Chile posee 190 millones de toneladas métricas de reservas de cobre, aproximadamente el 19 por ciento del total mundial, y 9,3 millones de toneladas métricas de reservas de litio, aproximadamente el 31 por ciento del suministro mundial. 1 U.S. Geological Survey, “Copper,” (<)em(>)Mineral Commodity Summaries 2025(<)/em(>) (Enero 2025). (<)a href='https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-copper.pdf'(>)https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-copper.pdf(<)/a(>); U.S. Geological Survey, “Lithium,” (<)em(>)Mineral Commodity Summaries 2025(<)/em(>) (Enero 2025). (<)a href='https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-lithium.pdf'(>)https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-lithium.pdf(<)/a(>) Cuenta también con una radiación solar de primer orden en el Desierto de Atacama y fuertes vientos costeros. Aunque desempeña un rol periférico en los asuntos internacionales, estos recursos naturales, junto con un régimen democrático estable y una sólida capacidad estatal, lo posicionan para integrarse en las emergentes cadenas de suministro verde y adquirir una mayor relevancia en medio de la fragmentación geopolítica mundial. A nivel nacional, Chile tiene la capacidad de aumentar la generación de energía verde del 19 por ciento al 40 por ciento entre 2019 y 2024. 2 EMBER, “Chile surpasses 40 percent wind and solar for the first time in December.” (Enero, 2025). https://ember-energy.org/latest-updates/chile-surpasses-40-wind-and-solar-for-the-first-time-in-december/
Si bien existen los recursos y la capacidad, el reto de Santiago consiste en aprovechar estas ventajas para reactivar una economía estancada mediante la producción de valor añadido y la diversificación de las exportaciones. Desde la democratización en la década de 1990, los gobiernos chilenos han roto cada vez más con la ortodoxia del libre mercado para aumentar el procesamiento de valor añadido del litio y el cobre, al tiempo que han hecho apuestas ambiciosas, pero cada vez más inciertas, por el hidrógeno verde. Adicionalmente, Chile ha comenzado a renegociar las condiciones de inversión con las empresas extranjeras para reconfigurar las relaciones con las grandes potencias, buscando un mejor posicionamiento en el orden multipolar emergente.
El presidente Gabriel Boric (2022-2026) se ha mostrado especialmente firme a la hora de apostar por un desarrollo impulsado por el Estado, exigiendo la participación directa del Gobierno en toda la cadena de valor del litio y creando empresas conjuntas diseñadas para obtener mayores rentas de los minerales críticos. Sin embargo, esta estrategia no está exenta de retos. En mayo de 2025, empresas chinas abandonaron sus proyectos de procesamiento de litio, mientras que el Ministerio de Energía anunció recientemente que Chile rebajaría sus objetivos de hidrógeno verde ante el debilitamiento de la demanda mundial. Estos reveses coinciden con la incertidumbre electoral: las elecciones presidenciales de la próxima semana cuentan con dos candidatos de todo el espectro que cuestionan la estrategia de Boric, de modo que la supervivencia de las políticas industriales de Chile sigue siendo una incógnita. Una con implicaciones para otras naciones ricas en recursos que intentan transformaciones similares. El futuro del modelo de desarrollo impulsado por el Estado chileno no solo vendrá determinado por sus políticas industriales internas, sino también por la capacidad del país para gestionar las relaciones estratégicas con las grandes potencias mundiales: Estados Unidos y China. Para tener éxito, Chile debe elevar su posición en la jerarquía económica mundial y asegurar su papel en la cadena de valor del litio.
Política industrial en Chile
La economía política de Chile es quizás más conocida por el papel que tuvo como conejillo de indias de la “terapia de choque”, una política de desregulación, austeridad y privatización que devastó su economía y su sociedad. Quizás menos conocida es la historia de la experimentación con la política industrial que precedió a la década de 1970. Tras la Gran Depresión, Chile, al igual que gran parte de América Latina, se embarcó en una industrialización a gran escala mediante la sustitución de importaciones. Después de que una serie de interrupciones autoritarias desestabilizara su incipiente democracia, una coalición de partidos burgueses y marxistas ganó la presidencia en 1938. Liderada por el Partido Radical, la coalición del Frente Popular creó la estrategia de desarrollo de Chile, centrada de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO).
