El trabajo y la Frontera

En América del Norte, pocos lugares simbolizan la intensidad de la transformación económica experimentada durante la era neoliberal como la frontera entre Estados Unidos y México. A medida que la integración económica internacional redefinió los proyectos desarrollistas nacionales de la posguerra, México siguió el ejemplo de gran parte del mundo “en vías de desarrollo”, al recurrir cada vez más a los mercados de exportación como motor del crecimiento económico, en lugar del gasto en consumo interno. Frente a una demanda global limitada a un pequeño número de países de alto consumo, la manufactura se convirtió en una industria hipercompetitiva. Los gobiernos que antes promovieron la negociación colectiva y la redistribución interna, recurrieron a la represión salarial y a la reducción de impuestos para obtener una participación cada vez menor de los productos finales.

La maquila se ha convertido en el símbolo de esta transformación. Pero junto con estos cambios en la producción moderna y el comercio transfronterizo, el crecimiento de la manufactura en México ha sido semillero de algunas de las organizaciones laborales más combativas en la defensa de los derechos laborales del continente. Desde 2019, cuando el gobierno mexicano fortaleció sus leyes de negociación colectiva, la organización obrera se ha extendido por todo el continente.

Jeffrey Hermanson, líder sindical cuya carrera inició en el Sindicato Internacional de Trabajadores de la Confección (ILGWU) a finales de la década de 1970, fue testigo directo de estos acontecimientos. Tras la migración de la industria textil derivada de la aprobación del TLCAN, Hermanson trabajó en México como representante del Centro de Solidaridad de la AFL-CIO de 2000 a 2003 y posteriormente se desempeñó como director de estrategias globales en Workers United-SEIU. Ha vivido principalmente en México desde 2019, cuando el Centro de Solidaridad lo nombró Director de Organización en México, cargo del que se jubiló en 2022.1Hermanson trabajó para el ILGWU entre 1977 y 1997, y se desempeñó como Director de Organización después de 1990, tras su fusión con el Sindicato Amalgamado de Trabajadores de la Confección y el Textil (ACTWU) en 1995. Entre 1997 y 2000, colaboró ​​con la Hermandad Unida de Carpinteros y, en 2006, se convirtió en director de organización y subdirector ejecutivo del Gremio de Escritores de América, Oeste, donde coordinó la huelga de escritores de 2007-2008. En 2003 fundó y dirigió el departamento de Fortalecimiento Sindical Global del Centro de Solidaridad, colaborando con sindicatos de todo el mundo. Phenomenal World conversó con Hermanson sobre la evolución de la manufactura norteamericana y la creación de una nueva clase trabajadora en las industrias exportadoras de América Latina. La siguiente entrevista ha sido editada para fines de una mayor brevedad y claridad.

Una entrevista con Jeff Hermanson

Andrew elrod: Qué es una maquiladora hoy, después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)?

Jeff hermanson: La palabra maquila alude a la idea de ‘fábrica’, especialmente en el sentido de un proceso intensivo en mano de obra. A partir de los años ochenta, productos sin terminar eran enviados desde Estados Unidos a México para su ensamblaje, y luego regresaban al norte. Al principio, esos bienes no podían ser vendidos en México. Hoy en día, una maquiladora es, en esencia, un régimen fiscal especial. Aunque existen parques industriales por todo el país, no es necesario estar dentro de uno para operar bajo este esquema. Las maquiladoras fomentan la inversión extranjera directa mediante una menor carga tributaria y la posibilidad de negociar con las autoridades locales el acceso a terrenos y servicios esenciales, siendo el agua uno de los más importantes.

La maquiladora se consolidó principalmente en la frontera durante los primeros años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con grandes fábricas bien capitalizadas, que atrajeron a trabajadores de todo el país. Muchos de ellos se asentaron en comunidades pobres. Visité una zona franca, también conocida como parque industrial, unos años después de que el tratado entrara en vigor y observé condiciones realmente precarias. Los salarios eran tan bajos que no alcanzaban para acceder a una vida digna. Las casas estaban construidas con tarimas de madera. Había una canción llamada “Casas de cartón” que hablaba de personas que vivían en chozas hechas de cartón en México. La electricidad se obtenía con conexiones caseras a las líneas eléctricas aéreas, y los cables corrían por el suelo para alimentar estas viviendas. Las calles de tierra se convertían en lodo cuando llovía. Este era un típico barrio obrero a finales de los años noventa. 

Antes de 2018 y del gobierno de Morena, era bien sabido que a estas compañías se les otorgaba tierra de forma gratuita como una concesión fiscal. Durante diez años, no pagaban ningún tipo de impuesto, ni por la tierra, ni por los edificios. También recibían tratos preferenciales en cuanto al uso de energía y agua. Con la llegada de Morena al gobierno nacional, las concesiones a las maquiladoras fueron revisadas para igualar la tasa de impuestos con la de otras empresas, en lugar de seguir otorgando ventajas injustas a firmas de inversión extranjera. Cada vez más, se les ha exigido a las maquiladoras cumplir con los mismos requisitos regulatorios que cualquier otra empresa. Sin embargo, aún existe un trato preferencial hacia grandes corporaciones. Nestlé, por ejemplo, acaba de anunciar una inversión de 400 millones de dólares en Chiapas y recibirá condiciones favorables para el uso del agua. Aquí, en mi comunidad local, hay una maquiladora que fabrica sudaderas y buzos para Fanatics y Columbia Sportswear, y cuenta con un contrato especial para el uso del agua. En una zona donde el agua es un recurso escaso y costoso, obtienen un precio relativamente bajo, a pesar de que utilizan grandes cantidades para teñir y lavar las prendas.

