Petropolítica

En 2023, cumpliendo las promesas de campaña de convertir a Colombia en un líder en la transición energética global, el presidente Gustavo Petro anunció que el país suspendería nuevos contratos para la exploración de petróleo y gas. El anuncio, aunque celebrado por defensores del medioambiente, ha sido recibido con escepticismo por parte de distintos actores políticos, que han señalado la dependencia de Colombia al petróleo para sus necesidades energéticas, los ingresos estatales y el empleo en Ecopetrol, con participación mayoritaria del Estado.

La Unión Sindical Obrera (USO), que representa a los empleados de Ecopetrol, apoyó firmemente la campaña presidencial de Petro, pero en este momento enfrenta tensiones con el gobierno. Mientras que Ecopetrol es la empresa petrolera más grande de Colombia y uno de los activos clave de la economía colombiana, la USO es uno de los sindicatos más antiguos del país, además de ser uno de los más perseguidos: casi 900 afiliados han sido víctimas de homicidio, amenazas y exilio a lo largo de los últimos años.

La USO está pasando por un momento determinante, al apostar por la descarbonización de la economía mediante una empresa que hasta ahora ha sido la punta de lanza de la producción de hidrocarburos en el país. La cuestión es que el presidente quiere convertir a Ecopetrol en un líder de tecnologías limpias. Cómo se haga esta transición, y el efecto que tendrá en los más de 25 mil trabajadores de la industria de hidrocarburos es el problema fundamental que ha atravesado las relaciones entre el gobierno nacional y los trabajadores de la industria en estos dos primeros años del gobierno de Petro.

Recientemente, una decisión de la Junta Directiva de Ecopetrol ha puesto a prueba las relaciones entre el gobierno y los trabajadores de la industria. Se han frenado nuevas inversiones, que alcanzan hasta unos 3.600 millones de dólares, en la cuenca del Permian, un campo fronterizo entre Texas y Nuevo México. La petrolera colombiana llevaba más de año y medio estudiando el sitio, donde se usa la técnica fracking. El negocio iba en la dirección de generar más utilidades y barriles de petróleo para la empresa—una ampliación estimada del 9 por ciento de su producción de barriles—pero fue rechazado por la Junta Directiva, cercana al presidente Petro, por razones ambientales y económicas. La decisión ha generado polémica entre los trabajadores de la industria de hidrocarburos que creen que los planes de descarbonización del gobierno no deberían consistir en dejar de producir más barriles de crudo.

Phenomenal World entrevistó a César Loza, presidente del sindicato de Ecopetrol (USO) para discutir la historia del sindicalismo en la industria de los hidrocarburos, los planes de transición energética del gobierno Petro para la empresa Ecopetrol y su visión propia de cómo sería una transición energética favorable para los trabajadores.

Una entrevista con Cesar Loza, Presidente de la USO

camilo garzón: ¿Cómo interpreta la llegada de Petro al poder y el efecto que eso tiene en Ecopetrol?

cesar loza: Nosotros coincidimos con este gobierno en que debe haber una transición energética, de tal forma que se tenga una matriz de energías limpia y poco a poco dejar de depender de los combustibles fósiles. En eso tenemos coincidencia, pero también tenemos fuertes diferencias. Nosotros consideramos que para que la transición energética sea sostenible tienen que darse tres elementos fundamentales. El primero, voluntad política. Distintos actores tienen que tener voluntad política para que haya una transición energética. Hoy tienen voluntad los trabajadores, las comunidades locales, los gremios, las empresas, gobiernos locales y el gobierno nacional, así que en este punto hay pocos desacuerdos. El segundo elemento son las fuentes de energía: energía eólica, solar, geotérmica. En esto también estamos sincronizados ya que Colombia tiene un potencial fuerte para desarrollar estos sectores. Pero hay un tercer elemento sin el cual no se puede hacer la transición energética, y son los recursos económicos. Nosotros hemos dicho: los recursos económicos para la transición energética deben salir de la misma industria del petróleo y el gas. Pero esa realidad no la ha entendido el gobierno. El presidente Petro permanentemente habla de transición energética, pero ¿de dónde va a salir el recurso para hacer eso? Cualquier gobierno, de izquierda o derecha, que presente una propuesta de una reforma tributaria —como ya ha presentado el gobierno de Gustavo Petro en su primer año— para aumentar el recaudo tributario y de ahí sacar recursos para hacer una transición energética, va a ser totalmente impopular. Eso no va a pasar.¹

