Category Archive: Entrevistas

  1. Ideologías de Mercado

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    La Unión Soviética aseguró su propio acceso como superpotencia a mercados europeos y al capital mediante la construcción de oleoductos y gasoductos a lo largo de Europa Occidental. En su nuevo libro, The Soviet Union and the Construction of the Global Market, Oscar Sánchez-Sibony demuestra cómo esta estrategia desafió la dominación estadounidense representada por las instituciones de Bretton Woods y provocó una reconsideración más amplia de las relaciones entre el Estado y el mercado.

    La siguiente conversación entre Sánchez-Sibony y Jamie Martin desentraña la evolución de las finanzas globales, interrogando la construcción y deconstrucción del orden mundial del siglo XX. Sánchez-Sibony es profesor asociado de historia en la Universidad de Hong Kong e investiga la imbricación de infraestructuras globales de poder, con énfasis particular en cómo las interacciones entre las esferas soviéticas y occidentales moldearon al mundo moderno. Su último libro narra la disolución de las instituciones de Bretton Woods a través del lente de la energía, las finanzas y el conflicto entre grandes potencias. Jamie Martin es profesor asistente de historia y estudios sociales en la Universidad de Harvard. Su investigación examina las bases institucionales de la economía política global, exponiendo su imbricación con la guerra, el comercio, y el imperio. Su libro más reciente, The Meddlers: Sovereignty, Empire, and the Birth of Global Economic Governance, examina los orígenes del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

    A continuación, Sánchez-Sibony y Martin reflexionan sobre las consecuencias inadvertidas de la lucha hegemónica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, así como la relación entre ideología e interés. Ambos revelan los impactos contraintuitivos, en el Sur Global y más allá, que resultan de los controles de capital, los mercados petroleros y la liberalización del comercio. 

    Una conversación con Jamie Martin y Oscar Sánchez-Sibony

    Jamie martin: Su nuevo libro narra una historia revisionista sobre la política económica internacional de la Guerra Fría desde el punto de vista de la Unión Soviética. Tanto aquí como en el libro de 2014, Red Globalization, se ofrece una visión de la Unión Soviética como una nación profundamente involucrada en la economía mundial, lo cual nos revela un aspecto clave de cómo los soviéticos navegaban el sistema capitalista global, tanto desde dentro, como desde fuera. El objetivo parece ser forzarnos a pensar de nuevo y de manera más amplia la naturaleza de la economía mundial y del capitalismo global.

    oscar sanchez-sibony: Definitivamente. Una continuidad entre los dos libros es que yo destaco la extensión de la integración soviética y las ideologías que impulsaron esa integración. Trato de reconsiderar las categorías bajo las cuales entendemos a la Unión Soviética, que son en gran medida categorías ideológicas. Al analizar el rol que desempeñó ante el mundo, su comportamiento no se alinea con los estereotipos que solemos tener, como defensor del control estatal sobre los mercados.

    Pero tiene razón, el objetivo principal del nuevo libro es enfocarse específicamente en la transformación global que ocurre hacia el final de Bretton Woods, no tanto en hacernos preguntas específicas sobre la Unión Soviética, sino más bien cuestionar: ¿Cuál es el poder que está transformando al mundo en este momento? Integrar la perspectiva soviética en nuestra comprensión de este período es la contribución que ofrece el libro. Sostengo que durante este periodo, la Unión Soviética, como muchos otros países en la periferia, estaba intentando romper las barreras que le impedían acceder al capital. Bajo Bretton Woods, este capital estaba estrictamente controlado por los Estados Unidos, que le prohibía el acceso a la Unión Soviética.

    En respuesta, la Unión Soviética empezó a comerciar con países europeos que también estaban intentando romper cierto tipo de monopolios estadounidenses. A través de la construcción de infraestructura energética, es decir, una serie de oleoductos y gasoductos, la Unión Soviética ganó acceso al capital y alentó la ruptura de todo tipo de compartimentaciones que Bretton Woods había impuesto. Sin embargo, con la construcción de la infraestructura energética, la Unión Soviética también estableció una especie de círculo vicioso de endeudamiento. 

    En última instancia, el libro posiciona al capital como una entidad que atrae a la Unión Soviética y al Sur global hacia una relación particular con Occidente. Esa relación resulta ser jerárquica, pero no fue impuesta por la fuerza.

    Jamie, ¿Qué tipo de diálogo ve aquí con su propio trabajo?

    JM: The Meddlers es tanto una historia de orígenes como una historia de continuidades. Como historia de origen, el libro rastrea el surgimiento de un nuevo tipo de poder global: las primeras instituciones internacionales que ejercen influencia contundente sobre políticas económicas relacionadas con cuestiones vitales de riqueza y seguridad nacional. Estas nuevas instituciones son drásticamente diferentes a las instituciones de cooperación internacional del siglo XIX, las cuales eran relativamente ineficaces.

    Este nuevo tipo de poder global emergió hacia finales de la Primera Guerra Mundial, una guerra que fue librada con instituciones de coordinación económica extraordinariamente avanzadas entre las principales potencias aliadas. Es importante notar que esto ocurrió aproximadamente veinticinco años antes del punto de inicio convencional de la gobernanza económica global, es decir, la Conferencia de Bretton Woods.

    Muchas de las facultades que hoy asociamos con la gobernanza económica global—como la realización de préstamos de rescate, canalizar el capital hacia proyectos de desarrollo a través de organizaciones internacionales, la coordinación entre bancos centrales independientes y la gobernanza de productos básicos al estilo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)—surgieron a raíz de la Primera Guerra Mundial, en gran medida entre los imperios aliados victoriosos.

    Los problemas políticos que surgieron al innovar este nuevo tipo de poder fueron algunos de los más desafiantes de la modernidad. ¿Cómo fue posible la coordinación internacional sobre temas fundamentales de estabilización económica que involucran la formulación de políticas domésticas relacionadas con aranceles, el gasto público, los impuestos, la política monetaria, etc.? Además, ¿cómo fue posible hacerlo de forma compatible con las nuevas realidades políticas en la era de la autodeterminación y la política de masas, que para entonces cada vez más se centraban en cuestiones de política económica? A finales del siglo XIX, una de las formas más robustas de demostrar soberanía era ejercer autonomía en cuestiones de economía política interna.

    Existían modelos anteriores para la intervención internacional en cuestiones internas, pero estaban lejos de ser ideales. Por ejemplo, los préstamos de estabilización financiera otorgados a los Estados de Europa Central y Oriental durante la década de 1920 se basaban en técnicas semicoloniales de administración de deudas establecidas en el siglo XIX por inversores e imperios europeos y estadounidenses en el norte de África, los Balcanes y América Latina. Existían profundas y evidentes continuidades entre estas herramientas del imperio financiero informal del siglo XIX y las nuevas instituciones de cooperación económica internacional establecidas en el período de entreguerras. Estas continuidades persistieron durante el período posterior a 1945. Es al enfocarme en esta historia que mi libro reinterpreta la llegada de Bretton Woods.

    Después de la Conferencia de Bretton Woods en 1944, hubo un rápido retorno a este viejo estilo de diplomacia intervencionista de banqueros. La diferencia clave era que este sistema de gobernanza económica global ahora iba a ser supervisado por Estados Unidos. El número y los tipos de Estados a los que se les permitía algún tipo de autonomía dentro del sistema eran bastante restringidos. Y muchos miembros de las nuevas instituciones de Bretton Woods enfrentaban arreglos institucionales que se parecían a los de un período anterior.

    Esta es la historia de la continuidad: Lo que parece ser el nacimiento repentino del FMI al estilo del Consenso de Washington a finales del siglo XX es en realidad otra cosa, un momento de expansión para un conjunto de poderes latentes en una institución que ya llevaba a cabo un estilo de diplomacia de banqueros del siglo XIX.

    En resumen, ambos intentamos rehacer nuestra comprensión de mediados del siglo XX y, específicamente, de Bretton Woods. Yo sostengo que no deberíamos ver el nacimiento de la gobernanza económica global en términos de una narrativa triunfalista sobre el ascenso del globalismo estadounidense y el New Deal o del internacionalismo liberal ilustrado, sino más bien como un proceso de improvisación institucional ad hoc. Los imperios se veían obligados a improvisar arreglos público-privados bastante desordenados ante las nuevas realidades políticas.

    En cierto sentido, creo que estoy proporcionando una nueva forma de entender el camino hacia Bretton Woods, mientras que usted ofrece una nueva forma de entender el camino fuera de Bretton Woods.

    oss: Es una de las cosas que más me gustan de su libro, y creo que también compartimos la idea de que las soluciones se encuentran más en la práctica que a partir de un plan prefabricado. Es importante tener en cuenta que los soviéticos buscaban principalmente soluciones a problemas específicos, como los italianos deseando desligarse del monopolio que tenían los estadounidenses sobre la industria del petróleo. Los europeos, en general, estaban acercándose a la Unión Soviética, probando nuevas formas de relacionarse con el bloque socialista tras haber sido empujados a competir entre sí después del Tratado de Roma de 1957 y la creación de la Comunidad Económica Europea. Los soviéticos, a su vez, estaban encontrando maneras de resolver sus problemas de acceso al capital. 

    ¿Cómo nos ayuda su libro a entender el neoliberalismo como una ideología que prefiguró la década de 1980 e incluso a la Sociedad Mont Pelerin?

    JM: Una de las cosas que comparten nuestros libros es la idea de que la ideología y las restricciones materiales no están en una competencia de suma cero. Creo que ninguno de nosotros querría desestimar por completo la importancia de la ideología, pero ambos nos enfocamos tanto en lo que la gente hizo como en lo que dijo. Uno de los aspectos más destacados de su trabajo es ver cómo estos diplomáticos soviéticos actuaron efectivamente como personas de negocios bastante astutas. Tenían un profundo conocimiento intuitivo de cómo funcionaban los mercados y presionaron incluso a sus contrapartes capitalistas a que fueran mejores capitalistas.

    En mi libro, la mayoría de los protagonistas eran internacionalistas económicos de orientación liberal, que querían reconfigurar las relaciones internacionales para promover una cooperación basada en los ideales wilsonianos. Creo que estos ideales importaban en términos causales. Pero los efectos de la ideología internacionalista liberal frente a las restricciones políticas y materiales variaban de caso en caso. En la práctica, a menudo prevalecía una toma de decisiones mucho más pragmática que se apartaba de estos ideales profesados. Y al final del día, si hay suficientes desviaciones de una ideología, esta empieza a ser poco convincente. Si dices que eres un internacionalista liberal, y haces algo que se parece a un imperio, en última instancia, la gente va a pensar que eres un imperio. Y probablemente tendrán razón.

    El neoliberalismo importa como ideología y obviamente importa en el ámbito de la política. Pero mi intervención en estos debates tiene un doble sentido. Mi primera intervención consiste en, como usted dijo, señalar cómo las prácticas que asociamos con el FMI no aparecieron de la noche a la mañana a finales del siglo XX. No se necesitaba un cambio ideológico para que los actores financieros buscarán autorizaciones para hacer lo que querían hacer. Si en vez de mirar a los intelectuales o a los tecnócratas responsables de la formulación de políticas, consideramos a los actores que intentan obtener ganancias y garantizar una cuota de mercado, encontramos una periodización diferente y una historia causal distinta sobre el surgimiento del neoliberalismo. Gran parte de lo que asociamos con el neoliberalismo surgió en un entorno de entidades privadas operando en el mundo y navegando sus relaciones con los Estados, rompiendo barreras, eliminando la toma de decisiones económicas de la competencia democrática, convirtiendo cuestiones de gobernanza en problemas a resolver por precios y mercados, y así sucesivamente. Una de las cosas que ofreció el neoliberalismo fue un nuevo marco intelectual y una legitimación de prácticas anteriores. En cierto sentido, la suspensión de estas prácticas después de la Gran Depresión es una historia tan interesante como su regreso.

    Mi segunda observación es que, aunque hoy en día se habla mucho del alejamiento del neoliberalismo a nivel intelectual, esto no implica necesariamente un cambio en la forma en que las instituciones actúan realmente en el mundo. Hoy en día, tenemos un cambio ideológico, pero el FMI básicamente sigue haciendo lo que siempre ha hecho. Entonces, si hemos entrado en una era post-neoliberal, queda por ver qué significa esto realmente para, por ejemplo, la política de la deuda global. ¿Es China un prestamista neoliberal? Probablemente no, pero ¿será un acreedor menos exigente entre las economías de bajos ingresos y los mercados emergentes?

    ¿Qué es el neoliberalismo en su libro? Una interpretación errónea podría decir que los soviéticos querían algo parecido a un orden mundial neoliberal, pero yo entiendo que usted está diciendo que esto fue una consecuencia imprevista de las restricciones enfrentadas por una Unión Soviética en necesidad de dólares.

    ¿Cuál es el poder de la ideología en su historia? ¿En qué momento la ideología de los actores que narra se vuelve poco convincente para ellos o para otros en el aparato soviético de formulación de políticas?

    OSS: Una de las cosas que intento hacer es identificar las ideas relevantes para el comportamiento soviético, más allá del espectro de izquierda y derecha, marxista y no marxista. En la práctica, estos binomios son inútiles. En mi trabajo, las ideas sobre los mercados son muy importantes. El uso de un discurso de mercado se convirtió en una herramienta muy importante para que los soviéticos pudieran maniobrar y encontrar un lugar en la economía mundial. Se acercaban a diferentes agentes, como banqueros, oficiales de Estado, cabezas corporativas y les decían: “Si no me lo vendes a mí, me lo venderá otro país.”

    Pudieron hacer esto porque los mercados internacionales no estaban institucionalizados en este momento de Bretton Woods. Por ejemplo, mientras que a principios de la década de 1930 el Occidente estaba organizando la producción y el control del estaño, en 1928 los directores de diferentes corporaciones petroleras (las llamadas “Grandes Hermanas”) formaron un cartel para limitar al mercado y hacer que el petróleo fuera rentable. Esto fue un preludio de lo que la OPEP haría 30 años después. Concibo a los mercados y a las prácticas capitalistas como arenas de poder, en donde diferentes actores intentan desarrollar formas de poder e influencia para obtener objetivos específicos, en lugar de, digamos, objetivos ideológicos. 

    Cuando se trata de la ideología soviética, lo que veo es un respeto constante  por el discurso de mercado y por los mercados en sí. Los soviéticos realmente no pensaban que podían controlar los mercados, pero sí querían participar en ellos y usarlos como una herramienta en su propia formulación de políticas. Utilizaron prácticas similares a otros países a lo largo del sistema capitalista. Esto nos fuerza a salir de la dicotomía entre una economía planificada y la libertad de los mercados. En la práctica, nos encontramos con lo opuesto: la ideología soviética no es antitética a los mercados y, de hecho, los soviéticos buscaban generar mercados, mientras que la práctica estadounidense a menudo los obstruía. Que este respeto por la autoridad de los mercados apareciera en todo el espectro político es el elemento del neoliberalismo con el que debemos lidiar. No fue algo impuesto únicamente por figuras como Thatcher y Reagan; la atracción de la Unión Soviética hacia el mercado es un testimonio de su fuerza tanto práctica como ideológica.

    JM: Pocas personas en verdad deseaban los mercados por el único hecho de tenerlos. Un discurso a favor del mercado era útil para alcanzar objetivos particulares. Sin embargo, este discurso podía ser descartado cuando ya no resultaba necesario. La energía y las materias primas demuestran esto de manera clara: estas empresas a menudo estaban muy dispuestas a interrumpir por completo la lógica del mercado para garantizar beneficios y su cuota de mercado. La planificación no era sólo una prerrogativa de la izquierda. 

    La energía es realmente importante en su historia. La creciente dependencia europea del petróleo ruso durante este período es, en cierto sentido, lo que facilita la estrategia soviética. Pienso que arguye de manera convincente que esto debería obligarnos a replantear la economía soviética.

    oss: Cualquier estudio de la economía capitalista de la posguerra y la evolución de las finanzas globales requiere integrar la cuestión energética. Matthew Huber escribió un artículo increíble en el que argumenta que la organización de la industria petrolera es una precondición de la evolución del fordismo en el mundo rico.  Este arreglo tomó lugar a través de un proceso violento de cartelización. En la década de 1930, el productor de petróleo más grande del mundo era Estados Unidos. La Comisión de Ferrocarriles de Texas se creó para gestionar la fijación de precios y la distribución a nivel nacional, pero ocurrió con bastante violencia contra los trabajadores petroleros en Arkansas y Texas. Esto construyó una base sólida para contener la inflación y sostener la era de Bretton Woods: El Plan Marshall, el FMI y el Banco Mundial. La disrupción en los precios y la distribución global finalmente provocó la caída del sistema de Bretton Woods a principios de los setenta. 

    La segunda pieza del rompecabezas, especialmente en relación con la Unión Soviética, es el Plan Marshall. La historia dominante del Plan es que fue una especie de ayuda general para el desarrollo, destinada a reconstruir la economía europea de una manera nueva y más cooperativa. Esa es una gran historia. No obstante, el trabajo de David Painter muestra que una parte significativa del Plan Marshall se trataba realmente de la construcción de la infraestructura para una economía petrolera en Europa. Tanto es así que el 10% del Plan Marshall simplemente regresaba a los Estados Unidos en forma de compras de petróleo.

    La industria petroquímica en Italia se volvió muy importante porque fue el punto de apoyo que abrió una nueva relación con la Unión Soviética para todos los europeos. Toda la industria petroquímica italiana fue construida con dinero del Plan Marshall, y los italianos innovaron el intercambio de petróleo por tuberías, lo que se convirtió en un vector para abrir los mercados de capitales para los soviéticos. 

    El gobierno de Estados Unidos construyó la economía del petróleo en Europa que con el tiempo tendría el efecto de invitar a los soviéticos a Europa. Las contradicciones planteadas por estos acuerdos generaron las inestabilidades de los años sesenta y eventualmente cuestionaron los fundamentos de Bretton Woods, como los controles de capital. La Unión Soviética no estaba interesada en desmantelar completamente Bretton Woods; específicamente se oponían a los controles de capital que les impedían participar en el comercio liberalizado en Europa Occidental.

    JM: Su libro es una excelente demostración del poder de los controles de capital bajo el sistema de Bretton Woods. Lo fascinante de su historia, sin embargo, es que no solo fue Wall Street quien luchó contra los controles de capital, sino también los diplomáticos soviéticos. En nuestro esfuerzo por desmitificar a Bretton Woods, vale la pena considerar hasta qué punto fue relevante como sistema estructural internacional. ¿Podríamos decir que Bretton Woods tuvo importancia durante un breve período principalmente porque estableció una amplia aceptación del uso de controles de capital?

    oss: Lo que resulta interesante al pensar en la trayectoria soviética a través de Bretton Woods es hasta qué punto los soviéticos realmente querían volver al punto al que parecían estar llegando a finales de la década de 1920. Tras la Primera Guerra Mundial, no había capital, los soviéticos acababan de ser invadidos por tres potencias occidentales diferentes y luego fueron marginados por negarse a pagar la deuda zarista. Estaban desesperados por obtener capital. Fue cuando el Plan Dawes empezó a circular capital a lo largo de Europa Occidental que los soviéticos pudieron hacer buenos tratos de negocio. 

    Alemania ofreció un préstamo importante. Esto enfureció enormemente a los norteamericanos, porque Estados Unidos acababa de otorgar préstamos a los alemanes, que luego los alemanes ofrecieron a los soviéticos. Pero a principios de la década de 1930, Estados Unidos se sumó a la causa porque la Unión Soviética era el único país que aún estaba construyendo cosas. En 1933, bajo el mandato de Roosevelt, Estados Unidos inauguró relaciones diplomáticas. Pero luego, por supuesto, ocurrió la Gran Depresión, y la circulación de capital se detuvo. Una forma de pensar en Bretton Woods es como una recuperación gestionada de la liberalización, siendo la liberalización del capital un resultado que diferentes grupos sociales y liderazgos nacionales favorecían.

    Es interesante observar a países pequeños como Austria. Austria no deseaba la liberalización. Hay un momento en el libro en el que los soviéticos argumentan que tanto ellos como el FMI están pidiendo a los austriacos que se liberalicen. Por supuesto, Austria no quería esto, porque, tal como estaba, podían intercambiar zapatos por petróleo. Si comerciaban en marcos o dólares, los soviéticos podían tomar su dinero y comprar cosas en Alemania. ¿Qué piensa? ¿Cómo deberíamos considerar a Bretton Woods?

    jm: Una de las cosas que argumenté en mi libro fue que la idea del liberalismo incrustado, como principio organizador real de la economía mundial, tuvo muy poca influencia en muchas de las decisiones de las instituciones de Bretton Woods.

    Nunca hubo un período en el que los Estados sudamericanos, por ejemplo, no se enfrentaran a presiones de las instituciones de Bretton Woods para ajustarse, con el fin de acceder a recursos. A finales de los años 40 y principios de los 50, a los Estados latinoamericanos se les dijo, de hecho, que debían seguir políticas antiinflacionarias y poner en práctica la disciplina fiscal si querían recurrir a los recursos del FMI. No hay mucha evidencia de que el FMI estuviera guiado por algún tipo de respeto keynesiano o del New Deal por la autonomía.

    Si pensamos en el liberalismo incrustado como una especie de ideal normativo orientador, estamos hablando principalmente de Europa y América del Norte. El propio Keynes dijo que Bretton Woods no iba a funcionar como él quería, incluso en la forma más limitada a la que había accedido después de que sus demandas originales fueran descartadas bajo la presión estadounidense. Murió bastante insatisfecho con este sistema, reconociendo que iba a ser dominado por los estadounidenses y, más específicamente, que, dada la falta de restricciones sobre lo que el FMI podría hacer, sería difícil evitar que se convirtiera en la máquina de condicionalidad en la que efectivamente se convirtió.

    Su historia muestra lo poderosos que fueron los controles de capital bajo Bretton Woods, pero también cómo no siempre lograron los objetivos normativos que podríamos asociar con ellos. Si el liberalismo incrustado se suponía que debía otorgar a los Estados una especie de autonomía para experimentar con la economía política nacional, ¡El Estado más experimental de todos, la Unión Soviética, no lo quería! Los soviéticos buscaban eliminar los controles de capital que estaban restringiendo su capacidad para lograr ciertos objetivos.

    En cierto sentido, creo que se podría combinar nuestras historias para decir que, en mi caso, veo al liberalismo incrustado como algo que, si existió, estuvo bastante limitado geográfica y temporalmente. Y usted lo ve como algo que sí existió, pero que, al menos en este caso, tuvo los efectos políticos opuestos a los que podríamos suponer.

