Category Archive: Sin categorizar

  1. Experimentos del litio

    Comentarios desactivados en Experimentos del litio

    Chile posee 190 millones de toneladas métricas de reservas de cobre, aproximadamente el 19 por ciento del total mundial, y 9,3 millones de toneladas métricas de reservas de litio, aproximadamente el 31 por ciento del suministro mundial. 1 U.S. Geological Survey, “Copper,” (<)em(>)Mineral Commodity Summaries 2025(<)/em(>) (Enero 2025). (<)a href='https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-copper.pdf'(>)https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-copper.pdf(<)/a(>); U.S. Geological Survey, “Lithium,” (<)em(>)Mineral Commodity Summaries 2025(<)/em(>) (Enero 2025). (<)a href='https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-lithium.pdf'(>)https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-lithium.pdf(<)/a(>) Cuenta también con una radiación solar de primer orden en el Desierto de Atacama y fuertes vientos costeros. Aunque desempeña un rol periférico en los asuntos internacionales, estos recursos naturales, junto con un régimen democrático estable y una sólida capacidad estatal, lo posicionan para integrarse en las emergentes cadenas de suministro verde y adquirir una mayor relevancia en medio de la fragmentación geopolítica mundial. A nivel nacional, Chile tiene la capacidad de aumentar la generación de energía verde del 19 por ciento al 40 por ciento entre 2019 y 2024. 2 EMBER, “Chile surpasses 40 percent wind and solar for the first time in December.” (Enero, 2025). https://ember-energy.org/latest-updates/chile-surpasses-40-wind-and-solar-for-the-first-time-in-december/

    Si bien existen los recursos y la capacidad, el reto de Santiago consiste en aprovechar estas ventajas para reactivar una economía estancada mediante la producción de valor añadido y la diversificación de las exportaciones. Desde la democratización en la década de 1990, los gobiernos chilenos han roto cada vez más con la ortodoxia del libre mercado para aumentar el procesamiento de valor añadido del litio y el cobre, al tiempo que han hecho apuestas ambiciosas, pero cada vez más inciertas, por el hidrógeno verde. Adicionalmente, Chile ha comenzado a renegociar las condiciones de inversión con las empresas extranjeras para reconfigurar las relaciones con las grandes potencias, buscando un mejor posicionamiento en el orden multipolar emergente.

    El presidente Gabriel Boric (2022-2026) se ha mostrado especialmente firme a la hora de apostar por un desarrollo impulsado por el Estado, exigiendo la participación directa del Gobierno en toda la cadena de valor del litio y creando empresas conjuntas diseñadas para obtener mayores rentas de los minerales críticos. Sin embargo, esta estrategia no está exenta de retos. En mayo de 2025, empresas chinas abandonaron sus proyectos de procesamiento de litio, mientras que el Ministerio de Energía anunció recientemente que Chile rebajaría sus objetivos de hidrógeno verde ante el debilitamiento de la demanda mundial. Estos reveses coinciden con la incertidumbre electoral: las elecciones presidenciales de la próxima semana cuentan con dos candidatos de todo el espectro que cuestionan la estrategia de Boric, de modo que la supervivencia de las políticas industriales de Chile sigue siendo una incógnita. Una con implicaciones para otras naciones ricas en recursos que intentan transformaciones similares. El futuro del modelo de desarrollo impulsado por el Estado chileno no solo vendrá determinado por sus políticas industriales internas, sino también por la capacidad del país para gestionar las relaciones estratégicas con las grandes potencias mundiales: Estados Unidos y China. Para tener éxito, Chile debe elevar su posición en la jerarquía económica mundial y asegurar su papel en la cadena de valor del litio.

    Política industrial en Chile

    La economía política de Chile es quizás más conocida por el papel que tuvo como conejillo de indias de la “terapia de choque”, una política de desregulación, austeridad y privatización que devastó su economía y su sociedad. Quizás menos conocida es la historia de la experimentación con la política industrial que precedió a la década de 1970. Tras la Gran Depresión, Chile, al igual que gran parte de América Latina, se embarcó en una industrialización a gran escala mediante la sustitución de importaciones. Después de que una serie de interrupciones autoritarias desestabilizara su incipiente democracia, una coalición de partidos burgueses y marxistas ganó la presidencia en 1938. Liderada por el Partido Radical, la coalición del Frente Popular creó la estrategia de desarrollo de Chile, centrada de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO).

    La CORFO dirigió la inversión hacia sectores estratégicos, como la energía, el acero, el petróleo y el refinado de azúcar, al tiempo que proporcionaba asistencia técnica y financiera al sector privado. La agencia se situó entre las corporaciones de desarrollo más autónomas y eficientes de América Latina, formando parte de unos esfuerzos más amplios de construcción estatal que incorporaron y aislaron políticamente a ingenieros y tecnócratas dentro de los ministerios, la contraloría y las empresas estatales. Este desarrollo burocrático tuvo efectos duraderos, posicionando a Chile como un Estado de alta capacidad según los estándares regionales, un legado que diferencia a Chile de la mayoría de las economías latinoamericanas actuales.

    A pesar de crear nuevas industrias e infraestructuras, el Estado desarrollista de Chile obtuvo resultados económicos dispares. Al igual que gran parte de la región, Chile aplicó un proteccionismo amplio e indiscriminado en lugar del enfoque selectivo defendido por Raúl Prebisch, de la CEPAL, quien recomendaba sustituir las importaciones de bienes de consumo, manteniendo las importaciones de bienes de capital y fortaleciendo el sector exportador tradicional. El enfoque de Chile se enfrentó a retos comunes en toda América Latina: inflación persistente, crisis recurrentes de la balanza de pagos, clientelismo generalizado, demanda interna insuficiente y una incapacidad para realizar la transición hacia la producción de bienes sofisticados.3Hirschman (1968), O’Donnell (1973)

    El controvertido legado de los esfuerzos de industrialización del pasado de Chile ha dificultado que los políticos y la sociedad civil movilicen el apoyo a nuevas iniciativas de política industrial. Pero desde la década de 1990, ha aumentado la urgencia de encontrar un nuevo modelo económico. Tras la democratización, la coalición de centroizquierda Concertación gobernó durante veinte años, aplicando lentamente políticas redistributivas y manteniendo al mismo tiempo el marco económico de la era autoritaria. En lugar de reestructurar el modelo orientado a la exportación, estos gobiernos canalizaron el crecimiento hacia programas sociales específicos, lo que redujo significativamente la pobreza y mejoró los resultados en materia de salud y educación. La estrategia generó resultados impresionantes: un crecimiento medio anual del PIB del 7 por ciento en la década de 1990 y del 5 por ciento en la del 2000, medido en términos per cápita para controlar los cambios demográficos.4 Ibid Para los 2000s, las élites políticas y económicas de Chile anunciaron con orgullo que se había convertido en la economía con el PIB per cápita más alto de América Latina. Chile emergió como un contraejemplo orientado al mercado frente a los modelos de desarrollo impulsados por el Estado de los Tigres Asiáticos.

    Sin embargo, a diferencia de las economías de Asia Oriental, el crecimiento económico de Chile a principios de la década de 2000 se debió en gran medida al auge de las materias primas. El rápido crecimiento de la demanda de cobre por parte de China y la India impulsó un notable aumento de las exportaciones chilenas. Desde principios de la década de 2010, el fin de este auge ha provocado un descenso persistente de las tasas de crecimiento.5 Toni, Paniagua y Órdenes (2025)

    Los continuos resultados económicos mediocres a lo largo de la última década y media han dado lugar a una nueva coalición política proindustrial interesada en revivir el legado de la década de 1930.

    Nuevas estrategias industriales verdes

    Por primera vez desde la década de 1960, el Gobierno de Chile ha comenzado a aplicar políticas sectoriales decisivas.

