World
Desde que asumió el cargo en mayo de 2022, el presidente costarricense Rodrigo Chaves ha anunciado su intención de reformar el sector eléctrico del país. En octubre de 2023, su Gobierno presentó la Ley 23.414 para otorgar a las empresas privadas un papel más destacado en el sector energético, actualmente dominado por el Estado, tanto en la generación como en la transmisión de electricidad.
Para la primavera de 2025, los debates legislativos sobre el proyecto alcanzaron pleno apogeo, ya que supuso el inicio de un esfuerzo sin precedentes para promover la privatización de la energía. Presentada como una “armonización del sistema eléctrico nacional”, la Ley 23.414 propone desmantelar uno de los sectores eléctricos más estables y con clara orientación social en toda América Latina. Los defensores de la industria afirman que no sólo atraerá la inversión privada y reducirá los costes, sino que también logrará una mayor competencia e inversión en energías renovables, necesarias para satisfacer la creciente demanda y garantizar un servicio fiable.
La amenaza sobre los racionamientos de energía que el país experimentó en mayo de 2024 fueron interpretados por algunos sectores como “una prueba” de la mala gestión del Estado, capaz de ser atendida mediante las iniciativas de privatización. No obstante, como ha advertido la organización ecologista FECON (Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza), “la privatización significa sustituir un modelo universal por otro que garantizará los negocios privados a costa del servicio social de la electricidad”. En realidad, el racionamiento eléctrico anunciado el año pasado finalmente se evitó, pero el riesgo subyacente fue causado por la falta de lluvias, lo cual representa la columna vertebral del sistema eléctrico de Costa Rica. En el país la crisis climática podría provocar, al menos, una crisis energética profunda y la privatización no parece ser una solución integral.
La apuesta de Chaves por privatizar la electricidad puede interpretarse en el contexto del auge actual de figuras de derecha que aplican políticas neoliberales bajo el auspicio de reacciones populistas contra el “establishment”. Su victoria se produjo tras la pandemia de Covid-19, durante la cual Costa Rica, muy dependiente del turismo, se vio gravemente afectada por las restricciones de viaje y los confinamientos. Chaves, antiguo empleado del Banco Mundial y quien fuera expulsado de su puesto por acoso sexual, profesa una narrativa antisistema, su Gobierno ha intentado borrar lo que queda del Estado socialdemócrata de Costa Rica.
Desde la década de 1980 Costa Rica, reconocida por su singular Estado de bienestar manifiesto en su sólido sistema de educación pública y sanitario, y la ausencia de un ejército regular, ha sido objeto de una presión cada vez mayor por parte de las instituciones financieras internacionales y las reformas neoliberales. Bajo la presidencia de Óscar Arias (2006-2010), el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos conocido como CAFTA-RD1El CAFTA-RD (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos) fue firmado en 2006, como un acuerdo que busca establecer una zona de libre comercio entre Estados Unidos y siete países de la región: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana. El acuerdo ha logrado presionar al gobierno de Costa Rica en la modernización de la legislación energética del país y en el aumento de sus exportaciones al mercado regional, fue aprobado por un estrecho margen en un referéndum nacional, a pesar de la oposición masiva de la sociedad civil. El acuerdo supuso un punto de inflexión hacia políticas más orientadas al mercado. La actual propuesta de reforma se basa en este impulso y se centra en un elemento clave de los servicios públicos del país.
En toda la región de Centroamérica, los gobiernos han privatizado, en diversos grados, el sector energético a lo largo de los últimos treinta años: Costa Rica se abrió de forma limitada a los proyectos energéticos privados en 1990; Honduras abrió el mercado energético en 1994 y Nicaragua modificó el marco legal de la electricidad en 1995. Guatemala, El Salvador y Panamá pronto siguieron su ejemplo y, juntos, estos países establecieron un mercado regional de la electricidad. Las expectativas eran altas, no sólo por la creación de un mercado centroamericano, sino también por la esperanza de enviar exportaciones de electricidad al norte del istmo, conectando la red centroamericana con México. La línea de transmisión, SIEPAC (Sistema de Interconexión Eléctrica para Países de América Central), entró en funcionamiento en 2014, impulsando un mercado regional de electricidad que ha obligado a dar un giro hacia la privatización en todo el istmo centroamericano. A pesar de ello, Costa Rica ha logrado mantener su modelo de propiedad pública, hasta ahora.