    Esto nos lleva de nuevo al inicio de nuestra conversación: El capital no estaba dominando a la Unión Soviética, sino atrayéndola. Quiero ofrecerle dos lecturas equivocadas de su argumento para ver cómo responde a ellas. Una interpretación podría ser que la Unión Soviética aprende a utilizar las herramientas del Occidente capitalista de tal forma que, en última instancia, está destinada a aumentar el poder soviético, permitiendo así desmantelar por completo las limitaciones del capitalismo. Es decir, que los soviéticos buscaron operar dentro de los límites de la estructura de poder que estaban tratando de deshacer. La segunda sería entregar tu libro a un halcón liberal línea dura de la Guerra Fría como Francis Fukuyama, quien diría que este libro es una demostración increíble de la inevitabilidad de la victoria del capitalismo global. Lo que convencionalmente se entiende como el mayor desafío al capitalismo global, en la forma de un Estado, se convirtió en un ente muy hábil para operar según la lógica del capitalismo.

    oss: Son dos muy buenas lecturas equivocadas. Volvemos a lo que mencionamos anteriormente sobre cómo el capitalismo se desarrolla en la práctica, y esa práctica es una lucha por el poder. Creo que Fukuyama, siendo tan liberal como es, debería tener mucho cuidado, porque parte de la razón por la que estos actores tan autocráticos se sienten atraídos por estos sistemas de circulación de capital e intercambio de mercancías es porque permiten ese tipo de poder autocrático. Estos sistemas no solo eran atractivos para la Unión Soviética. Hay una sección del libro en la que se documenta el momento en que ciertos países latinoamericanos comenzaron, a menudo a través de bancos británicos y la ayuda soviética, a acercarse al comercio. Esto incluía a Brasil, que en ese momento estaba gobernado por una junta militar fascista, en teoría, enemiga de los soviéticos. Cuando los soviéticos comenzaron a relacionarse con Brasil, los cubanos se escandalizaron. Pero eso no desanimó a los soviéticos en absoluto.

    Las relaciones bancarias británicas en América Latina que se remontan a cientos de años atrás fueron desplazadas por la presencia estadounidense entre los años treinta y los cincuenta, lo que llevó a los bancos británicos a aliarse con los soviéticos. Lo que hacía que la Unión Soviética fuera ligeramente diferente del Sur Global era que tenía cosas que vender de manera competitiva. No competían en la industria química, pero podían construir una represa tan bien como cualquiera.

    Así que eso es lo que hicieron en América Latina. Capitalizaron este tipo de proyectos y formaron una especie de alianza con los banqueros británicos. Cuando Brasil entró en una trampa de deuda con los bancos europeos, eso fue en parte gracias a que los soviéticos ayudaron en la financiación y construcción de la infraestructura para la cual se emitieron estos préstamos. Con respecto a Brasil, Quinn Slobodian ha descrito a los banqueros estadounidenses lamentándose justo de lo que usted señala: es la década de 1970 y esta jerarquía rígida que venía acompañada del liberalismo incrustado se ha desintegrado. En la década de 1950, podían decirle a Brasil qué hacer; en la década de 1970, Brasil podía pedir prestado todo el dinero que quisiera sin seguir las órdenes de los estadounidenses.

    Por supuesto, esta crítica viene acompañada de todo tipo de lenguaje racista, de que los prestatarios del Sur son niños irresponsables, y cosas por el estilo. Es asombroso hasta qué punto el imperialismo y las construcciones culturales que lo acompañan simplemente nunca mueren. Las finanzas y la cultura son dos aspectos de lo mismo.

    Este ensayo fue traducido del inglés al español por Maria Isabel Tamayo.

  2. El Estado de bienestar tecnopatrimonial

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    El éxito del Partido Popular Indio [BJP o Bharatiya Janata Paartee] en la última década de la política india ha sido atribuido a sus políticas de bienestar. El aumento de las transferencias directas de beneficios [DBT o direct benefit transfers], mediante las cuales los beneficiarios pueden recibir directamente a sus cuentas bancarias transferencias de más de 500 programas gubernamentales de bienestar, ha sido crucial en este sentido. La más reciente elección parlamentaria ha puesto a prueba esa teoría: el BJP del primer ministro Narendra Modi perdió su mayoría en la Lok Sabha (cámara baja del parlamento), aunque probablemente mantendrá el poder a través de una coalición de gobierno.

    En elecciones previas, los populares esquemas de bienestar liderados por gobiernos dirigidos por el BJP llevaron a grandes victorias para el partido. Durante las elecciones a la Asamblea Estatal, en 2022, Uttar Pradesh (UP) el estado indio más poblado—y hogar de una gran población de beneficiarios de transferencias de dinero—votó mayoritariamente por el BJP; este año, sin embargo, los votantes de UP movieron su apoyo a la alianza entre el Partido del Congreso y el Partido Samajwadi. Este cambio en el voto de UP fue una de las razones principales para el fracaso del BJP en asegurar una mayoría absoluta en la Lok Sabha.

    Las transferencias de dinero han sido una piedra angular de las políticas del BJP: durante la última década del gobierno de Modi, el monto pagado a través de las DBT aumentó de 60.000 millones de rupias indias (aproximadamente 718,8 millones de dólares) a 2,1 billones de rupias indias (aproximadamente 25.100 millones de dólares), alcanzando más de 1.000 millones de beneficiarios registrados en septiembre de 2023, según datos del Ministerio de Finanzas. La rápida expansión de las DBT fue facilitada por varios avances tecnológicos: entre ellos la mayor disponibilidad de teléfonos móviles y planes de internet asequibles en India, especialmente después del lanzamiento de Reliance Jio en 2016; el incremento en el uso del Aadhaar—el programa de identificación biométrica del gobierno que ofreció la primera identificación de uso general en el país—; y el establecimiento del Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, el programa de inclusión financiera del gobierno anunciado por el Primer Ministro Modi en 2014, responsable de abrir más de 500 millones de nuevas cuentas bancarias para ciudadanos indios en su mayoría no bancarizados.

    ¿Qué diferencias hay entre este “nuevo bienestarismo” y el enfoque basado en derechos que le precedió durante los gobiernos liderados por el Congreso en la década de 2000? ¿Cómo pretende la narrativa política que sustenta este cambio reimaginar la democracia india? Yamini Aiyar, estudiosa de políticas públicas y expresidenta del Centro para la Investigación de Políticas [Centre for Policy Research], llama a este modelo de política social el “Estado tecnopatrimonial”, un fenómeno apoyado por la creación de una nueva labharthi varg, o clase de beneficiarios, que puede ser movilizada políticamente.

    En la siguiente entrevista, Rohan Venkat, editor de India en Transición [India in Transition], habla con Aiyar sobre las nociones socialdemócratas del bienestar, el discurso de las “gratificaciones” [freebies] en la política social india y las implicaciones del Estado tecnopatrimonial para el éxito electoral del BJP a nivel local y nacional. Esta conversación fue publicada por primera vez en abril por el Centro de Estudios Avanzados de la India [CASI o Center for the Advanced Study of India] de la Universidad de Pensilvania como parte de una serie en curso sobre las elecciones de 2024. Ha sido editada aquí para mayor claridad.

    Una entrevista con Yamini Aiyar

    Rohan Venkat: ¿Qué preguntas han orientado su evaluación del nuevo bienestarismo en la India?

    Yamini Aiyar: Las preguntas que hice se han basado en mi propia carrera como investigadora de políticas públicas que, por coincidencia, inició justamente a principios de la década de 2000, cuando India comenzaba a construir su Estado de bienestar. Ese esfuerzo de construcción surgió, en gran medida, cuando una constelación de movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, el poder judicial y los intereses de las élites se articularon para construir lo que desde entonces hemos llamado la arquitectura del bienestar basada en derechos. Esto comenzó con el Derecho a la Información, el Programa Nacional de Garantía de Empleo Rural [NREGA o National Rural Employment Guarantee], el Derecho al Trabajo, el Derecho a la Educación y la Ley de Seguridad Alimentaria Nacional en 2013. Aprendí mucho trabajando de cerca con movimientos sociales y estudiando el desarrollo de estos programas, particularmente revisando el esfuerzo, en gran medida liderado por movimientos sociales, de recurrir a la gramática de los derechos para abrir espacios en los que los ciudadanos puedan participar en reclamaciones directas.

    ¿Por qué necesitábamos articular en ese entonces el bienestar en este marco de derechos socioeconómicos? En toda Europa Occidental, muchos Estados de bienestar sólidos surgieron a través de políticas sociales progresistas redistributivas sin este marco basado en derechos. India claramente estaba haciendo algo distinto y yo quise entender mejor esa diferencia. Vi lo bueno, lo malo y lo feo de este esfuerzo inicial. También vi cómo surgió la tecnología como una herramienta en la narrativa del bienestar y cómo echó raíces en 2009-10 cuando el proyecto del Aadhaar se integró a la cultura y se convirtió en algo popular y habitual.

    A partir de 2014, la configuración política tuvo un cambio. En uno de sus primeros discursos ante el Parlamento, el Primer Ministro Modi se refirió al NREGA, que garantizaba al menos cien días de empleo remunerado a los hogares rurales y lo llamó un monumento a la pobreza. Esto a menudo se entiende en términos políticos partidistas, pero también hubo un cambio bastante sustancial en la forma de enmarcar el bienestar: todo el discurso sobre derechos fue reemplazado por un discurso sobre la responsabilidad como reclamación directa de los ciudadanos. La tecnología hizo posibles las transferencias de efectivo. Fui observadora y ocasionalmente participante en el vigoroso debate que tuvo lugar entre 2010 y 2014, en especial en el período previo a la legislación de la Ley de Seguridad Alimentaria Nacional, sobre esta cuestión de las transferencias de efectivo. El debate giró en torno a dos cuestiones críticas: la eficiencia en la entrega, ya que las transferencias de efectivo podrían potencialmente esquivar niveles importantes de incompetencia y de corrupción del Estado, y el papel de los mercados a la hora de dar acceso a los servicios básicos.

    El enfoque basado en derechos asumió una posición normativa sobre la centralidad del sector público en la prestación de servicios básicos. También veía los derechos como un medio para aumentar la capacidad ciudadana para presentar reclamaciones al Estado y exigir responsabilidad. Por otro lado, en el debate sobre las transferencias de efectivo se vio que la eficiencia de la entrega directa y el papel de los mercados eran la clave para poder exigir responsabilidad. Las dos visiones tenían imaginarios muy distintos en cuanto a los términos que estructuran el contrato social. Esto fue antes de que el Ingreso Básico Universal [UBI o Universal Basic Income] se convirtiera en una palabra de moda en la política. Para 2016-17, el JAM [Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana, Aadhaar, Mobile] y el UBI fueron asumiendo el discurso de bienestar, transformando con ello los contornos del debate.

    Para 2017-18, impulsadas por la rápida expansión del Aadhaar, las transferencias de efectivo eran una realidad y el término “DBT” pasó a ser parte del vocabulario del Estado de bienestar de la India. Intentando entender cómo se iban desenvolviendo estos asuntos, vi la necesidad de enfrentar un problema antiguo en la esfera pública india: el de replantear los términos en los que se desarrollaba el debate público sobre el bienestar. Con frecuencia, nuestro discurso sobre el bienestar se ha reducido muy rápidamente a la cuestión del populismo, lo que en los viejos tiempos solíamos discutir en términos de populismo, política social populista y gratificaciones. Ahora el término que se utiliza es revdi o dulces1.

    Rv: ¿Qué es el “Estado de bienestar tecnopatrimonial”?

    YA: Mi argumento es que hemos abandonado la idea de bienestar como núcleo del contrato social; ya no la entendemos como algo que evoluciona dentro de un marco normativo de derechos. Cautivados por lo que la tecnología puede ofrecer en términos de transferencias directas de beneficios, el bienestar se está reformulando como un regalo ofrecido por quien lidera un partido y no como un derecho fundamental que debería enmarcar los términos del contrato social entre los ciudadanos y el Estado.

    En este nuevo marco, los ciudadanos son receptores pasivos de la benevolencia gubernamental, ofrecida con el patrocinio directo del líder del partido político. El bienestar, en estos términos, se convierte en asunto del patrocinio y el carisma del líder, y deja de verse como una obligación moral del Estado y como una articulación de la ciudadanía dentro de un marco de derechos.

    Rv: Usted relaciona esto con la idea del Estado compensatorio que ha planteado el economista Rathin Roy.

    YA: En un discurso de 2022, Modi afirmó que los jóvenes de la India deberían ser conscientes de esta nueva “política revdi”. Esto hizo que volvieran los viejos debates sobre gratificaciones versus subsidios basados en méritos, sobre la apuesta al crecimiento versus al bienestar; debates que los economistas y profesionales del desarrollo han abordado durante muchas décadas. De hecho, cuando se debatía el NREGA, algunos argumentaron que era equivalente a arrojar dinero desde un helicóptero en manos de la élite rural, una gratificación, y no una política sensata de inclusión social y bienestar por parte del gobierno.

    Ha habido una lluvia de escritos sobre lo que es y lo que no es una revdi y sobre cuál debería ser la naturaleza de la política social gubernamental. Al comenzar a involucrarme en este debate y tratar de entender los contornos de lo que estaba ocurriendo, comencé a reconocer que, de hecho, tanto el debate sobre el bienestar como la respuesta política que se le asocia pueden rastrearse a dos desilusiones muy distintas pero interconectadas; ambas tienen que ver con el contexto social, económico e institucional en India.

    La primera desilusión tiene que ver con la naturaleza de la economía india. Desde 1991, el crecimiento y las dinámicas asociadas a la transformación estructural de la India nos han conducido a un crecimiento sin empleo. En 2004, en medio de la campaña India Brillando [India Shining] y la victoria electoral de lo que eventualmente se convirtió en la coalición—liderada por el Congreso—de la Alianza Progresista Unida [UPA o United Progressive Alliance], esta cuestión del crecimiento sin empleo estuvo en el centro de los discursos políticos. El partido del Congreso se fue a elecciones hablando de “crecimiento inclusivo”, una frase que resultó políticamente potente dado que la economía estaba creciendo, pero sin generar suficientes empleos para el dividendo demográfico al que estábamos a punto de llegar. Esa fue la razón por la cual el NREGA, o el Derecho al Trabajo, se volvió tan esencial y políticamente potente. Esto no solamente ha continuado, sino que se ha exacerbado a medida que avanza nuestra historia de crecimiento.

    Amit Basole ha publicado un documento realmente importante en el que examina este asunto. El texto argumenta que, en la trayectoria de nuestra transformación estructural, el período en que las personas fueron sacadas de la agricultura y llevadas a la economía no agrícola fue un momento en gran medida moldeado por un desplazamiento hacia el sector de la construcción informal, con trabajos sin garantías y precarios, y no hacia la manufactura a pequeña escala, como fue el caso a nivel mundial.

    Dada la naturaleza inusual de nuestra transformación estructural, siempre hemos estado acosados por la cuestión de la creación de empleo para los jóvenes2. La verdad es que, en realidad, el Estado indio y su política económica simplemente han fallado en abordar el alto desempleo juvenil; los políticos no son ajenos a esto, incluso si no siempre lo quieran admitir públicamente.

    Como Rathin Roy ha argumentado de manera tan evocadora, el bienestar ha surgido como una forma de “compensación” ante estos fracasos; este es el Estado compensatorio. Al analizar los contornos de dicho Estado, encontré varias características distintivas sobre el peculiar camino de India hacia el bienestarismo. El Estado de bienestar indio no se ha desarrollado siguiendo el modelo socialdemócrata tradicional que incluye un acuerdo negociado entre trabajo y capital. Tampoco se ha desarrollado a lo largo de las líneas del régimen de bienestar conservador estadounidense, que buscaba ofrecer escasos beneficios sujetos a la verificación de recursos disponibles, pero estaba realmente comprometido con la idea de cero desempleo. Curiosamente, este modelo tampoco se parece a los regímenes de bienestar productivistas de Asia Oriental, que invirtieron considerablemente en la salud y educación, elementos centrales del capital humano, con el objetivo explícito de movilizar la capacidad productiva de la fuerza laboral para participar en el crecimiento económico.

    Nuestro Estado de bienestar está evolucionando según una lógica que está diseñada casi como un trato fáustico; esto por no construir una economía que pueda anular el desempleo por completo. Su enfoque central es usar la política fiscal como un medio para transferir las finanzas públicas a los ciudadanos como compensación mediante transferencias en efectivo y en especie. No se trata de ofrecer protección al trabajo, ni de fortalecer el poder de negociación de los trabajadores, ni de mejorar la capacidad productiva.

    Tan solo piense en algunos de los programas de transferencias de efectivo más recientes que han lanzado diferentes partidos políticos, incluido el BJP y el Congreso: transferencias de efectivo por desempleo juvenil, transferencias de efectivo para tipos particulares de habilidades, el PM Kisan (una transferencia de efectivo para nuestros agricultores), entre otros. Este es el tipo de compensación que el Estado tiene que ofrecer porque, en un país tan desigual como India, en un país donde los pobres son los votantes primarios, por más amigable que sea un partido político con el capital, no puede ir a las elecciones sin involucrarse con la realidad en la que vive la gran mayoría de los indios y sin ofrecerles algo. Esa es la belleza de la democracia, con todos los desafíos que conlleva.

    La segunda desilusión tiene mucho que ver con el Estado indio, y ahí entra el asunto de la tecnología. Todos sabemos que el Estado en India es incompetente, corrupto y apático; estas fallas han circunscrito el discurso de la élite sobre el bienestar. Hace varios años, coescribí un documento con Lant Pritchett titulado “Impuestos: ¿el precio de la civilización o el tributo al Leviatán?” [Taxes: The Price of Civilization or Tribute to the Leviathan?]. En el marco de un Estado incompetente, los acuerdos que la sociedad establece con respecto a sus impuestos—la disposición a pagar obligatoriamente al Estado con la expectativa de que el Estado proporcione un conjunto de servicios públicos que mejorarían la capacidad productiva—simplemente no se sostiene. Esto se puede afirmar legítimamente con respecto al contribuyente. No obstante, debemos reconocer las consecuencias de esta realidad, ya que ha circunscrito la naturaleza del discurso público sobre los impuestos, desvinculando la tributación progresiva y la redistribución; debemos tener en cuenta que, históricamente, la tributación progresiva ha jugado un papel enorme en la construcción de una sociedad más equitativa, de un Estado de bienestar más equitativo y funcional.

    El debate sobre las transferencias de efectivo en India está arraigado en la idea de que nuestros sistemas públicos simplemente no funcionan. Partiendo de ese presupuesto, cualquier inversión excesiva en los sistemas públicos equivale a pagar tributo al Leviatán, y no a pagar el precio que la civilización requiere. Lo que la tecnología ahora permite hacer es eludir este Estado incompetente y extractivo y entregar lo mínimo necesario al ciudadano. Así las cosas, se sobrevaloran las posibilidades del mercado porque el Estado simplemente ha fallado.

    En cierto sentido, es aquí donde la legitimidad del proyecto de la infraestructura pública digital de India, del proyecto Aadhaar, encuentra sus raíces. No estamos cuestionando los límites de la tecnología, pues todos nos hemos movilizado en torno a la posibilidad de que la tecnología nos permita eludir este Estado fallido. Basándose en la legitimidad de la tecnología, se construye un sistema de bienestar que no invierte en el sistema público. Una de las consecuencias de esto, argumentaría yo, es que estamos valorando las posibilidades de eficiencia por encima de las realidades intrincadas de la democracia, que exigen negociar, acordar y responder ante la competencia de reclamos. Para que todo ello se dé consistentemente, se necesita tener sistemas públicos fuertes y robustos a la base.

    Rv: Usted destaca una contradicción en este nuevo modelo: por un lado, se está alejando de los derechos y prerrogativas para basarse más en el deber, pero al mismo tiempo se vende como más aspiracional y “progresista.” ¿Cómo es que esta narrativa—donde la gente pasa por alto muchos sectores del Estado y recibe dinero en efectivo, en lugar de bienes públicos o de mérito—aparece como aspiracional, y no como una subvención por parte del gobierno?

    YA: El asunto está muy enmarcado en términos aspiracionales y utiliza un vocabulario progresista. La propuesta de la India Desarrollada o Aspiracional [Viksit Bharat] le apunta a facilitar la vida y posiciona de manera muy interesante el modelo actual de bienestar basado en transferencias en efectivo como una forma de empoderamiento, en contraste con el bienestar del pasado, al cual entiende como el bienestar de las prerrogativas. En varios de sus discursos, el primer ministro ha hablado sobre el empoderamiento como un proceso en el que se lucha contra la pobreza con las propias fuerzas; donde uno mismo, como ciudadano, tiene el deber de usar las oportunidades que se le ofrecen con cierto grado de responsabilidad.

    En su discurso del 75° Día de la Independencia, por ejemplo, el primer ministro habló sobre cómo el gobierno ha hecho esfuerzos de proporcionar electricidad las veinticuatro horas, y sobre cómo es deber del ciudadano de usarla responsablemente. De manera similar, el ministro del interior ha ofrecido una definición distinta de empoderamiento, diciendo cosas como “hemos proporcionado conexiones de gas, hemos proporcionado baños, etc. . .”, a la luz de lo cual ahora es responsabilidad de los ciudadanos utilizar estas oportunidades para mejorar su calidad de vida. Esto es lo que se define ahora como empoderamiento; sin embargo, este marco no dice nada sobre la obligación del Estado de proporcionar estos servicios públicos básicos a los ciudadanos con derechos. Los ciudadanos están siendo reinterpretados como seres responsables y cumplidores del deber, y no como seres activos con el derecho de exigir bienestar.

    Esta forma de comprender el empoderamiento difiere sustancialmente del modelo de bienestar basado en derechos, que utilizaba la gramática de los derechos para empoderar a los ciudadanos a la hora de presentar demandas al Estado. Esto es muy importante en el contexto indio. Desde nuestra época fundacional, la articulación de nuestros derechos políticos ha sido mucho más plena que la articulación de nuestros derechos socioeconómicos, que fueron puestos dentro de los principios directivos. El bienestar se enmarcó como una forma de caridad ofrecida por el patrocinio de lo que el gobierno puede hacer, y no como un derecho fundamental que el Estado está obligado a ofrecer a sus ciudadanos. Después de todo, el Estado indio no fue llamado el “mai baap sarkar” (el Estado paternal) por nada.

    ¿Por qué es tan importante revisar la manera como se enmarca un derecho al trabajo o un derecho a la alimentación? El asunto tiene todo que ver con la naturaleza particular de las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, en las que este último enmarca su relación con los primeros de una manera particularista y clientelista en lugar de asumirla como una relación basada en principios normativos de derechos.

