Sueldo de ciudadanía

La cruzada de la administración de Trump por transformar el sistema migratorio estadounidense ha incluido cambios radicales dirigidos a aumentar las capacidades del Estado para localizar y “remover” (es decir, expulsar) a quienes residen en el país sin contar con ciudadanía. La administración ha empoderado a agentes migratorios para adentrarse en espacios antes considerados “sensibles”, como escuelas o iglesias, suspendido el debido proceso para personas no ciudadanas que residen en el país legalmente y establecido cárceles migratorias más allá de las fronteras de Estados Unidos. 

Llegó a un acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos [IRS o Internal Revenue Service] para usar aquellos datos tributarios que alguna vez estuvieron fuera del alcance de la autoridad migratoria con el fin de localizar a unos 7 millones de trabajadores indocumentados. En este momento, se están realizando aparatosos operativos de deportación en todo el país: el Departamento de Seguridad Nacional [DHS o Department of Homeland Security] presume que ha llevado a cabo 113 mil detenciones y más de 100 mil deportaciones desde que Trump asumió su cargo en enero. Estas cifras nos hablan de un incremento en las detenciones y deportaciones “colaterales” que probablemente incrementarán tras la revocación de los permisos de trabajo de 530 mil migrantes legales de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas [ICE o Immigration and Customs Enforcement] que tuvo lugar 25 de marzo. Estos migrantes ahora tienen treinta días, es decir, hasta el 24 de abril, para salir del país antes de convertirse en el blanco de esfuerzos de detención y deportación.Estas medidas draconianas eran de esperarse. Sin embargo, lo que está menos claro es si estas ofensivas amenazarán a la alianza incómoda entre el gobierno federal y quienes emplean a trabajadoras y trabajadores de las industrias agricultoras, de construcción, alimenticias y hospitalarias.

A pesar de que la “Guerra contra el terrorismo” lanzada en 2001 redefinió los límites del poder ejecutivo en cuanto a la vigilancia y detección de extranjeros en el país, los lugares de trabajo han permanecido relativamente impermeables durante las últimas dos décadas. La resiliencia de este arreglo refleja un interés claramente hegemónico por mantener una fuerza laboral barata y dócil, lo que asegura precios bajos y ganancias altas; un flujo vital de trabajadores de la salud y de cuidados de las infancias; una fuente crítica de trabajadoras y trabajadores futuros y casi 100.000 millones de dólares en ingresos tributarios estatales, locales y federales. Esto engloba la perspectiva de las y los empleadores en Estados Unidos, encapsulada en la noción de las “empresas santuario”, según la cual la segmentación del mercado laboral ha impulsado al crecimiento de las empresas.¹

Reformar este sistema más allá de las iniciativas de ley más punitivas se vislumbra como un ejercicio inútil. El fracaso de una reforma integral en el Congreso ha llevado a que la política migratoria (y muchas otras ramas de la política) quede bajo el dominio de las acciones ejecutivas. Sin embargo, el sistema migratorio estadounidense no se basa en la aplicación de las leyes migratorias, sino en su no aplicación selectiva. Las y los empleadores han llegado a confiar en que el Estado ignorará su explotación de la mano de obra indocumentada toda vez que se les permite amenazar a sus trabajadores con la deportación de manera creíble. La consecuencia ha sido el fortalecimiento del poder de negociación de los empleadores en contra de todos los empleados: se deprimen los salarios, se debilitan a los sindicatos y la política del trabajo logra distanciarse de la negociación colectiva y de la regulación de salarios y horas de trabajo. Este interés en mantener una fuerza laboral débil y desorganizada ha impulsado a los políticos estadounidenses, de manera consciente o no, a adoptar el rol del jefe caprichoso, pues se amenaza a porciones significativas de la fuerza laboral en Estados Unidos con la deportación. Sin embargo, si Trump se puede permitir la implosión de este arreglo es porque la precariedad del trabajador indocumentado representa el futuro de las relaciones laborales en Estados Unidos, no su pasado.

El derecho laboral y migratorio en Estados Unidos

Durante mucho tiempo, el consenso entre estudiosos de la inmigración ha sido que los factores de atracción económica, y no el emprendimiento criminal o el “imán del welfare” (mal concebido como el otorgamiento indiscriminado de apoyos gubernamentales), han sido el principal impulsor de la migración México-Estados Unidos. Este entendimiento estuvo detrás de los esfuerzos por imponer penalizaciones económicas a empleadores en la década de los años 50, así como la tendencia a exigir que las y los empleadores verificaran que sus empleados tuvieran estatus legal para trabajar en los años 70. Bajo esta lógica, si las y los empleadores pudieran cooptarse como detectores de migrantes indocumentados en el punto de contratación, entonces los migrantes potenciales se quedarían sin incentivos para emprender el viaje migratorio en un principio.