La construcción de un gigante
El ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) ha sido una columna vertebral del sistema socialdemócrata de Costa Rica desde mediados del siglo XX. En la década de 1920 las protestas contra la American and Foreign Power Company (una filial de la Electric Bond and Share Company, que a su vez era propiedad de General Electric) llevaron a la nacionalización de toda la producción de energía hidroeléctrica. El resultado fue la creación del Servicio Nacional de Electricidad (SNE) en 1928. Sin embargo, durante la Gran Depresión, la cobertura siguió siendo limitada. No fue sino hasta después de la guerra civil de 1948 cuando el Consejo Fundador de la Segunda República, bajo la presidencia de José Figueres, estableció el ICE en 1949.
Entre 1950 y 1980, el Estado se enfocó en desarrollar planes de desarrollo a gran escala para impulsar la industrialización y el crecimiento económico. Esto incluyó empresas estatales que abarcaban desde el azúcar hasta el aluminio, la sustitución de importaciones y la inversión en tecnología e innovación. Los planes del Gobierno se basaron en el paradigma de desarrollo de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) e incluyeron la nacionalización de los bancos, la legislación sobre derechos laborales y la abolición del ejército. En la coyuntura única que marcó el fin de la guerra civil, este modelo de desarrollo contó con el apoyo de industriales, pequeñas empresas, campesinos, agricultores y trabajadores del sector público. Mientras que las facciones tradicionales de terratenientes y el clero no progresista se opusieron al mismo. La socialdemocracia costarricense también contrarrestó las demandas más radicales de cambio social de los campesinos sin tierra, los jornaleros y los grupos marginados y racializados.
El ICE tenía el monopolio estatal de la generación de energía, formando parte de un nuevo Estado socialdemócrata que proporcionaría los servicios más esenciales a sus ciudadanos y acabaría con la escasez de electricidad y el acceso inalcanzable. Los políticos consideraban que el acceso y suministro de electricidad era una piedra angular del desarrollo social, junto con la atención sanitaria, la educación y el suministro de agua. La infraestructura esencial proporcionada por el Estado tenía por objeto construir una clase media más fuerte, permitir políticas estatales a más largo plazo y, en última instancia, fomentar un crecimiento económico más equitativo.
El ICE constituyó el núcleo del modelo solidario de energía de Costa Rica, permitiendo que la energía asumiera una función elementalmente social. El suministro de electricidad se basaba en los principios de universalidad y solidaridad. El acceso a la electricidad está garantizado como un derecho público y las tarifas son uniformes en todo el territorio. Los precios se basan en el consumo y el sector. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) fija estos precios y tarifas y tiene una función mediadora. Esta estructura garantiza que las regiones remotas o económicamente marginales paguen las mismas tarifas que los centros urbanos, evitando así las asimetrías espaciales de precios que suelen producir los sistemas energéticos impulsados por el mercado.
El Estado realizó importantes inversiones para extender la red a todas las partes del país, haciendo de la equidad social un componente de la infraestructura técnica. El ICE sigue siendo el único comprador de Costa Rica. Cuatro cooperativas han sido propietarias de líneas de transmisión a menor escala y fuera de la red, y los municipios de Heredia y Cartago han suministrado energía en algunas zonas urbanas para las que tienen concesiones geográficamente definidas desde la década de 1960, mientras que el ICE es responsable de la cobertura nacional. Entre los años 60 y 90, el ICE implantó una cobertura eléctrica casi universal en todo el país y se convirtió en una pieza elemental para el desarrollo, el nivel de vida y la posición económica de Costa Rica en América Latina. El posicionamiento del país en los indicadores de desarrollo refleja el éxito de su modelo socialdemócrata durante el siglo XX.
El ICE también se ha visto influido por la movilización popular, que a menudo lo ha empujado más allá de la planificación inicial impulsada por el Estado. En la década de 1950, los consejos vecinales se negaron a pagar y organizaron marchas contra las subidas de tarifas de la American and Foreign Power Company, que aún era propietaria del sistema de transmisión de electricidad. Estas presiones finalmente lograron la nacionalización de la red en 1958, una cuestión delicada dado el contexto mundial y la implicación de los intereses estadounidenses. Tal como lo demuestran las inversiones de General Electric en las telecomunicaciones de Costa Rica.
