¿Qué fue la Bidenomics?

La administración Biden adoptó el eslogan de “economía de oferta moderna” seis meses antes de que la frase “Ley de Reducción de la Inflación” se oyera por primera vez. Hablando ante el Foro Económico Mundial en enero de 2022, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, explicó que el distintivo de la “economía de oferta moderna” de la administración Biden frente a la versión de Reagan era su programa para aumentar la participación en la fuerza laboral y la productividad a través del gasto gubernamental y el aumento de impuestos al capital, con el fin de crear una “expansión de la oferta… que distribuya de manera más equitativa el ingreso nacional en expansión”. “Tres aspectos de la agenda de Biden” abordarían “problemas estructurales a largo plazo, particularmente de cara a la desigualdad”: la reforma de industrias clave de servicios sociales, como el cuidado de ancianos y de niños; el aumento del gasto público en educación; y los impuestos corporativos. Todo lo que quedaba, declaró Yellen, era la aprobación de “la legislación Build Back Better, bajo consideración en el Congreso”. 

Seis meses después, el Congreso transformó la “economía de oferta moderna” en algo completamente diferente. Hablando en Detroit en septiembre de 2022, Yellen describió tres pilares que definían el enfoque “de oferta moderna” de la administración. En lugar de aumentar la participación en la fuerza laboral mediante requisitos de licencia remunerada, límites de precios para el cuidado infantil, clases públicas de preescolar y reformas para los hogares de ancianos, había “resiliencia a los choques globales”. Donde antes había financiación para los community colleges para elevar la productividad laboral, ahora había subsidios empresariales para “ampliar la capacidad productiva”. En lugar de aumentar los impuestos corporativos, ahora se hablaba de “equidad económica”. El significado de la “economía de oferta moderna”, explicó Yellen, era reducir “los riesgos económicos y de seguridad nacional” planteados por “países como China”.

¿Cómo ocurrió esta transformación?

A principios de 2021, el impulso hacia soluciones públicas para los problemas de desigualdad, estancamiento salarial y legitimidad política comenzó a chocarse con el nexo de empresas y gobierno que controla la política fiscal en Estados Unidos. A finales de 2022, dicho nexo surgió como una amalgama de créditos fiscales para empresas, subvenciones tecnológicas dirigidas y la modernización largamente postergada de infraestructura. El programa resultante —definido legislativamente por el trío de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos, la Ley de CHIPS y Ciencia, y la Ley de Reducción de Inflación (IRA por su nombre en inglés: Inflation Reduction Act)— se aprobó en un contexto de barreras procedimentales, márgenes estrechísimos en el Congreso, las restricciones ideológicas de la política presupuestaria estadounidense y un resurgimiento del gasto en defensa en medio de un nuevo consenso de Guerra Fría. Operando por encima de todo estaba la profunda influencia del poder corporativo dentro del gobierno federal, que en última instancia determinó el tipo de gasto que podía tolerar el sistema político estadounidense. 

Como visión positiva, el programa resultante se centra en desarrollar destrezas tecnológicas (y militares) verdes, una beligerancia en materia de seguridad nacional y en priorizar la rentabilidad corporativa sobre la reforma social. Para el verano de 2023, la administración había adoptado un nombre para esta visión: Bidenomics. Sin embargo, mientras el sistema político estadounidense se orientaba hacia las elecciones de noviembre de 2024 —en medio de niveles récord de desalojos y personas sin hogar, una carrera desigual entre aumentos salariales y de precios, y un mercado laboral que se suavizaba gradual pero definitivamente— la retórica sobre la Bidenomics creó una confusión irresoluble sobre la recuperación de la pandemia de coronavirus. La expansión fiscal estaba en marcha, pero principalmente en forma de créditos fiscales para empresas, mientras que se advertía a los distritos escolares públicos sobre recortes de personal y cierres de escuelas. El gasto militar estaba en aumento, destinado a una política exterior que invitaba a acusaciones de genocidio en la Corte Internacional de Justicia. Con el anuncio del Presidente a finales de julio de retirarse de las elecciones, y la decisión de la vicepresidenta Kamala Harris de postularse con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, la promesa olvidada del Build Back Better y su apuesta por el sector de servicios para remodelar la economía política estadounidense se convirtió brevemente en un recurso para las campañas del partido en 2024. Sin embargo, cabe preguntarse ¿cuál fue la promesa? ¿Qué la transformó en la síntesis de seguridad nacional que luego siguió? 

Los dos polos de la política presupuestaria

Los términos de la lucha por el presupuesto federal, que definen los límites del gobierno moderno estadounidense, se establecieron con la resolución de la inflación de la década de 1970. Las fluctuaciones de la inflación durante los picos de las guerras de Corea y Vietnam —ambas detenidas con controles gubernamentales— habían llevado para los años setenta a los economistas del crecimiento a lo que hoy se considerarían conclusiones radicales sobre las responsabilidades administrativas y regulatorias del gobierno. Por este camino se encontraban los controles de precios en tiempos de paz, mayores impuestos al capital y a las rentas más altas, la contención salarial negociada y una mayor propiedad gubernamental: el conjunto de herramientas de planificación necesarias para reconciliar el pleno empleo con la estabilidad de precios, elevando el nivel de vida de las personas trabajadoras sin provocar inflación. 

A pesar del liberalismo heroico de los años setenta, la inflación de la década no se superó con una mayor supervisión pública sino con una celebración del emprendimiento privado. La desregulación de precios, la destrucción de sindicatos, los recortes de impuestos en los niveles más altos, los límites al gasto y la independencia retórica de la política monetaria — todos estos se priorizaron como el programa para estabilizar la economía. Entre 1978 y 1989, el Congreso redujo la tasa impositiva sobre las empresas de mayores ingresos del 48 por ciento al 34 por ciento, sobre las ganancias de capital del 40 por ciento al 28 por ciento, y sobre los individuos en la banda más alta del 70 por ciento al 28 por ciento. A través de un sector no sindicalizado en crecimiento y su competencia con empresas sindicalizadas, el capital capturó una mayor parte de las ganancias de productividad. Estas transformaciones remodelaron fundamentalmente las suposiciones sobre cómo alcanzar un crecimiento económico estable. 

Si bien se suponía que esta nueva forma de sentido común estimularía el crecimiento, la inversión privada como proporción del PIB disminuyó durante la década de 1980. Al comienzo, los grandes déficits resultantes de la política fiscal de Reagan ofrecieron una explicación para los economistas: en 1975, cuando enfrentaba grandes déficits fiscales en años de recesión, el entonces presidente del Sistema de la Reserva Federal, Arthur Burns, había advertido que las tasas de interés podrían subir y que “las empresas y los consumidores privados podrían quedar excluidos” de los mercados crediticios. El secretario del Tesoro, William Simon, había repetido la amenaza de Burns a lo largo de los años setenta; el presidente del Sistema designado por Carter, Paul Volcker, las hizo realidad después de 1979. No obstante, la “Reagan-economía” hizo poco para aliviar las demandas en los mercados crediticios del Tesoro de los Estados Unidos, el cual se embarcó en una acumulación aparentemente no planificada de deuda gubernamental, con un promedio de 167 mil millones de dólares anuales — un aumento total de 1.5 billones¹. Adicionalmente, a medida que ostentaba nuevas formas de poder político, la aversión de las grandes empresas al gasto deficitario experimentó un cambio cualitativo².