A su vez, la fuerza laboral indocumentada, que ya no tendría buenos prospectos de empleo, sería orillada a la autodeportación. Como alguna vez lo planteó el abogado prorestricción Kris Kobach en un artículo sobre “enforcement by attrition”, o la idea de dificultar tanto la vida de los migrantes indocumentados que se autodeportarían, publicado en 2008: “¿qué si todos los inmigrantes ilegales tuvieran dificultades para encontrar empleo en Estados Unidos mientras los riesgos de la aplicación [de la ley inmigratoria] fueran a incrementar para todos?”

La Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986 [IRCA o Immigration Reform and Control Act] marcó el comienzo de un experimento federal para controlar la inmigración a través del mercado laboral. Las “sanciones a los empleadores” contempladas bajo la ley delegaron a una vasta porción de la autoridad de vigilancia a los empleadores privados, poniendo bajo su discreción la verificación de documentos identitarios, así como el almacenamiento de historiales del I-9 (un formulario utilizado para verificar la elegibilidad de empleo de los trabajadores). Las empresas estarían sujetas a auditorías aleatorias y se abrirían investigaciones a partir de denuncias. Quienes no se apegaran a la ley enfrentarían castigos civiles y criminales cuya seriedad dependería de la frecuencia y gravedad de la ofensa. Este cambio legal en la manera de regular a la inmigración fue significativo, tanto cualitativa como cuantitativamente. Ahora, gracias a la IRCA, además de las decenas de miles de miembros del personal del Servicio de Inmigración y Naturalización [INS o Immigration and Naturalization Service] habría millones de detectores migratorios nuevos y privados: los empleadores mismos.Como también fue el caso con los esfuerzos por vigilar el trabajo no autorizado en las décadas de los años 50 y 70, una vez más, los grupos empresariales intervinieron para amoldar a la ley según sus propias necesidades.

Los cabilderos ganaron ciertas provisiones claves que impulsaron una relación radicalmente asimétrica: la IRCA contemplaría que un esfuerzo de “buena fe” del empleador por verificar documentos constituiría una defensa afirmativa contra de cualquier acusación de violar a la ley, crearía un formato de atestación firmado por el empleado (lo cual desplazaría la responsabilidad del empleo ilegal desde los empleadores hacia los empleados mismos) y requeriría que los empleadores aceptaran cualquier documento que aparentara ser razonablemente genuino “a primera vista”. De manera conjunta, estas provisiones hacen que se requiera una cantidad de pruebas imposible de que el empleador violó la ley de manera “consciente”. Este contexto legal, que combina una inmunidad funcional para las y los empleadores con una autoincriminación de parte de los empleados, inclinó todavía más el balance de poder en el lugar de trabajo para favorecer a los primeros. 

El Congreso diseñó las sanciones contra los empleadores para asfixiar el mercado laboral de la mano de obra indocumentada. Sin embargo, la coalición detrás de la ley incluyó a activistas laborales y de derechos civiles que aclararon que la meta de mejorar los salarios y trabajos de las y los estadounidenses no debería “limitar el alcance del término ‘empleado’ en absoluto”, según la definición de la Ley Nacional de Relaciones Laborales [NLRA o National Labor Relations Act], ni “limitar los poderes de . . . agencias de estándares laborales o árbitros laborales que remedien a las prácticas injustas cometidas en contra de las y los empleados indocumentados”. Estos comentarios reflejaron algo más allá de las negociaciones complicadas entre las coaliciones, con sus respectivos puntos de encuentro y desencuentro, en el Congreso. Apuntaron a una tensión más profunda en las teorías sobre el comportamiento del empleador. “La adopción de sanciones contra empleadores dejaría a los trabajadores indocumentados sin la protección de la Ley Laboral” escribió un organizador del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios [SEIU o Service Employees International Union] y abogado inmigratorio para refugiados en 1983, cuando una propuesta de ley anterior sobre sanciones a empleadores transitaba por el Congreso. 

La propuesta fomentaría el crecimiento de un “flujo de trabajadores de bajo ingreso que no podría sindicalizarse ni remediar las prácticas injustas de sus empleadores”. Los intentos de la IRCA por forzar a estas piezas poco compatibles han amoldado el derecho migratorio y laboral de Estados Unidos durante los últimos cuarenta años. 