AE: La frase runaway shop, o «fábrica que se fuga», se utilizaba comúnmente en los años cincuenta y sesenta, mucho antes de que comenzara a hablarse de “desindustrialización”. ¿Cómo ha evolucionado este concepto con el auge de las maquiladoras, el TLCAN y lo que hoy llamamos neoliberalismo?

JH: Durante los años cincuenta y sesenta, los empleadores comenzaron a “fugarse” del noreste y el medio oeste de Estados Unidos hacia el sur del país y Puerto Rico, regiones con mucha menor sindicalización y salarios más bajos. En la industria de la confección, donde comencé a organizarme con el Sindicato Internacional de Trabajadoras del Vestido (ILGWU o ILG, International Ladies’ Garment Workers’ Union), el núcleo de la industria en Estados Unidos estaba en ciudades como Nueva York, Filadelfia, Chicago y, en menor medida, algunas partes de Canadá. Pero en los años cincuenta, todo empezó a desplazarse hacia el sur.

En 1965, el Congreso aprobó el Ítem 807, que forma parte del Arancel Aduanero de los Estados Unidos. Esto permitió a los fabricantes de prendas cortar las piezas en Estados Unidos, enviarlas a la República Dominicana y otros lugares del Caribe para ser ensambladas, y luego reexportarlas a Estados Unidos libres de aranceles. A finales de la década de 1980, la República Dominicana se había convertido en un centro de zonas francas que empleaban a un par de cientos de miles de trabajadores dedicados a la confección de ropa para el mercado estadounidense.

La producción de medias y otra ropa íntima ya se había trasladado al sur de Estados Unidos, en una primera fuga desde el noreste. En las décadas de 1970 y 1980, estas empresas establecieron sus fábricas en Puerto Rico. De allí, el salto hacia Centroamérica fue breve. Esta fue la siguiente fase, liderada por la industria de la ropa íntima: Maidenform, Fruit of the Loom y Hanes fueron las tres grandes. Los fabricantes de ropa interior se trasladaron principalmente a Honduras y El Salvador. Estas empresas eran más intensivas en capital, el tejido, el corte y la confección estaban integrados en grandes instalaciones propiedad de los mismos fabricantes, trasladando sus operaciones completas y convirtiendo a Honduras en el núcleo geográfico de la industria.

Otras ramas de la industria de la confección siguieron el mismo patrón en la frontera sur con México. Antes del TLCAN existía un sistema de plantas gemelas: una fábrica de corte en un lado de la frontera y una de confección en el otro. Los jeans de Calvin Klein, por ejemplo, se cortaban en El Paso, Texas, en un taller sindicalizado, y se enviaban a Durango y Coahuila, en México, para ser ensamblados y luego reimportados bajo el Ítem 807. Con el TLCAN, desapareció la necesidad de realizar el corte en Estados Unidos.

AE: ¿Cuándo empezaste a trabajar con ILG?

JH: Empecé a trabajar con ILG en 1977, al inicio del proceso de deslocalización. Organizamos una huelga en 1979 contra una empresa de ropa deportiva en la ciudad de Nueva York, y uno de los trabajadores, un cortador dominicano, me contó que las piezas cortadas estaban siendo enviadas a la República Dominicana. Para él, eso era algo nuevo y estaba sorprendido. Ese fue el comienzo de la deslocalización, que creció a pasos agigantados durante los años ochenta.

El sindicato tenía un lema: “seguir el trabajo”. Y seguimos el trabajo, saliendo de la ciudad de Nueva York hacia Pensilvania y más allá. Pero cuando fuimos al sur, se volvió mucho más difícil debido a las divisiones raciales en la fuerza laboral y al uso que los empleadores hacían de esas divisiones para derrotar los esfuerzos de sindicalización. Organizamos a Kelwood en Misisipi, una gran empresa propiedad de Sears que empleaba a miles de trabajadores. Seguimos a Calvin Klein hasta El Paso, Texas, y organizamos la fábrica allí. Tuvimos varios otros éxitos en el sur, pero fue más difícil que en el noreste.

En 1990, la República Dominicana aprobó un nuevo código laboral bajo la presión de la Federación Americana del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations). Los sindicatos dominicanos vinieron a Estados Unidos y pidieron ayuda para organizar a los trabajadores en las zonas francas que su gobierno había establecido específicamente para este tipo de trabajo. En ese momento, ya había más de 100 mil trabajadores dominicanos en esas zonas francas produciendo, básicamente, ropa para el mercado estadounidense. Fuimos a la República Dominicana, capacitamos a unos veinte organizadores y ayudamos al sindicato dominicano a organizar diez u once fábricas con más de 10 mil trabajadores. Se construyó un sindicato fuerte de la confección que aún existe. Todas estas fábricas producían para marcas estadounidenses. Pero con el TLCAN, básicamente perdimos el control de la industria. Todo el proceso, y no solo la costura, pasó a realizarse en una maquiladora. No pudimos seguir el trabajo hacia México en ese momento.

AE: Mencionaste un cambio en el código arancelario de Estados Unidos para permitir este tipo de negocios. ¿Qué cambios hubo en las leyes de los otros países?

JH: Desde los años cuarenta hasta los setenta, México siguió un modelo de sustitución de importaciones que enfatizaba la producción local y el fortalecimiento de los productores nacionales. Algunas de estas empresas, incluso, eran propiedad del Estado. En la industria automotriz, por ejemplo, camiones, autobuses y equipos agrícolas eran fabricados por compañías estatales. Sin embargo, este modelo comenzó a agotarse hacia finales de los setenta y principios de los ochenta. En ese contexto, surgió una crisis de deuda externa y el neoliberalismo se impuso como la nueva ideología en materia de inversión y comercio internacional, el llamado «Consenso de Washington», impulsado por figuras como Thatcher y Reagan. Este cambio exigió reformas legislativas en países como Honduras y otras naciones centroamericanas, donde la industria de la ropa íntima ya había trasladado parte de su producción, así como también en Estados Unidos. La Iniciativa de la Cuenca del Caribe, por ejemplo, permitió que estas industrias invirtieran internacionalmente como respuesta a las crecientes presiones competitivas dentro de Estados Unidos.

