Derivas energéticas

La estatal petrolera venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) ha sido fundamental en el gobierno de Nicolás Maduro y en el proyecto chavista en general. Sin embargo, la empresa ha sufrido una dramática caída en su capacidad de producción desde 2014, a pesar de contar con las mayores reservas de crudo del mundo. De producir 3 millones de barriles diarios de crudo en 2013 y representar el 96 por ciento de los ingresos por exportación del país, hoy apenas produce alrededor de 800 mil, una caída de más del 70 por ciento que golpeó la financiación de programas sociales. La situación se vio agravada por una crisis hiperinflacionaria. Las divergencias políticas causadas por los recientes resultados electorales sólo han tensionado aún más el contexto social. 

El alcance estructural de esta crisis da cuenta del papel central que la industria petrolera venezolana ha desempeñado en el modelo de desarrollo económico del país, que, al descansar en una dependencia del petróleo como principal producto de exportación, ha dejado a varios sectores de la economía vulnerables a los choques externos, con impactos en los servicios sociales y el empleo. Desde la elección de Chávez en 1999, la relación del Estado con la industria petrolera entró en una nueva era de control gubernamental y partidista. Pero la promesa del modelo chavista de que un mayor control sobre la industria financiaría un estado de bienestar ampliado comenzó a debilitarse a medida que se perdían inversiones y la producción declinaba durante la primera década del siglo. 

Más recientemente, las transformaciones en la geopolítica del petróleo han restringido la política local. El régimen de Maduro se ha visto obligado a sortear las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos desde 2014. Después de 2019, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra Pdvsa y el Banco Central. Estos cambios han precarizado aún más las finanzas de la empresa, y han movido al país a tratar de estrechar más sus relaciones con China, Rusia e Irán para mantener la supervivencia política del régimen. Sin embargo, esta apuesta de realineamiento mantiene al petróleo como bien de exportación principal, dejando a Venezuela dependiendo de las fluctuaciones internacionales de su precio. En el horizonte económico del régimen de Maduro, el futuro sigue dependiendo de los hidrocarburos.

Desarrollo y dependencia

Desde el “reventón” del pozo Barroso II en 1922, el petróleo ha sido el eje central de la economía y la política venezolana. Su explotación comercial marcó el inicio de la transformación más profunda en la estructura de la república. Con el fin de los mandatos dictatoriales y el alba de la democracia, la segunda mitad del siglo XX estuvo marcado por un proceso acelerado de urbanización y modernización, financiado casi exclusivamente por los ingresos petroleros. Este crecimiento fue especialmente notable en las décadas de 1950 a 1970, un período durante el cual el país disfrutó de un alto crecimiento económico y mejoras sustanciales en la calidad de vida de sus ciudadanos. Este periodo culminó con la creación de Pdvsa, en 1976. 

La bonanza petrolera permitió la construcción de infraestructura, la expansión de los servicios públicos y por primera vez el ascenso de una clase media. Además, la nacionalización de la industria petrolera, a través de la fundación de Pdvsa, aseguró el control estatal de la renta petrolera, lo que incentivó un gasto público elevado sin una base tributaria sólida. El Estado se convirtió en el principal proveedor de bienes y servicios, relegando al sector privado. Este modelo sentó las bases para el Estado rentista que inspiraría y sostendría al chavismo años después.

Sin embargo, este aparente progreso vino acompañado de una creciente dependencia, lo que dejó al país vulnerable ante las fluctuaciones del mercado internacional. Los ciclos de auge y caída de los precios del petróleo a partir de 1973 revelaron las vulnerabilidades de este modelo. Al asumir la presidencia en 1994, Rafael Caldera se enfrentó a una crisis bancaria que devastó el sistema financiero, forzandolo a recurrir al FMI y aplicar la «Agenda Venezuela» para estabilizar la economía. Su gobierno promovió la apertura petrolera, que permitió a Pdvsa liderar la inversión y recuperar el crecimiento en 1997. 