Cuando Estados Unidos se estaba adaptando a la reconstrucción de Europa Occidental y Japón en las décadas de 1960 y 1970, los déficits fiscales representaron para muchos legisladores el riesgo que el poder laboral suponía para el valor del dólar estadounidense, que se estaba depreciando tras el cambio no planificado a tipos de cambio flotantes en 1973. Sin embargo, después de Reagan, su relevancia política cambió a medida que los déficits se dieron debido a recortes de impuestos y no por aumentar el gasto. Los déficits en ese momento no tenían precedentes, aunque el crecimiento en empleo era lento y el dólar estaba más fuerte que nunca. El trabajo organizado estaba en un retroceso casi universal. En el mundo de los negocios estadounidenses, las altas tasas de interés reemplazaron la disciplina en el lugar de trabajo como la explicación predominante para los destinos y los estados de ánimo³. En respuesta, el Congreso ya había establecido objetivos de déficit legal en 1985 y 1987, culminando en la Ley de Control Presupuestario de 1990. Los demócratas limitaron los nuevos gastos a lo que se podía recaudar en nuevos ingresos: el “pago-sobre-la-marcha” o PAYGO. La autoridad presupuestaria se centralizó en el procedimiento de reconciliación⁴. En el nuevo clima político, una condición para el liderazgo era construir coaliciones para oponerse a la expansión de los gastos no destinados a defensa, con el fin de reducir los déficits anuales, mientras se reducían los impuestos para estimular el crecimiento de los ingresos y el empleo. 

Sin embargo, la teoría del PAYGO del crecimiento económico era poco más que una retórica racionalizante. La política fiscal de los años de George W. Bush desajustó la teoría según la cual el endeudamiento gubernamental “desplazaba” a las corporaciones y aumentaba las tasas de interés. El Congreso volvió a recortar impuestos en 2001 y 2003, dejando quieta la tasa corporativa pero reduciendo la tasa de ganancias de capital al 15 por ciento y la banda más alta para individuos al 35 por ciento. De 2002 a 2006, la emisión de deuda del Tesoro promedió 300 mil millones de dólares anuales, pero las tasas de interés se mantuvieron en mínimos históricos. A medida que la deuda volvió a aumentar paso a paso en respuesta a la Crisis Financiera Global, muchos economistas liberales continuaron argumentando que el endeudamiento gubernamental ponía en peligro la recuperación, y exhortaron a reformar los programas del seguro social para mantener la “confianza” en el valor de un papel que también era el activo de reserva mundial. La teoría anterior de la inversión, que enfatizaba la naturaleza política de las ganancias y la distribución del ingreso, había dado paso a un enfoque restrictivo completamente nuevo en las preocupaciones mezquinas de los grandes propietarios de deuda pública y las necesidades de los empresarios —reducir impuestos y costos laborales—, a pesar del insaciable apetito mundial por inversiones en Estados Unidos.

A medida que las corporaciones han retenido una mayor parte de los ingresos previos a impuestos desde la década de 1980, la menor carga tributaria sobre los individuos en la banda más alta de ingresos creó nuevos incentivos para las distribuciones corporativas⁵. Las escalas salariales se distendieron. La desigualdad aumentó. Mientras el antiguo sector público se marchitaba en escuelas abarrotadas, beneficios sociales reducidos o cancelados, y la demolición de viviendas públicas, surgió un nuevo sector de servicios sociales financiado públicamente pero administrado de manera privada en torno a los programas de la era de la Gran Sociedad, como Medicare y Medicaid. Todos los ciclos de recortes fiscales, techos de gasto y las normas legislativas PAYGO no pudieron rectificar la realidad estructural de una economía mixta postindustrial que sufría de una demanda crónicamente insuficiente, causada por la extrema desigualdad de ingresos y un sector público cada vez más débil. En las cuatro décadas anteriores a la pandemia del coronavirus, la tasa de desempleo en Estados Unidos estuvo en o por debajo del 4 por ciento durante un total de treinta y seis de 470 meses. Veinticinco de esos treinta y seis meses correspondieron al período de enero de 2018 a febrero de 2020. 

Revisando la economía dual

El entorno políticamente limitado en el que los republicanos buscan recortes fiscales y los demócratas buscan la reducción del déficit determinó un período de varias décadas de hegemonía corporativa indiscutida. Para el segundo mandato de Obama, algunos economistas comenzaron a preguntarse si una teoría política sería necesaria para explicar las tendencias económicas que se estaban observando. Cuando Janet Yellen, entonces presidenta del Sistema de la Reserva Federal, comenzó a subir las tasas de interés en 2015 para controlar el estrechamiento de los mercados laborales, varios de estos economistas —incluyendo a Peter Temin, Lance Taylor y Servaas Storm— recuperaron el concepto de “economía dual,” originalmente enunciado por el economista de Santa Lucía, W. Arthur Lewis, en la década de 1950, quien recibió el Premio Nobel por la idea. 

Lewis describió problemas de crecimiento económico que son característicos de los países en desarrollo. Con los mercados laborales divididos entre empresas modernas de altos salarios en los centros urbanos y un sector rural de subsistencia de bajos salarios se incrementó la migración de mano de obra a las ciudades en busca de mayores ingresos, independientemente de si había empleos disponibles. Los salarios en el sector moderno, aunque más altos que el resto, estaban regulados por el suministro virtualmente ilimitado de mano de obra proveniente del campo. Aunque la industria moderna aumentaba la productividad y reducía el costo de vida, los grandes propietarios con poder político podían oponerse a ello para mantener la disciplina laboral en las áreas de subsistencia. No obstante, incluso si los estadistas de vanguardia adoptaban nuevas tecnologías, enfrentaban el problema de cómo aumentar y distribuir rápidamente las inversiones sin crear inflación o exacerbar los problemas sociales creados por un suministro ilimitado de mano de obra barata. Para ello, necesitaban al estado para aumentar los impuestos y coordinar el crecimiento geográfica e industrialmente. 

Mientras Estados Unidos avanzaba torpemente en su recuperación inercial de la Crisis Financiera Global, y ambos bandos del sistema bipartidista abrazaban la austeridad fiscal y monetaria, su patrón de crecimiento comenzó a exhibir cada vez más características de una nación poscolonial de mediados de siglo, guiada por una élite retrógrada. “Las condiciones que se nos enseñó a considerar típicas de los países en desarrollo,” escribió Temin, “ahora están apareciendo en la nación más avanzada del mundo”⁶. Sin embargo, a medida que la recuperación económica de Estados Unidos se aceleró en los últimos años de Obama y los primeros de Trump, comenzó a mostrar signos de un crecimiento de economía dual con implicaciones muy diferentes a las que enfrenta el mundo en desarrollo. En lugar de una economía de auto-subsistencia, el sector de bajos salarios del mundo capitalista avanzado consistía en servicios, muchos de ellos vitales para la reproducción social. Cuando los mercados laborales se estrecharon antes de la pandemia, firmas gigantes del sector de bajos salarios como Walmart y Amazon comenzaron a aumentar sus salarios mínimos. La escasez de mano de obra no solo afectó al comercio minorista, sino también al sector de la salud y la educación pública. Cuando los salarios del sector privado aumentaron y se encontraron con la austeridad del sector público, los efectos políticos de este tipo de crecimiento se expresaron de manera contundente en una notable serie de huelgas del sector público en 2018 y 2019, involucrando a más de 645.000 educadores en estados gobernados por republicanos como Virginia Occidental, Oklahoma y Arizona, así como en distritos escolares urbanos de Los Ángeles, Denver, Oakland y Chicago⁷.

