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Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos se reavivó el debate sobre la urgencia de frenar el aumento de muertes por sobredosis de fentanilo. Esta sustancia no solo ha puesto al mundo en alerta por su elevada letalidad, sino que también amenaza con deteriorar la relación comercial de Estados Unidos con sus vecinos, México y Canadá. La administración de Trump acusó a los cárteles mexicanos de ser los principales responsables del tráfico de fentanilo y a Canadá de albergar laboratorios clandestinos operados por estas organizaciones. Para presionar a ambos países a tomar medidas contra el tráfico de fentanilo y la migración irregular, Estados Unidos impuso aranceles del 25 por ciento a todas las importaciones mexicanas y canadienses que no estuvieran incluidas en el Tratado de Libre Comercio (T-MEC), así como un arancel del 10 por ciento sobre los productos energéticos.
A pesar de que el fentanilo representa una crisis de salud, su introducción en el mercado ilegal de drogas en Estados Unidos ha tenido repercusiones económicas. Por su alta potencia, facilidad de tráfico y bajo costo, el fentanilo ha alterado los patrones de consumo y de tráfico de drogas, resultando a la vez en una reestructuración global del mercado ilegal. En este texto profundizo en cómo la creciente presencia de fentanilo ilegal, en conjunto con políticas limitadas a frenar la oferta, ha desplazando la producción ilegal de esta sustancia de China a México, ha reducido las rentas derivadas de otras drogas como la heroína, y ha contribuido a la diversificación de las actividades criminales de los cárteles mexicanos.
A nivel mundial, el consumo de opioides ha provocado un aumento en las muertes por sobredosis. En 2019, alrededor de 600 mil muertes estuvieron vinculadas al consumo de drogas, de las cuales aproximadamente una cuarta parte se debió a opioides. En los últimos años, esta crisis se ha intensificado debido al aumento en el uso de estas sustancias para tratar el dolor crónico y la proliferación ilegal de opioides sintéticos.
Estados Unidos es el país más afectado por el abuso de fentanilo sin prescripción, concentrando el 98.8 por ciento de las incautaciones globales reportadas en 2022. Solo entre 2010 y 2022, las muertes por sobredosis crecieron un 519 por ciento, superando las 100 mil en el último año. Este incremento acelerado se atribuye al creciente consumo de opioides sintéticos (principalmente fentanilo), responsables del 68.4 por ciento de las muertes por sobredosis en 2022. 1 CDC (2025). “Wide-ranging Online Data for Epidemiologic Research” Como respuesta, Estados Unidos ha emprendido una serie de medidas enfocadas principalmente en frenar la oferta, dejando de lado las causas de la demanda. Esta estrategia no sólo ha sido ineficaz, sino que también ha generado consecuencias imprevistas para México.
Si bien la administración Trump acierta al señalar el papel central de los cárteles mexicanos en la crisis de fentanilo, su diagnóstico se centra, principalmente, en actores externos, dejando de lado la implementación de políticas domésticas que atiendan los factores detrás del aumento en la demanda. Asimismo, el uso de aranceles desvía la atención de las causas y merma la cooperación entre vecinos, dificultando aún más la coordinación de políticas públicas globales que limiten las acciones de organizaciones criminales transnacionales.
La crisis de los opioides
El aumento de las muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos se inscribe en la epidemia de opioides, una historia que se puede dividir en tres etapas. La primera ola comenzó a finales de los años noventa, impulsada por un incremento en la prescripción de analgésicos opioides. Durante este periodo, la industria farmacéutica estadounidense promovió activamente su uso para tratar el dolor, minimizando sus riesgos y alentando a los médicos a recetarlos. 2 Van Zee, A. (2009) “The promotion and marketing of OxyContin: Commercial triumph, public health tragedy” (<)em(>)American Journal of Public Health,(<)/em(>) 99 (2): 221–227 Además, éstos se volvieron más económicos; entre 2001 y 2010 el precio sin seguro médico de los opioides recetados (out-of-pocket) se redujo en un 81 por ciento. Como resultado, las muertes por sobredosis de opioides recetados se duplicaron en ese periodo (ver la figura).