    El movimiento por los derechos intentaba subvertir eso. Quizá su inhabilidad para lograrlo de manera efectiva haya tenido mucho que ver con la incompetencia del Estado indio. Las seductoras oportunidades de la tecnología nos alejaron rápidamente de esa aspiración de un bienestar basado en derechos. Se oye mucho acerca de los deberes del ciudadano como consecuencia de los esfuerzos que hace el gobierno por mejorar su calidad de vida, pero no hay un discurso que reconozca que todos los ciudadanos tienen ciertos derechos básicos, y que es obligación del Estado proporcionarles un estándar mínimo de servicios públicos. Esa es la diferencia.

    Rv: Usted comenta que, aunque este nuevo modelo está fuertemente identificado con el BJP y con Modi, no se limita a ellos. Vemos ecos de ello en el pasado, pero también en otros partidos que hoy en día le apuntan al bienestarismo; a manera de ejemplo, usted menciona en su artículo a Jayalalithaa, ex primera ministra de Tamil Nadu. Quisiera tener una idea más clara sobre cómo es este un fenómeno indio, y no solamente del BJP.

    YA: Es claro que la llamada política de gratificaciones en Tamil Nadu estaba enmarcada en una gramática más amplia de derechos y dignidad. También la entrega de saris y televisores, que representó el epítome de la política en Tamil Nadu, estaba inserta en esta gramática de derechos, dignidad y justicia: de hecho, tanto la Federación Progresiva Dravídica [Dravida Munnetra Kazhagam] como la Federación Progresiva Dravídica All India Anna [All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam] se dedicaron a este bienestar competitivo durante muchas décadas. Sin embargo, lo que descubro como marca distintiva en este tiempo actual de tecnopatrimonialismo basado en transferencias en efectivo es que, en realidad, está despojado de cualquier lenguaje de derechos y dignidad. Se limita al conjunto de dádivas que el Estado puede ofrecer a los beneficiarios.

    En segundo lugar, este tiempo tecnopatrimonial tiene la capacidad distintiva de desplegar tecnologías que no eran tan efectivas o eficientes en el pasado. La manera como se realizan transferencias en efectivo permite evadir a todos los intermediarios del Estado, tanto los políticos como los burocráticos. Su relevancia política es realmente significativa, pues permite establecer una conexión directa entre los líderes y los beneficiarios.

    Ciertamente, en el pasado hemos tenido líderes populares de partidos regionales—Jayalalithaa es claro ejemplo de esto, así como Indira Gandhi—que ya tenían esta conexión directa entre el liderazgo y el votante. No obstante, la capacidad de eludir a los intermediarios es nueva; así las cosas, dar crédito y atribución política se vuelve un proceso mucho más directo. Louise Tillin, Neelanjan Sircar y yo hemos hecho este argumento basándonos en los datos de Lokniti. Se puede ver claramente cómo es que esta atribución directa ha venido cambiando desde los días de la UPA, cuando los gobiernos estatales y los ministros principales del Estado podían recibir mucha más atribución y crédito. Por contraste, en el contexto actual, gran parte de la atribución directa va al liderazgo del partido, eliminando a los intermediarios y al gobierno estatal; el BJP es buen ejemplo de ello.

    La tercera cosa que es única y distintiva en este tiempo es el tipo de movilización política en torno a la categoría de beneficiario, el “labharthi.” La “labharthi varg” (la clase de beneficiarios) ha surgido en el lenguaje político como una categoría de movilización política. Los líderes políticos pueden pasar por alto a los intermediarios para forjar una relación directa y emotiva con el votante individual de una manera que efectivamente socava las demandas de interés colectivo, así como las que dependen de la movilización basada en casta o religión. En su lugar, crea una base social muy neutral de beneficiarios alrededor de la cual puede darse la movilización.

    Es una herramienta políticamente útil; por ejemplo, le permite al BJP rechazar las críticas de discriminación contra minorías religiosas y contra musulmanes al apuntarle a la distribución de beneficios. Es una herramienta ingeniosa y efectiva para socavar las estrategias tradicionales de movilización electoral en torno a demandas de interés colectivo sobre los recursos del Estado. Creo que esto es lo que la hace una herramienta tan poderosa. Así mismo, profundizar la relación directa forjada entre el liderazgo del partido y el votante individual permite que esa lealtad se convierta en lo que Neelanjan Sircar llama la “política vishwas” (política de confianza), y se tenga una base sobre la cual se movilizan los votantes y los partidos políticos fortalecen su control.

    Rv: ¿Cómo ha respondido la gente a la idea del “Estado de bienestar tecnopatrimonial”?

    YA: Esto es un trabajo todavía en progreso, por supuesto, y estoy tratando de lidiar no solamente con el momento político contemporáneo, sino también con lo que la evolución del Estado de bienestar de la India nos dice sobre los términos del contrato social, así como sobre la naturaleza de nuestra democracia.

    En este momento, lo único que tenemos son pretensiones de eficiencia; no tenemos certeza, pues no tenemos buenos datos a la mano. En los viejos tiempos, había muchas evaluaciones que revelaban todo—lo bueno, lo malo y lo feo—con respecto a los esquemas gubernamentales. Hoy tenemos una escasez de evaluaciones, por lo cual en realidad no tenemos una buena idea de lo que está sucediendo.

    Algunos podrán decir: “¿No deberíamos estar satisfechos con el hecho de que los beneficios están llegando a la gente?” Ante tal afirmación, yo respondería con algunas preguntas: ¿realmente estamos arriesgando nuestra democracia solamente por maravillarnos ante la capacidad del Estado para entregar algo de dinero en efectivo a las cuentas bancarias de ciertas personas? ¿Eso es todo lo que estamos esperando que haga el Estado?

    ¿Cuál es nuestro contrato social? ¿Estamos realmente buscando construir una sociedad anclada en valores como la fraternidad, que es fundamental en nuestra constitución? ¿Estamos buscando construir una sociedad que se base fundamentalmente en valores de igualdad, que se construya solidaridad entre comunidades y que se reconozca la importancia de invertir en todos nosotros? ¿O somos acaso una sociedad que se limitará a regocijarse en la gloria de un logro restringido?

    Ningún país en el mundo ha podido convertirse en una potencia económica sin una inversión pública seria en los bienes públicos y de mérito que el Estado está obligado a proporcionar a sus ciudadanos, como la educación y la salud. Es casi como si nos hubiésemos rendido, y lo hemos legitimado diciendo: “Al menos esto está funcionando, y es un gran paso hacia la construcción de un Estado con una mayor capacidad”. En verdad quisiera motivarnos a reflexionar un poco más sobre esto.

    Cabe aclarar que el objetivo de mi crítica no es afirmar que no deberíamos estar haciendo esto. Mi punto es que realmente deberíamos entender cuáles son las consecuencias más amplias que esto tiene en la economía política, y que deberíamos resistirnos fuertemente a la despolitización de la lucha distributiva en un país tan desigual, con solidaridades tan frágiles, como la India contemporánea.

    Rv: ¿Cómo está pensando en este argumento de cara a las elecciones de 2024?

    YA: Este es un buen momento para comprender mejor la relación entre este tipo de esquemas de bienestar y el comportamiento y las perspectivas de los votantes. ¿Cómo se ve hoy el Estado a nivel local? Como mencioné anteriormente, uno de los cambios más críticos que han tenido lugar en virtud de este sistema de bienestar basado en transferencias de efectivo orientadas a la tecnología es la gran desintermediación del estado local. ¿Quién o qué es el estado local hoy en día? ¿Cómo interactúan los ciudadanos con el estado local ante este leviatán tecnológico que se está construyendo, y qué le está haciendo esto a los espacios para la deliberación, el diálogo y la acción colectiva a nivel local?

    Estos ámbitos siempre fueron bastante débiles en la India. La realidad es que, a pesar de que nuestro sistema de gobierno local supuestamente debía tener una estructura bien arraigada que sirviera como Consejo Popular [Gram Sabhas], como espacio para el diálogo y la deliberación a nivel local, ello nunca se dio realmente, excepto en unos pocos estados—siendo Kerala el ejemplo más visible—. Sin embargo, ahora que esas inversiones se han disminuido y el papel de los gobiernos locales está cambiando, necesitamos entender mejor las dinámicas de estos espacios para determinar los nuevos términos en los cuales se están enmarcando las relaciones de vanguardia entre Estado y sociedad. No tenemos suficiente trabajo empírico sobre eso. Para mí, esa sería la base para poder entender cómo se están construyendo los sistemas de rendición de cuentas y la arquitectura del Estado, y también para comprender cómo estos dos elementos aportan a la naturaleza de nuestra democracia.

    Yamini Aiyar es una académica de políticas públicas y expresidenta del Centro para la Investigación de Políticas [Centre for Policy Research] en Nueva Delhi.

    Rohan Venkat es el editor consultor para India en Transición [India in Transition] y es Visiting Fellow (primavera 2024) para el Centro de Estudios Avanzados de la India [CASI o Center for the Advance Study of India].

    Esta entrevista fue traducida del inglés para PW por Eduardo Gutiérrez.

  3. ¿Una tributación progresiva?

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    Cuando el presidente Gustavo Petro llegó a la presidencia en Colombia como el primer presidente de izquierda del país en el siglo XXI, lo hizo con una coalición de ministros liberales con experiencia en el sector público y con respetados cargos académicos. Uno de ellos es José Antonio Ocampo, que llegó a ser ministro de Hacienda del gobierno, luego de estar entre la academia y la política toda su vida. 

    Ocampo fue el protagonista de la reforma tributaria del gobierno, que es, hasta ahora, la única reforma ambiciosa del presidente Petro que ha sido aprobada por el Congreso en noviembre de 2022, cuando apenas arrancaba el gobierno. La reforma tributaria tenía el propósito de recaudar alrededor de 5 mil millones de dólares en promedio entre 2023 y 2026, que equivalen al 26 por ciento del presupuesto de inversión del gobierno. 

    Ocampo es hoy profesor de la Universidad de Columbia, donde es el Codirector de la Concentración en Desarrollo Económico y Político en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales. Fue director del Centro de Estudios de Desarrollo Económico (Cede) de la Universidad de Los Andes, una universidad privada en Colombia. En los años noventa empezó a participar en política, primero en 1992, como Ministro de Agricultura del gobierno liberal de César Gaviria. Al llegar el Ernesto Samper a la presidencia en 1994, nombró a Ocampo como director de Planeación Nacional. Dos años después lo designó como Ministro de Hacienda (1996–1997) desde donde estableció—en pleno auge del narcotráfico—controles más firmes para la entrada de capital extranjero al país y la obligación de que este pasara por el Banco de la República.

    Su libro Historia económica de Colombia ha tenido veinte ediciones, y es un referente en los estudios sobre economía colombiana. Más recientemente, para las elecciones presidenciales de 2022, fue coordinador y cabeza programática de la campaña presidencial del candidato de centro, Sergio Fajardo, pero tras su derrota en primera vuelta, el entonces candidato Gustavo Petro lo designó como su futuro Ministro de Hacienda, una decisión que envió una señal de seriedad en materia económica. Sin embargo, el economista y sociólogo sólo duró nueve meses al frente del ministerio. Su salida fue en medio del cambio abrupto en la estrategia de Petro para gobernar, en la que le cerraba la puerta a una coalición que incluía a ministros de otras tendencias políticas, para rodearse de fichas más cercanas a su visión de gobierno.

    La reforma tributaria promovida por Ocampo le puso una carga más grande a los más ricos y a las empresas, sobre todo a las petroleras y mineras, que quedaron pagando el 57 por ciento de los recursos tributarios del país en 2023, pero en un plan de reducción de ese monto a 35 por ciento en 2024, y 20 por ciento en 2025. Esta apuesta de reforma contrasta con la reforma tributaria que se hizo en Colombia, en 2021, en el gobierno de derecha de Iván Duque, que generó un paro nacional que duró casi dos meses en el país, y el cual sirvió de plataforma a la presidencia de Gustavo Petro.  

    El exministro accedió a hablar con Camilo Andrés Garzón y María Camila González  para dar su lectura del crecimiento económico en la región, su paso por el gobierno Petro y las discusiones sobre tributación progresiva en las que está involucrado. 

    Una entrevista con José Antonio Ocampo

    Camilo garzón: Hay una discusión sobre el papel del estado en la reducción de la desigualdad y el crecimiento económico en la región de América Latina. En el caso de Colombia, el presidente Gustavo Petro ha insistido en que es necesaria una mayor intervención estatal para abordar estos retos, precisamente en un momento en el que otros gobiernos en la región, como el de Javier Milei, en Argentina, optan por otro camino. ¿Qué lectura hace usted de esta discusión?

    José Antonio Ocampo: El tema de la reducción de la desigualdad es, sin duda alguna, un tema que implica la intervención del Estado. En los países desarrollados, por ejemplo, los recursos que se giran para la desigualdad se hacen con una mezcla de tributación progresiva y un gasto dedicado a los sectores medios y pobres. 

    Los datos que hay sobre América Latina en esa materia muestran que en la región se hace algo por la vía del gasto, pero bastante menos que en los países desarrollados. Y también muestran que se hace muy poco por la vía de impuestos. Es decir, el sistema tributario no es progresivo. Eso se refleja en la excesiva importancia que, proporcionalmente, tiene en América Latina el IVA (el Impuesto al Valor Agregado, que se fija sobre la compra de bienes o servicios profesionales), el cual es incluso un impuesto regresivo porque los sectores pobres se gastan más parte de su ingreso en consumo, y, por lo tanto, pagan una proporción más alta de ese impuesto. Por otra parte, el impuesto de renta de las personas, que es un impuesto progresivo, no predomina en América Latina.  

    El otro tema es el crecimiento económico y qué lo determina. Ahí la discusión tiene que ver con qué tan efectivas han sido las reformas de aperturas de mercado en generar crecimiento económico. Yo creo que lo que muestra la evidencia de América Latina es que muy poco, incluso que no han tenido un efecto positivo en el crecimiento económico. Me refiero, por ejemplo, a la apertura económica del caso colombiano de las reformas en los años 1990s. 

    En la época de la industrialización latinoamericana, desde 1950 hasta 1980, la economía latinoamericana crecía 5.5 por ciento por año en promedio. Con las reformas de apertura de mercados, contadas desde 1990 hasta el año pasado, la región creció un 2.5 por ciento. De hecho, desde 2014 hasta 2023 el promedio anual de crecimiento apenas estuvo por encima del 0.9 por ciento en la región. 

    Es decir, el efecto sobre el crecimiento realmente no se ha dado. Hay muchas polémicas acerca sobre lo que pasó, pero yo diría que hoy en día, en América Latina como en el resto del mundo, hay una visión de que el Estado también tiene que intervenir en lo que genéricamente se conocen como las políticas industriales; pero que yo prefiero llamar como políticas de desarrollo productivo, porque también pueden ser políticas para el sector primario y el sector de servicios. 

    La experiencia de las últimas décadas deja claro que el estado tiene que intervenir y que tiene que hacerlo con distintos instrumentos, que van desde la Banca de Desarrollo, el fomento a la innovación, y, en algunos casos, la producción o el apoyo a los sectores exportadores. Hoy hay mucha más conciencia de la importancia de estos mecanismos de apoyo del estado y cuando se ve, por ejemplo, el desempeño económico de muchos países de Asia Oriental, es claro que es la región más exitosa del mundo en términos de desarrollo. Ahí no cabe la menor duda de que fue con intervención estatal que se logró esto. Un desempeño semejante al de China, que hoy en día es el principal exportador del mundo. 

    maria camila gonzález: Cuando usted estaba en el Ministerio de Hacienda en el gobierno de Gustavo Petro, usted lideró una plataforma regional de cooperación tributaria, para promover una conversación sobre impuestos más progresivos y para los más ricos. ¿Cómo evalúa que ha avanzado este tema en Colombia y el mundo? 

    JAo: Ahí hay tres niveles. Está el nivel nacional, que fue la reforma tributaria que yo tramité y que fue aprobada en el Congreso de la República en 2022. Esa es una reforma que busca precisamente generar algún efecto progresivo en la estructura tributaria, como, por ejemplo, reducir los beneficios tributarios de las personas de altos ingresos de más de diez millones de pesos mensuales ($2.548 USD). Por otra parte, está el impuesto al patrimonio, que es un impuesto complementario y que grava el valor neto de los activos de los contribuyentes. La reforma también planteó otros efectos, como requerir al sector petrolero y al de carbón, que eran los sectores exportadores más grandes, a pagar más impuestos. De acuerdo con cálculos del Ministerio de Hacienda, el 57 por ciento de los ingresos por la tributaria en 2023 debía venir de los impuestos a las empresas de petróleo y carbón.

    En general, en Colombia, el 25 por ciento del recaudo de impuestos ha dependido de las empresas y el 6 por ciento de las personas naturales. Esto va en contravía de lo que sucede en países más desarrollados, donde el promedio de la OCDE entre personas y empresas es de 24 por ciento versus 9 por ciento.

    Ahora, también están las propuestas del impuesto mundial, que viene desarrollándose en la última década. Ahí están los acuerdos de la OCDE, de 2021, que establecieron lo que llaman el sistema de los dos pilares, y que han suscrito más de 137 países que representan el 90 por ciento del PIB mundial. El más sencillo de entender es el Pilar 2, que propone un impuesto efectivo mínimo global del 15 por ciento a todas las empresas que sirve a los países para proteger sus bases fiscales. El pilar no elimina la competencia fiscal, pero sí establece unas limitaciones acordadas multilateralmente.  

    El otro elemento, el Pilar 1, propone que las grandes multinacionales distribuyan el pago de impuestos que hacen equitativamente entre los países donde operan. La idea de la OCDE es que con el primer Pilar se reasigne derechos de imposición sobre más de $125.000 millones de USD para que vayan a las jurisdicciones cada año y que con el segundo pilar se generen nuevos ingresos tributarios por valor de $150.000 millones de USD al año en todo el mundo. 

    Lo que pasa es que la forma como se reglamentó o como se especificó esa norma solamente es para empresas muy grandes, como 100 empresas del mundo. Por eso mismo, los países en desarrollo ganaron muy poco con esas medidas. Como respuesta, los africanos promovieron un proceso que se encuentra en curso en las Naciones Unidas de generar una Convención de Cooperación Tributaria Internacional, incluso con una agenda un poco más amplia que veremos en qué consiste. Por ejemplo, incluye impuestos a la riqueza y normas que de alguna manera controlen los paraísos fiscales. 

    El nivel intermedio fue la idea mía de crear una instancia de cooperación regional. Esa instancia es una que permitiría más o menos hacer lo mismo que hace esta apuesta internacional, pero en América Latina, para compartir información entre las autoridades tributarias y tener algunas normas similares que le apunten a un recaudo más positivo de la tributación de los países. Aparte de eso está el tema crucial sobre la capacidad de las autoridades tributarias de investigar a contribuyentes sospechos.

    Cg: Si usted defiende la necesidad de avanzar en tener impuestos más progresivos, como los impuestos a la renta, ¿por qué ha sido tan difícil avanzar en este tipo de tributación en América Latina? 

    JAo: El tema del IVA versus impuesto de renta a las personas naturales es el tema más complicado e importante desde el punto de vista de la progresividad de la tributación. El IVA, en general, es un impuesto regresivo, de modo que subir el IVA carga proporcionalmente más a los sectores de medianos y bajos ingresos. En cambio, el impuesto de renta en sí es progresivo, pero en Colombia y otros países de la región hemos tenido problemas en la captura de ese recaudo porque hay muchos problemas de evasión, incluyendo llevar la plata a los paraísos fiscales. 

    Ahora, yo tengo una anotación adicional al tema, y es una variable que es clave también: el mercado de trabajo. Cuando las condiciones laborales mejoran, ya sea en términos de reducción de desempleo, de oportunidades laborales para las mujeres o de reducción de la informalidad laboral, que es muy alta en nuestros países (en Colombia, alrededor del 60 por ciento del empleo es informal), esto tiene un efecto progresivo en la tributación y en la distribución del ingreso. Lo vemos en la historia de América Latina reciente: el periodo de mayor mejora en la distribución del ingreso de casi todos los países, que cobija desde 2002 y 2003 a 2013 y 2014, se corresponde con el periodo de mejor crecimiento económico y el mejor comportamiento de los mercados de trabajo. Es decir, el buen comportamiento del mercado de trabajo es tanto o más importante que el gasto público social para mejorar la distribución de ingresos.

    mcg: Uniendo estos puntos del contexto de la economía en América Latina, ¿cuál es su posición frente a las reformas sociales que se están planteando en Colombia en el gobierno Petro, las cuales proponen unas modificaciones importantes del rol del estado en el sistema de salud, la redistribución de las pensiones y el mercado laboral? 

    JAo: Hay muchas polémicas sobre las reformas que está proponiendo el gobierno Petro. Lo primero que destacaría es que hay unos efectos progresivos indudables en unas más que en otras. Por ejemplo, la reforma pensional tendrá los efectos más progresivos, porque busca atender un problema enorme de cobertura pensional. Hoy, sólo 1 de 4 adultos mayores tiene pensión en Colombia, y la reforma busca garantías para darles un ingreso vitalicio a las personas que no logran pensionarse, lo que ayuda a eliminar la pobreza extrema en los adultos mayores. 

    El saldo progresivo de otras reformas es más discutible. Por ejemplo, el de la reforma a la salud. La reforma propone que el sistema de salud se enfoque en la prevención de enfermedades, que se le dé un papel secundario a las empresas privadas en la administración y el manejo de los recursos de la salud y que el sistema quede, principalmente, en manos del Estado.

    ¿Por qué? Porque en el caso colombiano, los derechos a la salud son iguales para todas las personas, entonces, en principio todos tienen acceso al sistema de salud. Pero el problema, como plantea correctamente el Gobierno Petro, es la atención primaria, que es la atención más inmediata que reciben las personas para tratar afecciones médicas comunes. Esta atención se diferencia mucho según si los sectores que buscan acceder son rurales o vienen de poblaciones alejadas de los centros de salud, y entonces tienen menor acceso a atención primaria. Mejorar eso es un objetivo de la reforma del gobierno, y si lo lograra tendría efectos positivos en materia de reducción de la desigualdad. 

    Otra discusión es si se necesita una reforma que pase en el Congreso para hacer esto. También si es necesario que esa reforma contemple que el Estado se encargue de operar el sistema de salud, y si la operación del Estado va a mejorar la atención primaria, una pregunta que a mí me genera muchas dudas, pues no creo que el gobierno esté en la capacidad de administrar el complejo sistema de salud del país.  

    La reforma laboral es otra que tiene mucha controversia. Algunos elementos de esa reforma también pueden ser progresivos, pues da una mayor protección laboral a ciertos sectores. Pero hay por lo menos dos grandes dudas. La principal es que como se encarece la mano de obra con esa reforma, va en realidad a aumentar la informalidad laboral y, por lo tanto, esto traería un efecto negativo, por lo que sería necesario no encarecer los salarios en el sector formal. 