La versión final de la IRCA consideró a la protección de los derechos laborales de los trabajadores indocumentados como no solo compatible, sino complementaria a la detección de estos mismos trabajadores en el punto de contratación. Pero esto fue puro pensamiento mágico. El plan de la IRCA de resolver a la inmigración no autorizada de una vez por todas, a través de una amnistía masiva conjugada con controles reforzados en las áreas del trabajo y la frontera, fracasó. La inmigración no autorizada continuó de manera desenfrenada y, como consecuencia, las políticas migratorias y laborales se vieron profundamente enfrentadas. A pesar de la intención de la legislación, el que la política inmigratoria entrara al espacio laboral puso en conflicto a los regímenes regulatorios existentes. El significado mismo y la legitimidad de la relación de empleo se puso en juego. ¿La identidad legal de los trabajadores indocumentados incluiría su reconocimiento como miembros de una comunidad de “empleados” con derechos a un salario, horario y negociación colectiva? ¿O, más bien, los trabajadores indocumentados y no ciudadanos estarían sujetos a la remoción bajo la ley inmigratoria?

La canibalización del derecho laboral

Los intentos por “armonizar” legalmente las metas incompatibles de proteger y castigar a los trabajadores indocumentados desde mediados de los años 80 han distorsionado las relaciones del empleo. A lo largo de los años 70 y 80, los derechos de los trabajadores indocumentados se habían considerado un asunto “arreglado”. La Junta Nacional de Relaciones del Trabajo [NLRB o National Labor Relations Board] afirmó repetidamente que los trabajadores indocumentados tenían estatus de “empleados” con derecho a negociaciones colectivas, pagos retroactivos y recontratación según la ley laboral federal. Se encontró que un vasto repertorio de represalias en contra de los trabajadores migrantes constituían “prácticas laborales injustas”, entre ellas: amenazas a reportar el estatus inmigratorio de los trabajadores, la organización de redadas del INS y acondicionar el pago a la presentación de documentos identitarios.²

La aplicación de la Ley de Normas Justas de Trabajo [FLSA o Fair Labor Standards Act], que es la ley sobre salario y horario de Estados Unidos, alguna vez fue vista como funcionalmente necesaria y legalmente incontrovertible entre hacedores de políticas. Las administraciones presidenciales de Nixon, Ford, Carter y Reagan buscaron asegurar la aplicación de salarios y horarios en aquellas industrias con alta incidencia de trabajadores indocumentados en todo el mercado laboral estadounidense.

Fue en la cuestión de la negociación colectiva que la Suprema Corte comenzó su lenta canibalización de las protecciones laborales. En 1976, las y los trabajadores de Sure-Tan Inc., empresa de fabricación de cuero, autorizaron al Sindicato de Trabajadores del Cuero en Chicago para representarlos en una negociación colectiva con su empleador. Para fragmentar al sindicato, el presidente de la empresa envió una carta al INS para solicitar una revisión del sitio laboral y así deportar a sus empleados. Cuando la NLRB sentenció a la empresa a cesar y desistir con dicha práctica laboral injusta y pagarles retroactivamente a los trabajadores deportados, la empresa apeló a la decisión a través de las cortes. Ocho años después, en 1984, la Suprema Corte emitió un fallo según el cual la carta al INS sí constituía un acto injusto pero que, dado que los trabajadores fueron deportados, no eran elegibles para la recontratación ni para recibir salarios retroactivos. 

En efecto, la identidad legal del “trabajador” se subordinó a la del residente legal. A pesar de que el caso Sure-Tan, Inc. v. NLRB no falló sobre si aquellos trabajadores indocumentados que permanecieran dentro de Estados Unidos serían elegibles para recibir compensaciones laborales, el Cónsul General de la NLRB durante la administración de Reagan emitió lineamientos nuevos para permitir que las y los empleadores efectuaran recontrataciones bajo la condición de recibir pruebas del estatus legal del trabajador. Sin dicha prueba, la NLRB no buscaría aplicar la recontratación ni el pago retroactivo. Para cuando la IRCA entró en vigor, las protecciones laborales que supuestamente preservaba ya habían sido ahuecadas por las agencias y cortes encargadas de interpretar y aplicar a la ley. Los trabajadores indocumentados ahora serían acorralados para cometer fraude de identidad y así recibir protecciones laborales. Mientras tanto, los empleadores, protegidos por los amplios vacíos legales de la ley, seguirían utilizando la amenaza a la deportación con impunidad.En 2002, la Suprema Corte opinó sobre si los trabajadores indocumentados en territorio estadounidense tendrían derecho a pagos retroactivos bajo la NLRA.