Ante el aumento en las sobredosis letales por opioides recetados, el gobierno estadounidense implementó una serie de reformas para restringir su oferta, como la implementación de programas estrictos de monitoreo de medicamentos recetados (Prescription Drug Monitoring Programs, PDMPs) y la reformulación de pastillas de liberación prolongada como el OxyContin. Si bien estas medidas lograron reducir las muertes por opioides recetados —por ejemplo, en un 9 por ciento tras la implementación de los PDMPs— también provocaron un aumento en la demanda de opioides ilícitos. 3 Meinhofer, A. (2018) “Prescription Drug Monitoring Programs: The Role of Asymmetric Information on Drug Availability and Abuse.” American Journal of Health Economics, 4 (4): 504-526 Muchos usuarios migraron al consumo de heroína, debido a su mayor disponibilidad y menor costo. Entre 2002 y 2011, el 79.5 por ciento de los nuevos consumidores de heroína reportaron haber usado previamente opioides recetados con fines no médicos, mientras que solo el 1 por ciento de quienes consumían opioides recetados reportaban haber usado heroína antes. 4 Muhuri, P. K., Gfroerer, J. C., y Davies, M. C. (2013). “CBHSQ data review”. (<)em(>)Center for Behavioral Health Statistics and Quality(<)/em(>), SAMHSA, 1:17 Esto llevó a un aumento significativo de muertes por sobredosis de heroína entre 2010 y 2013. Este fenómeno, conocido como la segunda ola de los opioides, fue consecuencia indirecta de políticas públicas centradas únicamente en restringir la oferta, sin considerar su impacto en los consumidores ni establecer estrategias integrales para atender a quienes desarrollaron la dependencia.
A partir de 2013, las muertes por sobredosis comenzaron a aumentar de manera drástica. El principal responsable: el fentanilo, un opioide sintético entre 50 y 100 veces más potente que la morfina y 20 a 40 veces más potente que la heroína. Aunque este fármaco tiene grandes ventajas en el tratamiento del dolor intenso, su creciente disponibilidad en el mercado ilegal lo convirtió en el principal causante de la crisis actual. En 2013, sólo el 12.4 por ciento de las muertes por sobredosis de opioides presentaban rastros de fentanilo; para 2022, esta proporción se había disparado al 90.2 por ciento.
El rápido incremento en las muertes por fentanilo se explica por una combinación de factores que incluyen su alta letalidad, su facilidad de contrabando y cambios en los patrones de oferta y demanda derivados de su bajo costo. Por un lado, su alta potencia dispara la posibilidad de una sobredosis letal. Por otro lado, al ser mínima la cantidad requerida para cada dosis, puede ser transportado en forma de polvo o pastilla, lo que lo hace más sencillo de traficar que otros opioides.
Debido a su bajo costo de producción, alta potencia y facilidad de adquisición, el fentanilo se convirtió en un sustituto atractivo tanto para consumidores como para traficantes. Para los primeros, representaba una alternativa más barata que los opioides recetados y la heroína: mientras una pastilla de OxyContin de 80 mg puede llegar a costar hasta 80 dólares en el mercado negro, y una bolsa de 0.1 g de heroína se vende por 20 dólares, una pastilla de fentanilo cuesta tan solo 3 dólares. En cuanto a los traficantes, el fentanilo les ofrecía la oportunidad de reducir costos y aumentar sus márgenes de ganancia sobre la venta de drogas como la heroína.
A nivel minorista, la heroína suele venderse a un precio fijo, independientemente de la demanda o la pureza del producto, por lo que los márgenes de ganancia se ajustan modificando su composición. Mezclar la heroína con fentanilo permitió a los traficantes reducir costos de manera más significativa, manteniendo —e incluso intensificando— los efectos percibidos por el usuario. Dado que su presencia es imperceptible a simple vista, los usuarios pueden consumir heroína adulterada con fentanilo sin saberlo, lo que ha contribuido al aumento en el número de sobredosis.