    Lo otro es que las normas sindicales que ahí se incluyen (que fortalecen a los sindicatos y hacen más difíciles los despidos en las empresas bajo ciertas condiciones) no se consideran necesariamente progresivas porque en Colombia los trabajadores que están sindicalizados no son los sectores más pobres del país, así que la reforma termina sin apuntarle directamente a los más pobres. 

    Cg: A estas reformas con componentes de progresividad y que implicarían cambios ambiciosos les ha costado pasar los debates en el Congreso para su aprobación, en medio de tensiones obvias con actores privados como las empresas prestadoras de salud y los fondos privados de pensiones, entre otros. ¿Vale la pena ese desgaste en el Congreso?

    JAo: Yo logré que se aprobara la reforma tributaria, así que las reformas se pueden pasar si hay interés en negociarlas. Mi diagnóstico es que el gran problema con la reforma de la salud se debe a que no hubo realmente interés en una negociación, y eso fue lo que fracasó. El sistema de EPS (en el que empresas privadas afilian y prestan un plan básico de salud a sus afiliados) en Colombia tenía una aprobación de más del 80 por ciento de la población. Entonces la gente no lo veía como sistema malo en términos de acceso a la salud y, de hecho, en todas las comparaciones que se hacen internacionalmente, Colombia es uno de los pocos países que efectivamente tienen universalidad en el acceso a la salud. 

    Este es un sistema que ya viene desde 1993. En ese entonces, el Gobierno liberal de César Gaviria y su ministro Gabriel Londoño, propuso copiar el sistema chileno de salud, donde es una obligación comprar un seguro de salud, pero el seguro era mejor dependiendo de lo que uno pagara. Así, los sectores de altos ingresos tenían mejor seguro de salud que los sectores de bajos ingresos. Esa pelea la dimos en su momento para que el beneficio, contrario a esta propuesta, fuera igual para todos. Cada cual contribuye proporcionalmente a su ingreso, pero el beneficio es igual para todos. Y, además, para los que no tienen trabajo formal se creó un régimen subsidiado, que también les paga su seguro de salud. 

    Por eso no estoy de acuerdo cuando la exministra de salud de este gobierno, Carolina Corcho, decía que el derecho a la salud no está garantizado: eso es falso. Claro, hay un problema que sí quedó pendiente y es que los sectores más pobres y los sectores rurales no tienen igual acceso a los servicios del sistema de salud, y hay que mejorar esa parte. A mi juicio esa parte se podría lograr incluso sin reforma, con la ley estatutaria de salud del 2015, en donde se reconoce a la salud como un derecho fundamental y se sientan las bases para garantizarlo, incluyendo unas políticas públicas dirigidas a lograr la reducción las desigualdades de los determinantes sociales de la salud. 

    mcg: El presidente Petro también ha hablado más recientemente de reformar la Constitución de 1991 para crear un mandato popular que permita que más personas se pensionen y reducir la desigualdad en el país en general. ¿Qué caminos ve para hacer esos cambios que se necesitan? 

    JAo: Los cambios que quiere hacer el gobierno se pueden hacer con leyes y, además, con gasto público. No es necesario cambiar la Constitución para ello. Por supuesto que existen muchos vacíos y seguimos siendo una sociedad muy desigual, con alta pobreza monetaria y falta de acceso a servicios sociales y públicos de una parte de la población. Pero las leyes y la ampliación del gasto social en el marco de la Constitución han generado avances en muchas dimensiones. Por eso la pobreza multidimensional ha disminuido desde el 60 por ciento de la población en 1997—cuando se midió por primera vez—al 13 por ciento.

    Sólo algunos de los temas sociales que ha propuesto Petro no requieren reforma constitucional. De pronto algunos sí, los temas de descentralización, por ejemplo, sí pueden requerir algunas normas constitucionales, pero incluso la reforma agraria se puede hacer sin una reforma. Yo como ministro de Agricultura fui el que promovió la ley actual de reforma agraria, la ley 160 de 1994, que permite hacer una transformación agraria de gran escala a través del Sistema Nacional de Reforma Agraria y establece un subsidio para la adquisición de tierras. 

    Es un problema de efectividad y de ponerle recursos a la Agencia Nacional de Tierras para que puedan comprar tierras para redistribuir, que es, de hecho, lo que el gobierno Petro pretende ahora. Por ejemplo, el presupuesto que más aumentó en el Gobierno nacional cuando yo era ministro fue precisamente el asignado a la Agencia Nacional de Tierras para comprar tierra para distribuir. 

    Entonces, en algunos casos puede ser necesaria la reforma constitucional, pero en la mayor parte de estos lo que se necesita es una política social eficaz. Estoy de acuerdo con el analista político Rodrigo Uprimny, quien señaló que la propuesta del Presidente es “innecesaria, inoportuna, contradictoria, inviable y por todo eso es riesgosa”. Por eso creo que es necesario cuidar nuestra política monetaria también, que según la Constitución, debe ser coordinada con la política económica general. En aplicación de este principio, la Corte Constitucional ya determinó en una sentencia de 1999 que la política monetaria debe tener en cuenta sus efectos sobre el empleo y la actividad productiva. 

    Cg: Hay otra discusión sobre la transición energética que planteó Petro, que llegó al poder con esa promesa en campaña, pero se ha demorado en permitir la entrada de ciertos proyectos de energía renovables. El gobierno, igualmente, no decide si van a explorar o no nuevos yacimientos de hidrocarburos. Usted varias veces ha dicho que sí toca. 

    JAo: Yo sí creo en la transición energética como un tema mundial por el cambio climático. Sobre eso no tengo la menor duda, estuve diez años en Naciones Unidas y como ministro de Agricultura y en la creación del Ministerio de Medio Ambiente. Cuando yo recibí el Ministerio de Agricultura todavía el medio ambiente dependía del Inderena, que era el instituto adscrito al Ministerio de Agricultura, y con él hicimos la propuesta para crear el Ministerio de Medio Ambiente. Es decir, soy muy sensible a estos temas y creo decididamente en la urgencia de hacer transformaciones descontaminantes en la economía. 

    El problema es quién es el que debe hacerla, qué puede hacer y qué debe hacer Colombia. Esa es la discusión. Colombia produce el 0.6 por ciento del petróleo del mundo. O sea, Colombia deja de producir petróleo y eso lo reemplaza cualquier otro muy rápido, Lo que hagamos en materia de reducción de producción del petróleo, no importa en materia del cambio climático mundial. Además, porque como yo lo decía en los debates dentro del Gobierno, hay tres transiciones: la transición energética, la transición exportadora y la transición fiscal. En todas estas dependemos del petróleo. Entonces si dejamos de exportar petróleo, tenemos que exportar otra cosa, y todavía no tenemos un equivalente igualmente rentable. 

    En materia fiscal, los individuos que venden el petróleo son importantísimos en materia de impuesto de renta, como las utilidades de Ecopetrol, que también son un ingreso del Gobierno. Por ese motivo, el manejo del petróleo debe ser cauteloso para ponerlo en la transición energética. En esa línea, tuvimos una discusión al interior del gobierno de respetar los contratos para hacer exploraciones de hidrocarburos ya firmados, que eran más de 200.  

    En materia de los proyectos de energía limpias, el gran problema ha sido la aprobación de las redes de transmisión, por el tema de la convivencia con las comunidades, y además algunas controversias de las comunidades indígenas de La Guajira. Por las redes de transmisión, muchas empresas que producirían energía solar en La Guajira abandonaron los proyectos que no tenían transmisión garantizada, y así se va ralentizando la entrada de nuevos proyectos de energías renovables.  

    mcg: Usted ha dicho antes que su paso por el Gobierno Petro fueron de los meses más duros de su vida. ¿Qué legado cree usted que pudo dejar en materia económica con su paso por el Ministerio de Hacienda? 

    JAo: El Gobierno de Duque nos dejó desequilibrios económicos monstruosos, un desequilibrio fiscal enorme, incluyendo el del fondo de Estabilización de Combustibles y una deuda pública también enorme. También hay un déficit de la balanza de pagos. En el año 2022, el déficit fue de un poco más del 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Si ustedes miran la historia de Colombia, el único otro año en que había un déficit tan enorme fue en 2015, pero con una diferencia esencial y es que en 2015 los precios del petróleo estaban en el suelo, mientras que en el 2022 están altísimos. 

    Nosotros recibimos eso, junto con otros factores más estructurales, como la inflación derivada de la invasión de Rusia a Ucrania. E incluso en materia fiscal, otro tema que yo mencionaba todo el tiempo en mis presentaciones, es la deuda pública del Gobierno nacional que yo recibí, que era del 60 por ciento del Producto Interno Bruto. Cuando fui ministro en 1996 y 1997 la deuda era del 20 por ciento. 

    Entonces, la deuda fiscal, la inflación y la balanza de pagos eran situaciones complejas. Ahí la tarea que tuvimos fue enfocarnos en reducir desequilibrios económicos. Y debo decir que haber logrado eso, más aprobar la reforma tributaria, son mis dos logros como ministro. Afortunadamente el manejo de estos desequilibrios ha seguido haciéndose después de mi salida.

    Cg: ¿Cuál es su visión general sobre el enfriamiento de la economía en América Latina este año? 

    JAo: En enero publiqué un artículo en el que hago referencia a lo que llamo la segunda década perdida de América Latina, en el que muestro que el promedio de crecimiento anual de la región de 2014 a 2023 estuvo apenas por encima del 0.9 por ciento. Un promedio peor que el 1.3 por ciento de los años 80s, que le ganaron a la región la categoría de “década perdida”. El periodo reciente ha sido un gran fracaso para el crecimiento en América Latina. Es cierto que ese diagnóstico varía entre regiones, y México y Centroamérica tuvieron niveles más altos de crecimiento que el promedio de Suramérica en 2023. 

    A pesar de que la inversión externa directa se ha mantenido robusta, los costos de los préstamos se han incrementado. A esto se añade el contexto global de un bajo crecimiento de los volúmenes del comercio, que se han estancado prácticamente en los últimos dos años, luego de la pandemia. Esto nos lleva a pensar que los líderes de la región deben apostarle a generar más políticas de desarrollo productivo que fomenten sectores dinámicos de la economía. Eso es algo absolutamente esencial, además de evitar crisis económicas continuas, pues uno de los grandes problemas del continente es la frecuencia de crisis macroeconómicas, siendo la más monstruosa en ese sentido la de Argentina.   

  4. Petrobras en transición

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    La campaña de Luiz Inácio Lula da Silva para su tercer mandato como presidente de Brasil ha estado definida por la idea de reconstrucción que le apunta a una recuperación política después del reinado antidemocrático de Jair Bolsonaro, promesas de reindustrialización, y una transición verde para la economía brasileña. El papel de Petrobras —la gigante estatal petrolera— es clave para tales esfuerzos y ha sido objeto de debate en la historia del desarrollo brasileño.

    Petrobras fue creada en 1953 como parte de uno de los proyectos desarrollistas populares del expresidente Getúlio Vargas, conocido como la Política Nacional del Petróleo, que aseguró un monopolio estatal sobre la perforación, refinación y transporte del petróleo. El monopolio nacional duró hasta 1997, cuando fue derribado por la administración de Fernando Henrique Cardoso, cuyo Plan Nacional de Privatización también promovió la masiva oferta pública inicial de Petrobras y permitió que la empresa cotizara en el mercado internacional. Actualmente, el Estado brasileño es el principal propietario de Petrobras, con el 50.3% de las acciones con derecho a voto.

    A lo largo de sus setenta años de historia, Petrobras nunca ha perdido su centralidad en el proyecto de desarrollo de Brasil. Desde la naturaleza desarrollista-nacional de su fundación, pasando por su entrada en el mercado global, hasta el debate contemporáneo sobre su papel en el tercer mandato de Lula, la empresa refleja la evolución de los debates sobre los caminos hacia el desarrollo en Brasil.

    Cibele Vieira es la gerente general del Sindicato de Trabajadores del Petróleo de São Paulo —Sindipetro Unificado— y directora de la Federación Única de Trabajadores del Petróleo — Federação Única dos Petroleiros (FUP) en portugués—, donde representa a los trabajadores de Petrobras a nivel nacional. Hablamos con Vieira sobre el papel de Petrobras en la administración de Lula, la historia de Petrobras en el contexto del desarrollo brasileño y la reciente entrada del país en la OPEP+. 1

    Una entrevista con Cibele Vieira

    hugo fanton: Los debates sobre la exploración de petróleo han sido prominentes desde que Lula asumió el cargo el año pasado. Se han enfocado en su relación con el objetivo de desarrollo inclusivo, la nueva política industrial y la agenda ambiental del gobierno. ¿Cuál ha sido la relación histórica entre el desarrollo nacional y la gestión de Petrobras?

    cibele vieira: La discusión sobre la exploración de petróleo en Brasil surgió en el contexto de la posguerra. En ese marco, el petróleo se entendió como un activo estratégico de fundamental importancia para asegurar la soberanía nacional, para las industrias militar y automotriz, y para la producción de bienes de consumo. Petrobras fue fundada en 1953, siete años después de que los desarrollistas iniciaran la campaña O petróleo é nosso (“el petróleo es nuestro”); su inauguración como empresa estatal con un monopolio en la exploración de petróleo en Brasil fue una victoria para este movimiento y para su lema.

    Ha habido disputas desde entonces. Desde el principio, invertimos en perforación y refinación, por lo que Petrobras se destacó internacionalmente en la perforación en alta mar; y desde 2006, con el descubrimiento de la reserva petrolera de presal, Brasil se convirtió en uno de los mayores poseedores de reservas de petróleo del mundo. Entendemos que este fue un tema importante en relación con las disputas que llevaron al golpe de estado de la presidenta Dilma Roussef en 2016 y al arresto de Lula en 2018. Hay una estrecha conexión entre la profunda crisis política interna de Brasil y su lugar como uno de los mayores productores de petróleo del mundo.

    Históricamente, los movimientos sociales y los partidos de izquierda del país han entendido que, para apoyar el desarrollo nacional de Brasil, los recursos naturales deben ser explotados de manera sostenible y de acuerdo con las necesidades de la población. En el caso del petróleo, esto significa que una exploración no tiene sentido si no es con una inversión concomitante en desarrollo industrial, nuevos empleos y crecimiento económico. Esta perspectiva, no obstante, chocó con otras aproximaciones, como las de las administraciones liberales de Fernando Collor de Mello (1990-92) y Fernando Henrique Cardoso (FHC) (1995-2002), por ejemplo, que tenían planes de privatización para Petrobras. En 1995, estalló una huelga masiva de trabajadores del petróleo que duró un mes, deteniendo la venta mientras otras industrias clave eran privatizadas. Cuando Lula llegó al poder en 2003, fue con una visión completamente diferente sobre el papel que el estado y la empresa deberían tener en la economía del país.

    Las administraciones de Lula (2003-2011) y Dilma (2011-2016) cambiaron la estructura y la misión de Petrobras; esta pasó de ser una empresa de exploración de combustibles fósiles a una empresa de gestión energética, enfocada también en la transición energética. Después del golpe contra Dilma, Petrobras volvió a centrarse únicamente en los combustibles fósiles durante las administraciones de Michel Temer (2016-2018) y Jair Bolsonaro (2019-2022), y el papel de la empresa como promotora del desarrollo nacional fue abandonado.

    Temer y Bolsonaro fueron mucho más exitosos que FHC en desmantelar Petrobras. En los últimos años, la propia distribuidora de petróleo de Petrobras, BR Distribuidora, fue privatizada junto con muchas refinerías y filiales. La estrategia de la empresa fue transformada: si antes estaba orientada hacia el suministro de productos derivados del petróleo para el mercado interno, ahora estaba enfocada en los mercados financieros, los cuales aumentaron los márgenes de ganancia y los pagos de dividendos. La transición energética, incompatible con el nuevo plan de rentabilidad a corto plazo, fue eliminada de la agenda, pues es imposible que una filial de biocombustibles iguale la rentabilidad de la perforación en la capa de petróleo presal. Finalmente, el centro de investigación de la empresa fue completamente desmantelado.

    En ese sentido, el debate que hoy tenemos con los trabajadores petroleros ahora tiene que ver con algunos paralelos entre la asunción de Lula al cargo en 2003 y en 2023. La nueva administración quiere reanudar su proyecto y misión anteriores, pero hay obstáculos dejados por las administraciones anteriores.

    hF: ¿Cuál es la evaluación del movimiento laboral sobre la gestión de Petrobras y la nueva administración de Lula, a poco más de un año después de su inauguración?

    cV: La FUP formó parte de los grupos de trabajo del equipo de transición del gobierno y contribuyó considerablemente a las propuestas para la industria petrolera. Sin embargo, dada la estrecha victoria, el gobierno debe hacer concesiones para mantener su coalición.

    Además de estas disputas en la escena política nacional en general, el movimiento sindical también está enfrentando algunos desafíos adicionales. Este año, como parte de la campaña salarial de los trabajadores petroleros, estamos discutiendo cuestiones de gobernanza interna. A pesar de los cambios en la presidencia y en la junta interna, hay perspectivas divergentes enfrentándose dentro de Petrobras: algunos partidarios de Bolsonaro todavía están allí, junto con los pro-desarrollistas que desaprueban el movimiento sindical porque creen que los trabajadores deben conformarse y seguir las reglas; y por otro lado, estamos algunos de nosotros, que hacemos parte del movimiento sindical. En ese sentido, hay disputas políticas sobre el papel de la empresa en el ámbito nacional, pero también hay discusiones sobre las relaciones de poder internas dentro de Petrobras como tal.

    Los conflictos internos en el Consejo Administrativo de Petrobras —Conselho de Administração (CA) en portugués— reflejan las disputas de alianzas en el Congreso Nacional. Esto significa que hay divergencias incluso entre los asesores designados por el propio gobierno; en efecto, dado que las nominaciones reflejan las alianzas del gobierno en el Congreso, el presidente de Petrobras no tiene la mayoría de los escaños en el CA.

    Tanto el presidente Lula como el presidente de Petrobras, Jean Paul Prates, han estado enfatizando el papel de la empresa en la transición energética, asegurando precios accesibles de combustible para la población, recuperando el crecimiento económico, construyendo flotas navales, etc. Sin embargo, el número de plazas que se han anunciado para el nuevo concurso público no es suficiente; ni siquiera cubre la reducción de la fuerza laboral que habrá este año por jubilaciones. Petrobras solía ser una empresa de 86,000 trabajadores, y ahora tenemos solamente 40,000. El plan de negocios que se publicó prevé una cantidad muy pequeña de inversiones; no está ni remotamente cerca de lo que realmente se necesita.

    hF: ¿Prevalece todavía hoy la visión de Petrobras como exploradora de combustibles fósiles frente a la idea de una empresa de gestión energética?

    cV: Esto es todavía un tema en discusión. Hoy Petrobras puede aprobar inversiones en energías renovables, pero no en la escala que se necesita. Está claro que ha habido un cambio en la visión respecto al papel de la empresa: Petrobras vuelve a posicionarse como impulsor del desarrollo nacional y ha adoptado un plan para operar en la refinería en todos los estados brasileños, no solo en Río de Janeiro y São Paulo. No obstante, y a pesar de la voluntad política, las cifras están todavía muy lejos de alcanzar las intenciones publicitadas.

    hF: ¿Qué perspectiva tiene la FUP respecto al papel de Petrobras en la transición energética?

    cV: En la FUP entendemos que hay una necesidad vital de superar la dependencia de los recursos de combustibles fósiles; este es un proceso en curso. Al mismo tiempo, el petróleo no desaparecerá mañana; incluso mientras aumenta la producción renovable, la exploración petrolera aún está en el horizonte.

    Esto significa que algunas políticas deben ir de la mano: la riqueza generada por la exploración petrolera debe invertirse en investigación y en el desarrollo de nuevas fuentes de energía. Tenemos centrales eléctricas de biomasa y biocombustible en Minas Gerais y Bahía. También está pendiente la discusión sobre el sistema de producción, incluida la división entre grandes y pequeños productores, así como nuestra relación con el desarrollo regional.

    Es inaceptable tener grandes centrales eléctricas rodeadas de pobreza. En la producción de biomasa, los recursos deben provenir de pequeños agricultores y no de agronegocios; esa política existía antes, pero fue interrumpida por la administración de Temer. Recuperarla sería un ejemplo concreto del tipo de iniciativas que defendemos hacia una transición energética justa.

    Además de invertir en nuevas fuentes de energía, también es necesario reducir el impacto de las emisiones de los combustibles fósiles mediante la reducción del azufre en la gasolina y el diésel, por ejemplo. Las inversiones de Petrobras en refinerías ya contemplan planes para hacer que los combustibles fósiles sean menos contaminantes.

    Deberíamos continuar con la exploración petrolera. Petrobras debe explorar nuevas fronteras. En ese sentido, estamos a favor de explorar la región del Margen Ecuatorial, a la cual no se debería referir como “desembocadura del río Amazonas”, pues de hecho se encuentra a más de 150 kms de la desembocadura. Dado que Petrobras tiene una larga tradición garantizando la seguridad industrial en la exploración de petróleo, expandir esta tradición nos permitiría invertir en nuevas fuentes de energía: esta es nuestra idea de una transición energética justa y popular.

    hF: Las propuestas para nuevas exploraciones petroleras han causado controversia; la del Margen Ecuatorial ha sido particularmente criticada por Marina Silva, la propia ministra de Medio Ambiente de Lula. ¿Por qué está la FUP a favor de explorar allí?

    cV: Petrobras ha estado explorando petróleo en la Amazonía durante mucho tiempo. Hay una refinería en Manaos. Durante años hemos estado operando en la selva. Otros países de la región amazónica también exploran petróleo y tienen un historial de vertido de desechos en las selvas, lo que no es nuestro caso.

    Esta es la diferencia que surge de ser Petrobras una empresa estatal; es una empresa más responsable en cuanto al proceso de producción. La nueva frontera de exploración es el Margen Ecuatorial, que no se encuentra en el campo de presal, sino que es un yacimiento petrolífero marítimo muy grande. Esto significa que no se trata de exploración terrestre o exploración cerca de la costa, como algunos han estado diciendo. Además, Petrobras es la organización con la tecnología más adecuada para este tipo de perforación. Las reservas de petróleo no se ajustan a nuestras fronteras geográficas. La reciente disputa entre Guyana y Venezuela está relacionada con la exploración en la región que abarca el Margen Ecuatorial. En el mundo de hoy, detener el uso de los combustibles fósiles no es una opción factible. El Margen Ecuatorial será explorado, eso es seguro, ya sea por Brasil o por otros países.

    Nuestra comprensión es que las nuevas fronteras deben explorarse, pero siempre garantizando que los ingresos se inviertan en la transición energética.