    En 2024, el presidente Gabriel Boric, del Frente Amplio de izquierda, lanzó la Estrategia Nacional del Litio, lo que puso de manifiesto la intención del Gobierno de ampliar la participación del Estado en el desarrollo económico. El objetivo del Gobierno fue ascender en la cadena de valor de las baterías mediante el establecimiento de la producción nacional de componentes de mayor valor, como materiales catódicos, ánodos y electrolitos. La estrategia del litio exige la participación directa del Estado en todo el ciclo de producción, desde la exploración y la explotación hasta la fabricación. Un elemento central de este plan es la creación de una Compañía Nacional del Litio, diseñada para coordinar empresas conjuntas estratégicas con empresas privadas.

    La estrategia buscó transformar el enfoque tradicionalmente extractivo de Chile mediante el desarrollo de conexiones ascendentes y descendentes en la cadena de valor del litio. En la parte ascendente, el Gobierno pretendía desarrollar conocimientos especializados en tecnologías avanzadas de exploración y extracción, modelización hidrogeológica, integración de energías renovables y sistemas de tratamiento de aguas. Las iniciativas descendentes se centraban en el desarrollo de procesos de refinado de compuestos de litio de alta pureza, la fabricación de materiales precursores de baterías y el posible establecimiento de instalaciones de producción de baterías en fase inicial. Este enfoque integrado reflejó la determinación del Gobierno de evitar que la extracción de litio se convirtiera en una economía de enclave, un desafío persistente que ha limitado los beneficios económicos en muchos países ricos en recursos.

    Como parte de la Estrategia Nacional del Litio, SQM (Sociedad Química y Minera de Chile), una empresa que posee concesiones para la extracción de litio, y Codelco, la empresa estatal chilena de extracción de cobre, establecieron una campaña histórica para explotar el litio en el salar de Atacama en 2023.6 Desde la época de Pinochet (1973-1990), CORFO ha asignado sus concesiones estratégicas de litio a SQM, una empresa que era estatal y se privatizó a mediados de los años 80 Esta asociación amplió los derechos de extracción de litio de SQM en la región de Atacama hasta 2060, al tiempo que aseguró la posición sustancial de Codelco dentro de la industria del litio de Chile. En particular, la estructura del acuerdo otorga a Codelco una participación minoritaria inicial que aumentará progresivamente hasta alcanzar una participación mayoritaria (50 por ciento más una acción), lo que señala la determinación de Chile de ejercer un mayor control estatal sobre sus recursos minerales críticos.

    La asociación entre Codelco y SQM opera a través de una estructura de empresa conjunta por fases en la que SQM mantiene el control general de la gestión hasta 2030, tras lo cual Codelco asume el liderazgo operativo hasta 2060. El acuerdo, formalizado a través de la filial de Codelco Minera Tarar y SQM Salar, se planteó el objetivo de una producción adicional acumulada de 300 mil toneladas de carbonato de litio equivalente entre 2025 y 2030, seguida de una producción anual sostenida de 280 mil a 300 mil toneladas a partir de 2031.7 Codelco-SQM Partnership. (<)a href='https://acuerdocodelcosqm.cl/en/codelco-sqm-partnership/'(>)https://acuerdocodelcosqm.cl/en/codelco-sqm-partnership/(<)/a(>)  La empresa se comprometió a lograr estos aumentos de producción mediante mejoras en la eficiencia de los procesos y nuevas tecnologías, en lugar de ampliar la extracción de salmuera o el uso de agua continental, abordando así las preocupaciones medioambientales que han afectado a las operaciones de Atacama. La implementación sigue dependiendo del cumplimiento de los requisitos contractuales, técnicos y medioambientales, incluidos los procesos de consulta con las comunidades indígenas afectadas. La explotación primaria del salar de Atacama, que es una de las grandes reservas de Litio en el mundo, es conducida por SQM y Albemarle (Una empresa estadounidense).

    En lugar de perseguir una mejora agresiva de la cadena de valor, la política del cobre de Chile se centra principalmente en mantener los niveles de producción y una integración modesta en las fases posteriores. El Gobierno ha apoyado las inversiones en capacidad de fundición y refinado para capturar más valor más allá de las exportaciones de mineral en bruto. Sin embargo, estos esfuerzos siguen viéndose limitados por las restricciones financieras y el dominio mundial del procesamiento del cobre por parte de China. A diferencia del litio, donde Chile busca construir cadenas de valor completamente nuevas, la estrategia del cobre es más defensiva: preservar las capacidades y la posición de mercado existentes a medida que crece la demanda de cobre para la electrificación y las infraestructuras de energía renovable.

    La tercera estrategia industrial de Chile representa una apuesta de mayor riesgo por la producción de hidrógeno verde. Si bien Chile posee ventajas competitivas, entre ellas los costos de producción potenciales más bajos del mundo, el sector se enfrenta a incertidumbres fundamentales sobre la demanda comercial y la viabilidad tecnológica que lo distinguen de los roles establecidos del litio y el cobre en la nueva economía verde mundial. En 2020, el gobierno conservador de Sebastián Piñera (2018-2022) dio a conocer una ambiciosa hoja de ruta que posicionaba a Chile como un potencial líder mundial en hidrógeno verde. Este plan establecía tres objetivos concretos: convertirse en el productor de hidrógeno verde más barato del mundo para 2030, situarse entre los tres principales exportadores mundiales para 2040 y desarrollar 5 GW de capacidad de electrólisis para 2025.8 Gobierno de Chile, Ministerio de Energía, «Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde» (noviembre de 2020), (<)a href='https://energia.gob.cl/sites/default/files/national_green_hydrogen_strategy_-_chile.pdf'(>)(<)u(>)https://energia.gob.cl/sites/default/files/national_green_hydrogen_strategy_-_chile.pdf(<)/u(>)(<)/a(>).

    Sobre esta base, en 2024, el gobierno de Boric presentó un nuevo plan de acción para orientar la inversión en hidrógeno verde hasta 2030. El plan incluye un paquete de mil millones de dólares para incentivar la inversión privada, la asignación acelerada de terrenos para proyectos de desarrollo, incentivos fiscales para las empresas que utilicen tecnologías limpias, la simplificación de los procesos regulatorios y la mejora del acceso a los sistemas de certificación internacionales.

    Estas tres estrategias —litio, cobre e hidrógeno verde— dependen en gran medida, de nuevo, de la agencia de desarrollo chilena CORFO, que está en condiciones de desempeñar un papel fundamental en la estrategia de desarrollo del país. Especialmente, tiene un rol crucial en la extracción de litio, operando bajo un régimen de propiedad distinto. Cuando el régimen de Pinochet privatizó la mayoría de las empresas estatales, el litio permaneció bajo control gubernamental por motivos de seguridad nacional. En 1979, Pinochet designó el litio como activo estratégico debido a sus aplicaciones en la tecnología nuclear, mucho antes de que las baterías impulsaran la demanda mundial.

    Esta clasificación basada en la seguridad posicionó a CORFO como la supervisora de las operaciones de litio. En la actualidad, CORFO administra concesiones en el salar de Atacama. La agencia desarrolla empresas conjuntas con el sector privado para las operaciones de extracción y procesamiento, coordina los vínculos entre las fases iniciales y finales, así como aplica programas de mitigación del impacto ambiental y social en colaboración con las comunidades locales.

    Más allá del litio, la CORFO ha sido designada para desempeñar un papel clave en la estrategia del hidrógeno verde, donde proporcionará incentivos financieros a través de subvenciones específicas y créditos fiscales, al tiempo que llevará a cabo rigurosos análisis técnicos para evaluar la viabilidad de los proyectos y maximizar el rendimiento económico.