De China a México
Al inicio de la tercera ola, China era la principal fuente del fentanilo ilícito consumido en Estados Unidos. Este opioide sintético era enviado directamente por correo desde China o a través de México y Canadá desde donde ingresaba al país por vía terrestre, oculto en vehículos o en camiones que transportaban mercancía legal a través de los cruces fronterizos. En los primeros años de la incursión del fentanilo en el mercado ilegal, los cárteles mexicanos fungían principalmente como intermediarios y no como productores; entre 2016 y 2018, el 97 por ciento del fentanilo incautado en Estados Unidos era de origen chino. Tampoco existe evidencia de que los cárteles fueran los primeros responsables de mezclar la heroína con el fentanilo. En 2019, análisis de laboratorio realizados en incautaciones de heroína en la frontera sur indican que la gran mayoría de las muestras no contenía adulterantes ni trazas de fentanilo). La evidencia sugiere que, a nivel mayorista, los carteles preferían traficar ambas sustancias por separado. Es en el mercado estadounidense donde cortan la heroína con fentanilo para su venta final. 5 Dudley, S., Bonello, D., Lopez-Aranda, J., Moreno, M., Clavel, T., Kjelstad, B., y Restrepo, J. J.(2019). “Mexico’s role in the deadly rise of Fentanyl”. (<)em(>)Wilson Center(<)/em(>)
La transición de traficantes a fabricantes se dio en los cárteles mexicanos, muy probablemente, como respuesta a una serie de medidas impuestas por el gobierno chino para limitar el tráfico de fentanilo. A pesar de que el gobierno chino considera infundadas las acusaciones de Estados Unidos, la administración de Xi Jinping ha adoptado diversas políticas para el control del fentanilo y sus análogos, en respuesta a la creciente presión diplomática ejercida por Washington. Por ejemplo, en la cumbre del G-20 en 2018, China anunció medidas para prohibir la venta, producción y exportación de fentanilo sin una licencia especial, así como la inclusión de los análogos del fentanilo en la lista de sustancias controladas.6Felbab-Brown, V. (2022). “China and synthetic drugs control: Fentanyl, methamphetamines, and precursors”. (<)em(>)Brookings(<)/em(>)
Estas acciones han sido acompañadas por un mayor control del servicio postal y la creación de laboratorios y unidades especializadas dedicadas a investigar el tráfico de fentanilo. Si bien las acciones del gobierno chino lograron reducir los envíos directos de fentanilo por correo, éstas no disminuyeron su disponibilidad. Por el contrario, esto permitió la entrada a nuevos competidores en el mercado y la producción de fentanilo se trasladó de China a México.
A partir de 2019, la DEA identifica a México como el nuevo epicentro del fentanilo, con cárteles como el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como los principales productores. Estos grupos no solo lograron consolidar su control sobre los corredores de tráfico hacia Estados Unidos, sino que también desarrollaron la capacidad de sintetizar fentanilo localmente en laboratorios clandestinos, usando como insumos precursores químicos provenientes de China.
La figura abajo muestra cómo las incautaciones de fentanilo en la frontera de México con Estados Unidos aumentaron en más de un 900 por ciento entre 2019 y 2023. Si bien este notable incremento puede atribuirse en parte a una vigilancia fronteriza más estricta, la magnitud sugiere que la principal causa es la expansión de la producción de fentanilo por parte de los cárteles mexicanos.
Diversificación criminal
La expansión del fentanilo resultó en una recomposición del mercado de drogas en Estados Unidos, alterando no solo el comportamiento de los consumidores, sino también las estrategias criminales de los cárteles mexicanos, lo que derivó en consecuencias inesperadas para la población de México. El fentanilo, al ser mucho más barato y potente que otras drogas, redujo la demanda por drogas tradicionales como la heroína. Esto tuvo un impacto sustancial en México, el principal proveedor de heroína a Estados Unidos, responsable de aproximadamente el 90 por ciento de la heroína que se consume en ese país. Entre los afectados estuvieron los agricultores de amapola, quienes en 2019 reportaron una caída del precio del opio de entre el 50 y 80 por ciento respecto a 2017. 7 Le Cour Grandmaison, R., Morris, N., y Smith, B. (2019). “The last harvest? From the US fentanyl boom to the Mexican opium crisis”. (<)em(>)Journal of Illicit Economies and Development(<)/em(>), 1(3): 312–329. Esto impactó gravemente a comunidades marginadas cuya subsistencia dependía de este cultivo, provocando la migración forzada de cientos de familias. Como consecuencia, entre 2017 y 2020, la superficie cultivada de amapola se redujo en un 47 por ciento.
