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Las recientes elecciones en Ecuador, celebradas en mayo de 2025, son una clara manifestación de la extrema polarización política que vive el país, donde dos grandes partidos políticos contendientes se enfrentaron. Por una parte, la derecha liderada por empresarios que provienen de poderosos grupos oligárquicos, representada por la figura de Daniel Noboa, quien obtuvo el 55.6 por ciento de los votos en la segunda vuelta. Y por otra, el movimiento Revolución Ciudadana, que deviene de una estructura política progresista que gobernó el país durante más de una década, y cuya candidatura detentada por Luiza Gonzáles alcanzó el 44.3 por ciento de los votos. El único partido que sobrevivió a esta polarización fue el del movimiento indígena, que a través del partido Pachakutik obtuvo el 5.2 por ciento de la votación durante la primera vuelta, sin que lograra plantear una tercera vía alternativa. 1 El partido Pachakutik es el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) presidida por Leonidas Iza. En la segunda vuelta electoral, (<)a href='https://www.primicias.ec/elecciones/ecuador2025/presidenciales/pachakutik-acuerdo-revolucion-ciudadana-luisa-gonzalez-segunda-vuelta-electoral-92751/'(>)anunció su apoyo (<)/a(>)a la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana Luiza González. Todos los demás partidos políticos obtuvieron, en promedio, menos del uno por ciento de la votación.
A pesar de los comicios, ha prevalecido un contexto de alta polarización social y política bajo una frágil gobernabilidad que ha llevado a Ecuador a uno de los momentos más dramáticos en su historia política reciente donde se entrelazan diversas crisis de orden económico, político, energético y de seguridad. En perspectiva, es posible advertir dos grandes ciclos políticos en la historia reciente que explican el escenario político actual. El primero se extendió entre el año 2007 y 2017, caracterizado por la hegemonía del movimiento Revolución Ciudadana.2Originalmente, el proyecto político que llevó al poder a Rafael Correa en 2006 se articuló bajo el nombre de Alianza País. Pero en 2021, tras la fractura interna durante el gobierno de Lenin Moreno, se fundó el Movimiento Revolución Ciudadana, como expresión del denominado correísmo. Con un tinte progresista, una fuerte tendencia a la intervención del Estado en la economía y la redistribución del ingreso. Con la elección de Lenin Moreno en 2018, y su posterior e inexplicable giro político, empezó un siguiente ciclo que parece consolidarse con el reciente triunfo de Daniel Noboa en las pasadas elecciones.
Este nuevo predominio de la derecha y de los principales grupos empresariales en la dirección del país conforman un modelo oligárquico neoliberal cuyo programa se explica mediante la extrema polarización política, la vulneración de la Constitución política y un reposicionamiento de los intereses de grupos oligárquicos en la economía política nacional. El retorno hacia un modelo de endeudamiento a través de la suscripción de un programa económico pactado con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no se puede explicar de forma aislada, ya que se articula con el estado de excepción permanente ante la crisis de seguridad, el uso instrumental de leyes de emergencia económica para legislar todos los aspectos de la transición política y con la judicialización de la política contra las fuerzas de oposición. Esto se ha convertido en un mecanismo de inmovilización, neutralización, disuasión y control político que son las variables del modelo oligárquico neoliberal que requieren ser analizadas para explicar el giro contemporáneo en la economía política ecuatoriana.
Ciclos políticos y elecciones de 2025
Ecuador vivió la dureza y radicalidad de los programas de ajuste estructural del FMI desde el inicio de la crisis de la deuda externa de América Latina en 1982. De manera consecutiva, los diferentes gobiernos ecuatorianos impusieron programas de austeridad al tiempo que desmantelaban las capacidades regulatorias del Estado, y lo hicieron de manera ininterrumpida durante la década de los años ochenta y noventa del siglo pasado. A fines del siglo XX, la economía no pudo resistir más el ajuste y se produjo la crisis financiera-monetaria del año 1999 que condujo a la dolarización de la economía.