En México, esto significó la venta de las empresas estatales, la privatización de la producción en general y la eliminación de la mayor cantidad posible de barreras comerciales. La maquiladora fue el primer paso en ese proceso. Inicialmente, un régimen comercial muy estricto impedía que las maquiladoras compitieran con las empresas locales. Sin embargo, cuando se levantaron esas restricciones, muchas se vieron obligadas a cerrar.

La historia varía de industria a industria. La automotriz, por ejemplo, tiene una larga tradición en México. Ford ha estado presente en el país durante cien años y ha desarrollado un mercado interno para sus productos. En el sector textil y de confección, aún existen empresas locales que producen exclusivamente para el mercado mexicano. Incluso en la industria del acero y la manufactura pesada, una parte del mercado sigue siendo realmente nacional. Dado el contexto histórico del modelo económico mexicano, muchos se opusieron al relajamiento de las regulaciones sobre importaciones y exportaciones. Sin embargo, eran una minoría, y las presiones políticas fueron tales que las regulaciones se flexibilizaron progresivamente.

AE: ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste a México?

JH: La primera vez que fui a México fue en 1994, cuando se aprobó el TLCAN. Antes de la firma de este acuerdo, la industria textil y de confección nacional era bastante fuerte en México. Producían prendas en fábricas modernas de gran tamaño y tenían un acuerdo laboral a nivel industrial para el sector textil. Estaba sindicalizada y era próspera, y los contratos sindicales eran bastante buenos.

Eso ha sido completamente socavado por la competencia de las prendas fabricadas en las maquiladoras. Pero aún más, hoy en día la industria mexicana de la confección se ha visto debilitada por la competencia de las prendas producidas en China. La industria nacional ha sido diezmada y enfrenta un grave declive.

AE: ¿Cuál es la legislación laboral en México en lo que respecta a la organización sindical? En Estados Unidos, por ejemplo, los sindicatos del sector privado deben ser certificados por una agencia federal, la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés), para gozar de protecciones legales. Los trabajadores tienen derecho a organizarse incluso sin un sindicato certificado, pero estos derechos también son garantizados por la NLRB. En Brasil, existía una larga tradición de asignar jurisdicciones sindicales por ley, y los representantes sindicales eran financiados a través de un impuesto laboral especial, una especie de “cuota sindical” recaudada por el Estado. ¿Cuál es el régimen laboral mexicano?

JH: Desde mediados de la década de 1930 hasta la de 1990, México tuvo un régimen de relaciones laborales “corporativista”: el gobierno fomentó la organización de los trabajadores en grandes sindicatos industriales nacionales y en una gran confederación  que se convirtió en un pilar de apoyo del partido de Estado: el Partido Revolucionario Institucional (PRI). La Confederación de Trabajadores de México (CTM)se formó durante ese período, a finales de los años treinta, al igual que ocurrió en Estados Unidos en la época de la Ley Wagner y el crecimiento del Congreso de Organizaciones Industriales (CIO, Congress of Industrial Organizations), que luego se fusionó con la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations). Fue un momento en el que millones de trabajadores se organizaron bajo una legislación laboral bastante favorable.

Los sindicatos de la CTM representaban principalmente a trabajadores de sectores que eran empresas estatales o cuasiestatales, como la industria de la energía eléctrica, la industria petrolera (que fue nacionalizada en 1938), telecomunicaciones, acero, minería. Todas estas grandes industrias nacionales básicas. A su vez, esos sindicatos respaldaban al partido político, otorgando privilegios al segmento organizado de la fuerza laboral industrial. Este enfoque, que consiste en incorporar los sindicatos a la estructura política del Estado para que se conviertan en “sindicatos oficiales”, se conoce como corporativismo.

AE: Eso suena muy parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos y en otros países con partidos políticos alineados con el movimiento obrero a mediados del siglo pasado: el gobierno apoyaba a grandes sindicatos industriales con un acuerdo político, implícito o explícito, de que esos trabajadores sindicalizados respaldarían al gobierno. En esos términos, para mí, esa es la historia de Franklin Roosevelt y el CIO. ¿Cuál es la importancia de entender esto como “corporativismo”, como un régimen distinto al de Estados Unidos?

JH: La diferencia más importante es que, en Estados Unidos, el CIO organizaba trabajadores de empresas privadas, de industrias de propiedad privada. En México, muchas de las industrias eran controladas por el Estado, ya sea porque eran propiedad estatal o estaban operadas por el Estado, como el petróleo, la electricidad y las telecomunicaciones, y sus trabajadores eran empleados del sector público. Los maestros, por ejemplo, que todavía conforman el sindicato más grande de México. En Estados Unidos, la relación de los sindicatos con la estructura política y con el Estado no era la misma: los sindicatos no estaban incorporados ni se convirtieron en “sindicatos oficiales”.

También cabe señalar que los activistas sindicales que lideraron la formación de estos sindicatos eran comunistas, anarquistas y socialistas. Pero el gobierno no era un gobierno socialista, aunque sí nacionalizó industrias. Por lo tanto, existía un control político muy estricto sobre la organización de las industrias y de los sindicatos. La certificación legal era determinada, y las disputas se resolvían, a través de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que tenían una estructura tripartita: el gobierno, los empleadores y los sindicatos designaban a sus integrantes. Una condición para afiliarse al sindicato era ser también miembro del PRI. Cuando había elecciones, el sindicato organizaba autobuses para llevar a los trabajadores a las urnas, o a manifestaciones en favor de los candidatos. Era un movimiento sindical corporativista fuertemente controlado (incorporado a la estructura política). En Estados Unidos no existe nada parecido a eso. 

