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Selvas en disputa
Comentarios desactivados en Selvas en disputaLa gran selva amazónica es uno de los ecosistemas ambientales cuya transformación es más sensible, porque su deforestación puede desencadenar un efecto en cadena hacia un mundo más cálido e inestable. Por eso la preservación de la selva amazónica se ha convertido en una prioridad de las finanzas climáticas globales y los países que comparten este ecosistema, entre ellos Colombia. Será en la Amazonía donde se realizará la Cumbre del Clima de este año en Belén de Pará.
Sobre el gobierno de Gustavo Petro recayó la expectativa de reducir la deforestación nacional. Precisamente es la Amazonía -que representa el 50 por ciento del territorio colombiano, la región del país donde más se deforesta. Un fenómeno empujado por la ganadería, la tala ilegal de madera y el negocio del narcotráfico, este último liderado por grupos armados que no se acogieron al Acuerdo de Paz en 2016, y que hoy ejercen control en el comercio ilegal transfronterizo en la Amazonía.
La tarea estuvo en manos de Susana Muhamad, la ministra de Ambiente de Petro durante gran parte de su presidencia. Muhamad, hija de emigrantes palestinos, ha hecho gran parte de su carrera política al lado de Petro. Trabajó con él cuando fue alcalde de Bogotá, dirigiendo los temas ambientales, y llegó al ministerio de Ambiente en 2022 para traducir la visión de la transición energética y el desescalamiento de los combustibles fósiles de Petro.
A comienzos de este año, Muhamad dejó su cargo, en medio de diferencias por la entrada de políticos con acusaciones de corrupción al gabinete del gobierno. Sin embargo, no ha dejado de defender su vinculación con el programa del presidente colombiano y estuvo opcionada para llegar a la dirección de Planeación Nacional del gobierno este mes, aunque finalmente no llegó a ese cargo. Su liderazgo en la Cumbre de Biodiversidad que se hizo en Cali (2024) y los resultados en la lucha contra la deforestación amazónica la convirtieron en una pieza clave del programa ambiental de Petro.
Para Phenomenal World, habló con Camilo Andrés Garzón acerca de su estrategia para luchar contra la deforestación, la negociación con los grupos armados ilegales y su visión sobre cómo financiar las protección amazónica en un momento en el que los recursos que llegaban por vía de USAID y Estados Unidos se han bloqueado.
Una entrevista con Susana Muhamad
Camilo garzón: Colombia, que tiene el 6 por ciento del total del ecosistema Amazónico, recibió al menos $28 mil millones de pesos (6 millones de dólares) en ayuda para preservación amazónica. Sobre el Ministerio de Ambiente recayó ese objetivo de contener la deforestación. ¿Qué balance hace sobre el cumplimiento de esa meta a nivel nacional?
susana muhamad: Las cifras de reducción son históricas. En la serie de veintitrés años de lo que va del siglo XXI logramos las cifras de deforestación más bajas. El punto más alto de deforestación se dio en 2017, con 219 mil hectáreas deforestadas, justo en el momento en el que se firmó el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Como las Farc dejaron de ejercer su antiguo rol como autoridades ambientales, dejaron el territorio abierto para la deforestación sin control.
La deforestación que recibimos del gobierno de derecha de Iván Duque fue de 174 mil hectáreas en 2021, y el gobierno de Gustavo Petro logró reducirla en 2022 a 125 mil. Pero en 2023 fue cuando logró la cifra más baja de lo que va del siglo con 79 mil hectáreas. En 2024 hubo un crecimiento nuevamente de 107 mil hectáreas deforestadas. Esto muestra que es un resultado inestable que va a necesitar de la persistencia del Estado, porque si no se puede revertir fácilmente.
Un primer factor que explica este cambio es que frenamos la operación Artemisa, herencia del gobierno uribista de Iván Duque, que tenía un enfoque militarista para contener la deforestación. Sin perseguir militarmente a los campesinos, logramos recuperar la confianza del campesinado de esos departamentos acostumbrados a ver con sospecha al Estado por su rol represivo. La llegada del gobierno de Petro creó un espacio de oportunidad para cambiar esa relación del Estado con las comunidades y esa oportunidad la tomó el gobierno.
Entablamos un diálogo con los campesinos de los departamentos amazónicos (donde está la mayor parte de la deforestación) para entender dónde estaban, cómo se organizaban social y políticamente y así crear con ellos un programa que respondiera a las realidades en esos territorios. Nos contaron las críticas que tenían a programas de conservación previos, incluídos los de ONGs y los de cooperación internacional.