    Si observamos el mapa petrolero mundial, la mayoría de los yacimientos son antiguos y están experimentando un declive en la producción. Sin embargo, Brasil está descubriendo nuevos campos con enormes reservas, lo que le permitiría aumentar la producción. Aún mientras la capacidad de producción de fuentes de energía alternativas sigue creciendo, tenemos un papel cada vez más importante en la producción de petróleo. Desde un punto de vista muy pragmático: si no exploramos, no tendremos alternativas energéticas capaces de satisfacer la demanda y tendremos que pagar un precio más alto por consumir petróleo a nivel nacional.

    hF: ¿Cuál es el papel de Petrobras en la nueva política industrial de Brasil con respecto a la competencia extranjera?

    cV: Cuando hablamos de competencia a nivel global, no vale la pena lidiar en sectores donde China tiene una escala productiva mucho más grande, pues es imposible competir con los precios que ésta alcanza. No obstante, esto no significa que no podamos tener industrias más complejas, ni que debamos limitarnos a proporcionar materias primas; hay espacio suficiente para diversificar nuestro mercado y para superar la dependencia económica. En comparación con otros países, Brasil no está en una mala situación económica; tenemos buena agricultura, servicios e industria. Continuar invirtiendo en la expansión industrial permite la generación de empleos de calidad; proporciona a los trabajadores un salario decente; y produce efectos positivos en toda la cadena de servicios.

    Petrobras tiene un papel estratégico en esto. Los precios de la energía y el transporte son cuestiones fundamentales para la industria. La construcción de nuevos gasoductos es una de las principales preocupaciones tanto en el plan de negocios de Petrobras como en los proyectos de infraestructura del nuevo Programa de Aceleración del Crecimiento —Programa de Aceleração do Crescimento en portugués—. Asistí a algunas de las reuniones que la industria química tuvo con el vicepresidente Alckmin, y la principal preocupación era el suministro de gas; y puesto que Petrobras proporciona recursos para la industria nacional, el asunto del suministro del gas es crucial para asegurar buenos precios y estabilidad. También está Petrobras Diesel, que suministra combustible para un país que depende en gran medida del transporte por carretera. Además de la cadena de producción de petróleo, Petrobras también juega un papel importante en el agronegocio al proporcionar fertilizantes. 

    El debate en torno a los insumos locales para la producción brasileña se deriva de esto. Cuando se construye una plataforma petrolífera, ¿es más estratégico utilizar proyectos, tecnologías y componentes importados, o invertir en recursos locales?

    hF: Finalmente, ¿cuál fue la reacción general en el movimiento sindical de los trabajadores petroleros después de que Brasil fuera invitado a unirse a la OPEP+?

    cV: La FUP no tiene una postura oficial, así que compartiré mi punto de vista personal sobre este tema. Cabe aclarar que la OPEP+ y la OPEP son organizaciones distintas: ser miembro de la primera no implica necesariamente cumplir con las disposiciones de la segunda. En ese sentido, si observamos nuestra capacidad productiva y pensamos en los yacimientos petrolíferos que tenemos y cuánto petróleo producimos, tiene sentido unirse a la OPEP+. Esta organización influye directamente en el precio internacional del petróleo, y seguir dichos procesos de toma de decisiones siempre es positivo.

    Los costos de producción del presal brasileño son más altos que los de Arabia Saudita y los de muchos miembros de la OPEP, pero aún son más bajos que los de otros. Dado que muchos países tienen costos de producción superiores a los nuestros, el precio determinado por la OPEP no obstaculizará nuestra producción. Desde mi punto de vista, participar en las discusiones sobre la formación de precios del petróleo no implica ningún riesgo ni nos obliga a asumir una tasa de producción más baja de la que es viable para Brasil.

    Mantener esta discusión hace que Brasil sea más seguro. A diferencia de la mayoría de los grandes países productores de petróleo, no dependemos únicamente del petróleo como fuente de energía. Esto nos da una posición más cómoda para discutir precios.

    Además de eso, como el propio Lula señaló, está el problema de la transición energética. Nuestro presidente fue fuertemente cuestionado sobre la aparente contradicción de posicionar a Brasil como líder ambiental mientras se unía a la OPEP+. La pregunta más relevante en el debate es si es mejor dejar estas decisiones en manos de otros países o participar activamente.

    Las empresas petroleras son actores centrales en la transición energética; representan empresas que ya producen energía y que están expandiendo sus actividades a otras fuentes. Es imposible crear un plan de transición energética responsable sin involucrar a los productores; por lo tanto, la transición energética también depende de las discusiones llevadas a cabo por la OPEP. Si las empresas petroleras quieren socavar cualquier iniciativa de transición energética, perjudicando económicamente las fuentes de energía alternativas, todo lo que tienen que hacer es bajar los precios del petróleo.

    Dado que Brasil es un gran productor cuya matriz energética no depende completamente del petróleo, estamos en una posición aún más cómoda para promover el debate sobre la transición energética dentro de la organización.

    Esta entrevista fue traducida del inglés al español por Eduardo F. Gutiérrez González para Phenomenal World.

  5. Milei y el mundo

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    Al nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, no le llevó mucho tiempo ponerse los guantes en la arena internacional para mostrar cómo es la política exterior de un libertario. Con Brasil y China, que son los dos socios comerciales más importantes del país, ya ha creado conflictos, como la presencia del expresidente brasilero, Jair Bolsonaro, en su posesión presidencial. O las relaciones que ha empezado a tener con Taiwán, como la reunión con representantes de la oficina comercial de Taiwán o el encuentro de la ministra argentina de asuntos exteriores, Diana Mondino, con la representante de Taiwán en Buenos Aires.

    Milei se considera un “anarcocapitalista” y buscará estrechar lazos con lo que llama “mundo libre”, pero esa carga ideológica sobre la política exterior argentina se choca con unas relaciones de dependencia concretas con el Fondo Monetario Internacional alrededor de la deuda que tiene contraída con ese organismo, y también de la creciente importancia de China en la economía Argentina. Las primeras confrontaciones que ha elegido con otros líderes en el continente, y el distanciamiento de foros como los BRICS y Mercosur muestran que Milei quiere rápidamente elegir sus enemigos, pero estas peleas le podrían salir costosas. 

    Para discutir sobre las primeras puntadas de la política exterior del gobierno de Javier Milei hablamos con Maia Colodenco, quien fue Jefa de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía de Argentina, en el gobierno de Alberto Fernández. Representó a la República Argentina en el G20 y se desempeñó como consultora del Banco Interamericano y como Asesora Principal del Director Ejecutivo por Argentina del Banco Mundial, con sede en Washington. En 2019 fue nombrada jefa de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía. 

    Una entrevista con Maia Colodenco

    CAMILO GARZóN: Algunos miembros del equipo económico de Milei que ya fueron anunciados son también perfiles de asesores económicos que venían de trabajar con Macri, como Luis Caputo, el ministro de Economía, o Santiago Bausili, del Banco Central. ¿Qué lectura hace de ese primer círculo de asesores económicos de Milei y cómo cree que influyen en su política económica? 

    Maia colodenco: Obviamente Milei llegó al gobierno ganando el balotaje, pero necesitó de fuerzas de coalición que lo ayudaron a acceder al triunfo. Ahí se ve cierta negociación de continuidad con esas fuerzas que lo ayudaron a llegar al poder, pero creo que también Milei ve, comparado con sus nichos de campaña y viendo cómo está el país en términos económicos, que es necesario cierto pragmatismo en términos macroeconómicos. Es la “moraleja” que queda de cuando Macri entró al gobierno, al haber introducido políticas de shock que no salieron bien.  

    Había ciertos desequilibrios macroeconómicos al finalizar la gestión de Alberto Fernández que había que resolver, que todavía existen y no han sido abordados. El análisis, por ejemplo, de las cuestiones cambiarias, el cepo cambiario (ese conjunto de restricciones al acceso de divisas extranjeras en Argentina, y que se aplica desde 2011) sigue estando vigente. Todavía no hay una política clara de cómo van a unificar las monedas comparativamente con el dólar. Frente a estos desafíos, en lugar de cancelar el Banco Central, pusieron a cargo una personalidad que es muy conocida en el sector de los mercados, como es Santiago Bausili, que hoy es presidente del Banco Central. Ahí se ve cierto pragmatismo y también se ve, de alguna manera, una tendencia o un foco hacia la dolarización, como tratar de dolarizar los pasivos del Banco Central, lo cual puede ser un camino hacia una posible dolarización de la economía. 

    Así que puedo ver algunas políticas más de shock en otros sectores del campo político, pero en lo económico esa continuidad de algunas figuras dentro del sector quizá marque un cierto pragmatismo. La negociación de la deuda externa con el Fondo Económico Internacional (FMI) seguramente tiene algún rol en esta decisión macroeconómica que va en la línea de medidas de continuidad.

    CG: ¿Cómo cree que se va a desarrollar el tema de la renegociación de la deuda externa y la relación del país con el Fondo Monetario Internacional en este gobierno? 

    MC: Siempre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional son complicadas. El antecedente es que, en 2018, el gobierno de Macri tomó la deuda más grande del FMI en su historia. Es también el crédito más importante asumido por el gobierno en toda la historia argentina. Es una deuda que alcanza los 45 mil millones de dólares. Yo creo que hasta para el Fondo es un tema a resolver y quedar en buenos términos con Argentina. 

    En el gobierno de Alberto Fernández, donde trabajé, Martín Guzmán, su primer ministro de Economía renegoció la deuda con el Fondo de una forma en la que creo que le servía a la Argentina.1 Esto porque no implicaba políticas de ajuste, y permitía refinanciar la deuda sin ninguna reforma laboral o sin privatización de empresas públicas. Paraba el gasto, pero no era regresivo. Guzmán empezó la negociación, a diferencia de otros casos en el mundo, primero con los acreedores privados de acuerdo a los vencimientos, con un análisis de restauración y de  sostenibilidad, y luego negoció con el FMI. Eso es algo que de esta manera no se había hecho nunca y se logró cambiar. En comparación con algunas de las políticas actuales que se están promoviendo, creemos que el programa que en su momento había negociado Martín Guzmán tenía la intención de que el acuerdo fuera un ajuste paulatino, de acuerdo a cómo iban evolucionando los factores en Argentina y poniendo en la agenda el tema de la reducción de los sobrecargos del FMI. 

    Obviamente el FMI quiere que los números cierren y no le importa lo que pase con la gente en el país. Por su parte, en el arranque de este gobierno, el objetivo más reciente de la misión del gobierno de Milei, que encabeza Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, es renegociar los primeros vencimientos de la deuda que Argentina mantiene con el Fondo. Estos ascienden, en total, a 1.950 millones de dólares. Pero hay que ver cómo continúan las nuevas medidas internas en el país que Javier Milei está proponiendo y que se están discutiendo en el Congreso, pues estas podrían impactar también la negociación con el FMI.

    Entre estás están las reformas de las jubilaciones de la gente, la reducción de los planes sociales, que ocupan gran parte del gasto público. La reforma de los sistemas de salud, así como todo lo que tiene que ver con la reducción a los subsidios eléctricos y del transporte. Estas reformas, indirectamente, impactan la relación con el FMI en tanto que lo que buscan es reducir el gasto público con esos ajustes, y así pretenden lograr unos objetivos de reducción de déficit fiscal. Depende de qué variables toquen, si recargan el logro de estos objetivos vía cantidad de empleo o vía menos consumo y menos estímulos a la economía. Pero el FMI claramente va a felicitar a Milei si se logra reducir el déficit fiscal. No creo que le importe cómo se haga mientras se haga y se vea el numerito creciendo.

    CG: Por otro lado está la presencia de Argentina en ciertos foros económicos globales, pues justo el país viene de participar del Foro de Davos. ¿Qué lectura hace de la intervención de Milei en su discurso y cómo siente que fue interpretado por otros jefes de Estado, pero también por otros personajes como Elon Musk, que alabó su intervención?

    MC: Sí, claramente puedo decir que fue muy elocuente, eso, sin duda. Pero creo que parte de un diagnóstico de la realidad actual equivocado y desactualizado, como de otra época del mundo. Por ejemplo, hay categorías de su discurso que yo entiendo que no funcionan más. Dice que ha fracasado el occidente en lo económico, pero entonces, ¿cuál es la región que no lo ha hecho? Si se está refiriendo al modelo económico del sudeste asiático, ese no es un modelo que a él le guste seguir. Entonces, vemos un poco de contradicción y también un mundo de categorías que viene más de la Guerra Fría, como si hubiera una división tajante entre oriente y occidente, pero actualmente el mundo está multipolarizado. Los actores están mucho más atomizados, hay mucho más conflicto en el mundo, pero este no pasa por una cruzada contra el socialismo, como él lo presenta. 

    También me parece que el diagnóstico es equivocado en el sentido del autoreconocimiento del rol que cumple Argentina a nivel nacional e internacional. Un país como Argentina, latinoamericano, grande, no es un país insignificante, pero tampoco es un país de carácter sistémico en la economía internacional. La verdad es que estamos en un montón de foros internacionales y podemos hacernos escuchar la voz siempre, pero me parece que el diagnóstico del rol de Argentina también está fuera de contexto. Para varios líderes habrá parecido pintoresco, a otros los habrá desencajado su forma de hablar y sus comentarios fuera de protocolo. 

    Una de las tendencias que se ven en el escenario internacional es que hoy en día el sector privado tiene un peso notorio, y por eso un foro como el de Davos es importante. Vimos antes su poder en las discusiones sobre la reestructuración de la deuda. El país tiene que entender que no solo se mueve en relaciones con actores estatales, sino que hay un sector privado en distintas áreas que tiene tanto peso e iniciativa como ciertos países, pero eso no hace que Milei deba solamente enfocarse en los privados como unidades independientes y autosuficientes. Muchos de los desarrollos, como en el sector de los autos eléctricos, fueron impulsados por grandes agendas de desarrollo e inversiones estatales amplias. Un tipo como Elon Musk puede celebrar todo lo que quiera la libre iniciativa de las empresas, pero su crecimiento en distintos sectores ha sido facilitado por el Estado, así que veo también en esa celebración unilateral de los emprendedores contra el Estado contradicciones en su discurso. Yo creo que a Milei le faltó entender un poco a la audiencia de Davos, que está compuesta de ambos actores, de empresarios y representantes de los Estados. 

    CG: Conectando con esos otros foros, me parece interesante la relación que ya va esbozando Milei de un alineamiento con Estados Unidos e Israel, y en cambio un distanciamiento con Brasil y con China. ¿Cómo cree que esos cambios de prioridades impactan su presencia en un foro como el de los BRICS?

    El gobierno argentino ya anunció que ha rechazado la invitación a sumarse a los BRICS en una carta formal a los mandatarios de esos países, con lo cual en esta ocasión ya no hará parte de ese grupo clave de diplomacia paralela a las instituciones del norte global. Claramente, como dije antes, a un país como Argentina le sumaría estar en más foros de debate internacional, sobre todo los económicos. La participación en esos foros implica una gimnasia diplomática y de poder que es muy útil, pues puede incluso después repercutir en apoyos en distintos tipos de acuerdos logrados en cada foro.  

    En el gobierno de Alberto Fernández trabajamos mucho, por ejemplo en el G20. Muchos acuerdos que lográbamos tener en el G20 pedíamos trasladarlo al FMI o a Naciones Unidas. Todo ese trabajo personalizado en cada foro ayuda y va construyendo una relación con otros Estados, por lo que creo que es un error no sumarse, y también en ese distanciamiento creo que Milei parte de un diagnóstico equivocado, llevándole a sobrerreaccionar diplomáticamente. Incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos ha dicho que no le pediría a los países que no se sumen a los BRICS

    La reciente incorporación de Irán en el foro de los BRICS es lo que desató más claramente la oposición de Milei, y motivó su salida de la eventual incorporación más que un distanciamiento formal con China. Pero es un error, en todo caso, porque la Argentina tiene que mejorar las relaciones comerciales con los que son sus principales principales socios, Brasil y China.

    En el Mercosur hay que ver que pasa, porque aún no se han dado reuniones tan formales. Entiendo que la canciller, Diana Mondino, estuvo recientemente reunida con miembros de ese foro en el marco de las negociaciones alrededor de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Esto a pesar de que Milei había hablado el año pasado que al Mercosur había que eliminarlo porque era una unión aduanera defectuosa. Mondino ha matizado esas declaraciones y habla de “modernizar” Mercosur, y dice que la relación de los cuatro países miembros debe cambiar para reducir la cantidad de barreras aduaneras que hay entre los países. En otro frente, que es el de la OCDE, Argentina sí va a insistir en unirse a este organismo. La cuestión es si la OCDE va a aceptar su ingreso.

    Yo creo que Argentina no tendría que elegir su presencia en uno u otro foro, y podría estar en ambos. Pero ha sido una decisión política de Milei elegir entre los dos, en mi caso, pienso que obedeciendo a una sobrerreacción y a un lineamiento que no ha sido solicitado de manera tácita. Argentina no ha tenido que elegir antes entre China y Estados Unidos. 

    Tenemos de hecho muy buena relación con China históricamente a través del swap, que es el acuerdo de intercambio financiero que el gobierno chino tiene con el Banco Central, y que ha sido fundamental para las relaciones económicas del país. A su vez, el acuerdo con el Fondo Monetario también ha sido muy importante, de modo que eso muestra que podemos tener muy buenos acuerdos con Estados Unidos a la vez que no son incompatibles con las relaciones con China. 

    CG: ¿Puede elaborar un poco más sobre la relación de Argentina con China? ¿Cómo se han visto afectadas estas relaciones por las señales del gobierno de Milei de tener nuevos acercamientos a Taiwán? 

    mc: Argentina siempre se ha adherido al principio de una sola China. De la región, solamente Paraguay ha manifestado su reconocimiento a Taiwán como Estado independiente. Desde el 2012 han cambiado las relaciones entre Argentina y China, pues se han dado más inversiones en infraestructura. Sólo entre 2007 y 2020 Argentina ha recibido $10 mil millones en inversiones de compañías chinas, concentradas en energía, minería y el sector financiero. 

    Argentina históricamente ha tenido un muy buen vínculo con China. El stock comercial entre ambos países ha sido un elemento central, porque al ser nuestro segundo socio comercial, la posibilidad de tener una línea de crédito para los intercambios comerciales ha sido clave, pues ha permitido dejar de pasar por el dólar directamente en los intercambios de moneda, y por eso ese intercambio de stock creciente. Pero también China ha sido importante para suplementar nuestras reservas internacionales a través de la figura del swap. Además tenemos importantes obras de infraestructura hechas con China: los ferrocarriles, represas en Santa Cruz. Muchas de estas inversiones tienen que ver con la logística de las exportaciones, pero en general se dedican a temas de infraestructura. 

    Ya, de hecho, si uno ve donde está poniendo los principales intereses de China a lo largo del tiempo, vemos que ha reducido un poco el papel de Argentina en sus inversiones, aunque seguimos estando entre los tres principales recipientes de inversión extranjera directa en Latinoamérica. Entonces creo que este pivoteo de opinión respecto a China no ha funcionado bien, y claramente a Argentina no le resulta beneficioso perder ese mercado o al menos la amenaza de perder el mercado de China.

    CG: Sobre el caso de Brasil, el principal socio comercial, ¿cómo ve que se desarrollará esta relación estando los dos gobiernos tan enfrentados en sus posiciones políticas?

    mc: Brasil, como decía, es nuestro principal socio comercial. En el gobierno de Alberto Fernández, Argentina venía realizando mucho trabajo para sostener el Mercosur con el gobierno nacional, porque creíamos que era una instancia que había que modernizar y hacerla más eficiente, pero igual era clave resguardar esta alianza entre los países vecinos. Yo creo que ahora Lula va a ser el guardián de esa relación y el encargado de preservar la instancia del Mercosur, pues no creo que Lula quiera apostarle a crear otras instancias de institucionalidad regional. 

    Directamente con Brasil está obviamente el caso inverso cuando estuvo Bolsonaro en el poder.  En ese entonces no había una amistad, pero sí se mantuvieron muchas relaciones, y creo que dado que Brasil es un socio estratégico e histórico no podemos perder ese conocimiento de identidad mutua, de respeto y apoyo. Con otros países vecinos Milei ya ha mostrado que puede tener una actitud más confrontativa cuando están en posiciones políticas distintas. Por ejemplo, ya retiró los embajadores argentinos en Nicaragua, Cuba y Venezuela, y está peleando con Petro, por ahora en redes sociales.

    CG: Milei llegó en un momento internacional en el que sus homólogos ideológicos, como Donald Trump o Jair Bolsonaro ya no están en el poder. Cuando en América Latina hubo un bloque en el que convergían políticas de izquierda entre gobiernos como los de Venezuela, Argentina y Brasil, eso eventualmente devino en una institucionalidad regional, como Unasur, el Banco del Sur, etc. ¿Piensa que podría suceder algo semejante si Milei encuentra pares regionales que sean coherentes con sus políticas libertarias?

    mc: Yo no he visto trazos de que quiera realizar algo semejante a lo que existió en la llamada ola rosa. No quiere decir que no pueda existir eventualmente, pero yo lo que veo en el caso de una persona como Milei es un carácter anti-institucionalista, por lo que le quedará más difícil desarrollar una institucionalidad regional similar. Es más descreyente de todos estos ambientes multilaterales, como también era Trump y Bolsonaro, y por eso, lo que comparten es esa tendencia en diplomacia a salirse de distintos foros multilaterales. 

    A Milei le falta pragmatismo en sus relaciones bilaterales, aunque ha mostrado algo de realismo en algunos temas macroeconómicos. Veremos cómo se reacomodan algunos aspectos de la política internacional, pero veo que Argentina no tiene ni que quedarse en conflictos internacionales, ni sobre reaccionar ante estos. 

  6. Petro en la COP28

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    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó a la presidencia en julio de 2022 con un discurso ambientalista fuerte en contra de los hidrocarburos, el cual contrasta con la posición ambiental de otros líderes de izquierda de América Latina que llegaron al poder de la mano de los recursos de la economía extractiva. Ese acento crítico se vió en su participación en la Cumbre del Clima (COP28), que se celebra este año en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

    En esta Cumbre del Clima, que se realiza en el sexto país exportador de petróleo mas grande en el mundo, Colombia anunció que se adherirá al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, un mecanismo que existe desde 2019 y que, por ahora, es el primer país continental en vincularse a él, más allá de las islas del archipiélago del pacífico, que son las más vulnerables a los efectos del cambio climático. En su discurso ante los otros mandatarios de la Cumbre, Petro entrelazó las desigualdades del cambio climático y la guerra en Gaza. 

    La retórica de Petro en la COP28 ha indicado una agenda climática transformadora, pero ¿cómo se ha traducido esta retórica en las políticas ambientales y energéticas internas de Colombia? ¿Cuál es el papel del gobierno colombiano para influir en la política climática regional en América Latina?