AE: Excepto durante la década de 1930. “Franklin Roosevelt quiere que te unas a un sindicato y al CIO” fue una parte importante de la campaña electoral de 1936. Esa relación se intensificó durante la Segunda Guerra Mundial, en las elecciones de 1940 y 1944.

JH: Durante la guerra, el capitalismo en Estados Unidos se acercó a una estructura corporativista. Existía la Junta Nacional de Trabajo de Guerra (War Labor Board) y sus juntas sectoriales para la fijación de salarios. Eso es muy cierto. Hay similitudes entre el enfoque del gobierno de Cárdenas en México y el del gobierno de Roosevelt en Estados Unidos. El Partido Demócrata sí quería controlar el movimiento sindical. Al principio, no lo lograron del todo. Lograron llevar a David Dubinsky y a John L. Lewis a la Casa Blanca, pero John L. Lewis no se dejaba controlar. “No se puede sacar carbón con bayonetas”, como él decía. Pero con el inicio de la Guerra Fría, el gobierno estadounidense y los empleadores usaron el anticomunismo para aprobar la Ley Taft-Hartley, que debilitó al movimiento sindical. En lugar de controlar a los sindicatos incorporándolos a la estructura política, en Estados Unidos se optó por controlarlos debilitándolos y sometiéndolos a la regulación.

En México, el período del llamado “Milagro Mexicano” (1940-1970) fue testigo del crecimiento de un sector organizado estrecho y privilegiado de la clase trabajadora dentro de los sindicatos corporativistas. Estos trabajadores comenzaron a convertirse en clase media. Pero nunca representaron más que un pequeño porcentaje de la fuerza laboral total, que incluía a millones de personas pobres del campo. La posición privilegiada de los trabajadores sindicalizados comenzó a desmoronarse por varias razones. En los años sesenta, hubo varias rebeliones de trabajadores contra el estricto control de los sindicatos, la mayoría de las cuales fueron reprimidas por los propios líderes sindicales con la ayuda del gobierno del PRI.

En octubre de 1968, el ejército mexicano, actuando por orden del presidente Gustavo Díaz Ordaz, masacró a cientos de estudiantes que protestaban en la Ciudad de México. Hubo levantamientos en zonas rurales del sur de México y en ciertas zonas urbanas del norte, donde comenzaron a formarse grupos guerrilleros. También hubo una rebelión de trabajadores disidentes en la planta de Ford en Cuautitlán, en la zona industrial alrededor de la Ciudad de México, que el sindicato oficial de la CTM, en colusión con la gerencia de Ford, sofocó violentamente con 300 golpeadores. Los acontecimientos internacionales, como lo ocurrido en Francia en 1968 y los movimientos por los derechos civiles y contra la guerra en Estados Unidos, intensificaron la paranoia del gobierno. Había una sensación general de que la revolución estaba en el aire. El gobierno mexicano trató esto como una amenaza real.

Otro factor fue la creciente corrupción en todos los niveles del gobierno, del PRI y de la dirigencia sindical. Carlos Hank González, uno de los políticos más famosos de México, solía decir: “Un político pobre es un pobre político.” Era una corrupción rampante. “El que respira, aspira”, era otro de sus dichos. La corrupción se volvió realmente vergonzosa.

Esta combinación entre la corrupción, cada vez más abierta, y la represión coincidió con el agotamiento del llamado milagro mexicano a finales de los años sesenta. La dirigencia sindical no actuó en contra de ello; por el contrario, se sumó a la corrupción. Empezaron a sobrevivir gracias a sus vínculos con los empleadores y el gobierno, y no por su relación con los trabajadores. Por supuesto, también surgieron algunos sindicatos independientes de izquierda en los años setenta, que comenzaron a organizarse en el cinturón industrial de la Ciudad de México.

AE: El TLCAN se firmó en 1993. ¿Cuál fue la motivación para hacerlo, dado que ya existía un alto grado de integración?

JH: Siempre he pensado que, en Estados Unidos, el apoyo de los empleadores al TLCAN fue una estrategia para evitar los sindicatos. Desde que Reagan aplastó la huelga de la Organización Profesional de Controladores de Tráfico Aéreo (PATCO, por sus siglas en inglés) en 1981, los empleadores continuaron su ofensiva contra el movimiento sindical, y para mediados de los años noventa decidieron que podían usar a México como una reserva de bajos salarios. En el verano de 1996, mi sindicato, UNITE 2En 1995, las convenciones de delegados tanto del Sindicato Internacional de Trabajadoras de la Confección (ILGWU, (<)em(>)International Ladies Garment Workers Union(<)/em(>)) como del Sindicato de Trabajadores del Ramo de la Confección y Textil (ACTWU, (<)em(>)Amalgamated Clothing and Textile Workers Union(<)/em(>)) votaron a favor de fusionarse, formando el Sindicato de Trabajadores de la Confección, la Industria y el Textil (UNITE, (<)em(>)Union of Needletrades, Industrial and Textile Employees(<)/em(>)). En el momento de la fusión, el nuevo sindicato contaba con 250.000 afiliados. lanzó una gran huelga contra Guess Jeans en Los Ángeles, donde había 3 mil trabajadores en varias decenas de pequeños talleres de explotación. La huelga detuvo la producción en el área de Los Ángeles, así que Guess simplemente recogió todo y trasladó su producción a México.