En el caso de Hoffman Plastic Compunds, Inc., la Corte revirtió una orden de pago retroactivo emitido por la NLRB en contra de la empresa, que ya había sido encontrada culpable de violar a la ley laboral al despedir a José Castro por organización sindical, bajo el argumento de que la IRCA había alterado al “panorama legislativo” al “hacer ‘forzosamente’ que el empleo de inmigrantes ilegales fuera central para ‘la política de la ley inmigratoria’”. Como resultado, cualquier trabajador que hubiese obtenido un empleo de manera fraudulenta al usar documentos falsificados no sería elegible para recibir pagos retroactivos.³

Al enfatizar los aspectos punitivos de la verificación de estatus contemplados bajo la IRCA de manera selectiva, mientras se minimizaba la importancia de las protecciones de la ley laboral, la Corte terminó por omitir, en la práctica, la mitad de la relación empresarial: es decir, las obligaciones laborales de las y los empleadores, sin importar el estatus legal. 

El resultado de estos desarrollos ha sido disuadir a los trabajadores de ejercer sus derechos en cuanto a salarios, horarios y negociaciones colectivas, toda vez que los empleadores pueden usar la ley inmigratoria para protegerse a sí mismos de la ley laboral. Estos casos de alto perfil que se desenvolvieron en la NLRB y en la Suprema Corte no son más que la punta del iceberg. Una investigación liderada por el abogado laboral Michael Wishnie en 2004, por ejemplo, encontró que 102 de los 184 negocios donde hubo redadas del INS habían sido objeto de investigaciones o procedimientos por parte de agencias laborales; un estudio del Instituto de Política Económica del 2009 encontró que, de 1,004 elecciones de la NLRB, los empleadores amenazaron con contactar a ICE en el 50 por ciento de los casos en que había una mayoría de trabajadores indocumentados y en el 41 por ciento de los casos en que había una mayoría de inmigrantes de llegada reciente.

El régimen federal de aplicación de la ley

El llevar a empleadores poco escrupulosos a la justicia ha sido un pilar de la retórica alrededor de la aplicación de la ley laboral. El “regreso” a la aplicación de la ley en los lugares de trabajo ha estado entre las prioridades de todas las administraciones presidenciales desde los años 90. Las redadas militarizadas que han puesto a trabajadores en el blanco de la detención y deportación se convirtieron en un legado de la presidencia de George W. Bush, durante la cual un representante de ICE explicó que “estamos buscando una mayor gama de investigaciones, acuerdos cívicos [de pago] y multas penales”. La líder del DHS bajo Obama, Janet Napolitano, lamentó que sólo 135 de las 6 mil personas detenidas durante los operativos en lugares de trabajo que transcurrieron en 2009 fueron empleadores y prometió que se enfocaría en “empleadores y supervisores para su enjuiciamiento, a través de investigaciones cuidadosamente planificadas”. Cuando el INS se convirtió en ICE con la creación de la Ley de Seguridad Nacional [Homeland Security Act] en 2002, los informes de la agencia ante el público en ocasiones han caracterizado a sus detenciones “penales” en sitios laborales como generalmente dirigidas hacia empleadores explotadores.

Esta retórica no corresponde a la realidad. Las multas civiles por violaciones del formulario 1-9 han sido el mecanismo de aplicación principal de sanciones a empleadores. Después de un largo periodo de declive en los años 90 y a principios de los 2000, estas multas llegaron a un bajo de 0 dólares en 2006 antes de crecer gradualmente durante el segundo término presidencial de George W. Bush. Las penas administrativas empezaron a acentuarse durante la época de Obama y llegaron a un máximo histórico de $22.597.109 dólares en el año fiscal 2016. Sin embargo, el incremento en las multas no significa que las investigaciones en los sitios laborales fueran de gran alcance: al contrario. En todos los años, este tipo de investigaciones abarcaron a menos del 1 por ciento de los más de 7 millones de establecimientos empresariales que operan en Estados Unidos.

Aunque no tenemos datos anuales completos sobre las multas civiles, la tendencia general ha sido investigar a cada vez menos empleadores. No se ha llegado al pico de más de 11 mil investigaciones desde 1989. Los casi 27 millones de dólares en multas acumuladas durante los últimos dos años de la presidencia de Biden sólo correspondieron a 360 empresas. Estos patrones de aplicación de la ley reflejan una tradición de largo aliento que nos remite a la idea de tratos “cooperativos” con empleadores contemplada en la IRCA. Un informe de campo de 1989, sobre la aplicación de IRCA, encontró un “‘consentimiento general’ de que era necesario proceder con cautela y otorgarle deferencia a la comunidad empresarial” ya que “la aplicación de la ley de manera arbitraria o de alto perfil podría llevar a la revocación de las provisiones de sanciones” en el Congreso. Las instrucciones operativas del INS recomendaron “estrategias” al estilo de un tirón de orejas, entre estas la negociación rutinaria para aminorar las multas y enfocar los recursos de aplicación en aquellos que habían violado a la ley de manera repetida y exagerada. Como lo expresó un empleador: “Antes [de la IRCA], el INS entraba con actitud agresiva. Ahora llegan de manera mucho más conciliadora”. 