Este es el contexto que permite explicar el cansancio de la sociedad con respecto a la austeridad y la emergencia, en el año 2006, del movimiento Alianza País que luego devendría en Revolución Ciudadana. En efecto, en el año 2006, se produjo la convergencia de una serie de organizaciones sociales, políticas y movimientos ciudadanos, agotados por el ajuste y dolidos por la pérdida de sus ahorros monetarios durante el congelamiento bancario y posterior dolarización de los años 1999-2000. La plataforma política Alianza País recogió ese cansancio con el ajuste estructural y cambió de forma radical las reglas de juego de la política y de la economía al crear distancias importantes con el ajuste en la Asamblea Constituyente del año 2007-2008.
El proceso político fue liderado por Rafael Correa quien, en sucesivas elecciones, ganó un amplio capital político bajo la bandera de la Revolución Ciudadana y con la Constitución de 2008 pudo consolidar su hegemonía política. Sin embargo, su temprana apuesta por radicalizar el extractivismo, sobre todo minero, le pusieron en línea de confrontación con las organizaciones indígenas del Ecuador que defendían sus territorios. Asimismo, la pretensión de controlar el tejido social desde el Estado para garantizar la gobernabilidad de este ciclo político, en cambio, le crearon un antagonismo con organizaciones de la sociedad civil que lo acusaron de autoritarismo.
En el ciclo político 2007-2017, el movimiento político de la Revolución Ciudadana pudo conservar y mantener su capacidad hegemónica gracias, entre otros, a los siguientes procesos: la inversión pública que actuaba como mecanismo de legitimidad social y aval político; el gasto social sobre todo en sectores pobres y vulnerables a través de políticas de focalización, educación y salud; el uso de instrumentos políticos provenientes del diseño hiperpresidencial de la Constitución de 2008. 3Cuando se aprobó la Constitución de 2008, la Revolución Ciudadana, que en ese entonces se llamaba Alianza País, estaba al inicio del ciclo político en el cual sería hegemónica. Para consolidar esa hegemonía necesitaba controlar, directamente, las palancas claves del poder y esas palancas estaban en la capacidad de dirimir desde posiciones hegemónicas a las autoridades de control, el presupuesto del Estado, la capacidad de veto del Presidente y su capacidad de legislar, el monopolio sobre las políticas públicas y la capacidad discrecional sobre el presupuesto público. Fue por esa necesidad de hegemonía que Alianza País diseñó un poder ejecutivo con capacidades hiperpresidenciales. Además destaca la cooptación de la Función de Transparencia y Control Social, una de las cinco funciones del Estado4Las otras cuatro funciones establecidas en la Constitución de 2008 son la Ejecutiva, Legislativa, Judicial y Electoral. cuyo propósito es garantizar la participación ciudadana, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción. Este ciclo de la Revolución Ciudadana se fractura a partir de la elección de Lenin Moreno en el año 2017 y su giro político hacia la derecha.5Este giro se manifestó a través de su ruptura abierta con el correísmo y el quiebre con el modelo de distribución social de la izquierda, el relanzamiento de acuerdos con el FMI por más de 10 mil millones de dólares, que implicó reformas estructurales expresadas en la eliminación de subsidios a combustibles, flexibilización laboral, reducción del gasto público y apertura a la inversión extranjero. Esto es lo que determina que el centro de la disputa por la hegemonía política sea el control del Estado. Para la derecha, se trataba de llegar al Estado para desmantelarlo y reconstruir las nuevas condiciones de la capacidad hegemónica y la dominación política. Por ello coincide su agenda con la del FMI y el Banco Mundial.
Esto explica que el espacio que se creó para esa disputa por la hegemonía solo tenga dos actores en cada uno de sus polos. Por un lado, la Revolución Ciudadana y, por otro, la derecha, con un objetivo concreto: la captura del Estado y la implementación de un modelo oligárquico neoliberal que se expresa no sólo en el restablecimiento protagónico del mercado y una reducción regulatoria del Estado, sino también una forma de dominación política y subjetiva, donde las corporaciones concentran poder económico, político y simbólico, anulando la capacidad de transformación social y democrática.
Al disponer de esta manera la disputa política, se generó un escenario que evacuaba de la discusión cualquier posibilidad de referirse a los problemas reales de la población o, también, cualquier crítica al programa económico del FMI. Todo se reducía a una polarización política que mantuvo una tensión creciente sustentada en la lógica amigo/enemigo. No se trataba de ganar sino de destruir al otro. La tensión provocada desde la polarización dividió a la población entre dos opciones de forma independiente de la validez de ellas. Esta polarización excluyó, a excepción del movimiento indígena, a otras opciones políticas.