Presentamos cargos por prácticas laborales injustas ante la NLRB, que inicialmente estuvo de acuerdo con nosotros en que el traslado era ilegal e indicó que emitiría una queja.3 En enero de 1997, Maurice Marciano, presidente y director ejecutivo de Guess, dijo al (<)a href='https://www.wsj.com/articles/SB85320163935160000'(>)(<)em(>)Wall Street Journal(<)/em(>)(<)/a(>) que el sindicato y las investigaciones de la NLRB en respuesta a sus denuncias fueron “un factor” en la decisión de la empresa de trasladar el trabajo de confección de Estados Unidos a México. En a bril de 1997, la Oficina del Asesor Jurídico de la NLRB emitió un memorando de asesoría favorable para la Región 21, que incluye a Los Ángeles. Cf. Justin McBride, “Guess Again: Revisiting the Last Major US Apparel Union Campaign at 25,” Journal of Labor and Society, mayo de 2021. Pero no lo hicieron, y finalmente concluyeron que Guess había estado planeando ese traslado desde antes, y por lo tanto no era una respuesta a la huelga.4 En noviembre de 1998, la Oficina del Asesor Jurídico de la NLRB desestimó de forma definitiva la denuncia de UNITE, alegando que la decisión de 1996 de trasladar la confección a México se basó en razones económicas y no estuvo relacionada con la actividad sindical. El fallo sorprendió a la industria: Women’s Wear Daily tituló erróneamente su artículo “Guess: NLRB Dictamina Ilegal el Traslado a México” antes de publicar una corrección tres días después. Dan Petrocelli, abogado de Guess, quien anteriormente había alegado que los talleres clandestinos de Los Ángeles habían sido montados por el sindicato, dijo a Women’s Wear Daily que el fallo “confirma que las empresas tienen derecho a aprovechar plenamente las políticas y leyes establecidas en el TLCAN. Que a los sindicatos no les guste no significa que sea ilegal”. Si bien podría ser cierto que Guess había explorado esa posibilidad, yo realmente creo que la decisión de la Junta fue una decisión política tomada por la administración Clinton. El TLCAN tenía tres años: no podían sancionar a una empresa por mudarse a México para evitar al sindicato, porque eso habría restringido la implementación del tratado. Guess Jeans era un importante donante de la campaña de Clinton. Perdimos esa huelga: los empleos se fueron a talleres de explotación en México y Guess Jeans prosperó.

La complejidad de la cadena de suministro previa al TLCAN, al menos en la industria de la confección, también fue un factor que motivó a las empresas a apoyar el acuerdo. La naturaleza de la industria estaba cambiando. Los “productores de paquete completo” comenzaban a encargarse de todo el proceso de producción. Incluso algunas partes del proceso de diseño estaban siendo realizadas por grandes contratistas en Asia y en América Latina. Este fue un desarrollo que ocurrió principalmente en México durante los años noventa. Empresas como Calvin Klein se convirtieron en firmas de diseño y mercadeo, sin emplear a ningún trabajador de producción.

Ese proceso ha continuado hasta la actualidad, facilitado por el TLCAN. Hoy en día, marcas como Calvin Klein y Tommy Hilfiger se han reducido a simples nombres comerciales. No cuentan con empleados en sus procesos de producción. Las etiquetas son propiedad de PVH, una empresa que gestiona diversas marcas y subcontrata la producción a nivel global. De este modo, pueden aprovechar la mano de obra más barata disponible, a la vez que evitan cualquier amenaza de sindicalización.

AE: ¿Cómo ha cambiado la organización laboral en México con la integración regional antes y después del TLCAN?

JH: En el oeste, en Tijuana y Mexicali, había sindicatos amarillos y sindicatos corruptos controlados por mafias que llegaban a acuerdos con los empleadores incluso antes de que se establecieran los negocios. En Juárez, que está frente a El Paso, no había sindicatos en absoluto y los trabajadores se organizaban arriesgando sus vidas. En el extremo este de la frontera, en Matamoros, en el estado de Tamaulipas, existía un sindicato que creció desde el lugar de trabajo. Era un sindicato tradicional del CTM, el Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora (SJOIIM), que representaba alrededor de 150 a 200 fábricas en Matamoros. Pero su líder, un hombre llamado Agapito González, estaba decidido a obtener un buen trato de los empleadores. Durante la década de 1980, negoció contratos que lograron salarios significativamente más altos que en otras regiones maquiladoras. También contenían cláusulas que establecían que los salarios estaban anexados al salario mínimo, de modo que los aumentos del salario mínimo elevarían todos los salarios bajo el contrato. Era algo único en el sector maquilador.

Gonzalez falleció y, su sucesor, Juan Villafuerte, enfrentó algunas rebeliones por parte de los trabajadores, dado que sentían que él estaba menos comprometido con la lucha por sus intereses. En enero de 2019, el nuevo gobierno de Morena duplicó el salario mínimo en la frontera. De acuerdo con los términos específicos del contrato de Gonzalez, esto habría implicado duplicar los salarios de los trabajadores que ya ganaban por encima del nuevo salario mínimo, pero la dirigencia sindical se negó a hacer cumplir estos términos. Esto llevó a una huelga no autorizada de 45 mil trabajadores en 48 maquiladoras en Matamoros, un evento importante justo después de que Morena asumiera el poder. Los empleadores inmediatamente lograron que el gobernador solicitara la intervención federal para detener la huelga, como normalmente habrían esperado. Sin embargo, el Subsecretario de Trabajo, Alfredo Domínguez Maruffo, les dijo a los empleadores que el gobierno no intervendría. Les recomendó que negociaran. Los trabajadores presentaron demandas de un aumento inmediato de 20 por ciento en los salarios y un bono único de 1.600 dólares, equivalente a 32 mil pesos mexicanos—llamándose a sí mismos el “Movimiento 20/32”—y presionaron al SJOIIM para que negociara esos términos. Después de semanas de negociaciones en cada fábrica, se cumplieron las demandas de los trabajadores, y se logró una victoria. De esa lucha surgió el Sindicato Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios, Movimiento 20/32 (SNITIS); el cual se ha encargado de organizar varias fábricas grandes, incluyendo Panasonic Automotive en Reynosa y Tridonex en Matamoros.