Con esa base construimos un pacto político con esos campesinos. Con un factor nuevo y es que el gobierno se comprometió con recursos económicos serios para responder a ese pacto, y así el Estado se volvió el principal financiador. A través del programa Conservar Paga, el gobierno da a los campesinos un incentivo forestal amazónico de $900 mil pesos mensuales ($216 dólares) por actividades de reforestación. De esta forma cambió la correlación con la cooperación internacional, que antes era la que principalmente ponía la plata, definía las reglas y el gobierno la seguía. Ahora es la cooperación la que se alineó con el gobierno.
La apuesta es tener un modelo productivo que muestra que sí es posible una economía diferente que regenere la selva, y no una basada en la ganadería. Este acuerdo está alineado con los procesos de paz del gobierno Petro, por lo que el Estado se sentó a hablar también con los actores armados del territorio, las disidencias de las Farc, para incluirlos dentro de la conversación sobre el objetivo ambiental de contener la deforestación.
Paralelo a la negociación con las comunidades y las disidencias de las Farc, el plan incluye reemplazar el programa Artemisa por investigación criminal para capturar directamente a los grandes deforestadores, que están muchas veces vinculados con políticos locales y ganaderos, y no a los campesinos pequeños que deforestan por subsistencia. Transformamos también la legislación territorial, para que los campesinos puedan tener la seguridad jurídica de que pueden usar el suelo para reforestar sin que se les prohíba intervenir por estar en zonas ambientalmente sensibles. Todo este paquete de medidas es lo que conjuntamente ha generado la reducción de la deforestación. Si esto se mantiene durante diez o quince años podemos mostrar que hay un modelo económico regional en la Amazonía que regenera la selva.
Cg: Usted está convencida de que este modelo de reforestación con ayudas desde el Estado puede ser una alternativa a la economía ganadera, que es uno de los factores que más ha empujado la deforestación amazónica en Colombia.
sm: Creo que estamos empezando a mostrar cómo funcionaría ese modelo económico, pero falta consolidar esos mercados de productos amazónicos y mostrar que hay producción. Esto es muy difícil porque se calcula que la ganadería extensiva y el acaparamiento de tierras invirtieron $5 billones de pesos (Más de mil millones de dólares) en 5 años. El gobierno Petro ha invertido $1 billón de pesos (237 millones de dólares) en dos años y medio y ya se acabó la plata. Hay recursos garantizados hasta 2026, pero con la crisis fiscal del presupuesto nacional se ve difícil garantizar el objetivo de invertir $600 mil millones de pesos anuales, como quería el presidente.
Cg: Usted describió que el gobierno se sentó a dialogar con las disidencias armadas de las Farc como parte de la apuesta para contener la deforestación. Pero como la negociación de paz con esos grupos no ha logrado concretarse, las disidencias empezaron a flexibilizar medidas para permitir deforestación en la Amazonía como forma de presionar al gobierno ante los problemas en la negociación. ¿Cómo reflexiona sobre la decisión de incluir a los grupos armados dentro de los planes ambientales?
sm: Yo creo que un grupo armado sin la población no puede controlar el territorio. La única forma que ellos tienen para hacerlo es a través de la amenaza y la extorsión. El Ministerio de Ambiente y las otras instituciones del sector ambiental no nos dejamos intimidar de los actores armados y persistimos haciendo presencia y hablando con las comunidades campesinas. Muestra de eso es que tuvimos funcionarios amenazados por estos grupos. El sector ambiental ha sido la resistencia política del gobierno al actor armado.
Mi apuesta es que si los campesinos recuperan la confianza en el Estado como un aliado que les ayuda y los incluye en un modelo productivo, estos actores armados van a quedar aislados de la voluntad política de la población. Hay una alianza público-popular muy seria que los deslegitima. Me preocupa que las mesas de negociación con las disidencias de las Farc sirvieron en algún momento para darles oxígeno a estos grupos –dedicados principalmente al narcotráfico y a cobrarles impuestos a los campesinos– para facilitar su expansión. Tristemente, sabemos que en las zonas donde hoy hay cese al fuego y acuerdos parciales con estos grupos es donde más se está deforestando. Es decir, los acuerdos con las guerrillas no han servido para el cumplimiento de los logros ambientales.
Yo no digo que no a las mesas de paz. Lo que creo es que la acción del Estado en los departamentos amazónicos no se puede supeditar solamente a lo que ocurra en esas mesas, pues el Estado tiene una función constitucional de trabajar con las comunidades que no puede detenerse porque la mesa de paz no avance. No podemos correr el riesgo de permitir que los actores armados usen las mesas de negociación para avanzar en sus fines político-económicos.
