¿Qué es el Estado?

En los últimos años 1Texto adecuado para (<)em(>)Phenomenal World(<)/em(>) con base en la Conferencia inaugural del Seminario sobre teorías del Estado, Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, impartida por el autor en abril de 2025. estamos presenciando un renacer de las discusiones sobre la importancia del Estado en la organización de la vida económica de todos los países. Hay hechos que sostienen su relevancia. El 2008 fue la intervención de los bancos centrales la que impidió que la crisis de las hipotecas subprime se convirtieran en el mayor cataclismo financiero global. El 2020, fueron los Estados quienes encerraron en sus domicilios a más de 3 mil millones de personas durante semanas o meses para protegerlas del Covid y, luego, los que emitieron billones de dólares para reflotar una economía planetaria paralizada. Por todas partes hoy los gobiernos hablan de “políticas industriales”, “nacionalismo económico”, “subvenciones” y “endeudamiento sin límite” para garantizar la “seguridad nacional”, en tanto que los Estados más fuertes hacen gala de su soberanía para reconfigurar drásticamente el comercio mundial mediante una guerra abierta de aranceles. 

Del “libre comercio” como espíritu de los tiempos neoliberales hemos pasado al proteccionismo como bandera de un híbrido neoliberalismo soberanista que apela al poder descarnado del Estado para hacer valer sus propósitos internos y detener el declive de un “Occidente” desafiado por el ascenso económico de Asia. Sea cual sea el resultado del nuevo ciclo de acumulación y legitimación global que emergerá después de este convulso tiempo liminal, está claro que el Estado es ya un protagonista central del venidero reordenamiento hegemónico del mundo.

Pero, ¿de qué hablamos cuando mencionamos al Estado, sea este estadounidense, argentino, francés o chino? Las explicaciones que giran en torno al ordenamiento jurídico2Kelsen, Hans. (<)em(>)Teoría general del Estado(<)/em(>). México: Editora Nacional, 1959., la coerción 3 Weber, Max. Economía y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica, 1998. o la manipulación ideológica 4 Althusser, Louis. (<)em(>)La reproducción(<)/em(>). España: Akal, 2015. olvidan que toda ley requiere previamente un acuerdo colectivo de su acatamiento y que la violencia o el engaño no son duraderos ni pueden cautivar la experiencia política de millones de personas a lo largo del tiempo. En realidad, estas externalidades pueden manifestarse porque hay una red de vínculos comunes subyacentes entre los miembros de una sociedad territorializada, a los que llamamos Estado. 

Sin embargo, la mayoría de las investigaciones sobre el Estado, asumen su existencia como un dato axiomático, dedicándose a indagar los aspectos históricos de su comportamiento. Desde  Elias y Corrigan-Sayer 5Corrigan, Philip, y Derek Sayer.(<)em(>)The Great Arch: English State Formation as Cultural Revolution(<)/em(>). Oxford-New York: Blackwell Publishers, 1985. , que estudian la formación del Estado contemporáneo; Kosseleck y Skinner 6 Skinner, Quentin. El nacimiento del Estado. Buenos Aires: Gorla, 2014. que se abocan a los imaginarios; las acciones autónomas del Estado, con Skocpol 7 Skocpol, Theda. (<)em(>)Los estados y las revoluciones sociales(<)/em(>). México: Fondo de Cultura Económica, 1984.; las territorialidades, abordadas por Brenner 8Brenner, Robert. (<)em(>)New State Spaces(<)/em(>). Oxford: Oxford University Press, 2004. y Delaney 9 Delaney, David. (<)em(>)Territory: A Short Introduction(<)/em(>). Oxford: Blackwell, 2005. ; pasando por los discursos de soberanía, de Dardot-Laval 10 Dardot, Pierre, y Christian Laval. (<)em(>)Dominar: Estudio sobre la soberanía del Estado de occidente(<)/em(>). España: Gedisa, 2021. ; el debilitamiento de la forma-Estado, de Negri y Hardt 11 Negri, Toni, y Michael Hardt. (<)em(>)Imperio(<)/em(>). Argentina: Paidós, 2002. ; los efectos de la globalización en las instituciones gubernativas, de Sassen 12 Sassen, Saskia. (<)em(>)Una sociología de la globalización(<)/em(>). Buenos Aires: Katz, 2007.; la gestión de la población con Foucault y Pettit; el Estado profundo, con Glennon 13 Glennon, Michael. (<)em(>)National Security and Double Government(<)/em(>). New York: Oxford University Press, 2014. ; la arquitectura de los Estados durante el neoliberalismo, de Streeck 14 Streeck, Wolfgang. (<)em(>)Entre globalismo y democracia: Economía política en el neoliberalismo saliente(<)/em(>). España: Katz, 2024. ; o el declive de la representación política de Turchin 15 Turchin, Peter. (<)em(>)End Times: Elites, Counter-Elites, and the Path of Political Disintegration(<)/em(>). New York: Penguin Press, 2023. y Przeworsky 16 Przeworsky, Adam. (<)em(>)La crisis de la democracia: ¿A dónde puede llevarnos el desgaste institucional y la polarización? (<)/em(>)Argentina: Siglo XXI, 2022.; en todos los casos de investigación, el Estado se presenta como un presupuesto a partir del cual se estudia determinadas acciones particulares que realiza. 