AE: ¿Qué significa ser un sindicato independiente en México? En los Estados Unidos, un sindicato puede no estar afiliado a la AFL-CIO, pero aún puede tener elecciones para su junta directiva y puede tener derechos en los tribunales.

JH: En México, un sindicato independiente es un sindicato organizado por fuera de la relación corporativa de los “sindicatos oficiales”, como CTM, CROC, CROM, SNTE, entre otros que compartían la estructura política del PRI 5 La Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) es la confederación más antigua, de la cual se separó la Confederación de Trabajadores de México (CTM) durante la década de 1930, pero que continúa existiendo. La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) fue fundada en la década de 1950. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), formado en 1949, representa a los docentes y estuvo aliado con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta 2005, cuando creó su propio partido político, el Partido Nueva Alianza. En las décadas de 1960 y 1970, como decíamos, los radicales políticos comenzaron la formación de sindicatos independientes mediante la acción directa, y tuvieron un éxito mínimo. Pero los sindicatos afiliados a las confederaciones y partidos políticos existentes, primero al PRI y luego al Partido de Acción Nacional (PAN), utilizaron su posición en las juntas laborales para negarse a registrar sindicatos no afiliados a la CTM u otros sindicatos corporativistas.

Los sindicatos independientes más exitosos están en el sector privado. Dos de los primeros sindicatos independientes exitosos fueron el Sindicato de Volkswagen en Puebla y el Sindicato de Nissan en Morelos. Ambos son sindicatos que negocian a nivel de la empresa. Para obtener el reconocimiento, tuvieron que echar a un sindicato de trabajadores automotrices que era afiliado a la CTM y parte de la estructura política corporativista. ¿Cómo lo lograron? A través de la acción directa, mediante esas huelgas espontáneas, que eran actividades ilegales que el Estado intentó pero no logró reprimir.

AE: ¿Iban por contratos?

JH: Sí. Una vez que Volkswagen se dio cuenta de que no podían operar sin reconocer al sindicato independiente, acordaron llegar a un acuerdo. Esto sucedió en varios sectores, incluyendo algunas empresas estatales. Los trabajadores de Dina, un fabricante de camiones en Hidalgo, también formaron un sindicato independiente a través de la acción directa. Esta fue la única manera, porque no podías usar el proceso legal para obtener el reconocimiento, y tenías que forzar al empleador a que pidiera al gobierno el reconocimiento del sindicato.

Esta situación continuó durante los noventa. Cuando llegué aquí en el 2000 para representar al Centro de Solidaridad de la AFL-CIO, comenzamos a apoyar a un grupo de aproximadamente mil trabajadores mexicanos en una fábrica subcontratada de Nike aquí en Puebla. El dueño coreano que producía sudaderas para Nike había reconocido a uno de estos sindicatos corporativistas antes de que la planta siquiera abriera. Los trabajadores estaban enojados por tener que pagar cuotas a un sindicato corporativista, afiliado a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) estatal, con el que no tenían contacto, que nunca hizo nada por ellos. Los trabajadores formaron un sindicato independiente y llevaron a cabo una huelga de nueve meses en esta maquiladora. Debido a que era una fábrica de Nike y producía bajo licencia de la Universidad de Wisconsin y otras universidades, hubo presión desde Estados Unidos, de los grupos de activistas estudiantiles como United Students Against Sweatshops, para que sus universidades cancelaran sus licencias con Nike. Nike me llamó y me pidió ayuda para resolver el conflicto.

AE: ¿Cuántos meses después de iniciada la huelga ocurrió eso?

JH: Casi al comienzo de la huelga. La filial estatal de la CROC logró que el gobierno estatal enviara a la policía antidisturbios para golpear a los trabajadores que se habían instalado en el patio de la fábrica, así que los trabajadores se fueron a sus casas y dejaron de ir al trabajo. La gente simplemente se quedó en casa, así fue como se desarrolló la huelga. Tanto Nike como la maquiladora estaban desesperados.

La empresa, tanto Nike como el contratista local, me veían como un aliado en su lucha por sobrevivir, y los ayudé a encontrar una solución. Pero primero la empresa tuvo que pagarle al sindicato establecido para que se retirara, con un monto de 50 mil dólares, y luego tuvo que pagarle al gobierno. Y, por supuesto, el sindicato y el gobierno estaban vinculados: cuando la empresa coreana quiso invertir en el estado de Puebla, fue el propio gobernador quien lo presentó con el sindicato de la CROC.“La mafia del poder” fue como López Obrador la llamó, y tenía razón. El problema de la corrupción se fue agravando cada vez más desde finales de los años sesenta hasta llegar a Peña Nieto, el último presidente antes de López Obrador, quien fue objeto de un profundo desprecio popular. Era abiertamente corrupto, y los grandes medios impusieron a este tipo como presidente. De 2012 a 2018, la gente estaba tan harta que eligió a un radical, un rebelde: López Obrador, cuya principal plataforma política fue acabar con la corrupción y usar los recursos liberados para ayudar a los pobres. Su lema era “por el bien de todos, primero los pobres”, lo opuesto por completo a la ideología que lo antecedió. Ha sido tremendamente exitoso, tanto que su sucesora, Claudia Sheinbaum, cuenta hoy con un 85 por ciento  de apoyo popular.

AE: ¿Ha habido intentos de federarse o de formar una federación rival, para llevar las partes más combativas del movimiento sindical a un nivel más amplio de organización?

JH: Ha habido intentos, pero el movimiento sindical independiente en México está ideológicamente comprometido con los sindicatos por empresa, negociando a nivel de compañía. Los líderes y miembros de sindicatos independientes son extremadamente desconfiados de las organizaciones más grandes debido a su experiencia con las federaciones y confederaciones corporativistas. Existe una Federación de Trabajadores de Autopartes, Aeroespacial y Llantas que tiene diez sindicatos afiliados, FESIIAAAN. Pero no se han registrado legalmente como federación. No tienen personal, ni cuotas sindicales ni de afiliación. Rotan la presidencia entre los líderes de los sindicatos independientes cada año.