Entre 1989 y 1998, Pdvsa se posicionó como una de las cinco empresas petroleras más grandes del mundo con un crecimiento interanual de 7.5 por ciento y con una producción que alcanzó los 3.3 millones de barriles diarios (Mb/d) ¹. Desde su constitución hasta 1999, Pdvsa también se distinguió por su componente innovador en la industria de hidrocarburos a nivel internacional. 

Sin embargo, con la caída de los precios del petróleo durante la crisis financiera asiática de 1997-98, el país se vio forzado a crear el Fondo de Estabilización Macroeconómica y a privatizar empresas estatales para mitigar la volatilidad. A pesar de estos esfuerzos, el deterioro institucional y la insatisfacción persistieron y prepararon el terreno para la victoria de Hugo Chávez en las elecciones de 1998.

Bienestar petrolero

Con la victoria electoral de Hugo Chávez en 1999, el estatismo petrolero se convirtió en la principal herramienta política, financiera y geopolítica del Estado. Se aumentó el control estatal sobre Pdvsa y los ingresos petroleros se utilizaron para financiar programas sociales. A la vez, el régimen chavista llevó el modelo al extremo, lo cual consolidó la dependencia del país en la renta petrolera y el control cambiario ².

En términos legales, dos textos respaldaron la modificación del papel del Estado en Pdvsa: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Crbv) y la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001. La Constitución marcó el inicio de lo que el chavismo denominó como la «Quinta República», enfatizando el principio de soberanía nacional sobre los recursos del subsuelo. En la práctica, esto significaba que el Estado era el propietario de las reservas de hidrocarburos. Si bien es cierto que esta disposición estaba estipulada en previas leyes de hidrocarburos, la nueva constitución enfatizó las funciones del Estado para prevenir la marginalización del poder ejecutivo de las decisiones de la industria. 

Estos cambios legales también transformaron la relación entre el estado de bienestar y Pdvsa. A partir de 2003, Pdvsa empezó a financiar las misiones sociales por un monto equivalente a 549 millones de dólares anuales. Dos años después, en 2005, se creó el Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden), el cual era financiado por las arcas del holding petrolero. Pdvsa empezó a adquirir cada vez más obligaciones, pues, además de los impuestos que pagaba, debía atender los crecientes gastos sociales. 

La llegada de Nicolas Maduro al poder en 2013 no produjo cambios significativos. De hecho, en julio de 2014 los precios del petróleo cayeron en un 76 por ciento, lo cual afectó la deteriorada producción e inversión de la industria petrolera. En consecuencia, los programas sociales tuvieron un importante recorte pasando de $13 mil millones USD en 2013 a $5 mil millones USD en 2014. Este declive en precios acentuó la crisis social, vinculando la dependencia en los ingresos petroleros al colapso del estado de bienestar. La crisis incrementó los índices de pobreza, la escasez de bienes y servicios, y la migración más grande que la región haya experimentado. Para el primer periodo presidencial de Maduro, las exportaciones de crudo promediaron poco más del 90 por ciento del total de las exportaciones, pero con una dramática disminución de los ingresos ³. La producción del 2019 representó solamente una séptima parte de la producción de 1976.

Sanciones

Las sanciones económicas contra el régimen de Maduro deterioraron aún más las condiciones de producción de Pdvsa. El objetivo era modificar la gestión gubernamental a través de la afectación de las rentas del sector petrolero. Hasta 2017, Estados Unidos sirvió como destino importante para el petróleo venezolano. Por ejemplo, en 2015, Venezuela fue el tercer exportador de crudo a Estados Unidos más importante, detrás de Canadá y Arabia Saudita. El resultado fue que las sanciones empujaron a Venezuela a buscar realineamientos económicos con otros actores geopolíticos. 

En general, las sanciones han reducido drásticamente la capacidad del régimen para operar en los mercados globales, afectando sus ingresos petroleros y, en consecuencia, exacerbando la crisis interna. La posible reactivación o intensificación de estas sanciones en un futuro cercano podría poner en jaque cualquier intento de revitalizar el sector energético venezolano, el cual es crucial para la economía del país que aún lucha por recuperarse de años de mala gestión y aislamiento internacional.