Pero lo que queremos saber es por qué el Estado es una institución política exitosa que perdura en el tiempo con el apoyo práctico de sus ciudadanos. ¿Donde reposa su fuerza histórica y su legitimidad? En definitiva, ¿qué es el Estado moderno? 

Claramente no es una cosa. Las oficinas gubernamentales, la sede del parlamento, de los tribunales o servicios públicos son solo eso, edificios, cemento y acero que no tienen poder alguno. El Estado no es una suma de edificaciones inanimadas. El Estado funciona incluso sin edificaciones cercanas. Tampoco es un cúmulo de leyes, archivos, normas o disposiciones. Estas son solo tinta en papeles o bits de información en servidores. 

Lo que importa de los edificios, independientemente de su forma arquitectónica, y de las normas legales, más allá de su enredada prosa, son las autorizaciones colectivas que todos los individuos de una sociedad entregan a las personas que trabajan en esos edificios y a los individuos que redactan las leyes, dando lugar a las instituciones. El Estado es, inicialmente, un tipo de creencias compartidas por toda una sociedad territorializada cuyo efecto es involucrarlas obligatoriamente en acciones prácticas emergentes de esas creencias. 

De acá se desprende un segundo aspecto. El Estado no es solo el gobierno de un país, ni tampoco la suma de los tradicionales “tres poderes” del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Esto es así porque también existen otras instituciones gubernamentales y vínculos sociales que los acompañan, como los gobiernos locales, los sistemas de enseñanza y salud pública, las empresas estatales, los bienes públicos (bosques, ríos, mares, espectro electromagnético, etc.). Pero, además, están el conjunto de derechos acumulados en décadas o siglos y compilados en constituciones, legislaciones, procedimientos, recursos, hábitos y memoria colectiva que trascienden a gobiernos, estando ellos obligados a ejecutar y gestionar. 

También están el conjunto de saberes y conocimientos prácticos de la población sobre estos derechos y las correspondientes obligaciones colectivas para que se ejerzan esos derechos, como el pago de impuestos, y todos los dispositivos de sentido común que permiten a las personas de un país practicar el régimen de propiedad, reconocer la autoridad y cumplir con el carácter vinculante de las decisiones gubernativas. Tan importante como el ministerio encargado de certificar un título de escolaridad o de emitir la moneda de uso general, es el conocimiento tácito de las personas acerca del valor social de la certificación estatal, por ejemplo, en una empresa privada a la hora de verificar los méritos educativos de un contratado, o de un vendedor de alimentos a la hora de recibir un billete. 

Lo que sobresale de todo ello, es que llamamos Estado a una manera homogénea y común de vincularse entre las personas de un territorio delimitado, de comportarse e imaginarse en torno a ciertos temas que regulan sus interacciones colectivas. 

Con el tiempo, la práctica estatal se presenta tan inmanente al propio individuo que, por lo general, no requiere ni de la presencia de guardias armados, ni de abogados penalistas ni de edificios gubernamentales para hacer existir y funcionar al Estado. Por ello, no resulta sorprendente ver cómo en algunos países pueden pasarse meses sin gobierno pero con el Estado funcionando, como Bélgica e Irak en el 2010, Países Bajos el 2017 o el Líbano el 2021.