    Desafíos geoestratégicos

    Sin embargo, las ambiciones de Chile ya han sufrido reveses que ponen de manifiesto la brecha entre los anuncios y la implementación. El fracaso más emblemático tiene que ver con el procesamiento del litio en la fase de producción: en 2018, el Gobierno celebró acuerdos con Samsung y POSCO para construir plantas de materiales catódicos para baterías de vehículos eléctricos, prometiendo la producción para 2021 con el suministro de litio garantizado por CORFO. Estas instalaciones nunca se materializaron, y los intentos posteriores de atraer a fabricantes de baterías también fracasaron, el más reciente en 2025, cuando las empresas chinas BYD y Tsingshan abandonaron sus planes de construir plantas de procesamiento de litio. 9  Reuters. South Korea’s POSCO drops plans for Chilean battery material plant. (<)a href='https://www.reuters.com/article/business/south-koreas-posco-drops-plans-for-chilean-battery-material-plant-idUSKCN1TM2LQ/'(>)https://www.reuters.com/article/business/south-koreas-posco-drops-plans-for-chilean-battery-material-plant-idUSKCN1TM2LQ/(<)/a(>); Reuters. China’s BYD, Tsingshan scrap plans for Chile lithium plants. (<)a href='https://www.reuters.com/markets/commodities/chinas-byd-tsingshan-scrap-plans-chile-lithium-plants-newspaper-reports-2025-05-07/'(>)https://www.reuters.com/markets/commodities/chinas-byd-tsingshan-scrap-plans-chile-lithium-plants-newspaper-reports-2025-05-07/(<)/a(>) Este patrón revela obstáculos estructurales que van más allá de los marcos políticos: infraestructura inadecuada, incertidumbre regulatoria y coordinación insuficiente entre las garantías de suministro de litio y los requisitos de fabricación posteriores.

    El hidrógeno verde se enfrenta a retos diferentes, pero igualmente preocupantes. En octubre de 2025, el ministro de Energía, Diego Pardow, anunció que Chile rebajaría sus ambiciosos objetivos de producción, alegando el descenso de las perspectivas de demanda mundial. La afirmación refleja un reconocimiento de que son las condiciones del mercado externo, y no sólo la política interna, las que determinan la viabilidad de estos sectores.10 El País. “Diego Pardow por el ajuste de los objetivos de hidrógeno verde en Chile: “Tendremos que hacer un chequeo de realidad.” https://elpais.com/chile/2025-10-06/diego-pardow-por-el-ajuste-de-los-objetivos-de-hidrogeno-verde-en-chile-tendremos-que-hacer-un-chequeo-de-realidad.html El ajuste, previsto antes de que concluya el actual mandato en marzo de 2026, sigue los pasos de otras naciones que han realizado reajustes similares y refleja las dificultades generales de la comercialización del hidrógeno verde en todo el mundo. 11International Energy Agency. “Low-emissions hydrogen projects are set to grow strongly despite wave of cancellations and persistent challenges.” https://www.iea.org/news/low-emissions-hydrogen-projects-are-set-to-grow-strongly-despite-wave-of-cancellations-and-persistent-challenges

    Estos reveses ponen de relieve una tensión fundamental en la experimentación de la política industrial de Chile: aunque el país posee abundantes recursos naturales y capacidad institucional a través de la CORFO, traducir las ventajas comparativas en las cadenas de valor funcionales requiere no sólo la coordinación del Estado, sino también una inversión privada sostenida, capacidades tecnológicas y condiciones favorables en el mercado mundial, elementos que siguen siendo difíciles de alcanzar a pesar de las ambiciones políticas.

    Precisamente por esta razón, la posición de Chile en el cambiante panorama mundial es vital para el éxito de sus iniciativas industriales. Si bien Estados Unidos ha mantenido históricamente una influencia significativa en América Latina, los últimos veinticinco años han sido testigos del impresionante crecimiento de China en el comercio y el desarrollo de infraestructuras. El volumen comercial de China con Chile ha aumentado enormemente: en 2024, las exportaciones chilenas a China alcanzaron los 37.820 millones de dólares, más del doble de los 15.250 millones de dólares exportados a Estados Unidos, con envíos de cobre a China por un total de 5.560 millones de dólares. 12  Trading Economics, United Nations COMTRADE database, (<)a href='https://tradingeconomics.com/chile/exports/china'(>)https://tradingeconomics.com/chile/exports/china(<)/a(>). Mientras que las exportaciones de Chile a China son principalmente de cobre y litio, sus exportaciones a Estados Unidos son más diversificadas e incluyen frutas frescas, vino, mariscos, productos de madera y minerales. Estos patrones reflejan las diferentes demandas estructurales de cada relación, a pesar del acuerdo de libre comercio en vigor con Washington desde 2004.

    Para reimaginar con éxito su trayectoria de desarrollo, Chile debe revisar sus relaciones con las grandes potencias, pasando de una postura agnóstica a una política exterior que busque activamente reequilibrar sus intereses en medio de la creciente participación de China en su sector del litio. El Gobierno ha comenzado a hacerlo iniciando empresas conjuntas con firmas extranjeras para explotar el litio y el cobre, con el objetivo de aumentar el valor añadido y facilitar la transferencia de tecnología. También está tratando de frenar la influencia de las empresas chinas en su industria del litio, en particular en SQM, la empresa privada chilena dedicada al litio.

    En 2018, Tianqi Lithium, una empresa china dedicada principalmente a la extracción y el procesamiento de litio, adquirió una participación del 23 por ciento en SQM por 4 mil millones de dólares mediante la compra de acciones que anteriormente pertenecían a la empresa canadiense de fertilizantes Nutrien.

    La compra de Tianqi provocó una fuerte oposición en Chile, lo que llevó al regulador antimonopolio del país a imponer restricciones que limitan la representación de Tianqi en el consejo de administración y sus derechos de voto. Estas medidas se diseñaron para impedir que Tianqi tuviera acceso a información sensible de SQM y para mantener la influencia del Estado sobre SQM.

    Además de mejorar la capacidad del Estado chileno para desarrollar políticas industriales, la asociación entre SQM y Codelco es también una medida geopolítica destinada a limitar la creciente influencia de China. El acuerdo se firmó sin la participación ni la notificación previa de Tianqi, a pesar de la importante participación accionarial de la empresa china en la compañía. La principal objeción de Tianqi al acuerdo se centró en motivos de procedimiento: el acuerdo debería haberse llevado a cabo mediante una licitación competitiva en lugar de una negociación directa. Además, Tianqi sostuvo que tal decisión requería una deliberación formal y una votación por parte del consejo de administración de SQM, en el que Tianqi ocupa tres de los ocho puestos.

    Aunque Tianqi elevó la disputa a la autoridad reguladora financiera de Chile, el organismo de supervisión finalmente falló a favor de la transacción. En septiembre de 2024, la Corte Suprema de Chile rechazó la última apelación de Tianqi. En abril de 2025, la autoridad nacional antimonopolio aprobó la empresa conjunta, acompañada de medidas de mitigación destinadas a restringir el intercambio de información entre competidores. Sin embargo, a finales de 2025, la asociación sigue a la espera de la aprobación crítica de los reguladores chinos, una perspectiva incierta dada la oposición de Tianqi y el interés estratégico de Pekín en proteger las inversiones en litio de sus empresas.

    Desde la década de 1990 hasta hace poco, las prioridades políticas de Estados Unidos en América Latina se centraban en Centroamérica, el Caribe y México, con una participación limitada de alto nivel en el Cono Sur. Albemarle representa una excepción: la empresa estadounidense opera en virtud de un contrato a largo plazo en Atacama y se beneficia de los vínculos establecidos a través del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile. Sin embargo, esta presencia difiere fundamentalmente de la participación más amplia de China, que combina la inversión empresarial con una activa defensa diplomática, financiación respaldada por el Estado y campañas públicas de embajadores y funcionarios que promueven los intereses empresariales. Por el contrario, la participación de Estados Unidos se ha limitado a las operaciones comerciales de Albemarle, sin el apoyo coordinado del Estado que caracteriza a las empresas chinas.

    Sin embargo, el regreso de la administración Trump en 2025 señala un posible cambio hacia una mayor participación hemisférica. Sudamérica ha ocupado un lugar destacado en la política exterior estadounidense: aumento de la presencia militar en el Caribe, amenazas de invadir Venezuela, fin de la colaboración militar con Colombia y tensiones deliberadas con Brasil tras la condena del expresidente Jair Bolsonaro por conspiración golpista. Aunque la durabilidad de este enfoque sigue siendo incierta, es probable que Estados Unidos busque un papel más importante en el sector minero chileno para contrarrestar la influencia china y crear cadenas de suministro resilientes en medio del dominio de China en el procesamiento de tierras raras y minerales críticos. Sea cual sea el nuevo equilibrio de poder, este determinará en gran medida las perspectivas industriales del país.