Dada su estructura de economía dual, desarrollada en torno a los servicios de bajos salarios durante las décadas anteriores, la economía estadounidense parecía incapaz de proporcionar servicios públicos básicos con pleno empleo. Este era un aspecto de la analogía de la economía dual que muchos economistas no anticiparon. Superar este problema no dependería solamente de aumentar el nivel de inversión en industrias modernas y tecnológicamente avanzadas —el camino para un país en desarrollo—. Requeriría, en cambio, alterar las condiciones de negocio en el sector de servicios: ampliar la provisión del gasto público en actividades deficitarias, como la educación, para pagar salarios competitivos; regular las ganancias en industrias de bajos salarios como el cuidado a largo plazo o la atención infantil, donde la expansión del servicio a gran escala con salarios y ganancias altos les implicaba quedar fuera de sus respectivos mercados; y superar la resistencia política de los empleadores de bajos salarios, para quienes los mercados laborales más blandos eran preferibles a realizar estos ajustes hacia una economía de altos salarios. Se necesitó el choque histórico de la pandemia del Covid-19 para hacer de estas deformaciones parte de una auténtica lucha legislativa. 

Economía en forma de K

Señales de un cambio de marea en la conciencia política demócrata se registraron en el verano de 2020, en forma de una retórica generalizada sobre la “economía en forma de K” de la nación. A medida que avanzaban la pandemia y las campañas electorales, la idea de que las tendencias de desarrollo a largo plazo detrás del creciente nivel de desigualdad en los Estados Unidos podían tener alguna explicación estructural en una teoría de crecimiento de mercados laborales bifurcados parecía cada vez más plausible. El desconcertante y desmitificador ambiente de 2020, con cuatro proyectos de ley de gasto de emergencia que totalizaron 2,3 billones de dólares aprobados antes de las elecciones de noviembre, obliteró el obstinado consenso entre la reducción de impuestos y la reducción del déficit. Se consolidó un cambio en el pensamiento económico en marcha desde los últimos años de Obama y los primeros de Trump.

Como explicó Biden en el primer debate presidencial de ese año, la “economía en forma de K” era “una frase elegante para referirse a todo lo que está mal con la presidencia de Trump… lo que significa esa ‘K’ es que los de arriba ven que las cosas suben, y los del medio y abajo ven que las cosas bajan y empeoran.” Este tipo de explicaciones, usadas para diagnosticar las emergencias superpuestas en la vida estadounidense, fueron clave para las novedades del Partido Demócrata que aseguraron una estrecha victoria en noviembre de 2020. “La gente se preocupa por una recuperación en forma de K, pero mucho antes de Covid-19 ya vivíamos en una economía en forma de K,” explicaría Yellen durante su audiencia de confirmación. “La riqueza se acumulaba sobre la riqueza, mientras las familias trabajadoras se quedaban cada vez más atrás. Esto es especialmente cierto para las personas de color.” 

En marzo de 2021, el Congreso aprobó el Plan de Rescate Estadounidense, asignando 1,8 billones de dólares a través del proceso de reconciliación presupuestaria, con la mayor parte de los desembolsos concentrados en los dos primeros años; un momento de juicios históricos triunfantes sobre el “fin del neoliberalismo”⁸. Para el principal comentarista económico del Wall Street Journal, la Bidenomics en ese momento era “más un movimiento político que una escuela de pensamiento económico. La base demócrata se ha movido hacia la izquierda… Esa base ahora busca, a través del Sr. Biden, remodelar la economía y la sociedad por años.” “Acabamos de vivir cuatro años de Donald Trump, lo que ciertamente aumenta la importancia de asegurarnos de que podamos cumplir de manera efectiva y no volver nunca a eso,” dijo Brian Deese, exfuncionario de Obama y ejecutivo de BlackRock, a quien Biden nombró como primer jefe del Consejo Económico Nacional. “Históricamente… en momentos de crisis, el espectro potencial de posibilidades se expande… la política del Partido Demócrata ha cambiado.”

Para cumplir con estas aspiraciones, en abril de 2021 Biden anunció propuestas de nuevas leyes de impuestos y gastos para el año fiscal 2022 en adelante. Su tamaño anual era significativamente menor que el de los proyectos de emergencia firmados por Trump y el propio Plan de Rescate Estadounidense de la administración de Biden. Sin embargo, las reglas presupuestarias del Congreso requerían que se discutieran en totales de diez años, un detalle procedimental que le dio al debate público un aire de cierta irrealidad. El primero fue el “Plan de Empleos Estadounidenses”: 2,3 billones de dólares para carreteras, puentes, sistemas de agua y reformas al mercado de atención a largo plazo financiado por Medicaid. El segundo fue el “Plan de las Familias Estadounidenses”: 1,8 billones de dólares para community colleges gratuitos; programas educativos K-12 existentes; pre-kindergarten universal; expansión de Medicare para servicios dentales, de visión y de audición; 12 semanas de licencia remunerada por enfermedad; y ampliación de la elegibilidad para el Crédito Tributario por Hijos.

Para compensar este incremento de gastos de 4,2 billones de dólares en diez años, se plantearon 3,8 billones de dólares en nuevos ingresos a través del “Plan Tributario Hecho en Estados Unidos”: un aumento en los impuestos corporativos, elevando la tasa sobre los ingresos corporativos del 2 por ciento al 28 por ciento, un mínimo del 21 por ciento para las ganancias en el extranjero, un mínimo del 15 por ciento para las ganancias reportadas, eliminando exenciones y deducciones para ingresos de combustibles fósiles, y reformando las deducciones transfronterizas. Además de estos cambios en los impuestos corporativos, la Casa Blanca propuso una tasa del 39,6 por ciento para individuos en la banda más alta, cerrar la laguna fiscal del “interés acumulado” en las ganancias de capital, poner fin a la exención fiscal de los intercambios “de igual tipo” de la Sección 1031 (un método de exención de bienes raíces de ganancias de capital), y destinar 80 mil millones de dólares a gastos para personal del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos —Internal Revenue Service (IRS) en inglés—.

Las condiciones mejoradas para los trabajadores del cuidado se convirtieron en un nuevo punto de referencia, discutido en términos de “infraestructura social”. “Parte de lo que está fallando es que la sociedad no está dignificando el trabajo que [los cuidadores de ancianos y niños] llevan a cabo, que es uno de los trabajos más difíciles”, dijo Deese. “Como una de las áreas de empleo en expansión en nuestra economía, vamos a necesitar más cuidado. Por esa razón, queremos que ese sector no solamente cree más poder para esos trabajadores, sino también más dignidad para ellos”. La forma de lograrlo no implicaba solamente “construir instalaciones de cuidado infantil e invertir en el lado de la oferta de cuidado infantil para que haya más opciones disponibles”, sino también asegurando “que los trabajadores que brindan ese cuidado estén mejor pagados y tengan más oportunidades para organizarse”⁹.

