16636'(>)https://doi.org/10.4000/regulation.16636(<)/a(>) Este aspecto puede observarse en el Gráfico 2, que presenta los tres tipos de títulos más emitidos entre 2000 y 2020.

   En períodos de mayor tensión económica, aumenta la emisión de títulos indexados a la Selic, también conocidos como “papeles de crisis”, como ocurrió a partir de 2015. En momentos de aceleración inflacionaria (entre 2011 y 2015), se incrementa la emisión de títulos indexados al IPCA. Solo en fases de mayor estabilidad macroeconómica, como entre 2004 y 2014, crece la participación de los títulos a tasa fija. La existencia de una relación entre el contexto económico y los tipos de títulos emitidos refuerza la tesis de que el Tesoro Nacional genera deuda en respuesta a las demandas del mercado.

   

   
   

   Además, es importante destacar que el período de mayor emisión de títulos a tasa fija (2004-2014) evidencia un intento del Tesoro Nacional por corregir distorsiones en el financiamiento público. Durante ese intervalo, el Tesoro buscó fijar las tasas, extender los plazos y, en consecuencia, reducir el costo de la deuda. Sin embargo, ese esfuerzo fue socavado por la actuación del Banco Central, que asumió un nuevo protagonismo en el nexo fiscal-monetario, favoreciendo la rentabilidad del capital financiero.

   Más específicamente, al intensificar las operaciones de mercado abierto (repos), el Banco Central ofreció al mercado títulos de corto plazo, altamente líquidos e indexados a la Selic, lo que generó una competencia directa con los títulos a tasa fija del Tesoro, amplió el poder de negociación del capital financiero y dificultó la reestructuración del sistema de financiamiento público.12Vieira Filho, L. A. M., e P. Rossi. 2023. «Dívida Pública e Falta de Sinergia entre o Tesouro e o Banco Central no Brasil no Período 2004/16.» (<)em(>)Brazilian Keynesian Review(<)/em(>) 9 (1): 29-52. Así, el período representa un ejemplo más de un Banco Central que desborda su función institucional en beneficio del rentismo 13 Las operaciones “compromissadas” crecieron de menos de R$ 100 mil millones en 2006 a más de R$ 1,2 billones en diciembre de 2016, y en ese último año la mayoría tenía vencimientos de hasta tres meses. Esta dinámica preservó la preferencia del mercado por instrumentos de corto plazo, manteniendo la participación conjunta de las compromissadas y de las LFTs en la deuda bruta del gobierno general (DBGG) en un 39,04%, prácticamente el mismo nivel registrado en 2004 (Vieira Filho y Rossi, 2023).

   El segundo canal muestra que el Banco Central define la tasa Selic con base en las expectativas divulgadas en el Informe Focus, que recopila las previsiones del mercado financiero. Este canal pone de manifiesto la fuerte influencia de los regulados (instituciones financieras) sobre el regulador (Banco Central).14Ver: Barbosa, N. 2017. «Taxa Básica Real de Juro: Evolução e Perspectivas.» Apresentação no 14º FGV Economics Forum, São Paulo.

   Más específicamente, el Informe Focus recopila las previsiones del mercado sobre diversos indicadores económicos, incluida la tasa de interés esperada. En este contexto, los datos confirman que dicha tasa constituye un buen indicador de la dirección de la tasa efectiva, pudiendo considerarse un predictor confiable de la tasa que fijará el Banco Central. Además, en términos generales, la tasa esperada tiende a situarse por encima de la tasa efectiva, lo que sugiere que el mercado anticipa sus estimaciones en el Informe Focus con la expectativa de que el Banco Central adopte sus previsiones.15Bresser-Pereira, L. C., L. F. Paula, and M. Bruno. 2020. «Financialization, Coalition of Interests and Interest Rates in Brazil.» (<)em(>)Revue de la Régulation(<)/em(>) 27 (1): 21-31. https://doi.org/10.4000/regulation.16636.

   El tercer canal rentista se caracteriza por el aumento de los ingresos derivados del spread crediticio, lo cual compensa las pérdidas en los mercados de títulos de deuda y monetario en un contexto de disminución de la tasa Selic. Más específicamente, existe una correlación inversa entre el spread crediticio y la tasa Selic nominal. 16Mader, B. 2023. «The Rentier Behavior of the Brazilian Banks.» Brazilian Journal of Political Economy 43 (4): 893-913. como muestra el Gráfico 3.

   Este canal confirma que los bancos utilizan su poder monopólico para encarecer el costo del crédito, compensando así las pérdidas provocadas por la caída de la Selic. Un período paradigmático fue el comprendido entre 2016 y 2020, cuando, debido a la crisis, cayeron las dos principales fuentes de ingresos bancarios: el crédito y los Títulos y Valores Mobiliarios (TVM). No obstante, la rentabilidad se mantuvo, ya que los bancos incrementaron el spread cobrado, trasladando el costo de la crisis a los prestatarios. 17Ibidem.

   

   Esta carga ha recaído, principalmente, sobre las familias.18Lavinas, L., E. Araújo, and P. Rubin. 2024. «Income Transfers and Household Debt: The Advancing Collateralization of Social Policy in the Midst of Restructuring Crises.» Brazilian Journal of Political Economy 44: 298-318. A partir de finales de 2016, por primera vez en la serie histórica, el saldo del crédito otorgado a las familias superó al de las empresas no financieras, y desde entonces ha prevalecido de manera continua e ininterrumpida. Son, por tanto, las familias —y en especial las de menor ingreso— las que cargan con tasas de interés prohibitivas.

   El cuarto canal busca influir en el tipo de cambio a través de la fuga de capitales. Desde la crisis de la deuda externa, la fuga de capitales se ha consolidado como una estrategia de la élite financiera para presionar al Estado a responder a sus intereses. Más concretamente, además de contar con una cuenta de capital y financiera convertibles, Brasil posee uno de los mercados de derivados cambiarios más desarrollados del mundo, lo que amplía la capacidad especulativa de los inversores.19Paula, L. F. R. 2025. «Vulnerabilidade externa e especulação financeira.» (<)em(>)Jornal dos Economistas(<)/em(>) 428 (abril): 12–13. https://t.co/aeFdjue2nd.Estas condiciones estructurales permiten que el mercado financiero presione al real mediante la salida de capitales al exterior cada vez que el gobierno adopta medidas de política económica contrarias a sus intereses. Este movimiento genera presiones inflacionarias que, a su vez, se utilizan como herramienta de coerción. Una mayor inflación justifica el aumento de la tasa Selic por parte del Banco Central, elevando simultáneamente los ingresos en los mercados monetario, de títulos de deuda pública y de crédito.

   Por último, es posible obtener una visión sistémica de estos canales al analizar las dos principales fuentes de ingresos del sector bancario: (i) los ingresos provenientes de Títulos de Valores Mobiliarios (TVM), que abarcan las rentas asociadas a los mercados de deuda pública y monetario, y (ii) los ingresos por spread de crédito. Como se ilustra en el Gráfico 4, los canales rentistas operan de manera coordinada a través de un “mecanismo de compensación de ingresos”. 20Mader, Bruno. 2024. «Por que o Brasil Tem os Juros Mais Caros do Mundo?» In Financeirização: Crise, Estagnação e Desigualdade, organizado por Lena Lavinas, Norberto Montani Martins, Guilherme Leite Gonçalves y Elisa Van Waeyenberge, 357–384. São Paulo: Editora Contracorrente. Además, los datos indican que este mecanismo pasó a operar también en el corto plazo a partir de 2008.

   

   El nexo monetario-cambiario-fiscal desde la perspectiva de la hegemonía financiera

   La realidad monetaria: canales rentistas en lugar de shadow banking

   Mientras que la financiarización en los países centrales ocurrió con la expansión del sistema bancario en la sombra (shadow banking) — en un contexto en que la prolongada permanencia de tasas de interés reales bajas redujo la capacidad del sistema bancario tradicional de generar beneficios a partir de sus operaciones típicas en los mercados de deuda y crédito, forzando a los bancos a expandirse hacia modalidades alternativas.21Braun, B., D. Gabor, P. Mader, D. Mertens, and N. Van der Zwan. 2020. «Central Banking, Shadow Banking, and Infrastructural Power.» In The Routledge International Handbook of Financialization, 241-252. Routledge. en Brasil, la dinámica tomó un rumbo distinto. 

   Sin fuerza política para enfrentarse al capital financiero en su configuración bancaria, Brasil mantuvo tasas de interés estructuralmente elevadas y, como consecuencia, no desarrolló un shadow banking, sino un modelo de financiarización usuraria, como lo evidencian los canales rentistas.

   Se destacan aquí las principales características que otorgan privilegios al capital financiero dentro del esquema brasileño: las altas tasas de interés aseguran una rentabilidad elevada, mientras que los títulos indexados a la Selic permiten que el Banco Central de Brasil ofrezca protección frente a los riesgos macroeconómicos. La función de las tasas elevadas se explica por sí sola, pero la indexación de parte de los títulos a la Selic merece un análisis más detallado. Las LFTs, en el esquema brasileño, generan distorsiones significativas en el mecanismo de transmisión del llamado “efecto riqueza”. La literatura reconoce que, en Brasil, este efecto actúa de manera inversa. 22Pastore, Affonso Celso. 1996. «Por que a Política Monetária Perde Eficácia?» (<)em(>)Revista Brasileira de Economia(<)/em(>) 50 (3): 281–311. Sin embargo, como se expondrá a continuación, es importante destacar que esta inversión no fue un accidente, sino un proyecto.

   En teoría, cuando un banco central eleva las tasas de interés, lo hace con dos objetivos principales: primero, reducir el poder adquisitivo de los poseedores de capital; y, segundo, reducir el poder adquisitivo de las familias y empresarios, con el fin de desacelerar el crecimiento económico y controlar la inflación.

   El primer objetivo se alcanza porque los inversores que poseen títulos de deuda pública, especialmente aquellos con títulos antiguos de tasa fija inferior a las nuevas tasas más altas, sufren pérdidas financieras. Esto ocurre porque, al intentar vender esos títulos antiguos en el mercado secundario, deben aceptar importantes descuentos respecto a los nuevos valores de mercado, es decir, asumir devaluaciones. El segundo objetivo se cumple porque el costo del crédito aumenta, encareciendo el financiamiento de familias y empresas, lo que desincentiva el consumo y las inversiones productivas.

   Sin embargo, en el contexto brasileño, donde gran parte de los títulos de deuda pública están indexados a la tasa Selic, sus tenedores no enfrentan pérdidas cuando suben las tasas de interés. Al contrario, sus rendimientos se mantienen protegidos o incluso se ven beneficiados, mientras que solo el objetivo reducir el poder adquisitivo de familias y empresas sigue siendo efectivo, ya que son estos actores los más afectados por el encarecimiento del crédito.

   Por lo tanto, de forma análoga al antiguo mecanismo de zeragem automática, las LFTs representan una nueva manera de otorgar beneficios a la élite rentista, que permanece al margen de las presiones que una política monetaria debería ejercer sobre el capital improductivo, perpetuando así una estructura de privilegios.
   

   La realidade cambiaria: la fuga de capitales como arma política

   El año 2024 es un ejemplo elocuente de cómo la fuga de capitales funciona como herramienta de coerción: al provocar inflación, ofrece al Banco Central la justificación necesaria para elevar la tasa Selic y así atender a los intereses del capital financiero. En efecto, ante una propuesta fiscal del gobierno considerada excesivamente expansionista por las élites financieras, se intensificó el movimiento de “dolarización”. La devaluación del real, a su vez, provocó una reducción significativa del poder adquisitivo de la clase trabajadora, como se señala en el texto La economía política de la inflación brasileña. 23 Una parte significativa de la inflación es importada a través del tipo de cambio, dada la relevancia de las importaciones y exportaciones de bienes intermedios y finales en la economía brasileña. Como consecuencia, la devaluación cambiaria eleva el costo de la canasta de consumo de los trabajadores.

   El Banco Central no se mantuvo neutral en este proceso. Por el contrario, sus acciones (o su omisión) sirvieron a los intereses del capital financiero, ayudando a crear las condiciones para justificar la subida de la Selic. Más específicamente, desde 2023, con el inicio del tercer mandato del gobierno Lula, la institución se apartó de su actuación habitual, optando por no intervenir en el mercado cambiario para contener la devaluación del real. Además, en 2024, el entonces presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, contribuyó a alimentar expectativas negativas sobre la economía, lo que intensificó aún más el proceso de devaluación.

   Como resultado, Brasil se destacó como una de las economías periféricas con la moneda más devaluada, llevando la inflación más allá del techo permitido, lo que finalmente sirvió como justificación para elevar la Selic a niveles estratosféricos. Tal como se analiza en “Dólar alto en el gobierno Lula: razones e impactos de una política cambiaria pasiva”, existe una economía política que favorece explícitamente al sistema financiero en este proceso.

   La realidad fiscal: la captura del servicio público por el capital financiero

   La transformación del rol del Estado en las políticas fiscales y sociales es otro proceso crucial impulsado por la hegemonía financiera, que comienza a moldear dichas políticas para atender prioritariamente los intereses del capital financiero. En este marco, por un lado, se impone la austeridad, que restringe el gasto público; por otro, el avance de las privatizaciones y, más recientemente, de asociaciones público-privadas (APPs), que emergen como el nuevo rostro de las políticas sociales. 24Fine, B. 2021. «Situating PPPs.» In (<)em(>)Critical Reflections on Public Private Partnership(<)/em(>), edited by J. Gideon and E. Unterhalter, 26-38. London and New York: Routledge.

   Estos dos fenómenos representan caras complementarias de una misma lógica. En el ámbito de la política fiscal, la austeridad — entendida como la limitación del gasto público primario, sin restricciones para el pago de intereses — funciona como una herramienta al servicio del capital financiero, al restringir todo tipo de gasto excepto aquel destinado a la rentabilidad financiera. De este modo, la austeridad reduce la competencia entre los recursos destinados al pago de intereses y los asignados a servicios públicos esenciales, favoreciendo deliberadamente al primero.

   Simultáneamente, esta lógica sostiene, en el campo de las políticas sociales, la justificación para privatizaciones y APPs. Claramente, el deterioro deliberado del Estado, mediante restricciones presupuestarias, refuerza en la opinión pública el argumento de que la mercantilización de los servicios sociales es necesaria e inevitable, ampliando así los mercados para la actuación de los agentes financieros.

   Desde esta perspectiva, los estudios de la economista Lena Lavinas son paradigmáticos: entre 2013 y 2016, el Estado brasileño inició un proceso de delegación al sector financiero de la prestación de beneficios vinculados a la seguridad social. Este movimiento buscaba permitir que el sector financiero accediera y gestionara áreas como pensiones, salud y educación, convirtiendo estos derechos sociales en “colaterales”. Para la población, la principal consecuencia fue la mercantilización de los derechos sociales, imponiendo una lógica privada en la que el acceso a servicios esenciales quedó restringido a quienes pudieran costearlos. Para el sector financiero, en cambio, el resultado fue la expansión de sus operaciones y un notable aumento en sus márgenes de ganancia.25Lavinas, Lena. 2018. «The Collateralization of Social Policy Under Financialized Capitalism.» Development and Change 49 (2): 502–517.

   No por casualidad, el tema del endeudamiento crónico de las familias ha cobrado centralidad en los debates recientes. Como se destaca en el análisis del programa Desenrola Brasil, el creciente endeudamiento familiar ha dejado de ser un problema restringido a los deudores y morosos, para convertirse en una cuestión macroeconómica de interés tanto del Estado como, especialmente, del sector financiero.

   A modo de conclusión: reflexiones para el debate desarrollista brasileño

   Las instituciones financieras brasileñas operan predominantemente al servicio del capital financiero, en detrimento del empresariado y del consumo de la clase trabajadora. Más que simples disfunciones, las “jabuticabas” del arreglo institucional brasileño son fruto de un proceso de captura regulatoria, mediante el cual el capital financiero-rentista subordina al Banco Central y al Tesoro Nacional a sus intereses privados, en perjuicio del desarrollo nacional. Este fenómeno se manifiesta de manera transversal en la realidad macroeconómica, como lo evidencia el nexo monetario-cambiario-fiscal.En relación a la política monetaria, los canales rentistas mantienen a Brasil en una condición estructural de tasas de interés elevadísimas y títulos indexados, ofreciendo evidencia empírica de la tesis de Florestan Fernandes sobre una élite con capacidad para desvirtuar las funciones públicas, especialmente del Banco Central. Como resultado, Brasil ocupa con frecuencia los primeros puestos del ranking mundial de tasas de interés, con cerca de un tercio del PIB correspondiente a flujos de intereses. 26 Según los datos presentados por Bruno y Caffé (2015), entre 1993 y 2003, el flujo de intereses recibido por el sistema bancario-financiero brasileño alcanzó el 29% del PIB. De ese total, el 21,5% fue destinado a los propietarios de activos financieros, como familias y empresas no financieras, mientras que el 7,5% fue efectivamente retenido por el propio sistema bancario-financiero. Sobre este tema, véase: Bruno, M., y R. Caffé. 2015. “Indicadores Macroeconômicos de Financeirização: Metodologia de Construção e Aplicação ao Caso do Brasil.” En (<)em(>)População, Espaço e Sustentabilidade: Contribuições para o Desenvolvimento do Brasil(<)/em(>), pp. 1–21. Escola Nacional de Ciências Estatísticas, IBGE. (<)a href='https://doi.org/10.21579/ISBN.9788524043192_CAP2'(>)https://doi.org/10.21579/ISBN.9788524043192_CAP2(<)/a(>) Este arreglo, a su vez, inhibe la realización de las contradicciones propias de la teoría ortodoxa en el país. En lugar del Shadow Banking, en Brasil, convivimos con canales rentistas.

   En lo que respecta a la cuestión cambiaria, como se ha mostrado, la condición periférica del sistema monetario brasileño es estratégicamente explotada por la élite financiera nacional. Manipulando la relación entre tipo de cambio e inflación, esta élite busca preservar simultáneamente su hegemonía doméstica y reforzar su alineamiento con las doctrinas neoliberales predominantes en Occidente.

   Más específicamente, en el caso brasileño, el mantenimiento de una élite financiera en su propia moneda, cuyo poder económico interno crece de forma desproporcionada respecto al capital productivo debido a las tasas históricamente elevadas, ha contribuido a consolidar al real como una moneda apreciada en comparación con otras monedas periféricas, otorgando mayor poder de importación a la población. Sin embargo, esta dinámica es hábilmente utilizada por la élite financiera: frente a proyectos fiscales y monetarios considerados excesivamente expansivos, la dolarización y la consecuente devaluación del real se emplean como herramienta de presión política. Este movimiento reduce el poder adquisitivo de la población mediante la inflación, funcionando como un mecanismo de coerción para alinear a la sociedad con proyectos de austeridad.

   En relación a la cuestión fiscal, las implicaciones de la austeridad, en tanto proyecto político al servicio de la élite financiera, se manifiestan, por ejemplo, en el resultado de 202427Banco Central do Brasil. Focus – Relatório de Mercado. Relatório de Mercado, 28 de febrero de 2025. Sem paralelo no mundo, o Brasil apresentou um déficit público no qual 95% decorrem do pagamento de juros, enquanto apenas 5% estão relacionados ao déficit primário — ou seja, aos gastos essenciais do governo em investimento, saúde, educação, segurança pública e assistência social, fundamentais para o bem-estar da população. 

   Sin paralelo en el mundo, Brasil presentó un déficit público en el que el 95% se debió al pago de intereses, mientras que solo el 5% estuvo relacionado con el déficit primario — es decir, con el gasto esencial del gobierno en inversión, salud, educación, seguridad pública y asistencia social, fundamentales para el bienestar de la población.

   Así, los debates sobre responsabilidad fiscal se tornan desproporcionados al centrarse exclusivamente en la deuda primaria, mientras que el principal factor, el gasto con intereses, permanece ampliamente ignorado. En este contexto, los medios de comunicación y los economistas tecnocráticos han sido bastante exitosos en ocultar que las tasas de interés abusivas en Brasil son el resultado de una captura regulatoria de las instituciones. Como demuestran los canales rentistas aquí expuestos, la verdadera reforma fiscal debería centrarse, prioritariamente, en corregir las operaciones del Banco Central y del Tesoro Nacional.

   Dado el fuerte carácter rentista de la economía brasileña, el economista Miguel Bruno ha denominado a la financiarización nacional como usuraria. Se destacan aquí implicaciones de tal magnitud que ya no pueden ser ignoradas: desde 1980, Brasil ha experimentado un crecimiento crónicamente bajo, acompañado de desindustrialización y reprimarización de la economía. Más recientemente, también se ha enfrentado a un endeudamiento insostenible de familias y empresas no financieras. 28Datos de Serasa Experian de enero de 2025 muestran que 31,4% de las empresas están endeudadas, porcentaje que sube para casi 46% en el caso de los consumidores adultos. Disponible en: (<)a href='https://www.serasaexperian.com.br/conteudos/indicadores-economicos/'(>)https://www.serasaexperian.com.br/conteudos/indicadores-economicos/(<)/a(>)— especialmente las medianas y pequeñas —, mientras que las grandes corporaciones no financieras atraviesan un proceso creciente de financiarización29Fuente: Mantoan, E., V. Centeno, C. Feijó, y Financialization and Development Study Group (FINDE/UFF). 2021. «Why Has the Brazilian Economy Stagnated in the 2010s? A Minskyan Analysis of the Behavior of Non-financial Companies in a Financialized Economy.» (<)em(>)Review of Evolutionary Political Economy(<)/em(>) 2 (3): 529-550. Todo esto contribuye a la persistente desigualdad que caracteriza al país.

   Este escenario impone la urgencia de un nuevo proyecto desarrollista capaz de romper con la trayectoria actual y redirigir a Brasil hacia un ciclo de crecimiento más inclusivo y sostenible. Más específicamente, es necesaria una reforma financiera en el país, basada en un nuevo pacto social. Como se ha expuesto, el sistema monetario y de financiamiento público brasileño dispone de tecnologías capaces de proteger al capital financiero, a costa de una deuda pública creciente. La pregunta es: ¿Por qué estas tecnologías no podrían aplicarse en proyectos de desarrollo, reducción de la desigualdad y, más urgentemente, en iniciativas de economía verde? Las limitaciones a ello no son económicas, sino políticas.

   En este sentido, más que simplemente defender el fin de las jabuticabas, la normalización de las instituciones y la aplicación estricta de premisas ortodoxas, como sería el caso de una lucha por la fijación previa de la deuda brasileña, tal vez el camino más adecuado, frente a la necesidad de una transformación radical impuesta por la crisis ambiental, sea justamente el opuesto: aprovechar el potencial monetario y fiscal brasileño, pero orientarlo al servicio del desarrollo sostenible. Es necesario demostrar que esta capacidad de financiamiento estatal, actualmente capturada por el rentismo, puede ampliarse y reorientarse para sustentar proyectos desarrollistas. El real no es el dólar, pero todavía permite márgenes de maniobra. Especialmente en el escenario actual de alivio de restricciones externas. Notablemente, dado su contexto periférico, el poder monetario brasileño representa un ejemplo interesante del tipo de protección que el Estado puede ofrecer.

   En términos generales, esta posición no difiere de la defendida por Keynes. De manera especulativa, él observó que “sería políticamente imposible, al parecer, que una democracia capitalista organizara un gasto en la escala necesaria para demostrar mi punto [el potencial transformador del gasto público], salvo en tiempos de guerra”.30Keynes, John Maynard. «How to Pay for the War.» In Essays in persuasion, pp. 367-439. London: Palgrave Macmillan UK, 1940. Estudios sobre el rol del Estado norteamericano entre 1942 y 1945 confirmaron su hipótesis: durante la guerra, el gasto público pasó del 8%-10% al 40% del PIB, siendo que, en promedio, el 23% de ese monto se destinó a la adquisición de bienes y servicios. Este ejemplo demuestra, de forma inequívoca, la capacidad del Estado para conducir políticas expansionistas.

   Defendemos ese potencial, sin embargo, no para la guerra, sino para el bienestar social y el desarrollo sostenible, como lo sería la transición hacia una economía verde. Siguiendo esta lógica, un nuevo pacto social y financiero, orientado al desarrollo nacional, podría utilizar al Estado para: (i) orientar la inversión privada hacia agendas ambientales, garantizando protección y rentabilidad; (ii) crear redes de protección social para los sectores más vulnerables; (iii) realizar inversiones públicas estratégicas para expandir la producción; (iv) adoptar medidas de gestión de flujos de capital para regular y estabilizar el tipo de cambio, entre otras medidas31 No es objetivo de este artículo presentar una propuesta de gobierno en detalle, pero cabe destacar que una articulación inteligente entre las políticas monetaria, fiscal y cambiaria, con un monitoreo continuo de los cuellos de botella de oferta y demanda, sería fundamental para viabilizar dicha estrategia.

   Puede parecer utópico, pero la historia demuestra que los momentos de crisis son precisamente aquellos en los que el cambio se vuelve indispensable. Ante este desafío, la izquierda brasileña necesita, con urgencia, presentar una alternativa que rompa con el modelo capturado por el neoliberalismo y subordinado a la lógica de la austeridad —camino que el PT aún recorre. De lo contrario, los resultados serán los mismos: las políticas de ajuste fiscal seguirán alimentando el descontento social32Hübscher, E., T. Sattler, and M. Wagner. 2023. «Does Austerity Cause Polarization?» British Journal of Political Science 53 (4): 1170-1188. Este escenario profundiza la insatisfacción popular y refuerza la percepción de un “país dividido”, en el que los votantes frustrados con los partidos tradicionales buscan nuevas opciones en agrupaciones menores o recién-creadas. Sin una alternativa viable desde la izquierda, ese vacío político tiende, como ya se sabe, a fortalecer el avance de la extrema derecha.
   

   Traducido del portugués por Fernanda Lobo
   

4. Producción en fuga

   7:12 pm Comentarios desactivados en Producción en fuga

   Hace ocho años la industria automotriz norteamericana se rodeó de incertidumbre. Una vez en la presidencia, en el año 2017, Donald Trump advirtió a las automotrices estadounidenses que debían de producir “en casa” o enfrentarían un arancel del 35%. La respuesta de las empresas fue inmediata: una tras otra comenzaron a suspender sus planes de expansión en México. Ford, por ejemplo, canceló la construcción de una planta ensambladora en San Luis Potosí, mientras que General Motors se vio obligada a cesar la producción del Chevy Cruze en Ramos Arizpe. A su vez, compañías como FCA, Toyota y Volkswagen, entre otras, dejaron de considerar nuevas inversiones en territorio mexicano. 