Producción y expropiación de lo común

Si uno se fija en los habitantes de un país, nos encontramos con personas absolutamente diferentes y distantes unas de otras. Tienen oficios disímiles; a excepción de algunos que viven en el mismo barrio, el resto vive en otros lugares; presentan preferencias culturales segmentadas por región, clase, lugar de procedencia o trayectoria educativa, etc. Incluso es posible que ni siquiera hablen el mismo idioma ni tengan una percepción del mundo compartida. La mayor parte de los habitantes de un país nunca se conocerán entre todos y sin embargo pertenecen a un “único país” que permite que desde que nacen carguen los efectos materiales de esa pertenencia.

¿Qué es lo que tienen en común millones de individuos tan diferentes y distantes unos de otros? En las condiciones básicas de su vida material, no trabajan como parte coordinada de un organismo colectivo, como en las antiguas comunidades agrarias. Hoy día cada uno participa en actividades individuales o privadas desvinculadas de las otras y, muchas veces, en competencia. Son propietarios privados que trabajan con condiciones laborales ajenas entre sí. De manera directa, los habitantes de un país no tienen algo en común dirigido y gestionado por ellos.

Sin embargo, poseen vínculos comunes indirectos que hacen abstracción de la realidad singular y diferenciada de cada ciudadano: usan una misma moneda; pagan impuestos a una única institución gubernativa, en correspondencia con un porcentaje de ingresos o gastos. Registran su identidad personal en una única base de datos; apelan a un único compendio de leyes y de cuerpos de seguridad para hacer valer su propiedad, sus derechos laborales o sus infracciones. Disponen de un mismo marco educativo básico para sus aprendizajes; apelan a un único sistema de valoración de sus conocimientos; acuden a un unificado sistema primario de atención de salud y, por el solo hecho de nacer y vivir en ese territorio, tienen acceso garantizado de por vida a un ingreso mínimo de recursos económicos diferentes a los que otros países brindan. En conjunto, la inmensa mayoría de vínculos comunes entre los habitantes de un país son, todos ellos, efectos de Estado, indirectos y, por lo general, son lo único común que poseerán a lo largo de la mayor parte de su vida.

Por ejemplo, para los habitantes que viven en Buenos Aires, Salta o la Patagonia, gran parte (no todo) de lo común que tienen como argentinos viene organizado por la pertenencia territorial al Estado. El ingreso salarial, educativo o de salud básico que como ciudadanos tienen garantizados, es un derecho estatalmente garantizado. El idioma común que utilizan es un producto estatal, dada la diversidad de idiomas que tenía cada región siglos atrás y que, gradualmente, fue relativamente unificado por la educación pública y las normas estatales. Pasa lo mismo con el «santoral” de héroes cívicos, los hechos memorables o los calendarios recordatorios del destino común, todos ellos producidos por acciones de Estado a modo de llenar el vacío moral y cívico que provoca la pérdida de las antiguas identidades locales.

Ciertamente, hay otros vínculos comunes producidos directamente por la sociedad sin mediación estatal, como las revoluciones, las extensas luchas por derechos colectivos o las respuestas activas a grandes desastres naturales. Sin embargo, se tratan de unificaciones que el Estado busca subsumir bajo la forma de legislación de prerrogativas ciudadanas, de presupuestos, de instituciones garantes, etc. Es como si el Estado solo pudiera consolidarse “alimentándose” de esa energía social común bajo la forma de expropiación constante de lo común para crear un común corrupto de y en el Estado.

Sin embargo, esta unificación de los miembros de una sociedad que genera el Estado es una unificación abstracta. Lo común entre las personas en el Estado está al margen de su situación real de vida, de sus ingresos monetarios, de su propiedad. El Estado unifica a los ciudadanos en un conjunto de derechos, reconocimientos y protecciones, pero lo hace sin distinguir las enormes diferencias estructurales en sus condiciones materiales de vida, de trabajo, propiedad e ingresos. La ciudadanía estatal, que es donde se acumulan los efectos de Estado, no produce una comunidad de vínculos materiales de existencia, sino que enraíza esas diferencias objetivas al crear un común denominador (abstracto) de condiciones mínimas de existencia, garantizando y consagrando así la continuidad de la estructura de las diferencias reales en la vida material. En ese sentido, el Estado no produce a la sociedad, sino que es un efecto de la sociedad que unifica a la sociedad.