Cg: Brasil tiene el 60 por ciento de la selva amazónica. El gobierno de Lula Da Silva redujo la deforestación en casi un 50 por ciento entre 2022 y 2024. ¿Qué lecciones le ha dejado el caso brasileño sobre la lucha contra la deforestación? ¿Qué hace diferente el caso colombiano al de Brasil?
sm: Creo que los factores de deforestación son diferentes y la Amazonía de ambos países no es la misma. En Colombia, es la zona más conservada del país, mientras que en Brasil una región como la de Pará, que es un área industrial gigantesca, hace parte del bioma amazónico. Algo que sí nos transmitió el gobierno de Brasil es que para ellos ha sido muy importante el seguimiento que hacen de los bosques a través de sistemas satelitales de monitoreo.
Acá en Colombia se ha venido desarrollando con ayuda de cooperación internacional, por lo menos desde los últimos tres gobiernos, el sistema de monitoreo de bosques y carbono, que es una herramienta clave para el seguimiento. Como ministra yo me sentaba normalmente una vez a la semana para ver imágenes producidas por esa herramienta. Casi que inmediatamente podíamos saber dónde se estaba deforestando, y así llegar a la mesa de negociación para confrontar con datos las afirmaciones de las disidencias que decían que estaban protegiendo el bosque. También podemos ver si las comunidades campesinas están cumpliendo, predio a predio, con las metas de protección forestal, para saber si les pagamos el incentivo económico o no.
Queremos mejorar el sistema de monitoreo para ayudarnos a judicializar a grandes deforestadores. El escenario que creamos para eso es el Consejo Nacional contra la Deforestación y los Delitos Ambientales. Un programa que tuvo una financiación de la Oficina para la Droga y el Delito de las Naciones Unidas. Gracias a ese espacio pudimos identificar casos como el de Corponariño, donde once funcionarios de esa institución de protección ambiental resultaron vinculados con deforestación y otras actividades ilícitas.
Las operaciones militares y de judicialización de Brasil son gigantes. En Colombia no hemos llegado a ese nivel. También el caso colombiano es más complejo, pues en Brasil no tienen el problema de conflicto armado que sí tenemos acá.
Aunque la separación de los países no debe hacer perder de vista que las mafias que operan en la Amazonía son transnacionales, y requieren de operaciones binacionales. Las estamos haciendo con el gobierno de Brasil. La OTCA (La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica) tiene que trabajar con más rigor para hacer investigación criminal a escala del bioma amazónico, precisamente porque las presiones y los motores de la deforestación no son nacionales.
Cg: Otra de las apuestas de su Ministerio fue asegurar recursos para la protección amazónica. En 2024 creó el Fondo para la Vida, el fondo más grande que ha tenido el sector ambiental. Esto en un momento en el que el gobierno de Trump está cortando dinero de cooperación que iba dirigido a esa protección.
sm: Los Estados Unidos ponía los recursos a través de sus propias agencias, como USAID, para implementar sus proyectos. El Fondo para la Vida, por el contrario, recoge distintas fuentes de recursos nacionales: la que viene del Presupuesto General de la Nación, del Impuesto al Carbono, y del programa de sustitución de cultivos ilícitos. Todas estas son fuentes de dinero del propio Estado. Nos ayudan a no depender tanto de los recursos de la ayuda internacional.
Aunque el Fondo permite también que llegue dinero directamente de cooperación. De hecho, ya hay un acuerdo con el Banco Mundial, pero no funcionará a través de una agencia implementadora privada, sino que el que lo ejecuta es el Fondo para la Vida. Eso fortalece lo público y no solamente a las ONGS.
Como opera la cooperación para la protección amazónica es que grandes fondos se acuerdan en las cumbres del clima, pero las agencias certificadas y globales son las únicas que pueden ejecutarlos, y son las que definen los programas que luego les presentan a los ministros de Ambiente necesitados de recursos. ¿Pero dónde queda la soberanía y la gobernanza territorial? Con razón las comunidades dicen: yo lo que veo son chalecos de todos los colores aquí, pero sin ninguna unidad.
Antes la ley ordenaba que la financiación ambiental se repartiera anualmente y solamente a entidades estatales en el territorio como las corporaciones regionales. Pero eran proyectos muy pequeños, sin impactos de largo plazo. Al tener más recursos, el Fondo para la Vida puede invertir en macroprogramas que pueden ir a más actores. Por ejemplo, le estamos entregando dinero a las Juntas de Acción Comunal, que son organizaciones de ciudadanos en el territorio. Esto es una revolución financiera sobre quiénes reciben los recursos. Hoy, con el Fondo para la Vida, tenemos el programa amazónico más grande que cualquier otra institución de cooperación u ONG.