Las sanciones de 2017 afectaron directamente al sector petrolero. Se le prohibió a Pdvsa acceder a los mercados financieros estadounidenses, se limitó la capacidad de refinanciar su deuda y de vender crudo. En enero de 2019, en paralelo a la proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado, Estados Unidos congeló $7 mil millones en activos de Pdvsa y bloqueó más de $11 mil millones en ingresos proyectados.Entonces, en un intento por generar ingresos adicionales, Maduro recurrió a la explotación de recursos no convencionales y a la venta de activos estratégicos. La explotación del Arco Minero del Orinoco y la introducción del “petro”, una criptomoneda respaldada por reservas de petróleo. Ambos resultaron ser un fracaso e incapaces de atraer la confianza de los inversores o de ofrecer una solución sostenible a la crisis de liquidez del país ⁴. El petro, la criptomoneda venezolana, fracasó debido a la desconfianza generalizada y las restricciones que enfrentó desde su lanzamiento, incluyendo los efectos de las sanciones ⁵. La explotación del Arco Minero del Orinoco benefició principalmente a jerarcas del gobierno, altos mandos militares y aliados externos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ⁶ y al grupo privado de militares rusos conocido como el Grupo Wagner ⁷.

En 2021, las exportaciones alcanzaron su nivel más bajo, con solo 3.240 millones de dólares, de los cuales apenas 104 millones fueron en oro. El petróleo desapareció de las exportaciones legales, siendo vendido clandestinamente a través de triangulaciones con tanques rusos que, mediante trasvases en alta mar, enviaban el crudo a India, que lo reexportaba a Asia, especialmente a China, con fuertes descuentos. Esta operación, no reflejada en las cifras oficiales, se vio afectada por la invasión rusa a Ucrania y las sanciones a la industria petrolera rusa, lo que impactó también a Venezuela. 

Realineamientos geopolíticos

En un escenario de aislamiento internacional y colapso económico, Maduro tuvo que apelar a alianzas estratégicas forjadas por Chávez y así valerse de un entramado geopolítico que le ha permitido a Venezuela evadir parcialmente las sanciones, mantener un flujo mínimo de ingresos petroleros y, sobre todo, asegurar la supervivencia del chavismo en un entorno internacional hostil. En esa búsqueda de nuevos socios, el sector petrolero sigue siendo la moneda de cambio del régimen. 

Bajo Chávez, el gobierno empleó los recursos de la estatal petrolera para favorecer ciertos vínculos con países de Latinoamérica, el Caribe y los continentes eurasiáticos y africanos. Por ejemplo, la iniciativa de Petrocaribe pretendía coordinar y articular las políticas energéticas de Centroamérica y el Caribe. Venezuela los abasteció de petróleo con tasas de interés bajas y posibilidad de reembolso de hasta 25 años. A cambio, Venezuela recibía productos de materias primas y agrícolas. Sin embargo, el convenio fue cuestionado por la falta de transparencia y veracidad de las transacciones. La mayoría de los países miembros habían cancelado buena parte de sus deudas con trueques de productos cuyo valor no se podía medir fácilmente ⁸. 

China ha sido un socio clave para Venezuela. El pilar de la relación entre los dos países ha sido el acuerdo de financiamiento a cambio de petróleo, el cual fue iniciado por Chavez. Desde 2007, Venezuela ha recibido préstamos respaldados principalmente por acuerdos de petróleo por deuda, como el Fondo Conjunto China-Venezuela. Bajo el mandato de Maduro, y el de Xi en China, el acuerdo sigue en pie, pero con menos efectos. China ha proporcionado cerca de 67 mil millones de dólares en préstamos a Venezuela, los cuales han sido pagados en gran medida con envíos de crudo. Sin embargo, con la caída de la producción petrolera, este acuerdo se ha vuelto cada vez menos sostenible. Los volúmenes de petróleo enviados a China han disminuido drásticamente, lo que ha llevado a Caracas a reestructurar su deuda en varias ocasiones. A pesar de estos desafíos, Beijing ha continuado apoyando a Maduro, ya no con préstamos, pero con algunas inversiones en infraestructura y tecnología, y venta de equipos militares, aunque de manera más cautelosa y condicionada que en el pasado ⁹.  