En el siguiente mapa puede apreciarse la concentración geográfica de la votación entre las dos grandes fuerzas políticas que disputaron la presidencia en la segunda vuelta electoral de 2025: la Revolución Ciudadana, con su candidata Luisa González, y la derecha representada por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), y su candidato Daniel Noboa, que resultó ganador de la elección. Durante la primera vuelta Noboa superó a González con apenas 16,746 votos, pero en la segunda vuelta amplió su ventaja a más de 1.18 millones de votos, al ganar en diecinueve provincias—incluyendo Guayas, El Oro, Imbabura y Orellana, que antes eran bastiones del correísmo y la Revolución ciudadana—mientras que González sólo mantuvo cinco provincias. Aun así, ADN solo logró 66 escaños en la Asamblea Nacional, frente a los 67 obtenidos por Revolución Ciudadana, sin que ninguno de los dos bloques alcanzara los 77 escaños necesarios para ser mayoría absoluta.
Geografía electoral de Ecuador, 2025
Retorno al endeudamiento: FMI y modelo oligárquico neoliberal
El punto de inflexión que marca el inició del nuevo ciclo político fue la suscripción de un programa económico con el FMI a inicios del año 2019. Se trataba del retorno del FMI y del Banco Mundial, luego de más de una década en la que el Ecuador había prescindido de sus créditos. Consecuentemente, el historial de crédito y de programas económicos entre el FMI y el Ecuador aumentó significativamente a partir del año 2020.
Antes de esto, no existía una presencia significativa del FMI desde el año 2003 hasta el nuevo acuerdo que se suscribió en el 2019, que fue ratificado en 2024. Es decir, el ciclo político 2007-2017 estuvo alejado completamente de toda relación con el FMI y el Banco Mundial. El FMI impuso un duro programa de ajuste y consolidación fiscal que redujo la inversión pública, el gasto gubernamental en programas sociales y redujo las asignaciones a universidades, investigación para el desarrollo, gobiernos autónomos, empresas públicas, entre otros.
Para tener una idea del tamaño de la consolidación fiscal impuesta en Ecuador se puede comparar con Argentina y Honduras. En el Acuerdo SAF (Servicio Ampliado del Fondo) 6El FMI emplea el SAF como un instrumento para “asistir” a naciones que enfrentan problemas de balanza de pagos a mediano plazo, derivados de deficiencias estructurales cuya rectificación demanda un período considerable. Lo que conlleva la instalación de condiciones como recortes al gasto público, reformas fiscales, privatizaciones o liberalización de mercados, que en algunos casos han generado aumento en la desigualdad social. con Argentina, suscrito en el año 2022, el FMI proyectó una consolidación fiscal del 2,2 por ciento del PIB de ese país para el periodo 2022-2024. En el Acuerdo SAF suscrito con Honduras en el año 2023, el programa de consolidación fiscal para ese país había sido fijado en uno por ciento para el periodo 2023-2026. En el caso del Ecuador, el FMI propuso un programa de ajuste que, en promedio, alcanzaba el cinco por ciento del PIB y que en términos agregados representaba el diez por ciento. Se trata de una proporción mucho mayor que en el resto de los casos de la región, y que ha ido en aumento a lo largo de los últimos cinco años.
Metas de consolidación fiscal del FMI para el Ecuador, en porcentajes del PIB
| Medidas y políticas como % del PIB | SAF*-2019-21 | SAF-2020-25 | SAF-2024-28 |
| Medidas de nuevos ingresos | 0.7 | 2.6 | 3.7 |
| Reforma Fiscal | 1.8 | 3.0 | 1.9 |
| Cambios impositivos adoptados previamente (remisiones tributarias) | -1.0 | 0 | 0 |
| Eliminación ISD | -0.2 | 0 | 0 |
| Monetización de activos (privatizaciones | 0 | 0 | 0 |
| Otros ingresos | 0.2 | 0 | 1.7 |
| Medidas de gasto | 4.3 | 2.9 | 1.8 |
| Sueldos y salarios | 1.0 | 0.6 | 1.2 |
| Bienes y servicios | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| Otros gastos | -0.1 | 0 | 0.2 |
| Gastos de capital (inversión pública) | 0.9 | 2.1 | 0 |
| Eliminación del subsidio a los combustibles | 2.1 | 1.1 | 0 |
| Gasto social | -0.4 | -0.9 | -0.4 |
| Total Consolidación Fiscal | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
Este programa de ajuste del FMI que se impuso sin interrupción desde el año 2019 tuvo una serie de consecuencias económicas. Entre ellas, la reducción de la inversión pública. En el siguiente gráfico puede apreciarse cómo disminuyó de forma radical la inversión pública (en términos de Formación Bruta de Capital: FBK) a partir del ajuste económico.