   En la práctica cada corporativo hizo ajustes que le permitieron sortear el vendaval Trump, sin arriesgar sus portafolios de medio y largo plazo para la región norteamericana.1Ford, por ejemplo, al cancelar San Luis P. reorientó 2,500 millones de dólares para expandir su producción de motores en Chihuahua y abrir una planta de transmisiones en Guanajuato. Invirtió también 700 millones en su planta de Flat Rock, Mi., para crear 700 puestos de trabajo. GM paró la fabricación del Chevy Cruze, pero hasta 2018, cuando ya había decidido descontinuarlo en el mundo entero. VW colocó 1,100 millones de dólares en Puebla para manufacturar el Tiguan.(<)br(>).

   Trump terminó su mandato en enero de 2021 asegurando que había cumplido su objetivo de aumentar las inversiones y los empleos en casa. Empero, en la industria automotriz los resultados fueron diferentes. En 2017 la producción automotriz cayó 8%, en 2018 un 1%, en 2019 un 4% y en 2020, cayó un 19%.2El ciclo de expansión global de la automotriz posterior a la crisis financiera 2007-08, llegó hasta 2018. Así que Trump tuvo dos años para obtener un mejor desempeño en el sector. Datos de producción automotriz en términos de unidades producidas. Todos los datos de producción, salvo indicación en contrario, provienen de OICA.. Es decir que, aún previo a la pandemia, el gobierno Trump no había cambiado la tendencia de declive de la industria estadounidense. La situación se extendió a los empleos, pues estos descendieron, aunque a un ritmo atenuado, de 957,100 empleos en enero 2017 a 949,300 en enero 2021.3Datos del US Bureau of Labor Statistics.

   Durante este periodo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA por sus siglas en inglés) fue renegociado siguiendo su promesa de campaña de terminar con “el peor acuerdo comercial de la historia” y en su lugar se acordó el Tratado Comercial para Norteamérica (T-MEC o USMCA por sus siglas en inglés). El T-MEC fue descrito por Trump como el “mejor acuerdo jamás firmado” pues regresaría las inversiones y los empleos a Estados Unidos, frenando las inversiones hacia México donde se aprovecha la mano de obra más barata.

   El regreso de Trump a la presidencia ha traído incertidumbre a la industria automotriz norteamericana con la imposición de tarifas del 25%, impuestas también al acero y aluminio. En estricto sentido, la llamada nueva política comercial de Estados Unidos basada en la imposición de aranceles se dirige a todo el mundo. El 3 de abril, anunciado por Trump como “el día de la liberación”, se presentó una lista de 185 países a los que se impondrían aranceles con tasas diversas. En ella destacaron los aranceles a China, de 54%; a Europa, de 20%; y los citados para México y Canadá.4Donald Trump llamó a esto “política de aranceles recíprocos”, señalando que se trata de gravar a los productos que entran a Estados Unidos tanto como los países gravan las exportaciones estadounidenses. Se advirtió enseguida de casos en que las tasas de referencia (<)a href='https://es.euronews.com/my-europe/2025/04/04/son-realmente-reciprocos-los-aranceles-de-donald-trump-a-la-ue'(>)no son recíprocas(<)/a(>). Estimaciones para la Comunidad Europea refieren que el arancel promedio de la Comunidad es de 5% y no de 39%, como dice Trump. Cabe destacar que a fines del mes de abril de 2025, se anunció la dilación de los aranceles proyectados para el caso de México.

   En el caso de estos países, y del sector automotriz en particular, Trump ha enfatizado que se persigue corregir la balanza comercial deficitaria que Estados Unidos mantiene en el sector y provocar–de nuevo–que las inversiones y los empleos regresen al país.5Públicamente Trump difunde que los aranceles son una represalia por la falta de cooperación suficiente de ambos países para frenar la migración y el tráfico de fentanilo.. En 2026 está prevista la revisión del T-MEC. ¿Cuál será el futuro del T-MEC y el de la industria automotriz y sus empleos, que están en el centro de las medidas impulsadas por Trump? 

   Los escenarios industriales y laborales, así como la articulación con el T-MEC, se decidirán en la interacción de dos fuerzas frente a las políticas de Trump: por un lado, tenemos la historia y tendencias estructurales de largo plazo que afectan al sector automotriz. Por otro lado, tenemos la capacidad de los trabajadores organizados y las comunidades afectadas por la transición energética para aprovechar la coyuntura actual a su favor o atenuar sus impactos.
   
   La primera fuerza nos recuerda que las trayectorias de los fenómenos y los actores son dependientes de su propia historia, es decir, sus tendencias y legados.6James Mahoney y Daniel Schensul, “Historical Context and Path Dependence,” en The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis, ed. Robert E. Goodin y Charles Tilly (Oxford: Oxford University Press, 2006), 454–471. La segunda fuerza advierte que la transición energética y automotriz actual abre una ventana de oportunidad para que los trabajadores organizados y comunidades afectadas puedan ejercer una mayor voz.7La ventana de oportunidad para los trabajadores automotrices se (<)a href='https://brill.com/view/journals/jlso/28/1/article-p36_002.xml'(>)apoya(<)/a(>) con nuevos recursos institucionales como los que genera el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC. Por tanto, para que Trump imponga su voluntad debe enfrentarse a ellas.

   Transformaciones en la industria automotriz norteamericana

   La industria automotriz que Trump pretende restablecer evoca la «Edad de Oro del Capitalismo» liderada por Estados Unidos hace cincuenta años, cuando se propagó esta industria en el resto del mundo occidental.8 Michael Piore y Charles Sabel, (<)em(>)The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity(<)/em(>) (New York: Basic Books, 1984). En 1950, Estados Unidos manufacturó ocho millones de vehículos, 80% del total mundial. Fue también el centro de consumo automotriz del globo, con 76% de los 50 millones de autos registrados.9Alex Covarrubias V. y Sigfrido M. Ramírez Pérez, eds., New Frontiers of the Automobile Industry: Exploring Geographies, Technology, and Institutional Challenges (Cham: Palgrave Macmillan, 2020). Esta posición de líder se mantuvo hasta el nuevo siglo, si bien con cada década fue disminuyendo10En 1960 Estados Unidos ensambló poco menos del 50% de la producción de autos; para 1970 descendió al 28% del total. En 1980, la caída fue dramática pues bajo su producción hasta 8 millones (el 20.7 del total) y Japón lo sobrepasó, por vez primera, generando 11 millones (el 28.5% del total). En 1990 Japón alcanzó su máximo nivel de manufactura automotriz con 13.5 millones de vehículos (28% del total). Iniciaría entonces un enfriamiento de la producción en casa japonesa, y una revitalización de la industria doméstica en Estados Unidos, alentada dentro de otras cosas por los (<)em(>)trasplantes(<)/em(>) japoneses a América. De forma que para 1994 Estados Unidos volvió a tomar el liderazgo, para mantenerlo, en medio de oscilaciones, por 11 años. frente a la irrupción de nuevos competidores. Primero de Europa Central (con Gran Bretaña, Alemania, Francia e Italia al frente) y el surgimiento de Japón como un inmenso poder de eficiencia tecno-organizacional en la industria automotriz.11En las dos décadas subsiguientes Japón daría la pauta global de lo que habría que hacer para estar en la vanguardia de la productividad y competitividad global con su: (<)em(>)lean production system(<)/em(>) y sus estándares cero defectos con base en las metodologías y filosofías tales como:(<)em(>) Total Quality, Kaizen, Kanban, Just in Time, High Performance, & Teamwork. (<)/em(>)Fue una época en donde el centro de la literatura especializada giró a descifrar el modelo japonés. Ver Martin Kenney and Richard Florida, Beyond Mass Production: The Japanese System and Its Transfer to the U.S. (Oxford University Press, 1993); James Womack, Daniel Jones, and Daniel Roos, The Machine that Changed the World (Free Press, 1990).

   Cuando a la emergencia japonesa se sumó en 1973-74 la crisis petrolera, se hizo tangible la llegada del fin de aquella Edad de Oro:12Simon Bromley, American Hegemony and World Oil: The Industry, the State System and the World Economy (University Park: Pennsylvania State University Press, 1991). la estafeta de líder en la industria automotriz empezaba a cambiar de nombre y no sólo de país. En efecto, durante la época dorada las siglas de las Tres Grandes de Detroit (General Motors, Ford y Chrysler) reinaron y se extendieron por el mundo. Con una intensidad creciente desde la década de 1980, a la par de nombres europeos como Volkswagen, Renault y Fiat se listaron los nombres de Nissan, Honda y Toyota.

   En el año 2000 Estados Unidos era aún el productor número uno de automóviles, con una manufactura de 12.8 millones de unidades. Sin embargo, para 2017 disminuyó un 14%, mientras que China la incrementó en 1,350%. Con ello, el país asiático se instaló en el liderazgo de la industria facturando 29 millones de vehículos, 2.6 veces más que Estados Unidos, lo que representó 30% de la producción total global y una cantidad equivalente del mercado de consumo.13Estados Unidos perdió en definitiva el liderazgo de la industria en medio de la crisis financiera 2007-08, el desplome e inminente bancarrota de las Detroit-3 y su rescate por la administración Obama en 2008. En 2009, mientras la producción en Estados Unidos caía en 34% (hasta 5.7 millones), China tomó la posición número uno de la industria para mantenerla ininterrumpidamente hasta la fecha. En 2024 su mercado de ventas continuó creciendo; para un récord de ventas de 31.3 millones.14Sumando los mercados de venta de autos China (30 millones) y Estados Unidos (16 millones), entre ambos dieron cuenta de la (<)a href='https://english.www.gov.cn/archive/statistics/202501/13/content_WS6784c4a2c6d0868f4e8eec70.html'(>)mitad(<)/a(>) del total global en 2024.

   China también se ha puesto al frente de la transición energética e industrial automotriz, con un dominio de las tecnologías de vehículos eléctricos (VEs), su cadena de suministro, y los minerales críticos para soportarlos. El mercado global de VEs en 2024 alcanzó 17.1 millones de unidades; 21% del total de vehículos. El mercado chino dio cuenta de 11 millones (64%) de ellos, con una tasa de crecimiento de 40%. En tanto, el mercado europeo apareció en segundo lugar en ventas con 3 millones, y Estados Unidos en tercero con 1.8 millones.15El mercado europeo, no obstante, descendió en 3 puntos y Estados Unidos aumentó su mercado en 9%. Ver Lead Intelligent News, “Global EV: Record-Breaking Sales in 2024 & Outlook for 2025,” última modificación 28 de enero de 2025, (<)a href='https://www.leadintelligent.com/en/global-ev-record-breaking-sales-in-2024-and-outlook-for-2025/'(>)https://www.leadintelligent.com/en/global-ev-record-breaking-sales-in-2024-and-outlook-for-2025/(<)/a(>).

   Desde 2023 China se convirtió en el exportador de vehículos número uno gracias a su colocación de VEs en los mercados europeos. Domina el procesamiento de los cinco materiales críticos para la manufactura de baterías, incluyendo litio, níquel, cobalto, sulfato manganeso y grafito. Domina la producción de celdas de baterías, así como en baterías libres de litio (sodio-iones) y litio-hierro-fosfato.16https://docs.google.com/document/d/1cMaEWgsw5mHTjvF3mBQbHz7bYTnYLPYUL59FCiHhMK4/edit?tab=t.0. Con el control de las tecnologías y arquitectura básica de los VEs, costos laborales bajos y subsidios del gobierno, China sobrepasa a sus competidores occidentales.

   Mientras tanto, la geografía productiva y del empleo automotriz de Norteamérica se modificó dramáticamente. México pasó a cobrar un rol cada vez más relevante en la industria y se convirtió en el primer empleador del sector en la región.

   En los 24 años del TLCAN (1994-2018), la producción automotriz de la región se incrementó en 12%. Sin embargo, en el caso de México, el incremento fue del 400%, pasando de producir 0.8 millones a 4 millones de vehículos por año. El comercio automotriz entre Estados Unidos y México se quintuplicó en el mismo periodo, pero Estados Unidos pasó de tener un superávit de 1,600 millones a un déficit de 64,300 millones.17Dos tercios del déficit se originan en el sector automotriz. En tanto, el comercio automotriz de Estados Unidos y Canadá ha sido equilibrado, con un superávit a favor del primero de 900 millones en 2024.

   En materia de empleo, durante el TLCAN Estados Unidos perdió 20% de puestos de trabajo (de 1,2 a 0.99 millones) y en Canadá descendieron de 140,000 a 129,000.  Del lado de México, en el sentido contrario, los empleos del sector se multiplicaron 11 veces, de 108 mil a 1.2 millones. Así cambió la geografía del empleo automotriz de Norteamérica. Al inicio del TLCAN, Estados Unidos generaba 83% de los puestos del sector en la región, Canadá el 10% y México el 7% restante . Al cerrar el Tratado en 2018, Estados Unidos tenía el 43%, Canadá 5.5% y México el 51.5%.

   La era T-MEC: trabajadores y derechos laborales

   La entrada en vigor del T-MEC en el mes de julio de 2020, introdujo disposiciones de particular relevancia para la industria automotriz en Norteamérica. Una de ellas es la disposición que elevó la regla de origen en 12.5 puntos porcentuales, alcanzando un 75% para partes y componentes, así como las regulaciones para el acero y aluminio utilizados en los vehículos, que fijan en 70% su contenido regional. El tratado introduce una regla de contenido laboral que establece que el 40% del valor de un vehículo debe ser producido en plantas donde los trabajadores ganen al menos 16 dólares por hora.18La reforma de la ley federal del trabajo de México, para extender los derechos fundamentales acorde con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), individuales y colectivos, y asegurar su observancia, fue establecida como una condición para la firma del nuevo tratado por parte de Estados Unidos y Canadá.

   Además, incluye arreglos que obligaron a México a modificar sus instituciones laborales y adoptar un Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (RRM, por sus siglas en inglés) mediante el cual Estados Unidos y Canadá están facultados para observar y exigir el respeto a los derechos de libre organización y negociación colectiva de los trabajadores mexicanos.19El RRN permite que oficinas y representantes de “las partes” denuncien o intervengan frente a violaciones de los derechos de libre asociación y negociación colectiva en una instalación (empresa) específica (Artículo 31-A.2 del Anexo 32-A del T-MEC). Empero, puesto que el MLRR está dirigido para actuar sobre México frente a tales violaciones, las contrapartes pueden convocar al gobierno mexicano y a la empresa en cuestión a resolver en plazos perentorios tales denuncias, so pena de “congelar sus cuentas aduaneras”, suspender sus derechos de acceso preferencial a sus mercados,como garantiza el T-MEC, y eventualmente ser sancionada. Las reglas de origen se dirigieron a elevar los costos de entrada al mercado regional de los productores europeos y asiáticos. Mientras que las disposiciones laborales resultaron en un mecanismo que vincula el acceso libre al mercado de Norteamérica con el cumplimiento de los derechos laborales fundamentales del trabajo.

   Con ello se busca reforzar la observancia en México de tales derechos, promoviendo que los salarios mejoren e impidiendo que actúen como un mecanismo de dumping social que atrae inversiones mientras socava las bases de un comercio justo. El objetivo es relevante, ya que México proviene de una tradición de violaciones a los derechos laborales, lo que ha propiciado una severa brecha salarial entre trabajadores mexicanos y sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá. 20México mantuvo una política de contención de salarios y condiciones de trabajo durante las cuatro décadas previas, generando relaciones laborales y normas de ingreso de (<)em(>)dumping social; (<)/em(>)prácticas facilitadas por un sindicalismo llamado de protección. Ver Graciela Irma Bensusán, Alex Covarrubias Valdenebro e Inés González Nicolás, “The USMCA and the Mexican Automobile Industry: Towards a New Labor Model?” International Journal of Automotive Technology and Management 22, no. 1 (2022): 128–144

   La introducción de los nuevos derechos laborales y la adopción del RRM fue un proceso largo. En medio de protestas continuas por parte de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO por sus siglas en inglés), contra la promoción de acuerdos de libre comercio (ALC), en el año 2002 el Congreso estadounidense ordenó al presidente incluir mecanismos de promoción de los derechos fundamentales del trabajo. AFL-CIO y el Sindicato Internacional de Trabajadores del Automóvil (UAW, por sus siglas en inglés) en particular, demandaron no vivir otra experiencia como la del TLCAN, en el que la observancia de lo laboral quedó confinada a un acuerdo paralelo. De forma que en cada nuevo ALC firmado por Estados Unidos con posterioridad a 2002 se introdujeron acuerdos cada vez más estrictos que forzaban a las contrapartes a promover leyes y modificar instituciones de observancia de los derechos laborales.

   Congresistas demócratas y simpatizantes de los derechos de los trabajadores condicionaron hasta el último momento la firma del T-MEC, a la inclusión de la agenda laboral más ambiciosa de ALC alguno. Así nació el RRM como una nueva generación de arreglos laborales para el comercio internacional y un modelo a seguir. Adicionalmente, la voz de los trabajadores quedó respaldada en el Acta de Implementación del T-MEC (H.R. 5430). 21En su título VII establece instancias de monitoreo y aplicación de los derechos laborales: El  Comité  Laboral  Intersecretarial  para  monitoreo y vigilancia de cumplimiento de la ley ii) el Consejo de Expertos Laborales Independientes para México y iii) cinco agregados laborales para operar en la Embajada y consulados de Estados Unidos en México.

   Gracias a este nuevo entramado de leyes e instituciones laborales, y a la operación del RRM, en México han cobrado nueva voz los trabajadores organizados, si bien en medio de grandes limitaciones. En el marco del RRM se han presentado 33 casos de denuncias por violaciones laborales, mismos que en su mayoría se han resuelto a favor los sindicatos que reclaman derechos de libre organización y negociación colectivas.

   Cuatro años de T-MEC

   Los primeros años del T-MEC coincidieron con la administración de Joe Biden. Sin embargo, la implementación efectiva de los objetivos establecidos por las nuevas regulaciones enfrentó diversos obstáculos que limitaron su alcance. En 2020 la pandemia de COVID-19 golpeó severamente la industria y sus empleos.22En 2020 la producción automotriz de los tres países se desplomó abruptamente: 19, 21, y 28% en Estados Unidos, México y Canadá, respectivamente. Además, este impacto coincidió con el fin del largo ciclo expansivo de la industria, que comenzó después de la crisis financiera de 2007-2008 y que se extendió hasta 2017-18.23Estados Unidos y México alcanzaron las máximas tasas de crecimiento de este ciclo en 2018 (con 11.3 y 4.1 millones de autos producidos, respectivamente). Canadá en 2017 con una producción de 2.2 millones. Por lo tanto, los tres primeros años del T-MEC, desde julio de 2020 hasta mayo 2023, representaron un periodo de adaptación a la “nueva normalidad”.

   

   En 2020, primer año del T-MEC, la producción automotriz de la región se desplomó en 30% respecto a 2018–último año del ciclo expansivo automotriz–. Para 2024 hubo una recuperación importante con 16.1 millones de vehículos manufacturados en la región, pero todavía debajo de los 17.4 millones de 2018. Estados Unidos disminuyó 0.7 millones de unidades respecto a 2018, Canadá 0.9 millones menos que en 2017, y México prácticamente superó su nivel de 2018.  

   La segunda anotación es que, en términos proporcionales, Estados Unidos no logró en estos años aumentar su capacidad productiva en la región, manteniéndola en 66%. Canadá perdió dos puntos de dicha capacidad, los mismos que capturó México. De tal manera que el T-MEC no ha contenido “la fuga” de capacidades productivas a México. 

   

   En relación con los salarios automotrices en México, estos han aumentado 1.65% por año (8.25 en un agregado de cinco años). Si bien las nuevas instituciones del trabajo del país y el accionar del RRM han permitido una labor sindical más intensa con mejores incrementos salariales, éstos apenas han superado las tasas de inflación. Por tanto, en estos años de T-MEC los salarios de la industria automotriz mexicana ha transitado de 2.3 a 2.5 dólares por hora.

   En este sentido, el T-MEC tampoco ha logrado su objetivo en materia salarial para México y la brecha salarial entre las automotrices de México frente a las de sus contrapartes norteamericanas se ha ampliado. En efecto, las huelgas de UAW y Unifor24Unifor es el sindicato más prominente de Canadá, creado en el año 2013 mediante la fusión de dos sindicatos importantes: el Sindicato Canadiense de Comunicaciones, Energía y Papel (CEP) y el Sindicato Canadiense de Trabajadores de la Industria Automotriz (CAW). de 2023, que les permitieron ganancias récord en 30 años (6.6% promedio anual), dejaron los salarios promedio en 37 y 43.2 dólares para los trabajadores de UAW y Unifor, respectivamente.

   Año	Incremento real	Salario x Hora ($)
   2019		2.3
   2020	2.01	2.35
   2021	-.02	2.34
   2022	.8	2.36
   2023	3.5	2.44
   2024	2	2.49

   Contra la historia

   Desde la perspectiva de la industria automotriz resulta evidente que el presidente Trump ha desplegado una política que va en contra de las tendencias históricas de una industria estratégica para las economías del mundo. Pero la historia reciente de la industria automotriz no acredita las políticas de Trump. Por una parte, durante su primera presidencia no fue capaz de sostener las tarifas de 35% que proponía. Por la otra, el T-MEC, que él firmó, no frenó la pérdida de capacidades productivas y empleo en el sector de Estados Unidos, como tampoco ha frenado el diferencial salarial de los trabajadores mexicanos, lo que sigue siendo un factor de dumping social en la industria.

   Los aranceles de Trump han sido más severos con China. El 9 de abril fueron elevados a 145%. El hecho vuelve a subrayar las creencias de la administración Trump. Esto es, que se puede crear o terminar la competitividad imponiendo impuestos al comercio en magnitud directamente proporcional al poder (ventaja competitiva) del enemigo.

   Aunque es muy temprano para evaluar los impactos de estas medidas, evoluciones recientes indican que Trump podría volver a fallar. China, recién aprendimos, creció 5.4% durante el primer trimestre de 2025. Cifra que, si bien podría indicar que los impactos de las tarifas aún están por verse, primero advierte que la salud económica de China es sólida.

   Lo que es observable en estos momentos, es que las medidas de Trump están promoviendo una guerra comercial que puede derivar en una recesión global. China, Europa y Canadá han replicado cada una de las medidas proteccionistas de Estados Unidos, generando temor a que la estanflación regrese al país. Más aún, el dólar se ha depreciado frente a otras monedas líderes, reflejando que los inversionistas están en posición de expectativa y desconfianza hacia el rumbo de la economía, en general, y de Estados Unidos en particular.

   Por eso la otra gran pregunta se refiere a la sostenibilidad de los aranceles. Las protestas de reacción sobre las acciones de Trump son ya considerables en Estados Unidos. En abril se han intensificado por decenas las protestas simultáneas en ciudades del país contra una u otra de sus medidas.25El mayor número se dirige contra sus políticas migratorias y, desde los centros universitarios, contra sus acciones para inhibir las políticas de equidad e inclusividad.

   Simultáneamente, está creciendo la voz de la comunidad empresarial diciendo que así no se puede ir lejos. Las fabricantes estadounidenses de automóviles más importantes han llamado a frenar los aranceles.26En febrero de 2025 las Detroit-3 actuaron para frenar la aplicación de aranceles desde marzo. Argumentaron que no están en condiciones de absorber el costo de tarifas sin trasladarlo al consumidor y que no pueden cerrar operaciones en México y Canadá y trasladarlas de regreso a casa sin arriesgar su competitividad. Se trata, notaron, de la ruptura de las cadenas de suministro y la logística de mercado eficiente que existe entre los tres países.. Stellantis, ante la incertidumbre, ha recortado 900 empleos en Estados Unidos y suspendido la producción temporalmente en algunas plantas de México y Canadá. Trump mismo ha dicho que sus aranceles con China no son sostenibles y en sus últimas acciones (mayo 12, 2025) acordó bajar el techo de 145 a 30%, en el marco de una tregua de 90 días con este país para realizar más negociaciones.

   Las dos fuerzas que pueden frenar las intencionalidades de Trump ya se han activado. Las tendencias históricas de la industria suponen cadenas de valor altamente integradas en despliegues que van de lo nacional a lo regional y de éste a lo global. En sectores intensivos en capital como el automotriz, han costado muchos años y dinero erigirlas. Por eso, cerrar las fronteras, cargarlas de impuestos y desactivarlas no es posible ni a corto ni a mediano plazo. No resulta viable que sostenga su retórica y medidas mercantilistas por mucho tiempo.

   Queda por saber qué hará Trump con el T-MEC. En un escenario pesimista, simplemente procederá a cancelarlo, con consecuencias económicas de gran impacto para la región. En el escenario opuesto, un camino positivo lo llevaría a promover la intensificación de la industria del automóvil y su transición energética en Norteamérica. Bajo un T-MEC renovado, la coordinación transfronteriza podría conducir a metas prometedoras como acelerar la manufactura y comercialización de VEs en la región, incluyendo acuerdos para la explotación de minerales críticos para baterías, sistemas de reciclado de éstas, y producción de energías renovables.27Estas iniciativas y programas amplían los recursos y beneficios para empresas y consumidores establecidos por la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) y la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos (IIJA), entre otras.

   En materia laboral, este camino implicaría agregar derechos ambientales y hacer responsables a los corporativos de la observancia y promoción de tales derechos a lo largo de toda la cadena de suministros. Podría también contener un programa de progreso social y de nivelación salarial para México y de México a Norteamérica con dos “pisos” de lanzamiento. El primero, como un conjunto de acuerdos macro-sectoriales para las industrias automotriz, minera y energética con pisos mínimos de salarios, prestaciones y condiciones de trabajo que los corporativos habrían de respetar en sus operaciones en los tres países. El segundo, dirigido a operacionalizar la aplicación de la regla de contenido laboral que establece que el 40–45% del valor de un vehículo debe ser producido en instalaciones donde los trabajadores ganen no menos de dieciséis dólares.28Cabe señalar que, a pesar de estar incluida en los arreglos laborales, esta regla de contenido laboral no ha entrado en vigor. Solo así se podría emprender un camino hacia una región norteamericana en transición justa y competitiva.