    Manuel Rodríguez Becerra fue el primer ministro de Medio Ambiente de Colombia desde 1993 hasta 1996 bajo el presidente César Gaviria. Hizo parte de la Comisión Mundial de Bosques y fue cofundador del Foro Nacional Ambiental (1998), una alianza de organizaciones no gubernamentales interesada en promover debates y reflexiones alrededor de la protección del medioambiente y el desarrollo sostenible. Publicó recientemente el libro Presente y futuro del medio ambiente en Colombia (2023)Para esta entrevista hizo un análisis sobre el discurso de Petro en la COP28, y la participación de Colombia en foros globales, y políticas climáticas en América Latina que muchas veces son diferentes o contradictorias.

    Entrevista con Manuel Rodríguez Becerra

    Camilo Andrés garzón: Una de las apuestas grandes del gobierno de Colombia ante la COP 28 ha sido buscar que se acuerde globalmente un plan progresivo de eliminación de combustibles fósiles como uno de los consensos finales de ese foro. ¿Es realista pensar que logrará ese objetivo?

    Manuel rodríguez becerra: La idea de lograr un compromiso mayoritario para suspender la explotación de carbono, petróleo y gas en fechas determinadas no iba a suceder en esta COP. El presidente Petro, por razones políticas muy respetables, dijo que Colombia se adherirá al Tratado de no Proliferación de Combustibles Fósiles, un tratado promovido en 2019 por las islas que están en mayor riesgo en el Pacífico. Es el primer país continental que ingresa en ese tratado, pero eso no garantizará que este encuentre grandes consensos, porque los países desarrollados se han negado reiteradas veces a establecer fechas concretas para no explotar más combustibles fósiles. 

    Ya está el antecedente de que en la COP26 (2021) setenta y siete países se comprometieron a eliminar el uso y producción de carbón de forma gradual. El plan preveía que los países más desarrollados renunciaran al uso y producción de carbón para la década de 2030, y que los países más pobres lo hicieran en 2040. China e India propusieron esto, pero no es claro que realmente estos objetivos se vayan a cumplir, pues lo que muestran los datos es que el mundo va en la senda contraria. Son más los combustibles fósiles que se consumen hoy. 

    Esto lo muestra el informe “The production gap” (2023), publicado por el Instituto de Estocolmo para el Ambiente, que plantea la tesis de que los veinte gobiernos responsables de más del 80 por ciento de las emisiones globales planean producir más del doble de combustibles fósiles, para 2030, de lo que sería necesario si se quiere mantener el límite de 1.5 grados Celsius. Según ese estudio, el mundo no va en camino a producir menos hidrocarburos, sino más. Las proyecciones son de una producción de un 460 por ciento más de carbón, un 83 por ciento más de gas y un 29 por ciento más de petróleo en 2030. 

    Realmente, después de veintiocho COP realizadas entre 1994 y 2023, nunca ha habido un acuerdo formal para reducir el uso de combustibles fósiles en el mundo. 

    CAG: ¿Cómo interpreta el impacto y los contenidos del discurso de Petro ante el foro de presidentes de la COP28, en el que asemejó la situación humanitaria en Gaza con los desplazamientos por cambio climático que se darán en todo el mundo, y dijo que “Hitler está golpeando en las puertas de los hogares de la clase media europea y norteamericana y muchos ya lo han hecho entrar”?

    MRB: Petro tiene toda la razón en el tema de que en el futuro va a haber millones de migrantes por las consecuencias del cambio climático, eso es algo que hace bien en señalar y en lo que hay que seguir insistiendo porque es, correctamente, un desplazamiento que vendrá especialmente desde los países más vulnerables. No me parece, en cambio, tan acertado que esto lo combine con unas escenas sobre el sufrimiento en Gaza, pues es un problema muy diferente y con sus propias causas.  

    Del mismo modo, sus comparaciones del ascenso de la derecha en Europa y Estados Unidos tampoco cayeron bien en la Cancillería Alemana, por ejemplo, que protestó contra el discurso por “hacer comparaciones crudas con la era nazi, y así relativizar el Holocausto”, como dijo en un comunicado. Es interesante que el gobierno de Colombia, en el discurso que se produjo por escrito basado en la intervención que dio Petro, quitó esas alusiones que hizo el presidente a Hitler y a Gaza, con lo que creo que hay una falta de transparencia increíble. 

    Otro punto que dijo el presidente Petro en ese discurso es que logró bajar la deforestación en la Amazonía en un 70 por ciento con recursos propios, lo cual no es del todo cierto porque Colombia viene recibiendo recursos importantes de cooperación internacional desde Noruega, Gran Bretaña, y Alemania para este propósito. Pero, en general, para los donantes es una buena noticia que esos recursos que están dando sí se estén traduciendo en datos efectivos de reducción de la deforestación. 

    Ahora, por ahora es muy temprano para considerar esa reducción como definitiva, y sigue siendo coyuntural. Lo que necesitamos saber del plan de Gobierno es si realmente va a bajar la deforestación de forma sustantiva o no. Hay que recordar que en el periodo del presidente Iván Duque, su antecesor en el poder, el daño ambiental de los bosques bajó muy sustancialmente, pero para el año siguiente volvió a subir violentamente, por lo que celebrar la reducción en un año no es definitivo. Creo que los países donantes le hacen un seguimiento muy cuidadoso para que el gobierno pueda cumplir estas metas de manera duradera.   

    Cag: ¿Cómo evalúa el énfasis que le ha dado el gobierno de Gustavo Petro precisamente a esa reducción de la deforestación amazónica?

    MRB: Hace bien el Gobierno de Gustavo Petro en enfocar sus esfuerzos en debilitar la deforestación en la cuenca amazónica y en buscar una cooperación internacional activa para detener la deforestación en esta cuenca. No solamente en relación con el cambio climático, sino porque es la región con la mayor biodiversidad del mundo, por lo que tiene un gran significado proteger los bosques amazónicos y proteger las fuentes hídricas superficiales. 

    Otro gran anuncio que ha hecho Colombia es el de la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, que presentó la Estrategia Nacional de Restauración, la cual plantea la meta de restaurar más de 753 mil hectáreas al 2026 en el país, la más ambiciosa que se haya trazado algún Plan de Desarrollo. Es una meta ambiciosa, pues Colombia tenía una meta de restaurar un millón de hectáreas en esta década al 2030, y el gobierno Petro ha propuesto realizar 750 mil a 2026. El punto es si va a tener la capacidad para que el ministerio y las autoridades ambientales hagan ejecución de esas promesas. 

    Pero de todas maneras, uno podría decir que de llegar a cumplir esas dos metas en reducción de la deforestación y de restauración forestal, uno de los mayores legados de Petro sería en lo ambiental. Otro tema es que en el mismo discurso, el presidente Petro reiteró el tema de detener la explotación y exploración de gas y petróleo en el país, y eso en relación con la firma del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Pero muchos consideramos que es un gran problema suspender la exploración de combustibles fósiles en Colombia.

    Cag: ¿Por qué lo dice?

    MRB: En las regiones del mundo existen grandes diferencias sobre los factores que inciden en las emisiones de gases de efecto invernadero. Mientras que la agricultura, la silvicultura, y otros usos del suelo representan el 24 por ciento de las emisiones totales de gases de efecto invernadero del mundo, en América Latina representan más del 50 por ciento. En Colombia, la deforestación, la agricultura y la silvicultura representan el 59 por ciento de las emisiones de estos gases contaminantes. Por eso su prioridad para reducir las emisiones no debería estar necesariamente en la descarbonización de la economía, sino en detener la deforestación y transformar la actividad agropecuaria, aún cuando avanzar en la descarbonización sí sea importante. 

    Además, en Colombia, los combustibles fósiles representan un 3 por ciento del PIB, y suspender su exploración conllevaría a poner en riesgo el autoabastecimiento de gas y de petróleo del país, dos combustibles que todavía se consumirán en algún grado dentro de veinte o treinta años en el mundo. También significaría sacrificar sus exportaciones, pues estas equivalen al 40 por ciento en total. Es decir, implica un sacrificio significativo de puntos de crecimiento económico que son importantes para la solución de diversos problemas sociales. La política de suspender en Colombia la exploración de petróleo y gas no tiene ningún beneficio sustancial para el planeta, pues mientras haya demanda internacional la oferta que deje de hacer Colombia la suplirá otro país y sin acuerdos internacionales para reducir significativamente la explotación de combustibles fósiles.

    Cag: ¿Cómo juega o qué tan distintivo es como actor Petro frente a otros líderes de América Latina y cómo puede afectar esto la idea de una posición regional unificada en temas ambientales ante la COP28?

    MRB: Estamos en un contexto muy diverso. Mientras que Milei, de Argentina, niega el cambio climático, Lula, de Brasil, hace un equilibrio difícil entre el extractivismo y la defensa de los indígenas. Históricamente, en América Latina ha sido muy difícil tener una  posición regional. Las posiciones regionales se montan y se construyen antes de las COP, y aquí claramente no hay una. En ese sentido, la Unión Africana es un muy buen ejemplo sobre una posición de consenso frente a negociaciones de cambio climático. Pero la falta de unión en América Latina es muy grande, también sobre el tema amazónico. 

    Por ejemplo, Lula Da Silva se negó en la Cumbre Amazónica a considerar la propuesta de Petro de que Brasil suspendiera las exploraciones de petróleo en esa región, y dijo que iba a seguir usando carbón y gas o gas y petróleo en los próximos años. Y de hecho ha aumentado la exploración y explotación de estos. Humildemente tenemos que reconocer que quien tiene mayor peso en las negociaciones sobre todo el tema de la región amazónica es Lula Da Silva y Brasil.  

    Cag: ¿Cuál es su lectura, en general, sobre la utilidad de las COP para lograr consensos alrededor de metas globales para luchar contra el cambio climático?

    MRB: La Convención ha tenido poco éxito, para decir lo menos. En 1992 su meta fue disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en tal monto que hacia el año 2000 estas no superaran las del año 1990. Treinta años después de firmada la Convención en 1992, las emisiones se han incrementado en un 60 por ciento con respecto a 1990. 

    De acuerdo con cálculos basados en las actuales tendencias de emisiones, a junio de este año restaban tan solo ocho años y diez meses para alcanzar el límite de aumento de temperatura de 1,5 grados centígrados que se estableció en el Acuerdo de París, luego del cual se espera que los eventos climáticos extremos se intensifiquen aún más. 

    Uno de los argumentos es que si esas medidas no se hubieran tomado, el resultado actual sería peor. Pero ese no es el punto. El punto es que estos acuerdos estaban pensados para evitar eventos climáticos extremos que hoy, sin duda, ya estamos viviendo en todo el mundo, como las olas de calor en Europa de 2022 o las inundaciones en Colombia entre los años 2010-2011, por citar algunos.  

    Cag: Finalmente, ¿cuál es su lectura sobre a qué acuerdos se llegaron al finalizar las reuniones en el escenario de la COP28?

    MRB: Yo he participado en unas nueve COP, y además estuve en la legislación de la Convención de Cambio Climático. El único tratado que tuvo en cierto vigor y que estaba muy bien diseñado y con bastante fuerza jurídica fue el Protocolo de Kioto. Pero este colapsó en el año 2009 y en muy buena parte porque Estados Unidos, si bien fue un gran arquitecto de este protocolo, quedó sin ratificar en el gobierno de George Bush. A raíz del colapso del Protocolo de Kioto, se comienza a construir el Acuerdo de París, que se va a firmar en 2015. 

    Si uno mira de 2015 a hoy, pues no hay razón para ser optimista. Claramente las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado. Con las estimaciones de explotaciones de fósiles que están en marcha, el umbral de 1.5 grados centígrados tiene una altísima probabilidad de que se traspase antes de finalizar el siglo, etc. Entonces, claro, no se ve que haya una actitud por parte de los países desarrollados. Hacen los acuerdos, pero no los cumplen. 

    Entonces, claro, en esta COP se va a celebrar como un logro que se le puso plata al Fondo de Compensación y Daños, pero ese fondo ya se había creado desde la COP27. Este tipo de anuncios generan esperanza y se presentan como logros, pero el problema con todo esto es la implementación. Por ejemplo, en Copenhague, en 2009, los países desarrollados se comprometieron a aportar 100 mil millones de dólares al año a partir de 2009 para mitigación y adaptación. Ya han pasado 13 años y nunca se cumplió esa meta. Además, es un valor insuficiente. Por decir algo, los africanos estiman que ellos necesitarían montos para mitigación y adaptación del orden de 700 mil millones de dólares de recursos concesionales, o sea, siete veces ese monto. 

    La pregunta es, si no están cumpliendo adecuadamente con el Fondo de Mitigación y Adaptación, ¿por qué van a cumplir con este de Pérdidas y Daños que lanzarán como uno de los triunfos de esta reunión?

  7. La Argentina de Milei

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    El 10 de diciembre Javier Milei fue jurado como presidente de Argentina, fecha que también marca el 40 aniversario de la redemocratización del país. Milei—economista de extrema derecha que se autodenomina “anarcocapitalista,” negacionista de la dictadura militar y fan declarado de Trump y Bolsonaro—ganó las elecciones argentinas en la segunda vuelta con casi el 56 por ciento de los votos, después de una campaña marcada por la promesa de dolarizar la economía y recortar el gasto público. El perdedor fue Sergio Massa, actual Ministro de Economía y representante del bloque peronista. 

    Tres coaliciones políticas se encontraban al centro del proceso electoral de este año: La Libertad Avanza, bloque de extrema derecha cuyo único candidato fue Javier Milei; Juntos por El Cambio, coalición de la derecha liberal encabezada por el expresidente Mauricio Macri, en donde se postularon durante las primarias Horacio Rodríguez Larreta, actual intendente de Buenos Aires, y Patricia Bullrich, diputada y exministra de Macri; y Unión por La Patria, en la que Sergio Massa, actual ministro de Economía, compitió en las primarias contra Juan Grabois, militante y líder político que representaba un ala más de izquierda dentro del bloque, integrado también por el actual presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. 

    En la primera vuelta compitieron Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich.1 Milei y Massa pasaron a la segunda ronda. Bullrich y el expresidente Macri declararon su apoyo a Milei. Massa se concentró en asegurar el apoyo de la izquierda en un sentido amplio y, en particular, de las fuerzas que integraban su bloque político, especialmente el peronismo y el kirchnerismo.2

    Con la victoria de Milei y la consecuente derrota de la coalición peronista-kirchnerista, los apoyos políticos comenzaron a ser reclamados. La dolarización, principal propuesta de Milei durante la campaña, ya se volvió improbable debido al nombramiento de Luis Caputo, nombre vinculado a Macri, como Ministro de Economía—cargo que también ocupó durante la gestión del expresidente. No obstante, el futuro económico y político se caracteriza por la incertidumbre.  

    Mercedes D’Alessandro es Doctora en Economía por la Universidad de Buenos Aires y referente de la economía feminista en América Latina. Fue la primera Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía de Argentina (2020-2022), y la responsable de la implementación del primer Presupuesto Nacional con Enfoque de Género del país, una herramienta de innovación pública.3 Contribuyó a la puesta en marcha de políticas económicas sin precedentes en Argentina para reducir los efectos negativos de la pandemia en las clases trabajadoras de bajos ingresos.4

    En la siguiente entrevista, D’Alessandro discute la crisis económica y política, las posibilidades para el gobierno de Milei, y el futuro del peronismo.

    Entrevista con Mercedes D’Alessandro

    maria fernanda sikorski: Javier Milei ganó la segunda vuelta de las elecciones argentinas con más de once puntos de diferencia en relación a Sergio Massa y la participación de los votantes fue la segunda más baja en las últimas cuatro décadas: sólo 76 por ciento. El candidato peronista ganó sólo en tres provincias de las veinticuatro jurisdicciones del país e incluso en la provincia de Buenos Aires, el bastión del peronismo, Massa ganó por una diferencia muy estrecha: 50.73 por ciento de los votos contra 49.26 por ciento de Milei. Los resultados, pero también la ausencia de gran parte del electorado revelan cuán profundamente insatisfechos están los argentinos con el gobierno actual, especialmente en lo que tiene que ver con la economía. 

    ¿Cuál es su análisis de la situación que llevó a este nivel de insatisfacción y de la conducción de la política económica por parte del gobierno de Alberto Fernández hasta ahora?

    Mercedes D’Alessandro: Quedó en evidencia que no tuvo los resultados esperados. Hubo una serie de shocks externos que sucedieron durante la gestión, como la pandemia, la guerra entre Ucrania y Rusia (y su impacto sobre los precios internacionales) y, en Argentina, una sequía histórica que contrajo el saldo exportador y el PIB en niveles inéditos. Lo cierto es que no se puede pensar la economía sin esta secuencia, pero tampoco sirve justificarse: no se tomaron las medidas necesarias para contener los efectos de esta situación. Cuando hay crisis y no hay contención, no hay una mirada del Estado en términos redistributivos, se tiende a amplificar la desigualdad, ampliar el descontento social. Creo que es evidente que el equipo económico no estuvo a la altura de las necesidades de Argentina, y tampoco la conducción política, que son dos cosas muy pegadas. Hubo muchas diferencias en el gobierno. Hay al menos tres grupos que conforman el Frente de Todos (Unión por la Patria) que son el Kirchnerismo y La Cámpora, por un lado; Massa con el Frente Renovador y los apoyos que logró condensar en el último tiempo; y el Presidente y sus apoyos. No hubo acuerdo entre estos grupos durante gran parte del período de gobierno, hubo muchas idas y vueltas o acciones que no se llevaron adelante, y eso también fue parte del descontento social.

    MFS: ¿Cómo calificaría esta crisis política interna en la coalición entre Fernández, Cristina y Massa?

    MDA: Es una crisis de liderazgo político. En los últimos meses, parecía que Massa era quien lideraba el proceso. Pero esto sucedió más tarde, cuando se convierte en candidato y empieza a tener un rol más protagónico. En el período anterior hay una crisis interna (y abierta) dentro del Frente. Desde las elecciones de medio término de hace 2 años hasta ahora se expresaron desacuerdos gigantescos, donde el Presidente y la Vicepresidenta no se hablaron durante mucho tiempo y donde se pedían renuncias de ministros, se iba uno y venía otro, no se sabía bien cuál era el horizonte. 

    Mientras tanto, la nación viene saliendo de cuatro años del Macrismo que fueron malos en términos económicos y terminaron con el endeudamiento récord de Argentina con el FMI.Hace mucho tiempo que el pueblo argentino tiene dificultad para llegar a fin de mes, para planificar su vida, y se perdió la posibilidad de soñar con un ascenso social, una mejor calidad de vida. Los jóvenes tienen muchas ilusiones ya frustradas, entonces creo que son problemas económicos, políticos y también la falta de un horizonte.

    MFS: ¿Y cómo respondió la candidatura de Milei a esto?

    MDA: Creo que Milei pudo construir un horizonte y proponer algo, aunque ese horizonte no sea el ideal desde nuestra perspectiva. Por ejemplo, la promesa de la dolarización de la economía apela a una fantasía de que se pueden resolver los problemas que afectan  nuestro día a día: no tenemos plata, no llegamos al fin de mes y la inflación es muy alta—este año de más de 140 por ciento. Creo también que el rechazo a la casta, entendida como los políticos enriquecidos y alejados del mundo que mientras vos estás cerrado en tu casa sufriendo durante la pandemia ellos hacen una fiesta. Como la mujer del Presidente, que mientras se moría tu abuelita, ellos tenían vacunatorio VIP para sus amigos; mientras viajas en un tren apretado a las 6 de la mañana, ellos usan helicópteros y tienen choferes.

    Yo mismo he dicho en entrevistas, a mí también me molestan estas élites con este tal comportamiento pero no por una cuestión moral solamente, sino porque creo que se separan mucho de lo que pasa en la vida cotidiana de las personas, no muestran empatía con sus problemas. Entonces se pierden en peleas palaciegas y políticas desacertadas. Entonces Milei tiene dos cosas con las que logró empatizar, la fantasía de una economía que funcione y el resentimiento hacia los políticos, la casta.

    MFS: Bueno, ahora le toca gobernar. Ya en la semana posterior al domingo de las elecciones, los argentinos amanecieron con un aumento del 25 por ciento en los precios de los alimentos y 30 por ciento en los productos de limpieza en los comercios mayoristas. ¿Cómo pueden ser afectados los argentinos por las propuestas de la dolarización, la reducción del gasto público y del rol del Estado en la protección social? 

    MDA: El 22 de noviembre, Milei concedió dos entrevistas en las que dijo que hay un riesgo muy alto de hiperinflación y para que eso no suceda hay que hacer un ajuste rápido y profundo en el Estado. 

    Este ajuste significa parar más de 2000 obras públicas en el país. Dijo que vamos a proceder a la privatización de algunas empresas en las que el Estado tiene participación y también los medios públicos. Dijo que va a hacer recortes en el Estado, sobre todo en la casta, los cargos altos, que va a sacar toda la estructura de chofer y seguridad a nadie que no lo necesite explícitamente, etc. Pero además, dijo que si no le dan la posibilidad de hacer todo esto vamos a tener hiperinflación y la mayoría del país caerá en pobreza. 

    Lo que pienso es que aún si Milei pudiera hacer todo esto que se plantea, vamos hacia una crisis muy profunda. No hay manera que con las medidas que propone no entremos en una recesión muy grande, una recesión que, por ahora, no tiene prevista ninguna medida de contención, sobre todo para los sectores más pobres. Una recesión sólo aumentará la pobreza.

    En todas las medidas que toma no menciona ni una sola que diga cómo va a contener el efecto en los trabajadores despedidos de las obras públicas, del Estado, en los precios que ya aumentaron. Ya hay un montón de gente que es más pobre hoy y mañana va a ser más pobre todavía. Y entonces llegó a la pregunta: ¿va a tener gobernabilidad para llevar adelante estas cuestiones? ¿Qué apoyo va a tener de las provincias, de las intendencias, en el congreso? 

    MFS: Respecto a la formación del Congreso, en la Cámara de Diputados, el partido de Massa, Unión por La Patria, tiene 109 representantes contra noventa y tres de Juntos por El Cambio, de Macri y Bullrich, y treinta y ocho de La Libertad Avanza, de Milei. Eso significa que los liberales son la mayoría en la cámara. En el Senado, Unión por La Patria tiene treinta y cuatro representantes, contra veinticuatro de Juntos por El Cambio y ocho de La Libertad Avanza. Los peronistas tienen una ajustada mayoría de representantes, sólo dos más que los liberales. ¿Qué podría significar esto? 