Nosotros le hemos dicho al presidente, al ministro de Hacienda, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al presidente de Ecopetrol, que apoyamos una curva básica con rigor técnico de un tope de producción de barriles, ejemplo, 750.000 u 800.000, y que todo lo que se produzca de ahí en adelante sea para invertir en la transición energética. Pero obviamente para eso se requiere una industria robusta y fuerte. Al contrario, lo que hemos notado es que hay desinversión en los diferentes campos petroleros, y obviamente eso causa una diferencia sustancial con el gobierno. Un ejemplo de esa desinversión es que Ecopetrol tomó la decisión de recortar el presupuesto de inversión de 4.500 millones de dólares a 2.500 millones de dólares para este año. La decisión tendrá impacto en la exploración y producción de petróleo y gas y va en contra del marco fiscal de mediano plazo contemplado para 2026, donde se esperaba que la empresa aumentara su producción a 850 mil barriles por día de crudo. Sin embargo, al ritmo actual, no se podrá llegar a esa cifra.

Por ejemplo, el 4 de marzo, Andrés Camacho, el ministro de Minas y Energía, manifestó en una entrevista que un reto grande en el país era la búsqueda del millón de barriles. Posteriormente, lo dijo el ministro de Hacienda. Recientemente se creó un comité interinstitucional, liderado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con el fin de reactivar la industria. La USO pidió ser incluida en ese comité, porque nos beneficia construir la política de entorno para poder desarrollar la industria. Sin embargo, se notan intereses en conflicto, por ejemplo, el ministerio de Ambiente está en contra la idea de fortalecer la capacidad de producción de la industria.

cg: Para dar un poco de contexto: ¿Cuál ha sido históricamente el rol del sindicato de la USO en Ecopetrol?

cl: La USO fue fundada clandestinamente el 10 de febrero de 1923 en Barrancabermeja, es decir que ya tiene más de 100 años. La organización sindical se caracterizó, en principio, por defender los derechos de los trabajadores que laboraban al servicio de una empresa multinacional norteamericana llamada Tropical Oil Company. La empresa tenía a su cargo la explotación del pozo “Infantas 2”, descubierto en el corregimiento de El Centro, en Santander. El pozo se venía explotando desde 1918 y  es allí donde nació la industria.

La USO al principio se caracterizó por defender los derechos de los trabajadores y dignificar sus condiciones con la bandera de los “tres ochos” (ocho horas de trabajo, ocho de estudio y ocho de descanso) que venía de la revuelta de Haymarket en Chicago. Posteriormente entró en la agenda política más amplia cuando adelantó una huelga en 1948, conocida como la “huelga patriótica”, también desde Barrancabermeja, en la que se solicitaba, además de condiciones laborales dignas y la nacionalización del petróleo, que el Gobierno de la época, que era conservador, no prorrogara la concesión de Mares. Esta venía de 1909 cuando el presidente Rafael Reyes entregó a Roberto de Mares la concesión para explotar el petróleo en las selvas del Carare Opón, en la región del Valle Medio del Magdalena.

A raíz de esa huelga se logró que el gobierno conservador limitará a la Tropical Oil Company su explotación del petróleo en la región, hasta el 25 de agosto de 1951. También accedió a que se revertiría la concesión al Estado después de esa fecha. Es así que surge la Empresa Colombiana de Petróleos, que sale a la luz en agosto de 1951, como resultado de la huelga. Por eso decimos nosotros que la USO fue la encargada de crear Ecopetrol. Desde entonces, la Unión Sindical Obrera se ha caracterizado por defender el petróleo como patrimonio público de los colombianos y los derechos de los trabajadores. En principio, el sindicato era un sindicato de base, es decir, de empresa. Posteriormente, hace aproximadamente unos veinticinco años, nos acogimos al sindicato de industria. Hoy representamos a los trabajadores de la industria de hidrocarburos en Colombia y no sólo a Ecopetrol.

Nuestro sindicato es un sindicato de izquierda que defiende la propiedad pública, el patrimonio público y las condiciones de los trabajadores. Pero también hay mucho pragmatismo. A los trabajadores les interesa tener una organización sindical que defienda sus derechos, su empresa, su fuente de empleo y su convención colectiva. La organización sindical tiene, por supuesto, una alineación con la izquierda, con los gobiernos progresistas, pero las coyunturas políticas van cambiando. Nosotros al Gobierno de Santos lo apoyamos en la reelección porque había una coyuntura de construcción de paz que el Gobierno estaba llevando a cabo a través de la negociación con la guerrilla de las FARC. Nosotros tomamos la decisión de apoyarlo a pesar de que era un candidato de derecha.