5. Cadenas frágiles

   mayo 23, 2025 7:27 pm Comentarios desactivados en Cadenas frágiles

   En un giro drástico de la política comercial estadounidense, la administración Trump ha impuesto—y sigue amenazando con nuevas rondas de aranceles contra México, encendiendo alarmas en la industria manufacturera y en el gobierno mexicano. Si se aplican por completo, estas medidas podrían provocar disrupciones inmediatas en zonas industriales clave, poner en riesgo cientos de miles de empleos y frenar inversiones estratégicas.

   Pero más allá de sus motivaciones coyunturales—sean migratorias, de seguridad o de visión sobre los beneficios de la integración comercial—la amenaza revela una vulnerabilidad estructural más profunda: la excesiva dependencia de México de un solo socio comercial, dispuesto a usar los aranceles como herramienta política. Este uso instrumental del poder económico tiene consecuencias directas para la estabilidad de la economía mexicana y para el funcionamiento de cadenas de valor altamente integradas entre ambos países.

   Un ejemplo claro de esta politización del comercio es la reciente disputa sobre el Tratado de Aguas de 1944. El 10 de abril, apenas una semana después de la entrada en vigor de los nuevos aranceles anunciados durante el llamado “Liberation Day”, el presidente Trump acusó a México de “robar agua a los agricultores texanos” y amenazó con imponer de inmediato un arancel adicional del 10% a todas las importaciones mexicanas, junto con sanciones económicas selectivas, si no se cumplían las obligaciones del tratado. Este episodio ilustra cómo el uso arbitrario y político de tarifas genera una incertidumbre profunda sobre la continuidad del comercio bilateral, incluso en el marco de acuerdos firmados hace décadas.

   En 2024, México exportó un récord de 495 mil millones de dólares a Estados Unidos—equivalentes a casi el 30 por ciento del PIB—concentrados principalmente en manufacturas complejas como vehículos, autopartes y productos electrónicos. Ese éxito, sin embargo, implica una exposición crítica: bastan decisiones unilaterales en Washington para provocar, casi de inmediato, una parálisis parcial del aparato productivo nacional.

   Simulaciones del Observatorio de Complejidad Económica (OEC) 1 The OEC Tariff Simulator. Viktor Stojkoski, Pablo Paladino, Jelmy Hermosilla, and César A. Hidalgo. https://oec.world/en/tariff-simulator?exporter=mex&tariff=25 (2025) estiman que aranceles del 25 por ciento podrían reducir las exportaciones mexicanas en hasta 164 mil millones de dólares anuales en tres años —una cifra equivalente al total exportado por México a países fuera de Estados Unidos. El impacto sería especialmente severo en regiones industriales con alta concentración exportadora, donde el empleo depende directamente de la estabilidad del comercio binacional.

   

   Frente a este escenario, México debe evitar la falsa disyuntiva entre profundizar la integración regional o buscar nuevos mercados. La única estrategia viable es dual: reforzar con inteligencia los lazos económicos con Estados Unidos en sectores clave, mientras se acelera una diversificación tecnológica y geográfica que permita reducir vulnerabilidades, escalar capacidades propias y ampliar el margen estratégico del país ante futuras disrupciones. Solo así podrá transformar una exposición crítica en una arquitectura de crecimiento más autónoma, compleja y sostenible—y evitar quedar atrapado en un modelo de integración precaria, vulnerable a decisiones unilaterales y cada vez más incompatible con un entorno geopolítico inestable.

   Del crecimiento al límite

   La integración productiva con Estados Unidos ha sido el principal motor del crecimiento manufacturero de México durante las últimas tres décadas. Sectores como el automotriz, la electrónica y la maquinaria industrial han prosperado gracias a la cercanía geográfica, los acuerdos comerciales y una creciente especialización regional. Pero ese mismo proceso que permitió a México escalar en cadenas globales también lo ha dejado vulnerable. A medida que se consolidaron las ventajas competitivas, se concentraron también los riesgos: hoy, gran parte del aparato productivo nacional depende de reglas, decisiones y condiciones externas sobre las que México tiene cada vez menos control. La paradoja es clara: cuanto más integrada está la economía mexicana, más expuesta queda a disrupciones originadas fuera de su territorio.

   En 2024, México exportó más de 2.8 millones de vehículos ligeros a Estados Unidos, alcanzando una participación del 15 por ciento en ese mercado. 2S&P Global Commodity Insights. (2025, Marzo 27). European car makers’ body warns US tariffs threaten domestic production, exports. S&P Global. Detrás de esta cifra se encuentra una red compleja de plantas ensambladoras y proveedores distribuidos a ambos lados de la frontera, que dependen en gran medida de componentes críticos importados—especialmente baterías, sensores avanzados y semiconductores provenientes de Asia y EE. UU. Esta arquitectura fragmentada, aunque eficiente en condiciones normales, multiplica los costos logísticos y expone a la industria a disrupciones inmediatas cuando se introducen aranceles o restricciones tecnológicas.

   Un caso emblemático es la gigafábrica de Tesla anunciada en Nuevo León. Con una inversión estimada en más de 10 mil millones de dólares y la creación proyectada de 12,000 empleos directos, esta planta se perfila como un nodo estratégico en la cadena de electromovilidad de América del Norte.3Forbes, Diciembre 14, 2023. Nuevo León aprueba 2,627 mdp en incentivos para fábrica de Tesla. https://forbes.com.mx/nuevo-leon-aprueba-2627-mdp-en-incentivos-para-fabrica-de-tesla. Sin embargo, bajo un escenario de aranceles generalizados, su operación podría volverse inviable, encareciendo la cadena de suministro e inhibiendo nuevas inversiones de escala similar.

   

   Casos como el de Ciudad Juárez ilustran el alcance territorial de esta vulnerabilidad. Esta ciudad fronteriza alberga más de 300 plantas manufactureras orientadas a la exportación, muchas de ellas integradas en cadenas de valor de electrónica, autopartes y dispositivos médicos.4 INDEX Juárez. (2023). Boletín Económico e Industrial de la Industria Maquiladora. Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación.

   Una interrupción abrupta del comercio tendría efectos inmediatos sobre el empleo formal, el consumo local y los ingresos fiscales del estado. Y no es una excepción: otras regiones industriales—de Reynosa a Querétaro—enfrentan condiciones similares de exposición crítica, al depender casi exclusivamente del acceso fluido al mercado estadounidense.

   La industria electrónica de Jalisco representa otra dimensión de esta dependencia. 
   Con inversiones acumuladas por encima de los 4,500 millones de dólares en los últimos quince años y más de 100,000 empleos especializados, esta región se ha consolidado como un polo tecnológico clave en México 5 El Economista. Jalisco se confirma como Silicon Valley y capital de chips en América Latina. https://www.eleconomista.com.mx/estados/jalisco-confirma-silicon-valley-y-capital-chips-america-latina-20241105-733019.html . Sin embargo, más del 80 por ciento de los semiconductores que utiliza son importados de Asia. Durante la crisis global de chips entre 2021 y 2022, esta dependencia provocó pérdidas superiores a 400 millones de dólares en apenas seis meses, poniendo en evidencia los límites de una integración sin capacidades locales en componentes de alta tecnología.

   A esta vulnerabilidad estructural se suma un cuello de botella logístico que amplifica los riesgos. El cruce fronterizo Nuevo Laredo–Laredo concentra cerca del 40 por ciento del comercio terrestre entre México y Estados Unidos—más de 211 mil millones de dólares anuales—pero opera con infraestructura sobrecargada y procesos aduanales lentos. Esta saturación genera sobrecostos estimados en más de 3,500 millones de dólares al año 6Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior de Nuevo Laredo (ICCE). (2022). Prontuario Socioeconómico Binacional 2022. Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Recuperado de https://anyflip.com/ivqr/ygor/ afectando la eficiencia operativa de sectores clave como la automoción, la electrónica y los dispositivos médicos.

   

   
   El modelo actual de integración, basado en eficiencia y escala, ha sido exitoso en términos de crecimiento exportador, pero revela límites cada vez más evidentes. Sin una mayor autonomía tecnológica, una base de proveedores más robusta y una infraestructura moderna, este esquema resulta vulnerable ante choques externos. En un entorno geopolítico marcado por incertidumbre y decisiones unilaterales, persistir en esta dependencia sin ajustes estratégicos compromete la capacidad del Estado mexicano para proteger su base industrial y orientar su desarrollo económico con soberanía.

   Una sola estrategia, dos frentes

   La creciente exposición de México a decisiones comerciales unilaterales ha dejado claro que no basta con sostener la integración actual: se necesita una reconfiguración estratégica que reconozca sus límites y aproveche sus fortalezas. Los sectores más dinámicos del país—automotriz, electrónico, médico-industrial—muestran tanto el potencial de una integración profunda como sus riesgos latentes. La pregunta ya no es si México debe integrarse o diversificarse, sino cómo puede hacer ambas cosas de manera inteligente y complementaria. Explorar esa doble vía requiere entender qué sectores representan ventajas consolidadas, cuáles enfrentan cuellos de botella críticos y dónde existen plataformas reales para reducir vulnerabilidades sin debilitar lo que funciona.

   Este enfoque no implica una ruptura con Estados Unidos, sino una transformación cualitativa de la relación. México no es simplemente un proveedor de bajo costo: es una pieza central en la competitividad industrial de América del Norte. Sectores como dispositivos médicos, autopartes y electrónica lo demuestran con claridad. Lo que está en juego no es solo mantener el acceso al mercado estadounidense, sino redefinir los términos de la integración: con mayor contenido tecnológico nacional, capacidades propias de innovación y cadenas de suministro más resilientes que puedan soportar choques externos sin poner en riesgo la estabilidad productiva.

   La industria de dispositivos médicos ofrece un ejemplo concreto de integración productiva de nueva generación. En 2024, México se consolidó como el principal proveedor de estos productos para el mercado estadounidense, con exportaciones superiores a 12 mil millones de dólares y tasas de crecimiento que superan el 25 por ciento anual. Empresas como Medtronic, Johnson & Johnson y Abbott han construido operaciones binacionales que combinan eficiencia manufacturera en México con capacidades regulatorias, de diseño y de I+D basadas en Estados Unidos. Según datos recientes, México aporta el 2.8 por ciento del valor agregado doméstico a las exportaciones estadounidenses, frente al 1.8 por ciento en el caso de China y apenas el 0.4 por ciento para Vietnam 7 Casas Alatriste, P., & Martínez, A. (2025, Febrero 3). «America First» does not mean «America alone». Diplomacy21 – Wilson Center. https://diplomacy21-adelphi.wilsoncenter.org/article/america-first-does-not-mean-america-alone .

   

   Este modelo reduce los costos operativos hasta en un 20 por ciento frente a proveedores asiáticos, al tiempo que mejora la velocidad de respuesta logística en un sector altamente regulado. Además, las plantas mexicanas cumplen con estándares internacionales exigentes (FDA, CE, ISO 13485), lo que les permite no sólo abastecer a EE. UU., sino también competir en mercados globales. Lo relevante no es solo la integración, sino su calidad tecnológica y su proyección más allá de América del Norte.

   Una visualización detallada del comercio bilateral muestra con claridad cómo opera esta interdependencia. México lidera las exportaciones de dispositivos médicos terminados hacia Estados Unidos, mientras que depende de insumos clave—como circuitos integrados tipo controlador (HS 8542.31)—provenientes del mismo mercado estadounidense. En 2024, México exportó más de 12 mil millones de dólares en dispositivos médicos a Estados Unidos, que a su vez envió a México más de 9.3 mil millones de dólares en estos componentes. El resultado no es un déficit ni una pérdida: es una cadena de valor compartida, donde un país diseña y provee los “cerebros”, y el otro ensambla, certifica y entrega los productos con calidad listos para uso clínico.

   

   Este modelo no se sostiene con aranceles ni con discursos nacionalistas. Se sostiene con reglas claras, inversión cruzada y confianza mutua. Fracturarlo no solo pondría en riesgo empleos y competitividad, sino que debilitaría la capacidad sanitaria de toda la región, al interrumpir un ecosistema productivo que trasciende fronteras y depende de una coordinación profunda.

   En 2024, México exportó más de 30 mil millones de dólares en autopartes a Estados Unidos, lo que representó más del 40 por ciento del total importado por ese país. Sin embargo, este liderazgo aparente esconde una debilidad estructural: el contenido tecnológico nacional promedio apenas supera el 55 por ciento.8 Secretaría de Economía (2023). (<)a href='https://www.gob.mx/se/documentos/diagnostico-y-prospectiva-de-la-industria-automotriz'(>)Diagnóstico y Prospectiva de la Industria Automotriz. Gobierno de México(<)/a(>).

   Muchos de los componentes más sofisticados—sensores, semiconductores, módulos electrónicos—siguen siendo importados. 

   

   Sostener esta posición en la cadena de suministro requiere más que volumen: exige una transición de ensamblador a generador de valor. Eso implica instrumentos concretos, como incentivos fiscales vinculados al incremento progresivo del contenido nacional, esquemas de coinversión tecnológica con firmas ancla y programas de formación técnica en sectores clave. Corea del Sur, en las décadas de 1980 y 1990, adoptó una estrategia similar para pasar de proveedor intermedio a potencia industrial. México puede adaptar esa experiencia a sus propias condiciones.

   El otro pilar de la estrategia dual es una diversificación productiva y comercial con dirección estratégica. México ya ha comenzado a recibir inversiones relevantes en sectores emergentes como la electromovilidad. Un ejemplo destacado es la planta de BMW en San Luis Potosí, que producirá 140,000 paquetes de baterías anuales a partir de 2027. 9 ​BMW Group. (2023). “BMW Group incrementa la producción de vehículos eléctricos en la red de producción global: la plataforma ‘NEUE KLASSE’ también se construirá en la Planta de San Luis Potosí.” Sin embargo, el país aún no cuenta con una cadena integrada de producción: no dispone de capacidades a escala para refinar litio, fabricar celdas ni ensamblar sistemas completos.

   La experiencia de Polonia ofrece una hoja de ruta útil. En menos de una década, el país creó un ecosistema competitivo de baterías eléctricas, apoyado en tres pilares: incentivos fiscales dirigidos, parques industriales especializados en ubicaciones logísticamente ventajosas y formación técnica acelerada en alianza con líderes globales como LG y Northvolt.
   

   

   La experiencia de Vietnam en electrónica avanzada también ofrece lecciones relevantes. Aunque empresas como Intel han inaugurado centros de diseño en Guadalajara y Foxconn ha expandido su capacidad de ensamblaje, México aún importa más del 75 por ciento de los semiconductores que consume. Vietnam, en cambio, aprovechó acuerdos con Samsung para desarrollar capacidades en encapsulado, diseño intermedio y formación técnica especializada, escalando gradualmente en la cadena de valor. Más que saltos espectaculares, el avance vietnamita se apoyó en acuerdos estructurales, acumulación progresiva de capacidades y objetivos claramente definidos.

   

   México no parte de cero. Cuenta con más de 120 mil ingenieros egresados cada año 10  WorldAtlas. (2018, Julio 18). Countries That Produce the Most Engineers. Consultado Abril 23, 2025, de https://www.worldatlas.com/articles/countries-with-the-most-engineering-graduates.html , zonas industriales conectadas a puertos y cruces fronterizos de alto volumen, y una base manufacturera que representa más del 18 por ciento del PIB nacional.11 Secretaría de Economía y del Trabajo. (2023). Industria manufacturera en México. Basado en datos del INEGI. Lo que falta no son ventajas, sino una estrategia decidida y coordinada para transformar esas ventajas latentes en plataformas sólidas para la producción avanzada. La clave no está en repartir esfuerzos, sino en concentrarlos en sectores donde el país puede escalar con rapidez, generar capacidades críticas y abrir nuevas rutas de inserción internacional.

   Invertir donde más duele, escalar donde más importa

   La diversificación no puede ser sinónimo de dispersión. En un entorno de recursos limitados y capacidades aún en desarrollo, México necesita concentrar esfuerzos donde las oportunidades externas se alinean con ventajas internas o capacidades emergentes. La pregunta ya no es solo a qué países exportar más, sino en qué sectores y mercados puede el país escalar con rapidez, reducir vulnerabilidades críticas y construir una base tecnológica más robusta. El modelo de potencial exportador del Observatorio de Complejidad Económica (OEC)12(<)a href='https://oec.world/en/blog/export-potential'(>)https://oec.world/en/blog/export-potential(<)/a(>) ofrece una guía concreta: identifica nichos de alto impacto donde ya existen condiciones para competir y donde una inversión focalizada puede transformar brechas actuales en plataformas de expansión.

   A diferencia de los enfoques tradicionales, que proyectan el comercio futuro en función del crecimiento pasado o la proximidad geográfica, el modelo del OEC incorpora capacidades productivas, vínculos tecnológicos y compatibilidad con la demanda del país destino. Al cruzar estos factores, el modelo identifica productos con alto potencial de expansión. Los resultados no son genéricos: señalan caminos concretos para diversificar con lógica estratégica.

   • China: Autopartes, circuitos integrados y dispositivos médicos avanzados
     Potencial estimado: más de 3,200 millones de dólares en exportaciones adicionales.
     
   • Alemania: Manufactura automotriz, electrónica industrial, computadoras
     Potencial estimado: más de 2,000 millones de dólares.
     
   • Canadá: Autopartes, tecnologías digitales, dispositivos médicos
     Potencial estimado: más de 2,500 millones de dólares.
     
   • Brasil: Vehículos comerciales, autopartes avanzadas, productos electrónicos industriales
     Potencial estimado: más de 900 millones de dólares.

   

   Estas oportunidades no son simplemente nuevos destinos comerciales: representan rutas concretas para reducir la dependencia de Estados Unidos, elevar el contenido tecnológico de las exportaciones mexicanas y ampliar el radio de acción geoeconómica del país. No se trata de competir con precios bajos, sino de escalar en calidad, sofisticación y relevancia estratégica. Aprovechar estos nichos no solo diversifica el comercio; redefine el papel de México en las cadenas globales de valor. Identificar oportunidades es apenas el primer paso; capitalizarlas depende de construir las capacidades necesarias para competir en esos mercados. Escalar exportaciones de dispositivos médicos a Alemania o Canadá, por ejemplo, exige reforzar certificaciones internacionales (CE, ISO), adaptar marcos regulatorios y contar con laboratorios de pruebas avanzados. Acceder a mercados como el de circuitos integrados en China o Alemania requiere diseño electrónico, encapsulado y pruebas funcionales: capacidades aún limitadas en el ecosistema productivo nacional.

   Lo mismo ocurre con la infraestructura. Exportar manufacturas complejas a Asia o Europa no será viable sin rutas logísticas confiables, puertos modernos y acuerdos aduanales que reduzcan fricciones. Las oportunidades pueden estar bien mapeadas, pero sin estas condiciones habilitantes, seguirán fuera de alcance. La falta de conectividad fluida —por carretera, ferrocarril, puerto o normativa— no solo encarece las operaciones; restringe de facto la capacidad del país para integrarse en cadenas globales con mayores márgenes tecnológicos.

   Y es precisamente allí donde integración y diversificación se encuentran: no como rutas paralelas, sino como partes de una misma arquitectura productiva. La escala alcanzada en sectores integrados con Estados Unidos —como el automotriz, el electrónico o el médico-industrial— ofrece un punto de partida concreto para identificar los eslabones de mayor dependencia externa y convertirlos en plataformas de expansión tecnológica y apertura comercial. Lo que hoy representa una vulnerabilidad puede transformarse en ventaja, si se aborda desde una visión integrada de capacidades y mercados.

   Esto implica un cambio de lógica: no solo fortalecer lo que ya funciona, sino intervenir estratégicamente en los nodos donde México es más vulnerable—como los semiconductores, las baterías o los sensores avanzados—y que, a su vez, abren puertas hacia nuevos sectores y mercados globales. Convertir esos puntos débiles en plataformas de sofisticación exige una mirada integrada donde capacidades tecnológicas, escala industrial y acceso comercial se desarrollen de forma coordinada. Allí donde más se depende, también se puede escalar más, si se invierte con visión.

   De capacidades a política

   La transformación productiva que México necesita no se logrará con programas dispersos ni con incentivos desconectados. Requiere priorizar capacidades críticas, movilizar instrumentos públicos y articular al Estado con el sector privado en torno a un nuevo mapa de especialización inteligente. Lo que está en juego no es solo aumentar exportaciones, sino construir una economía más autónoma, sofisticada y resiliente. Pero ese proceso no ocurre por inercia: demanda visión política, capacidad de ejecución y una arquitectura institucional capaz de sostener el esfuerzo más allá de ciclos sexenales.

   La base industrial de México ha crecido en escala, pero no en densidad tecnológica ni en integración local. Hoy, menos del 1 por ciento de las empresas mexicanas participa directamente en exportaciones13OECD(<)strong(>).(<)/strong(>) (2023). (<)em(>)SME and Entrepreneurship Policy Review: Mexico 2023(<)/em(>). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/1cc9eaec-en lo que refleja una desconexión estructural entre la inversión extranjera y el ecosistema de proveedores nacionales. Cerrar esta brecha no requiere improvisar, sino coordinar. Eso implica vincular incentivos fiscales al incremento del contenido nacional en sectores estratégicos, promover esquemas de coinversión tecnológica entre firmas globales y proveedores locales, y lanzar programas de formación acelerada en mecatrónica, encapsulado, química avanzada y automatización industrial. No se trata de sustituir importaciones indiscriminadamente, sino de desarrollar autonomía tecnológica en nodos críticos—donde hoy el país es más vulnerable, pero también donde el retorno estratégico es mayor.

   Además, la infraestructura no solo facilita el comercio: determina quién puede participar en él. Hoy, los cuellos de botella logísticos y energéticos limitan la capacidad de expansión de regiones enteras. Mientras algunos puntos fronterizos clave operan bajo saturación crónica, generando altos sobrecostos, al sur el rezago en infraestructura energética impide la llegada de manufactura avanzada a zonas con gran potencial demográfico e industrial. La red eléctrica es insuficiente, su capacidad de carga es irregular, y los costos siguen siendo poco competitivos respecto al norte del país. Un contraste útil es el proyecto SIEPAC, que conecta eléctricamente a seis países centroamericanos y que México aún no aprovecha plenamente como nodo de integración regional. Una expansión estratégica de la red nacional—combinada con inversión en energías renovables y almacenamiento distribuido—permitiría vincular el sur-sureste con los principales corredores industriales y abrir nuevas rutas para la diversificación territorial. Superar estas barreras exige más que inversiones aisladas: requiere una visión integrada que combine logística, energía moderna y conectividad digital, transformando infraestructura en cohesión económica y competitividad regional.

   La escala de transformación que requiere el país no puede avanzar sin un centro de gravedad institucional. Hoy, la política industrial está fragmentada entre secretarías, fideicomisos, programas y niveles de gobierno que operan sin una brújula común. Las experiencias más exitosas—desde Corea del Sur hasta Polonia—comparten un principio básico: sin una coordinación política al más alto nivel, es imposible alinear incentivos, movilizar recursos y sostener prioridades más allá de un sexenio. México necesita una instancia rectora que combine visión estratégica con capacidad operativa: un Consejo Nacional de Política Industrial que dependa directamente de la Presidencia, articule objetivos medibles en autonomía tecnológica y diversificación exportadora, coordine presupuestos y normativas entre dependencias, y asegure la participación del sector privado, los gobiernos estatales y los clústeres productivos. No se trata de crear una burocracia más, sino de dotar al país de una arquitectura institucional capaz de transformar capacidades en resultados.

   La amenaza arancelaria no es simplemente un riesgo coyuntural. Es el síntoma visible de una vulnerabilidad estructural más profunda: un modelo de integración económica que, aunque exitoso en volumen exportador, se construyó sobre bases frágiles —dependencia tecnológica, concentración geográfica y escasa articulación local.

   El futuro industrial de México no se definirá solo por lo que exporta, sino por cómo lo produce, con quién lo integra y bajo qué reglas lo sostiene. La estrategia dual de integración y diversificación no es ideológica; es una necesidad estructural en un mundo donde el comercio ya no se rige por eficiencia, sino por poder. La disputa por el agua, convertida en ultimátum comercial, lo dejó claro: ningún acuerdo garantiza estabilidad cuando las reglas pueden cambiar desde una conferencia de prensa.

   Pero México tiene sectores estratégicos, capacidades emergentes y una base industrial que puede escalar. Lo que falta no es diagnóstico, sino acción sostenida—y una voluntad política capaz de trascender el entusiasmo de los primeros meses. Las decisiones que México tome en los próximos años definirán si avanza hacia una economía más resiliente, compleja y soberana—o si perpetúa un modelo vulnerable, expuesto a disrupciones sucesivas y creciente incertidumbre global.

6. Una OPEP más grande

   mayo 16, 2025 2:14 pm Comentarios desactivados en Una OPEP más grande

   Durante el último cuarto de siglo, los países exportadores de petróleo, en particular los miembros de la Organización de países exportadores de petróleo (OPEP) —Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) en el inglés original—, han estado expuestos a cambios extremos en el mercado petrolero y en la geopolítica global. Con una volatilidad derivada del auge de la producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos, la intensificación del debate internacional y de políticas destinadas a reducir las emisiones de carbono, el colapso del consumo durante los confinamientos por el Covid-19, y el creciente fraccionamiento geoeconómico, los exportadores vienen buscando nuevas vías de cooperación.

   El proceso de realineamiento comenzó en el año 2000, cuando se celebró la Segunda Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OPEP por primera vez desde 1975. En dicha reunión, los líderes relanzaron la organización con el objetivo de consolidar sus facciones dispersas. Desde su fundación, la OPEP ha experimentado una tensión entre su identidad como una organización “política”, que defiende los intereses de los países en desarrollo y del Sur Global, y como una asociación “económica” orientada a maximizar los ingresos de sus países miembros. Este doble propósito resurgiría con fuerza en 2007, cuando el “bloque económico”, liderado por las monarquías del Golfo, se enfrentó al “bloque político”, encabezado por Venezuela e Irán, abiertamente críticos del imperialismo estadounidense.

   El año 2016 marcó un cambio histórico: un acercamiento entre Arabia Saudita y la Federación Rusa dio lugar a la creación de la OPEP+, un acuerdo de cooperación más amplio y flexible centrado en la defensa de los precios. Aunque se consolidó bajo el paraguas “económico” de la OPEP, este acercamiento señaló, no obstante, un posible cambio en el equilibrio global de poder.