En contraste con las leves multas a empleadores, la cantidad de juicios en contra de personas indocumentadas ha incrementado de manera dramática y desproporcional. Desde finales de los años 90, la agenda de Clinton expandió el abanico de delitos por los que las y los inmigrantes podrían ser enjuiciados y deportados. Entre 1996 y 2002, el promedio anual de juicios por ofensas relacionadas con la inmigración aumentó en un 87 po ciento comparado con la década entre 1987 y 1996. Los enjuiciamientos anuales promedio incrementaron en otro 182 por ciento durante el segundo término presidencial de Bush, llegando a sus cifras nunca antes vistas durante los dos términos presidenciales de Obama. A pesar de ciertos picos periódicos durante los dos años que transcurrieron a la mitad de la primera presidencia de Trump, las cifras fueron bastante consistentes antes de caer de manera precipitada en 2020, bajando una vez más durante la presidencia de Biden.

Esta caída reciente debe entenderse dentro de un contexto más amplio que incluye a las directivas fluctuantes bajo el Departamento de Justicia de Trump, las devoluciones en la frontera por COVID-19 y la decisión que tomó la administración de Biden de incrementar vertiginosamente los recursos en la frontera sur en el momento en que la “crisis” migratoria devino particularmente politizada.

El aumento en las detenciones no deja ver claramente qué partes de la relación empleadora están en el blanco de las sanciones contra empleadores. Durante cada año desde el 2005, las “detenciones administrativas” y penales de empleados por su presencia ilegal han sobrepasado por mucho a la detención de empresarios y empleadores.⁴

Durante los dos términos de Obama, las y los empleadores representaron el 39 por ciento de las detenciones criminales en sitios de trabajo y el 13 por ciento del total de detenciones en sitios de trabajo (penales y administrativas). Durante el primer término presidencial de Trump, las detenciones cayeron precipitosamente a 11 y 4 por ciento de las detenciones penales y totales en sitios laborales, respectivamente. No contamos con datos sobre la aplicación de la ley en sitios laborales para la época más reciente, pero los datos de ICE para 2021 y 2022 sugieren que ha habido un declive en las detenciones en lugares de trabajo en general, lo cual refleja al enfoque de Biden de reducir a las detenciones “masivas” en sitios de trabajo.

El historial de enjuiciamientos corporativos por crímenes de inmigración apunta a lo mismo. Los datos del Registro de enjuiciamientos corporativos de la Universidad de Duke y de la Universidad de Virginia demuestran que los enjuiciamientos corporativos por crímenes inmigratorios no han superado los 30 casos anuales desde el 2001. Mientras que los enjuiciamientos experimentaron un repunte relativo durante la época del DHS, estos casos suelen depender de estrategias que se valen de acuerdos económicos y tratos con la fiscalía que tienen como resultado multas simbólicas, protocolos de adhesión a la ley (como la implementación de E-Verify) y la reestructuración de la fuerza laboral (despedidas y deportaciones) que dañan a las y los trabajadores pero que no hacen mucho por frenar el empleo y la explotación sistémicos de los indocumentados en el mercado laboral. A pesar de ciertos “goles” altamente publicitados, como una multa de 95 millones de dólares impuesta a una empresa de jardinería de alcance nacional en el año 2017, el número de enjuiciamientos corporativos en materia inmigratoria ha estado en declive a lo largo de las administraciones de Trump y Biden.

Los estados y el programa E-Verify

Mientras que las campañas de autorización laboral que transcurrieron desde los años 50 hasta los 80 fueron impulsadas por las estrategias organizacionales de sindicatos nativistas y de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color [NAACP o National Association for the Advancement of Colored People], estos grupos ya habían abandonado a dicha política para finales de los años 90. Las sanciones a las y los empleadores perdieron su credibilidad entre las personas liberales que las apoyaban cuando, en 1990, un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas Gubernamentales [GAO o Government Accountability Office] encontró evidencias de “amplia discriminación”, lo cual resultó ser una realidad poco conveniente dado que la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales [AFL-CIO o American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations] cada vez dependería más de la comunidad latina inmigrante como base organizacional. Sin embargo, la causa perdida de la verificación laboral fue retomada por los estados, que buscaron revertir a las décadas de aplicación anémica de la ley. Este resurgimiento de “sanciones a empleadores” refleja ciertos desplazamientos más amplios en las políticas de la restricción que ciertas coaliciones defendieron. Desde el 2007, la verificación laboral ha sido un proyecto generalmente liderado por legisladores ideológicamente conservadores con percepciones complejas y, en ocasiones, contradictorias sobre las virtudes de la restricción.