Ciertamente, el Estado puede atenuar las desigualdades económicas de los integrantes de una sociedad, lo que no es poca cosa para la vida diaria de gran parte de los miembros de un país. Y hay que luchar para que así sea, pues el Estado también puede aumentarlas, incrementando el sufrimiento colectivo. Pero lo que el Estado no puede hacer es extinguir estructuralmente las desigualdades porque no hay un soporte objetivo en la propia sociedad moderna que anule en la organización de la vida económica esas diferencias materiales. Imaginar un Estado con la fuerza de producir una realidad social estructuralmente diferente a la que existe y de la que emerge es una manera contemporánea de trasladar al Estado el poder prometeico que tienen los dioses de las religiones, lo que es muy inspirador, pero no deja de ser una falacia política.

Ahora bien, la abstracción estatal no es como cualquier abstracción mental cotidiana. Al igual que el valor de las mercancías, el Estado es una «objetividad abstracta» 17 Marx, Karl. Capital, vol. 1. En Collected Works, vol. 35, por Karl Marx y Frederick Engels. London, 1996. una acción del intelecto colectivo de toda una sociedad que produce efectos materiales en la vida de todos los miembros de un país.

En el caso del valor de una mercancía cualquiera, por ejemplo un teléfono, este ha sido producido por numerosos trabajos concretos articulados: el de los diseñadores de software, el de los productores de níquel y aluminio, el de los elaborados de los microchips, el de los ensambladores, etc. A su vez, este teléfono será cambiado por un dinero resultante de la venta de 1.000 kilos de trigo labrados por un pequeño productor agrario. Nada tienen en común el trabajo específico del campesino con el del diseñador de programas ni con el minero extractor de níquel. Pero al final se intercambian mediados por el dinero, ese representante general de la riqueza social. ¿Qué es lo que tienen en común el trabajo de producir trigo y el de un celular? Directamente nada. Son frutos de trabajos específicos absolutamente diferentes y de propietarios distintos. Pero pueden intercambiarse porque ambos son reducidos a una sustancia común abstracta, el trabajo «abstractamente humano» general promedio que contienen. El valor de las cosas es una abstracción colectiva que, a la larga, sostiene la trama molecular del capitalismo mundial.

El Estado, al igual que el valor de las mercancías, es también una trama de vínculos comunes objetivamente abstractos que permite que los individuos de un país sean copartícipes de una comunidad política, igualmente abstracta, que produce efectos materiales en la vida diaria de las personas. El Estado es la segunda “objetividad abstracta” fundamental de la sociedad moderna.

La base material de lo común abstracto

Ahora bien, la “objetividad abstracta” con efectos prácticos en el conjunto de la sociedad no se sostiene por sí misma. Requiere de un soporte material que la mantenga y la valide. En el caso del valor de las mercancías, es la actividad laboral que se incorpora objetivamente en el proceso de trabajo específico de su producción. La objetividad abstracta no es solo una “idea”; siempre tiene un soporte material. En el caso del Estado, ese soporte material son el cúmulo de bienes y recursos públicos monopolizados y centralizados bajo la forma de propiedad pública.

En los últimos 100 años, dependiendo de los países, los recursos públicos han abarcado entre el 20 al 50 por ciento del Producto Interno Bruto y entre el 5 al 30 por ciento del capital total de los países. Incluso en el llamado Estado de bienestar del siglo pasado, los Estados llegaron a administrar entre el 35 y el 40 por ciento de la renta nacional 18 Thomas Piketty, Capital e ideología (Argentina: Paidós, 2019), 726–733.. La carga fiscal extraída a los ciudadanos y que alimenta el fondo común del Estado se mueve entre el 20-50 por ciento respecto al PIB.

El gasto público mundial anual oscila entre el 25 al 35 por ciento del PIB, en tanto que el Estado absorbe del 10 al 30 por ciento de la fuerza laboral. Esto hace de los Estados las estructuras políticas que, bajo la forma de “bienes públicos”, poseen el mayor poder económico en cada país. Pero, además, tienen la capacidad exclusiva de influir sobre el valor, montos o propiedad de todas las demás riquezas que poseen privadamente los individuos. Incluso pueden modificar la propia estructura de clases sociales al atenuar o ampliar las diferencias en ingresos y propiedad vía los regímenes tributarios.