Cg: Esto ocurre en un momento en el que en las COP de clima han tomado más relevancia los créditos de carbono como una opción para que empresas y Estados reduzcan sus emisiones, y al tiempo financiar el cuidado del bosque. ¿Qué lectura hace del mercado de los créditos de carbono para los propósitos de conservación en el Amazonas?
sm: El mercado de carbono tiene dos escenarios: el mercado regular y el mercado no regulado. El mercado regular es entre Estados. Ese me parece que puede ser un mecanismo que funcione. Por ejemplo, hago un acuerdo con Japón y le digo: localice su industria en Colombia, que mi matriz energética tiene menos emisiones, y cobre esos certificados. Es una inversión buena para Colombia porque va a generar empleo y transferencia tecnológica. Y le sirve a Japón porque sus productos van a salir con menos emisiones. Eso fue lo que se terminó de reglamentar en la COP de Clima de Azerbaiyán (2024), donde Colombia fue muy activo para dejar salvaguardas ambientales.
Pero otro tema es el mercado no regulado, que es entre privados, donde hemos tenido un problema grave por los escándalos de proyectos con comunidades indígenas donde han sacado provecho especuladores financieros.
Todavía no existe una reglamentación para evitar esto, y es algo que no alcancé a dejar listo en mi tiempo como ministra. Pero espero que pueda ver la luz durante este gobierno. La idea que tiene el ministerio es regular ese mercado. Como viene operando es para beneficiar a unas empresas certificadoras e intermediarias, pero a mí no me parece que eso tenga beneficio público. Porque, por ejemplo, una empresa de aerolínea mundial, que quiere disminuir sus emisiones, le compra a un intermediario esos bonos de carbono que formuló en Colombia con unos proyectos. Pero ese intermediario está ganando con esa intermediación y no tiene ninguna corresponsabilidad social con el territorio.
Como funciona actualmente este mercado es que al Estado solamente se le registran los proyectos en curso o los que se quieren hacer, pero el Estado funciona como un notario. La idea es que pueda hacer control a esos proyectos y garantizar salvaguardas ambientales y sociales. Realmente no es un mecanismo de reducción de emisiones ni que va a acabar el problema del cambio climático. Es una forma de financiación y así hay que verlo.
Como alternativa más atractiva está un mercado de carbono interno en Colombia que ya existe, y es que las empresas nacionales pueden reducir una parte de su impuesto al carbono invirtiendo en proyectos de restauración forestal. El Fondo para la Vida puede servir para que las empresas inviertan en proyectos que tienen relevancia nacional.
Cg: Este es un momento desafiante para la izquierda latinoamericana. Por un lado, hay una parte que es muy sensible ambientalmente y conecta con la agenda de descarbonización. Por el otro, una parte viene de luchas históricas de movimientos sindicales en las industrias de petróleo e hidrocarburos. ¿Cómo mediar estos intereses aparentemente contrapuestos de la agenda ambiental de la izquierda?
sm: Ese es un debate mundial, y por eso se habla de transiciones energéticas justas. Justas tiene muchas connotaciones. Una es la pregunta sobre a quién recae la injusticia climática. Excelente que los trabajadores del petróleo tengan todas sus garantías laborales, pero dónde quedan los impactos de la gente más vulnerable al cambio climático producto de una industria que no es sostenible.
No es cierto que la industria del petróleo genere más trabajo. Es una industria realmente intensiva en capital, pero no en trabajo. Para cada unidad energética, la industria de energías renovables genera siete veces más empleo en comparación con la industria petrolera, porque implica un proceso de industrialización más amplio. La cadena de producción de paneles solares, por ejemplo, va desde un proceso de extracción de materiales hasta la puesta en marcha e incluye a la industria del mantenimiento de los paneles.
Lo importante es cómo hacer la transición de esos empleos. Un ejemplo de esto es en el departamento del César, donde por el cierre de Prodeco, una empresa de carbón, hubo un gran problema de desempleo. Pero ahora están migrando a ser dueños de la energía solar.
Lo mismo pasa con las comunidades indígenas Wayuu en La Guajira: la alternativa está entre si va a ser otro territorio de extractivismo, así sea con una energía renovable como la eólica, o vamos a lograr que las comunidades indígenas, en su territorio ancestral, sean socios de las nuevas energías.