    El camino a seguir

    La competencia entre las grandes potencias puede llegar a subsumir los retos internos a la agenda de política industrial. En vísperas de las elecciones de diciembre de 2025, el candidato de derecha José Antonio Kast anunció que, si resultaba elegido presidente, revisaría la empresa conjunta SQM-Codelco. La candidata de izquierda Jeanette Jara defendió inicialmente una nacionalización más agresiva, antes de moderar su postura durante la campaña.

    Pero los cambios en la política comercial de Estados Unidos bajo la segunda la administración Trump, incluido el uso ampliado de aranceles e incentivos industriales, están remodelando las cadenas de suministro mundiales y alterando los patrones de competencia geoeconómica. Estos acontecimientos, aunque escapan al control directo de Chile, influirán significativamente en las oportunidades y limitaciones a las que se enfrenta la estrategia industrial verde de Chile. En particular, las perturbaciones en las cadenas de suministro establecidas podrían crear oportunidades para que Chile fortalezca sus capacidades de fabricación nacional y profundice las cadenas de valor locales en el procesamiento del litio y las tecnologías de hidrógeno.

    Para navegar por este panorama en evolución, una política industrial activa en el país debe complementar una diplomacia proactiva en el extranjero. Chile tendrá que comprometerse estratégicamente tanto con Estados Unidos como con China, promoviendo sus intereses y manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad dentro de un sistema internacional cada vez más competitivo. En febrero de 2025, por ejemplo, entró en vigor el acuerdo de libre comercio modernizado de Chile con la Unión Europea, que incluye el primer capítulo dedicado a la energía y las materias primas de la Unión Europea, diseñado para garantizar un acceso estable al litio y al cobre chilenos. La gestión de estas relaciones externas será tan crucial como la ejecución de iniciativas nacionales para asegurar el lugar de Chile en las cadenas de valor globales emergentes.


  2. Selvas en disputa

    Comentarios desactivados en Selvas en disputa

    La gran selva amazónica es uno de los ecosistemas ambientales cuya transformación es más sensible, porque su deforestación puede desencadenar un efecto en cadena hacia un mundo más cálido e inestable. Por eso la preservación de la selva amazónica se ha convertido en una prioridad de las finanzas climáticas globales y los países que comparten este ecosistema, entre ellos Colombia. Será en la Amazonía donde se realizará la Cumbre del Clima de este año en Belén de Pará. 

    Sobre el gobierno de Gustavo Petro recayó la expectativa de reducir la deforestación nacional. Precisamente es la Amazonía -que representa el 50 por ciento del territorio colombiano, la región del país donde más se deforesta. Un fenómeno empujado por la ganadería, la tala ilegal de madera y el negocio del narcotráfico, este último liderado por grupos armados que no se acogieron al Acuerdo de Paz en 2016, y que hoy ejercen control en el comercio ilegal transfronterizo en la Amazonía. 

    La tarea estuvo en manos de Susana Muhamad, la ministra de Ambiente de Petro durante gran parte de su presidencia. Muhamad, hija de emigrantes palestinos, ha hecho gran parte de su carrera política al lado de Petro. Trabajó con él cuando fue alcalde de Bogotá, dirigiendo los temas ambientales, y llegó al ministerio de Ambiente en 2022 para traducir la visión de la transición energética y el desescalamiento de los combustibles fósiles de Petro. 

    A comienzos de este año, Muhamad dejó su cargo, en medio de diferencias por la entrada de políticos con acusaciones de corrupción al gabinete del gobierno. Sin embargo, no ha dejado de defender su vinculación con el programa del presidente colombiano y estuvo opcionada para llegar a la dirección de Planeación Nacional del gobierno este mes, aunque finalmente no llegó a ese cargo. Su liderazgo en la Cumbre de Biodiversidad que se hizo en Cali (2024) y los resultados en la lucha contra la deforestación amazónica la convirtieron en una pieza clave del programa ambiental de Petro. 

    Para Phenomenal World, habló con Camilo Andrés Garzón acerca de su estrategia para luchar contra la deforestación, la negociación con los grupos armados ilegales y su visión sobre cómo financiar las protección amazónica en un momento en el que los recursos que llegaban por vía de USAID y Estados Unidos se han bloqueado.

    Una entrevista con Susana Muhamad

    Camilo garzón: Colombia, que tiene el 6 por ciento del total del ecosistema Amazónico, recibió al menos $28 mil millones de pesos (6 millones de dólares) en ayuda para preservación amazónica. Sobre el Ministerio de Ambiente recayó ese objetivo de contener la deforestación. ¿Qué balance hace sobre el cumplimiento de esa meta a nivel nacional?

    susana muhamad: Las cifras de reducción son históricas. En la serie de veintitrés años de lo que va del siglo XXI logramos las cifras de deforestación más bajas. El punto más alto de deforestación se dio en 2017, con 219 mil hectáreas deforestadas, justo en el momento en el que se firmó el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Como las Farc dejaron de ejercer su antiguo rol como autoridades ambientales, dejaron el territorio abierto para la deforestación sin control. 

    La deforestación que recibimos del gobierno de derecha de Iván Duque fue de 174 mil hectáreas en 2021, y el gobierno de Gustavo Petro logró reducirla en 2022 a 125 mil. Pero en 2023 fue cuando logró la cifra más baja de lo que va del siglo con 79 mil hectáreas. En 2024 hubo un crecimiento nuevamente de 107 mil hectáreas deforestadas. Esto muestra que es un resultado inestable que va a necesitar de la persistencia del Estado, porque si no se puede revertir fácilmente. 

     Un primer factor que explica este cambio es que frenamos la operación Artemisa, herencia del gobierno uribista de Iván Duque, que tenía un enfoque militarista para contener la deforestación. Sin perseguir militarmente a los campesinos, logramos recuperar la confianza del campesinado de esos departamentos acostumbrados a ver con sospecha al Estado por su rol represivo. La llegada del gobierno de Petro creó un espacio de oportunidad para cambiar esa relación del Estado con las comunidades y esa oportunidad la tomó el gobierno. 

    Entablamos un diálogo con los campesinos de los departamentos amazónicos (donde está la mayor parte de la deforestación) para entender dónde estaban, cómo se organizaban social y políticamente y así crear con ellos un programa que respondiera a las realidades en esos territorios. Nos contaron las críticas que tenían a programas de conservación previos, incluídos los de ONGs y los de cooperación internacional.

    Con esa base construimos un pacto político con esos campesinos. Con un factor nuevo y es que el gobierno se comprometió con recursos económicos serios para responder a ese pacto, y así el Estado se volvió el principal financiador. A través del programa Conservar Paga, el gobierno da a los campesinos un incentivo forestal amazónico de $900 mil pesos mensuales ($216 dólares) por actividades de reforestación. De esta forma cambió la correlación con la cooperación internacional, que antes era la que principalmente ponía la plata, definía las reglas y el gobierno la seguía. Ahora es la cooperación la que se alineó con el gobierno. 

    La apuesta es tener un modelo productivo que muestra que sí es posible una economía diferente que regenere la selva, y no una basada en la ganadería. Este acuerdo está alineado con los procesos de paz del gobierno Petro, por lo que el Estado se sentó a hablar también con los actores armados del territorio, las disidencias de las Farc, para incluirlos dentro de la conversación sobre el objetivo ambiental de contener la deforestación. 

    Paralelo a la negociación con las comunidades y las disidencias de las Farc, el plan incluye reemplazar el programa Artemisa por investigación criminal para capturar directamente a los grandes deforestadores, que están muchas veces vinculados con políticos locales y ganaderos, y no a los campesinos pequeños que deforestan por subsistencia. Transformamos también la legislación territorial, para que los campesinos puedan tener la seguridad jurídica de que pueden usar el suelo para reforestar sin que se les prohíba intervenir por estar en zonas ambientalmente sensibles. Todo este paquete de medidas es lo que conjuntamente ha generado la reducción de la deforestación. Si esto se mantiene durante diez o quince años podemos mostrar que hay un modelo económico regional en la Amazonía que regenera la selva. 