Asimismo, la caída en la rentabilidad de la heroína modificó el comportamiento de los cárteles mexicanos. Mientras que organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el CJNG lograron adaptarse rápidamente mediante la diversificación hacia la producción de fentanilo, otros grupos criminales que dependían fuertemente del negocio de la heroína buscaron nuevas fuentes de ingresos. Una de las estrategias adoptadas fue la extorsión de sectores legales. Así fue como, el sector aguacatero—cuyas exportaciones superan los 2.5 mil millones de dólares anuales desde 2016— se convirtió en un blanco atractivo para los cárteles. 8Estimaciones propias con base en información de SAGARPA
Un factor que facilitó la expansión de los cárteles en el sector aguacatero fue la cercanía geográfica entre las principales zonas productoras de amapola y de aguacate. Por ejemplo, Michoacán, el principal estado productor y exportador de aguacates, colinda con Guerrero, responsable de más del 60 por ciento de la producción nacional de amapola. 9 Le Cour Grandmaison, R., Morris, N., y Smith, B. (2019). “The last harvest? From the US fentanyl boom to the Mexican opium crisis”. Journal of Illicit Economies and Development, 1(3): 312–329 Esta proximidad geográfica—asociada a requerimientos agroclimáticos similares en ambos cultivos— permitió a los cárteles diversificar sus actividades, pasando de la producción de heroína a la extorsión de un sector que, en la última década, experimentó un rápido crecimiento resultado de una creciente demanda mundial. 10 De Haro, I. (2025). “Avocados: Mexico’s green gold, drug cartel violence, and the US opioid crisis”. World Development, 191
Como consecuencia de esta estrategia de diversificación, el sector aguacatero ha sufrido pérdidas millonarias derivadas del robo de producto y los cobros por “derecho de piso” a agricultores, empacadoras y transportistas. Tan sólo en el municipio de Tancítaro—el principal productor de aguacates en el país—el gobierno local estimó que, en 2014, el cartel de Los Caballeros Templarios obtuvo aproximadamente 150 millones de dólares anuales en extorsiones al sector aguacatero. Esto corresponde a casi el 10 por ciento del valor total de las exportaciones de aguacate en ese año. Asimismo, en promedio, de 7 a 10 camiones de aguacate son robados cada semana en el estado de Michoacán resultando en pérdidas anuales de hasta 5 millones de dólares.
La diversificación criminal también resultó en un cambio en los patrones de violencia de los cárteles en México. Por un lado, la reducción de la demanda por heroína incrementó la tasa de homicidios (incluidos a trabajadores agrícolas) y de robos con violencia y a transporte de carga en municipios propicios para el cultivo de aguacate. En contraste con las zonas aguacateras, los municipios con condiciones propicias para la producción de amapola experimentaron una disminución en la violencia, tanto en el número de homicidios como en robos violentos. 11 De Haro, I. (2025). “Avocados: Mexico’s green gold, drug cartel violence, and the US opioid crisis”. World Development, 191
A pesar de los efectos encontrados en cambios en los niveles de violencia, no existe evidencia de que los cárteles—incluidos aquellos que anteriormente se dedicaban al tráfico de heroína—se hayan desplazado de las zonas de amapola a las de aguacate. En cambio, el aumento de la violencia en los municipios aguacateros parece estar impulsado por el robo y la extorsión de grupos criminales que ya operaban en la región, y no por disputas territoriales. La expansión hacia nuevas áreas implica altos costos para los cárteles, ya que requiere recursos humanos y capital para competir con otros grupos. Aunque los ingresos provenientes del sector aguacatero pueden ayudar a compensar la pérdida de ingresos por heroína, estas ganancias no parecen justificar el riesgo y la inversión que supondría expandirse a nuevas zonas bajo control de otros actores.
Este patrón de diversificación evidencia una transformación estructural en el modelo de negocio de los cárteles, modificando el uso de la violencia para el aseguramiento de rentas provenientes de actividades legales. Así, el auge del fentanilo ha contribuido, aunque de forma indirecta, al aumento de la violencia en áreas propicias para el cultivo de aguacate.
Políticas públicas y cooperación internacional ante la crisis del fentanilo
La crisis del opioides ha evidenciado las limitaciones de las estrategias centradas exclusivamente en la reducción de la oferta y la persecución de grupos criminales. Aunque restringir la disponibilidad de opioides sintéticos en los mercados ilegales es fundamental, la experiencia de las dos primeras olas de la epidemia demuestra que estas medidas, por sí solas, son insuficientes. La aparición de sustancias aún más potentes, como el carfentanilo—hasta 100 veces más fuerte que el fentanilo —y la notable capacidad de adaptación de las organizaciones criminales, evidencian la urgencia de adoptar políticas públicas integrales que consideren potenciales cambios en el patrón de comportamiento de consumidores y distribuidores.