Los Estados, a nombre del beneficio de toda la sociedad, pueden endeudarse a mero compromiso de pago, incluso por encima del valor de toda la riqueza nacional producida anualmente. Pueden emitir dinero, retirarlo de la circulación y devaluar. Pueden revalorizar con inversión pública las propiedades privadas, transferir dinero a privados, subvencionar productos, servicios básicos, depreciar oficios, devaluar ahorros y subir o bajar las tasas de interés. Pueden confiscar propiedades privadas, regalar propiedad pública, regular y crear mercados, contener los salarios para aumentar ganancias empresariales o subir salarios para reducir esas mismas ganancias. Pueden bajar impuestos, subirlos o crear unos nuevos. Igualmente, poseen la facultad de declarar guerras a otros Estados, ceder territorios, etc.

Los recursos materiales comunes (la riqueza y derechos públicos) son lo que sostienen objetivamente al Estado como institución histórica común a todos los miembros de una sociedad territorializada. Y son esos bienes públicos los que fundamentan objetivamente la eficiencia histórica de la unificación abstracta, bajo la forma de país o nación, de una sociedad materialmente fragmentada, diversa y abigarrada.

Monopolizar y universalizar lo común

Como la unificación social (abstracta) de lo que objetivamente no está unificado acontece solamente en el Estado, una parte de la sociedad es la que asume esa tarea que inevitablemente tiene que ser monopólica. Las burocracias son las encargadas de gestionar y dar regularidad en el tiempo a esta cohesión política territorial. Sus formas de selección han variado e hibridado con el paso de los años: por asamblea, por sorteo, por linaje, por herencia, por méritos guerreros, por golpes de Estado, por mandato religioso, por méritos de conocimiento, por selección oligárquica, por voto popular, etc. En todos los casos, unos pocos asumen la gestión de la organización política de todos. Es una característica de cualquier forma estatal. Pero también lo es su cualidad monopólica, tanto hacia fuera respecto a otros Estados, como hacia adentro, respecto a otras formas emergentes de producción de vínculos comunes.

No pueden existir de forma duradera dos Estados o modos de cohesión general de la sociedad en un mismo territorio. La centralización de las formas de unificación de los miembros de una sociedad excluye por principio de existencia otras formas de centralización de lo común. Si no lo hiciera, corre riesgo de ser devorado por esas otras fuentes de centralización de lo común. La unicidad estatal en un territorio delimitado es una razón ontológica de cualquier Estado.

La historia de cualquier Estado es la historia del proceso gradual de monopolización de vínculos comunes territorializados, comenzando por la tributación, la coerción, pasando por la legalidad, la moneda, la educación y su certificación, la gestión de la salud pública, los servicios básicos, la identificación, la regulación de la jubilación, la magnitud de los bienes públicos, el endeudamiento colectivo, el conjunto de las grandes ficciones colectivas, etc. Gran parte de estos bienes comunes han surgido de luchas colectivas, revueltas y huelgas. Y, ya sea por incrustación de los logros en las instituciones estatales o por la absorción de la demanda por esas mismas instituciones, finalmente el Estado las centraliza, transformando la energía social en energía estatal, dando lugar a un común envilecido, abstracto.

El monopolio estatal tiene una cualidad paradójica, aunque vital para su sostenibilidad: centraliza, pero universaliza. Arrebata, pero generaliza lo común, obteniendo de ese doble movimiento la fuerza social y la legitimidad de sus aparatos para hacer de sus decisiones vinculantes, esto es, de aplicación obligatoria en toda el área geográfica de presencia del Estado.

El monopolio de lo común de una sociedad es la energía social vinculante que garantiza, por lo general sin coacción, que las decisiones que toman los institutos estatales sean de cumplimiento por todas y para todas las personas que habitan el territorio estatal. Ninguna otra institución social posee esta capacidad de garantizar a una escala de millones de personas una equivalencia entre sus decisiones y el cumplimiento de las mismas por parte de todos los miembros que la componen. La irresistibilidad del Estado no solo es coerción. Es, principalmente, bienes y recursos comunes centralizados que habilitan consentimientos colectivos vinculantes a todos los habitantes de un país. Ese es el poder de Estado, esa es la fuente material de por qué las decisiones que toman los funcionarios gubernamentales son acatadas por todos.