La Ley de Trabajadores Legales de Arizona [LAWA o Legal Arizona Workers Act] aprobada en 2007 se convirtió en la primera ley estatal desde 1986 en retar al monopolio del gobierno federal en materia de la aplicación de la ley laboral. Arizona fue mucho más allá de la IRCA al exigirle la verificación electrónica a todo empleador privado e impuso penas estrictas para quienes no se adhirieran, incluyendo la muy presumida “pena de muerte a la empresa”. Otras leyes anteriores que habían empoderado a los estados para criminalizar y detener a personas indocumentadas habían sido rechazadas por las cortes federales como presunciones inapropiadas de una autoridad que debería ser federal. Sin embargo, en el 2011, la Suprema Corte emitió un fallo (en el caso Chamber of Commerce v. Whiting) según el cual los mandatos de verificación laboral a nivel estatal, como LAWA, sí serían constitucionales de acuerdo con una provisión opaca de la IRCA que otorga exenciones para permisos de “licencia”.

Desde la entrada en escena de LAWA, más de veinte estados han impulsado esquemas de verificación laboral estrictas. Las más formalmente estrictas de estas se distribuyen geográficamente entre los “nuevos estados de destino [migratorio]” del Sur. Estos incluyen al Cinturón del Sol (Arizona, California, Florida, Nevada, Nuevo México, Texas, Georgia, y Carolina del Sur), el Oeste y a la Costa del Golfo, los cuales experimentaron cambios demográficos acelerados en los años 90 y 2000. Caracterizados por sus leyes en torno al “derecho a trabajar”, mercados históricamente segregados y pobreza rural, estos estados cuentan con mayorías republicanas atrincheradas, con trifectas en los gobiernos estatales (es decir, mayorías en las tres ramas del gobierno) que reflejan una agenda anti-Inmigrante cada vez más disciplinada.

Ahora que el sentimiento nacional sobre la inmigración vuelve a ensombrecerse, las nuevas iniciativas de ley en torno a la verificación laboral en bastiones republicanos como Idaho, Nebraska, Ohio y Utah buscan expandir o endurecer a las penas contra empleadores de acuerdo con las leyes de verificación laboral ya existentes. El cambio de escala en la aplicación de la ley laboral, para dejarla en manos de los estados y de las coaliciones locales detrás de éstos, han producido regímenes de aplicación estatal más punitivos . . . pero para los trabajadores. Incluso las leyes estatales más estrictas incluyen exenciones generosas para las pequeñas empresas, trabajadores agrícolas y empleadores de trabajadoras domésticas. Estas leyes toman prestada la arquitectura de la IRCA, que asume que los empleadores que utilicen el sistema E-Verify, aunque sea de manera selectiva, actúan de “buena fe”. Pero sus defensas afirmativas son incluso mayores.

Mientras que la IRCA prohíbe que los empleadores utilicen o busquen información sobre el estatus migratorio de sus empleadas y empleados con el propósito de promover represalias, las leyes estatales protegen a aquellos empleadores que repentinamente opten por “verificar” a sus empleadas y empleados ante cualquier queja de despido indebido como resultado de alguna examinación de E-Verify.⁵ Las empresas suelen usar estas “reverificaciones” apresuradas como excusa para llevar a cabo despedidas masivas, incluso en estados que no requieren el E-Verify, lo cual acaba desarraigando a las personas.

El caso de Carolina del Norte es particularmente revelador. El estado presume uno de los programas de verificación laboral más robustos del país: ha investigado a 30 mil 173 empleadores desde el 2012, o el 26% de los negocios que operan en el estado. ⁶ Las empresas que no cumplen con la ley, que equivalen a una sexta parte de las investigadas desde el 2018, deben entregar reportes trimestrales sobre sus contrataciones nuevas durante un año. Sin embargo, el sistema de auditoría ha privilegiado más a la escala que a la aplicación sustantiva de la ley. En 2011, Catherine Templeton, la entonces jefa del Departamento del Trabajo, Licencias y Regulaciones de Carolina del Norte, recortó el departamento de auditoría, pasando de 22 empleados a tan sólo tres, toda vez que recortó los fondos de 2 millones a 250 mil dólares. Las auditorías de sitios laborales se convirtieron en auditorías remotas, con un sistema de “auditoría en papel” que dependía bastante de que las y los empleadores “autorreportaran” su cumplimiento ante el Departamento del Trabajo de Carolina del Norte. Asimismo, un reporte investigativo del 2017 reveló que ninguna de las empresas de Carolina del Sur puestas en periodo de prueba por sus violaciones al programa E-Verify han experimentado la suspensión o revocación de sus licencias para operar como negocio.