El programa de ajuste del FMI significó también el estancamiento de los niveles de empleo y la reducción general del empleo formal. Esto condujo a posicionar el discurso de que para aumentar el empleo era necesario desmantelar la legislación favorable a los trabajadores y llevar adelante un proceso de flexibilización laboral.
El gráfico anterior indica que el pleno empleo bordeaba el 60 por ciento de la población económicamente activa antes del ajuste. Una vez que inició, el pleno empleo se redujo alrededor del 30 por ciento. El país pagó con desempleo e informalidad las políticas de austeridad.
Otro de los aspectos importantes del programa económico del FMI fue que condujo al país a un excesivo nivel de deuda pública cuyo aumento se elevó de 17 mil 581 millones de dólares en 2014, a más de 47 mil millones de dólares en 2024. Al tiempo que desconectó la relación entre deuda pública y financiamiento al desarrollo.
Todo esto produjo que la economía se estancara y que el crecimiento económico se ralentizara. Si se compara el ritmo del crecimiento económico del ciclo político 2007-2017, con el ciclo político que inició en 2018, puede advertirse que si el país hubiese continuado con las políticas de gasto e inversión, el crecimiento económico habría sido mayor.
El primer ciclo, que va de 2007 a 2017, fue ascendente. Si la economía hubiese seguido esta tendencia, con las correcciones por la volatilidad del ciclo económico, el PIB proyectado para el año 2027 habría sido cercano a los 160 mil millones de dólares. El segundo ciclo, del ajuste económico, ha sido recesivo o de leve crecimiento. La proyección apunta a que el PIB sería algo menor a 130 mil millones de dólares para el año 2027 conforme las previsiones del propio FMI (2024), y que se han cumplido plenamente. Esa diferencia, entre 20 a 30 mil millones de dólares, es el costo del programa de consolidación fiscal. El programa de ajuste del FMI puso, además, en reversa, y de manera súbita, las políticas de protección social sustentadas en la garantía de derechos que se había implementado desde el año 2008, al tenor de la nueva Constitución. Esto explica el malestar del país con respecto al ajuste y contextualiza las movilizaciones sociales de octubre de 2019 y de junio de 2022. Al respecto, el criterio del FMI fue el siguiente:
En octubre de 2021, en respuesta al malestar social, las autoridades suspendieron la implementación de la reforma de los subsidios al combustible que había comenzado en julio de 2020 y presentaba una fórmula automática de fijación de precios del combustible con aumentos graduales de los precios. El informe (del staff del FMI) debería haber reconocido la feroz oposición a la reducción de los subsidios a los combustibles entre grupos influyentes de la población… Ecuador enfrentó semanas de malestar social desestabilizador cuando se revisaron los precios del combustible. También se produjeron violentas protestas sociales que casi derrocaron al gobierno cuando la administración intentó recortar los subsidios al combustible en octubre de 2019, lo que pone de relieve cuán políticamente sensible ya había sido el tema antes de la aprobación del programa (Énfasis agregado).
Tanto el gobierno de Lenin Moreno en octubre de 2019 como el gobierno de Guillermo Lasso, en junio de 2022, confrontaron estas movilizaciones con excesiva dureza7La Comisión advierte que el Defensor del Pueblo señaló que el 76% de las detenciones fueron arbitrarias o ilegales. A este respecto, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que en el contexto de las detenciones masivas se efectuaron un gran número de las mismas sin pruebas concretas contra las personas detenidas. que llevaron, incluso, a que sean consideradas como violencia que rozó la lesa humanidad.