   Lo que sigue en el presente texto es una visión general de los orígenes de esta nueva configuración y sus perspectivas para enfrentar un nuevo conjunto de desafíos geopolíticos y económicos entrelazados. La OPEP+ representa un modelo único de cooperación global entre países exportadores de recursos del Sur Global e incluye a miembros clave de los BRICS —Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica—. Aún está por verse si pueden forjarse alianzas similares en torno a otros recursos naturales y minerales estratégicos o en contextos políticos distintos.

   La OPEP y Rusia en el nuevo siglo

   Es sensato decir que los primeros años de la década de 2000 representaron una nueva “época dorada” para la OPEP. Con la elección de Hugo Chávez en 2000, Venezuela comenzó a revertir la “apertura petrolera”, en la que la empresa nacional Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) había puesto en riesgo el régimen fiscal del país y debilitado el control estatal del sector petrolero al atraer inversión extranjera. A finales de los años noventa, Venezuela estaba “sobreproduciendo” unos 800.000 barriles por día (bpd) y los tecnócratas del petróleo querían que el país se retirara de la OPEP, que había ayudado a fundar. Como un líder joven y carismático, Chávez y su ministro de Petróleo, Rafael Ramírez (coautor de este artículo), se enfocaron en fortalecer la organización, restablecer el régimen fiscal petrolero y permitir que PDVSA recuperara el control operativo de la producción bajo una política denominada “plena soberanía petrolera”.

   Con un nuevo liderazgo en Venezuela y un mercado global favorable, la OPEP comenzó a actuar nuevamente. Los Estados miembros introdujeron nuevas bandas de precios y se comprometieron a un esfuerzo renovado para respetar las cuotas. Mientras tanto, el mercado petrolero restringido de principios de los 2000 les dio a los productores un margen de maniobra. Una de sus intervenciones más notables fue un recorte extraordinario de 4,2 millones de barriles por día (mbd) decidido en la Reunión de Orán de 2008 en Argelia, la reunión más grande en la historia de la organización. El recorte permitió que el precio se recuperara de su caída vertiginosa de más del 40 por ciento tras la crisis financiera en Estados Unidos. Ese año, el precio del petróleo alcanzó un máximo histórico de casi 150 dólares por barril.

   El segundo mayor exportador de petróleo del mundo no se uniría a la fiesta; esto se debía en parte al legado de la Guerra Fría, cuando las diferencias políticas entre la Unión Soviética, Irán y Arabia Saudita eran pronunciadas. La Unión Soviética se veía a sí misma como una potencia industrial con poco en común con los exportadores de materias primas. Siendo un actor político activo en Medio Oriente y aliado cercano de algunos poderes árabes socialistas y laicos, la URSS era vista como una amenaza potencial para la estabilidad interna de las monarquías del Golfo.

   Hubo un esfuerzo cooperativo de corta duración, liderado por Mijaíl Gorbachov, para amortiguar los efectos del contra-choque petrolero de 1985, pero no se logró ningún acuerdo. Adicionalmente, la perspectiva de trabajar con la OPEP pareció desvanecerse permanentemente una vez que la disolución de la Unión Soviética debilitó el control estatal sobre el sector petrolero ruso. En ese momento, la expectativa de los gobiernos de Europa y de Estados Unidos era que Rusia se integraría plenamente en un mercado energético euroasiático libre – una especie de El Dorado del capital fósil, con capital fluyendo hacia el Este y recursos fluyendo hacia el Oeste. El espíritu de la época se reflejó en la firma del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) —Energy Charter Treaty (ECT)en el inglés original— en 1994, seguido por la inclusión de Rusia en el G7 en 1998.

   Durante la década de 1990, el sector petrolero ruso fue regionalizado y privatizado. Para 2002, el 80 por ciento de la producción petrolera rusa terminó en manos privadas (en comparación con el 10 por ciento a mediados de los años noventa), una política con consecuencias severas para los ingresos del país y el bienestar general. Entre 1991 y 1996, el PIB de Rusia cayó un 40 por ciento, la pobreza aumentó dramáticamente y las instituciones estatales quedaron privadas de ingresos fiscales. Se estimaba la fuga de capitales alrededor de los 17 mil millones de dólares anuales.

   Este fue el contexto en el que Vladímir Putin emergió como la figura política dominante en Rusia. Cuando Borís Yeltsin nombró a Putin presidente en 1999, este ya tenía una visión para el sector energético: los recursos minerales, sostenía, debían en última instancia respaldar el poder del Estado. El Estado ruso reafirmó su rol en el sector petrolero tras la ola de privatizaciones de los años noventa, obligando a las compañías petroleras a pagar impuestos a la exportación y regalías, y retomando la intervención directa del Estado en la producción de petróleo. Las expropiaciones y ventas forzadas de grandes empresas privadas —incluyendo el infame caso de YUKOS— caracterizaron los primeros años de los 2000.

   A mediados de la década de 2000, ROSNEFT —la empresa petrolera controlada por el Estado ruso— era responsable de casi la mitad de la producción petrolera del país. Es significativo que las compañías petroleras privadas e internacionales mantenían una presencia decisiva en el sector petrolero (hasta 2022, por ejemplo, la BP aún poseía una quinta parte de ROSNEFT). En ese entonces, persistían presiones internas e internacionales significativas para tratar el petróleo como una mercancía, no restringida por acuerdos internacionales que pudieran limitar la producción rusa.

   La OPEP intentó coordinarse con otros países exportadores de petróleo, especialmente fuera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) —Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) en el inglés original—. En conferencias sucesivas después de 2003, productores como Noruega, México, la Federación Rusa, Siria y Omán fueron invitados como países “observadores”. No obstante, la organización estaba dividida sobre cómo tratar con Rusia. El ministro saudí Ali al-Naimi, uno de los ministros más influyentes del grupo y el primer saudí en dirigir Saudi Aramco, insistía en que Rusia no se comprometería con acuerdos creíbles de recorte de producción, mientras que Venezuela, Irán y algunos países del norte de África abogaban por vínculos más estrechos con el enorme país productor.

   En 2005 se alcanzó una solución intermedia para crear un organismo técnico de diálogo con la Federación Rusa a nivel del Secretario General de la OPEP. En la Cumbre de la OPEP de 2007 en Riad, Chávez abogó vehementemente por fortalecer el papel político de la organización, citando su contribución a la lucha contra la pobreza en los países en desarrollo, y cuestionó la persistente centralidad del dólar en los mercados internacionales. El “bloque político” propuso entonces el establecimiento de una cesta de monedas para reemplazar al dólar en las transacciones petroleras, una medida que fue intensamente debatida y finalmente descartada debido a la oposición del bloque económico de las monarquías del Golfo lideradas por Arabia Saudita (una propuesta similar ya había sido impulsada sin éxito en la década de 1970). Sin embargo, se reafirmó la necesidad de que la OPEP se centrara en mantener la estabilidad del mercado.

   La revolución del esquisto llega a la OPEP

   A principios de la década de 2010, la OPEP experimentó un cambio de rumbo dramático. La Primavera Árabe, la intervención de la OTAN en Libia y la muerte de Hugo Chávez debilitaron a los países del bloque político, y fortalecieron indirectamente la posición de las monarquías. Al mismo tiempo, una revolución tecnológica sacudió la industria petrolera, con profundas implicaciones geopolíticas.

   En 2006, las importaciones netas de petróleo de Estados Unidos (13 mbd) constituían el 60 por ciento del consumo total; para 2019, esta cifra había caído al 3 por ciento. El cambio se debió al auge del petróleo de esquisto, un desarrollo tan significativo como los descubrimientos del Mar del Norte en la década de 1970. Con financiamiento barato disponible tras la crisis financiera y el régimen de bajas tasas de interés, la potencia militar-económica más poderosa del mundo volvió a convertirse en el principal productor mundial de petróleo y gas. La dependencia estratégica del petróleo de otras naciones —una característica constante de la economía política estadounidense desde 1948— se redujo significativamente (este año, se prevé que las importaciones netas de crudo de Estados Unidos sean las más bajas desde 1971).

   Desde el punto de vista de la Secretaría General de la OPEP, hasta 2012 la producción de petróleo de esquisto no se consideraba un factor estructural que guiara los cambios a mediano plazo en el mercado. De hecho, en su reunión de diciembre de 2011, la OPEP mantuvo su nivel de producción fijo en 30 mbd. Sin embargo, el crecimiento explosivo de la producción en los campos de esquisto de Estados Unidos llamó rápidamente la atención no solamente de la OPEP, sino también de la Federación Rusa.

   En octubre de 2013, tuvo lugar una reunión de alto nivel entre la OPEP y Rusia en Moscú, durante la cual uno de los dos temas principales fue la evaluación del “desarrollo del petróleo compacto y del gas de esquisto en Estados Unidos”. Al mes siguiente, la 164ª Conferencia Ministerial de la OPEP abordó el tema y pidió al Secretario General una actualización del mercado a mediano plazo, incluyendo una mirada sobre el impacto y las perspectivas de la producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos. El informe resultante mostró un aumento de la producción estadounidense de 1,14 mbd en 2013, y un nuevo incremento de 0,95 mbd en 2014.

   En una reunión a puerta cerrada con los ministros, una presentación compartida por el Secretario General Abdala Salem El Badri indicó que la producción de petróleo en formaciones apretadas en Estados Unidos se ubicaba en 3,29 mbd en 2013, y proyectaba un aumento —tanto de petróleo apretado como de esquisto— de 2,61 mbd, alcanzando un total de 5,9 mbd en 2019. La OPEP reconocía así que el petróleo de esquisto aumentaría significativamente, gracias a mejoras en la eficiencia de perforación y nuevos pozos, pero estimaba erróneamente que la producción de petróleo apretado alcanzaría su punto máximo en 2019, con 5,9 mbd, y luego comenzaría a declinar. Los ministros pensaban que esos volúmenes podrían ser absorbidos eventualmente por la creciente demanda global, que se esperaba continuaría aumentando hasta 2015, superando el umbral de los 90 mbd.

   Para cuando la OPEP comenzó a reaccionar, ya era demasiado tarde. Desde mediados de 2014, los precios del petróleo empezaron a caer ante el aumento de la oferta global y la desaceleración de la demanda china. Al margen de la 165ª Conferencia Ministerial, en noviembre de 2014, Venezuela promovió una reunión a puerta cerrada entre representantes de Rusia, México, Venezuela y Arabia Saudita. México estuvo representado por el Secretario de Energía Pedro J. Coldwell, Arabia Saudita por Naimi y el gobernador saudí ante la OPEP Mohammed al-Madi, Venezuela por el Ministro del Petróleo Rafael Ramírez, mientras que Rusia estuvo representada por el Ministro de Energía Alexander Novak y por Igor Sechin, presidente de ROSNEFT. La presencia de Sechin, cercano a Putin, fue notable.

   Tras una introducción a cargo de Ramírez, se dio la palabra a los invitados. Coldwell declaró que México no podía hacer recortes en su producción. Luego tomó la palabra Sechin, no el ministro Novak, y afirmó que Rusia tampoco haría recortes. La respuesta de Naimi fue rápida: “Parece que nadie puede recortar, así que la reunión ha terminado, me parece.” Naimi estaba convencido de que Arabia Saudita debía mantener un piso de exportación de 7 mbd y no quería repetir la experiencia de principios de los años ochenta, cuando Arabia Saudita, actuando como “productor regulador”, vio caer su producción a 2,5 millones de barriles en un intento fallido por defender los precios del petróleo. Naimi declaró ante el Financial Times: “Si reduzco, ¿qué pasa con mi cuota de mercado? El precio subirá y los rusos, los brasileños y los productores de petróleo de esquisto de Estados Unidos tomarán mi parte.”

   Sin compromisos por parte de los productores fuera de la OPEP, la organización decidió extender el techo de producción anterior, que se mantenía sin cambios desde 2011, con la creencia de que las fuerzas del mercado eventualmente debilitarían a los productores con mayores costos. La portada de diciembre de 2014 de The Economist mostraba una competencia encarnizada por el precio del petróleo —Sheiks versus Shale (Jeques vs. Esquisto)— que podría llevar al mundo a un exceso de petróleo. Los operadores del mercado percibieron de inmediato el desacuerdo entre los principales exportadores, mientras la producción estadounidense aumentaba sin pausa. Desde mediados de 2014 hasta principios de 2016, los precios cayeron un 70 por ciento.

   La creation de la OPEP+

   El final de 2014 trajo nuevas crisis políticas para los miembros de la OPEP. El recién investido presidente venezolano, Nicolás Maduro, reorganizó su Ministerio y supervisó un colapso en la producción petrolera. Las sanciones impuestas a Irán obstaculizaron su capacidad de producción; Libia se vio envuelta en una guerra civil y Argelia entró en un periodo de inestabilidad política; la OPEP se debilitó y quedó internamente desequilibrada. La caída de los precios del petróleo entre 2014 y 2016 afectó a todos los países exportadores de petróleo. En Rusia y Arabia Saudita, el daño económico vino acompañado de cambios políticos significativos.

   En 2014, los ingresos fiscales de Rusia provenientes de los hidrocarburos cayeron un 40 por ciento. Las reservas de divisas extranjeras de Rusia disminuyeron más de un 20 por ciento debido a la depreciación del rublo. A esto se sumó la imposición de las primeras sanciones contra Rusia por la anexión de Crimea y su apoyo a los separatistas del este de Ucrania. En respuesta a la anexión, los líderes del G7 cancelaron la cumbre prevista en Sochi, expulsaron a Rusia del G8 y dieron por terminada su solicitud de ingreso a la Agencia Internacional de la Energía (AIE) —International Energy Agency (IEA) en el inglés original—.

   Mientras tanto, Putin comenzó a favorecer una intervención directa en Medio Oriente: en septiembre de 2015, Moscú envió fuerzas militares a Siria para apoyar al gobierno de Assad: la primera vez que tropas rusas eran enviadas a un país extranjero desde Afganistán. Con las relaciones con Occidente deterioradas, Rusia centró su atención en lograr una mayor autosuficiencia, también promoviendo exportaciones agrícolas beneficiadas por un rublo depreciado. Para un país que seguía dependiendo del petróleo y el gas para el 36 por ciento de sus ingresos presupuestarios, ejercer cierto grado de control sobre los mercados petroleros se volvió una herramienta esencial para reforzar la resiliencia económica frente a los crecientes desafíos externos.

   El año 2015 también trajo cambios importantes en el Reino Saudita. La muerte del rey Abdalá llevó al poder a Mohamed bin Salmán (MBS), el sexto hijo del duodécimo hijo del fundador de Arabia Saudita. Su padre,  Salmán bin Abdulaziz, se convirtió en rey en medio de crecientes amenazas externas. Con los hutíes, respaldados por Irán capturando la capital de Yemen en marzo, el levantamiento de las sanciones contra Irán tras la firma del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) —Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) en el inglés original— respaldado por Estados Unidos en julio de 2015, y la persistente caída del precio del petróleo, MBS fue nombrado Ministro de Defensa y Jefe de la Corte Real. Inauguró el Consejo Supremo para el Desarrollo Económico como el órgano del Consejo de Ministros encargado de supervisar las políticas económicas.

   MBS adoptó una política exterior enérgica, ordenando una intervención militar en Yemen —la primera intervención militar directa de Arabia Saudita en el extranjero— y adoptando una postura cada vez más anti-iraní, que culminó en la ejecución del clérigo chiita Nimr al-Nimr en 2016. Esta ejecución provocó ataques contra la embajada saudí en Teherán y la posterior ruptura de relaciones diplomáticas.

   Junto a esta política exterior activa, se diseñó una estrategia económica destinada a diversificar la economía saudí para reducir su excesiva dependencia del petróleo. Se incrementaron los precios de la energía doméstica, se introdujeron por primera vez impuestos indirectos sobre bienes no esenciales y se propuso un plan de privatización que incluía, de manera crucial, a Saudi Aramco. En una entrevista con The Economist en 2016, MBS comparó su enfoque con el “thatcherismo”, y visualizaba enormes nuevas inversiones en turismo, tecnología e infraestructura. El príncipe heredero se mostró entusiasta con la idea de privatizar Saudi Aramco, lo que, según él, beneficiaría tanto a la empresa como a los ciudadanos saudíes: “Está en el interés del mercado saudí, está en el interés de Aramco y está en el interés de una mayor transparencia”, declaró. En abril de 2015, el ministro Naimi fue retirado de la junta directiva de Aramco.

   La estrategia de diversificación de MBS fue relanzada bajo el nombre de Visión Saudí 2030 —Saudi Vision 2030 en el inglés original— y presentada ante el público global en junio de 2016, posicionando un Fondo de Inversión Pública —Public Investment Fund (PIF) en el inglés original—, fortalecido con los activos derivados de la privatización de Saudi Aramco, como “un actor esencial en el planeta.” De manera crucial, todo el proyecto de diversificación dependía en última instancia del aumento de los precios del petróleo para financiar inversiones, atraer capital extranjero y reforzar la capitalización del PIF. Arabia Saudita enfrentaba déficits presupuestarios severos, ya que el gasto militar creciente llegaba a constituir casi el 25 por ciento de su presupuesto.

   Ante crecientes presiones financieras, ambas potencias estaban listas para negociar. En junio de 2015, MBS realizó su primera visita a Rusia durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. En abril de 2016, Catar, que ocupaba la presidencia rotativa de la OPEP, convocó una reunión de gobiernos seleccionados de la OPEP y de fuera de la OPEP para discutir una congelación de la producción. Los delegados rusos, así como Arabia Saudita y otros, apoyaron la iniciativa, excepto Irán, que estaba ansioso por recuperar sus niveles de producción anteriores a las sanciones. Naimi aceptó inicialmente la congelación de la producción, pero una llamada telefónica desde Riad impuso una posición distinta: una congelación solamente sería viable si todos los productores estaban de acuerdo sin excepciones.

   Días después, el ministro Naimi, quien había sido consistentemente escéptico respecto a un acuerdo con Rusia, fue reasignado como “ministro sin cartera.” Su sucesor, Khaled Al-Falih, estableció rápidamente una relación de cooperación con el ministro de Energía ruso, Alexander Novak. En septiembre de 2016, Putin y MBS dieron instrucciones a sus ministros para que desarrollaran un plan de acción conjunto durante la cumbre del G20 en Hangzhou. Novak anunció la cooperación, calificándola como “una nueva etapa en las relaciones entre los países de la OPEP y los que no pertenecen a ella.”

   El siguiente paso se dio en una Reunión Extraordinaria de la OPEP en Argel el 28 de septiembre, donde un debate duro y prolongado se centró en Irán. Para entonces, la posición saudí se había suavizado en comparación con la reunión anterior en Doha y los catorce participantes finalmente acordaron limitar la producción, pero permitieron que Irán no estuviera restringido por esa decisión. El “acuerdo de Argel” marcó el inicio de consultas de alto nivel entre representantes de la OPEP y de países no miembros, incluidos Brasil, México y la Federación Rusa.

   A finales de noviembre, la OPEP decidió finalmente recortar la producción, y durante la siguiente reunión ministerial de países de la OPEP y no OPEP en Viena, el 10 de diciembre, la llamada Declaración de Cooperación —Declaration of Cooperation (DoC) en el inglés original— estableció una nueva alianza que pronto sería conocida como OPEP+. Una historia oficial reciente de la OPEP considera la DoC “tan significativa en la historia de la OPEP como su fundación el 14 de septiembre de 1960.” Los miembros no OPEP participantes en la DoC (Azerbaiyán, el Reino de Baréin, Brunéi Darusalam, Guinea Ecuatorial, Kazajistán, Malasia, México, Omán, la Federación Rusa, la República de Sudán y la República de Sudán del Sur) acordaron recortar 558 mil bpd, mientras que los países OPEP reducirían 1,2 mbd. Un Comité Ministerial Conjunto de Supervisión — Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) en el inglés original— evaluaría el cumplimiento de los ajustes de producción. Esta medida impulsó los precios del petróleo, mientras la producción global de petróleo de esquisto en Estados Unidos se mantuvo en torno a 5,3–5,8 mbd, antes de aumentar nuevamente de forma abrupta a partir de 2018. Según Kirill Dmitriev, CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa, “el primer acuerdo OPEP+ generó 130 mil millones de dólares adicionales para el presupuesto ruso hasta 2019.”

   El nuevo orden petrolero

   Tan solo unos años después de la creación de la OPEP+, el mercado internacional del petróleo fue impactado por dos eventos extraordinarios que pusieron severamente a prueba su cohesión interna: el Covid-19 y la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania. El cierre económico en las primeras semanas de la pandemia de Covid-19 hizo caer el mercado petrolero a niveles que no se habían visto desde la Gran Depresión. En una medida sin precedentes, y tras una ruptura interna entre Rusia y Arabia Saudita, Estados Unidos llamó abiertamente a la OPEP+ a intervenir en abril de 2020. El recorte de producción de la OPEP+, el más grande en la historia, fue un paso decisivo para estabilizar el mercado petrolero, reduciendo el exceso de oferta en un volumen equivalente a la caída de 10 mbd en la demanda e iniciando el drenaje de inventarios excesivamente altos.

   El siguiente impacto fue la guerra que estalló a las puertas de Europa. Las alarmas del mercado petrolero se activaron de nuevo, pero esta vez por razones geopolíticas. Estados Unidos, Reino Unido y la UE, entre otros, impusieron sanciones económicas drásticas a la Federación Rusa. Organismos como la AIE y expertos del Instituto de Estudios Energéticos de Oxford proyectaron una caída inminente del 30–40 por ciento en la producción petrolera rusa, situándola en 6–7 mbd en el corto plazo. En diciembre de 2022, los países del G7 impusieron un “límite de precio” de 60 dólares por barril para el crudo ruso, con el fin de limitar sus ingresos y perjudicar el esfuerzo bélico.

   El factor de riesgo geopolítico provocó un salto en los precios del petróleo. El Brent y el WTI pasaron de 94 y 91,5 dólares por barril en febrero de 2022 a 139 y 131 dólares por barril en marzo. Cuando, al comienzo de la invasión rusa a Ucrania, los principales países consumidores declararon su intención de reemplazar las importaciones de petróleo y gas rusos con volúmenes de otros países productores, los países de la OPEP+, especialmente las monarquías del Golfo, mantuvieron su unidad e incluso redujeron la producción en solidaridad con Rusia. Dada la enorme presión que Riad recibió por parte de la UE, Reino Unido y Estados Unidos, esta forma de unidad fue sorprendente. Como para subrayar aún más la cohesión de las naciones de la OPEP, Arabia Saudita empezó a normalizar sus relaciones con Irán en marzo de 2023 y, junto con otros miembros como Emiratos Árabes Unidos e Irán, también fue invitada a unirse a BRICS en 2024.

   El conflicto en Ucrania provocó un reordenamiento del mercado petrolero global, con nuevos clientes y nuevos proveedores. El mercado del petróleo tiene un siglo de antigüedad, con una infraestructura bien desarrollada y abierta que puede transportar el recurso por distintas rutas hacia cualquier destino. A diferencia del mercado del gas natural, casi no existen restricciones físicas para el transporte del petróleo. Por esta razón, cuando un proveedor es desplazado de un mercado específico, esos volúmenes pueden dirigirse a otro mercado y satisfacer la demanda hasta que se alcance la estabilidad.

   La asombrosa unidad de la OPEP+ significó que el conflicto “a las puertas de Europa” y las sanciones económicas y restricciones sobre la economía rusa no condujeron al colapso de la producción petrolera rusa (aunque sí debilitaron a Gazprom como exportador de gas natural). Lo que ocurrió fue un proceso de reorientación de los flujos, particularmente hacia China e India. Está en marcha la consolidación de un nuevo eje hidrocarburífero Este-Este, en lugar del antiguo eje Este-Oeste.

   ¿El modelo OPEP?

   La OPEP continúa enfrentando desafíos tanto contingentes (véase el esfuerzo reciente por castigar a Kazajistán por exceder las cuotas de producción) como existenciales. El más notable es la posibilidad de un “pico en la demanda de petróleo” provocado por la descarbonización energética, un crecimiento global más lento, o una combinación de ambos. La OPEP ha intentado regular el flujo del petróleo, potencialmente como una “política conservacionista” para los recursos naturales, tal como lo propuso el fundador de la OPEP, Juan Pablo Pérez Alfonzo, quien concebía a la organización como una “fuerza ecológica.” Sin embargo, hasta la fecha, ni la OPEP ni la OPEP+ han participado en negociaciones internacionales para planificar una reducción global de la producción de petróleo y gas. Lo mismo ocurre con los países de la OCDE y con el mayor productor mundial de petróleo, cuyo presidente ha declarado una “emergencia energética” a la que debe responderse con un aumento en la producción bajo el lema re[EFGG1] publicano “perforar, bebé, perforar” —drill, baby, drill en el inglés original—.

   La frenética discusión sobre minerales cruciales para la producción de electrónica y tecnología verde ha llevado a especulaciones sobre una “OPEP del litio,” o para exportadores de cobre que en el pasado intentaron (sin éxito) coordinar la producción. Las prospectivas para tales proyectos dependerán, al igual que con la OPEP+, de su capacidad para navegar la tensión entre objetivos económicos y políticos, su autonomía respecto a la “gobernanza liberal de recursos,” así como su voluntad de ejercer control soberano sobre sus recursos naturales.

   Miembros clave de la OPEP+, como Rusia, Irán y los Emiratos Árabes Unidos, también son miembros de BRICS (Arabia Saudita ha sido invitada, pero aún no se ha unido oficialmente al grupo), una organización que aboga por la reforma de la gobernanza económica global liderada por Occidente. No obstante, el debilitamiento de aquellos miembros de la OPEP (como Argelia, Irán y Venezuela) que en el pasado apoyaron esfuerzos para marginalizar al dólar o respaldaron medidas de desarrollo y lucha contra la pobreza en el Sur indica una resistencia a involucrarse en reformas económicas globales. En términos nominales, la OPEP+ se enfoca principalmente en “economía” (precios del petróleo) y, en menor medida, en política de grandes potencias (diplomacia saudí/rusa). Sin embargo, como coalición de “propietarios soberanos,” los miembros de la OPEP+ pueden inevitablemente verse impulsados a antagonizar al capital comercial, apoyar luchas globales para controlar a las finanzas, a los comerciantes y a las multinacionales, y respaldar esfuerzos para preservar los recursos naturales en beneficio de las futuras generaciones. El hecho de que la OPEP+ mantenga su solidez a pesar de enormes diferencias internas y condiciones geopolíticas turbulentas indica el potencial de las alianzas internacionales de países del Sur global para perdurar en el orden mundial cambiante.