AE: ¿Los sindicatos independientes han sufrido reveses debido a esa desconfianza hacia las federaciones? El impulso hacia una organización más amplia, históricamente, se basa en que las empresas pueden enfrentarse entre sí. El taller combativo puede ser castigado si se queda solo.

JH: Esta preferencia por sindicatos que solo actúan dentro de una empresa específica representa una gran debilidad. El Sindicato de Nissan, uno de los primeros sindicatos independientes del sector automotriz, se formó en los años setenta en la planta de Nissan en Cuernavaca, Morelos. Negociaron contratos excelentes, pero en 1982 Nissan abrió una planta en Aguascalientes, y desde entonces ha inaugurado tres más, todas con un sindicato corporativista afiliado a la CTM. Ese sindicato se desprestigió por no representar a los trabajadores, pero el sindicato que llegó después y tomó el contrato, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, está dirigido por un exlíder del PRI y de la CTM que ahora se ha unido a Morena. Así que los trabajadores no están mejor. Nissan ha estado reduciendo operaciones en la planta de Morelos, donde está organizado el sindicato independiente, y ha aumentado la producción en Aguascalientes. Lo mismo ocurrió con el sindicato independiente de Volkswagen: VW construyó una planta de motores en Silao, que permanece mayormente sin organización sindical.

AE: ¿Cómo ha cambiado el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) la organización sindical?

JH: A diferencia del TLCAN, el T-MEC tiene un capítulo laboral 6El TLCAN tenía un acuerdo paralelo sobre trabajo, en el que México debía respetar sus propias leyes laborales, y los gobiernos de Estados Unidos o Canadá podían solicitar consultas. “Intenté usar esas disposiciones contra empresas que estaban violando los derechos de los trabajadores, y resultaron completamente inútiles”, añade Hermanson. Una de sus disposiciones exigía que México reformara su legislación laboral y ratificara los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que Estados Unidos ni siquiera ha ratificado 7 (<)a href='https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312232:NO'(>)El Convenio 87(<)/a(>) de la OIT establece el derecho de los trabajadores y empleadores a fundar organizaciones y afiliarse a ellas libremente, sin autorización previa, y a organizar su funcionamiento sin interferencias. (<)a href='https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312243:NO'(>)El Convenio 98(<)/a(>) de la OIT protege el derecho a la negociación colectiva y establece garantías frente a actos de discriminación antisindical, como el despido por pertenecer a un sindicato.

En 2019, México reformó su ley laboral para exigir votaciones directas, privadas y secretas en las elecciones de representación sindical, de liderazgo sindical y de ratificación de contratos, un sistema mucho más democrático que el que existe en Estados Unidos. El movimiento sindical independiente y sus aliados, incluidos académicos, abogados laboralistas y activistas de todo tipo, han estado apoyando este tipo de reforma desde los años setenta. El voto secreto fue la consideración clave, pero la eliminación de las juntas laborales tripartitas también es crucial. Existe un nuevo sistema de justicia laboral bajo el poder judicial, y ahora, debido a un reciente cambio constitucional, el poder judicial será elegido democráticamente.

El capítulo laboral del T-MEC también cuenta con un Mecanismo de Respuesta Rápida que permite a los trabajadores o sindicatos presentar quejas ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos si sus derechos son violados. El gobierno mexicano ha respondido de manera positiva a esto. Durante el gobierno de Biden, Estados Unidos contó con buenos secretarios de trabajo y un Representante de Comercio (USTR, US Trade Representative) que fue, en cierto modo, progresista. Hubo una fuerte presión por parte de Estados Unidos para garantizar el cumplimiento efectivo de los términos laborales del tratado, y en ese mismo periodo se resolvieron favorablemente veinticuatro casos a favor de trabajadores mexicanos y sindicatos independientes. Lo anterior representa una transformación enorme.

Uno de los primeros casos bajo el Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC fue en General Motors en Silao, Guanajuato, una planta de ensamblaje con 6.500 trabajadores que produce camionetas Silverado de 40 mil dólares para exportación a Estados Unidos. Parte de la implementación del T-MEC en México estipulaba que los contratos existentes debían ser votados por los trabajadores. Cuando el sindicato CTM en GM Silao fue sorprendido destruyendo boletas en la primera votación, el Mecanismo de Respuesta Rápida aseguró una votación justa. Después de que el contrato fuera rechazado, una nueva organización independiente, el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), ganó la representación en una votación de representación contra otros dos sindicatos. Desde entonces, han negociado buenos contratos. SINTTIA, que tiene una visión sindical industrial, ha ganado desde entonces un par de campañas en plantas de autopartes y recientemente organizaron una planta de altavoces Bose en Tijuana.

AE: Ahora que se está renegociando el T-MEC, ¿cuál crees que es la mejor manera de mejorar este historial?

JH: En primer lugar, el T-MEC es asimétrico. México está sujeto a estos términos, mientras que Estados Unidos y Canadá no. Esa sería la primera modificación que me gustaría ver. El T-MEC trata sobre el comercio, y las sanciones implican la eliminación de la exención arancelaria para los productos de los infractores. ¿Cómo sancionarías a una empresa de Estados Unidos? Tendría que establecerse un nuevo régimen de sanciones.

AE: Pero ¿no es cierto que la cadena de suministro automotriz de Estados Unidos implica que las fábricas de automóviles en Estados Unidos exporten partes o componentes a las plantas de ensamblaje en México?