    Cg: Usted está convencida de que este modelo de reforestación con ayudas desde el Estado puede ser una alternativa a la economía ganadera, que es uno de los factores que más ha empujado la deforestación amazónica en Colombia.

    sm: Creo que estamos empezando a mostrar cómo funcionaría ese modelo económico, pero falta consolidar esos mercados de productos amazónicos y mostrar que hay producción. Esto es muy difícil porque se calcula que la ganadería extensiva y el acaparamiento de tierras invirtieron $5 billones de pesos (Más de mil millones de dólares) en 5 años. El gobierno Petro ha invertido $1 billón de pesos (237 millones de dólares) en dos años y medio y ya se acabó la plata. Hay recursos garantizados hasta 2026, pero con la crisis fiscal del presupuesto nacional se ve difícil garantizar el objetivo de invertir $600 mil millones de pesos anuales, como quería el presidente.

    Cg: Usted describió que el gobierno se sentó a dialogar con las disidencias armadas de las Farc como parte de la apuesta para contener la deforestación. Pero como la negociación de paz con esos grupos no ha logrado concretarse, las disidencias empezaron a flexibilizar medidas para permitir deforestación en la Amazonía como forma de presionar al gobierno ante los problemas en la negociación. ¿Cómo reflexiona sobre la decisión de incluir a los grupos armados dentro de los planes ambientales?

    sm: Yo creo que un grupo armado sin la población no puede controlar el territorio. La única forma que ellos tienen para hacerlo es a través de la amenaza y la extorsión. El Ministerio de Ambiente y las otras instituciones del sector ambiental no nos dejamos intimidar de los actores armados y persistimos haciendo presencia y hablando con las comunidades campesinas. Muestra de eso es que tuvimos funcionarios amenazados por estos grupos. El sector ambiental ha sido la resistencia política del gobierno al actor armado.

    Mi apuesta es que si los campesinos recuperan la confianza en el Estado como un aliado que les ayuda y los incluye en un modelo productivo, estos actores armados van a quedar aislados de la voluntad política de la población. Hay una alianza público-popular muy seria que los deslegitima. Me preocupa que las mesas de negociación con las disidencias de las Farc sirvieron en algún momento para darles oxígeno a estos grupos –dedicados principalmente al narcotráfico y a cobrarles impuestos a los campesinos– para facilitar su expansión. Tristemente, sabemos que en las zonas donde hoy hay cese al fuego y acuerdos parciales con estos grupos es donde más se está deforestando. Es decir, los acuerdos con las guerrillas no han servido para el cumplimiento de los logros ambientales. 

    Yo no digo que no a las mesas de paz. Lo que creo es que la acción del Estado en los departamentos amazónicos no se puede supeditar solamente a lo que ocurra en esas mesas, pues el Estado tiene una función constitucional de trabajar con las comunidades que no puede detenerse porque la mesa de paz no avance. No podemos correr el riesgo de permitir que los actores armados usen las mesas de negociación para avanzar en sus fines político-económicos. 

    Cg: Brasil tiene el 60 por ciento de la selva amazónica. El gobierno de Lula Da Silva redujo la deforestación en casi un 50 por ciento entre 2022 y 2024. ¿Qué lecciones le ha dejado el caso brasileño sobre la lucha contra la deforestación? ¿Qué hace diferente el caso colombiano al de Brasil?

    sm: Creo que los factores de deforestación son diferentes y la Amazonía de ambos países no es la misma. En Colombia, es la zona más conservada del país, mientras que en Brasil una región como la de Pará, que es un área industrial gigantesca, hace parte del bioma amazónico. Algo que sí nos transmitió el gobierno de Brasil es que para ellos ha sido muy importante el seguimiento que hacen de los bosques a través de sistemas satelitales de monitoreo. 

    Acá en Colombia se ha venido desarrollando con ayuda de cooperación internacional, por lo menos desde los últimos tres gobiernos, el sistema de monitoreo de bosques y carbono, que es una herramienta clave para el seguimiento. Como ministra yo me sentaba normalmente una vez a la semana para ver imágenes producidas por esa herramienta. Casi que inmediatamente podíamos saber dónde se estaba deforestando, y así llegar a la mesa de negociación para confrontar con datos las afirmaciones de las disidencias que decían que estaban protegiendo el bosque. También podemos ver si las comunidades campesinas están cumpliendo, predio a predio, con las metas de protección forestal, para saber si les pagamos el incentivo económico o no. 

    Queremos mejorar el sistema de monitoreo para ayudarnos a judicializar a grandes deforestadores. El escenario que creamos para eso es el Consejo Nacional contra la Deforestación y los Delitos Ambientales. Un programa que tuvo una financiación de la Oficina para la Droga y el Delito de las Naciones Unidas. Gracias a ese espacio pudimos identificar casos como el de Corponariño, donde once funcionarios de esa institución de protección ambiental resultaron vinculados con deforestación y otras actividades ilícitas. 

    Las operaciones militares y de judicialización de Brasil son gigantes. En Colombia no hemos llegado a ese nivel. También el caso colombiano es más complejo, pues en Brasil no tienen el problema de conflicto armado que sí tenemos acá.  

    Aunque la separación de los países no debe hacer perder de vista que las mafias que operan en la Amazonía son transnacionales, y requieren de operaciones binacionales. Las estamos haciendo con el gobierno de Brasil. La OTCA (La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica) tiene que trabajar con más rigor para hacer investigación criminal a escala del bioma amazónico, precisamente porque las presiones y los motores de la deforestación no son nacionales.  

    Cg: Otra de las apuestas de su Ministerio fue asegurar recursos para la protección amazónica. En 2024 creó el Fondo para la Vida, el fondo más grande que ha tenido el sector ambiental. Esto en un momento en el que el gobierno de Trump está cortando dinero de cooperación que iba dirigido a esa protección.

    sm: Los Estados Unidos ponía los recursos a través de sus propias agencias, como USAID, para implementar sus proyectos. El Fondo para la Vida, por el contrario, recoge distintas fuentes de recursos nacionales: la que viene del Presupuesto General de la Nación, del Impuesto al Carbono, y del programa de sustitución de cultivos ilícitos. Todas estas son fuentes de dinero del propio Estado. Nos ayudan a no depender tanto de los recursos de la ayuda internacional.

    Aunque el Fondo permite también que llegue dinero directamente de cooperación. De hecho, ya hay un acuerdo con el Banco Mundial, pero no funcionará a través de una agencia implementadora privada, sino que el que lo ejecuta es el Fondo para la Vida. Eso fortalece lo público y no solamente a las ONGS.

    Como opera la cooperación para la protección amazónica es que grandes fondos se acuerdan en las cumbres del clima, pero las agencias certificadas y globales son las únicas que pueden ejecutarlos, y son las que definen los programas que luego les presentan a los ministros de Ambiente necesitados de recursos. ¿Pero dónde queda la soberanía y la gobernanza territorial? Con razón las comunidades dicen: yo lo que veo son chalecos de todos los colores aquí, pero sin ninguna unidad.

    Antes la ley ordenaba que la financiación ambiental se repartiera anualmente y solamente a entidades estatales en el territorio como las corporaciones regionales. Pero eran proyectos muy pequeños, sin impactos de largo plazo. Al tener más recursos, el Fondo para la Vida puede invertir en macroprogramas que pueden ir a más actores. Por ejemplo, le estamos entregando dinero a las Juntas de Acción Comunal, que son organizaciones de ciudadanos en el territorio. Esto es una revolución financiera sobre quiénes reciben los recursos. Hoy, con el Fondo para la Vida, tenemos el programa amazónico más grande que cualquier otra institución de cooperación u ONG.