   Traducido del inglés por Eduardo Gutiérrez

   Este es un capítulo adaptado del libro próximo a ser publicado: Energy Politics in a Turbulent Era de la Universidad de Oslo.

7. Golpe contra la clase trabajadora

   mayo 15, 2025 6:30 pm Comentarios desactivados en Golpe contra la clase trabajadora

   El 1o de septiembre del 2013, en un editorial que se haría famoso, el periódico brasileño O Globo reconoció que su apoyo al golpe militar de 1964 había sido un error. El texto fue escrito en el marco de grandes y confusas protestas por las calles en dicho país —conocidas como “Jornadas de Junio del 2013”—en las cuales uno de los lemas más repetidos era “la verdad es dura, la Globo apoyó a la dictadura”. Además, era el periodo de acción de la Comisión Nacional de la Verdad, establecida en 2011 por la presidenta Dilma Rousseff para investigar las graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura.

   Reconociendo la legitimidad del grito en las calles, el periódico justificó de forma reveladora que su entusiasmo con la caída del gobierno de João Goulart era por el temor a la instalación de una supuesta “república sindical” en el país. La retórica anticomunista y la histeria conservadora que contagiaba amplios sectores de las clases medias y altas tenían un blanco claro: el crecimiento de la organización de obreros y de extensos sectores populares urbanos, así como la impresionante movilización de campesinos en las zonas rurales. El inédito espacio político conquistado por liderazgos sindicales incomodaba y aterrorizaba. El golpe de 1964 fue, sobre todo, un golpe contra los trabajadores y sus organizaciones.

   La presencia pública y las luchas por derechos de los trabajadores brasileños, intensas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, alcanzaron su cumbre en el inicio de la década de 1960. Los sindicatos fueron los principales vectores de la popular en dichos años. Pero la movilización ocurría también a través de asociaciones vecinales y espacios informales, como clubes de barrio e instituciones culturales. En el campo, la emergencia de las Ligas Campesinas y sus demandas por una reforma agraria transformadora sorprendió al país y puso a los trabajadores rurales en el centro del escenario político.

   Obreros, católicos, comunistas, entre distintas otras fuerzas políticas, peleaban y formaban alianzas al interior de este movimiento. Huelgas, protestas y un lenguaje marcadamente nacionalista y reformista hacían reivindicaciones por transformaciones estructurales y por la conquista de derechos desde siempre negados, como la ley del décimo tercer salario y la sindicalización en el campo.

   Operación limpieza

   En un contexto marcado por la Guerra Fría, la descolonización de los países africanos y asiáticos y los impactos de la Revolución Cubana en Latinoamérica, la presencia pública de los trabajadores en la década de 1960 significaba para muchos la antecámara del comunismo. No por casualidad, el golpe y sus preparativos tuvieron el apoyo vital del gobierno de Estados Unidos. La maestría con que liderazgos campesinos y dirigentes sindicales del Comando General de los Trabajadores (CGT) se acercaban al gobierno y al presidente João Goulart—nunca perdonado por cultivar dichas “relaciones peligrosas”—era particularmente abominada. La visibilidad de la coalición en el famoso mitin de la Central de Brasil en Río de Janeiro el 13 de marzo fue la gota que colmó el vaso para los segmentos conservadores y golpistas. Sin embargo, la intensa campaña en contra del gobierno, encuestas de opinión realizadas en la época y ocultadas durante mucho tiempo, mostraban que la mayoría de la población apoyaba a “Jango” y sus reformas.

   El golpe destruyó todo. Y sorprendió a muchos dirigentes sindicales, radicalizados y demasiado crédulos en su influencia política y poder de movilización. Para los victoriosos, era primordial destruir la “hidra comunista y laboral”. La nombrada “Operación Limpieza”, desencadenada por el nuevo régimen, invadió y desmanteló el patrimonio de los sindicatos. En los primeros años después del golpe, el gobierno removió los comandos de más de mil entidades sindicales. El movimiento obrero fue un blanco prioritario de la primera ola represiva en el inmediato periodo postgolpe y dirigentes sindicales y trabajadores activistas de todo el país fueron particularmente afectados. Diversos dirigentes fueron encarcelados, destituidos y, algunos, asesinados. La dictadura fue dura desde el primer día.

   La esfera laboral era una preocupación central de la joven dictadura. Aunque debilitó considerablemente al Ministerio del Trabajo, los militares y sus partidarios no deseaban acabar con los sindicatos, pero sí alejarlos de cualquier influencia considerada política y hacerlos aliados en la construcción de un modelo económico autoritario. La idea era habilitar a las entidades sindicales en las ciudades y en el campo para que actuaran en la capacitación de la mano de obra y como instituciones asistenciales en las áreas de salud, ocio y previsión social. 

   En un primer momento, contaron con un amplio respaldo de segmentos conservadores católicos. El sindicalismo norteamericano también vio en el golpe una oportunidad única para influir en los sindicatos brasileños. A través de entidades como el Instituto Cultural del Trabajo (ICT) y el Instituto Americano del Desarrollo del Sindicalismo Libre (IADESIL), promovió cursos y diversas actividades de intercambio en Brasil. Sin embargo, pronto surgieron tensiones con el gobierno militar y con muchos sindicalistas brasileños, lo que frustró las expectativas de los estadounidenses. Aun así, varios interventores impuestos por el golpe militar lograron alguna legitimidad y formaron grupos políticos que controlaban los sindicatos durante años. En la jerga sindical, eran comúnmente nombrados “pelegos”.

   Entidades empresariales, como la poderosa Federación de las Industrias del Estado de São Paulo (FIESP), celebraron la nueva era. Aterrorizados por la presencia de los trabajadores en la esfera pública y sus crecientes demandas por derechos en el periodo inmediatamente anterior a 1964, así como molestos por el aumento de la organización obrera en los lugares de trabajo, empresarios, gerentes y supervisores vieron en el golpe la oportunidad de “desquite patronal”.

   Además de la represión directa a dirigentes sindicales y líderes conocidos, miles de trabajadores activistas, delegados de base o incluso simples simpatizantes de los sindicatos y de organizaciones de izquierda fueron echados y tuvieron inmensa dificultad para conseguir nuevos empleos gracias a las infames “listas negras”. La alianza entre empresarios y la policía política —el temido Departamento de Orden Político y Social, conocido por la sigla DOPS— venía de larga data, pero se hizo aún más sólida y difundida. Un clima de miedo y persecución pasaría a dominar el interior de las compañías. En el campo, un número todavía no calculado de trabajadores rurales fue expulsado de sus comunidades y muchos fueron asesinados por milicias privadas y matones al servicio de terratenientes.

   Fabricando el milagro

   La nueva política laboral del gobierno del primer dictador instalado tras el golpe, el general Castelo Branco (1964-1967), se consolidó mediante un plan orquestado por la coalición de civiles tecnócratas y militares, diseñado específicamente por los ministros Roberto Campos, de Planificación, y Octavio Bulhões, de Hacienda: el Programa de Acción Económica del Gobierno (PAEG). El programa tenía como objetivo principal contener el proceso inflacionario y acelerar el ritmo del desarrollo económico a través de la libre iniciativa del mercado. El control de los salarios era un aspecto esencial del plan. No por casualidad, se estima que entre 1964 y 1968 hubo una caída de cerca del 30 por ciento en el valor real del salario mínimo. Se pedían “sacrificios” a los trabajadores en nombre de la tan ansiada estabilidad económica.

   Nuevas leyes orientadas al control salarial, la contención de huelgas y protestas y el fin de la estabilidad por tiempo de servicio ofrecieron un marco institucional para las medidas antilaborales del régimen. Crearon también un ambiente económico que facilitaba extraordinariamente los despidos y la rotación de la mano de obra. Esa política económica era impopular. La expresión “contención salarial” se volvió sentido común entre los trabajadores y hasta los sindicalistas que apoyaban al nuevo régimen tenían dificultades para defender muchas de esas medidas.

   La creciente insatisfacción, la radicalización de sectores de izquierda y los movimientos de masas impulsados por estudiantes en 1968 crearon un ambiente adecuado para el crecimiento de la causa obrera. Estallaban huelgas en el campo y en la ciudad. Los paros de los metalúrgicos en Contagem, en el estado de Minas Gerais, y de los cañeros en la ciudad de Cabo, en el estado de Pernambuco, sorprendieron y alarmaron al gobierno, que terminó aceptando parte de las reivindicaciones. Por su parte, la famosa huelga de los metalúrgicos en Osasco — en el estado de São Paulo —, fue reprimida ejemplarmente. Con la promulgación del Acto Institucional n.º 5 y el cierre del régimen, el miedo y el control social pasaron a dominar definitivamente la sociedad brasileña.

   El año de 1968 no sólo marcó el estrechamiento de la dictadura y el inicio de su fase más represiva. Fue también el momento en el que la economía brasileña superó la crisis de los años anteriores y se adentró en un periodo de fuerte crecimiento, lo que le dio popularidad al régimen. Aprovechándose de una coyuntura global bastante favorable al flujo de inversiones y préstamos internacionales, la política económica – promocionada como el “milagro económico brasileño” – llevó al país a tasas de crecimiento anual superiores al 10 por ciento durante varios años consecutivos.

   El país atrajo la inversión directa de compañías multinacionales, en particular del sector industrial de bienes de consumo duradero. De hecho, además de los incentivos fiscales y de la ampliación de crédito para las corporaciones, el mismo clima represivo de contención salarial y de retención de demandas sociales fue factor decisivo para los industriales nacionales y extranjeros, beneficiados por la intensa explotación de una mano de obra barata y abundante cuya protesta era fuertemente cercenada. El “milagro” también fue inducido por la política nacionalista de la dictadura que imaginaba “integrar” y transformar el país en una potencia internacional: el “Brasil Grande”. Así, amplias inversiones en infraestructura, particularmente en las áreas de transportes, telecomunicaciones y energía, sellaron aquellos años. 

   El milagro no completó una década: el año de 1973 marcaría un punto de inflexión en la política económica del régimen. El aumento de los precios internacionales del petróleo pactado por los países productores provocó una crisis de dimensiones globales. Ante la inestabilidad internacional, el gobierno de Ernesto Geisel, dictador que asumió el poder en marzo de 1974, decidió “pisar el acelerador” de la economía a fin de garantizar crecimiento, popularidad y fuerza política. El II Plan Nacional de Desarrollo buscó ajustar la economía nacional al nuevo momento de crisis del petróleo, redoblando la apuesta en la industrialización, particularmente en los sectores de bienes de capital y en la infraestructura energética. El gobierno dictatorial de los militares pretendió completar el proceso de industrialización del país. Para ello, echaba mano de variados mecanismos empleados por el Estado de forma autoritaria desde la década de 1930, como la planificación, el proteccionismo y el amplio uso de empresas estatales.

   No obstante, esa industrialización acelerada vino acompañada de dos flagelos que marcarían a la economía brasileña durante casi dos décadas: la inflación y el endeudamiento externo. Esos problemas quedaron evidentes cuando dos gigantescas crisis internacionales golpearon de lleno a Brasil: una nueva crisis del precio del petróleo en 1979 y la crisis de la deuda externa latinoamericana de inicios de los años ochenta. Ocurridas durante el gobierno del último dictador, João Batista Figueiredo, en conjunto con las recetas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) provocaron una brutal recesión económica, agravaron el desempleo, diseminaron el hambre y terminaron por amargar definitivamente el humor popular con respecto al régimen militar.

   «Modernización conservadora»

   La dictadura también buscó redimensionar la cuestión agraria, sin alterar la estructura de propiedad de la tierra, un tema fundamental en los debates políticos de las décadas anteriores. El régimen impulsó una enorme transformación del mundo rural brasileño, promoviendo la conversión de latifundios en empresas, la expropiación de pequeños campesinos, la migración de agricultores, en particular del sur del país — vistos como emprendedores y étnicamente superiores en relación con las poblaciones racializadas —, y la ocupación de nuevas fronteras agrícolas en el Centro-Oeste y la región amazónica –, institucionalizando la relación entre las élites agrarias y las fuerzas conservadoras, una alianza que perdura hasta hoy. La expresión “modernización conservadora” se consolidó como una síntesis de la política económica de la dictadura.

   Sin embargo, el ambiente represivo, la censura y la retórica nacionalista del gobierno, la alta concentración de la riqueza, la intensificación de los problemas sociales y la inflación eran denunciados por sindicalistas, intelectuales y sectores de la sociedad civil como el “otro lado” del “milagro”. Aun así, la propaganda oficial difundía una imagen de Brasil del “milagro” como un país prometedor, en el que migrantes rurales, ahora en las ciudades, trabajaban en la construcción civil, en las fábricas, mientras que sus mujeres, como empleadas domésticas en hogares de clase media, serían capaces de adoptar hábitos “civilizados” y “modernos”. Coches Vochos, heladeras y televisores fueron símbolos de aquella época.

   A pesar del crecimiento económico y de ciertas fisuras que permitían algo de movilidad social, las profundas desigualdades sociales eran percibidas por millones de trabajadores como la marca dominante del régimen militar y como un denominador común de identidades y demandas hacia finales de los años setenta e inicios de los ochenta. El crecimiento económico aumentó la concentración patrimonial, beneficiando a empresarios, a una clase alta y media dirigente, a profesionales liberales y a los estratos superiores de la burocracia estatal. Las políticas de contención salarial y de represión social redujeron el peso de la masa salarial en el PIB nacional. La dictadura dejaba un país en el que los ricos se volvían aún más ricos y los pobres, aún más pobres. El crecimiento de la inflación a partir de mediados de los años setenta amplió la sensación de pérdida y empobrecimiento.

   La dictadura de los generales llegaba al interior de las fábricas, haciendas, sitios de construcción y demás lugares de trabajo como la dictadura de “patrones y capataces”. La experiencia cotidiana del trabajo se dio bajo el temor al despotismo gerencial. El trabajo era percibido como un espacio de sobreexplotación. Ritmos intensos con largas jornadas laborales repletas de horas extras, comúnmente con riesgos a la salud y a la integridad física. En los años setenta, el país llegó a ser el “campeón mundial de accidentes de trabajo”, naturalizados dentro de una lógica de descarte humano y violencias frecuentes. 

   El fin de aquella década fue marcado por una doble crisis. De un lado, el deterioro del modelo económico de los militares: el agotamiento del “milagro”. De otro, un creciente desgaste político y pérdida de legitimidad. A pesar de todavía controlar el proceso político con una propuesta de distensión lenta y gradual, los militares veían con recelo el crecimiento de la oposición y de la movilización de numerosos sectores sociales demandando el fin del régimen y el regreso de la democracia en la segunda mitad de la década de los años setenta.

   La dictadura y una nueva clase trabajadora

   La década de los años setenta también fue un momento de profundas metamorfosis en el mundo laboral. Una clase trabajadora más amplia, aún más multifacética y diversa, emergió en Brasil a lo largo de aquellos años. Las transformaciones económicas y sociales que venían desde décadas anteriores, junto con las diversas tradiciones políticas y culturales presentes en el movimiento obrero reconfiguraron los procesos de formación e identidad de clase. Las huelgas a finales de la década y su politización en un contexto de lucha contra la dictadura militar otorgaron visibilidad y reconocimiento a esa “nueva” clase trabajadora, un fenómeno que atravesó múltiples categorías profesionales y regiones del país.

   Se trataba, sobre todo, de una clase trabajadora marcada por intensos procesos de urbanización y migración. Si en algún momento de la década de los años sesenta la mayor parte de la población brasileña pasó a residir en ciudades, en 1980 ya el 68 por ciento vivía en entornos urbanos. Las periferias de las capitales y las ciudades a su alrededor – las llamadas regiones metropolitanas – se convirtieron en los lugares “típicos” de residencia de millones de trabajadores. Mientras que las “favelas”, fenómeno aún más antiguo y también estigmatizado por la precariedad, la racialización y la autoconstrucción de viviendas, también se expandieron en aquellos años.

   Si bien la “expoliación urbana” fue central en la vida de millones de trabajadores, las periferias y las favelas se convirtieron en espacios fundamentales para la construcción de sensibilidades y sociabilidades, intercambios culturales y la formación de identidades en las que las experiencias de vivienda y trabajo constituían un universo común de lucha por derechos y reconocimiento. No es casual que en estos espacios se desarrollara una intensa vida asociativa y experiencias organizativas que renovaron el repertorio de acción colectiva de la clase trabajadora y su impacto en el espacio público durante la redemocratización y las décadas siguientes.

   La clase trabajadora formada en esos años también estaba marcada por las migraciones internas. Se estima que entre 1950 y 1980 casi 40 millones de brasileños vivieron algún tipo de experiencia migratoria, particularmente saliendo de regiones rurales hacia las ciudades. La región Nordeste y el estado de Minas Gerais son conocidos como las regiones de origen de la mayor parte de estos migrantes, especialmente hacia las áreas metropolitanas de las grandes ciudades de la región Sudeste.

   Se trataba también de un país joven, con una clase trabajadora joven. Aunque las tasas de natalidad comenzaban a declinar rápidamente, la edad media de la población brasileña en 1980 aún rondaba los 20 años. En ese mismo año, alrededor del 70 por ciento de la población mayor de 15 años no había completado la educación primaria, y la incorporación al mercado laboral era precoz. Era además un mundo laboral con una mayor presencia femenina en el empleo formal. La participación de las mujeres en la Población Económicamente Activa (PEA) en Brasil pasó del 21 por ciento en 1970 a casi el 28 por ciento en 1980. Presionadas por las dificultades del presupuesto familiar y por los cambios en un mercado laboral en expansión, esas jóvenes trabajadoras ocupaban funciones mal remuneradas, con escasas perspectivas de ascenso, socialmente consideradas poco calificadas. Eran despedidas con mayor facilidad, y el matrimonio y la maternidad dificultaban tanto el acceso como la permanencia en el empleo. En 1973, el salario medio femenino era un 60 por ciento inferior al masculino.

   A pesar de esta posición subordinada, la presencia femenina en el mercado laboral impactaba las relaciones de género y desafiaba las visiones tradicionales sobre el lugar de las mujeres en la sociedad. La creciente emancipación económica de las mujeres tuvo un papel central en la transformación de los modelos familiares y en la vida pública. No se pueden comprender ni los movimientos de mujeres y la ola feminista de finales de los años setenta, ni la emergencia de los movimientos sociales en general durante la redemocratización, sin entender el papel y la actuación de esas mujeres trabajadoras.

   La década de 1970 consolidó la estructuración de un mercado laboral complejo y diversificado. Las políticas desarrollistas del régimen impulsaron la industria de transformación, el sector energético y la construcción civil como pilares de la economía en aquellos años. Los oficios y profesiones en esas áreas crecieron y pasaron a ocupar un lugar particularmente destacado en el mercado de trabajo, con protagonismo de los metalúrgicos, trabajadores de la construcción, del sector energético y del transporte, además de la expansión del funcionariado público en general. La búsqueda por dignidad, respeto y autonomía estaba en el aire en miles de puestos laborales en todo Brasil a fines de los años setenta. Unía a millones de trabajadores que se sentían humillados, oprimidos y explotados. Cuando las primeras fábricas y usinas entraron en huelga, muchos comprendieron que era posible luchar, protestar y reclamar una vida diferente.

   En la segunda mitad de los años setenta, incluso bajo la represión dictatorial, una ola asociativa recorría los barrios de la clase trabajadora en Brasil. Sociedades de Amigos del Barrio, asociaciones vecinales, clubes de madres, colectivos de ayuda mutua, grupos que reclamaban salud, educación y transporte público, entre muchas otras organizaciones, componían un mosaico de asociaciones populares que se multiplicaron por todo el país. Fragmentadas, dispersas geográficamente y con prácticas de resistencia cotidianas y pequeñas, estas asociaciones fueron construyendo poco a poco mecanismos de auto reconocimiento e identificación de experiencias comunes que forjaron una identidad colectiva. Durante la redemocratización, ese autodenominado “movimiento popular” comenzó a actuar de manera más amplia, ocupando el espacio público con protestas, manifestaciones y marchas. Y articulándose con líderes de la oposición política, al tiempo que llamaba la atención de las autoridades, particularmente a nivel local.

   Los sectores progresistas de la Iglesia Católica tuvieron un papel fundamental en este proceso. Presente en la vida política brasileña desde antes del golpe de 1964, la izquierda católica se tornó hegemónica en diversos sectores de la Iglesia entre finales de los años sesenta y comienzos de los setenta. Fue un actor central tanto en la oposición al régimen militar como en la reconfiguración de la actuación de la clase trabajadora en la esfera pública durante la redemocratización. Como fenómeno internacional, con particular presencia en Latinoamérica, la llamada “Teología de la Liberación” articulaba un conjunto de prácticas y teorías que representaría un giro de la Iglesia hacia la izquierda y un compromiso con la emancipación social. Las comunidades eclesiales de base (CEBs), junto con las pastorales temáticas — obrera, de la tierra, de los pueblos indígenas etc. —, fueron los fenómenos que mejor simbolizaron la acción de la Iglesia Católica progresista en aquellos años.

   Sin embargo, no se debe exagerar esa efervescencia asociativa. A pesar del carácter informal de la relación entre los sectores populares y los movimientos sociales, y de la ausencia de cifras sobre las variadas formas de organización, era solo una parte minoritaria de la población la que estaba efectivamente organizada. Las antiguas jerarquías de dominación social seguían siendo muy poderosas y cuestiones como la violencia urbana despertaban reacciones bastante conservadoras y autoritarias, incluso en las periferias y favelas – tema que sería cada vez más explotado por la derecha política en los años por venir. De todos modos, era evidente un salto cualitativo en la participación popular, en la politización de la clase trabajadora y en la construcción de un imaginario colectivo del “derecho a tener derechos”.

   Sindicalismo y redemocratización

   A finales de la década de 1970, el sindicalismo fue el movimiento social que mejor catalizó la insatisfacción y las demandas populares, al tiempo que articuló una identidad colectiva y un lenguaje común. Y el repertorio de acción colectiva que más visibilidad dio a la presencia de los trabajadores en la arena pública y en las luchas políticas por la redemocratización del país fueron las huelgas masivas extendidas durante el período.

   Los metalúrgicos del ABC paulista — nombre dado a un conjunto de municipios industriales en los alrededores de la ciudad de São Paulo — fueron protagonistas de ese movimiento. Desde finales de los años cincuenta, en esa región se instaló un parque industrial en torno a la producción automovilística que, para muchos, era el símbolo de la modernidad capitalista brasileña. Fue allí donde sucesivas huelgas en los años 1978, 1979 y 1980 impactaron fuertemente las luchas sociales y el proceso de redemocratización.

   A pesar de la presión patronal y la represión policial, estos paros fueron masivos y cautivantes. En plena dictadura, resultaba impresionante ver a miles y miles de trabajadores, simples “peones”, luchando por sus derechos y desafiando a los militares y a poderosas empresas multinacionales. Las imágenes de las asambleas multitudinarias en el Estadio de Vila Euclides, lideradas por Luiz Inácio Lula da Silva, en ese entonces un carismático y emergente líder popular, eran transmitidas a todo el país por periódicos y canales de televisión recién liberados de muchas de las restricciones de la censura gubernamental.

   Pero las protestas de los trabajadores estuvieron lejos de limitarse a los metalúrgicos del ABC. La huelga del ABC y las imágenes de Vila Euclides catalizaron e impulsaron al mismo tiempo una de las más impresionantes olas de huelgas de la historia de Brasil. Además de sectores con una larga tradición sindical, como los trabajadores industriales, del transporte y del petróleo, huelgas de trabajadores rurales, bancarios, empleados públicos, docentes, entre otros, se extendieron por el país, con la participación de millones de personas, a pesar de la presión y los intentos de control por parte del gobierno militar. Solo en 1979, más de 3 millones de trabajadores y trabajadoras interrumpieron sus actividades en algún momento durante las 246 huelgas que sacudieron el país de norte a sur, tanto en las ciudades como en el campo.

   A pesar de la recesión económica y de la reducción del número de huelgas, el inicio de los años  ochenta fue un momento intenso para el sindicalismo y para los movimientos sociales en general. Fue una época de reorganización e institucionalización. La emergencia pública de las luchas sociales a finales de los años setenta había movilizado a millones de personas y había hecho surgir a miles de nuevos militantes. La oposición al régimen politizó de manera inédita a muchos de esos movimientos sociales. La reorganización partidaria y el ocaso de la dictadura abrieron espacio para nuevos arreglos y alianzas políticas que variaban mucho según el contexto local y regional.

   La dictadura, en su crepúsculo, era desafiada por un amplio y diverso abanico de movimientos sociales y políticos. La oposición al régimen era pluriclasista, pero sus sectores más aguerridos y combativos se identificaban como miembros de la clase trabajadora y reclamaban no sólo un Estado de Derecho formal, sino una “verdadera democracia” que reconociera la dignidad del trabajo y los derechos humanos, que combatiera las desigualdades sociales y que construyera un país justo y democrático.

   Las diferentes estrategias y voces opositoras confluyeron en un amplio movimiento entre finales de 1983 y 1984. Veinte años después de su instauración por la fuerza, el régimen militar enfrentaba gigantescas manifestaciones políticas en las que millones de brasileños exigían en todo el país el regreso de la democracia. Los movimientos sociales populares y el sindicalismo desempeñaron un rol activo y fundamental en la movilización de las masas durante la campaña por las “Directas Ya”. Pero, al igual que la campaña, fueron derrotados. Se dividieron en diferentes caminos en relación con la articulación política que involucró a sectores mayoritarios de la oposición y a corrientes del régimen dictatorial, y que resultó vencedora en la transición de la dictadura hacia la democracia, llevando al poder la fórmula Tancredo Neves y José Sarney.

   El impacto de los trabajadores organizados y de los movimientos sociales en la esfera pública, sin embargo, estaba lejos de agotarse. Aunque muchos analistas, politólogos e historiadores de la redemocratización tiendan a minimizar ese papel, reforzando una visión elitista según la cual la transición política habría sido conducida fundamentalmente en los cuarteles y los despachos, es imposible comprender la historia del país en los últimos 40 años sin entender el papel de la clase trabajadora, sus organizaciones, liderazgos y luchas durante aquellos años.