Hoy, la estructura orgánica del sindicato se compone de una Junta Directiva Nacional compuesta por veinte miembros y el presidente. Hay 28 juntas regionales distribuidas a lo largo y ancho del país y la máxima instancia deliberativa del sindicato es una Asamblea Nacional de Delegados. En la industria de los hidrocarburos somos aproximadamente unos 25 mil, y en Ecopetrol tenemos aproximadamente unos 16 mil trabajadores, pero eso depende de los ciclos de trabajo. El número de afiliados a la USO en el grupo empresarial Ecopetrol puede ser de unos 9.000 trabajadores y el resto son trabajadores de servicio de contratistas y otras operadoras. Hay otros sindicatos minoritarios, pero nosotros somos el sindicato beligerante, que hace la movilización y que adelanta la acción política²

cg: ¿Cuál es el aporte general que hace Ecopetrol a la economía colombiana?

cl: Después de la recaudación tributaria vía impuestos, Ecopetrol es la principal fuente de ingresos del país. En el año 2023, le entregó a la nación $58 billones de pesos. Esta cantidad es equivalente al 4 por ciento del PIB y también equivale a las tres reformas tributarias de los últimos 5 años. En la más reciente reforma tributaria aprobada por el Congreso, en 2022, el gobierno intentó hacer que las empresas mineras y petroleras pagaran más impuestos, pero la Corte Constitucional tumbó este año esa disposición, que le supuso ingresos al gobierno en 2023 por casi $7 billones de pesos, y ahora tiene que devolver.

El aporte de Ecopetrol siempre ha sido significativo para las finanzas públicas. Sin el aporte de la empresa, el gobierno tendría que hacer unas tres reformas tributarias al año. Me refiero a que si Ecopetrol se privatiza, la empresa pagará regalías e impuestos, pero por efecto de utilidades no generaría nada. Lo que significa que la diferencia solo se podría cubrir con reformas tributarias. Por eso es importante defender los aportes que dependen en buena medida del nivel de ingresos y utilidades de Ecopetrol.

También juega como un factor importante el precio internacional del crudo. Si el crudo tiene buen precio, los ingresos para la nación van a ser mejores. Por ejemplo, los precios se han mantenido por encima de los 80 dólares por barril durante los últimos tres o cuatro años. Esto después de la crisis del coronavirus, cuando los precios se desplomaron a niveles negativos. Inclusive, empresas perdieron ganancias al tener que pagar el crudo a 20 dólares para que los buques lo almacenaran, porque no había ni transporte, ni terminación. La caída de precios más reciente se dio en el 2014, cuando hubo una crisis de precios internacionales que tuvo un impacto negativo para los trabajadores de la industria a nivel global, pero especialmente en Colombia, donde los precios fluctuaron dramáticamente, desde 118 dólares por el barril de Brent a 37 dólares en 2015.

cg: Cuéntennos acerca de la relación de la USO con gobiernos recientes en Colombia.

cl: La lucha del movimiento sindical ha sido constante, pero hemos tenido gobiernos con los que nos ha tocado mucho más difícil. Por ejemplo, los dos gobiernos de derecha de Álvaro Uribe (2002–2010) fueron contraproducentes para el movimiento sindical en Colombia y particularmente para la USO. En el año 2003 fuimos a una huelga durante el gobierno Uribe. Al frente de Ecopetrol estaba Isaac Yanovich, un presidente reaccionario anti-obrero que odiaba al sindicato. Esa huelga tuvo un alto costo para el sindicato y supuso el despido de 253 empleados.  A través de esa huelga la USO desafío la privatización de Ecopetrol. En el país se venía dando un proceso de privatización de las empresas públicas, como Telecom, y el sindicato tenía información de que iban a hacer lo mismo con Ecopetrol.