En 2023, los gobiernos de China y Venezuela firmaron un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones. Asimismo, la empresa estatal china Corporación de Industria y Ciencia Aeroespacial de China  (CASIC) asumió en 2020 el transporte de crudo venezolano como compensación parcial de la deuda venezolana con China. Pero la relación con China no se limita a la mera transferencia de recursos económicos, también incluye una dimensión estratégica. A través de su participación en proyectos de infraestructura, minería y telecomunicaciones, China ha asegurado una presencia significativa en sectores clave de la economía venezolana, como en el ámbito tecnológico, con el apoyo de empresas como Huawei y ZTE, y el plano militar. 

Por otro lado, Rusia ha sido un actor clave en la supervivencia del régimen de Maduro, ofreciendo no solo apoyo en el sector energético, sino también respaldo militar y diplomático. La relación entre Moscú y Caracas se ha intensificado en respuesta a la creciente presión de Estados Unidos y la Unión Europea sobre los gobiernos de Maduro y Putin. Para Rusia, Venezuela representa la oportunidad para desafiar la influencia de Estados Unidos en su propio hemisferio.

Rosneft, la compañía petrolera estatal rusa, jugó un papel central en la comercialización del crudo venezolano, especialmente después de la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos. En 2020, Rosneft vendió su participación en Venezuela a la empresa de seguridad RN-Okhrana-Ryazan, controlada por Roszarubezhneft, una entidad creada por el gobierno ruso. Esto le permitió a Rusia seguir explotando los yacimientos petrolíferos venezolanos a través del Consorcio Petrolero Nacional (CPN). Filiales de Rosneft, como Rosneft Trading y TNK Trading International, fueron sancionadas por su papel en la comercialización del crudo venezolano ¹⁰ en una clara respuesta de Estados Unidos para frenar los beneficios que habían obtenido ambos gobiernos ¹¹. 

A través de una red de empresas y transacciones complejas, Rosneft ayudó a Maduro a evadir las sanciones y mantener un flujo constante de exportaciones de crudo, principalmente hacia mercados asiáticos, que representaron el 64 por ciento de las exportaciones de crudo en 2023, antes de que la administración de Biden hubiera aliviado temporalmente las sanciones ¹² . 

Quizás una de las alianzas más sorprendentes y menos predecibles ha sido la de Venezuela con Irán, especialmente en el contexto de la crisis de combustible que enfrentó el país a partir de 2019. Con su infraestructura de refinación casi en ruinas y bajo el peso de las sanciones, Maduro recurrió a Irán, un país que también se enfrenta actualmente a un severo régimen de sanciones internacionales, para obtener ayuda con el suministro de combustible. Irán, desafiando las sanciones impuestas por Estados Unidos, envió varios cargamentos de gasolina, inaugurando así una nueva fase de cooperación entre dos regímenes aislados por Occidente. A cambio, Venezuela ha proporcionado acceso a oro y otros recursos estratégicos, fortaleciendo una relación basada en la necesidad mutua de evadir las restricciones económicas impuestas.

Pero la cooperación entre Caracas y Teherán se ha extendido más allá de los envíos. Irán ha proporcionado asistencia técnica para la reactivación de refinerías venezolanas y ha enviado repuestos y materiales necesarios para la producción de combustibles, en un esfuerzo por mitigar el colapso de la industria de refinación en Venezuela. Las relaciones con Rusia e Irán también tienen una dimensión simbólica importante. Al presentarse como un aliado de potencias eurasiáticas, en desafío a la hegemonía estadounidense, Maduro ha podido proyectar una imagen de resistencia en el escenario internacional, alineándose con la narrativa multipolar que tanto promovió Chávez. 

Mediante este proceso de realineamientos políticos, empujado por las sanciones mismas, Venezuela entró de lleno a un circuito de evasión, mediante la venta de petróleo con flotas no reguladas y las transacciones realizadas en renminbi. Este esquema le ha permitido continuar exportando crudo pese a las restricciones, utilizando sistemas financieros alternativos fuera del control occidental, lo que debilita la efectividad de las sanciones ¹³. 