El paulatino avance de la privatización
En la década de 1980 las protestas —en particular las lideradas por alianzas de grupos de clase baja y media— lograron frenar los aumentos en el precio de la electricidad impuestos por el ICE. Sin embargo, los programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en las décadas de 1980 y 1990 sometieron a Costa Rica a una gran presión económica. En 1990, la ley 7200 permitió la generación privada de electricidad, siempre y cuando los productores privados no superaran en conjunto el 15 % de la capacidad total. Más tarde, se permitió una mayor generación privada bajo la etiqueta “Construir, Operar, Transferir”, en la que el ICE compraría la electricidad producida de forma privada y posteriormente transferiría la planta eléctrica a la propiedad pública.
Los últimos treinta años revelan el continuo debilitamiento del ICE. El principal punto de inflexión fue el “Combo”, un paquete de reformas de privatización intentado por políticos liberales en 2000. El “Combo”, argumentaban los políticos, atraería inversiones en energía y telecomunicaciones, y para ello había que desmantelar el monopolio del ICE en la distribución de electricidad, además del de la generación. En respuesta, una amplia coalición de activistas, sindicatos, expertos, organizaciones estudiantiles y el movimiento ecologista se unieron para defender al ICE. Las movilizaciones no sólo estuvieron motivadas por preocupaciones económicas, sino también por valores culturales y políticos profundamente arraigados asociados con el ICE como pilar de la identidad costarricense. Con cientos de protestas y bloqueos de carreteras cada semana, los manifestantes casi paralizaron el país. Obligaron al Gobierno a dar marcha atrás en el “Combo” y el ICE siguió siendo de propiedad pública.
La historia del ICE es, por lo tanto, una historia de planificación estatal que responde a las demandas colectivas: desde 2021 más del 99 por ciento de los hogares están conectados a la red eléctrica. En la actualidad, el ICE se encarga de la generación, el transporte y la distribución, aunque también existen cooperativas regionales (de propiedad municipal).
No obstante, la percepción actual sobre del ICE es mucho más compleja. Desde la primera década del 2000, grupos ecologistas, especialmente en el sur de Costa Rica, han llamado la atención sobre los riesgos ambientales y sociales de las centrales hidroeléctricas. Tanto el ICE como las empresas privadas han planificado proyectos de generación de energía en numerosos ríos, tanto a mediana como a gran escala, que han encontrado una resistencia masiva por parte de la población. En particular, los activistas han criticado la planificación del ICE por ser exclusiva, verticalista e insensible a las preocupaciones de la comunidad, o por dar inicio a las construcciones de forma prematura. Los habitantes, especialmente en las zonas rurales, consideran inaceptable el desecamiento o el desvío de los ríos para el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas.
Los manifestantes han defendido con vehemencia la protección de los ecosistemas y la importancia de los ríos como espacios sociales. Una iniciativa especialmente controvertida fue el proyecto hidroeléctrico de El Diquís, que habría sido el mayor de Centroamérica, con una capacidad prevista de 650 MW. El proyecto fue planificado formalmente por el ICE en 2006, y su construcción estaba prevista inicialmente para el periodo 2009-2016. Su construcción habría significado el inundar partes del territorio de la comunidad indígena de Térraba sin la debida consulta, lo que supone una clara violación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los pueblos indígenas. Tras años de oposición por parte de ecologistas y organizaciones indígenas, el proyecto fue archivado en 2018.
La ley de “armonización”
La ley de “armonización”, presentada a principios de este año, reavivó la controversia entre una visión de la energía como un sector orientado al lucro y otra como modelo solidario. Sin embargo, a finales de marzo, la Comisión Especial de Energía decidió suspender el controvertido proyecto tras un largo debate parlamentario. La idea de una “armonización” en la propuesta del Gobierno implicaba que las empresas privadas que producen energía —propietarias de centrales hidroeléctricas de paso, aeroenergía, y centrales térmicas— estarían en igualdad de condiciones con el ICE y podrían vender electricidad directamente a los grandes consumidores. Esto sustituiría al actual sistema solidario, altamente regulado, y crearía un mercado nacional para la producción y distribución de electricidad. El Estado perdería el control sobre el sector energético, los cimientos del modelo de producción de energía que sustenta el ICE.