Aún con las huelgas que evitaron la total privatización, con Uribe la empresa recibió dos grandes golpes. Uno a través del decreto 1760 de 2003, que le quitó todo el protagonismo que tenía Ecopetrol en materia de contratación petrolera, de asociaciones y de manejo de las regalías. Se le pasó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. El otro gran golpe fue la ley 1118 de 2006 que convirtió a Ecopetrol en una sociedad por acciones con una autorización de venta de hasta el 20 por ciento de las acciones. A través de ese decreto se le cambió la naturaleza económica a Ecopetrol y se convirtió en una empresa de economía mixta, es decir, con propiedad mayoritaria del Estado (88 por ciento) pero también de accionistas particulares. Además, contra el movimiento obrero, vinieron reformas laborales y pensionales. Por todo esto, la administración de Uribe fue uno de los gobiernos con más conflictos para el movimiento sindical. Al margen de esas tensiones, la historia del sindicato ha estado marcada por la violencia y la represión.

cg: Explique un poco más a que se refiere con violencia y represión.

cl: Nuestro sindicato ha sido víctima de la guerra sucia en Colombia. Entre finales de los años 80 y comienzos de los 2000, tenemos registrados más de cien asesinatos entre dirigentes y activistas de la USO, producto de la guerra. La Comisión de la Verdad documentó 865 hechos victimizantes, entre 1986 y 2019, contra integrantes del sindicato. Hay actores que han aceptado la violencia física contra dirigentes sindicales o incluso al interior de Ecopetrol se posicionaron algunos actores que generaron violencia contra los movimientos sindicales.

Aury Sará Marrugo, presidente de la USO en Cartagena, fue asesinado el 5 de diciembre del 2001. Salvatore Mancuso, uno de los máximos excomandantes de las autodefensas de Colombia, ha aceptado que fueron secuestrados y torturados dirigentes sindicales. También se aceptó en versiones de la Ley Justicia y Paz (que fue un marco jurídico para facilitar la desmovilización de los paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe) que uno de los funcionarios de seguridad de Ecopetrol tenía vínculos con paramilitares. Eso, por supuesto, supuso que muchos líderes del sindicato prefirieran no manifestarse públicamente. En síntesis, nosotros hemos sido víctimas de la guerra sucia que se ha dado contra el movimiento sindical en Colombia.

cg: Además de las diferencias que la USO ha tenido con el gobierno, ¿cómo está la relación del sindicato con la Junta Directiva de Ecopetrol y su Presidente Ricardo Roa?

cl: Con la junta de Ecopetrol tenemos buenas relaciones. De hecho, nos han habilitado espacios en las reuniones que ellos han hecho en Barrancabermeja y en Bogotá con la vicepresidencia de talento organizacional, pero hay decisiones que no dependen de la Junta de Ecopetrol, sino del gobierno nacional. Esto quiero que quede claro porque la relación entre la USO y Ecopetrol es buena, pero hay decisiones que dependen del gobierno nacional. 

Una diferencia concreta es que nosotros creemos en la necesidad de la transición energética, pero esto no significa dejar de producir petróleo y gas. Hay que seguir produciéndolos, es el negocio tradicional de Ecopetrol, y además garantiza el abastecimiento energético nacional. Si no encontramos nuevas reservas, esto va a poner en aprietos a Ecopetrol y a la economía del país, porque solamente tenemos reservas de hidrocarburos para siete años. Hoy tenemos una producción en barriles equivalentes a 758 mil barriles diarios, que incluye la producción que se hace con fracking en la cuenca Permian en Estados Unidos. Ese contrato se extiende hasta el 2025. Hoy tenemos 580.000 barriles de crudo, sin contar el gas. Si a esos barriles le quitamos los 64.000 barriles que aporta la cuenca Permian, al finalizar el próximo año nos queda una producción de 516.000 barriles de crudo. Si se le aplica un factor de declinación del 10 por ciento, al cabo de 2 años vamos a tener 374.000 barriles. Es decir, vamos a tener que importar crudo para cargar nuestras propias refinerías, pero con el agravante de que no vamos a tener nada que exportar. Este es un tema que nos preocupa como sindicato y le debería preocupar al país. Hay que explorar más, sí o sí.

En dos años, si no hay nuevos hallazgos, no vamos a tener suficiente crudo para cargar las dos refinerías más grandes del país: Cartagena y Barrancabermeja. Hoy se importan algunos barriles de crudo para poder tener las cargas que demanda la refinería de Cartagena, es decir, se importa por un tema eminentemente técnico, pero también se exporta. Colombia exporta más de 300.000 barriles de crudo.