Este patrón familiar se repitió cuando, en 2023, el gobernador de Florida Ron DeSantis firmó una de las leyes inmigratorias estatales más punitivas de la última década. Junto con aquellas provisiones draconianas que han requerido de revisiones inmigratorias en hospitales, controles de emisión de identificaciones más estrictos y sanciones penales por transportar a personas de un estado a otro, la ley SB 1718 impulsada en Florida repuntó al programa E-Verify del estado para extender los requisitos de verificaciones laborales a toda empresa privada con 25 o más empleados. De manera poco sorprendente, DeSantis ha sido ampliamente criticado por no haber enjuiciado a un solo empleador desde la aprobación de SB 1718. En un patrón familiar, DeSantis ha criticado a los legisladores de Florida por no apropiarse de fondos suficientes para aplicar la ley, toda vez que ha promovido medidas meramente simbólicas en contra de aquellos empresarios que no cumplen con la ley. Mientras que una ley inmigratoria aprobada de manera apresurada impone sanciones incluso más agresivas contra migrantes, incluyendo a la pena de muerte en algunos casos, no contiene provisiones que expandan la financiación o el alcance de la aplicación de la ley en los lugares de trabajo.Las políticas de la no aplicación y del no cumplimiento han sido apuntaladas por las limitaciones técnicas del E-Verify mismo.

Mientras que los avances en biometría y la mayor integración de bases de datos públicas y privadas tienen el potencial de perfeccionar el panóptico en los lugares de trabajo, la realidad es que E-Verify sigue arrastrando el hecho de que su uso es selectivo, los protocolos pueden ser burlados y existe un amplio “cumplimiento fraudulento” que ha llevado a muchos a desacreditar a la herramienta como un lastre innecesario y poco efectivo para las y los empleadores: un reporte del 2009 encontró que alrededor de la mitad de los trabajadores no autorizados utilizan documentos de identidad fraudulentos para obtener autorizaciones de trabajo bajo E-Verify. Mientras que un estudio de seguimiento publicado en 2012 reportó que el 94 por ciento de las “no confirmaciones finales” fueron fielmente otorgadas a trabajadores no autorizados, este número distrae de las altas cifras de individuos que han sido erróneamente confirmados como autorizados para el empleo utilizando números de seguridad social fraudulentos. A su vez, la primera administración de Trump recortó los fondos para E-Verify en un 8 por ciento.

La marcha hacia la ciudadanía

A pesar de que existen políticas formalmente “duras”, la constante ausencia de una aplicación de la ley significativa nos hace preguntarnos por el propósito real de estas leyes. Al igual que con la IRCA, su aplicación débil no ha salvado a los trabajadores indocumentados de los efectos perversos de una división legal del trabajo cada vez más profunda. Las políticas de verificación estatales han estado ligadas a salarios más bajos por hora, menor movilidad en el mercado laboral y mayores tasas de informalidad y autoempleo entre los trabajadores indocumentados. Mientras que economistas han producido investigaciones que demuestran que los mandatos de E-Verify reducen el empleo para trabajadores indocumentados, el hecho de que existan menos posibilidades de empleo formal en estados con E-Verify ha orillado a las y los trabajadores indocumentados hacia las sombras, con el fin de eludir a los esquemas de verificación.⁷ Las leyes de E-Verify de hecho duplicaron los niveles de autoempleo en Arizona. Otros estados han experimentado declives en el empleo de la fuerza laboral agricultora, probablemente por el desplazamiento de trabajadores del sector agricultor hacia trabajos “extraoficiales”.

Las coaliciones cambiantes han revertido la lógica del “medio para llegar a un fin” que estuvo detrás de las sanciones a empleadores. En vez de ver a las restricciones del mercado laboral como un medio para fortalecer los poderes de negociación de los trabajadores nativos, como fue el caso en las preparaciones para presentar la IRCA, los esfuerzos recientes han posicionado a las reformas anti-inmigratorias y a los esquemas de verificación laboral como sustitutos del modelo de la relación capital-trabajo del New Deal, que, después de la Gran Depresión propuso programas de apoyos sociales para los más pobres. Esto explicaría por qué grupos que se posicionan diametralmente en contra de la organización laboral, como ALEC y el Heritage Foundation, han escrito propuestas de políticas y apoyado leyes draconianas para la verificación laboral. Para estas organizaciones, la aplicación de la ley en los lugares del trabajo complementan, mas no contradicen, al proyecto de convertir a la fuerza laboral en un producto maleable y barato. 