    MDA: Puesto así, los liberales son mayoría pero todavía no sabemos cómo se van a agrupar porque Juntos por El Cambio hoy está en crisis, la coalición tenía varios grupos y hoy solamente una porción de la Propuesta Republicana (PRO) apoyó a Milei. Entonces no sé si esto va a seguir siendo un bloque homogéneo. Y dentro del peronismo también, por ejemplo Florencio Randazzo, que fue ministro de Cristina Fernández de Kirchner en su momento, parece que va a jugar para Milei, es decir, este escenario que hoy vemos así pintado amarillo y celeste, yo esperaría ver como realmente se posiciona. Creo que va a depender de los primeros pasos del gobierno y como cada uno esté previendo el avance. Y obviamente el kirchnerismo más duro va a tener que oponer resistencia y defender las banderas históricas, no entregarlas tan fácilmente.

    MFS: ¿Y las otras fuerzas políticas que puedan ofrecer resistencia?

    MDA: Está también la calle. Por un lado hay que ver las cuestiones institucionales y por otro cómo va a reaccionar la gente. Mucha gente sólo lo votó porque no dio más con la inflación, con su situación de vida, su sobreocupación sin poder llegar a fin de mes. En el verano en Argentina va a hacer mucho calor y va a haber cortes de energía, van a cambiar los ánimos, vamos a tener más desempleo y pobreza. Hay que ver como las calles resisten a esto. Uno de los que sueña con unirse a su equipo, Benegas Lynch, dijo que se revocaría la ley de aborto por ejemplo. ¿Va Milei a disponerse a tener 500 mil mujeres en la calle peleando por el aborto? ¿Va Milei a disponerse a tener cortadas las calles donde están los medios públicos? ¿Avanzarán con el juicio contra Cristina? ¿Va a abrir muchas batallas? Quizás le conviene hacerlo, distraer, dispersarnos en las luchas de resistir a distintas cosas mientras se privatiza el YPF (empresa argentina​ de energía en la que Estado argentino posee la mayoría), por ejemplo.

    También me queda una duda acerca de su equipo, de cómo se va a conformar. Macri quiere poner fichas propias, no tienen las mismas ideas. Entonces ¿Va Milei a continuar con los discursos de su campaña o va a moderarlos? Y la pregunta es, también, si va a poder implementarlos, porque decir “voy a frenar todas las obras públicas”, no es tan fácil de hacer esto, hay leyes que tienen que pasar por el Congreso.

    Llevar adelante sus políticas puede generar una crisis sin precedentes. Los escenarios son malos en general. Entiendo que todo esto lo diga una economista que es contraria a la agenda de Milei y que además fue funcionaria del Estado suena mal. No es que yo quiera ser apocalíptica, pero tenemos experiencias históricas en nuestro país y en Latinoamérica demuestran que estos programas económicos no dan un resultado positivo y nos hacen retroceder en muchos planos, desde lo productivo a lo simbólico y cultural.

    MFS: También quiero preguntarte sobre los partidos políticos y los movimientos sociales. El peronismo fue trágicamente derrotado en estas elecciones. ¿Qué significa la victoria de Milei en términos de lucha social y política partidista en Argentina? ¿Qué significa para el futuro del peronismo?

    MDA: Sí, el peronismo vivió una derrota muy grande, pero también Juntos por El Cambio, entonces creo que la cuestión es más amplia que mirar solo al peronismo. Fracasaron los dos partidos en dar respuestas y fueran rechazados en las urnas, y creo que no se perdió por más diferencia porque realmente muchos sectores que en otro contexto votaban blanco, como la izquierda más tradicional, acompañaron a Massa, por el miedo del riesgo democratico que suponen a Milei y sobre todo Villarruel.5 

    Pero creo que dentro del peronismo ya existía ese problema de liderazgo, las urnas terminaron de mostrar que la crisis de liderazgo fue total. Cristina tampoco venía haciendo un gran rol, no lograba resolver las cosas con el Presidente, ni con otros sectores del Frente de Todos, aún cuando gran parte de su organización política ocupaba lugares importantísimos, como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), YPF, el Ministerio del Interior, entre otros, todos lugares centrales en la toma de decisiones, y ella misma en el Senado. De todos modos, el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, que sucedió el año pasado, fue un momento que transformó toda la escena y terminó de opacar esa figura de conducción.

    Creo que va a tener que pasar un poco de agua bajo el puente para ver cómo se configuran nuevos liderazgos y conducción política. Massa, de hecho, es un nombre joven con una carrera política muy larga e intensa, pero también lo es Axel Kicillof.6 Juan Grabois tuvo una batalla importante en las primarias de Unión por la Patria, expresando un sector que estaba disconforme con que Massa fuera candidato, y hay también que mirar las provincias donde se han consolidado líderes y gestiones interesantes. Creo que ahí se viene una época que a mí me interesa ver cómo la vamos a procesar y ojalá sea de una manera inteligente y creativa.

    MFS: ¿Puedes hablar un poco más sobre la crisis interna del gobierno y la relación con el resultado electoral?

    MDA: Para mí es un gran tema que este gobierno no tuvo épica, no tuvo una narrativa. Cuando decía que Milei pudo poner un horizonte, es porque al peronismo le faltó horizonte. Intentó sostener sus bastiones clásicos pero los vació de contenido. Cuando por ejemplo en la pandemia no se abrían las escuelas, era necesario darle una contención narrativa a esto, además de soporte. Había mucho sufrimiento de los chicos, de las madres y de las maestras, había que explicarles más y mejor por qué estamos haciendo esto. Perdimos en ese momento la bandera de la educación.

    También hablamos mucho de democracia, y se cumplen cuarenta años de la democracia en Argentina en el 10 de diciembre, el día en que asume Milei junto a Villarruel, una dupla que niega nuestros 30 mil desaparecidos en la dictadura militar. Pero mirando hacia este lado, creo que la democracia en Argentina perdió la representatividad. Se convirtió en una democracia elitista en donde no hay mujeres, no hay sectores populares. En nuestro gobierno, las mujeres tuvimos los roles que conquistamos nosotras mismas, como la paridad para ingresar en las listas electivas, y así avanzar en el Congreso. Sin embargo, aún hay varias posiciones de poder, incluso en el gabinete ejecutivo y la corte suprema de justicia, en donde los varones dominan. Entonces no es una democracia en la que estemos todos. Hay muy pocos jóvenes en la política.

    MFS: ¿Tiene Milei una base electoral sólida o su elección parece más bien una elección desesperada por una alternativa al gobierno actual o a la “política tradicional”?

    MDA: Por supuesto dentro de los votantes de Milei hay personas que están radicalizadas en la derecha, que tienen odio al Estado, que están a favor de mayor control y represión, que incluso son negacionistas de la dictadura militar en Argentina, que están en contra de los derechos de las mujeres y de las minorías. Pero no creo que este grupo sea mayoritario entre los votantes de Milei, sino que lo veo más como una expresión de la necesidad de rechazar a la casta política y la fantasía de mejorar las condiciones de vida y querer un cambio. 

    Esta es la segunda elección a la que se presenta Milei y se duplicó casi su base votante. Además, pierden los dos partidos que gobernaron en los últimos ocho años. Milei tampoco tiene mucha representación territorial, en las provincias, pero tenía una estrategia muy fuerte de redes sociales. Los jóvenes votaron masivamente por Milei y lo conocen por Tik-Tok. De alguna manera es un hombre que no tiene estructura política, o al menos no tiene la estructura política clásica, la tradicional. Obviamente ahora tiene la oportunidad de armar una fuerza, hoy tiene la oportunidad de que esta fuerza encuentre un espacio para crecer pero eso va a depender de cómo va a poder gobernar, de cuanto va a poder gobernar.

    MFS: ¿Cómo puede organizarse la izquierda a partir de ahora?

    MDA: Va a haber una crisis muy difícil en Argentina en que el Estado va a terminar mucho más chico y la sociedad va a terminar con un tejido social más roto, entonces cómo nos reagrupamos va a depender también de lo que podamos proyectar. Si nuestro proyecto es remontarnos hace 20 años, no sé si a la gente le atrae el pasado. El gran desafío que enfrenta hoy el peronismo es si quiere volverse mejor, si quiere poder mirar hacia adelante y hacer una oferta que entienda el presente y construya el futuro. Eso no significa ser una tábula rasa, hay que aprender del pasado, sin negarlo, pero también hay que tener en mente que gran parte de los votantes de Milei son jóvenes, y a los jóvenes no les estamos respondiendo porque no los estamos escuchando siquiera. Hay que empezar a dialogar con ellos. 

    No creo que haya una derechización de la sociedad argentina, creo que si hay una derecha que se expresa en todo el mundo con gran fuerza, pero creo que este núcleo duro de los votantes de Milei son muchas cosas, no es solamente esta derecha. América Latina está llena de estas expresiones, hemos tenido un golpe de estado en Bolivia, pasaron Bolsonaro en Brasil, Kast en Chile, y Rodolfo Hernández en Colombia. Creo que hoy la derecha está logrando capitalizar la frustración de gobiernos que no han podido satisfacer necesidades y generar un camino hacia adelante durante mucho tiempo. Para mí no es solo derecha o izquierda porque si no, no se explica que estén ahora Petro, Lula y Boric, por ejemplo. También está la cuestión de la pandemia, que expulsó a la mayoría de los oficialismos, la necesidad de cambio, la búsqueda de un “outsider” que represente algo distinto.

    MFS: El resultado aún es muy reciente, pero ¿qué cree que significa la victoria de Milei considerando la integración regional, y cómo sus declaraciones ofensivas hacia los líderes progresistas afectan las relaciones exteriores y comerciales de Argentina?

    MDA: Con respecto al comercio internacional habrá que ver, porque una cosa es lo que dicen y después lo que hacen. Argentina tuvo relaciones diplomáticas buenas con Brasil, con el gobierno Bolsonaro, hay cosas que son de diplomacia que van más allá de un comentario efusivo. Ahora, sí creo que hay un realineamiento y que Milei tiene mucha más empatía por los Estados Unidos que por cualquier país que sea tildado de progresista, entonces vamos a tener que esperar para ver cómo serán estas relaciones, pero no es tan fácil romper relaciones comerciales con China o con Brasil, porque son socios comerciales importantísimos de Argentina.

    Y con respecto a las luchas feministas, yo estoy preocupada. Algunos compañeros dentro del peronismo piensan que se perdió porque nos pasamos de progresistas, pero creo que hay un problema mucho más estructural que esto, y que incluso muchas de estas agendas son las que permean la juventud y son las que nos traen muchos votos y mucha militancia.

    El feminismo ha sido fundamental para el peronismo con Alberto y Cristina. Alberto tuvo una campaña abiertamente feminista y el voto de las mujeres en la primera vuelta inclinó la lideranza de Sergio Massa. Pero tanto Milei cuanto su Vice, Villarruel, tienen un discurso muy antifeminista, muy misógino, están en contra el aborto legal, el matrimonio igualitario, y esto hace que también ocurran más manifestaciones de odio con respecto a estos temas. Creo que vamos a necesitar, nosotras, las feministas, mucho apoyo de las redes internacionales que hemos construido.

    Argentina es el país de Ni Una Menos7, es el país de la marea verde, y esto hoy puede estar corriendo riesgo, vamos a estar muy expuestas, incluso en el día a día. Las instituciones y políticas que armamos de género se van a cerrar o vaciar, todo el trabajo que pudimos hacer este tiempo a nivel nacional retrocede, se cierra la dirección de economía e igualdad de género que yo ayude a crear. Se cierra el Ministerio de las Mujeres, se cierran las oficinas de género en todas las dependencias del Estado nacional. 

    Además, sabemos que las crisis económicas afectan más a las mujeres, por su precaria inserción en el mercado laboral. Por esto mismo, creo que el proyecto de futuro tiene que incluir a las mujeres, a la militancia por el cambio climático, a la juventud y a la economía popular. Todos los ejes hoy desplazados por una agenda de derecha que se instaló en el debate público y nos ganó espacios.

  8. Definiendo la “Bidenomics”

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    Ha llegado una nueva política industrial estadounidense conocida como la «Bidenomics», que consiste en la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), la Ley de Infraestructura, Inversión y Empleo, y la Ley CHIPS y de Ciencia. Los objetivos declarados de  Bidenomics es impulsar una transición hacia la energía verde para enfrentar el cambio climático, revivir la manufactura estadounidense y la densidad sindical, y controlar el poder económico y militar de China. El presidente Biden ha descrito esta agenda económica como una «ruptura fundamental con la teoría económica que le ha fallado a la clase media de Estados Unidos durante décadas, la economía del derrame» (En referencia a la teoría económica que propone reducir los impuestos a las empresas y los ricos para estimular la inversión empresarial). El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, la criticó «un conjunto de ideas que defendió la reducción de impuestos y la desregulación, la privatización sobre la acción pública y la liberalización del comercio como un fin en sí mismo», una idea sintetizada en la creencia de «que los mercados siempre asignan capital de manera productiva y eficiente». La administración de Biden, en otras palabras, ha rechazado explícitamente el neoliberalismo, al menos en el nivel de la retórica. 

    Está emergiendo un nuevo contexto para la lucha política y económica, pero muchas preguntas aún permanecen. ¿La Bidenomics realmente ayudará a lograr los objetivos críticos de revivir el poder de la clase trabajadora y enfrentar el cambio climático? ¿Hasta qué punto este nuevo paradigma político-económico señala un rompimiento drástico con el neoliberalismo? ¿Qué tan vinculada está la Bidenomics con las preocupaciones políticas de Estados Unidos sobre un dominio Chino y la amenaza de una «Nueva Guerra Fría»? Finalmente, ¿dónde dejan al Sur Global estas políticas?

    En la siguiente conversación, Daniel Denvir entrevista a Daniela Gabor, Ted Fertik y Tim Sahay. Daniela Gabor es profesora de economía en la Universidad del Oeste de Inglaterra (Bristol). Estudia desarrollo y deuda con un enfoque crítico de macrofinanzas e investiga el estado capitalista del desriesgo. Ted Fertik es historiador y estratega en el Partido de las Familias Trabajadoras. Tim Sahay es el coeditor de “The Polycrisis”, enfocado en la economía política doméstica e internacional del clima. Escucha la discusión en “The Dig” aquí. La transcripción ha sido editada por razones de longitud y claridad, y es co-publicada con la Revista Jacobin.

    Una conversación con Ted Fertik, Daniela Gabor y Tim Sahay

    Daniel denvir: Primeramente acuñado por observadores externos, «Bidenomics» es un término ahora adoptado por la administración de Biden. ¿Qué es Bidenomics y qué tiene que ver con la política industrial?

    Ted fertik: Desde la perspectiva de la administración, la Bidenomics tiene tres aspectos clave. Primero, hay un aspecto distributivo, sobre la construcción de la economía «desde abajo hacia arriba y desde el centro hacia afuera», que es un rechazo explícito de la economía del derrame. Segundo, hay un aspecto de política industrial sectorial. Tercero, hay un énfasis en la política basada en el sitio, tanto en un sentido global como local, con mucha preocupación por las comunidades que han soportado el peso de la desindustrialización.

    La Bidenomics es una nueva mezcla de políticas legislativas y macroeconómicas, desarrollada por élites del Partido Demócrata para contener la amenaza del trumpismo. Es su respuesta a la pregunta que los socialdemócratas se están haciendo en todo el mundo: ¿Por qué el centro no puede sostenerse? Su diagnóstico es que la polarización económica y política fue creada por el régimen político neoliberal de «el ganador se lleva todo», con baja inversión y bajo crecimiento. La brecha entre aquellos con y sin títulos universitarios se amplió (ese es el componente de clase) junto con la brecha entre los «Super Zips» y las áreas suburbanas y rurales (ese es el elemento de sitio), lo que ha creado la  inestabilidad política conocida.

    Quieren revertir estas tendencias mediante la búsqueda de una agenda legislativa de inversión para restaurar el crecimiento generalizado. Al retomar el control del Congreso, llevaron a cabo un programa fiscal grande para poner dinero en los bolsillos de las personas y aumentar la suma total de la inversión pública y privada. También, la Bidenomics tiene un componente macroeconómico de mantener un mercado laboral activo con la Reserva Federal apuntando al pleno empleo y arriesgando una inflación por encima del objetivo del 2%. Al juntarse, crearon una economía de alta presión que genera movilidad ascendente para las personas al final de la cola laboral. Las brechas entre las tasas de desempleo negro-blanco y el crecimiento salarial para aquellos con y sin títulos universitarios se han reducido drásticamente.

    ¿Cómo se diseñan paquetes de gasto con esos objetivos de reversión de desigualdades de clase, sitio y raza? Estas disposiciones políticas incluyen requisitos de «compra estadounidense» y «fabricación en Estados Unidos», subsidios para fabricantes, garantías de préstamos federales para proyectos verdes, incentivos basados en el lugar e I+D pública para impulsar el crecimiento futuro. Incluyen llenar el terriblemente irregular sistema de bienestar a través de créditos fiscales por ingresos obtenidos, seguro de desempleo y expansión de SNAP (El programa de Asistencia Nutricional Suplementaria). Estos se han emparejado con disposiciones pro-laborales que buscan aumentar la densidad sindical y crear empleos para aquellos sin educación universitaria.

    ¿Cómo se paga? ¿Se colectan impuestos o se toman préstamos? Aquí la elección fue hacer que los proyectos de ley fueran “pagados» mediante impuestos progresivos a los ricos y cerrando lagunas fiscales de las empresas Fortune 500. Este componente de la Bidenomics no debe ser olvidado. Las diferentes facciones del partido Demócrata, los progresistas y los centristas amigables con Wall Street y Silicon Valley, tuvieron un enfrentamiento en el Congreso sobre los impuestos. Eso redujo el tamaño de los paquetes de gasto, dejando atrás sectores enteros de las prioridades de la bancada Demócrata, como el cuidado infantil, el prekínder, las escuelas, la vivienda y el transporte público. Hay que recordar que la Bidenomics ha sido enormemente disputada y moldeada por las escasas mayorías en el Congreso que intenta mantener.

    DD: Hay tres aspectos legislativos clave para Bidenomics: la Ley de Infraestructura de 2021 y la Ley CHIPS y de Ciencia de 2022, y la Ley de Reducción de la Inflación (IRA). ¿Qué pretende hacer este conjunto de legislaciones? ¿Cómo busca expandir la capacidad productiva en sectores particulares para impulsar la transición hacia la energía verde? ¿Y cómo encajan las tres piezas de legislación? ¿Se puede decir, como lo hacen Lachlan Carey y Jun Ukita Shepard, que CHIPS es el cerebro, Infraestructura es la columna vertebral y IRA es el motor? ¿Es realmente coherente esta apuesta?

    TS: Esa es una buena metáfora. Aunque no creo que la Casa Blanca de Biden y los senadores Schumer y la presidenta Pelosi hayan tomado una decisión activa de dividir los proyectos de ley, eso les fue impuesto en las negociaciones con los moderados. Sin duda hay una coherencia. La Ley CHIPS y de Ciencia es el «cerebro», porque está destinada a mejorar la investigación y el desarrollo, y vierte dinero en toda la sopa de letras de la ciencia estadounidense: tecnología, medicina, biotecnología y todas las agencias de I+D. Además, esas agencias tienen sus propios institutos de investigación, como los Institutos Nacionales de Salud, que están distribuidos por todo el país, no solo ubicados en los conglomerados de alta tecnología alrededor de Cambridge, Massachusetts o Silicon Valley. Por lo tanto, ayudarían a revertir la polarización al llevar innovación y productividad a otros conglomerados en todo el país. 

    En cuanto a la infraestructura, la Ley de Inversión y Empleo es la «columna vertebral» en el sentido de que está destinada a crear la red y la banda ancha rural. Por ejemplo, se han canalizado $60 o $70 mil millones para modernizar la red eléctrica, que en la actualidad no puede manejar la enorme cantidad de energía renovable que necesita ser instalada. La IRA es un «motor» en el sentido de que comprende un enorme arsenal de finanzas públicas para préstamos, subvenciones y créditos fiscales que desarrollan este sistema de energía renovable mientras impulsan el crecimiento manufacturero. Pero legislativamente tienen lógicas diferentes. CHIPS y la ley de infraestructura son bipartidistas, con 14 votos de senadores republicanos, mientras que IRA es exclusivamente de los demócratas. Los proyectos de ley fueron divididos en contra del deseo de los progresistas en el Congreso que perdieron influencia en ese compromiso.

    TF: Aunque quizás se ha enfatizado menos en debates recientes, los portavoces de Biden dirían que el Plan de Rescate Estadounidense (ARPA), que se aprobó con una votación puramente partidista en marzo de 2021, sirve como el cuarto proyecto de Bidenomics. Se basa en la idea de impulsar la economía, utilizando el poder fiscal bruto para aumentar la demanda agregada. También incluyó programas como el Crédito Tributario por Hijos ampliado, que apunta hacia la aspiración de la Bidenomics de hacer cambios estructurales en el estado de bienestar de Estados Unidos, aunque estos fueron eliminados de lo que, en últimas, se convirtió en la IRA.

    La coherencia de estos proyectos se puede encontrar al entender el conjunto de problemas que se supone que abordan. En una charla anterior que Tim y yo dimos, lo presentamos como un triángulo: lo que significa el ascenso de China para la economía de los Estados Unidos y su «liderazgo global», la cuestión del sistema político estadounidense y las preguntas entrelazadas de desigualdad y populismo, y por último, el clima. Todos estos tres términos interactúan de formas importantes.

    DD: Daniela, has argumentado que estas medidas son fundamentalmente defectuosas ya que priorizan una forma estrecha de intervención gubernamental, a saber, la reducción del riesgo de la inversión privada. ¿Qué es la «reducción del riesgo» y por qué no logra llevarnos a donde necesitamos estar en términos de alcanzar cero emisiones y otros objetivos relacionados como aumentar la densidad sindical y elevar los salarios de los trabajadores?

    DG: Permíteme retroceder un paso desde la reducción del riesgo y explicar cómo pienso en la Bidenomics como alguien que está por fuera del proceso político interno de los Estados Unidos. En primer lugar, ¿qué reemplaza? Reemplaza una falta de voluntad política para abordar preguntas relacionadas con el clima, el empleo y los derechos de los trabajadores. En segundo lugar, ¿qué ofrece como reemplazo? Algún tipo de intervención estatal aumentada en estos temas.

    A medida que «trae de vuelta al Estado», ¿Qué tipo de relación entre el Estado y el capital establece la Bidenomics? Yo describo esta relación como «reducción del riesgo», aunque no es un término que yo haya creado, sino uno que ha sido utilizado, especialmente por la financiación privada para conceptualizar el papel del Estado en movilizar capital privado para la transición energética en el sur global: cambiar los perfiles de riesgo-recompensa para hacer las inversiones más atractivas para la financiación privada.

    Para ponerlo en palabras de la administración Biden, se trata de «atraer» la inversión privada. La lógica básica del enfoque es sobornar al capital privado para que cumpla con ciertas prioridades políticas que de otro modo se considerarían inalcanzables. Está limitado por el hecho de que aún vivimos bajo una arquitectura de formulación de políticas macroeconómicas que pone a los bancos centrales independientes al mando y subordina la política fiscal a la prioridad de atacar la inflación.