En total, la Casa Blanca propuso tener déficits anuales de 41 mil millones de dólares durante diez años. A pesar de su relativa modestia —alrededor de una séptima parte del costo anual de los déficits de la era Bush—, la expansión del sector público auguraba una profunda reorientación en la dirección de la economía política estadounidense: una reconstitución de la política fiscal a favor de una mayor seguridad social, un aumento en las nóminas del sector público y una mejora en la calidad de vida de niños y ancianos. “Si los elementos principales del Plan de las Familias Estadounidenses de Joe Biden se convierten en ley”, escribió Paul Krugman, “aportarían beneficios enormes, profundamente transformadores, para millones de personas”. En lugar de restringir el crecimiento del sistema de bienestar posterior a la Gran Sociedad, reduciendo la demanda y el empleo en un intento de estimular la inversión privada, la sabiduría convencional había cambiado. Juntos, los paquetes de gasto y de impuestos se centraron en cómo la inversión pública en estos sectores de cuidado podría sostener el mercado laboral favorable a los trabajadores, comenzar a aumentar los salarios y, con impuestos a las rentas más altas, establecer algún límite al continuo crecimiento de la desigualdad. La apuesta fue reimaginar el crecimiento como una forma de superar la desigualdad en forma de K.

Hacer lobby en la economía dual

Mientras mucha atención se centraba en los grandes estrategas del círculo de asesores de Biden, un conjunto menos deslumbrante pero más fundamental de actores comenzaba a movilizarse. Para muchos líderes empresariales, una versión del programa de la Casa Blanca se percibía como inevitable en la primavera y principios del verano de 2021. De alguna manera, el programa implicaba mayores obligaciones fiscales para las corporaciones: el Presidente proponía un 28 por ciento para los ingresos nacionales y un mínimo del 21 por ciento para todos los ingresos. (La dirección del cambio se había invertido en tan solo una década: en 2011, el presidente Barack Obama había propuesto reducir la tasa corporativa al 28 por ciento; el candidato presidencial Mitt Romney hizo campaña con la propuesta de la Mesa Redonda de Negocios —Business Roundtable en inglés— de reducir la banda más alta para las corporaciones al 25 por ciento).

Con mayor o menor seriedad, la comunidad empresarial estadounidense se movilizó contra la agenda de Biden. El presidente de la Cámara de Comercio se posicionó desde el principio, calificando la propuesta de infraestructura como un “punto de partida inaceptable”, mientras que la Mesa Redonda de Negocios advirtió que “los aumentos de impuestos harían que Estados Unidos sea poco competitivo como lugar para hacer negocios”. Josh Bolten, CEO de la Mesa y anteriormente jefe de gabinete de George W. Bush, se quejó de que “habiendo sido elegido precisamente porque no era ni Bernie Sanders ni Elizabeth Warren, ahora Biden está gobernando como ambos”.

Entre los grupos comerciales, la Federación Nacional de Minoristas —National Retail Federation (NRF) en inglés— lideró la oposición. Con una junta compuesta por ejecutivos de Walmart, Target, Albertsons, Microsoft, Macy’s y Dick’s, entre otros, la NRF representa a esos empleadores del sector de servicios de bajos salarios cuyos costos se verían más gravemente afectados por una reestructuración del mercado laboral estadounidense. También se unieron a la refriega los principales empleadores del sector de ocio y hospitalidad, representados por la Asociación Internacional de Franquicias —International Franchise Association (IFA) en inglés—, la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamientos —American Hotel and Lodging Association (AHLA)— y la Asociación Nacional de Distribuidores Mayoristas —National Association of Wholesaler-Distributors—. Llamándose a sí mismos Creadores de Empleo de Estado Unidos para una Recuperación Fuerte, argumentaron que un aumento de impuestos amenazaba con inclinar el gasto de los consumidores y las empresas hacia una recesión, sofocando la recuperación. Al centrarse en los aumentos de impuestos, esta nueva coalición pudo montar una campaña contra estos cambios más amplios a los términos de empleo en sus mercados laborales.

Uniéndose a estos empleadores de bajos salarios en su movilización contra los impuestos estaba el gran capital multinacional. La Coalición para Reformar los Impuestos de Estados Unidos de Manera Equitativa —Reforming America’s Taxes Equitably (RATE) en inglés— estaba presidida por Elaine Kamarck, una funcionaria de la era Clinton responsable de recortar las nóminas federales en los años noventa. (En ese entonces se jactó de haber “eliminado todo el material socialista de izquierda del Partido Demócrata”). El lobbying desde el ala liberal de las grandes empresas fue igualado por los conservadores de Wall Street: el Comité para Liberar la Prosperidad, impulsado por Stephen Moore, editor de opinión del Wall Street Journal, economista de la Fundación Heritage y fundador del Club para el Crecimiento.

Una decisión estratégica histórica moldeó la primera fase de esta lucha. Ante la oposición generalizada de los grandes empleadores, la Casa Blanca retrasó su impulso legislativo sobre impuestos en favor de un acuerdo menor sobre gasto con un grupo de senadores republicanos. Una influencia destacada detrás de esta decisión fue Anita Dunn, la encargada de lobbying por parte de la firma consultora de Washington SKDK, cuyos clientes, además de los comités de campaña del partido, incluyen Pfizer, AT&T y Amazon, y quien había “preparado al Presidente para cada entrevista y conferencia de prensa desde que asumió su campaña”. En abril, Dunn distribuyó un memorando a las “partes interesadas” en defensa de las porciones menos controvertidas de la agenda: “Los componentes clave del Plan de Empleos Estadounidenses del presidente Biden son abrumadoramente populares entre una coalición bipartidista y amplia”, argumentó, citando el apoyo al gasto en infraestructura por parte de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y el CEO de Ford Motors. Para ganar once votos republicanos en el Senado y asegurar un gasto adicional, la Casa Blanca eliminó algunas porciones de su propuesta de 2,3 billones de dólares: 400 mil millones de dólares para el cuidado a largo plazo, 424 mil millones de dólares en créditos fiscales para energía limpia, 326 mil millones para vivienda asequible y escuelas públicas, y 566 mil millones para manufactura e investigación y desarrollo domésticos. Se eliminó toda mención de impuestos. Quedaron 550 mil millones de dólares en diez años para carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, agua, banda ancha y distribución de energía eléctrica (en julio también se eliminó el financiamiento de 80 mil millones para el IRS). A finales de junio de 2021, justo cuando comenzaba el debate fiscal, la Casa Blanca anunció un acuerdo sobre el Marco de Infraestructura Bipartidista —Bipartisan Infrastructure Framework (BIF) en inglés—.