La CORFO dirigió la inversión hacia sectores estratégicos, como la energía, el acero, el petróleo y el refinado de azúcar, al tiempo que proporcionaba asistencia técnica y financiera al sector privado. La agencia se situó entre las corporaciones de desarrollo más autónomas y eficientes de América Latina, formando parte de unos esfuerzos más amplios de construcción estatal que incorporaron y aislaron políticamente a ingenieros y tecnócratas dentro de los ministerios, la contraloría y las empresas estatales. Este desarrollo burocrático tuvo efectos duraderos, posicionando a Chile como un Estado de alta capacidad según los estándares regionales, un legado que diferencia a Chile de la mayoría de las economías latinoamericanas actuales.
A pesar de crear nuevas industrias e infraestructuras, el Estado desarrollista de Chile obtuvo resultados económicos dispares. Al igual que gran parte de la región, Chile aplicó un proteccionismo amplio e indiscriminado en lugar del enfoque selectivo defendido por Raúl Prebisch, de la CEPAL, quien recomendaba sustituir las importaciones de bienes de consumo, manteniendo las importaciones de bienes de capital y fortaleciendo el sector exportador tradicional. El enfoque de Chile se enfrentó a retos comunes en toda América Latina: inflación persistente, crisis recurrentes de la balanza de pagos, clientelismo generalizado, demanda interna insuficiente y una incapacidad para realizar la transición hacia la producción de bienes sofisticados.3Hirschman (1968), O’Donnell (1973)
El controvertido legado de los esfuerzos de industrialización del pasado de Chile ha dificultado que los políticos y la sociedad civil movilicen el apoyo a nuevas iniciativas de política industrial. Pero desde la década de 1990, ha aumentado la urgencia de encontrar un nuevo modelo económico. Tras la democratización, la coalición de centroizquierda Concertación gobernó durante veinte años, aplicando lentamente políticas redistributivas y manteniendo al mismo tiempo el marco económico de la era autoritaria. En lugar de reestructurar el modelo orientado a la exportación, estos gobiernos canalizaron el crecimiento hacia programas sociales específicos, lo que redujo significativamente la pobreza y mejoró los resultados en materia de salud y educación. La estrategia generó resultados impresionantes: un crecimiento medio anual del PIB del 7 por ciento en la década de 1990 y del 5 por ciento en la del 2000, medido en términos per cápita para controlar los cambios demográficos.4 Ibid Para los 2000s, las élites políticas y económicas de Chile anunciaron con orgullo que se había convertido en la economía con el PIB per cápita más alto de América Latina. Chile emergió como un contraejemplo orientado al mercado frente a los modelos de desarrollo impulsados por el Estado de los Tigres Asiáticos.
Sin embargo, a diferencia de las economías de Asia Oriental, el crecimiento económico de Chile a principios de la década de 2000 se debió en gran medida al auge de las materias primas. El rápido crecimiento de la demanda de cobre por parte de China y la India impulsó un notable aumento de las exportaciones chilenas. Desde principios de la década de 2010, el fin de este auge ha provocado un descenso persistente de las tasas de crecimiento.5 Toni, Paniagua y Órdenes (2025)
Los continuos resultados económicos mediocres a lo largo de la última década y media han dado lugar a una nueva coalición política proindustrial interesada en revivir el legado de la década de 1930.
Nuevas estrategias industriales verdes
Por primera vez desde la década de 1960, el Gobierno de Chile ha comenzado a aplicar políticas sectoriales decisivas.
En 2024, el presidente Gabriel Boric, del Frente Amplio de izquierda, lanzó la Estrategia Nacional del Litio, lo que puso de manifiesto la intención del Gobierno de ampliar la participación del Estado en el desarrollo económico. El objetivo del Gobierno fue ascender en la cadena de valor de las baterías mediante el establecimiento de la producción nacional de componentes de mayor valor, como materiales catódicos, ánodos y electrolitos. La estrategia del litio exige la participación directa del Estado en todo el ciclo de producción, desde la exploración y la explotación hasta la fabricación. Un elemento central de este plan es la creación de una Compañía Nacional del Litio, diseñada para coordinar empresas conjuntas estratégicas con empresas privadas.