   Este artículo fue traducido del portugués al español por Fernanda Lobo.
   

8. BYD Global

   abril 24, 2025 7:22 am Comentarios desactivados en BYD Global

   Los aranceles suelen utilizarse en dos momentos clave del desarrollo de una economía nacional: o bien en la etapa de infancia industrial, cuando se busca cultivar campeones nacionales emergentes, o bien en la etapa de senilidad financiera, cuando las élites de un país intentan retrasar un declive inminente. La guerra comercial de Donald Trump, caóticamente gestionada, es un claro ejemplo de lo segundo. Sin embargo, en medio del creciente retroceso de la hegemonía estadounidense, un nuevo arreglo geoeconómico y geopolítico está comenzando a perfilarse: una globalización impulsada por baterías con características chinas. En esta reconfiguración, China está posicionada como actor principal, siendo la tecnología verde el motor de este proceso. Su expresión más evidente es la expansión internacional masiva de su industria de vehículos eléctricos.

   La excelencia de los vehículos eléctricos chinos, que hasta hace poco eran objeto de burlas por figuras como Elon Musk, ahora es incontrovertible. Adicionalmente, la supremacía tecnológica de China se está traduciendo rápidamente en dominio del mercado, al punto de que ya amenaza con superar no solamente a los líderes actuales en el mercado de vehículos eléctricos, sino en toda la industria automotriz. Esto está teniendo consecuencias sísmicas para la geografía económica internacional.

   

   El ejemplo más significativo de esta expansión internacional lo ofrece la empresa insignia BYD. Tras sorprender a los analistas con su crecimiento global en ventas a finales de 2023, BYD superó a Tesla, hasta hace poco el líder indiscutido en vehículos eléctricos. Mientras el valor de las acciones y las ventas de la firma de Musk caían el año pasado, BYD encadenó un éxito tras otro. En 2024, la empresa vendió un récord de 4,3 millones de vehículos, con un aumento de ventas del 41 por ciento. Actualmente supera a Tesla ampliamente en la categoría general de vehículos de nueva energía —new energy vehicles (NEV) en el inglés original—, que incluye tanto vehículos eléctricos de batería —battery-electric vehicles (BEV) en el inglés original— como vehículos híbridos eléctricos enchufables —plugin hybrid electric vehicles (PHEV) en el inglés original—. Según los últimos informes, se encuentra prácticamente a la par de Tesla en ventas de BEV: 1.790.000 unidades para Tesla y, muy cerca, 1.764.000 para BYD, lo cual representa un aumento del 12 por ciento respecto al año anterior. Con sus actuales tasas de crecimiento anual superiores al 50 por ciento y con un abundante potencial aún por explotar en la industria de los vehículos eléctricos, es razonable esperar que BYD supere a Toyota como la principal firma automotriz del mundo en la próxima década.

   De hecho, BYD ya se comporta como una empresa en busca del dominio mundial de su sector. Hasta hace poco, el sector automotriz y de vehículos eléctricos chino era, en gran medida, un fenómeno doméstico, con la mayoría de los vehículos vendidos en el mercado interno. En este momento, las empresas chinas de vehículos eléctricos están expandiendo su producción alrededor del mundo a una escala y velocidad sin precedentes. En Indonesia, Tailandia y Pakistán, Turquía y Hungría, Brasil y México, están surgiendo fábricas de vehículos eléctricos chinos —algunas capaces de producir más de 100.000 vehículos al año— para satisfacer la creciente demanda de estos vehículos, que, además de ser de alta calidad, son aproximadamente un 20 por ciento más baratos que sus equivalentes occidentales.

   Un factor clave en este impulso es el esfuerzo por mitigar el riesgo de aranceles y otras barreras comerciales en un clima cada vez más proteccionista. Al ensamblar sus autos en fábricas en el extranjero, las empresas chinas esperan esquivar los aranceles de importación que harían que sus productos fueran poco competitivos. Sin embargo, la instalación de plantas en el extranjero sigue siendo una operación delicada, pues implica no solamente cálculos complejos de la empresa sobre las perspectivas futuras, sino también cuestiones de geopolítica y diplomacia. Al hacer seguimiento de la expansión internacional de una firma como BYD, también se pueden obtener valiosas pistas sobre la estrategia de China para relaciones internacionales.

   De Shenzhen para el mundo

   La sede oficial y el corazón industrial de BYD están ubicados en la ahora famosa ciudad de Shenzhen, en el delta del río de las Perlas, junto a Hong Kong y Cantón; una zona del mundo destinada a convertirse en el Palo Alto del siglo XXI. Creada en 1979 a partir de una zona que era apenas un poblado pesquero pantanoso, Shenzhen fue la primera Zona Económica Especial (ZEE) de China, designada por Deng Xiaoping como parte de las políticas de la Reforma económica china —gaige kaifang (改革开放), literalmente “reforma y apertura” en el mandarín original—. La ciudad se convirtió rápidamente en un centro global de manufactura de productos electrónicos de consumo, con numerosos fabricantes de equipos originales —original equipment manufacturers (OEM) en el inglés original— como Foxconn produciendo para varias marcas internacionales: Apple, Sony y Dell, entre otras. Empresas chinas como Huawei, Xiaomi, Hisense y Oppo también establecieron plantas en la nueva ZEE, al igual que compañías de internet emergentes como Tencent.

   BYD abrió su primer gran parque industrial en el distrito de Kuichong, en Shenzhen, en el año 2000. En ese momento no era una empresa automotriz sino una productora de baterías para productos electrónicos de consumo para Motorola y Nokia. La empresa fue fundada por Wang Chuanfu, un científico-empresario con un doctorado en química de baterías y una fortuna actual estimada en 23.000 millones de dólares. La notable transformación de BYD, pasando de ser una compañía de baterías a una automotriz, se facilitó en parte por la adquisición de Tianjin Qinchuan Auto Manufacturing, una empresa estatal en ese entonces. El primer automóvil producido por BYD fue el F3, un sedán compacto tradicional con motor de combustión interna, fabricado en la planta de Changsha, en Hunan, donde los costos laborales y de tierra eran más bajos que en Shenzhen y se disponía de un acceso más sencillo y económico para la distribución hacia el norte del país. Sin embargo, Shenzhen continuó siendo el verdadero centro de producción de vehículos eléctricos, tanto en la fabricación de baterías como en el ensamblaje de los autos.

   Hoy en día, BYD cuenta con cinco plantas diferentes en Shenzhen, algunas de ellas concentradas alrededor de la “Carretera BYD” en el distrito de Pinghsan. Cada año se ensamblan allí más de 500.000 vehículos – modelos como el BYD Tang, Qin y Dolphin. Más allá de Shenzhen y Changsha, existen otras fábricas importantes en Qinzhou, en Guangxi (que produce aproximadamente 100.000 vehículos al año), en Fuzhou, en Fujian (150.000 vehículos), en Shanghái (al menos 150.000 autos) y en Tianjin (200.000). En conjunto, estas fábricas en China son responsables de la mayor parte de los casi 2 millones de vehículos eléctricos que se producen anualmente en el país.

   Hasta principios de la década de 2020, la producción de vehículos eléctricos de BYD se centraba principalmente en el mercado chino, mientras que sus operaciones en el extranjero se enfocaban en autobuses y camiones, los cuales siguen siendo los vehículos BYD más visibles en muchos países fuera de China. Hasta 2024, el 87 por ciento de los vehículos de nueva energía de BYD se vendían en China. En gran medida, el éxito de BYD se debe no solamente al tamaño del mercado chino, sino también a su estrategia de concentrar estratégicamente todas las operaciones críticas —como investigación y desarrollo, fabricación de componentes (incluyendo baterías y semiconductores), ensamblaje de vehículos y logística de la cadena de suministro— en el territorio chino, logrando así enormes economías de escala gracias a la integración vertical.

   El alto grado de diversificación y sofisticación tecnológica doméstica de China ha sido facilitado por políticas industriales dirigidas por el Estado —como las promovidas bajo el programa “Hecho en China 2025”— mediante subsidios, inversiones en investigación y otros incentivos orientados a acelerar el desarrollo tecnológico del país. El mercado chino es dinámico y ávido de innovación; actualmente, el 50 por ciento de las nuevas compras de vehículos son eléctricos, por lo que funciona como una poderosa plataforma de lanzamiento para empresas como BYD, Xiaomi y Geely, que ahora buscan dominar el mercado mundial. Sus ventas de nuevas energías en el extranjero crecieron asombrosamente un 77 por ciento en 2023. Sin embargo, el entusiasmo se ha visto atenuado por una tasa de crecimiento en 2024 de solamente el 6,7 por ciento respecto al año anterior; existe el riesgo de que las ventas comiencen a estancarse en 2025. Sin una participación sustancial en las ventas internacionales, estas empresas corren el riesgo de volverse económicamente insostenibles. 

   

   La carrera por los vehículos eléctricos en el sur y sudeste asiático

   Además de la “Ruta de la Seda” continental de la Iniciativa Franja y la Ruta, que atraviesa Asia Central, China también se ha estado desarrollando lo que los funcionarios gubernamentales describen como una “Ruta de la Seda Marítima”, que conectaría los puertos chinos —Shanghái, Fuzhou, Guangzhou y Shenzhen— con puertos e infraestructuras logísticas en el subcontinente indio. Desde allí, se asegura el acceso al Medio Oriente, el Mediterráneo y a puertos europeos como El Pireo y Trieste, Róterdam y Hamburgo.

   Este corredor costero ha sido reconocido desde hace un buen tiempo como un vector importante de poder geopolítico. Para China, es una vía comercial que se ha vuelto aún más crucial tras la guerra en Ucrania, que ha interrumpido muchas rutas comerciales continentales y ha provocado retrasos o reducciones en algunos proyectos de la Franja y Ruta. El eje comercial que va desde el estrecho de Malaca hasta el Mediterráneo occidental y que se extiende desde Indonesia, Tailandia, India, Pakistán hasta Oriente Medio, el norte de África y la Unión Europea, cubre un área que abarca a casi la mitad de la población mundial, y que en su momento también representará una parte significativa del mercado de vehículos eléctricos. No es de extrañar, por tanto, que sea precisamente a lo largo de este corredor —salpicado de algunos de los puertos más importantes que controlan las empresas chinas como COSCO— donde actualmente se están construyendo algunas de las plantas de producción de vehículos eléctricos más importantes de China.

   

   Hacia la frontera sur de China, BYD está ampliando su presencia en Camboya, donde compite con Ford, Hyundai y Toyota, y en Vietnam, donde está construyendo una planta de 250 millones de dólares en el parque industrial de Phu Ha. Esta planta está diseñada para producir 150.000 vehículos al año, con la posibilidad de construir una segunda planta para aprovechar aún más los bajos costos laborales del país. En la vecina Tailandia —el segundo mercado automotriz más grande del sudeste asiático—, BYD está invirtiendo 500 millones de dólares en una planta en el Corredor Económico del Este de Rayong, con una capacidad anual prevista de 150.000 vehículos. Al otro lado del mar de Java, BYD ha invertido mil millones de dólares en una nueva planta en Subang, Java Occidental. Se espera que las operaciones comiencen en 2026, con un objetivo de producción de 150.000 vehículos por año, principalmente dirigidos al enorme mercado interno del país: 285 millones de consumidores, que se espera compren 2 millones de vehículos eléctricos al año para 2030. BYD y otras firmas automotrices chinas no solamente están invirtiendo en plantas de ensamblaje, sino también en la cadena de suministro y en logística. Mientras tanto, el gobierno chino está invirtiendo en infraestructura regional, fomentando la cooperación económica y promoviendo la diplomacia cultural. Estas actividades muestran que el gobierno chino es plenamente consciente de la importancia estratégica de esta región en su “periferia sur” y que aspira a convertirlo en un centro confiable para el friendshoring —la estrategia de trasladar cadenas de suministro o inversiones a países aliados o políticamente afines— y para asociaciones de largo plazo.

   India es un caso distinto. Actualmente es un gran importador de productos chinos que pretende desarrollar su propia capacidad tecnológica, incluida una industria de vehículos eléctricos. Con este objetivo, India ya ha comenzado a restringir las inversiones chinas; una consecuencia significativa de esto es que, actualmente, BYD solamente tiene una única fábrica en toda la India. Ubicada en Tamil Nadu, esta produce apenas 10.000 vehículos al año. En respuesta a la aversión de India hacia la influencia china, BYD y otras empresas chinas han puesto su mirada en Pakistán, que ha abierto con entusiasmo sus puertas a las inversiones chinas en vehículos eléctricos para convertirse en un centro mundial de exportación de vehículos eléctricos. BYD planea construir una planta en Karachi en colaboración con la firma paquistaní Mega Motors. La planta, actualmente en construcción y con apertura prevista en 2026, comenzará produciendo 50,000 vehículos anuales destinados al mercado de Pakistán, donde se proyecta que el 50 por ciento de las ventas de automóviles serán eléctricos para el año 2030; la capacidad podría expandirse pronto. En Pakistán, BYD ya está comercializando tres modelos: el Atto 3, el Seal y el Sealion. Además, ha establecido una asociación con HubCo, la mayor empresa privada de servicios públicos del país, para construir una red de estaciones de carga rápida. Esto es un testimonio de la visión a largo plazo e infraestructural de BYD, muy diferente de la actitud de sus competidores occidentales, tanto corporativos como gubernamentales, que para su perjuicio tienden a centrarse en marcos temporales mucho más cortos.

   La ofensiva industrial y seductora hacia Europa

   Aunque las empresas chinas de vehículos eléctricos están fijando su atención en los mercados en expansión del sudeste y sur de Asia, el premio mayor lo representan los mercados automotrices ricos de Europa. Esta región —que incluye a la UE y al Reino Unido— tiene el tercer mercado más grande de automóviles y el segundo más grande de vehículos eléctricos después de China, con 1.5 millones de vehículos registrados en 2024 (un ligero descenso en comparación con el año anterior, en parte debido al fin de los subsidios alemanes). China desea aumentar sus ventas en Europa, pero también busca estrechar relaciones con una región que considera un posible socio en el desarrollo de un orden multipolar. Sin embargo, los aranceles de la UE sobre los vehículos eléctricos provenientes de China dificultan esa tarea.

   A finales de 2023, se incrementaron los aranceles contra los vehículos eléctricos chinos. BYD fue afectada con un arancel adicional del 17 por ciento, además del 10 por ciento estándar de derechos de importación ya existente; otras empresas chinas enfrentaron aranceles aún más altos: 18,8 por ciento para Geely y 35 por ciento para SAIC, como resultado de las ayudas estatales o subsidios considerados injustos por Bruselas. Quizá como una consecuencia no intencionada estas políticas proteccionistas están generando grandes incentivos para que las empresas chinas de vehículos eléctricos abran plantas en Europa para tratar de eludir dichos aranceles. Una táctica común ya utilizada por las compañías automotrices es enviar kits para ensamblaje —knock-down kits en el inglés original— a un país determinado para ensamblarlos y venderlos localmente. Estos kits se clasifican como componentes y generalmente pagan un arancel inferior al de los productos terminados. Además, desde una perspectiva de la cadena de suministro, resulta más eficiente enviar un vehículo desensamblado. Sin embargo, las autoridades locales pueden considerar esta práctica como un intento de evasión, y podrían exigir que, para calificar como un producto local, un automóvil aporte un mayor valor añadido y contenido local. Para responder a estos desafíos, BYD y otras firmas chinas de vehículos eléctricos han desarrollado una estrategia de compromiso e inversión a largo plazo, estableciendo centros de investigación y desarrollo en el continente, y creando alianzas duraderas con proveedores. Asimismo, BYD también está apostando por la carta del poder blando, patrocinando eventos y desplegando campañas de comunicación dirigidas a ganarse el favor de los ciudadanos europeos.

   Hasta la fecha, la inversión más significativa de BYD en Europa se encuentra en Hungría, un país conocido por su sólida cadena de suministro automotriz y su estrecha relación con China. Un asombroso 44% de toda la inversión extranjera directa china en la Unión Europea se destina a Hungría, y BYD está finalizando la construcción de una gran planta en Szeged, cerca de las fronteras con Serbia y Rumania. Se espera que la inversión de mil millones de dólares produzca —no simplemente ensamble— entre 150.000 y 200.000 vehículos al año y que inicie operaciones para mediados de este año. Para asegurar la cadena de valor local, BYD se ha asociado con la empresa francesa Forvia, el séptimo mayor proveedor mundial de tecnología automotriz, para suministrar componentes a la fábrica de Szeged. Sin embargo, esta planta se encuentra ahora bajo investigación de la UE por posibles ayudas estatales indebidas, lo que podría obligar a la empresa a reducir su capacidad o a vender algunos de sus activos.

   Aunque estas investigaciones revelan cierto grado de vulnerabilidad, no frenan los ambiciosos planes de expansión de BYD. La empresa ya ha comenzado la construcción de una segunda planta destinada a aumentar su producción en Europa. Una nueva fábrica en Manisa, cerca de Izmir, está programada para abrir a mediados de 2026 y tendrá una producción anual de 150.000 vehículos. La posición de Turquía en el borde de Europa es clave aquí. Aunque no forma parte del mercado único de la UE, sí pertenece a su unión aduanera, lo que significa que un automóvil ensamblado en Turquía queda libre de aranceles elevados. La “cooperación estratégica” entre Turquía y China, evidenciada en la reciente participación de Turquía en la iniciativa de la Franja y Ruta, convierte a este país en una elección natural para la expansión europea de BYD.

   También está en discusión una tercera planta europea. Se rumoreó que Italia podría ser una ubicación posible, dado el interés del gobierno italiano en diversificar sus fabricantes para compensar el declive en la producción de Stellantis (empresa matriz de Fiat). Sin embargo, las reuniones iniciales con BYD no tuvieron mucho éxito, aunque hay informes de que Chery está interesada en invertir en Italia. Informes más recientes indican que Alemania probablemente será el sitio de la tercera planta europea. Las fábricas de automóviles de Volkswagen y otras empresas alemanas que están por cerrar podrían ser ubicaciones muy atractivas para que las firmas chinas inviertan. Acceder a la infraestructura productiva de Alemania, así como a su posición en el corazón del mercado europeo, sería una ventaja considerable para cualquier empresa china que busque expandirse.

   BYD no busca simplemente construir un par de fábricas en Europa, sino posicionarse como un socio amigable europeo. Los ejecutivos de BYD han afirmado repetidamente que quieren “convertirse en una empresa europea”. Esto, en la práctica, significa invertir en producción integral (no solamente ensamblaje), establecer centros de investigación y desarrollo como el que está previsto para el Reino Unido, y consolidar una cadena de suministro local robusta en Europa. La reunión que se dio a principios de este año entre representantes de BYD y 300 fabricantes de componentes automotrices italianos en Turín es prueba de la manera en que BYD se involucra con los actores económicos locales para presentarse como un socio confiable interesado en inversiones a largo plazo.

   África y América Latina: la frontera final de la guerra de los vehículos eléctricos

   África y América Latina quizá no sean la prioridad número uno de la expansión de BYD, pero siguen siendo áreas de crecimiento a conquistar. La inversión china en Asia y América Latina, especialmente en puertos, infraestructura logística e industrias extractivas, está en aumento. La ola de los vehículos eléctricos ofrece a China la oportunidad de ampliar las relaciones económicas y diplomáticas ya establecidas y construir una vasta presencia industrial y logística, lo que podría tener importantes implicaciones geopolíticas al acercar estas regiones aún más a la órbita china y alejarlas de la influencia de Washington.

   Los planes aún se encuentran en una fase incipiente. Hasta ahora, la única gran planta de fabricación que BYD contempla estaría en Sudáfrica, aunque las negociaciones para esto se encuentran atascadas. BYD también ha mantenido conversaciones exploratorias sobre la construcción de plantas en Egipto y Marruecos. Un obstáculo para la introducción de vehículos eléctricos en África es la infraestructura limitada de carga y mantenimiento, así como la falta de un marco regulatorio de apoyo y de incentivos gubernamentales para los vehículos eléctricos. Sin embargo, las cosas están cambiando poco a poco. Las clases medias africanas, en países como Ruanda y Nigeria, ya han desarrollado un gusto por los vehículos eléctricos, mientras que Etiopía ha prohibido la importación de automóviles de gasolina. Se espera que en la próxima década se abran nuevas fábricas de automóviles.

   En América, los planes de BYD están en una etapa más avanzada. Habiendo decidido evitar los mercados de Estados Unidos y Canadá, donde Biden y Trudeau ya impusieron aranceles del 100 por ciento, BYD y otras empresas chinas de vehículos eléctricos están ganando terreno en América Central y del Sur. En Brasil, BYD adquirió una antigua planta de Ford en Camaçari, Bahía, e invirtió mil millones de dólares para transformarla en una instalación de vanguardia para vehículos eléctricos, aunque la construcción de la fábrica se detuvo después de que una investigación revelara que 163 trabajadores chinos vivían en condiciones casi de esclavitud. Great Wall Motors y Chery también están estableciendo plantas en Brasil, que es un centro importante de producción y distribución automotriz en Sudamérica. Adicionalmente, BYD está adelantando negociaciones para abrir una nueva planta en México. Esta iniciativa, como era de esperar, ya ha hecho sonar la alarma entre las élites estadounidenses, quienes advierten que México podría caer víctima de la supremacía tecnológica china.

   Con plantas en México, los fabricantes chinos que quieran vender en Estados Unidos podrían esquivar los aranceles punitivos aplicados a los productos fabricados en China y beneficiarse del arancel más bajo del 25 por ciento aplicado a los automóviles mexicanos, aumentando así su competitividad. Sin embargo, el riesgo es que una fábrica tan cerca de la frontera estadounidense resulte en una fuga tecnológica hacia el principal adversario estratégico de China. Este riesgo se considera tan serio que, según algunos informes, las empresas chinas de vehículos eléctricos están considerando retrasar sus planes de inversión en América Latina, recordando que, en esta región como en otras, el sector automotriz representa un campo de batalla clave en la pugna geopolítica entre las grandes potencias del mundo.

   Una globalización a batería con rasgos chinos

   BYD y sus empresas hermanas están llevando a cabo una de las mayores olas de expansión internacional en la historia de la industria automotriz.

   Si China supera a Estados Unidos como líder de la globalización, es de esperar que lo haga en sintonía con su gobierno; por ejemplo, probablemente mostrará mayor preocupación por cuestiones de orden y estabilidad a largo plazo que la que Washington ha demostrado en los últimos años. Las principales plantas de BYD están ubicadas en países como Pakistán, Indonesia, Turquía y Brasil, todos ellos participantes de la iniciativa de la Franja y Ruta o miembros de los BRICS. Bajo la égida china, la cooperación económica va de la mano con las alianzas entre Estados, incluso a pesar de grandes diferencias ideológicas.

   Esta modalidad de globalización está impulsada por una recuperación de la “integración vertical” frente al sistema de “producción flexible” que dominó a finales del siglo XX. También se pone mayor énfasis en la estabilidad a largo plazo y en la construcción de consensos en los países implicados. Las prácticas de “localización” que impulsan empresas como BYD las posicionan como actores benignos enfocados en la creación de empleo y el avance de la transición verde.

   La realidad, por supuesto, es más compleja. Los informes sobre las condiciones de los trabajadores en la planta de Camaçari en Brasil destacan prácticas laborales explotadoras que buscan eludir la influencia de los sindicatos en la producción industrial. Aunque fortalecidos por su impresionante liderazgo tecnológico en muchos campos, los directivos y políticos chinos siguen preocupados por nuevos retrocesos proteccionistas en medio de la creciente guerra comercial global y por el riesgo de transferencias tecnológicas inversas desde países como India y México. Para los países que reciben inversiones chinas, estas preocupaciones también ofrecen una lección útil: exigir que las empresas chinas interesadas en sus mercados establezcan asociaciones con empresas locales es el mejor medio para convertir la inversión extranjera en una palanca de autonomía, en lugar de dependencia.

   Traducido del inglés por Eduardo Gutiérrez

9. Restaurando el multilaterismo

   abril 19, 2025 6:36 am Comentarios desactivados en Restaurando el multilaterismo

   El «orden basado en normas» (rules based order) es más una comunidad confesional de fervientes creyentes en la influencia benigna del poder económico y político estadounidense que una descripción exacta de la gobernanza mundial. Esto no se entiende ampliamente. La historia más común es que -por poner un ejemplo reciente, Paul Krugman- tras la Segunda Guerra Mundial, la Pax Americana «optó por no amañar el sistema a su favor» y, en su lugar, cultivó un nuevo modelo de gobernanza hegemónica basado en la decencia, la benevolencia y la moderación.           

   El ascenso de Donald Trump a la Casa Blanca a través del turbio mundo de los grandes negocios inmobiliarios y la telerrealidad significa que él nunca ha tenido mucho tiempo para pensar en esos valores ni para considerar los adornos internacionalistas típicos de los miembros más alardeados del «orden». Esa singular historia personal está empezando a dar en el clavo.

   Una oleada de decretos presidenciales desde el 17 de enero ha apuntado directamente a instituciones clave de la cooperación internacional, tanto nacionales como multilaterales. Se esperan más. Sin duda hay malicia en estas acciones, y quizá un poco de locura. Pero encarnan una creencia subyacente en el poder restaurador y la perspicacia tecnológica de las empresas estadounidenses para hacer que el país vuelva a ser grande, y la determinación de garantizar que esto no se vea obstaculizado por fuerzas contrarias en el país o en el extranjero. 

   El uso agresivo de medidas arancelarias por parte de Trump, anunciado el 2 de abril sin ningún sentido de la ironía como «Día de la Liberación», se ha tomado como un ataque más directo a las estructuras imperantes de la gobernanza mundial. Los economistas se apresuraron a ridiculizar la aritmética y la lógica detrás de la idea de que sus «aranceles recíprocos» pueden traer de vuelta a Estados Unidos puestos de trabajo en el sector manufacturero, trazando su probable daño a los mercados, las empresas y los hogares. Gran parte de esto es de sentido común, pero el acento tecnocrático de la respuesta podría pasar por alto el bosque por los árboles. Lo que está en juego no es una combinación de políticas bien concebida para inclinar las ganancias del comercio, sino un proyecto político para remodelar el poder estadounidense.