El actor más importante en materia de hidrocarburos en Colombia es Ecopetrol. La empresa garantiza la autosuficiencia energética y refina 440.000 barriles al día, transporta más de 1.100.000 barriles entre derivados y crudo, produce 7 de cada 10 barriles y genera el 80 por ciento del gas del país. Entonces no se puede dejar de invertir en el negocio tradicional, no solamente por un tema de abastecimiento energético, sino también por un tema de ingresos para las arcas de la nación.

cg: Otra preocupación de la USO ha sido la generación de empleo. ¿Qué propuestas ha hecho la USO a Ecopetrol para que la transición energética de la empresa no resulte en la pérdida de empleos?

cl: En una reciente Asamblea estatutaria de Ecopetrol, se aprobó que la empresa sea considerada como una empresa de energías y no solamente de petróleo y gas. Hay que tener en cuenta que las grandes empresas petroleras del mundo están adoptando el mismo esquema. Por ejemplo, Equinor, empresa estatal de Noruega, gestionó en el año 2018 una transformación administrativa interna, volviéndose empresa generadora de energías.

Una estrategia similar puede permitir que Ecopetrol lidere la transición energética en Colombia, pero se requieren cuantiosos recursos y un cambio en la regulación. Actualmente, la petrolera no puede vender energía limpia, sólo generarla para su autoconsumo. Nosotros consideramos que, en términos generales, la transición energética en Colombia la debe liderar Ecopetrol, para que quede en manos del Estado. De lo contrario, el negocio va para empresas privadas o multinacionales y, por supuesto, eso contribuye a encarecer la energía.

Además, hay una situación de orden laboral que nosotros queremos mencionar. Los empleos que genera la industria del petróleo y el gas en el país son empleos de calidad, son empleos dignos: muy bien remunerados gracias a la lucha de la Unión Sindical Obrera y de los trabajadores de las comunidades. Mientras que los empleos que generan las fuentes de generación energética alternativas como la energía solar, son empleos con salarios bajos, que no tienen abundante mano de obra como suele ocurrir en los centros de generación eléctrica. Entonces, realmente la calidad del empleo es diferente y hay que garantizar que los empleos de las energías limpias sean también dignos y con protecciones. Dentro de Ecopetrol se podría hacer esto, ya que es una empresa con una trayectoria de garantías laborales para sus trabajadores.

cg: ¿Cómo se ven en el marco más amplio de movimientos internacionales de trabajadores del petróleo, por ejemplo, con los sindicatos de empresas como Petrobras y Pemex?

cl: Lula tiene un gobierno de izquierda, pero yo no he escuchado que esté promoviendo dejar de producir petróleo y gas en Brasil. Al contrario, ellos cada vez vienen incentivando más la explotación offshore. El reto que tienen es llegar a 6 millones de barriles. Eso no significa que no estén alineados con la transición energética, sino que van trabajando en las dos vías. A pesar de que el gobierno está comprometido con la transición, no hay riesgo sobre el empleo de la industria petrolera porque ellos siguen explotando.

En cambio, aquí se considera que hay que dejar de depender lo más pronto posible de los hidrocarburos. Eso no va a ocurrir por razones técnicas y socioeconómicas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en una región como el Valle Medio del Magdalena, que históricamente ha dependido de la industria petrolera al ser foco de producción, explotación, refinación y transporte? Uno tiene que hacer una transición socioeconómica para que la gente, en vez de depender del petróleo, dependa de otras potencialidades económicas del territorio, pero eso no se hace de la noche a la mañana.

cg: En Colombia hay un debate sobre los subsidios a la gasolina y el diesel. El gobierno Petro, en línea con su política de desincentivar los hidrocarburos, ha tomado decisiones para quitar parte de esos subsidios, lo que ha repercutido en un aumento de los precios de la gasolina y ahora del diesel, una medida muy impopular entre el gremio de los transportadores. ¿Qué piensa la USO de esta medida de quitar esos subsidios?

cl:  El presidente Petro buscó, desde agosto de 2022, desmontar el conocido Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, creado en 2007, con la idea de evitar las fluctuaciones de precio. La intención era que el fondo se alimentaría al cobrar más alto al precio internacional del petróleo cuando estuviera bajo, y convertiría ese superávit en un subsidio de la gasolina cuando el crudo estuviera alto. Pero desde su creación ha sido deficitario, por lo que el Estado tuvo que subsidiar el fondo. Petro decidió inicialmente quitar el incentivo de la gasolina y ahora anuncia que lo hará con el diesel también. Desde julio de 2022, el precio de un galón de gasolina ha aumentado de 9.46 pesos a 14.546 pesos, un incremento del 61 por ciento en términos nominales y del 40 en precios constantes (ajustando la inflación).