La estrategia buscó transformar el enfoque tradicionalmente extractivo de Chile mediante el desarrollo de conexiones ascendentes y descendentes en la cadena de valor del litio. En la parte ascendente, el Gobierno pretendía desarrollar conocimientos especializados en tecnologías avanzadas de exploración y extracción, modelización hidrogeológica, integración de energías renovables y sistemas de tratamiento de aguas. Las iniciativas descendentes se centraban en el desarrollo de procesos de refinado de compuestos de litio de alta pureza, la fabricación de materiales precursores de baterías y el posible establecimiento de instalaciones de producción de baterías en fase inicial. Este enfoque integrado reflejó la determinación del Gobierno de evitar que la extracción de litio se convirtiera en una economía de enclave, un desafío persistente que ha limitado los beneficios económicos en muchos países ricos en recursos.
Como parte de la Estrategia Nacional del Litio, SQM (Sociedad Química y Minera de Chile), una empresa que posee concesiones para la extracción de litio, y Codelco, la empresa estatal chilena de extracción de cobre, establecieron una campaña histórica para explotar el litio en el salar de Atacama en 2023.6 Desde la época de Pinochet (1973-1990), CORFO ha asignado sus concesiones estratégicas de litio a SQM, una empresa que era estatal y se privatizó a mediados de los años 80 Esta asociación amplió los derechos de extracción de litio de SQM en la región de Atacama hasta 2060, al tiempo que aseguró la posición sustancial de Codelco dentro de la industria del litio de Chile. En particular, la estructura del acuerdo otorga a Codelco una participación minoritaria inicial que aumentará progresivamente hasta alcanzar una participación mayoritaria (50 por ciento más una acción), lo que señala la determinación de Chile de ejercer un mayor control estatal sobre sus recursos minerales críticos.
La asociación entre Codelco y SQM opera a través de una estructura de empresa conjunta por fases en la que SQM mantiene el control general de la gestión hasta 2030, tras lo cual Codelco asume el liderazgo operativo hasta 2060. El acuerdo, formalizado a través de la filial de Codelco Minera Tarar y SQM Salar, se planteó el objetivo de una producción adicional acumulada de 300 mil toneladas de carbonato de litio equivalente entre 2025 y 2030, seguida de una producción anual sostenida de 280 mil a 300 mil toneladas a partir de 2031.7 Codelco-SQM Partnership. (<)a href='https://acuerdocodelcosqm.cl/en/codelco-sqm-partnership/'(>)https://acuerdocodelcosqm.cl/en/codelco-sqm-partnership/(<)/a(>) La empresa se comprometió a lograr estos aumentos de producción mediante mejoras en la eficiencia de los procesos y nuevas tecnologías, en lugar de ampliar la extracción de salmuera o el uso de agua continental, abordando así las preocupaciones medioambientales que han afectado a las operaciones de Atacama. La implementación sigue dependiendo del cumplimiento de los requisitos contractuales, técnicos y medioambientales, incluidos los procesos de consulta con las comunidades indígenas afectadas. La explotación primaria del salar de Atacama, que es una de las grandes reservas de Litio en el mundo, es conducida por SQM y Albemarle (Una empresa estadounidense).
En lugar de perseguir una mejora agresiva de la cadena de valor, la política del cobre de Chile se centra principalmente en mantener los niveles de producción y una integración modesta en las fases posteriores. El Gobierno ha apoyado las inversiones en capacidad de fundición y refinado para capturar más valor más allá de las exportaciones de mineral en bruto. Sin embargo, estos esfuerzos siguen viéndose limitados por las restricciones financieras y el dominio mundial del procesamiento del cobre por parte de China. A diferencia del litio, donde Chile busca construir cadenas de valor completamente nuevas, la estrategia del cobre es más defensiva: preservar las capacidades y la posición de mercado existentes a medida que crece la demanda de cobre para la electrificación y las infraestructuras de energía renovable.
La tercera estrategia industrial de Chile representa una apuesta de mayor riesgo por la producción de hidrógeno verde. Si bien Chile posee ventajas competitivas, entre ellas los costos de producción potenciales más bajos del mundo, el sector se enfrenta a incertidumbres fundamentales sobre la demanda comercial y la viabilidad tecnológica que lo distinguen de los roles establecidos del litio y el cobre en la nueva economía verde mundial. En 2020, el gobierno conservador de Sebastián Piñera (2018-2022) dio a conocer una ambiciosa hoja de ruta que posicionaba a Chile como un potencial líder mundial en hidrógeno verde. Este plan establecía tres objetivos concretos: convertirse en el productor de hidrógeno verde más barato del mundo para 2030, situarse entre los tres principales exportadores mundiales para 2040 y desarrollar 5 GW de capacidad de electrólisis para 2025.8 Gobierno de Chile, Ministerio de Energía, «Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde» (noviembre de 2020), (<)a href='https://energia.gob.cl/sites/default/files/national_green_hydrogen_strategy_-_chile.pdf'(>)(<)u(>)https://energia.gob.cl/sites/default/files/national_green_hydrogen_strategy_-_chile.pdf(<)/u(>)(<)/a(>).