   En el Financial Times, Gillian Tett señaló, a través de Albert Hirschman, que la política comercial a través del tiempo siempre ha estado vinculada a la coerción económica y al poder nacional. Si hay algo que el presidente Trump entiende, es el potencial de la intimidación para lograr el resultado deseado. 

   Las invectivas de Trump se han dirigido a todos los que ostensiblemente han «estafado» al país -desde antiguos aliados de Europa Occidental hasta algunos de los países más pobres del mundo, pasando por los pingüinos de las islas Heard y McDonald- y también a sus predecesores en el Despacho Oval, que permitieron que esto sucediera. Sin embargo, a estas alturas no cabe duda de que China es el principal objetivo de su ataque al sistema de comercio internacional o utilizar la amenaza de más aranceles para acorralar a los países a unirse a una alianza antichina. Ya sea forzada o estratégica, la pausa arancelaria de noventa días, excluyendo a China, anunciada justo una semana después del Día de la Liberación, apunta a nuevos trastornos en el futuro.

   La turbulenta coalición de intereses empresariales que respalda a la administración podría tener dificultades para sobrevivir a la agitación y la incertidumbre que se ha desatado, por no hablar de cumplir sus promesas a las familias trabajadoras. Parece aún más improbable que China se someta económicamente.

   Lo que es seguro, sin embargo, es que el entorno económico mundial se volverá más desafiante, especialmente para los países en desarrollo. Los países pobres muy endeudados sufrirán más pronto que tarde, incluso con la posible influencia compensatoria de un dólar más débil.

   Pero la aparición de un entorno económico internacional más hostil es anterior a Trump, desde la crisis financiera mundial, si no antes. Además, la voluntad de militarizar su posición económica dominante ha sido una característica definitoria de la posición hegemónica de Estados Unidos durante más tiempo, aunque con un efecto desigual y quizás decreciente en un mundo de polos de influencia en competencia. 

   Una combinación corrosiva de coerción económica y relaciones transaccionales asimétricas lleva años socavando la confianza en los acuerdos multilaterales y debilitando la cooperación internacional, más recientemente al amparo de los acuerdos de libre comercio y las asociaciones económicas entre países del Norte y del Sur.

   ¿Normalidad?

   Lo que es preocupante, entonces, es el llamado de los defensores del orden internacional existente para un «retorno a la normalidad» y, en particular, para que los líderes empresariales ayuden a revertir el asalto trumpiano al «capitalismo basado en reglas». Hasta la fecha, ese llamamiento ha caído en saco roto. Pero la respuesta es en sí misma una medida de hasta qué punto «el orden» se ha alejado de los principios que pusieron en marcha el sistema multilateral de posguerra.

   Para los reunidos en Bretton Woods en 1944, la inestabilidad financiera, el contagio económico y la violencia política de los años de entreguerras les habían hecho desconfiar profundamente de las ambiciones descontroladas del capital privado y del poder de autocorrección de la competencia de mercado. En su lugar, una política pública activa, una mano reguladora fuerte, una mayor cooperación y el rechazo del «acoso económico» desempeñarían un papel fundamental en la construcción de un mundo próspero y pacífico. En consecuencia, se crearon instituciones multilaterales específicas. Como ha descrito Jamie Martin, un nuevo modelo intervencionista de capitalismo organizado basado en el New Deal debía «extenderse a todo el mundo». Y, como ha demostrado Eric Helleiner, este proyecto se concibió con el apoyo fundacional (ahora en gran medida olvidado) de los países del Sur global.

   La era que se desarrolló producto del acuerdo de Bretton Woods nunca estuvo a la altura de sus ideales originales. A través de sus instituciones, el poder hegemónico se utilizó tanto unilateralmente en apoyo de los intereses estadounidenses como, cuando fue necesario, para intimidar a los actores recalcitrantes para que cumplieran. Con el rechazo por parte del Congreso estadounidense de la Carta de La Habana para una Organización Internacional del Comercio, se ignoraron en gran medida las preocupaciones de los países en desarrollo sobre los sesgos y asimetrías a los que se enfrentaban en la división internacional del trabajo de la posguerra. Sin embargo, sí proporcionó un grado de estabilidad económica y un espacio político suficiente para permitir a los países más avanzados recuperarse de las perturbaciones de la guerra y alcanzar tasas de crecimiento económico sin precedentes, niveles sostenidos de empleo y mejoras tangibles del bienestar. 

   A partir de finales de los años sesenta, esta era se enfrentó a crecientes tensiones macroeconómicas y distributivas derivadas de una combinación de presiones fiscales, desequilibrios comerciales y descontento sindical. En respuesta, la decisión unilateral del Presidente Nixon en 1971 de desvincular el dólar del sistema de tipos de cambio fijos inició un proceso de desmantelamiento que vio cómo los bancos internacionales prosperaban y se expandían reciclando «petrodólares» y culminó en una «desintegración controlada» del régimen de posguerra cuando la década llegaba a su fin bajo la atenta mirada de la Reserva Federal -subiendo los tipos de interés y permitiendo que el dólar se fortaleciera- con el firme respaldo político del Presidente Reagan. 

   De forma muy parecida al momento actual, la decisión de la Reserva Federal provocó una considerable agitación en los mercados y descontento empresarial; hasta finales de 1982, la economía entraba y salía de la recesión. Sin embargo, el ataque combinado contra el trabajo organizado y la solidaridad de los países en desarrollo ayudó a extinguir cualquier presión inflacionista persistente, restaurar la rentabilidad y allanar el camino para que las empresas y los financieros buscaran oportunidades de inversión en todo el mundo. 

   El resultado, que ya estaba tomando forma a finales de los años ochenta, fue un régimen económico internacional adaptado a las demandas y deseos del capital libre, respaldado por responsables políticos dispuestos a aplicar medidas de austeridad para satisfacerlos, e intensamente relajado ante el fuerte aumento de la desigualdad, la inseguridad y el endeudamiento que se produjo. Las instituciones multilaterales prestaron su apoyo como facilitadoras de lo que el Director Gerente del FMI denominó en su momento «un sistema abierto y liberal de movimientos de capital», y mediante la adopción de programas de préstamo basados en políticas dirigidas directamente a abrir el bloque del Este y el Sur global a los flujos de capital privado.

   Aunque el intento del Fondo de reescribir su Convenio Constitutivo -que consagraba los controles de capital- fracasó ante la crisis financiera asiática, Estados Unidos consiguió introducir tales requisitos en los tratados de comercio e inversión de la década siguiente.
   Sin embargo, la liberación del capital privado no ha cumplido la promesa de una era fuerte e inclusiva de inversión productiva y estabilidad financiera. Por el contrario, desde la crisis del ahorro y los préstamos de mediados de los ochenta, pasando por México, Asia Oriental y Rusia, hasta la crisis de Covid y sus secuelas, las turbulencias financieras han sido una característica permanente de este mundo hiperglobalizado.      

   Crisis y reforma

   El estallido de la burbuja inmobiliaria estadounidense en 2008 y sus réplicas a escala mundial dieron lugar a llamados para reconstruir protecciones contra los flujos de capital descontrolados y reforzar la cooperación internacional. El Presidente francés, Nicolas Sarkozy, y el Primer Ministro británico, Gordon Brown, hablaron de un «nuevo Bretton Woods» y esperaban que un G20 renovado cumpliera la promesa. No fue así. En su lugar, una vez salvados los bancos que estaban en el centro de la crisis, se volvió a la normalidad y una nueva colección de agentes financieros -fondos especulativos, capital de riesgo y gestión de activos- se capitalizaron en un mundo de dinero fácil.

   Con su espacio fiscal reducido por la austeridad y seducidos por las carteras en constante expansión de estos nuevos actores financieros, los gobiernos de los países ricos y pobres por igual firmaron acuerdos de asociación para la prestación de bienes y servicios públicos. Aún más ambiciosa, en la COP26 de 2021 en Glasgow, una alianza financiera liderada por Michael Bloomberg y Mark Carney insinuó que estas «asociaciones público-privadas» podrían desbloquear más de 130 billones de dólares para garantizar la salud del planeta. Esta cifra marcó el punto álgido de un nuevo consenso sobre cómo alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.

   «Lamentable» es la palabra que el economista jefe del Banco Mundial utilizó para describir esta década de movilización de capital privado. Ni los recursos movilizados ni su rentabilidad han supuesto un cambio transformador. Más de lo mismo no servirá de mucho para contrarrestar la agenda de Trump, y mucho menos para abordar la asfixiante carga de la deuda a la que se enfrenta un número creciente de países en desarrollo o para realizar las inversiones necesarias para mantener las temperaturas globales dentro de una zona segura para una vida saludable. De hecho, como ha sugerido Daniela Gabor, es muy probable que de la nueva administración de Washington surja un tipo aún más perjudicial de este tipo de asociaciones.

   ¿Qué puede interponerse en el camino? Los llamamientos a defender la arquitectura de la gobernanza liberal internacional frente a los ataques populistas de derechas fallan por dos motivos. No dan cuenta de cómo sus propios programas y acciones de las últimas tres décadas han alimentado el crecimiento de las fuerzas nativistas e ignoran su propia incapacidad para responder a las múltiples crisis a las que nos enfrentamos ahora con recursos y acciones políticas oportunas, eficaces y coordinadas.

   Restaurar el multilateralismo

   Para alcanzar objetivos de descarbonización y hacer tangibles mejoras en las vidas de la mayoría global, el programa de reformas necesario, al igual que el propio reto, tendrá que ser multidimensional, pero debe asentarse sobre una sólida base pública -de financiación, inversión, servicios y políticas.

   Al igual que tras la crisis financiera mundial, el impulso reformista de la crisis de Covid ha perdido fuerza y, al menos en Estados Unidos, ha dado marcha atrás. Aun así, se percibe cierto movimiento positivo. En 2024, el G20, bajo la Presidencia brasileña, identificó la red de instituciones financieras de desarrollo (IFD) como clave para encabezar la lucha contra la pobreza y el cambio climático, impulsando la inversión pública, reforzando la planificación transicional y coordinando mejor los esfuerzos de los países para cumplir los objetivos climáticos y de desarrollo. Aunque recibió menos atención, un informe independiente del Grupo de Expertos del G20 TF-Clima sobre Un Planeta Verde y Justo esbozó un enfoque de todo el gobierno para la industrialización verde con el sector público, a nivel nacional e internacional, tomando la iniciativa.

   En esencia, estos movimientos son un claro llamamiento a volver a los principios fundacionales del multilateralismo. 

   Como parte de esta agenda, las instituciones financieras multilaterales deberían centrarse en establecer asociaciones más estrechas con otras instituciones financieras públicas que estén claramente alineadas con las prioridades de desarrollo y clima. Una década de palabrería sobre financiación combinada debe dar paso a un nuevo programa de colaboración institucional: «combinar desde la base» para aumentar las perspectivas de un gran impulso de la inversión pública para el desarrollo y el clima. Este enfoque está mejor situado para movilizar capital privado paciente e innovador, así como dispuesto a compartir los riesgos y beneficios de las inversiones en un entorno político responsable. 

   Los activos de las IFD superan los 23 billones de dólares, y si añadimos los bancos centrales, los fondos soberanos y los planes públicos de pensiones, la red de financiación pública se amplía aún más. Pero hasta ahora no existe un marco institucional eficaz para la cooperación entre estos organismos públicos con el fin de aprovechar sus activos.  

   Especialmente importante es la posibilidad de reforzar la colaboración entre los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y los bancos nacionales de desarrollo (BND). Sobre todo, la reducción del costo del capital es crucial para que los prestatarios de los países en desarrollo realicen las inversiones necesarias para transformar sus economías de forma sostenible. 

   Las condiciones favorables en las que los bancos nacionales de desarrollo pueden obtener financiación de los bancos de desarrollo y la ayuda que éstos pueden prestar para cubrir los riesgos que los bancos nacionales no pueden gestionar por sí solos -especialmente el riesgo cambiario- son las piedras angulares para crear auténticas «asociaciones público-públicas».      Además, sus posibilidades de influir en la transformación necesaria en áreas clave, como la transición energética, se verían reforzadas por su estrecha alineación con las prioridades gubernamentales y el respaldo de un entorno político predispuesto a fomentar la innovación y los proyectos exitosos.

   Más de cincuenta años después de que los países en desarrollo buscaran un Nuevo Orden Económico Internacional a través del proceso de las Naciones Unidas, y setenta años después de que la Conferencia de Bandung lanzara el movimiento de los No Alineados, hay un grupo de instituciones lideradas por países del Sur que están en condiciones de dar otro salto adelante. El Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS ya se está construyendo sobre un modelo de asociación con bancos nacionales de desarrollo para proyectos ecológicos. Y los BRICS convocarán a todos sus bancos nacionales de desarrollo a finales de este año. El Banco Islámico de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo han puesto en marcha iniciativas similares, al igual que el Banco Europeo de Inversiones, lo que sugiere que aún puede encontrarse un espíritu más innovador en el Norte global.  

   Estos esfuerzos sólo forman parte de un programa más amplio para reconstruir el multilateralismo sobre bases públicas sólidas. El reajuste necesario no se logrará mediante la diplomacia de trastienda y las grandes cumbres. Al igual que en los años 30 y 40, se necesitan nuevas coaliciones políticas a escala mundial, regional y nacional, que respalden una reforma más sistémica y se movilicen contra los poderosos intereses que han tejido sólidas alianzas políticas en torno al apoyo al capital libre, a las empresas que buscan rentas y a una economía carbonizada. A diferencia de la década de 1940, estas nuevas coaliciones deben enfrentarse a un hegemón renegado con una agenda abiertamente hostil, lo que constituye el reto político del momento.

10. Sueldo de ciudadanía

    abril 10, 2025 2:51 pm Comentarios desactivados en Sueldo de ciudadanía

    La cruzada de la administración de Trump por transformar el sistema migratorio estadounidense ha incluido cambios radicales dirigidos a aumentar las capacidades del Estado para localizar y “remover” (es decir, expulsar) a quienes residen en el país sin contar con ciudadanía. La administración ha empoderado a agentes migratorios para adentrarse en espacios antes considerados “sensibles”, como escuelas o iglesias, suspendido el debido proceso para personas no ciudadanas que residen en el país legalmente y establecido cárceles migratorias más allá de las fronteras de Estados Unidos. 

    Llegó a un acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos [IRS o Internal Revenue Service] para usar aquellos datos tributarios que alguna vez estuvieron fuera del alcance de la autoridad migratoria con el fin de localizar a unos 7 millones de trabajadores indocumentados. En este momento, se están realizando aparatosos operativos de deportación en todo el país: el Departamento de Seguridad Nacional [DHS o Department of Homeland Security] presume que ha llevado a cabo 113 mil detenciones y más de 100 mil deportaciones desde que Trump asumió su cargo en enero. Estas cifras nos hablan de un incremento en las detenciones y deportaciones “colaterales” que probablemente incrementarán tras la revocación de los permisos de trabajo de 530 mil migrantes legales de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas [ICE o Immigration and Customs Enforcement] que tuvo lugar 25 de marzo. Estos migrantes ahora tienen treinta días, es decir, hasta el 24 de abril, para salir del país antes de convertirse en el blanco de esfuerzos de detención y deportación.Estas medidas draconianas eran de esperarse. Sin embargo, lo que está menos claro es si estas ofensivas amenazarán a la alianza incómoda entre el gobierno federal y quienes emplean a trabajadoras y trabajadores de las industrias agricultoras, de construcción, alimenticias y hospitalarias.

    A pesar de que la “Guerra contra el terrorismo” lanzada en 2001 redefinió los límites del poder ejecutivo en cuanto a la vigilancia y detección de extranjeros en el país, los lugares de trabajo han permanecido relativamente impermeables durante las últimas dos décadas. La resiliencia de este arreglo refleja un interés claramente hegemónico por mantener una fuerza laboral barata y dócil, lo que asegura precios bajos y ganancias altas; un flujo vital de trabajadores de la salud y de cuidados de las infancias; una fuente crítica de trabajadoras y trabajadores futuros y casi 100.000 millones de dólares en ingresos tributarios estatales, locales y federales. Esto engloba la perspectiva de las y los empleadores en Estados Unidos, encapsulada en la noción de las “empresas santuario”, según la cual la segmentación del mercado laboral ha impulsado al crecimiento de las empresas.1El problema de la reproducción de la fuerza laboral es particularmente álgido. Se (<)a href='https://www.dallasfed.org/~/media/documents/research/papers/2020/wp2005.pdf'(>)proyecta(<)/a(>) que el segmento de la fuerza laboral que incluye a trabajadores nacidos en Estados Unidos con padres nacidos en dicho país experimentará una contracción de 8.2 millones de trabajadores entre 2015 y 2035. Las y los inmigrantes y sus hijas e hijos que nazcan en Estados Unidos representarán casi todo el crecimiento, proyectado en 18.2 millones de personas netas, de la población adulta de óptima edad laboral en este periodo.

    Reformar este sistema más allá de las iniciativas de ley más punitivas se vislumbra como un ejercicio inútil. El fracaso de una reforma integral en el Congreso ha llevado a que la política migratoria (y muchas otras ramas de la política) quede bajo el dominio de las acciones ejecutivas. Sin embargo, el sistema migratorio estadounidense no se basa en la aplicación de las leyes migratorias, sino en su no aplicación selectiva. Las y los empleadores han llegado a confiar en que el Estado ignorará su explotación de la mano de obra indocumentada toda vez que se les permite amenazar a sus trabajadores con la deportación de manera creíble. La consecuencia ha sido el fortalecimiento del poder de negociación de los empleadores en contra de todos los empleados: se deprimen los salarios, se debilitan a los sindicatos y la política del trabajo logra distanciarse de la negociación colectiva y de la regulación de salarios y horas de trabajo. Este interés en mantener una fuerza laboral débil y desorganizada ha impulsado a los políticos estadounidenses, de manera consciente o no, a adoptar el rol del jefe caprichoso, pues se amenaza a porciones significativas de la fuerza laboral en Estados Unidos con la deportación. Sin embargo, si Trump se puede permitir la implosión de este arreglo es porque la precariedad del trabajador indocumentado representa el futuro de las relaciones laborales en Estados Unidos, no su pasado.

    El derecho laboral y migratorio en Estados Unidos

    Durante mucho tiempo, el consenso entre estudiosos de la inmigración ha sido que los factores de atracción económica, y no el emprendimiento criminal o el “imán del welfare” (mal concebido como el otorgamiento indiscriminado de apoyos gubernamentales), han sido el principal impulsor de la migración México-Estados Unidos. Este entendimiento estuvo detrás de los esfuerzos por imponer penalizaciones económicas a empleadores en la década de los años 50, así como la tendencia a exigir que las y los empleadores verificaran que sus empleados tuvieran estatus legal para trabajar en los años 70. Bajo esta lógica, si las y los empleadores pudieran cooptarse como detectores de migrantes indocumentados en el punto de contratación, entonces los migrantes potenciales se quedarían sin incentivos para emprender el viaje migratorio en un principio.

    A su vez, la fuerza laboral indocumentada, que ya no tendría buenos prospectos de empleo, sería orillada a la autodeportación. Como alguna vez lo planteó el abogado prorestricción Kris Kobach en un artículo sobre “enforcement by attrition”, o la idea de dificultar tanto la vida de los migrantes indocumentados que se autodeportarían, publicado en 2008: “¿qué si todos los inmigrantes ilegales tuvieran dificultades para encontrar empleo en Estados Unidos mientras los riesgos de la aplicación [de la ley inmigratoria] fueran a incrementar para todos?”

    La Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986 [IRCA o Immigration Reform and Control Act] marcó el comienzo de un experimento federal para controlar la inmigración a través del mercado laboral. Las “sanciones a los empleadores” contempladas bajo la ley delegaron a una vasta porción de la autoridad de vigilancia a los empleadores privados, poniendo bajo su discreción la verificación de documentos identitarios, así como el almacenamiento de historiales del I-9 (un formulario utilizado para verificar la elegibilidad de empleo de los trabajadores). Las empresas estarían sujetas a auditorías aleatorias y se abrirían investigaciones a partir de denuncias. Quienes no se apegaran a la ley enfrentarían castigos civiles y criminales cuya seriedad dependería de la frecuencia y gravedad de la ofensa. Este cambio legal en la manera de regular a la inmigración fue significativo, tanto cualitativa como cuantitativamente. Ahora, gracias a la IRCA, además de las decenas de miles de miembros del personal del Servicio de Inmigración y Naturalización [INS o Immigration and Naturalization Service] habría millones de detectores migratorios nuevos y privados: los empleadores mismos.Como también fue el caso con los esfuerzos por vigilar el trabajo no autorizado en las décadas de los años 50 y 70, una vez más, los grupos empresariales intervinieron para amoldar a la ley según sus propias necesidades.

    Los cabilderos ganaron ciertas provisiones claves que impulsaron una relación radicalmente asimétrica: la IRCA contemplaría que un esfuerzo de “buena fe” del empleador por verificar documentos constituiría una defensa afirmativa contra de cualquier acusación de violar a la ley, crearía un formato de atestación firmado por el empleado (lo cual desplazaría la responsabilidad del empleo ilegal desde los empleadores hacia los empleados mismos) y requeriría que los empleadores aceptaran cualquier documento que aparentara ser razonablemente genuino “a primera vista”. De manera conjunta, estas provisiones hacen que se requiera una cantidad de pruebas imposible de que el empleador violó la ley de manera “consciente”. Este contexto legal, que combina una inmunidad funcional para las y los empleadores con una autoincriminación de parte de los empleados, inclinó todavía más el balance de poder en el lugar de trabajo para favorecer a los primeros. 

    El Congreso diseñó las sanciones contra los empleadores para asfixiar el mercado laboral de la mano de obra indocumentada. Sin embargo, la coalición detrás de la ley incluyó a activistas laborales y de derechos civiles que aclararon que la meta de mejorar los salarios y trabajos de las y los estadounidenses no debería “limitar el alcance del término ‘empleado’ en absoluto”, según la definición de la Ley Nacional de Relaciones Laborales [NLRA o National Labor Relations Act], ni “limitar los poderes de . . . agencias de estándares laborales o árbitros laborales que remedien a las prácticas injustas cometidas en contra de las y los empleados indocumentados”. Estos comentarios reflejaron algo más allá de las negociaciones complicadas entre las coaliciones, con sus respectivos puntos de encuentro y desencuentro, en el Congreso. Apuntaron a una tensión más profunda en las teorías sobre el comportamiento del empleador. “La adopción de sanciones contra empleadores dejaría a los trabajadores indocumentados sin la protección de la Ley Laboral” escribió un organizador del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios [SEIU o Service Employees International Union] y abogado inmigratorio para refugiados en 1983, cuando una propuesta de ley anterior sobre sanciones a empleadores transitaba por el Congreso. 

    La propuesta fomentaría el crecimiento de un “flujo de trabajadores de bajo ingreso que no podría sindicalizarse ni remediar las prácticas injustas de sus empleadores”. Los intentos de la IRCA por forzar a estas piezas poco compatibles han amoldado el derecho migratorio y laboral de Estados Unidos durante los últimos cuarenta años. 

    La versión final de la IRCA consideró a la protección de los derechos laborales de los trabajadores indocumentados como no solo compatible, sino complementaria a la detección de estos mismos trabajadores en el punto de contratación. Pero esto fue puro pensamiento mágico. El plan de la IRCA de resolver a la inmigración no autorizada de una vez por todas, a través de una amnistía masiva conjugada con controles reforzados en las áreas del trabajo y la frontera, fracasó. La inmigración no autorizada continuó de manera desenfrenada y, como consecuencia, las políticas migratorias y laborales se vieron profundamente enfrentadas. A pesar de la intención de la legislación, el que la política inmigratoria entrara al espacio laboral puso en conflicto a los regímenes regulatorios existentes. El significado mismo y la legitimidad de la relación de empleo se puso en juego. ¿La identidad legal de los trabajadores indocumentados incluiría su reconocimiento como miembros de una comunidad de “empleados” con derechos a un salario, horario y negociación colectiva? ¿O, más bien, los trabajadores indocumentados y no ciudadanos estarían sujetos a la remoción bajo la ley inmigratoria?

    La canibalización del derecho laboral

    Los intentos por “armonizar” legalmente las metas incompatibles de proteger y castigar a los trabajadores indocumentados desde mediados de los años 80 han distorsionado las relaciones del empleo. A lo largo de los años 70 y 80, los derechos de los trabajadores indocumentados se habían considerado un asunto “arreglado”. La Junta Nacional de Relaciones del Trabajo [NLRB o National Labor Relations Board] afirmó repetidamente que los trabajadores indocumentados tenían estatus de “empleados” con derecho a negociaciones colectivas, pagos retroactivos y recontratación según la ley laboral federal. Se encontró que un vasto repertorio de represalias en contra de los trabajadores migrantes constituían “prácticas laborales injustas”, entre ellas: amenazas a reportar el estatus inmigratorio de los trabajadores, la organización de redadas del INS y acondicionar el pago a la presentación de documentos identitarios.2 Se aplicaron medidas para remediar estas situaciones, incluso en casos en que las y los trabajos despedidos habían (<)a href='https://casetext.com/admin-law/la-mousse-inc'(>)dejado el país y vuelto a entrar(<)/a(>) de manera ilegal y también cuando las leyes estatales (<)a href='https://casetext.com/admin-law/amays-bakery-noodle-co-inchttps://casetext.com/admin-law/amays-bakery-noodle-co-inc'(>)existentes(<)/a(>) sobre derecho laboral prevalecían.

    La aplicación de la Ley de Normas Justas de Trabajo [FLSA o Fair Labor Standards Act], que es la ley sobre salario y horario de Estados Unidos, alguna vez fue vista como funcionalmente necesaria y legalmente incontrovertible entre hacedores de políticas. Las administraciones presidenciales de Nixon, Ford, Carter y Reagan buscaron asegurar la aplicación de salarios y horarios en aquellas industrias con alta incidencia de trabajadores indocumentados en todo el mercado laboral estadounidense.

    Fue en la cuestión de la negociación colectiva que la Suprema Corte comenzó su lenta canibalización de las protecciones laborales. En 1976, las y los trabajadores de Sure-Tan Inc., empresa de fabricación de cuero, autorizaron al Sindicato de Trabajadores del Cuero en Chicago para representarlos en una negociación colectiva con su empleador. Para fragmentar al sindicato, el presidente de la empresa envió una carta al INS para solicitar una revisión del sitio laboral y así deportar a sus empleados. Cuando la NLRB sentenció a la empresa a cesar y desistir con dicha práctica laboral injusta y pagarles retroactivamente a los trabajadores deportados, la empresa apeló a la decisión a través de las cortes. Ocho años después, en 1984, la Suprema Corte emitió un fallo según el cual la carta al INS sí constituía un acto injusto pero que, dado que los trabajadores fueron deportados, no eran elegibles para la recontratación ni para recibir salarios retroactivos. 