Los monopolios de la tributación, de las que nos habla Elias19Elias, Norbert. (<)em(>)El proceso de la civilización(<)/em(>). México: Fondo de Cultura Económica, 1989., de la violencia, a la que se refiere Weber, o del poder simbólico, que menciona Bourdieu 20Bourdieu, Pierre. Sobre el Estado. Barcelona: Anagrama, 2014. pueden ejercerse porque son públicos, porque son institutos comunes a toda y para toda la sociedad. Esto es, formalmente a disposición y cuidado de todos. La tributación puede monopolizarse porque, en abstracto, se trata de recursos que serán utilizados para apoyar las actividades rutinarias de todos (servicios básicos, educación salud, justicia, etc.) La violencia puede monopolizarse porque, en abstracto, se la usará para proteger a la sociedad de amenazas externas o violaciones de la legalidad internas de grupos minoritarios. La justicia puede monopolizarse porque, en abstracto, resguardará la propiedad y derechos que todos poseen o que desean poseer. El poder simbólico puede monopolizarse porque en principio instituirá lo que todos proponen instituir, etc. En todos los casos, los monopolios del Estado pueden realizarse porque están diseñados, de manera abstracta, para beneficiar a “todos” y ahí funda su legitimidad. El Estado es una “comunidad ilusoria”, sentenciaba Marx 180 años atrás.

Todo ello permite, a la vez, replantear el fundamento de la legitimidad de los gobiernos y, en general, de los Estados. La forma tradicional, carismática y racional-legal de la que nos habla Weber, o el engaño de la ideología y la violencia simbólica de Althusser o Bourdieu no pueden fundamentar ningún consentimiento duradero. Y las elecciones, por sí mismas, sólo consagran al que dirigirá un aparato de legitimación que le es preexistente. Las tradiciones pueden alentar tanto la aceptación como el rechazo de la autoridad; el carisma no deja de ser una atracción pasajera si no resuelve unas angustias materiales colectivas. Y en tiempos rutinarios, no existe.

La racionalidad legal puede cautivar a algunos lectores apasionados por la lógica, pero no garantiza ser aceptada por millones de personas. El engaño, ideológico o simbólico, supone una población embrutecida que no es capaz de darse cuenta del embuste. La legitimidad existe en tanto tolerable administración centralizada de un común denominador de intereses y recursos materiales compartidos (abstractamente) en el Estado por los miembros de la sociedad. La propia eficacia de las construcciones discursivas de la lucha política no se fundamenta en sí misma, lo que haría de la gramática y la sintaxis la fuente del poder político. Las palabras tendrán peso social o serán meramente sílabas lanzadas al viento dependiendo de cómo se vinculen efectivamente con esos comunes subyacentes.

La lucha por los universales verosímiles

Cuando definimos al Estado como el monopolio de lo común de una sociedad con efecto vinculante, regularidad en el tiempo y exclusividad en un área geográfica del planeta, salta inmediatamente a la vista su cualidad paradojal. Si es común a la sociedad no puede ser monopolio acaparado por unos respecto a otros. Y viceversa, si es monopolio centralizado para el manejo de unos cuantos, la burocracia ya no puede ser algo compartido y común a todos. Pero sucede así. El dilema político se resuelve en la abstracción de lo común, habilitando su monopolio como Estado. Y ahí radica también su carácter socialmente irresistible como forma de dominación. Por ejemplo, la protección de la propiedad es un tema necesario y requerido por todos. Ciertamente, la propiedad de acciones de empresas es distinta a la propiedad de la fuerza de trabajo. Pero la abstracción de esas diferencias sustanciales, que favorece a los que poseen más propiedad, y su igualación como mera “propiedad” es el núcleo de la abstracción estatal que realiza el monopolio de lo común. 

La burocracia y las élites políticas no pueden apropiarse de todo lo público. No porque sean un florero de personas virtuosas, sino por la sencilla razón de que lo público dejaría de ser algo común a todos disolviéndose su fuerza vinculante y la legitimidad para exigir el aporte impositivo o el acatamiento colectivo de sus decisiones. La crisis estatal general estudiada por Gramsci sucede precisamente cuando el Estado abandona su cualidad general, abstractamente de todos, y se muestra como un patrimonio de una facción social. 