Sobre esta base, en 2024, el gobierno de Boric presentó un nuevo plan de acción para orientar la inversión en hidrógeno verde hasta 2030. El plan incluye un paquete de mil millones de dólares para incentivar la inversión privada, la asignación acelerada de terrenos para proyectos de desarrollo, incentivos fiscales para las empresas que utilicen tecnologías limpias, la simplificación de los procesos regulatorios y la mejora del acceso a los sistemas de certificación internacionales.
Estas tres estrategias —litio, cobre e hidrógeno verde— dependen en gran medida, de nuevo, de la agencia de desarrollo chilena CORFO, que está en condiciones de desempeñar un papel fundamental en la estrategia de desarrollo del país. Especialmente, tiene un rol crucial en la extracción de litio, operando bajo un régimen de propiedad distinto. Cuando el régimen de Pinochet privatizó la mayoría de las empresas estatales, el litio permaneció bajo control gubernamental por motivos de seguridad nacional. En 1979, Pinochet designó el litio como activo estratégico debido a sus aplicaciones en la tecnología nuclear, mucho antes de que las baterías impulsaran la demanda mundial.
Esta clasificación basada en la seguridad posicionó a CORFO como la supervisora de las operaciones de litio. En la actualidad, CORFO administra concesiones en el salar de Atacama. La agencia desarrolla empresas conjuntas con el sector privado para las operaciones de extracción y procesamiento, coordina los vínculos entre las fases iniciales y finales, así como aplica programas de mitigación del impacto ambiental y social en colaboración con las comunidades locales.
Más allá del litio, la CORFO ha sido designada para desempeñar un papel clave en la estrategia del hidrógeno verde, donde proporcionará incentivos financieros a través de subvenciones específicas y créditos fiscales, al tiempo que llevará a cabo rigurosos análisis técnicos para evaluar la viabilidad de los proyectos y maximizar el rendimiento económico.
Desafíos geoestratégicos
Sin embargo, las ambiciones de Chile ya han sufrido reveses que ponen de manifiesto la brecha entre los anuncios y la implementación. El fracaso más emblemático tiene que ver con el procesamiento del litio en la fase de producción: en 2018, el Gobierno celebró acuerdos con Samsung y POSCO para construir plantas de materiales catódicos para baterías de vehículos eléctricos, prometiendo la producción para 2021 con el suministro de litio garantizado por CORFO. Estas instalaciones nunca se materializaron, y los intentos posteriores de atraer a fabricantes de baterías también fracasaron, el más reciente en 2025, cuando las empresas chinas BYD y Tsingshan abandonaron sus planes de construir plantas de procesamiento de litio. 9 Reuters. South Korea’s POSCO drops plans for Chilean battery material plant. (<)a href='https://www.reuters.com/article/business/south-koreas-posco-drops-plans-for-chilean-battery-material-plant-idUSKCN1TM2LQ/'(>)https://www.reuters.com/article/business/south-koreas-posco-drops-plans-for-chilean-battery-material-plant-idUSKCN1TM2LQ/(<)/a(>); Reuters. China’s BYD, Tsingshan scrap plans for Chile lithium plants. (<)a href='https://www.reuters.com/markets/commodities/chinas-byd-tsingshan-scrap-plans-chile-lithium-plants-newspaper-reports-2025-05-07/'(>)https://www.reuters.com/markets/commodities/chinas-byd-tsingshan-scrap-plans-chile-lithium-plants-newspaper-reports-2025-05-07/(<)/a(>) Este patrón revela obstáculos estructurales que van más allá de los marcos políticos: infraestructura inadecuada, incertidumbre regulatoria y coordinación insuficiente entre las garantías de suministro de litio y los requisitos de fabricación posteriores.