El suministro de electricidad no viene determinado por la competencia, sino por la necesidad de garantizar la cobertura general. Actualmente, el ICE compra electricidad a generadores privados a precios a largo plazo, pero en 2021 no renovó los contratos existentes, al considerar que las condiciones eran demasiado desfavorables para el Estado. Desde entonces, las relaciones entre el ICE y los generadores privados de electricidad han sido tensas. La Asociación de Productores Privados de Energía (ACOPE) ha instado repetidamente al ICE a utilizar la electricidad producida por las plantas desconectadas2Se refiere a las plantas privadas de generación de energía renovable que fueron desconectadas de la Red Nacional tras la decisión del Instituto Costarricense de Electricidad de (<)a href='https://www.pv-magazine-latam.com/2021/11/03/el-ice-en-costa-rica-lleva-a-la-desconexion-de-una-nueva-planta-renovable/'(>)no renovarles contrato (<)/a(>)en el año 2021. Argumentando que la demanda nacional estaba cubierta. Dado que el ICE es el principal distribuidor y compra energía a empresas privadas, teóricamente puede decidir qué plantas permanecen conectadas a la red.
Como era previsible, el sector industrial ha argumentado que los precios de la electricidad para la industria son demasiado altos, y la Cámara de Industria de Costa Rica se ha manifestado a favor de la privatización de la energía. Según la Cámara, la demanda de electricidad ha crecido mucho más de lo esperado en los últimos años, y la falta de capacidad instalada significa que se utilizan más combustibles fósiles para la generación, lo que provoca un aumento de los precios de la electricidad. Los industriales argumentan que esto puede conducir a un mayor racionamiento de la electricidad:
¿De dónde se va a obtener la energía para atender este crecimiento de la demanda? Vemos esta iniciativa de ley como una oportunidad para abrir espacio a más inversión en proyectos de generación eléctrica renovable, que venga a garantizar que los consumidores dispongamos en los próximos años de un servicio continuo, de calidad, pero en especial, a precios competitivos
Los activistas han respondido que, por supuesto, se trata de un argumento a favor de una mejor gestión, en lugar de la privatización del sector. La ANEP (Asociación Nacional de Empleados Públicos), uno de los sindicatos asociados al ICE, llegó incluso a expresar sospechas de que los directivos recientemente designados, habrían ordenado de manera deliberada la desconexión de las centrales térmicas de reserva de ICE en agosto de 2022, con el propósito de justificar posteriormente la contratación de centrales térmicas privadas en octubre de 2023, ante la reducción en la generación eléctrica de la empresa estatal.
Según ANEP, se trataba de “una planificación pensada para debilitar a la institución y así impulsar el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional […] pretendiendo así justificar la apertura (privatización) del sector eléctrico”. Parece que las plantas térmicas han cobrado ahora aún más importancia, compensando en parte la pérdida de energía hidroeléctrica fiable. En un sector basado en el mercado, el ICE seguiría asumiendo la carga: tendría que mediar en las fluctuaciones del flujo de electricidad en el sistema y respaldar la electricidad en épocas de escasez.
La pérdida de un bien común
Sindicatos, movimientos ecologistas y académicos han criticado duramente la legislación propuesta. Advierten el posible aumento de la injusticia social, ya que el incremento de los precios de la energía como consecuencia de los mecanismos de mercado afectaría especialmente a los sectores rurales y económicamente más débiles de la población. Argumentan que la electricidad, que se caracteriza por su cobertura universal y se considera un “bien común”, podría convertirse en un producto de lujo como resultado de las reformas previstas. Las ganancias se privatizarían, mientras que las pérdidas seguirían recayendo sobre el sector público, especialmente si la empresa estatal de energía, ICE, se ve obligada a comprar electricidad a empresas privadas a precios elevados.
El representante sindical Sergio Ortiz, presidente de la Asociación Sindical Costarricense de Telecomunicaciones (ACOTEL), argumentó que lo único que armonizaría la iniciativa “son los intereses privados de los grandes consumidores y generadores privados del país para que maximicen sus ganancias”. El personal de ICE también ha expresado su preocupación, subrayando que, a pesar de las continuas críticas a la institución, «una apertura podría ser incluso peligrosa de gestionar, muy delicada».3Entrevista con un ingeniero de ICE, 13 de junio de 2022.