JH: Sí, pero las disposiciones actualmente no se aplican a las empresas de Estados Unidos. Están pensadas para «hacer responsable a México», que fue la postura del movimiento sindical de Estados Unidos durante las negociaciones. En el proceso actual, las partes privadas presentan quejas ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales en el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL). Estas oficinas realizan una investigación preliminar utilizando a sus agregados laborales en México, de los cuales hay cinco, para determinar si encuentran un caso preliminar de violación de derechos. Los derechos están bajo la legislación laboral mexicana y las convenciones de la OIT, las cuales no tienen los trabajadores de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no reforma nuestras leyes laborales? ¿Por qué no ratifica las convenciones de la OIT?

Si la USTR y el DOL encuentran un caso prima facie, solicitan al gobierno mexicano que realice una investigación. El gobierno mexicano tiene un periodo muy corto de tiempo para determinar si está de acuerdo con los hallazgos del gobierno de Estados Unidos. Si están de acuerdo, entonces se inicia una negociación entre los gobiernos de Estados Unidos y México para desarrollar un plan de remediación o un plan de acción. Este proceso ha sido exitoso en la mayoría de los casos.

Pero creo que su éxito disminuirá. El gobierno mexicano está siendo cada vez menos receptivo y está comenzando a buscar formas de evitar una aplicación agresiva. Recientemente, han estado alcanzando acuerdos con las empresas acusadas antes de que se termine de elaborar el plan de remediación, tratando de adelantarse a un plan agresivo.

Esta es la estrategia de México en la revisión del T-MEC. Ellos buscan simetría. Mi sugerencia sería un consejo compuesto por los tres gobiernos, con participación ciudadana, que escuche las quejas y aplique las mismas convenciones básicas de la OIT a los tres países.

En México, con o sin el T-MEC, debería existir un movimiento sindical independiente que sea combativo, que organice, que tome acciones directas y que utilice la legislación laboral mexicana, que realmente es buena, para ampliar la representación legítima de los trabajadores en el país. Para que eso sea posible, se necesita una inversión de recursos, y México no cuenta con los recursos necesarios. No existe un Congreso de Organizaciones Industriales en México, así que he estado tratando de convencer a los sindicatos de Estados Unidos de que deberían brindar apoyo al movimiento sindical independiente mexicano.

AE: ¿Qué monto consideras que sería una buena inversión inicial para el crecimiento del movimiento laboral en México? ¿Qué sindicatos podrían asumir esta tarea?

JH: El Congreso de Estados Unidos asignó 180 millones de dólares para la implementación del T-MEC, de los cuales 150 millones fueron destinados a contratistas de diversos tipos para asistir a la Secretaría del Trabajo de México en el desarrollo de inspectores laborales y del sistema de justicia laboral; es decir, para la «creación de capacidades».

Los últimos 30 millones de dólares estaban destinados al Solidarity Center de la AFL-CIO, donde yo trabajaba en ese momento. El dinero fue asignado y yo desarrollé un programa que esperaba que ayudara a construir un movimiento sindical combativo en México. El Departamento de Trabajo lo aprobó, pero ese uso de los recursos no fue respaldado por la dirección del Solidarity Center en México. Ahora, con la suspensión de la ayuda extranjera, ese dinero ha quedado congelado.

Si se usa con inteligencia, creo que se podría obtener un gran retorno con una inversión mucho menor que esa. En México, un salario anual justo para un organizador sería de unos 30 mil dólares, dado el costo de vida allá. Una campaña con 100 organizadores costaría alrededor de 3 millones de dólares. En Estados Unidos, usamos la regla general de 800 trabajadores por cada miembro del personal, para que la organización se autofinancie a través de las cuotas de afiliación y derechos de inscripción en un período razonable. Esto significa que solo habría que afiliar a 80 mil personas para que la inversión se pague sola. Pero tiene que invertirse en organizadores mexicanos, no en expatriados estadounidenses que cuestan 100 mil dólares al año o más.

Pero el apoyo sindical estadounidense a la organización y negociación colectiva de los trabajadores mexicanos no tiene por qué depender de la financiación del gobierno estadounidense ni de un costo de 30 millones de dólares. En la década de 1930, el CIO contrató a 100 organizadores en Estados Unidos, y en el periodo de cinco años entre 1935 y 1940, el movimiento obrero acumuló 5 millones de afiliados, duplicando su tamaño. En México, donde el salario y los gastos de un organizador a los niveles actuales costarían alrededor de 30.000 dólares, una campaña nacional de organización industrial podría llevarse a cabo con unos pocos millones de dólares. Con las leyes y autoridades laborales relativamente favorables, cierto apoyo financiero a los organizadores, la investigación industrial compartida y la coordinación estratégica de campañas tendrían el potencial de organizar a miles de trabajadores y cambiar el equilibrio de poder en la industria automotriz y otras industrias básicas.

AE: ¿Crees que hay tantos trabajadores que podrían ser organizados? 

JH: Definitivamente. En Puebla hay una planta de Volkswagen con 7 mil trabajadores y un sindicato independiente. Solo en un radio de 32.2 kilómetros alrededor de esa planta hay 70 mil trabajadores en fábricas de autopartes que suministran componentes. También hay una planta de Audi en la zona con otros 30 mil trabajadores en autopartes. General Motors tiene una planta en Coahuila con 7 mil trabajadores, rodeada de fábricas de vidrio, llantas, frenos, embragues y ejes. Todos ellos podrían ser organizados con un poco de inversión, buena investigación industrial y aprovechando las relaciones que ya tienen los sindicatos estadounidenses con esas corporaciones. Creo que el ánimo está ahí. Hay un gran descontento entre la clase trabajadora mexicana, especialmente en los sectores de autopartes, llantas, vidrio y otras industrias básicas. Ya hemos tenido victorias de sindicatos independientes en todos esos sectores, lo que indica que con un poco de inversión y solidaridad sindical internacional se pueden estimular campañas en otras plantas.

Este ensayo fue traducido del inglés al español por Isabel Tamayo.