El hidrógeno verde se enfrenta a retos diferentes, pero igualmente preocupantes. En octubre de 2025, el ministro de Energía, Diego Pardow, anunció que Chile rebajaría sus ambiciosos objetivos de producción, alegando el descenso de las perspectivas de demanda mundial. La afirmación refleja un reconocimiento de que son las condiciones del mercado externo, y no sólo la política interna, las que determinan la viabilidad de estos sectores.10 El País. “Diego Pardow por el ajuste de los objetivos de hidrógeno verde en Chile: “Tendremos que hacer un chequeo de realidad.” https://elpais.com/chile/2025-10-06/diego-pardow-por-el-ajuste-de-los-objetivos-de-hidrogeno-verde-en-chile-tendremos-que-hacer-un-chequeo-de-realidad.html El ajuste, previsto antes de que concluya el actual mandato en marzo de 2026, sigue los pasos de otras naciones que han realizado reajustes similares y refleja las dificultades generales de la comercialización del hidrógeno verde en todo el mundo. 11International Energy Agency. “Low-emissions hydrogen projects are set to grow strongly despite wave of cancellations and persistent challenges.” https://www.iea.org/news/low-emissions-hydrogen-projects-are-set-to-grow-strongly-despite-wave-of-cancellations-and-persistent-challenges
Estos reveses ponen de relieve una tensión fundamental en la experimentación de la política industrial de Chile: aunque el país posee abundantes recursos naturales y capacidad institucional a través de la CORFO, traducir las ventajas comparativas en las cadenas de valor funcionales requiere no sólo la coordinación del Estado, sino también una inversión privada sostenida, capacidades tecnológicas y condiciones favorables en el mercado mundial, elementos que siguen siendo difíciles de alcanzar a pesar de las ambiciones políticas.
Precisamente por esta razón, la posición de Chile en el cambiante panorama mundial es vital para el éxito de sus iniciativas industriales. Si bien Estados Unidos ha mantenido históricamente una influencia significativa en América Latina, los últimos veinticinco años han sido testigos del impresionante crecimiento de China en el comercio y el desarrollo de infraestructuras. El volumen comercial de China con Chile ha aumentado enormemente: en 2024, las exportaciones chilenas a China alcanzaron los 37.820 millones de dólares, más del doble de los 15.250 millones de dólares exportados a Estados Unidos, con envíos de cobre a China por un total de 5.560 millones de dólares. 12 Trading Economics, United Nations COMTRADE database, (<)a href='https://tradingeconomics.com/chile/exports/china'(>)https://tradingeconomics.com/chile/exports/china(<)/a(>). Mientras que las exportaciones de Chile a China son principalmente de cobre y litio, sus exportaciones a Estados Unidos son más diversificadas e incluyen frutas frescas, vino, mariscos, productos de madera y minerales. Estos patrones reflejan las diferentes demandas estructurales de cada relación, a pesar del acuerdo de libre comercio en vigor con Washington desde 2004.
Para reimaginar con éxito su trayectoria de desarrollo, Chile debe revisar sus relaciones con las grandes potencias, pasando de una postura agnóstica a una política exterior que busque activamente reequilibrar sus intereses en medio de la creciente participación de China en su sector del litio. El Gobierno ha comenzado a hacerlo iniciando empresas conjuntas con firmas extranjeras para explotar el litio y el cobre, con el objetivo de aumentar el valor añadido y facilitar la transferencia de tecnología. También está tratando de frenar la influencia de las empresas chinas en su industria del litio, en particular en SQM, la empresa privada chilena dedicada al litio.
En 2018, Tianqi Lithium, una empresa china dedicada principalmente a la extracción y el procesamiento de litio, adquirió una participación del 23 por ciento en SQM por 4 mil millones de dólares mediante la compra de acciones que anteriormente pertenecían a la empresa canadiense de fertilizantes Nutrien.
La compra de Tianqi provocó una fuerte oposición en Chile, lo que llevó al regulador antimonopolio del país a imponer restricciones que limitan la representación de Tianqi en el consejo de administración y sus derechos de voto. Estas medidas se diseñaron para impedir que Tianqi tuviera acceso a información sensible de SQM y para mantener la influencia del Estado sobre SQM.
Además de mejorar la capacidad del Estado chileno para desarrollar políticas industriales, la asociación entre SQM y Codelco es también una medida geopolítica destinada a limitar la creciente influencia de China. El acuerdo se firmó sin la participación ni la notificación previa de Tianqi, a pesar de la importante participación accionarial de la empresa china en la compañía. La principal objeción de Tianqi al acuerdo se centró en motivos de procedimiento: el acuerdo debería haberse llevado a cabo mediante una licitación competitiva en lugar de una negociación directa. Además, Tianqi sostuvo que tal decisión requería una deliberación formal y una votación por parte del consejo de administración de SQM, en el que Tianqi ocupa tres de los ocho puestos.