    Cg: Esto ocurre en un momento en el que en las COP de clima han tomado más relevancia los créditos de carbono como una opción para que empresas y Estados reduzcan sus emisiones, y al tiempo financiar el cuidado del bosque. ¿Qué lectura hace del mercado de los créditos de carbono para los propósitos de conservación en el Amazonas?

    sm: El mercado de carbono tiene dos escenarios: el mercado regular y el mercado no regulado. El mercado regular es entre Estados. Ese me parece que puede ser un mecanismo que funcione. Por ejemplo, hago un acuerdo con Japón y le digo: localice su industria en Colombia, que mi matriz energética tiene menos emisiones, y cobre esos certificados. Es una inversión buena para Colombia porque va a generar empleo y transferencia tecnológica. Y le sirve a Japón porque sus productos van a salir con menos emisiones. Eso fue lo que se terminó de reglamentar en la COP de Clima de Azerbaiyán (2024), donde Colombia fue muy activo para dejar salvaguardas ambientales.

    Pero otro tema es el mercado no regulado, que es entre privados, donde hemos tenido un problema grave por los escándalos de proyectos con comunidades indígenas donde han sacado provecho especuladores financieros.

    Todavía no existe una reglamentación para evitar esto, y es algo que no alcancé a dejar listo en mi tiempo como ministra. Pero espero que pueda ver la luz durante este gobierno. La idea que tiene el ministerio es regular ese mercado. Como viene operando es para beneficiar a unas empresas certificadoras e intermediarias, pero a mí no me parece que eso tenga beneficio público. Porque, por ejemplo, una empresa de aerolínea mundial, que quiere disminuir sus emisiones, le compra a un intermediario esos bonos de carbono que formuló en Colombia con unos proyectos. Pero ese intermediario está ganando con esa intermediación y no tiene ninguna corresponsabilidad social con el territorio.

    Como funciona actualmente este mercado es que al Estado solamente se le registran los proyectos en curso o los que se quieren hacer, pero el Estado funciona como un notario. La idea es que pueda hacer control a esos proyectos y garantizar salvaguardas ambientales y sociales. Realmente no es un mecanismo de reducción de emisiones ni que va a acabar el problema del cambio climático. Es una forma de financiación y así hay que verlo.

    Como alternativa más atractiva está un mercado de carbono interno en Colombia que ya existe, y es que las empresas nacionales pueden reducir una parte de su impuesto al carbono invirtiendo en proyectos de restauración forestal. El Fondo para la Vida puede servir para que las empresas inviertan en proyectos que tienen relevancia nacional.

    Cg: Este es un momento desafiante para la izquierda latinoamericana. Por un lado, hay una parte que es muy sensible ambientalmente y conecta con la agenda de descarbonización. Por el otro, una parte viene de luchas históricas de movimientos sindicales en las industrias de petróleo e hidrocarburos. ¿Cómo mediar estos intereses aparentemente contrapuestos de la agenda ambiental de la izquierda?

    sm: Ese es un debate mundial, y por eso se habla de transiciones energéticas justas. Justas tiene muchas connotaciones. Una es la pregunta sobre a quién recae la injusticia climática. Excelente que los trabajadores del petróleo tengan todas sus garantías laborales, pero dónde quedan los impactos de la gente más vulnerable al cambio climático producto de una industria que no es sostenible.

    No es cierto que la industria del petróleo genere más trabajo. Es una industria realmente intensiva en capital, pero no en trabajo. Para cada unidad energética, la industria de energías renovables genera siete veces más empleo en comparación con la industria petrolera, porque implica un proceso de industrialización más amplio. La cadena de producción de paneles solares, por ejemplo, va desde un proceso de extracción de materiales hasta la puesta en marcha e incluye a la industria del mantenimiento de los paneles.

    Lo importante es cómo hacer la transición de esos empleos. Un ejemplo de esto es en el departamento del César, donde por el cierre de Prodeco, una empresa de carbón, hubo un gran problema de desempleo. Pero ahora están migrando a ser dueños de la energía solar.

    Lo mismo pasa con las comunidades indígenas Wayuu en La Guajira: la alternativa está entre si va a ser otro territorio de extractivismo, así sea con una energía renovable como la eólica, o vamos a lograr que las comunidades indígenas, en su territorio ancestral, sean socios de las nuevas energías.

    Evidentemente, si no hay una transición justa, no va a haber transición. Lo que habrá es un movimiento popular que va a ir en contra del ambientalismo, y eso es una trampa mortal para la izquierda. Es precisamente el progresismo en su entendimiento de la dimensión social y ambiental el que debe generar la política pública que genere unas transiciones en donde lo ambiental produzca mejores oportunidades. Eso es un proceso lento, pero este gobierno le está apostando a que las industrias extractivas pesen menos en el PIB frente a los ingresos que puede generar el turismo, por ejemplo, que produce más empleo. O la agricultura, que debe transformarse hacia la agroindustria. Si no es por la vía de la reindustrialización no vamos a reemplazar el extractivismo actual.

    La transición energética actual puede terminar abrazando el extractivismo con otros nombres. Podemos jugar perfectamente el rol de exportadores de minerales para la transición, y luego comprar la tecnología de punta y seguir endeudados, que es el modelo económico del extractivismo del petróleo y la minería de los últimos treinta años. La alternativa deben ser actividades económicas que sean multiplicadoras de empleo, generadores de industria y descarbonizadas.

    Esta contradicción que mencionas, más que un problema de las izquierdas, me parece que es un problema para los liberales. Los liberales piensan que la transición energética es una transición tecnológica, pero no una transición de poder de producción, y eso es muy diferente. Entonces, los liberales en Francia quitan el subsidio de la gasolina por temas ambientales y producen el movimiento de los chalecos amarillos, un movimiento popular que se lo van entregando a la derecha. La Unión Europea pone medidas ambientales a la agricultura y genera un movimiento de agricultores en contra. Todo esto es porque están consultando la realidad social desde una política verde neoliberal. Las políticas verdes de la Unión Europea han fomentado los populismos de la derecha.

    La izquierda debería liderar la propuesta de transición justa. La alternativa es dejarle el campo a una derecha extractivista radical, reflejada en el anuncio que hizo Trump de habilitar a la industria maderera 100 millones de hectáreas de tierras públicas donde hay bosques nativos para extracción y exportación de madera. Eso es casi el mismo tamaño en Colombia.

    Cg: El reciente consejo de Ministros televisado reflejó una división del gabinete de gobierno liderada por funcionarios como usted, que objetaron la cercanía del presidente con políticos señalados de corrupción como Armando Benedetti, hoy ministro del interior. De cara a las elecciones del 2026, esto plantea la pregunta sobre si Petro se presenta aliado con sectores de la política tradicional para ser más electoralmente viable.

    sm: La realidad es que es imposible hoy gobernar y ganar sin alianzas. Porque uno ve las tendencias del voto y no hay una fuerza mayoritaria en ninguna parte. Entonces hay que hacer una coalición.

    La pregunta son los términos de la coalición. Al llegar al poder en 2022, quien fue el corazón de la coalición fue el progresismo, en cabeza del presidente Petro. Sus principios, sus valores, su programa político que el presidente dijo en cientos de plazas de discursos públicos en todo el país. Los valores que representan una lucha contra la corrupción, una lucha contra las mafias en el Estado.

    Claro, para llegar al poder se necesitaron unas alianzas. Pero eran alianzas donde el programa del gobierno progresista era el que debía predominar. Sin decir que no se incluyan agendas y no se repartiera el poder con otros de la coalición. Especialmente si su apoyo servía para facilitar el camino en el Congreso para las reformas, algo que no pasó tanto. Entonces la reacción mía y de algunos ministros en ese consejo de ministros fue precisamente alrededor de qué valores están predominando en esa coalición del gobierno, y recordar para qué estamos aquí en el poder y para qué llegamos.

    Ahora, hacia el 2026, la pregunta es si el progresismo no tiene a Petro como candidato, quién va a estar en el centro de esa coalición. Los del centro político saben que necesitan al progresismo y el progresismo que necesita al centro. Puede que ocurra un escenario como el de 2014, con Santos, donde el progresismo, en su mayoría, apoyó a Juan Manuel Santos porque defendía el proceso de paz.

    En ese entonces con las mil diferencias que teníamos en política económica, se decidió que tocaba votar por Santos para apoyar el acuerdo, pero en el margen de la coalición. Ahora, en 2026, el progresismo tiene que tener un peso importante en cualquier coalición que se haga, incluso si no estamos en el centro y el candidato no viene del movimiento progresista.