A este desafío se suma que, si bien la naloxona continúa siendo el principal antídoto para revertir los efectos de una sobredosis, su eficacia disminuye frente a opioides sintéticos de mayor potencia y duración, requiriendo múltiples dosis más altas. 12 Carpenter, J., Murray, B. P., Atti, S., Moran, T. P., Yancey, A. y Morgan, B. (2020). “Naloxone dosing after opioid overdose in the era of illicitly manufactured fentanyl”. (<)em(>)Journal of Medical Toxicology(<)/em(>), 16: 41-48. Esta situación dificulta la respuesta médica y limita el alcance de las políticas centradas únicamente en ampliar el acceso a este medicamento. Ante un contexto tan dinámico, es fundamental avanzar hacia un enfoque integral que combine el acceso efectivo a tratamientos para personas usuarias de drogas con políticas orientadas a fortalecer el sistema de salud y el bienestar social de quienes están en riesgo de adicción.
En el plano internacional, la epidemia ha generado tensiones diplomáticas y comerciales por la imposición de aranceles a China, México y Canadá. Estas acciones reflejan una lógica punitiva que externaliza responsabilidades y prioriza intereses políticos y económicos sobre la cooperación regional. En el caso de China, la guerra arancelaria rompe con años de cooperación entre estos países en el combate del fentanilo, acción necesaria para limitar el flujo de precursores de drogas de China a México. Asimismo, la imposición de aranceles a Canadá resulta cuestionable al ser mínima la cantidad de fentanilo que se trafica a través de su frontera: en 2024, menos del 0.2 por ciento de las incautaciones de fentanilo se registraron en la frontera norte de Estados Unidos.13Estimaciones propias con base en información obtenida de CBP. Mientras tanto, en México, la vía tarifaria ha sido acompañada de la designación de los cárteles como organizaciones terroristas. Esta acción no sólo permitiría a Estados Unidos bloquear los flujos financieros a México, sino que podría emplearse para justificar operaciones militares en territorio mexicano y realizar misiones de espionaje con aviones y drones no tripulados.
Este enfoque punitivo también ha tendido a invisibilizar las políticas implementadas por el gobierno mexicano en los últimos cuatro años. México ha endurecido el control sobre sustancias de “uso dual”, militarizado puertos y aduanas, aumentado el número de elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte y aprobado una reforma constitucional que permite la prisión preventiva oficiosa para delitos vinculados con la adquisición y tráfico de precursores químicos y drogas sintéticas. No obstante, estas acciones han generado controversia en México por el fortalecimiento de los poderes militares y la vulneración de la presunción de inocencia.
Por otra parte, la actual política antidrogas de la administración de Claudia Sheinbaum carece de soluciones para atender el problema de fondo. Por ejemplo, no existe una clara estrategia para limitar el reclutamiento de elementos por parte de los cárteles. Si bien se han implementado una serie de programas sociales para la reducción de la pobreza, no existe una estrategia integral para atender el reclutamiento criminal, llegando incluso a negar reportes de estudiantes de química siendo enlistados por los cárteles para la producción de fentanilo. Asimismo, el gobierno mexicano ha impulsado una campaña publicitaria preventiva con el objetivo de combatir la demanda doméstica de esta sustancia, acción que, aunque necesaria, está lejos de resolver los principales estragos nacionales del fentanilo.14 De acuerdo a un reporte de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), en 2023 fueron tratados 430 casos relacionados con uso del fentanilo en el país.
Con su implacable enfoque en el Gobierno mexicano y sus políticas, el diagnóstico de la administración Trump sobre la crisis del fentanilo omite en última instancia el papel de Estados Unidos. El tráfico de fentanilo se ha intensificado por la ausencia de políticas de salud pública nacionales que aborden la demanda estadounidense de drogas y la falta de regulación sobre la venta de armas en Estados Unidos, lo que permite que estas lleguen a manos de los cárteles mexicanos. Ni las barreras comerciales ni el militarismo serán capaces de resolver esta crisis transnacional de salud pública y violencia armada.
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