Posponer la lucha fiscal en favor del proyecto de infraestructura dividió al Partido Demócrata. El impulso por el BIF creó solidaridad en la coalición bipartidista contra los nuevos impuestos. Sin embargo, también alienó a porciones significativas de las fuerzas activistas y de defensa que se movilizaban detrás de las reformas del mercado laboral, la expansión del sector público y la energía renovable. Con el marco asegurado en junio de 2021, Anita Dunn dejó la Casa Blanca en julio para regresar a SKDK. Comprendiendo que el ala izquierda del Partido Demócrata solo tenía influencia sobre el centro por su capacidad de bloquear la legislación bipartidista, Pelosi declaró que la Cámara votaría sobre los impuestos antes de gastar, asegurando al menos algún avance en los aumentos de impuestos y los paquetes de la “economía del cuidado” que quedaron fuera del BIF¹⁰.

La estructura de poder revelada por la lucha de tres meses de los demócratas de la Cámara a fines del verano y principios del otoño de 2021 se vio poco afectada por las conmociones de 2020 y la transformación ideológica representada en algunas fracciones del círculo de asesores de la Casa Blanca. Para julio, las corporaciones que habían instado a la responsabilidad social y la transferencia pacífica del poder después del 6 de enero estaban movilizando una ola inercial de dinero para llevar un mensaje contra los esfuerzos del nuevo gobierno por limitar los ingresos más altos. Buscando proteger los bajos impuestos sobre las ganancias extranjeras, la Coalición RATE vio su presupuesto anual multiplicarse por ocho durante 2021. En julio, el jefe del Comité para Liberar la Prosperidad escribió una carta pública a Mitch McConnell exigiendo la exclusión de los aumentos de impuestos de cualquier legislación sometida a votación en el Senado. Incluso la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales —American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO)— se unió en coalición con la Asociación Nacional de Manufacturas —National Association of Manufacturers (NAM)—, su oponente generacional a lo largo de la carrera centenaria del movimiento laboral estadounidense, para instar la aprobación rápida del BIF.

Aislando el tema fiscal para dividir la coalición de Biden, McConnell permitió que el Senado votara sobre infraestructura en agosto. Al mes siguiente, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara —House Committee on Ways and Means—, controlado por los demócratas, marcó su propia legislación amplia para el presupuesto del año fiscal 2022, ahora titulada Ley Build Back Better ¹¹.

Cuando el Comité de Medios y Arbitrios presentó la Ley Build Back Better a finales de octubre, el muro de oposición adquirió nuevas características dirigidas a medidas de gasto específicas, diseñadas para remodelar las relaciones de poder en la economía del cuidado. La industria farmacéutica ha sido durante mucho tiempo la que más gasta en lobbying registrado, con desembolsos anuales casi el doble de sus análogos más cercanos en seguros, petróleo y gas, y valores.

La Asociación Estadounidense de Dentistas se opuso a incluir beneficios dentales bajo Medicare, lo que limitaría la autonomía de precios de sus miembros. Los anuncios televisivos mostraban a pacientes preocupados porque las negociaciones de precios de medicamentos “harían más difícil que las personas en Medicare obtengamos las medicinas que necesitamos”.

Sin embargo, el aumento del gasto de la industria de la salud contra la reforma también fue igualado en ese momento por un aumento en los gastos de lobbying de otro grupo, interesado en eliminar otra parte del gasto del paquete general: los fabricantes de electrónica.

El balance de poder se había establecido en junio, cuando la Casa Blanca aceptó separar la infraestructura de los impuestos: anticipó y aceptó la oposición corporativa a los impuestos, asegurando así los votos para infraestructura.

El veto del precio

¿Qué pasó con el entorno intelectual que produjo las propuestas de la Casa Blanca amalgamadas en Build Back Better? El dispositivo retórico clave empleado en la lucha por el poder dentro del Congreso sobre Build Back Better —el epónimo de la legislación que eventualmente resolvió el ciclo legislativo— fue la inflación. A pesar de los gestos hacia una política PAYGO, el acuerdo logrado por la Casa Blanca había aumentado el gasto sin impuestos. El paquete de aumento de impuestos continuó avanzando, llegando en noviembre al pleno de la Cámara. No obstante, incluso mientras lo hacía, el entorno en el que luchaba el Bloque Progresista de la Cámara —House Progressive Caucus— había cambiado drásticamente.

La inflación reemplazó a la economía en forma de K como el objetivo más urgente de la política económica nacional. Para junio de 2021, la tasa de inflación había aumentado a un 5,3 por ciento, la más alta desde las crisis de precios del petróleo de 2008. Se estabilizó durante tres meses ese verano, justo cuando se cristalizó el acuerdo sobre infraestructura sin impuestos. Sin embargo, en octubre, mientras el Comité de Medios y Arbitrios evaluaba el proyecto de Build Back Better y la aprobación del BIF estaba en suspenso, la inflación volvió a aumentar al 6,2 por ciento y en noviembre al 6,9 por ciento. Mientras la legislación tributaria se estancaba en el Congreso pero se negaba a morir, la inflación se aceleró aún más. La economía estadounidense estaba experimentando algo que no había visto desde finales de los años setenta: una inflación en constante aceleración. Esto configuraría el destino de la política fiscal durante los siguientes tres años.

Si iba a llegar en algún momento, el gasto en inversiones —fundamental para un nuevo enfoque del lado de la oferta para el crecimiento económico— requeriría una forma y una base política diferentes. Con una orientación internacionalista y una junta presidida por el CEO de Qualcomm, Cristian Amon, la Asociación de la Industria de Semiconductores —Semiconductor Industry Association (SIA)— había pasado gran parte de los últimos años de las administraciones de Obama y Trump argumentando contra los controles de comercio e inversión que interrumpirían las relaciones con sus proveedores y clientes. La industria de semiconductores en Estados Unidos había dependido durante muchos años de cadenas de suministro fluidas. Empresas de diseño de chips “sin fábrica” —fabless— como Qualcomm y Nvidia externalizan su fabricación a compañías de fabricación por encargo, siendo la más grande la Taiwan Seminconductor Manufacturing Corporation (TSMC), antes de vender sus productos a fabricantes de dispositivos como Apple, Lenovo, Dell, etc. Las “acciones gubernamentales… para asegurar la ‘autosuficiencia’”, advirtió la SIA en 2016, representaban un “riesgo” para la industria en la “amenaza de sobrecapacidad”: la caída de precios y el exceso de oferta eran los peligros principales para cualquier asociación comercial¹².

Esta posición se enfrentó a la realidad de la incipiente guerra comercial de la administración Trump. Antes de la pandemia, John Neuffer, presidente de la SIA, representaba la visión anterior del dominio global de Estados Unidos a través de la división global del trabajo del capital multinacional. Triunfalmente celebrada por los neoconservadores de la era Bush, esta visión se oponía a la expansión del capital y protegía contra los intentos de los gobiernos de moldear su crecimiento. El mismo Neuffer había trabajado en la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos —United States Trade Representative— para George W. Bush; Neil Bush, el hermano del presidente, era socio de un fabricante de semiconductores chino. La SIA se opuso a las restricciones de licencias de la administración Trump sobre Huawei; el mercado estadounidense era, después de todo, solo una parte del estado financiero de una corporación multinacional¹³. Eric Schmidt, ex-CEO y presidente de Google, que sirvió en la Comisión de Seguridad Nacional en Inteligencia Artificial del presidente Trump, coincidía con el nuevo consenso de política exterior de que “cierto grado de separación tecnológica de China es necesario”, pero también insistió en que “el sector tecnológico de China sigue beneficiando a las empresas estadounidenses”¹⁴.