    Lo que nos queda es empujar muy fuertemente por resultados que le den impulso a una campaña el otro año, con políticas progresistas específicas como la reforma agraria, la transición energética y que reflejen un aumento del empleo y una reducción de los indicadores de pobreza. Esa es la carta de presentación del progresismo para el próximo año.

  3. Salvar el planeta, ¿para quién?

    Comentarios desactivados en Salvar el planeta, ¿para quién?

    El Polo Industrial de Camaçari, en el estado de Bahía, despertó la atención mundial tras el anuncio de la empresa BYD, en 2023, de que instalaría allí su mayor fábrica fuera de China. Inaugurado en 1978, el Polo fue el primer complejo petroquímico planificado de Brasil, una pieza central del proyecto de desarrollo de la industria nacional que se extendió hasta finales de la década de 1980. Históricamente, contribuyó al desarrollo económico, del mercado laboral y a la cualificación de los profesionales licenciados en Bahía. Sin embargo, a partir de la década de 1990, tras la apertura comercial de Brasil y las adversidades generadas por el contexto externo, atravesó algunas crisis de competitividad y significativos cambios estructurales.

    En el Polo de Camaçari siempre operaron industrias complementarias a la cadena petroquímica, pero hubo una expansión de sus actividades tras la llegada de la industria automovilística —con la instalación de la empresa norteamericana Ford en los años 2000. Tras dos décadas de actividad, la empresa cerró su planta en este centro, que vive ahora una nueva expansión sectorial: está atrayendo inversiones de fabricantes de vehículos eléctricos y empresas de energías renovables, sobre todo de origen chino. De forma emblemática, la nueva fábrica de BYD se levanta precisamente en la antigua planta de Ford.

    A lo largo de los años, el polo petroquímico se ha transformado en un centro industrial en sentido más amplio y ahora se proyecta como un centro industrial verde. Para analizar el papel del Polo de Camaçari en el proyecto de reindustrialización verde de Brasil desde la perspectiva de la clase trabajadora, Maria Sikorski, editora de Phenomenal World, habló con Alfredo Santos, secretario general de la Central Única de Trabajadores de Bahía (CUT Bahía) y coordinador para la prensa del Sindicato de Trabajadores de los sectores Químico, Petroquímico, Plásticos, Fertilizantes y Terminales Químicas (Sindiquímica) en este mismo estado.

    Una entrevista con Alfredo Santos

    Maria Sikorski: ¿Podría empezar contándonos un poco la historia del Polo de Camaçari y su relación con las diferentes etapas de la política industrial brasileña? 

    Alfredo santos: El Polo de Camaçari se construyó entre mediados de los años setenta y principios de los ochenta. Surgió como un modelo tripartito: su composición accionarial incluía capital privado nacional y multinacional y capital estatal brasileño. Había una planta de fabricación de materias primas controlada por una empresa pública, Copene (posteriormente privatizada), responsable por fomentar las industrias de segunda generación. Esa planta petroquímica constituía la base de la cadena productiva de nafta, etileno, propileno, etc. Conviene destacar la importancia de este modelo tripartito porque ejemplifica que la industrialización en Brasil solo se produjo gracias a una fuerte participación del Estado, ya sea de forma directa, como en el caso del Polo Petroquímico de Camaçari, o a través del financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Incluso las empresas privadas, tanto en la época en que se creó el Polo como ahora con las empresas chinas que se han instalado recientemente, contaron con el financiamiento del BNDES. Por tanto, quien financia la industrialización es el Estado brasileño. 

    El Polo Industrial de Camaçari siguió en expansión a lo largo de las décadas de 1980 y 1990. Sin embargo, desde la apertura comercial durante el gobierno de Collor (1990-1992) y, de forma más acentuada, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), se enfrentó a una crisis de productividad y competitividad internacional y sufrió recortes de inversión y cierres de fábricas. A principios de los años noventa, este complejo industrial empleaba a más de 30.000 trabajadores directos. A finales de la década, la cifra había descendido a poco más de 10.000.

    A partir de 2003, durante el primer gobierno de Lula (2003-2010), el Estado brasileño volvió a invertir en la industrialización, pero ahora de forma indirecta: Petrobras se convirtió en un importante inversor en los llamados “big players” de Brasil. Una de las empresas resultantes de ese proceso es Braskem —de la que Petrobras tiene actualmente el 47 por ciento de las acciones. En ese momento, hubo una cierta recuperación de la competitividad internacional, pero, por otro lado, se observó un proceso de monopolización de las plantas de fabricación de materias primas y la cadena de resinas termoplásticas en todo el país, lo que llevó al cierre de varias empresas que no podían competir con los grandes “players” —y que acabaron convirtiéndose en proveedores de sus propios competidores.

    Actualmente, el sector petroquímico brasileño se enfrenta a una crisis gigantesca. Hoy, el Polo de Camaçari no está en condiciones de competir a escala internacional. Un ejemplo es el del sector de los fertilizantes: en Brasil, se importa el 85 por ciento de los fertilizantes utilizados por el agronegocio. La cadena de termoplásticos importa cerca de la mitad de los insumos que utiliza. Esta entrada de productos importados en las cadenas petroquímicas se produce por dos razones. El coste interno de las cadenas es muy elevado en comparación con cadenas más modernas que utilizan gas en lugar de nafta. Las industrias estadounidense, árabe e india exportan un producto a un precio inferior a nuestro coste de producción nacional, debido a la escasa actualización tecnológica de nuestras plantas y a factores ambientales: Estados Unidos, por ejemplo, utiliza gas de fracking, que tiene un coste de producción mucho menor, pero es extremadamente dañino desde el punto de vista ecológico. Brasil no produce gas de fracking e incluso impone restricciones ambientales a su uso. Además, el precio del gas brasileño es muy alto: hasta cinco veces superior al estadounidense. Esto socava la competitividad internacional de nuestra industria petroquímica. Si no hay una política industrial en el país destinada a preservar el mercado interior, la tendencia es que todas esas industrias quiebren.

    MS: Se considera, nacional e internacionalmente, que Bahía es una pieza esencial del proyecto de reindustrialización verde de Brasil y la transición energética mundial. Es el estado de la federación que más produce energía renovable de origen solar y eólico del país y viene atrayendo muchas inversiones extranjeras, sobre todo chinas, en estas cadenas productivas. 

    Cuando se anunció que en el polo se fabricarían autos eléctricos de BYD y que se instalarían otras empresas chinas del sector de energías renovables, se empezó a decir que Camaçari podría convertirse en un referente de la reindustrialización verde en Brasil. Por ejemplo, cuando BYD anunció la instalación de su fábrica en la antigua planta de Ford, prometió traer al polo etapas de alto valor añadido de la cadena productiva de vehículos eléctricos, incluidas las relativas a investigación y desarrollo, además de crear miles de puestos de trabajo. La CEO de BYD para las Américas, Stella Li, declaró que el objetivo era convertir Camaçari en un “Silicon Valley brasileño”.

    Frente a la crisis del sector petroquímico, ¿es posible que la entrada de esas otras cadenas en Camaçari suponga una reactivación de su papel en el desarrollo nacional? 

    AS: La instalación de la planta de Ford, en 2001, dio inicio a la cadena automovilística en el Polo de Camaçari. Después de 20 años, Ford cerró sus operaciones y, recientemente, empresas chinas como BYD han empezado a invertir en esta cadena. Otras empresas chinas de energías renovables, como Sinoma y Goldwind, también están instaladas allí. Pero, si bien hay una promesa de que la planta de BYD funcionará realmente como una fábrica, por el momento esas empresas sólo operan como ensambladoras, prácticamente maquiladoras.

    Para atraer las operaciones de BYD a Bahía se propusieron algunas ayudas estatales. El gobierno de Bahía, por ejemplo, determinó la exención del impuesto vehicular a los autos eléctricos a partir de 2024. Se ofrecieron subvenciones estatales para que la empresa china se instalara en la antigua planta de Ford, además del financiamiento del BNDES. De momento, BYD solo ensambla sus autos en Camaçari. Hay una promesa de que esto cambiará en el futuro, pero por ahora, las etapas de mayor valor añadido de su cadena no están en Bahía.