Grupos ecologistas, como el Movimiento Ríos Vivos, temen que en un mercado desregulado, los intereses corporativos puedan impulsar la reactivación de proyectos hidroeléctricos previamente rechazados. La experiencia de países vecinos como Panamá y Guatemala muestra que las grandes centrales hidroeléctricas bajo gestión privada han provocado deforestación, pérdida de biodiversidad y desplazamiento de comunidades locales. Estos riesgos están recibiendo una mayor atención en Costa Rica, ya que la mayor apertura del mercado energético amenaza con debilitar el control democrático.
¿Energía barata o negocio transnacional?
Haciéndose eco de las demandas de la industria, Chaves prometió repetidamente “bajar las tarifas eléctricas” rápidamente —como hizo, por ejemplo, en julio de 2022— y finalmente redujo los precios en enero de 2025. Sin embargo, esto supuso importantes riesgos para el sistema, incluyendo cortes de electricidad sin precedentes. Esta decisión fue contraria a la recomendación de la ARESEP, la entidad reguladora de los precios de la electricidad, que había aconsejado un aumento del 30 por ciento en los precios en 2025, con ligeras diferencias entre el ICE y las empresas municipales de distribución, dada su deuda por las importaciones de electricidad y por las centrales térmicas privadas del año anterior.
Desde una perspectiva regional, Costa Rica tiene la red eléctrica mejor desarrollada y los precios de la electricidad más bajos. Los precios han fluctuado, ya que el ICE ha reducido los precios para los residentes en momentos en que su presupuesto lo permitía: en 2022, cuando las exportaciones eran altas, los precios al consumidor de la electricidad cayeron casi un 20 por ciento. Las ganancias se transfirieron a los consumidores y se reinvirtieron, y la ARESEP ha sido, desde 1990, responsable de una política «social» de precios de la electricidad. Contrariamente al argumento del Gobierno de que la competencia en las licitaciones para generadores privados reduciría los precios, los datos muestran que los precios aumentarían. Partiendo de la necesidad de las empresas de satisfacer a los accionistas, sería poco probable que los beneficios se transfirieran a la reducción de los precios. De hecho, es probable que los precios aumentaran.
Precio medio regulado por país en Centroamérica, 2012-2022 4(En centavos de dólar/kWh)
Los cambios institucionales previstos en la «Ley de Armonización» también tendrán un gran impacto socioeconómico: la entidad de control CENCE pasaría del ICE al Ministerio de Medio Ambiente y Energía (MINAE). Una nueva «entidad coordinadora» asumiría sus responsabilidades en la respuesta a las demandas. En una entrevista, dos representantes del sindicato energético SITET (Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y Telecomunicaciones) advirtieron que esto supone una politización del sistema: «Esta entidad técnica, el corazón del sistema, dejará de tener criterios técnicos e interferirán criterios políticos». De hecho, es cuestionable si el control del sistema cambiará con cada ciclo gubernamental y quién será responsable de tomar decisiones para evitar inestabilidades en la red.
Una y otra vez, los generadores privados han exigido la posibilidad de alimentar con su electricidad a la red transnacional. En virtud de la Ley de Armonización, las empresas privadas podrían vender electricidad directamente al extranjero a través de la red regional, convirtiéndose así en exportadores formales de electricidad. Una fuente anónima del sector energético argumentó que “el ICE lo controla todo. El ICE no permite la entrada de otros operadores, otros transmisores u otros distribuidores”. De tal forma que los productores de energía privados podrían finalmente “eludir” al ICE y pasar directamente al mercado regional. La apertura de las exportaciones también cambiaría por completo la idea de responsabilidad del sistema nacional: “Cuando vende su excedente de electricidad al resto de Centroamérica, el ICE puede poner en peligro la demanda nacional. El ICE no debe vender energía, por ejemplo, a Nicaragua o Guatemala, a un precio más rentable en lugar de suministrarla a las empresas o los hogares de Costa Rica”, explicó el portavoz sindical Jorge Coronado en una entrevista.