La estabilidad del Estado radica en la coexistencia equilibrada entre lo común y el monopolio con “afinidad electiva” hacia una parte de la sociedad. Los propios procesos de privatización de lo público que cíclicamente se suceden en la economía mundial tienen unos límites para realizarse exitosamente. Aunque se apropie privadamente de riqueza pública común, lo debe hacer a nombre y bajo la experiencia del bienestar común. Si se trata de privatizar un servicio, por ejemplo, de electricidad, agua, transporte, etc., la privatización argumentará que busca mejorar el servicio, ampliarlo o abaratarlo temporalmente. De tal manera que algún tipo de beneficio general inmediato sea visible; aunque, más pronto que tarde, la rentabilidad privada del negocio se apropiará de recursos que pertenecían a todos. Y, aun así, pese a estas mutilaciones de lo común, nunca podrá ser absoluto. Como lo muestran las experiencias históricas, siempre habrá un común básico que permitirá mantener la adhesión social al Estado. Y, de hecho, hasta hoy, no ha surgido ninguna otra institución con capacidad de sustituir de manera duradera este monopolio estatal de la cohesión social.   

Todos los sectores sociales que buscan dirigir el Estado han de intentar subordinar el monopolio del poder vinculante, y de los recursos materiales que lo sustentan, para colocarlos en beneficio propio. Pero para ello deberán hacerlo necesariamente articulando sus intereses particulares a la lógica estatal del “interés general” o beneficio colectivo. La administración del Estado requiere el uso y la liturgia de lo general, por más que el objetivo sea el uso particular de esos recursos comunes concentrados. A esta simulación del interés particular como interés general, Marx le llama el “interés general de clase”. Se trata ciertamente de una escenificación de lo universal pero que requiere de ámbitos de objetividad para poder efectivizarse. Y para ello, el interés individual de una fracción social o de una coalición de sectores sociales tiene que ser capaz de integrar verosímilmente fragmentos de los otros intereses sociales a fin de aparecer como interés general de todos.

El interés de un sector o clase social ha de venir dominante no porque es capaz de imponerse a la fuerza o, el reverso de la misma lógica coercitiva, porque “embauca” al resto de los sectores sociales. La dominación política en el Estado sólo puede lograrse materialmente en tanto ese interés privado logra articular, integrar partes, retazos, fragmentos de los intereses de los otros sectores, de manera subordinada, de tal manera que adquiere la suficiente materialidad social para devenir universal y, por tanto, “interés general de clase” en el Estado.

De esta manera, lo universal como objetividad política es una monopolización del interés general por una o unas clases sociales, que se produce mediante la incorporación-subordinación de los otros intereses de clase alrededor de un interés particular. Y aquel sector social que sea capaz de realizar esta obra, especialmente en los temas temporales que más afligen a las mayorías sociales, como por ejemplo hoy con la inflación, la inseguridad, la pérdida de estatus, la desigualdad, etc., necesariamente aparecerá como el sector o la clase temporalmente universal con liderazgo para dirigir al resto. En sociedades plurinacionales, el “interés general de clase” debe ser además un interés nacional-cultural capaz de reconocer, negociar y articular las otras identidades nacional-culturales de la diversidad social. En el caso de sociedades con presencia de comunidades agrarias tradicionales poseedoras de otras lógicas de autoridad y temporalidades históricas, como en Bolivia, Brasil o México, lo común con el resto de la sociedad es tangencial, intermitente a través del mercado, pero no por el sistema de autoridad política; por lo que existirán como “huecos” locales en el Estado o solo bajo la forma de dominación externa.

En tiempos relativamente estables, con una economía en crecimiento y una sociedad pasiva, las propuestas que enmarquen con esta estabilidad aprovecharán las disposiciones colectivas prevalecientes. Que en esas circunstancias los partidos de los empresarios logren mayorías electorales no se debe a que el Estado es de ellos, sino simplemente las predisposiciones populares se mueven en el marco de un momento expansivo del capitalismo y no hay razón para esperar que las mayorías populares desearan o buscaran otra cosa diferente. El Estado moderno no es por definición ni capitalista ni de los capitalistas. Es el Estado en el capitalismo. Y si la sociedad entera desenvuelve sus actividades con relativa tolerancia en el capitalismo, es evidente que la unificación de la sociedad bajo la forma Estado tiene que expresar esa adherencia social a las formas de vida prevalecientes. 