Evidentemente, si no hay una transición justa, no va a haber transición. Lo que habrá es un movimiento popular que va a ir en contra del ambientalismo, y eso es una trampa mortal para la izquierda. Es precisamente el progresismo en su entendimiento de la dimensión social y ambiental el que debe generar la política pública que genere unas transiciones en donde lo ambiental produzca mejores oportunidades. Eso es un proceso lento, pero este gobierno le está apostando a que las industrias extractivas pesen menos en el PIB frente a los ingresos que puede generar el turismo, por ejemplo, que produce más empleo. O la agricultura, que debe transformarse hacia la agroindustria. Si no es por la vía de la reindustrialización no vamos a reemplazar el extractivismo actual.
La transición energética actual puede terminar abrazando el extractivismo con otros nombres. Podemos jugar perfectamente el rol de exportadores de minerales para la transición, y luego comprar la tecnología de punta y seguir endeudados, que es el modelo económico del extractivismo del petróleo y la minería de los últimos treinta años. La alternativa deben ser actividades económicas que sean multiplicadoras de empleo, generadores de industria y descarbonizadas.
Esta contradicción que mencionas, más que un problema de las izquierdas, me parece que es un problema para los liberales. Los liberales piensan que la transición energética es una transición tecnológica, pero no una transición de poder de producción, y eso es muy diferente. Entonces, los liberales en Francia quitan el subsidio de la gasolina por temas ambientales y producen el movimiento de los chalecos amarillos, un movimiento popular que se lo van entregando a la derecha. La Unión Europea pone medidas ambientales a la agricultura y genera un movimiento de agricultores en contra. Todo esto es porque están consultando la realidad social desde una política verde neoliberal. Las políticas verdes de la Unión Europea han fomentado los populismos de la derecha.
La izquierda debería liderar la propuesta de transición justa. La alternativa es dejarle el campo a una derecha extractivista radical, reflejada en el anuncio que hizo Trump de habilitar a la industria maderera 100 millones de hectáreas de tierras públicas donde hay bosques nativos para extracción y exportación de madera. Eso es casi el mismo tamaño en Colombia.
Cg: El reciente consejo de Ministros televisado reflejó una división del gabinete de gobierno liderada por funcionarios como usted, que objetaron la cercanía del presidente con políticos señalados de corrupción como Armando Benedetti, hoy ministro del interior. De cara a las elecciones del 2026, esto plantea la pregunta sobre si Petro se presenta aliado con sectores de la política tradicional para ser más electoralmente viable.
sm: La realidad es que es imposible hoy gobernar y ganar sin alianzas. Porque uno ve las tendencias del voto y no hay una fuerza mayoritaria en ninguna parte. Entonces hay que hacer una coalición.
La pregunta son los términos de la coalición. Al llegar al poder en 2022, quien fue el corazón de la coalición fue el progresismo, en cabeza del presidente Petro. Sus principios, sus valores, su programa político que el presidente dijo en cientos de plazas de discursos públicos en todo el país. Los valores que representan una lucha contra la corrupción, una lucha contra las mafias en el Estado.
Claro, para llegar al poder se necesitaron unas alianzas. Pero eran alianzas donde el programa del gobierno progresista era el que debía predominar. Sin decir que no se incluyan agendas y no se repartiera el poder con otros de la coalición. Especialmente si su apoyo servía para facilitar el camino en el Congreso para las reformas, algo que no pasó tanto. Entonces la reacción mía y de algunos ministros en ese consejo de ministros fue precisamente alrededor de qué valores están predominando en esa coalición del gobierno, y recordar para qué estamos aquí en el poder y para qué llegamos.
Ahora, hacia el 2026, la pregunta es si el progresismo no tiene a Petro como candidato, quién va a estar en el centro de esa coalición. Los del centro político saben que necesitan al progresismo y el progresismo que necesita al centro. Puede que ocurra un escenario como el de 2014, con Santos, donde el progresismo, en su mayoría, apoyó a Juan Manuel Santos porque defendía el proceso de paz.
En ese entonces con las mil diferencias que teníamos en política económica, se decidió que tocaba votar por Santos para apoyar el acuerdo, pero en el margen de la coalición. Ahora, en 2026, el progresismo tiene que tener un peso importante en cualquier coalición que se haga, incluso si no estamos en el centro y el candidato no viene del movimiento progresista.
Lo que nos queda es empujar muy fuertemente por resultados que le den impulso a una campaña el otro año, con políticas progresistas específicas como la reforma agraria, la transición energética y que reflejen un aumento del empleo y una reducción de los indicadores de pobreza. Esa es la carta de presentación del progresismo para el próximo año.