La recesión golpeó con fuerza a los sectores más pobres, aunque también a las clases medias. A medida que se suspendían programas sociales y se disminuía el gasto social en salud y educación, se generó una especie de vacío de contractualidad por la inexistencia del Estado. Lo que fue aprovechado de forma casi inmediata por el crimen organizado, la delincuencia común y el narcotráfico, derivando en una grave crisis de seguridad interna.
Así, el crimen organizado empezó a disputar territorios e instituciones al Estado, en especial después de la pandemia del Covid. La violencia del crimen organizado no pudo ser contenida dentro de la institucionalidad existente y se derramó sobre la sociedad. Este abandono del Estado se verifica cuando se advierte que, a pesar del incremento exponencial de dicha violencia, Ecuador no actualizó su Plan de Seguridad Integral 2019-2030 sino hasta 2024. 8El Plan Nacional de Seguridad Integral (PNSI) 2019–2030 fue aprobado en su primer año, pero no se actualizó ni ejecutó plenamente durante varios años, como resultado de la inestabilidad institucional, crisis políticas y falta de coordinación entre las instancias encargadas de la seguridad interna. La intersección de estos vectores ha configurado el escenario electoral de 2025 y la preeminencia política de la derecha en la disputa hegemónica.
Modelo oligárquico neoliberal
La transición política y la disputa por la hegemonía tiene un rasgo particular en Ecuador cuando se advierte que los principales líderes de la derecha que asumieron de frente esta disputa provienen directamente desde la estructura empresarial oligárquica del país. No hay mediaciones entre los grupos económicos más importantes y los partidos políticos que se enfrentan a la Revolución Ciudadana.
En Ecuador, como en la mayoría de los países liberales, la estructura económica está dominada por grandes grupos empresariales que suelen mantener control y dominancia sobre el mercado. Por ello los mercados son monopólicos u oligopólicos. De esta manera, si se clasifican estos grupos económicos en función de su actividad más importante y que actúa como nodo de integración, se revela una concentración de poderes expresado en grupos económicos que poseen singular monopolio sobre específicos polos de acumulación, como se muestra en el siguiente gráfico.
Grupos empresariales y polos de acumulación
| Polo de acumulación | Grupo Económico |
| Financiero | Pichincha; Corporación; MultiBG-Banco de Guayaquil. |
| Distribución-comercialización e importación | La Favorita; Mi Comisariato; Almacenes Juan Eljuri; Comandato; Tomebamba. |
| Acumulación transnacional | Schlumberger; OCP; Claro; Movistar; General Motors; Halliburton; Nestlé. |
| Agroexportación y agronegocios | Bananera Exportadora Noboa; NOBIS; Santa Priscila; Reybanpac; Ubesa. |
| Fabril-industrial | Andec; Arca; Dinadec; KFC; Alex; La Fabril; Adelca; Holcim. |
| Salud, Distribuidoras, Aseguradoras de salud | Salud, Distribuidoras, Aseguradoras de salud |
La participación de los grupos económicos con dominancia de mercado confirma que la disputa hegemónica es definitivamente oligárquica, ya que los grupos oligárquicos-empresariales están representados de forma directa por sus principales ejecutivos o líderes empresariales.
Estado de excepción permanente y dominación política
El modelo oligárquico-neoliberal ha desarrollado varias dinámicas que alteran todo el sistema político, necesarias para su consolidación. Como resultado es posible reconocer una serie de «atajos» a la Constitución de 2008. El ciclo político que inició en 2019 con el liderazgo empresarial-oligárquico, y a contrapunto del ciclo anterior, tiene como marca identitaria la formulación de leyes, normas y políticas que están en plena contradicción con la Constitución. Por ejemplo, la declaración de independencia y autonomía del Banco Central y la Ley de Defensa de la Dolarización de 2021. Así como la imposición de techos fiscales a los gobiernos autónomos descentralizados.
Esto ha generado un régimen jurídico lleno de aporías y antinomias porque que proponen normas contradictorias entre sí para la misma situación. Este ambiente se convirtió en un elemento importante para el desmantelamiento del Estado, la privatización, la desregulación y la imposición del programa económico del FMI.