Evolución de la cobertura eléctrica en Costa Rica
Entre 2018 y 2022, las exportaciones de electricidad a través de la línea de transmisión SIEPAC se dispararon, y el Estado tradujo los beneficios en una reducción de los precios al consumo. Sin embargo, las escasas precipitaciones provocaron que, en 2023, las exportaciones de electricidad cayeran un impactante 86 por ciento. En 2024, el excedente de energía que los países centroamericanos podían exportar al mercado regional de electricidad se redujo un 22,8 por ciento en comparación con 2023. Esto puede significar que las perspectivas para los exportadores privados —si exportaran por separado del ICE— no son tan positivas como esperaba el Gobierno cuando presentó por primera vez los planes de privatización en 2022.
Por otro lado, el ICE, que depende en gran medida de las grandes centrales hidroeléctricas construidas entre las décadas de 1970 y 1990, no supo planificar adecuadamente los cambios en la producción de electricidad relacionados con la crisis climática. La volatilidad de las precipitaciones ya ha hecho que el funcionamiento de las grandes centrales hidroeléctricas del país sea mucho menos predecible. En 2024, entraron en condiciones críticas, con mínimos históricos en sus embalses. Junto con el cierre de las centrales térmicas y la reducción del comercio de electricidad en toda Centroamérica a través de la línea de transmisión transnacional SIEPAC, esto ha provocado una escasez de electricidad. Aunque no se pudo satisfacer la demanda, los críticos del ICE sostienen que la crisis fue provocada por el ser humano. El fenómeno de El Niño, que causó la sequía, era bien conocido y se había previsto, pero la dirección del ICE y el Gobierno lo ignoraron. Algunos incluso han afirmado que el aumento de la dependencia de las centrales térmicas privadas, a pesar de sus mayores costes, fue una elección deliberada.
La democracia energética en perspectiva
La privatización de la electricidad es sólo una parte de la agenda neoliberal clásica más amplia del Gobierno, en medio de un panorama político caracterizado por una gran desigualdad social, el aumento de la delincuencia y la creciente violencia. Un análisis realizado en 2023 por la Universidad de Costa Rica (UCR) reveló que el Gobierno de Chaves está desacreditando deliberadamente el sistema público de seguro médico, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Su Gobierno no ha ratificado el Acuerdo de Escazú, un acuerdo regional sobre la protección de los derechos humanos y medioambientales. Mientras que ha sugerido la apertura de plantas de gas y la legalización de la minería de oro. Por su parte, la impunidad respecto al asesinato perpetrado en 2020 contra Jehry Rivera –un activista medioambiental indígena cuyo liderazgo fue protagónico en la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Diquís– también pone de manifiesto el posicionamiento gubernamental de Chaves respecto a la agenda ambiental. Aunque el autor del crimen admitió públicamente su responsabilidad y un tribunal lo condenó a 22 años de prisión en febrero de 2023, la sentencia fue revocada en septiembre de 2024 y el acusado fue absuelto. Los repetidos ataques de Chaves al poder judicial y los episodios de corrupción manifiestan un paralelismo con gobiernos de derecha como los de Donald Trump o Nayib Bukele.
Aunque la Comisión de Energía ha suspendido la iniciativa del gobierno para la privatización, los debates sobre el futuro del sector energético de Costa Rica están lejos de concluir. Algunos progresistas han sugerido que la pausa es simplemente una maniobra táctica de cara a las próximas elecciones (2026). Lo que está en juego es más que un simple ajuste técnico o económico. Se trata de la preservación de un modelo de desarrollo que durante mucho tiempo ha garantizado un acceso equitativo y ha influido en el tejido social del país.
No obstante, los debates sobre alternativas para la producción de energía y la descentralización, que van desde soluciones solares hasta cooperativas energéticas de mediana escala, han alcanzado la esfera nacional. Estos modelos no sólo ofrecen la posibilidad de reducir la dependencia del país de los proyectos a gran escala, a menudo asociados a altos costes sociales y medioambientales, sino que también promueven una verdadera soberanía energética. En particular, para los pueblos indígenas y otras comunidades remotas, al tiempo que mantienen una red fiable para los costarricenses urbanos que pueden resistir la creciente crisis climática.
El incierto futuro del ICE lleva a una reevaluación del modelo solidario de Costa Rica y su lugar frente a un modelo cada vez más transnacional de producción y distribución de energía. Es probable que las soluciones técnicas orientadas al mercado no logren resolver estas tensiones fundamentales arraigadas en la identidad del Estado costarricense. De allí la relevancia que suscitan los debates respecto al control democrático del suministro energético a través de la participación política, la autodeterminación social y la soberanía.
Archivado bajo