Aunque Tianqi elevó la disputa a la autoridad reguladora financiera de Chile, el organismo de supervisión finalmente falló a favor de la transacción. En septiembre de 2024, la Corte Suprema de Chile rechazó la última apelación de Tianqi. En abril de 2025, la autoridad nacional antimonopolio aprobó la empresa conjunta, acompañada de medidas de mitigación destinadas a restringir el intercambio de información entre competidores. Sin embargo, a finales de 2025, la asociación sigue a la espera de la aprobación crítica de los reguladores chinos, una perspectiva incierta dada la oposición de Tianqi y el interés estratégico de Pekín en proteger las inversiones en litio de sus empresas.
Desde la década de 1990 hasta hace poco, las prioridades políticas de Estados Unidos en América Latina se centraban en Centroamérica, el Caribe y México, con una participación limitada de alto nivel en el Cono Sur. Albemarle representa una excepción: la empresa estadounidense opera en virtud de un contrato a largo plazo en Atacama y se beneficia de los vínculos establecidos a través del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile. Sin embargo, esta presencia difiere fundamentalmente de la participación más amplia de China, que combina la inversión empresarial con una activa defensa diplomática, financiación respaldada por el Estado y campañas públicas de embajadores y funcionarios que promueven los intereses empresariales. Por el contrario, la participación de Estados Unidos se ha limitado a las operaciones comerciales de Albemarle, sin el apoyo coordinado del Estado que caracteriza a las empresas chinas.
Sin embargo, el regreso de la administración Trump en 2025 señala un posible cambio hacia una mayor participación hemisférica. Sudamérica ha ocupado un lugar destacado en la política exterior estadounidense: aumento de la presencia militar en el Caribe, amenazas de invadir Venezuela, fin de la colaboración militar con Colombia y tensiones deliberadas con Brasil tras la condena del expresidente Jair Bolsonaro por conspiración golpista. Aunque la durabilidad de este enfoque sigue siendo incierta, es probable que Estados Unidos busque un papel más importante en el sector minero chileno para contrarrestar la influencia china y crear cadenas de suministro resilientes en medio del dominio de China en el procesamiento de tierras raras y minerales críticos. Sea cual sea el nuevo equilibrio de poder, este determinará en gran medida las perspectivas industriales del país.
El camino a seguir
La competencia entre las grandes potencias puede llegar a subsumir los retos internos a la agenda de política industrial. En vísperas de las elecciones de diciembre de 2025, el candidato de derecha José Antonio Kast anunció que, si resultaba elegido presidente, revisaría la empresa conjunta SQM-Codelco. La candidata de izquierda Jeanette Jara defendió inicialmente una nacionalización más agresiva, antes de moderar su postura durante la campaña.
Pero los cambios en la política comercial de Estados Unidos bajo la segunda la administración Trump, incluido el uso ampliado de aranceles e incentivos industriales, están remodelando las cadenas de suministro mundiales y alterando los patrones de competencia geoeconómica. Estos acontecimientos, aunque escapan al control directo de Chile, influirán significativamente en las oportunidades y limitaciones a las que se enfrenta la estrategia industrial verde de Chile. En particular, las perturbaciones en las cadenas de suministro establecidas podrían crear oportunidades para que Chile fortalezca sus capacidades de fabricación nacional y profundice las cadenas de valor locales en el procesamiento del litio y las tecnologías de hidrógeno.
Para navegar por este panorama en evolución, una política industrial activa en el país debe complementar una diplomacia proactiva en el extranjero. Chile tendrá que comprometerse estratégicamente tanto con Estados Unidos como con China, promoviendo sus intereses y manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad dentro de un sistema internacional cada vez más competitivo. En febrero de 2025, por ejemplo, entró en vigor el acuerdo de libre comercio modernizado de Chile con la Unión Europea, que incluye el primer capítulo dedicado a la energía y las materias primas de la Unión Europea, diseñado para garantizar un acceso estable al litio y al cobre chilenos. La gestión de estas relaciones externas será tan crucial como la ejecución de iniciativas nacionales para asegurar el lugar de Chile en las cadenas de valor globales emergentes.
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