Solo en momentos de disfuncionalidad del antiguo orden y los antiguos universales, las izquierdas alternativas o las derechas con proyectos rupturistas pueden hallar posibilidades de amplios respaldos. Pero el solo malestar social no basta. Se requiere disponibilidad social a revocar los viejos horizontes predictivos. Se necesitan acciones colectivas que reconfiguren los protagonismos sociales. Dependerá de la intensidad y extensión de este protagonismo social para que se produzca una de las tres opciones: a) un recambio de las fracciones sociales que administran el Estado; b) una ampliación o una contracción sustancial de los comunes centralizados; c) en el caso extremo, un gradual proceso de disolución de los mismos monopolios. En todos los casos, son los cambios sociales los que subyacen a los cambios estatales. 

La lucha por la dirección de universales verosímiles es la llave imprescindible para el acceso a la gestión monopólica del Estado. Cuando esa ilusión objetiva se agota, bajo la forma de corporativismo popular o de oligarquización empresarial del Estado, estamos ante la gubernamentalidad brutal de los comunes que antecede a un recambio de elites o, incluso, de la propia forma estatal.

¿Qué hacer con el Estado?  

 Hemos visto que el Estado es una manera de unificación política de la sociedad, a saber, la que resulta de constante monopolización de los recursos comunes que posee esa sociedad. La base objetiva de lo común en el Estado es el conjunto de bienes materiales y simbólicos que posee y puede movilizar. La maquinalidad del Estado es el monopolio de esos recursos públicos. El poder del Estado es su fuerza vinculante resultante de la centralización de los recursos comunes de una sociedad. Los bloques sociales que aspiran a utilizar ese poder de Estado para beneficio particular solo lo logran si incorporan fragmentos de los intereses del resto de la sociedad.

Pero ahora, ¿cuál es el papel del Estado en los procesos de emancipación social?
Por todo lo que hemos argumentado, y observado de las experiencias revolucionarias de los últimos dos siglos, está claro que el Estado, en cualquiera de sus formas contemporáneas y de gobiernos posibles, no es el sujeto decisivo de transformación revolucionaria de la sociedad, tal como cree la ilusión vanguardista. El Estado no puede cambiar el modo de producción capitalista por uno diferente.

Pero tampoco se puede cambiar estructuralmente la sociedad sin el Estado, tal como cree la ilusión micro-autonomista, por la sencilla razón de que el Estado es una forma de unificación de la sociedad y dejarlo de lado es marginar a gran parte de la sociedad unificada precisamente bajo el Estado. Además, “desertar” de la lucha por el poder estatal, significa dejar el cúmulo de riquezas y bienes comunes de toda la sociedad que están en el Estado a la libre rapiña de los grandes propietarios privados. Antagonizar Estado versus sociedad como antípodas históricas es impotente idealismo absoluto.

Estado o sociedad es un falso dilema pues ambos son parte de una misma realidad unificada en movimiento. Claramente la revolucionarización de la sociedad, cada vez que ha acontecido en la historia moderna, lo ha hecho como autodeterminación y protagonismo colectivos que reinventan en la vida cotidiana de la mayor parte de las personas nuevas formas de producir y organizar la vida en común. Pero a la vez, la manera que esa emancipación tiene para irradiarse como nuevo universal, para sostenerse como nuevo común directo, es apelando a la fuerza vinculante y los recursos comunes ya existentes en el Estado.

Cotidianamente vemos esta tensión paradojal entre Estado y sociedad cuando se conquistan nuevos derechos y cómo la sociedad laboriosa pasa de la acción colectiva no estatal al Estado como derecho instituido, del protagonismo a la aceptación del monopolio y viceversa, sin establecer fronteras antagónicas entre uno y otro. Estado y acción no estatal masiva son dos formas diferentes de unificación de la misma sociedad.

Hasta qué punto el contacto con los monopolios del Estado podrá neutralizar y subsumir el protagonismo social o, inversamente, que la autodeterminación colectiva desmonopolice lo común que está en el Estado, no puede ser definido de antemano. No hay solución teórica a esta bifurcación. Es un tema práctico. Monopolio y desmonopolización de lo común son dos momentos entrelazados de la misma sociedad en un impuro, pero real, estado de emancipación. La lucha, y solo la lucha práctica podrá dirimir si el Estado se reconstruye más potente por obra de quienes intentaron superarlo o si este irá pasando, en cámara lenta, al museo de las antigüedades.