Contra este horizonte trumpista, apareció una de las piezas centrales de la Biden-economía: los subsidios nacionales para la construcción de instalaciones de fabricación de semiconductores e I+D —Investigación y Desarrollo—. El movimiento más agresivo de Washington respecto al tema de los semiconductores ocurrió en vísperas de la pandemia con la detención de la ejecutiva de Huawei, Meng Wanzhou, a pedido del Departamento de Justicia. (La Real Policía Montada de Canadá la mantuvo bajo arresto domiciliario durante 33 meses en total). Con el 75 por ciento de la fabricación mundial de semiconductores ubicada en Asia Oriental, y con la sinofobia como un rasgo definitorio de la coalición proteccionista detrás de Trump, la pandemia y las escaseces relacionadas hicieron que se concibieran nuevas configuraciones de poder empresarial y gubernamental. A medida que la Casa Blanca comenzó a invocar el Acta de Producción para la Defensa —Defense Production Act (DPA)—, el Secretario de Estado Mike Pompeo anunció una nueva política de adquisiciones: el Departamento de Estado ya no transmitiría comunicaciones utilizando equipos fabricados en China. Poco después, Keith Krach, ex ejecutivo financiero de General Motors y entonces Subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Pompeo, aseguró el acuerdo que se convertiría en uno de los logros definitorios reivindicados por la Biden-economía. En mayo de 2020, la TSMC anunció un plan para ubicar una planta de 12 mil millones de dólares en Phoenix, Arizona. En septiembre de 2020, Krach viajó a Taiwán para cumplir con la “estrategia de seguridad económica global”: la Casa Blanca vendería 7 mil millones de dólares en misiles de crucero, minas, drones y estaciones de control al gobierno de la isla.

De esta manera, los cimientos de un programa de manufactura tecnosegura se establecieron antes de las elecciones de 2020. Todo lo que quedaba era una nueva fórmula para la política fiscal. En julio de 2020, la Cámara había aprobado un proyecto de ley de defensa general que incluía la autorización de “Incentivos para la Manufactura de Semiconductores”. Sin embargo, la autorización no asignó nuevos fondos. Ese mismo mes, Eric Schmidt de Google convocó al China Strategy Group para generar presión política sobre el tema de la tecnología y la seguridad nacional, con miembros de la administración de Obama en el Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense —Center for New American Security (CNAS) en inglés—, ex funcionarios del Departamento de Estado de George W. Bush, consultores de gestión, banqueros de inversión, capitalistas de riesgo y un empresario de NFT. En septiembre de 2020, la SIA publicó recomendaciones para un programa de 50 mil millones de dólares para subsidiar la construcción de diecinueve nuevas fábricas de semiconductores en Estados Unidos.

El impulso del lobbying coincidió con una alineación partidaria definida dentro de la industria. En ciclos electorales anteriores, las contribuciones de campaña de la industria de fabricación y equipos electrónicos sumaban alrededor de 50 millones de dólares, en un patrón aproximadamente bipartidista con un ligero margen demócrata. Sin embargo, en 2020 la industria gastó 102 millones  de dólares en demócratas en comparación con 34 millones en republicanos; 2 millones de dólares para Biden en comparación con 684.000 para Trump. Lo más notable en este giro hacia la política fue el movimiento de la SIA hacia el aparato de lobbying de seguridad nacional. Aunque empresas miembros como Qualcomm habían estado activas aquí durante mucho tiempo, la asociación comercial en sí había permanecido fuera de la contienda partidaria de la planificación de políticas del Departamento de Estado y Defensa. Esto cambió en noviembre, con la victoria de Biden. El día después de las elecciones, el CNAS añadió a la SIA a su lista pública de donantes. Las corporaciones de semiconductores que habían invertido en la planificación de políticas de defensa del Partido Demócrata pronto tendrían aliados en la cúpula de la burocracia de política exterior de Biden: el Subsecretario de Estado Kurt Campbell había cofundado el CNAS con Flournoy; la Subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos Victoria Nuland fue CEO del CNAS.

El Plan de las Familias Estadounidenses en marzo de 2021, el paquete de propuestas que luego se convertiría en la Ley Build Back Better, incluyó 230 mil millones de dólares durante diez años para la producción e I+D de semiconductores. Dos semanas antes de que Sinema y la Casa Blanca anunciaran su acuerdo bipartidista sobre infraestructura sin impuestos en junio de 2021, el Senado aprobó la Ley de Innovación y Competencia —US Innovation and Competition Act (USICA) en inglés—, un proyecto de ley independiente de 250 mil millones de dólares para la producción de semiconductores e I+D corporativo, cuyo objetivo era separar los subsidios a las empresas tecnológicas del proyecto más grande de aumentar impuestos y expandir los servicios sociales. Sin embargo, dado que las reivindicaciones fiscales competían dentro del Partido Demócrata, los subsidios a los semiconductores aún eran controvertidos. Mientras el Bloque Progresista de la Cámara chocaba contra la obstrucción de Manchin y Sinema, bloqueando toda legislación en el verano y otoño de 2021, el destino de cualquier gasto estaba en el limbo.

El aumento del costo laboral entre 2021 y 2022 fue intolerable para muchos dueños de negocios; generaron enormes presiones políticas para eliminar los pagos de ayuda a los trabajadores. Las quejas generalizadas de empleadores sobre una “escasez de mano de obra” reflejaron esto, lo cual se tradujo en el esfuerzo por eliminar los beneficios de desempleo mejorados financiados por la Ley CARES — Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act en inglés— y el ARP, que veintidós gobernadores republicanos habían hecho a nivel estatal para mayo de ese primer año. La inflación certificó un veto ideológico contra el gasto expansivo orientado a los trabajadores del período de recuperación inmediata. Las amplias reivindicaciones sobre el proceso presupuestario, reorientadas por la inflación, se habían reducido, y el éxito del lobbying de la industria de semiconductores de alguna manera proporcionó un modelo para una coalición bipartidista de gasto.

Encontrando una base para la seguridad nacional

Después de tomar distancia frente a su mirada más socialdemócrata y orientada a los servicios públicos, las demandas corporativas sobre el tesoro nacional avanzaron de manera hábil. Encabezadas por Oracle, Apple, Microsoft, Qualcomm, Intel, Palantir, Dell, Cisco e IBM, entre otras, los gastos trimestrales en lobbying de fabricantes de equipos electrónicos aumentaron un 28 por ciento a lo largo de 2021. Al comenzar 2022, los fabricantes de equipos electrónicos estaban listos para arrebatarle al 117° Congreso lo que su estancamiento negaba a las bases electorales de pacientes hospitalarios, trabajadores de la salud, jubilados, estudiantes, maestros y padres: el gasto gubernamental. En enero, la Cámara de Representantes aprobó la Ley COMPETES —America Creating Opportunities to Meaningfully Promote Excellence in Technology, Education, and Science Act en inglés—. El secretario Antony Blinken había establecido el tono del debate legislativo sobre los subsidios de la industria un año antes al anunciar la “estrategia de seguridad nacional” de la administración, señalando que se enfrentaban a “la mayor prueba geopolítica del siglo XXI: nuestra relación con China”¹⁵.