Esta es la finalidad del ahora infame Proyecto 2025 del Heritage Foundation. Esta amplia guía de políticas propone una estrategia doble que reclama acciones legislativas y administrativas para “limitar a las clases de inmigrantes elegibles para autorizaciones de trabajo” mientras que reemplaza el modelo adversarial de las relaciones laborales del New Deal con “un modelo más cooperativo que se lleve a cabo de la mano de los gestores [de las empresas], que se enfoque exclusivamente en el lugar de trabajo”. Además de suplantar a los sindicatos con un modelo “cooperativo” con los empleadores, el documento sugiere que se elimine el “empleo para todas y todos” del mandato de la Junta de la Reserva Federal (que dirige la política monetaria de Estados Unidos), que se promueva la “experimentación y la reforma” al permitir que los estados busquen exenciones a las leyes laborales federales y que los estándares de empleo se abran a la negociación de manera “sustantiva” a nivel de calle.

La anulación de las protecciones laborales y de empleo se acompañan de planes para retirar progresivamente a las visas temporales H-2A y H-2B, agregar cuotas mínimas de ciudadanos empleados en contratos federales y relajar las garantías en contra de la discriminación para que “empleadores privados puedan mostrar preferencia por nuestros propios paisanos [estadounidenses]”. Entonces, la pregunta que se presenta para la era de Trump no es si el Estado por fin “aplicará” a las leyes de inmigración. Más bien, la pregunta es ¿bajo qué condiciones se aplicarán estas leyes? Podemos detectar una cierta inclinación en el hecho de que Trump ha asediado a los sindicatos de trabajadores federales y la NLRB, así como en la expansión de la gama de deportaciones. Es posible que la o el trabajador indocumentado no sea una reliquia del pasado, sino un modelo para un futuro en que todos los trabajadores devengan prescindibles, o incluso deportables, sin protección alguna.

Existen caminos alternos posibles. En 2021, el DHS publicó un memorándum en que anunció un desplazamiento estratégico en la ley laboral: se buscó reducir la demanda por el “empleo ilegal” al no solo poner en el blanco a  los empleadores, sino al “incrementar la disposición de los trabajadores a reportar violaciones a la ley”. En 2023, el secretario del DHS Alejandro Mayorkas anunció una política nueva, llamada Acción Diferida para el Cumplimiento de la Ley Laboral [DALE o Deferred Action for Labor Enforcement], en que se utilizaría la discreción para el enjuiciamiento que presume el departamento con el fin de proteger a trabajadores no ciudadanos involucrados en acciones laborales de la deportación y remoción. El programa inscribió a 7 mil 700 trabajadores a partir de octubre del 2024. Al igual que con otros usos de la discreción de enjuiciamiento que les otorgan amnistía a víctimas de crímenes violentos y tráfico humano, DALE otorgó dos (y eventualmente cuatro) años de amnistía a aquellos trabajadores que participaban en disputas laborales. Este fue un pequeño paso hacia adelante. Cualquier política que realmente pueda considerarse protrabajadora requeriría de al menos tres elementos: el fin de la política brutal de detenciones y deportaciones administrativas, una amnistía general para los 13.7 millones de trabajadoras y trabajadores indocumentados que ya se encuentran en el país y un cambio en las tendencias de la política exterior estadounidense y del desarrollo internacional que dan pie a la migración laboral forzada en un principio. Esto implicaría nada menos que cambiar el sentido común bipartidista del sistema político estadounidense.

Las sanciones a empleadores, en muchos sentidos, encarnaron el espíritu del momento. Al entrar en vigor en un momento de populismo álgido y una holgada desregulación, el régimen de aplicación de la ley inmigratoria en los lugares de trabajo fue una política “protrabajadora” simbólica que consiguió una amnistía mientras se fortaleció el poder del empleador sobre la fuerza laboral dividida del futuro: un futuro que ahora es nuestro presente. Lo que queda es una provisión reguladora intrusiva que se aplica de manera selectiva. Toda vez que gran parte de la comunidad empresarial quizás no estuvo de acuerdo con convertirse en la nueva vigilancia del estatus migratorio, la ley les ha otorgado a los empleadores un alto nivel de discreción para recolectar información sobre el estatus migratorio de sus empleados y utilizarla de manera agresiva, con consecuencias mínimas para los empleadores mismos. Esto ha tenido el efecto perverso de fomentar un interés por promover leyes inmigratorias punitivas entre aquellos empleadores que dependen de migrantes. Durante cuatro décadas, esta arma se ha utilizado de manera activa. Pero las escalas de la justicia tan poco equilibradas del mercado laboral, que oponen a los derechos y obligaciones laborales contra la regulación de la ciudadanía, se están inclinando hacia un solo bando a tal grado que se podrían desplomar.