A este escenario se suma el hiperpresidencialismo, la cooptación y captura del Estado y su puesta en órbita hacia el modelo oligárquico-neoliberal, acompañado de la corrupción y la falta de transparencia. Mientras que la instrumentalización de las leyes de emergencia económica para legislar todos los aspectos de la transición política y asegurar la dominación política puede evidenciarse en la Ley Orgánica de Integridad Pública de 2025. La cual se presentó como ley económica urgente, pero que cambió diecinueve textos legales sin que, muchos de ellos, tengan que ver con el ámbito económico.
Por su parte, el lawfare contra la Revolución Ciudadana como mecanismo de inmovilización, neutralización, disuasión y control político ha sido otro de los mecanismos utilizados desde el modelo oligárquico-neoliberal. Esta estrategia consiste en la utilización estratégica y política de las leyes, sobre todo penales, para perseguir a la oposición política.9Virgilio Hernández, Silvina Romano y Marcelo Maisonnave, coords., (<)em(>)Lawfare en Ecuador: Guerra contra la democracia y el derecho(<)/em(>) (Quito: Ruta Crítica, 2024). La Fiscalía General del Estado, por ejemplo, se convirtió en una ficha clave para generar una persecución a los miembros de la Revolución Ciudadana. Esta persecución jurídica creaba un perímetro de intervención sobre la Revolución Ciudadana que le impedía responder, actuar y moverse con libertad. De esta forma, se había incapacitado a este movimiento de ganar las elecciones incluso antes de participar en ellas.
El gobierno de Daniel Noboa (2023-2025) ha hecho del estado de excepción permanente una plataforma que ha convertido al crimen organizado en sujeto político, al otorgarle el estatuto jurídico de “actor no estatal beligerante”. Y de forma concomitante procedió a instaurar el conflicto armado interno como el eje de toda su política. Para ello, emitió más de once Decretos de Estado de Excepción y de Conflicto Armado Interno, lo que daría cuenta de un estado de excepción permanente sobre el cual situó las reformas jurídicas y el contexto electoral. A pesar de que más del 80 por ciento de su mandato se ha dado bajo estados de excepción—lo que ha generado preocupación por la normalización de medidas extraordinarias—la estrategia de “mano dura” no ha logrado reducir significativamente la violencia, y ha sido criticada por organismos de derechos humanos.
Ante la contradictoria situación que experimenta el país, el modelo oligárquico-neoliberal parece incapacitado para resolver la crisis de seguridad ciudadana que atraviesa la sociedad. Ya que, por un lado, existe un proceso de desmantelamiento de la institucionalidad existente, que responde a las necesidades políticas de las élites empresariales que han tomado el poder estatal y la imposición del modelo de endeudamiento a través de los acuerdos firmados con el FMI. Por otro lado, estas elites necesitan, precisamente, del conflicto armado interno para consolidarse políticamente y evitar que la Revolución Ciudadana u otra fuerza política pueda ganar elecciones y recuperar la hegemonía del Estado.
El único sector social que ha escapado de esta tensión provocada por la polarización política del país es el movimiento indígena que pudo captar el 5 por ciento de la votación nacional para su candidato Leonidas Iza. Sin embargo, el gobierno de Daniel Noboa, capturó, de forma relativamente fácil, a la gran mayoría de representantes legislativos del movimiento indígena que formaron parte del bloque legislativo de la derecha y desde el cual se impusieron una serie de leyes que tenían como objetivo proteger y garantizar el modelo de negocios de estos grandes conglomerados empresariales y oligárquicos. Esta captura se produjo por la inexistencia de un polo de oposición política con fuerza suficiente para obstaculizar el proyecto político de esta derecha oligárquica neoliberal. También se debió a la incapacidad de movilización social en esos años.
La sociedad ha sido vulnerada a partir del desmantelamiento del Estado para cumplir las metas de austeridad impuestas por el FMI, lo que provocó malestar social. Lamentablemente, en lugar de abrir los espacios de diálogo, consenso y búsqueda de alternativas, el gobierno de Noboa optó por la violencia, la criminalización y el lawfare, capturando los horizontes que reclaman un giro en el modelo oligárquico neoliberal.
No obstante, la sociedad ecuatoriana y sus movimientos sociales siempre han sido resilientes y han buscado la forma de dar más contenidos a la democracia. Este contexto tan conflictivo es solamente un episodio que prefigura, justamente, la búsqueda de alternativas en donde otro mundo sea posible.
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