En Colombia hay una estructura de precios de los hidrocarburos donde un 35 por ciento de estos son impuestos. El otro elemento que contribuye a que nuestros combustibles sean caros es que se tiene como referente el combustible que se compra en el Golfo de México. Ese precio es un referente internacional que se traslada al país. Por eso se dice que el gobierno subsidia con determinado dinero cada galón de gasolina, claro, porque en el Golfo de México el galón de gasolina tiene un precio superior. Entonces, por eso el gobierno aplicó una tarifa de liberación de precios que funciona para equipar a los precios del Golfo de México. Eso lo hizo con la gasolina y es lo va a hacer con el petrodiesel.

Recientemente el ministro de Hacienda dijo que el incremento en el diesel iba a ser de 6.000 pesos, 2.000 este año y 4.000 el año siguiente en dos incrementos. Eso va a generar una inconformidad social, porque los transportadores ya amenazaron con paralizar la producción, y, de hecho, ya lo hicieron con movilizaciones este mes.

Nosotros desde la USO hemos dicho que ojalá se trabajara con rigor académico y técnico para generar una nueva estructura de precios donde se paguen menos impuestos y eso permita que los combustibles sean más baratos. Otra opción es que a Ecopetrol se le diga que el barril de crudo, después de que lo procese y lo entregue en puntos de abastecimiento, va a tener un margen de utilidad por refinarlo, aunque eso no ha sido posible por una razón muy sencilla: en la medida en que la estructura de precios cambie, esos impuestos se reducen y entonces los ingresos para las regiones van a ser menores. Entonces, acá hay un problema estructural que está fundamentado en la forma como se define el precio del combustible.

Todo esto debería ser un debate de carácter público porque la gente se pregunta, por ejemplo, si hoy se importa el 20 por ciento de la gasolina que se consume en el país, pero el diesel se produce totalmente en el país con nuestros crudos, ¿por qué tienen que tasar las cuentas de la gasolina y del petrodiesel con los precios del Golfo de México si gran parte se produce acá? Ese es un debate que lleva mucho tiempo en el país. Desde el sindicato consideramos que se debería cambiar la estructura de precios en el país sin que eso implique pérdidas para Ecopetrol o implique no tener tributación por ese efecto.

cg: Finalmente, ¿cómo ve usted la exploración futura de petróleo y gas?

cl: Un ejemplo se ve en lo que ha pasado en el proyecto Komodo 1, que es la perforación de un pozo offshore a 40 km de Santa Marta, que busca marcar una posible provincia gasífera donde puedan estar las reservas de gas que el país necesita para los próximos años. Pero este proyecto está temporalmente suspendido por una decisión del Ministerio de Ambiente, que le pidió a la autoridad ambiental suspender el trámite hasta que se tuviera más información sobre sus impactos. La situación es contraproducente para Ecopetrol y para el abastecimiento energético que necesitamos garantizar. Hay una solicitud en el despacho de la ministra para que más de 80 pozos estratigráficos se puedan convertir a pozos productores, pero no se han dado avances en esa solicitud.

Entonces, nosotros estamos haciendo un llamado a que es necesario que los entes del gobierno se coordinen en la vía de fortalecer la exploración en Colombia, incluso con los mismos 300 contratos que el país tiene firmados. Otro ejemplo fue precisamente el que salió a la luz pública hace un par de semanas, y fue que Ecopetrol desistió de hacer un negocio de aproximadamente 3.600 millones de dólares en Estados Unidos al no comprarle a Oxy un porcentaje de los activos de la empresa CrownRock. Este proyecto iba en la dirección de incrementar la producción de barriles de la empresa en un 9 por ciento, pero la Junta de Ecopetrol dijo estar en desacuerdo por razones fiscales y porque, finalmente, el gobierno se opone al uso de la técnica fracking. Nosotros no estamos diciendo que la decisión debió ser otra, pero si le planteamos a la Junta de la empresa que esos 3.600 millones de dólares que no se usaron los traigan e inviertan en el país.

Entonces, no puede ser que todos los proyectos para ampliar la producción queden parados sin una alternativa clara de cómo puede crecer económicamente la empresa. Por ahora no hemos recibido una respuesta del gobierno frente a esa solicitud. Hemos pedido en reiteradas ocasiones reunirnos con el presidente Petro, pero no ha sido posible.