    El centro petroquímico tiene un gran potencial para producir baterías, pero de momento las baterías de los autos eléctricos no se fabrican allí. Hay potencial para el procesamiento del litio y para la producción de piezas en la industria del plástico. Se podrían fabricar los vehículos allí, pero hasta ahora la promesa de BYD no se concretó.

    La cuestión es: ¿qué contrapartida se podría exigir a esas empresas? Este es el papel del Estado brasileño en la reindustrialización. Si las fábricas funcionan como meras ensambladoras, ¿qué ganamos con esto? Ahora bien, si el Estado exigiera que, en un determinado periodo, BYD se beneficiara del litio existente en territorio nacional y fabricara las baterías en Brasil, que utilizara industrias locales para fabricar piezas, es decir, que realmente trajera otras partes de su cadena productiva a Brasil, tendríamos otro escenario.

    En el pasado, hubo un debate similar en la industria petroquímica. La política nacional respecto a los productos de la cadena productiva de petróleo —que se abandonó tras el golpe de 2016— determinaba que las industrias que prestaran servicios a Petrobras deberían fabricar una parte de su maquinaria en Brasil. La industria naval del país renació durante ese periodo y, cuando dejó de exigirse un porcentaje de piezas producidas localmente, se produjo otra crisis.

    Sin subvenciones o ayuda, la industria brasileña no podrá competir con las industrias extranjeras. No hay industrialización sin participación del Estado. Sin exigir contrapartida a las inversiones [a empresas] extranjeras, ya sean estadounidenses, chinas o de cualquier otro país, el proyecto de industrialización de Brasil se limitará a desempeñar un único papel en la política industrial de otros países. Ninguna empresa decide expandir sus operaciones en otro país de forma altruista. Lo hace por interés propio. Y las inversiones, independiente de su origen, siempre son algo positivo. El tema es qué podemos exigir a los inversores para satisfacer también nuestros intereses nacionales.

    Durante muchos años, la industrialización brasileña fue muy dependiente de Estados Unidos. Si simplemente cambiamos el imperialismo estadounidense por el chino, vamos a tener el mismo resultado. No podemos limitarnos a satisfacer los intereses de los que vienen a invertir. A los inversores extranjeros les interesa garantizar sus beneficios. ¿Qué gana el país al subvencionar los beneficios ajenos?

    MS: ¿Qué opina el movimiento sindical de Bahía del papel que juega el programa Nueva Industria Brasil (NIB) en la promoción del interés nacional en este proyecto de reindustrialización verde del país?

    AS: Hasta ahora, Nueva Industria Brasil es un plan que todavía está en el papel. Es difícil analizarlo sin pensar su impacto real a través de datos, y todavía no se ha demostrado a qué vino. Pero hay algo que es necesario tener en cuenta cuando se habla de industrialización verde: ¿quién pagará el precio?

    En el movimiento sindical decimos un poco en broma “bueno, el etanol es un combustible más limpio que la gasolina, pero prefiero trabajar en Petrobras que en una fábrica de producción de etanol”. Reducir el coste de la fuerza laboral no es lo que debería hacer económicamente viable la industria verde. Y lo que observamos es que en los sectores supuestamente más sostenibles de la industria actual están los puestos más precarios. Si el biodiésel tiene un coste de producción superior al del diésel, ¿cómo hacer para que esa alternativa verde llegue a las gasolineras por el mismo precio? ¿Precarizando la mano de obra en la cadena productiva del biodiésel? Imposible. 

    Esta es una contradicción que no existe sólo en Brasil, sino en todo el mundo: las industrias sucias, las más antiguas, son las que ofrecen las mejores condiciones de trabajo, incluso desde el punto de vista de la salud de los trabajadores. Basta con comparar las condiciones de trabajo en una refinería de caña de azúcar o para los recolectores en una planta de reciclaje de aluminio. Algunos dirán que los recolectores de residuos no forman parte de la industria del reciclaje, pero lo cierto es que ésta sólo existe en Brasil gracias a ellos. Brasil es el país que más aluminio recicla, no porque tiene un gran proyecto de logística inversa, sino porque hay un montón de miserables que se dedican a recolectar latas para sobrevivir y que, al hacerlo, fomentan una cadena productiva que es extremadamente rentable.

    Los autos eléctricos son otro ejemplo: debido a la tecnología que se utiliza, el sector genera menos puestos de trabajo que la industria de los autos de combustión. Es una ingeniería mucho más sencilla: el vehículo eléctrico tiene carrocería, batería y motor, mientras que el de combustión tiene cárter de aceite, correa, filtro, culata, pistón, biela. Es decir, se necesitan varias fábricas más para suministrar los productos y piezas que necesita esta industria.

    Las críticas del movimiento sindical a las cadenas de energía renovable siguen esta misma línea. Actualmente, Bahía es el estado que más produce energía limpia en Brasil y básicamente “exporta viento” a las regiones Sur y Sudeste sin ninguna contrapartida para las comunidades donde se instalan los parques eólicos —que tienen un enorme impacto social y ambiental—, o los paneles solares.

    Al mismo tiempo, las partes de la cadena productiva que generan más puestos de trabajo, como las fábricas de turbinas, paneles fotovoltaicos y piezas de recambio, no están aquí. Nos quedamos con la peor parte de toda la cadena: la de mayor impacto y menor rentabilidad. Se trata de una reproducción, entre regiones de Brasil, de la misma dinámica global que se observa entre países del centro y de la periferia del capitalismo. ¿Acaso el papel del Nordeste en la industrialización brasileña se reducirá a generar energía y créditos de carbono que se consumirán en el Sur y el Sudeste? El Nordeste es la región de Brasil que más energía solar produce, pero no cuenta con ninguna fábrica de paneles fotovoltaicos. 

    En el mismo sentido, creo que el NIB debería incluir un debate geopolítico sobre los objetivos de industrialización verde de Brasil. ¿Vamos a pagar la transición energética de los países que históricamente más contaminan? ¿Será nuestro papel generar energía limpia y créditos de carbono para el consumo de los países del Norte global? Una vez más, será la parte más débil del eslabón la que pagará la transición energética. 

    Hasta ahora, al parecer, las partes que tienen menos valor añadido, de menor complejidad y que generan menos puestos de trabajo en las cadenas productivas verdes son las que se quedan en Brasil u otros países periféricos. Se renueva el papel de los países periféricos en la división internacional del trabajo: los empleos más precarios permanecen aquí y los más tecnológicos y bien remunerados en el centro del capitalismo. Así que, desde el NIB, sería necesario crear un diálogo sobre ese interés chino en instalarse en Brasil. Para exigir, por ejemplo, alguna contrapartida a la subvención estatal que nos permita revertir esa situación de subordinación en la división internacional del trabajo.

    Por supuesto, estamos a favor de promover la industria verde, pero sostenemos que debería ir acompañada de ayudas estatales. El Estado, y no los trabajadores, debe pagar la transición. Si la viabilidad económica del biodiésel viene de la precariedad de la fuerza laboral, entonces el Estado está imponiendo a los trabajadores que paguen la transición energética. Nosotros, en cambio, estamos a favor de una transición energética realmente justa.

    MS: Entonces, ¿cómo se podrían resumir las reivindicaciones del sindicalismo para la reindustrialización verde de Brasil?

    AS: La reivindicación del movimiento sindical para la reindustrialización verde es que no se pierda de vista que los trabajadores son una parte fundamental de este proceso. Tanto la cantidad como la calidad, la remuneración y otras condiciones de los puestos de trabajo creados por la industrialización verde deben ser iguales o mejores que las observadas en los procesos de industrialización anteriores. No se puede seguir utilizando, de ninguna manera, la precariedad laboral como mecanismo para hacer económicamente viable la industria verde. La transición energética tiene que ocurrir, el planeta no puede esperar, pero hay que tener en cuenta que los trabajadores también forman parte del planeta. Si sacrificamos a los trabajadores, ¿a quién salvaremos con la transición?