El ímpetu inmediato para salvar una coalición legislativa surgió con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El 15 de marzo de 2022, el Presidente firmó la primera ley de asignación suplementaria militar para Ucrania por 10 mil millones de dólares. Habiendo vencido el desafío sobre el uso del poder fiscal del gobierno, era hora de volver a ponerlo en uso.

El 22 de marzo de 2022, Biden asistió a la reunión trimestral de la Mesa Redonda de Negocios para agradecer a los ejecutivos multinacionales reunidos por adherirse a las sanciones estadounidenses contra Rusia. Mary Barra, de General Motors —quien ya se había comprometido públicamente con 35 mil millones de dólares para vehículos eléctricos en 2025— fue la anfitriona de la reunión, cuyo tema era las ganancias verdes. Estos movimientos reflejaban el mundo del lobbying fiscal. El lobby de la energía verde inundó el campo y cosechó una serie de reuniones bipartidistas del Congreso sobre el clima. 

El resurgimiento de las conversaciones presupuestarias —sin impuestos— también desbloqueó el paquete estancado de semiconductores. Cuatro días después de que Biden se reuniera con el Business Council en marzo, el Senado aprobó su versión de la Ley COMPETES. A pesar de la oposición a aumentar el déficit durante toda la saga del Build Back Better, la guerra en Ucrania había puesto el gasto nuevamente en la agenda; a finales de abril, el Congreso aprobó y el Presidente firmó la segunda asignación suplementaria militar para Ucrania, esta vez por 33 mil millones de dólares. Mientras tanto, las propuestas de COMPETES de la Cámara de Representantes y el Senado permanecían en el comité de conferencia junto con la Ley de Innovación y Competencia, sujetas a la discreción del Senado y su líder de la minoría, Mitch McConnell. Como si señalara la sanción corporativa sobre la política fiscal emergente, Biden volvió a nombrar a principios de mayo a Anita Dunn como asesora especial. Una solución al problema de inversión estaba al alcance. El 27 de mayo de 2022, Manchin finalmente reveló al público sus conversaciones en curso con el senador Schumer sobre los subsidios climáticos — los 424 mil millones de dólares que originalmente formaban parte del Plan de Empleos Estadounidenses. 

La manera como finalmente se superó este partidismo ilumina los valores que hicieron posible la Bidenomics.  La administración avivó un miedo a la guerra. El 13 de julio, los senadores demócratas Schumer de Nueva York y Maria Cantwell de Washington organizaron una sesión informativa de seguridad clasificada para todo el Senado sobre la importancia de la fabricación de semiconductores para la industria de defensa. Allí, un grupo bipartidista de senadores escuchó a la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, a la subsecretaria de Defensa, Kathleen Hicks, y a la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, quien explicó durante dos horas la importancia de estimular la industria de semiconductores. Hicks dijo al grupo que “el 98 por ciento de los chips comprados por el Departamento de Defensa se prueban y empaquetan en Asia,” mientras que Haines describió al grupo un escenario hipotético de una invasión china de Taiwán. La semana siguiente, la oficina de Pelosi comenzó a decir a los reporteros que el líder de la mayoría de la Cámara volaría a Taiwán, la primera vez en un cuarto de siglo que un funcionario estadounidense de su rango visitaba la isla, lo que provocó ejercicios militares aéreos de ambos lados del Mar de China Meridional.

Manchin jugó la carta final con un farol. Después de la sesión informativa, Raimondo pidió a Pompeo y al asesor de seguridad nacional de Trump, Robert O’Brien, que llamaran a la bancada republicana del Senado para aprobar los fondos. Al día siguiente de la sesión informativa de seguridad clasificada, Manchin anunció que no votaría por un paquete de reconciliación que aumentara impuestos y gastos. Su acuerdo con Schumer se había derrumbado, dijo; la oposición de McConnell ahora era irrelevante. El 27 de julio, McConnell, satisfecho, permitió que el Senado votara 64 a 33 para enviar el proyecto de ley de gasto de la USICA —ahora la Ley CHIPS y Ciencia— a la Cámara de Representantes. A la mañana siguiente, Schumer y Manchin hicieron público un acuerdo sobre un paquete legislativo de reconciliación presupuestaria, presentado como un acuerdo climático, de salud y fiscal: 369 mil millones de dólares en créditos fiscales compensados por 313 mil millones en ingresos, obtenidos a partir de una variedad de cambios en los impuestos corporativos que no incluían aumentar la tasa legal; Medicare obtendría el control sobre un pequeño conjunto de precios de la industria farmacéutica. Había llegado la IRA.

La invención de la Bidenomics

Las estructuras de poder que sostenían a muchos distritos congresionales operaban como una especie de centrífuga descentralizadora contra las fuerzas que impulsaban la agenda del Build Back Better. Los empleadores necesitaban estabilizar los costos laborales; el consenso de los medios nacionales concordaba en que el culpable de la inflación desestabilizadora era el gasto gubernamental. La oposición al gasto era la solución. La debilidad de una base nacional para incluso los aumentos de gasto necesarios para la nueva agenda de seguridad global —y mucho menos un aumento en la confianza del activismo de la clase trabajadora— surgió en las teatralidades al estilo Rashomon necesarias para recortar impuestos a los proveedores de energía verde y subsidiar la industria de semiconductores.

Los detalles finales del proceso de reconciliación explicitaron esta debilidad: de los aumentos de impuestos incluidos en el acuerdo Schumer-Manchin del 28 de julio, Sinema logró en el último minuto eximir a los lobbies centrales. Debido a su insistencia, el Congreso retuvo la laguna fiscal de las ganancias por intereses que deja a los fondos de capital privado y de cobertura pagando tasas más bajas de impuestos sobre ganancias de capital en sus comisiones de gestión. Las corporaciones manufactureras y de telecomunicaciones ganaron nuevas deducciones por depreciación acelerada y derechos de espectro. Los 80 mil millones de dólares en financiamiento para el IRS durante diez años, asegurados en agosto de 2022, se redujeron, en junio de 2023 y marzo de 2024, en las negociaciones del techo presupuestario con el 118° Congreso, a 60 mil millones de dólares.

La vieja hegemonía de los grandes negocios sobre el liderazgo político del Partido Demócrata se debilitó solamente después de una pandemia global y los históricos levantamientos urbanos del verano de 2020. Sin embargo, la resistencia política a hacer crecer y reformar la economía del cuidado y renegociar los términos de empleo en el mercado laboral estadounidense moldeó decisivamente lo que luego se convirtió en la Bidenomics:  la adopción de justificaciones de seguridad nacional para el gasto público; la celebración de la tecnología y su atribución a emprendedores; el silenciamiento de las campañas para construir poder político capaz de elevar la tasa y moldear la distribución de impuestos; el regreso de la austeridad a los presupuestos municipales; y la búsqueda de seguridad fronteriza. En resumen, se había convertido en lo que el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan llama “una base tecnoindustrial fuerte, resiliente y de vanguardia” capaz de “dar lugar a una nueva era de la revolución digital.” Este proyecto, combinado con la intervención militar en el extranjero, eclipsó el proyecto incipiente del Build Back Better de construir una coalición electoral de trabajadores de servicios de bajos salarios, sindicatos del sector público e inmigrantes. Entre la nueva insurgencia del Partido Demócrata para aumentar los impuestos y rehacer el estado de bienestar, por un lado, y la élite empresarial estadounidense adversa a los impuestos y preocupada por la disciplina laboral, por otro, el impasse político presurizado produjo un ajuste de compromisos.