Horizontes inciertos

En 2023, la administración Biden alivió temporalmente algunas de las sanciones para incentivar elecciones libres. Largas conversaciones y al menos seis reuniones entre el régimen de Maduro y la oposición partidista venezolana en Doha llevaron a los Acuerdos de Barbados, con una serie de compromisos políticos y una licencia para la producción, extracción, venta y exportación de petróleo desde Venezuela. Sin embargo, las sanciones se volvieron a activar a mediados de 2024 como respuesta al Tribunal Supremo venezolano, que ratificó la inhabilitación electoral de la candidata opositora María Corina Machado.

La amenaza de reanudar sanciones se cierne sobre la cúpula chavista en el marco de una negociación que podría alcanzar un punto crítico el 10 de enero de 2025, cuando Nicolás Maduro debería asumir oficialmente la presidencia. La reelección de Donald Trump en Estados Unidos añade incertidumbre, ya que podría optar por reinstaurar sanciones contra el régimen de Maduro, intensificando la presión de Washington.

Paralelamente, el Departamento del Tesoro de EEUU renovó la Licencia General 41, permitiendo que Chevron continúe sus operaciones limitadas en Venezuela hasta abril de 2025, bajo ciertas restricciones. Esto sugiere una estrategia dual de parte de Washington: mantener algunos canales económicos abiertos para empresas estadounidenses mientras se preserva la capacidad de ejercer presión política sobre el gobierno venezolano. Esta dinámica influirá en las decisiones políticas en Caracas.

Ante este contexto geopolítico, el régimen venezolano enfrenta la urgencia de revitalizar su sector energético en medio de un colapso económico. La exploración de nuevos pozos en la Faja Petrolífera del Orinoco —que alberga las mayores reservas de crudo pesado del mundo y ha sido históricamente subexplotada— se ha convertido en un pilar de su estrategia para revertir la caída en la producción. La colaboración con Chevron, autorizada desde 2022 bajo una licencia especial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha permitido a la empresa estadounidense reanudar planes de perforar hasta treinta nuevos pozos en la Faja para 2025 y aumentar la producción conjunta con Pdvsa en un 35 por ciento, hasta alcanzar los 250,000 barriles diarios. Sin embargo, las sanciones limitan a Chevron, que no puede expandir sus operaciones a nuevos campos ni distribuir dividendos a Pdvsa, manteniendo el control de Washington sobre el régimen mientras Pdvsa intenta sostener su sector energético.

Además, la exportación de gas natural desde Venezuela hacia Colombia y el descubrimiento de petróleo en Guyana se han vuelto cruciales. El proyecto de exportación de gas a Colombia tiene una relevancia política significativa, especialmente en el contexto actual, donde Colombia ha ofrecido mediar en la crisis de legitimidad en Venezuela, y Venezuela, a su vez, actúa como garante en los diálogos de «Paz Total» promovidos por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, este doble rol de mediador y garante pone al proyecto bajo una intensa presión política, tanto interna como externa. Adicionalmente, las capacidades gasíferas de Venezuela, así como el estado del gasoducto, ponen en duda su viabilidad ¹⁴. 

Por otra parte, los descubrimientos y la creciente producción petrolera de Guyana han exacerbado una disputa territorial de larga data entre ambos países, centrada en la región del Esequibo, rica en recursos naturales, pero especialmente por su zona económica exclusiva para yacimientos offshore. Mientras Guyana avanza en la explotación de esos yacimientos con el respaldo de multinacionales como ExxonMobil y Chevron, Venezuela ha intensificado sus reclamos sobre la región, lo que ya ha afectado la estabilidad regional y ha elevado las percepciones de riesgo geopolítico en la zona. 

Por ahora, la apuesta de Maduro sigue anclada al petróleo. En un contexto internacional hostil, el régimen busca en el petróleo y en Pdvsa una vía de supervivencia, utilizando estos activos para mantener alianzas y explorar nuevos mercados que le permitan generar riqueza y sostenerse ante presiones externas inmensas.