    En efecto, la identidad legal del “trabajador” se subordinó a la del residente legal. A pesar de que el caso Sure-Tan, Inc. v. NLRB no falló sobre si aquellos trabajadores indocumentados que permanecieran dentro de Estados Unidos serían elegibles para recibir compensaciones laborales, el Cónsul General de la NLRB durante la administración de Reagan emitió lineamientos nuevos para permitir que las y los empleadores efectuaran recontrataciones bajo la condición de recibir pruebas del estatus legal del trabajador. Sin dicha prueba, la NLRB no buscaría aplicar la recontratación ni el pago retroactivo. Para cuando la IRCA entró en vigor, las protecciones laborales que supuestamente preservaba ya habían sido ahuecadas por las agencias y cortes encargadas de interpretar y aplicar a la ley. Los trabajadores indocumentados ahora serían acorralados para cometer fraude de identidad y así recibir protecciones laborales. Mientras tanto, los empleadores, protegidos por los amplios vacíos legales de la ley, seguirían utilizando la amenaza a la deportación con impunidad.En 2002, la Suprema Corte opinó sobre si los trabajadores indocumentados en territorio estadounidense tendrían derecho a pagos retroactivos bajo la NLRA.

    En el caso de Hoffman Plastic Compunds, Inc., la Corte revirtió una orden de pago retroactivo emitido por la NLRB en contra de la empresa, que ya había sido encontrada culpable de violar a la ley laboral al despedir a José Castro por organización sindical, bajo el argumento de que la IRCA había alterado al “panorama legislativo” al “hacer ‘forzosamente’ que el empleo de inmigrantes ilegales fuera central para ‘la política de la ley inmigratoria’”. Como resultado, cualquier trabajador que hubiese obtenido un empleo de manera fraudulenta al usar documentos falsificados no sería elegible para recibir pagos retroactivos.3 Michael Wishnie señala que (<)em(>)Hoffman (<)/em(>)creó una brecha en el capital organizado. Los empleadores testificaron que las exenciones a la protección laboral le darían una ventaja injusta a quienes violaran la ley, ya que no serían sujetos a las mismas cargas regulatorias. 

    Al enfatizar los aspectos punitivos de la verificación de estatus contemplados bajo la IRCA de manera selectiva, mientras se minimizaba la importancia de las protecciones de la ley laboral, la Corte terminó por omitir, en la práctica, la mitad de la relación empresarial: es decir, las obligaciones laborales de las y los empleadores, sin importar el estatus legal. 

    El resultado de estos desarrollos ha sido disuadir a los trabajadores de ejercer sus derechos en cuanto a salarios, horarios y negociaciones colectivas, toda vez que los empleadores pueden usar la ley inmigratoria para protegerse a sí mismos de la ley laboral. Estos casos de alto perfil que se desenvolvieron en la NLRB y en la Suprema Corte no son más que la punta del iceberg. Una investigación liderada por el abogado laboral Michael Wishnie en 2004, por ejemplo, encontró que 102 de los 184 negocios donde hubo redadas del INS habían sido objeto de investigaciones o procedimientos por parte de agencias laborales; un estudio del Instituto de Política Económica del 2009 encontró que, de 1,004 elecciones de la NLRB, los empleadores amenazaron con contactar a ICE en el 50 por ciento de los casos en que había una mayoría de trabajadores indocumentados y en el 41 por ciento de los casos en que había una mayoría de inmigrantes de llegada reciente.

    El régimen federal de aplicación de la ley

    El llevar a empleadores poco escrupulosos a la justicia ha sido un pilar de la retórica alrededor de la aplicación de la ley laboral. El “regreso” a la aplicación de la ley en los lugares de trabajo ha estado entre las prioridades de todas las administraciones presidenciales desde los años 90. Las redadas militarizadas que han puesto a trabajadores en el blanco de la detención y deportación se convirtieron en un legado de la presidencia de George W. Bush, durante la cual un representante de ICE explicó que “estamos buscando una mayor gama de investigaciones, acuerdos cívicos [de pago] y multas penales”. La líder del DHS bajo Obama, Janet Napolitano, lamentó que sólo 135 de las 6 mil personas detenidas durante los operativos en lugares de trabajo que transcurrieron en 2009 fueron empleadores y prometió que se enfocaría en “empleadores y supervisores para su enjuiciamiento, a través de investigaciones cuidadosamente planificadas”. Cuando el INS se convirtió en ICE con la creación de la Ley de Seguridad Nacional [Homeland Security Act] en 2002, los informes de la agencia ante el público en ocasiones han caracterizado a sus detenciones “penales” en sitios laborales como generalmente dirigidas hacia empleadores explotadores.

    Esta retórica no corresponde a la realidad. Las multas civiles por violaciones del formulario 1-9 han sido el mecanismo de aplicación principal de sanciones a empleadores. Después de un largo periodo de declive en los años 90 y a principios de los 2000, estas multas llegaron a un bajo de 0 dólares en 2006 antes de crecer gradualmente durante el segundo término presidencial de George W. Bush. Las penas administrativas empezaron a acentuarse durante la época de Obama y llegaron a un máximo histórico de $22.597.109 dólares en el año fiscal 2016. Sin embargo, el incremento en las multas no significa que las investigaciones en los sitios laborales fueran de gran alcance: al contrario. En todos los años, este tipo de investigaciones abarcaron a menos del 1 por ciento de los más de 7 millones de establecimientos empresariales que operan en Estados Unidos.

    

    

    Aunque no tenemos datos anuales completos sobre las multas civiles, la tendencia general ha sido investigar a cada vez menos empleadores. No se ha llegado al pico de más de 11 mil investigaciones desde 1989. Los casi 27 millones de dólares en multas acumuladas durante los últimos dos años de la presidencia de Biden sólo correspondieron a 360 empresas. Estos patrones de aplicación de la ley reflejan una tradición de largo aliento que nos remite a la idea de tratos “cooperativos” con empleadores contemplada en la IRCA. Un informe de campo de 1989, sobre la aplicación de IRCA, encontró un “‘consentimiento general’ de que era necesario proceder con cautela y otorgarle deferencia a la comunidad empresarial” ya que “la aplicación de la ley de manera arbitraria o de alto perfil podría llevar a la revocación de las provisiones de sanciones” en el Congreso. Las instrucciones operativas del INS recomendaron “estrategias” al estilo de un tirón de orejas, entre estas la negociación rutinaria para aminorar las multas y enfocar los recursos de aplicación en aquellos que habían violado a la ley de manera repetida y exagerada. Como lo expresó un empleador: “Antes [de la IRCA], el INS entraba con actitud agresiva. Ahora llegan de manera mucho más conciliadora”. 

    En contraste con las leves multas a empleadores, la cantidad de juicios en contra de personas indocumentadas ha incrementado de manera dramática y desproporcional. Desde finales de los años 90, la agenda de Clinton expandió el abanico de delitos por los que las y los inmigrantes podrían ser enjuiciados y deportados. Entre 1996 y 2002, el promedio anual de juicios por ofensas relacionadas con la inmigración aumentó en un 87 po ciento comparado con la década entre 1987 y 1996. Los enjuiciamientos anuales promedio incrementaron en otro 182 por ciento durante el segundo término presidencial de Bush, llegando a sus cifras nunca antes vistas durante los dos términos presidenciales de Obama. A pesar de ciertos picos periódicos durante los dos años que transcurrieron a la mitad de la primera presidencia de Trump, las cifras fueron bastante consistentes antes de caer de manera precipitada en 2020, bajando una vez más durante la presidencia de Biden.

    

    Esta caída reciente debe entenderse dentro de un contexto más amplio que incluye a las directivas fluctuantes bajo el Departamento de Justicia de Trump, las devoluciones en la frontera por COVID-19 y la decisión que tomó la administración de Biden de incrementar vertiginosamente los recursos en la frontera sur en el momento en que la “crisis” migratoria devino particularmente politizada.

    El aumento en las detenciones no deja ver claramente qué partes de la relación empleadora están en el blanco de las sanciones contra empleadores. Durante cada año desde el 2005, las “detenciones administrativas” y penales de empleados por su presencia ilegal han sobrepasado por mucho a la detención de empresarios y empleadores.4 Las detenciones administrativas son aquellas llevadas a cabo por ICE, abrumadoramente en contra de trabajadores, bajo la autoridad de ICE, con una orden administrativa. Tanto administradores de ICE como jueces de inmigración pueden proveer dichas órdenes administrativas.

    Durante los dos términos de Obama, las y los empleadores representaron el 39 por ciento de las detenciones criminales en sitios de trabajo y el 13 por ciento del total de detenciones en sitios de trabajo (penales y administrativas). Durante el primer término presidencial de Trump, las detenciones cayeron precipitosamente a 11 y 4 por ciento de las detenciones penales y totales en sitios laborales, respectivamente. No contamos con datos sobre la aplicación de la ley en sitios laborales para la época más reciente, pero los datos de ICE para 2021 y 2022 sugieren que ha habido un declive en las detenciones en lugares de trabajo en general, lo cual refleja al enfoque de Biden de reducir a las detenciones “masivas” en sitios de trabajo.

    

    

    

    
    El historial de enjuiciamientos corporativos por crímenes de inmigración apunta a lo mismo. Los datos del Registro de enjuiciamientos corporativos de la Universidad de Duke y de la Universidad de Virginia demuestran que los enjuiciamientos corporativos por crímenes inmigratorios no han superado los 30 casos anuales desde el 2001. Mientras que los enjuiciamientos experimentaron un repunte relativo durante la época del DHS, estos casos suelen depender de estrategias que se valen de acuerdos económicos y tratos con la fiscalía que tienen como resultado multas simbólicas, protocolos de adhesión a la ley (como la implementación de E-Verify) y la reestructuración de la fuerza laboral (despedidas y deportaciones) que dañan a las y los trabajadores pero que no hacen mucho por frenar el empleo y la explotación sistémicos de los indocumentados en el mercado laboral. A pesar de ciertos “goles” altamente publicitados, como una multa de 95 millones de dólares impuesta a una empresa de jardinería de alcance nacional en el año 2017, el número de enjuiciamientos corporativos en materia inmigratoria ha estado en declive a lo largo de las administraciones de Trump y Biden.

    Los estados y el programa E-Verify

    Mientras que las campañas de autorización laboral que transcurrieron desde los años 50 hasta los 80 fueron impulsadas por las estrategias organizacionales de sindicatos nativistas y de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color [NAACP o National Association for the Advancement of Colored People], estos grupos ya habían abandonado a dicha política para finales de los años 90. Las sanciones a las y los empleadores perdieron su credibilidad entre las personas liberales que las apoyaban cuando, en 1990, un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas Gubernamentales [GAO o Government Accountability Office] encontró evidencias de “amplia discriminación”, lo cual resultó ser una realidad poco conveniente dado que la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales [AFL-CIO o American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations] cada vez dependería más de la comunidad latina inmigrante como base organizacional. Sin embargo, la causa perdida de la verificación laboral fue retomada por los estados, que buscaron revertir a las décadas de aplicación anémica de la ley. Este resurgimiento de “sanciones a empleadores” refleja ciertos desplazamientos más amplios en las políticas de la restricción que ciertas coaliciones defendieron. Desde el 2007, la verificación laboral ha sido un proyecto generalmente liderado por legisladores ideológicamente conservadores con percepciones complejas y, en ocasiones, contradictorias sobre las virtudes de la restricción.

    La Ley de Trabajadores Legales de Arizona [LAWA o Legal Arizona Workers Act] aprobada en 2007 se convirtió en la primera ley estatal desde 1986 en retar al monopolio del gobierno federal en materia de la aplicación de la ley laboral. Arizona fue mucho más allá de la IRCA al exigirle la verificación electrónica a todo empleador privado e impuso penas estrictas para quienes no se adhirieran, incluyendo la muy presumida “pena de muerte a la empresa”. Otras leyes anteriores que habían empoderado a los estados para criminalizar y detener a personas indocumentadas habían sido rechazadas por las cortes federales como presunciones inapropiadas de una autoridad que debería ser federal. Sin embargo, en el 2011, la Suprema Corte emitió un fallo (en el caso Chamber of Commerce v. Whiting) según el cual los mandatos de verificación laboral a nivel estatal, como LAWA, sí serían constitucionales de acuerdo con una provisión opaca de la IRCA que otorga exenciones para permisos de “licencia”.

    Desde la entrada en escena de LAWA, más de veinte estados han impulsado esquemas de verificación laboral estrictas. Las más formalmente estrictas de estas se distribuyen geográficamente entre los “nuevos estados de destino [migratorio]” del Sur. Estos incluyen al Cinturón del Sol (Arizona, California, Florida, Nevada, Nuevo México, Texas, Georgia, y Carolina del Sur), el Oeste y a la Costa del Golfo, los cuales experimentaron cambios demográficos acelerados en los años 90 y 2000. Caracterizados por sus leyes en torno al “derecho a trabajar”, mercados históricamente segregados y pobreza rural, estos estados cuentan con mayorías republicanas atrincheradas, con trifectas en los gobiernos estatales (es decir, mayorías en las tres ramas del gobierno) que reflejan una agenda anti-Inmigrante cada vez más disciplinada.

    Ahora que el sentimiento nacional sobre la inmigración vuelve a ensombrecerse, las nuevas iniciativas de ley en torno a la verificación laboral en bastiones republicanos como Idaho, Nebraska, Ohio y Utah buscan expandir o endurecer a las penas contra empleadores de acuerdo con las leyes de verificación laboral ya existentes. El cambio de escala en la aplicación de la ley laboral, para dejarla en manos de los estados y de las coaliciones locales detrás de éstos, han producido regímenes de aplicación estatal más punitivos . . . pero para los trabajadores. Incluso las leyes estatales más estrictas incluyen exenciones generosas para las pequeñas empresas, trabajadores agrícolas y empleadores de trabajadoras domésticas. Estas leyes toman prestada la arquitectura de la IRCA, que asume que los empleadores que utilicen el sistema E-Verify, aunque sea de manera selectiva, actúan de “buena fe”. Pero sus defensas afirmativas son incluso mayores.

    Mientras que la IRCA prohíbe que los empleadores utilicen o busquen información sobre el estatus migratorio de sus empleadas y empleados con el propósito de promover represalias, las leyes estatales protegen a aquellos empleadores que repentinamente opten por “verificar” a sus empleadas y empleados ante cualquier queja de despido indebido como resultado de alguna examinación de E-Verify.5 Estos incluyen a Arizona, Utah, Alabama, Mississippi y Tennessee. Las empresas suelen usar estas “reverificaciones” apresuradas como excusa para llevar a cabo despedidas masivas, incluso en estados que no requieren el E-Verify, lo cual acaba desarraigando a las personas.

    El caso de Carolina del Norte es particularmente revelador. El estado presume uno de los programas de verificación laboral más robustos del país: ha investigado a 30 mil 173 empleadores desde el 2012, o el 26% de los negocios que operan en el estado. 6El programa E-Verify de Utah depende de un programa de trabajo temporal que ha sido (<)a href='https://www.ksl.com/article/38402645/utahs-controversial-guest-worker-program-could-face-repeal'(>)pausado(<)/a(>) por el gobierno federal. Las empresas que no cumplen con la ley, que equivalen a una sexta parte de las investigadas desde el 2018, deben entregar reportes trimestrales sobre sus contrataciones nuevas durante un año. Sin embargo, el sistema de auditoría ha privilegiado más a la escala que a la aplicación sustantiva de la ley. En 2011, Catherine Templeton, la entonces jefa del Departamento del Trabajo, Licencias y Regulaciones de Carolina del Norte, recortó el departamento de auditoría, pasando de 22 empleados a tan sólo tres, toda vez que recortó los fondos de 2 millones a 250 mil dólares. Las auditorías de sitios laborales se convirtieron en auditorías remotas, con un sistema de “auditoría en papel” que dependía bastante de que las y los empleadores “autorreportaran” su cumplimiento ante el Departamento del Trabajo de Carolina del Norte. Asimismo, un reporte investigativo del 2017 reveló que ninguna de las empresas de Carolina del Sur puestas en periodo de prueba por sus violaciones al programa E-Verify han experimentado la suspensión o revocación de sus licencias para operar como negocio.

    Este patrón familiar se repitió cuando, en 2023, el gobernador de Florida Ron DeSantis firmó una de las leyes inmigratorias estatales más punitivas de la última década. Junto con aquellas provisiones draconianas que han requerido de revisiones inmigratorias en hospitales, controles de emisión de identificaciones más estrictos y sanciones penales por transportar a personas de un estado a otro, la ley SB 1718 impulsada en Florida repuntó al programa E-Verify del estado para extender los requisitos de verificaciones laborales a toda empresa privada con 25 o más empleados. De manera poco sorprendente, DeSantis ha sido ampliamente criticado por no haber enjuiciado a un solo empleador desde la aprobación de SB 1718. En un patrón familiar, DeSantis ha criticado a los legisladores de Florida por no apropiarse de fondos suficientes para aplicar la ley, toda vez que ha promovido medidas meramente simbólicas en contra de aquellos empresarios que no cumplen con la ley. Mientras que una ley inmigratoria aprobada de manera apresurada impone sanciones incluso más agresivas contra migrantes, incluyendo a la pena de muerte en algunos casos, no contiene provisiones que expandan la financiación o el alcance de la aplicación de la ley en los lugares de trabajo.Las políticas de la no aplicación y del no cumplimiento han sido apuntaladas por las limitaciones técnicas del E-Verify mismo.

    Mientras que los avances en biometría y la mayor integración de bases de datos públicas y privadas tienen el potencial de perfeccionar el panóptico en los lugares de trabajo, la realidad es que E-Verify sigue arrastrando el hecho de que su uso es selectivo, los protocolos pueden ser burlados y existe un amplio “cumplimiento fraudulento” que ha llevado a muchos a desacreditar a la herramienta como un lastre innecesario y poco efectivo para las y los empleadores: un reporte del 2009 encontró que alrededor de la mitad de los trabajadores no autorizados utilizan documentos de identidad fraudulentos para obtener autorizaciones de trabajo bajo E-Verify. Mientras que un estudio de seguimiento publicado en 2012 reportó que el 94 por ciento de las “no confirmaciones finales” fueron fielmente otorgadas a trabajadores no autorizados, este número distrae de las altas cifras de individuos que han sido erróneamente confirmados como autorizados para el empleo utilizando números de seguridad social fraudulentos. A su vez, la primera administración de Trump recortó los fondos para E-Verify en un 8 por ciento.

    La marcha hacia la ciudadanía

    A pesar de que existen políticas formalmente “duras”, la constante ausencia de una aplicación de la ley significativa nos hace preguntarnos por el propósito real de estas leyes. Al igual que con la IRCA, su aplicación débil no ha salvado a los trabajadores indocumentados de los efectos perversos de una división legal del trabajo cada vez más profunda. Las políticas de verificación estatales han estado ligadas a salarios más bajos por hora, menor movilidad en el mercado laboral y mayores tasas de informalidad y autoempleo entre los trabajadores indocumentados. Mientras que economistas han producido investigaciones que demuestran que los mandatos de E-Verify reducen el empleo para trabajadores indocumentados, el hecho de que existan menos posibilidades de empleo formal en estados con E-Verify ha orillado a las y los trabajadores indocumentados hacia las sombras, con el fin de eludir a los esquemas de verificación.7 Un estudio del Departamento Nacional de Investigación Económica ((<)em(>)National Bureau of Economic Research(<)/em(>)) publicado en 2020 estima que los mandatos estatales de E-Verify (<)a href='https://www.nber.org/papers/w26676'(>)redujeron el empleo(<)/a(>) entre trabajadores probablemente no autorizados en hasta un 19%. En un (<)a href='https://www.dallasfed.org/-/media/Documents/research/pubs/everify.pdf'(>)modelo(<)/a(>) hipotético creado por la Reserva Federal de Dallas, la población trabajadora no autorizada cayó por debajo de estas proyecciones, en cifras de dos dígitos, en cinco de los nueve estados que tienen mandatos E-Verify para empleadores privados: vemos a Alabama (57%), Arizona (33%), Mississippi (83%), Utah (34%), Georgia (14%); Carolina del Norte (sin cambios); Carolina del Sur (sin cambios significativos). Las leyes de E-Verify de hecho duplicaron los niveles de autoempleo en Arizona. Otros estados han experimentado declives en el empleo de la fuerza laboral agricultora, probablemente por el desplazamiento de trabajadores del sector agricultor hacia trabajos “extraoficiales”.

    Las coaliciones cambiantes han revertido la lógica del “medio para llegar a un fin” que estuvo detrás de las sanciones a empleadores. En vez de ver a las restricciones del mercado laboral como un medio para fortalecer los poderes de negociación de los trabajadores nativos, como fue el caso en las preparaciones para presentar la IRCA, los esfuerzos recientes han posicionado a las reformas anti-inmigratorias y a los esquemas de verificación laboral como sustitutos del modelo de la relación capital-trabajo del New Deal, que, después de la Gran Depresión propuso programas de apoyos sociales para los más pobres. Esto explicaría por qué grupos que se posicionan diametralmente en contra de la organización laboral, como ALEC y el Heritage Foundation, han escrito propuestas de políticas y apoyado leyes draconianas para la verificación laboral. Para estas organizaciones, la aplicación de la ley en los lugares del trabajo complementan, mas no contradicen, al proyecto de convertir a la fuerza laboral en un producto maleable y barato. 

    Esta es la finalidad del ahora infame Proyecto 2025 del Heritage Foundation. Esta amplia guía de políticas propone una estrategia doble que reclama acciones legislativas y administrativas para “limitar a las clases de inmigrantes elegibles para autorizaciones de trabajo” mientras que reemplaza el modelo adversarial de las relaciones laborales del New Deal con “un modelo más cooperativo que se lleve a cabo de la mano de los gestores [de las empresas], que se enfoque exclusivamente en el lugar de trabajo”. Además de suplantar a los sindicatos con un modelo “cooperativo” con los empleadores, el documento sugiere que se elimine el “empleo para todas y todos” del mandato de la Junta de la Reserva Federal (que dirige la política monetaria de Estados Unidos), que se promueva la “experimentación y la reforma” al permitir que los estados busquen exenciones a las leyes laborales federales y que los estándares de empleo se abran a la negociación de manera “sustantiva” a nivel de calle.

    La anulación de las protecciones laborales y de empleo se acompañan de planes para retirar progresivamente a las visas temporales H-2A y H-2B, agregar cuotas mínimas de ciudadanos empleados en contratos federales y relajar las garantías en contra de la discriminación para que “empleadores privados puedan mostrar preferencia por nuestros propios paisanos [estadounidenses]”. Entonces, la pregunta que se presenta para la era de Trump no es si el Estado por fin “aplicará” a las leyes de inmigración. Más bien, la pregunta es ¿bajo qué condiciones se aplicarán estas leyes? Podemos detectar una cierta inclinación en el hecho de que Trump ha asediado a los sindicatos de trabajadores federales y la NLRB, así como en la expansión de la gama de deportaciones. Es posible que la o el trabajador indocumentado no sea una reliquia del pasado, sino un modelo para un futuro en que todos los trabajadores devengan prescindibles, o incluso deportables, sin protección alguna.

    Existen caminos alternos posibles. En 2021, el DHS publicó un memorándum en que anunció un desplazamiento estratégico en la ley laboral: se buscó reducir la demanda por el “empleo ilegal” al no solo poner en el blanco a  los empleadores, sino al “incrementar la disposición de los trabajadores a reportar violaciones a la ley”. En 2023, el secretario del DHS Alejandro Mayorkas anunció una política nueva, llamada Acción Diferida para el Cumplimiento de la Ley Laboral [DALE o Deferred Action for Labor Enforcement], en que se utilizaría la discreción para el enjuiciamiento que presume el departamento con el fin de proteger a trabajadores no ciudadanos involucrados en acciones laborales de la deportación y remoción. El programa inscribió a 7 mil 700 trabajadores a partir de octubre del 2024. Al igual que con otros usos de la discreción de enjuiciamiento que les otorgan amnistía a víctimas de crímenes violentos y tráfico humano, DALE otorgó dos (y eventualmente cuatro) años de amnistía a aquellos trabajadores que participaban en disputas laborales. Este fue un pequeño paso hacia adelante. Cualquier política que realmente pueda considerarse protrabajadora requeriría de al menos tres elementos: el fin de la política brutal de detenciones y deportaciones administrativas, una amnistía general para los 13.7 millones de trabajadoras y trabajadores indocumentados que ya se encuentran en el país y un cambio en las tendencias de la política exterior estadounidense y del desarrollo internacional que dan pie a la migración laboral forzada en un principio. Esto implicaría nada menos que cambiar el sentido común bipartidista del sistema político estadounidense.

    Las sanciones a empleadores, en muchos sentidos, encarnaron el espíritu del momento. Al entrar en vigor en un momento de populismo álgido y una holgada desregulación, el régimen de aplicación de la ley inmigratoria en los lugares de trabajo fue una política “protrabajadora” simbólica que consiguió una amnistía mientras se fortaleció el poder del empleador sobre la fuerza laboral dividida del futuro: un futuro que ahora es nuestro presente. Lo que queda es una provisión reguladora intrusiva que se aplica de manera selectiva. Toda vez que gran parte de la comunidad empresarial quizás no estuvo de acuerdo con convertirse en la nueva vigilancia del estatus migratorio, la ley les ha otorgado a los empleadores un alto nivel de discreción para recolectar información sobre el estatus migratorio de sus empleados y utilizarla de manera agresiva, con consecuencias mínimas para los empleadores mismos. Esto ha tenido el efecto perverso de fomentar un interés por promover leyes inmigratorias punitivas entre aquellos empleadores que dependen de migrantes. Durante cuatro décadas, esta arma se ha utilizado de manera activa. Pero las escalas de la justicia tan poco equilibradas del mercado laboral, que oponen a los derechos y obligaciones laborales contra la regulación de la ciudadanía, se están inclinando hacia un solo bando a tal grado que se podrían desplomar.