Sin embargo, ha surgido una nueva política fiscal del período Biden. Esta ha visto un aumento gradual en el gasto federal por encima de la norma previa a la pandemia. Durante las negociaciones del presupuesto federal del año fiscal 201, en noviembre de 2010, en el nadir de esa recesión, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto —Office of Management and Budget (OMB) en inglés—, Peter Orszag, dijo que los recortes en la Seguridad Social “ayudarían al gobierno federal a establecer la credibilidad tan necesaria para resolver los problemas fiscales futuros.” John Podesta pensaba que “las reformas [a la Seguridad Social] podrían demostrar de manera contundente a los mercados de deuda escépticos que Estados Unidos está dispuesto a abordar un problema fiscal políticamente difícil.” Paul Volcker, entonces asesor de Obama, apoyó los recortes propuestos a los beneficios como una medida para “generar confianza”. Este tipo de retórica no está presente en las elecciones de 2024. En cambio, tanto Donald Trump como Kamala Harris hicieron campaña para proteger la Seguridad Social y Medicare, mientras que el presupuesto del año fiscal 2024, en un ciclo político electoral, proyecta un déficit de 940 mil millones de dólares. La política fiscal ha vuelto, en una síntesis confusa de recortes de impuestos que constituyen la nueva política industrial. La seguridad nacional proporciona el pegamento ideológico para las Resoluciones Continuas y los aumentos del techo de la deuda que sostienen esta política fiscal: desde marzo de 2022, cuando comenzó la guerra en Ucrania, el Congreso ha otorgado 275 mil millones de dólares adicionales a través de siete proyectos de ley de financiación militar suplementaria, mientras reduce los presupuestos de programas civiles desde sus niveles anteriores a la IRA.

¿Será posible que el crecimiento económico —producido por el regreso de déficits fiscales crecientes— revierta medio siglo de desigualdades? Las mayores ganancias de empleo en los años de Biden se han dividido entre dos tipos de mercados muy diferentes. El sector que ha disfrutado del mayor crecimiento absoluto en el empleo total en comparación con febrero de 2020 corresponde a servicios profesionales y empresariales. Más de tres cuartos de los 1,4 millones de empleos que la economía agregó en este sector en comparación con antes de la pandemia han sido en servicios profesionales, científicos y técnicos: sorprendentemente, la consultoría de gestión lidera el grupo, seguida por el diseño de sistemas informáticos y servicios relacionados, y servicios de investigación y desarrollo científico. A estos les siguen la educación privada y los servicios médicos (un millón de empleos) y el transporte y almacenamiento (836.000 empleos). Estos últimos son ambos sectores de baja remuneración con ganancias de productividad limitadas por la expansión de la demanda; aunque sus salarios también están aumentando, son, en términos horarios, pequeñas fracciones de los costos laborales en el sector de alta remuneración. En conjunto, estas tendencias representan una continuación de patrones en forma de K en la economía.

Los cambios en la estructura industrial y ocupacional del empleo estadounidense producidos hasta ahora por la Bidenomics reflejan el equilibrio de poder subyacente en la economía mixta. De los muy anunciados 800.000 empleos manufactureros de la administración, 650.000 representan la recuperación a los niveles de febrero de 2020. La ganancia absoluta de 150.000 empleos en la manufactura desde antes de la pandemia representa una tasa de crecimiento del empleo más baja que la del resto de la economía. Extremadamente productivos, los fabricantes simplemente no pueden encontrar suficientes clientes para sus productos que les permitan aumentar su participación en la fuerza laboral. Incluso en un nuevo entorno comercial protegido, la manufactura ha continuado disminuyendo como porcentaje del empleo nacional durante los años de Biden, cayendo del 8,5 por ciento al 8,2 por ciento de la fuerza laboral empleada¹⁶.

La expansión fiscal de 2020-2021 parece haber cambiado esta situación solo temporalmente. Nuevas inversiones, impulsadas por logros de la IRA como el Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero —Greenhouse Gas Reduction Fund en inglés—, o la expansión de préstamos respaldados por el gobierno del Departamento de Energía, darán forma al crecimiento de nuevos proyectos de energía verde en todo el país. No obstante, la oferta de inversión privada ha tenido el efecto de reproducir y expandir una economía dual de servicios de baja remuneración sostenida por una nueva construcción, valores especulativamente inflados en bienes raíces y valores, y un sector rico pero de bajo empleo de empresas de alta tecnología y manufactura de ensamblaje final. Dada la experiencia de pleno empleo que precedió a la pandemia y su continuación en la rápida recuperación, el clásico problema de aumentar el gasto gubernamental sin provocar pánico empresarial o colocar el gasto en manos de actores corporativos con intereses propios permanece sin resolver. Hacerlo significaría enfrentar la manera como el gasto público y la inversión privada juntos crean los patrones de desigualdad predominantes en el sector de servicios y la economía del cuidado, exactamente la parte de la agenda que no pudo encontrar un hogar en la nueva síntesis legislativa. En ausencia de un propósito alternativo que pueda unir coaliciones legislativas en busca de lo que los economistas llaman crecimiento económico “balanceado”, el avance bajo el signo de la seguridad nacional seguirá siendo desigual, inequitativo y políticamente restrictivo.

Estar en condiciones de contemplar estrategias alternativas de pleno empleo requiere no solo mantener un mercado laboral ajustado, sino también el control del gobierno. Incapaz de sostener una política fiscal con las competencias requeridas para comprimir más rápidamente los salarios y mantener la participación del trabajo en el ingreso nacional, la Bidenomics tomó un programa para aumentar impuestos y el gasto social y lo transformó en créditos fiscales corporativos financiados por déficits para el crecimiento dirigido de centros de ganancias existentes. Para hacer esto, los demócratas se han vuelto hacia los diseños imperiales del Departamento de Estado para extraer gasto del Tesoro.

En la década de 2020, la preparación militar se está reinventando como un tema bipartidista exitoso. “Estos preparativos supuestamente belicosos han sido, de hecho, preparativos para romper la paz”, escribió Thorstein Veblen en febrero de 1917, un mes antes de que Woodrow Wilson comprometiera a los soldados estadounidenses en Europa y pusiera en marcha este proceso. “Se había buscado un remedio en la preparación de armamentos aún más pesados, con la plena consciencia de que más armamento inevitablemente conllevaría una guerra más severa y desastrosa, lo cual resume la estrategia estatal del último medio siglo.” Por mucho que los estrategas políticos puedan convencerse de que el nuevo nacionalismo puede asegurar el consentimiento interno y el alcance geoeconómico, las corrientes en las que están fluyendo conducen de regreso a las catástrofes históricas en las cuales se inventaron las herramientas mismas de la macroeconomía, para entender y dar forma consciente al cambio económico. 

Traducido por Eduardo Gutiérrez.