    En mi opinión, la reducción del riesgo es un lente conceptual para pensar en la relación entre el Estado y el capital privado que se crea a través del retorno del Estado en la política climática. Este enfoque de desactivación del riesgo es un guión inadecuado para la transición climática, y no logrará la transformación estructural necesaria para alinearse con los objetivos de París.

    Zanahorias y garrotes

    DD: En lugar de sobornar al capital, tú argumentas en cambio a favor de la formación de un «gran Estado verde» ¿Qué es eso? ¿Y qué herramientas utilizaría un gran Estado verde para disciplinar al capital?

    DG: El soborno está en el centro de la reducción del riesgo en el sentido en que el Estado absorbe algunos riesgos de inversiones privadas para hacer ciertas prioridades de política pública invertibles, mejorando la señal de precios o el perfil de riesgo-recompensa de esos proyectos prioritarios a través de medidas fiscales, monetarias o regulatorias.

    Con la reducción del riesgo, debido a que la lógica es de alianzas para la invertibilidad, el Estado no puede disciplinar al capital privado hacia prioridades estratégicas cuando las condiciones del mercado cambian o cuando cambian las condiciones de rentabilidad, lo que es precisamente lo que puede hacer un “gran Estado verde”. Puede alejarse de la lógica de la señal del mercado al imponer controles más cercanos sobre el ritmo y la naturaleza de la inversión privada o simplemente a través de la propiedad pública. Otra cosa que puede hacer el gran Estado verde es cambiar la relación entre las instituciones de formulación de políticas macroeconómicas, promoviendo una coordinación más estrecha entre, por ejemplo, el banco central y el ministerio de finanzas para apoyar un enfoque más disciplinado de la política industrial.

    DD: Ted y Tim, ¿algunas de las zanahorias o incentivos que Daniela caracteriza parecen ser en realidad garrotes o no?

    TF:  Hay varios ángulos desde los cuales podemos abordar este tema. Uno es preguntarse qué objetivos progresistas fueron codificados en la IRA que de hecho podrían no seguir la lógica de la reducción del riesgo que Daniela articula. Otro ángulo es considerar las cosas que se están haciendo a través de la regulación, o que podrían hacerse a través de la regulación, pero que están fuera de esta pieza legislativa en particular. Otro ángulo es considerar partes de la agenda que sí codificaron una lógica de disciplina pero que no llegaron a la legislación final: por ejemplo, el programa de pagos de energía limpia, que básicamente mandaba la completa descarbonización del sector energético en Estados Unidos, y que no fue aprobado.

    dd: Debido al equilibrio de fuerzas políticas.

    TF: Sí. También podríamos considerar cómo esta lógica de reducción del riesgo podría ser defendible desde un punto de vista progresista. Por ejemplo, existe una teoría real que postula que se podría obtener mucho más impacto fiscal a través del uso del código tributario que permitiera una cantidad mucho mayor de gasto en materia de clima de lo que normalmente permitiría la Oficina de Presupuesto del Congreso. Estos créditos fiscales sin límite son lo que Tim ha llamado «Bottomless Mimosas». Pero, en última instancia, deberíamos discutir si estos movimientos afectan al equilibrio de fuerzas políticas, el cual es, al nivel más básico, la razón de por qué obtenemos la realidad que tenemos.  

    Obviamente, hay una inmensa verdad en lo que está diciendo Daniela. La idea central detrás de la legislación es redirigir, ya sea empujando o persuadiendo, el flujo de inversión privada hacia propósitos sociales o políticamente útiles. La gente es muy explícita en el sentido de que esperan que, en última instancia, la cantidad de inversión privada sea mucho mayor que la inversión pública. No creo que la situación sea tan extrema como algunas de las que se ven en discusiones sobre cómo hacer que la inversión verde fluya hacia el Sur global, donde las proporciones («de miles de millones a billones») son astronómicas. Pero la lógica subyacente es la misma.

    TS: En cuanto al equilibrio de fuerzas políticas, recordemos que el paquete legislativo de la Bidenomics tuvo que abrirse paso a través del Congreso, donde estaba limitado por tres fuerzas principales. Una era los halcones del déficit: aquellos que no quieren que el gasto sea mayor que los ingresos y quieren que cada dólar de gasto esté respaldado por un dólar recaudado a través de una tributación políticamente costosa. Este grupo incluye figuras como la Secretaria del Tesoro Janet Yellen, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el propio Biden.

    El segundo grupo eran los halcones de China en el Congreso y la administración, quienes tomaron el relevo de la administración Trump y promovieron una agenda muy agresiva centrada en la contención de China. Insistieron en la relocalización de la fabricación de chips y paneles solares, se mostraron cautelosos con los minerales críticos y aumentaron el presupuesto del Pentágono para librar una guerra en dos frentes contra Rusia y China. 

    El tercer grupo son los capitalistas fósiles, o halcones fósiles, cuya influencia ha crecido enormemente en los últimos diez o quince años. Bajo el mandato de Obama, el Congreso apoyó firmemente el auge del esquisto en los Apalaches y la Cuenca Pérmica con subsidios y aprobaciones de oleoductos y terminales. Para 2015, Estados Unidos se había convertido en el mayor productor de petróleo y gas del mundo. Para 2021-2022, cuando se estaban negociando estos proyectos de ley, estos halcones fósiles en el Congreso exigieron un aumento en la perforación y ninguna restricción sobre el capital fósil.

    Dg: La Ley CHIPS de Estados Unidos se basa en modelos previos de política industrial exitosa, particularmente en Asia Oriental. Específicamente, ordena a instituciones estatales comparativas cuyo propósito es supervisar y disciplinar al capital para cumplir con las prioridades estratégicas. ¿Por qué fue posible para Estados Unidos construir tales instituciones comparativas en la Ley CHIPS pero no en la IRA? ¿Es porque el poder del capital fósil opera de manera diferente en estos espacios diferentes? Tal vez CHIPS no tenga el mismo tipo de preocupación política por el capital fósil que tiene la IRA.

    Dd: Y también quizás la motivación positiva del conflicto geoeconómico y geopolítico con China, lo que, lamentablemente, parece ser el tipo de motivación que puede superar casi cualquier obstáculo en la política estadounidense.

    Tf: Una dinámica interesante es que CHIPS activó ansiedades sobre la concentración corporativa en la izquierda de una manera más intensa que la IRA. Mientras que la IRA ofrecía oportunidades para obtener ganancias a lo largo de un horizonte de diez o veinte años, CHIPS prometía canalizar miles de millones de dólares directamente a cuatro o cinco empresas que ya tenían una gran participación en el mercado dentro de sus respectivos sectores. El Caucus Progresista en el Congreso expresó públicamente su preocupación. Por ejemplo, la prohibición de recompra de acciones en CHIPS, que en realidad no está en la legislación en sí, sino en una reglamentación posterior que emprendió el Departamento de Comercio, fue algo por lo que luchó explícitamente el Caucus Progresista. Si bien todos estábamos absolutamente a favor de las inversiones en ciencia y tecnología, y entendíamos la necesidad de resiliencia y cadenas de suministro, no queríamos que esto se convirtiera en un ejercicio masivo de asistencia corporativa.

    TS: ¿Son estos subsidios asistencia corporativa? No me convence la dicotomía entre CHIPS e IRA. Para empezar, ¿qué entendemos por garrote?

    Ciertamente, la IRA no tiene muchas penalizaciones reales, pero sí hay dos importantes. En primer lugar, es un proyecto de ley fiscal, porque los halcones del déficit insistieron en que se convirtiera en un proyecto de ley fiscal que se pagara a sí mismo. ¿Cómo se calculará el gasto de la IRA? Bueno, la Oficina de Presupuesto del Congreso va a evaluar el proyecto de ley, determinando cuánto gasto ha ocurrido a través de créditos fiscales, y exigiendo que se igualen con «generadores de ingresos», es decir, impuestos.

    La administración Biden, desde el principio en marzo de 2021, cuando se presentaron el Plan de Empleos Estadounidenses y el Plan Familiar Estadounidense, también introdujo toda una serie de medidas destinadas a recaudar $4.5 billones a través de impuestos. Básicamente eso implicaba revertir los recortes de impuestos de la era Trump a las empresas Fortune 500 e instalar un nuevo impuesto a aquellos que ganan más de $400,000. Recuerda que Biden prometió no aumentar los impuestos a nadie que gane menos de esa cantidad. Pero durante las negociaciones, las fuerzas corporativas básicamente dijeron: «Al diablo, no nos vas a gravar impuestos», y así los $4.5 billones se redujeron a $2.5 billones, finalmente a $1.75 billones en el proyecto de ley de la Cámara. El proyecto de ley final sigue siendo un proyecto de ley fiscal, pero es mucho más pequeño. Establece un mínimo alternativo corporativo del 15 por ciento, que generará $200 mil millones de impuestos. Eso es una penalización para las corporaciones que evitan impuestos, y le da al IRS más dinero para perseguir a los evasores de impuestos. Y hay un impuesto del 1 por ciento sobre recompras de acciones incluido en la IRA.

    Dg: Pero esto no es una penalización. No es un garrote que asegure que las empresas que reciben subsidios estén persiguiendo los objetivos de política industrial del gobierno. Si acaso, es lo contrario.

    Ts: Sí, es un impuesto general sobre el capital y no una penalización específica para las empresas que obtienen subsidios. Mi punto es que el IRS, que está bajo amenaza, pero parcialmente reconstruido bajo la administración Biden, es la agencia a través de la cual se está canalizando gran parte de la estrategia industrial de EE. UU. El Departamento del Tesoro, que está interpretando al Congreso y redactando reglas, necesita contratar suficiente personal para monitorear estos créditos fiscales ilimitados y evitar que esas “bottomless mimosas” se conviertan en champán para los ricos o en lodo de carbono. Sin una ejecución sólida, las empresas de lavado verde podrían presentarse en la puerta del Tesoro con proyectos lavados de verde, lo que convertiría los programas de la IRA en una forma de asistencia corporativa.

    DG: Me preocupa cuando se le dice a los progresistas que celebren una situación en la que el resultado distributivo favorece al capital. La idea de que tus oficiales fiscales van a estar a cargo de la política industrial verde es un pensamiento ilusorio. No confundamos ese estado de cosas con una política industrial verde exitosa, y mucho menos con resultados distributivos progresistas.

    No sé cuándo un funcionario fiscal del IRS va a decirle a Ford o a Tesla: «Sus vehículos eléctricos son cada vez más grandes y están utilizando cada vez más recursos». Lo que necesitamos en su lugar son regulaciones para automóviles eléctricos más pequeños y legislación para apoyar el transporte público eléctrico. Debemos ser críticos y cuidadosos a medida que dejamos atrás el statu quo que estaba en contra de cualquier tipo de política climática progresista, y nos adentramos en un enfoque de «bottomless mimosas», que incluso algunos sindicatos en Estados Unidos están cuestionando por no estar tanto a favor de crear empleos calificados. Hay motivos para el escepticismo.

    Trabajo

    dd: Parece que un punto básico de debate aquí no es tanto si esta nueva política industrial está plagada de las contradicciones del capitalismo neoliberal, que todos aceptan, sino más bien si nos está señalando alguna dirección prometedora y nueva. 

    tf:  La IRA disciplina al capital fósil en el sentido de que incluye un cargo por metano que fue ferozmente combatido por la industria de los combustibles fósiles. Si los progresistas no pudieron obtener garrotes directos, entonces presionamos por incentivos para fomentar un buen comportamiento y es por eso que gran parte del movimiento laboral estaba genuinamente entusiasmado con la IRA. Consideremos el crédito fiscal básico de energía limpia, que incentivará la energía eólica, solar, geotérmica, y así sucesivamente. Mientras que el crédito base que recibes por instalar tales instalaciones de generación es del 6 por ciento, eso aumenta al 30 por ciento si pagas el salario prevaleciente para la construcción, que es una diferencia del 24 por ciento. Esto no garantiza la organización sindical, ni mucho menos, pero nivelaría significativamente el campo de juego entre la mano de obra no sindicalizada y sindicalizada. 

    Hay muchas disposiciones que alientan a los inversores privados a cumplir con ciertas prioridades. Existe una disposición para comunidades energéticas que otorga un crédito fiscal adicional por ubicar la generación en lugares que dependían en gran medida de la economía de los combustibles fósiles o que sufrieron los impactos de la extracción. Esto equivale a un incremento del veinte por ciento para fomentar la inversión en comunidades de bajos ingresos. Otra disposición llamada pago directo, que los progresistas cuentan acertadamente como una gran victoria, significa que entidades públicas y sin fines de lucro pueden recibir por primera vez créditos fiscales como un pago en efectivo directo, incluso si no tienen responsabilidad fiscal. Como resultado, los gobiernos municipales, por ejemplo, pueden participar en el juego de la energía limpia de una manera de la que estaban estructuralmente excluidos antes, lo que crea la oportunidad para la propiedad pública. 

    DD: Esto fue crucial para la viabilidad de la recientemente aprobada Ley de Construcción de Renovables Públicas de Nueva York.

    tf: Absolutamente. Ayudó a mover la oposición arraigada de la Autoridad de Energía de Nueva York y el gobernador del estado de Nueva York hacia una apertura básica porque, gracias al pago directo, pudieron aprovechar una gran cantidad de financiamiento federal directo para construir renovables ellos mismos.

    Hubo algunos objetivos progresistas importantes que se plantearon en los debates iniciales sobre cómo estructurar la política industrial para la industria automotriz. Una competencia de propiedad pública para las compañías de automóviles privadas nunca estuvo en la mesa, pero todos estuvieron de acuerdo en que un componente clave de la descarbonización de la economía era la descarbonización de los automóviles y encontrar el camino más alto hacia adelante.

    Inicialmente, el proyecto de ley implicaba un impulso sindical en el crédito fiscal para vehículos eléctricos (EV): $4,000 adicionales al crédito EV general de $7,500 si se fabricaba en una instalación sindicalizada. Esto estaba destinado a ser un bono explícito para el sector automotriz sindicalizado en el medio oeste del norte. Y una desventaja para los fabricantes de automóviles extranjeros y estadounidenses no sindicalizados que producen principalmente en Estados con leyes de “derecho al trabajo” en el sur. El impulso sindical fue ferozmente combatido por la UE, así como por Canadá y México. Y fue opuesto por Joe Manchin, quien anticipó la producción extranjera no sindicalizada de vehículos eléctricos llegando a Virginia Occidental. Al final, se redujo. Lo que surgió de esa lucha fueron algunos elementos progresistas de Manchin: un límite de ingresos que impide que los hogares ricos que ganan más de $300,000 dólares obtengan el crédito fiscal para vehículos eléctricos, y un incentivo de $4,000 para automóviles usados.
    Pero hubo deficiencias significativas que a la administración no le gustaron, y que los sindicatos automotrices como la UAW (United Auto Workers) han estado justamente molestos. Las estructuras en el crédito fiscal de energía limpia no existen en los créditos fiscales de manufactura, hay poco en la ley sobre los créditos fiscales de manufactura o en los préstamos del Departamento de Energía a los fabricantes de automóviles que fomenten el salario prevaleciente o cualquier estándar laboral.

    DD: Es una situación de pantalla dividida con el trabajo y la IRA y la ley de infraestructura porque, por un lado, tienes esta recien gran victoria de los trabajadores del acero en la fábrica de autobuses eléctricos Blue Bird en Georgia, que se sindicalizó gracias a la regla de la EPA para su programa de autobuses escolares limpios, que establece que los beneficiarios de fondos deben aceptar la neutralidad sindical y prohíbe el uso de fondos federales para actividades antisindicales, algo que los trabajadores del acero utilizaron a su favor para lograr una victoria muy notable en el sur.

    Por otro lado, la UAW acaba de publicar un comunicado de la nueva dirección militante de su sindicato, atacando este plan de prestar $9 mil millones a Ford para construir tres plantas de baterías sin condiciones laborales adjuntas. Es parte de esta preocupación más general de la UAW de que el cambio a vehículos eléctricos acelerará, en lugar de revertir, el declive de la densidad sindical en la fabricación de automóviles.

    ¿Qué tipo de terreno ha creado Bidenomics para el trabajo?

    DG: Un crédito fiscal del 24 por ciento es mucho más que el 6 por ciento, y por lo tanto, el argumento de Ted suena convincente. Una de las dificultades con la administración Biden es que es como una cebolla con una capa exterior de política progresista pero con un núcleo interno duro de política de distribución pro-capitalista.

    Quiero ver los datos sobre hasta qué punto las inversiones privadas anunciadas en la IRA están realmente utilizando el crédito fiscal del 24 por ciento. ¿Es el soborno al capital privado la única forma posible de mejor condiciones de trabajo? Tengo algunas dudas al respecto. Pero también sé, estando en Europa, que nuestros sindicatos estaban mirando con envidia el proceso de la administración Biden de trabajar con los sindicatos y decían «en Europa, nadie nos involucra en la misma medida».

    Por un lado, se puede ver el vaso medio lleno y decir «esto es lo mejor que pudimos hacer», pero si se ve al vaso medio vacío, al final, este proceso deja en manos del capital privado la medida en que se adoptarán las normas laborales. El “gran Estado verde” podría decirle a una empresa: «debe tener este nivel de salarios si no quiere estar sujeto a disposiciones muy estrictas para la descarbonización».

    DD: Añadiría a eso que si el vaso está medio lleno o medio vacío probablemente depende de desde qué rincón del movimiento laboral estás mirando ese vaso. Los oficios de la construcción han salido bien, mientras que, desde el lado de la manufactura, la UAW tiene mucho menos influencia proporcionada por la IRA para sindicalizar a los trabajadores de la manufactura una vez que se construyen las instalaciones.

    TF: Creo que la pregunta sobre el terreno de la lucha laboral después del paquete legislativo de Bidenomics es interesante. Ha habido episodios sobre el Acta de Protección del Derecho a Organizarse (PRO act) que habría aumentado sustancialmente las multas a los empleadores y habría hecho ilegales las prácticas antisindicales. Pero no pudimos ganarlo. Los votos no estaban ahí para forzar su aprobación en reconciliación, a pesar de que el 90 por ciento de la bancada demócrata lo apoyaba.

    La IRA codifica absolutamente el proteccionismo en forma de disposiciones de minerales críticos para baterías y requisitos de ensamblaje final. Esto crea un incentivo realmente significativo para ubicar la producción de todos los aspectos de la cadena de suministro automotriz en Estados Unidos. o en América del Norte. Estos elementos han sido motivo de una inmensa controversia entre Estados Unidos y sus socios comerciales. Entonces, en la medida en que hayas atrapado al capital privado en Estados Unidos podrías decir que ayudará a la densidad sindical en el sector automotriz al reducir la amenaza de la deslocalización, que ha rondado gran parte del sindicalismo automotriz durante los últimos cincuenta años. No solo la deslocalización en el extranjero, sino también el movimiento aún más importante de la producción de estados sindicales a estados no sindicales.

    Por otro lado, la ausencia de las disposiciones del tipo del “gran Estado verde” de las que hablaba Daniela significa que hasta ahora esta inversión está ocurriendo en Estados de derecho al trabajo. Georgia probablemente ha sido el más sofisticado y agresivo en su política de atraer esas inversiones con subsidios, una estrategia clásica de desarrollo económico sureño. Estos Estados son los más militantes antisindicales y lucharán contra cualquier disposición de la UAW u otros sindicatos industriales con todas las herramientas a su disposición.

    Sin embargo, me resulta difícil ver cómo está en una posición peor el trabajo dentro del sector automotriz después de la IRA que antes. Entiendo completamente las críticas de Shawn Fain a la administración Biden por un préstamo de $9 mil millones a Ford que tiene muy pocas restricciones y la retención de su respaldo. Probablemente así es como se desarrollarán estas luchas. La UAW tiene que idear una estrategia para entrar y organizar a esos trabajadores y encontrarán, creo, siempre y cuando tengan a la administración Biden, una Junta Nacional de Relaciones Laborales solidaria que esté dispuesta a ir tras las empresas por prácticas laborales injustas.

    TS:  La administración Biden dice que utilizará su discreción en la concesión de subvenciones para fomentar estándares laborales más altos. Pero no están haciendo mucho esfuerzo. Como informó Lee Harris en “American Prospect”, los trabajos en la industria solar actualmente son bastante malos. Los trabajadores son contratados principalmente a través de contratistas de personal temporal, la inseguridad, el acoso y el abuso son habituales. Otro ejemplo es la multinacional TSMC (Empresa taiwanesa pionera en el mundo en la producción de semiconductores) uno de los grandes beneficiarios de los $52 mil millones de la ley CHIPS, que se negó a firmar un acuerdo laboral con los sindicatos locales y empleó principalmente mano de obra no sindicalizada. ¿Puede el Departamento de Comercio realmente jugar duro cuando Estados Unidos necesita a TSMC más de lo que esta empresa necesita a Estados Unidos?

    DG: Esa postura antisindical de la reducción del riesgo no es exclusiva de Estados Unidos. El capital privado europeo también ha luchado mucho en su país de origen para asegurarse de minimizar cualquier disposición progresista del retorno del Estado a la política industrial o climática.

    Creo que hay un ángulo geopolítico aquí, ¿por qué los europeos activaron todas sus preocupaciones cuando Estados Unidos comenzó a hacer a gran escala la reducción del riesgo de la transición climática, pero no cuando China lo hizo? China ha estado haciendo esto durante mucho más tiempo. Y en muchos aspectos, los europeos estaban mucho más dispuestos a crear mercados para la fabricación de paneles solares chinos que para crear mercados para la fabricación de paneles solares o automóviles estadounidenses. Tiene que ver con tensiones geopolíticas dentro de la alianza Unión Europea-Estados Unidos.

    Política

    DD: Creo que todo esto realmente nos lleva a la verdadera teoría de la política detrás de la IRA y de la Bidenomics en general. La Bidenomics reconoce históricamente que el New Deal creó una base material para un electorado político masivo para la política de coalición del New Deal, principalmente a través de la sindicalización y el trabajo ganando esta participación históricamente alta del ingreso nacional. Reconoce que el neoliberalismo, al que la administración Biden se refiere de manera bastante consistente con la frase «economía de derrame», fue geográficamente desigual, creó una distribución extremadamente desigual del ingreso y que esto creó la base material para un populismo reaccionario.

    ¿Están creando las inversiones de Bidenomics una nueva base material para la política democrática liberal?

    DG: De la discusión que hemos tenido hasta ahora, mi conclusión es que, al igual que el neoliberalismo, la Bidenomics presenta a los trabajadores la misma opción: o están excluidos o son explotados. Entonces, no me parece que realmente amplifique o cree un terreno para una reorganización radical. Como europea que vive en el Reino Unido y que nació en otro país donde el Estado jugaba un papel mucho más importante en la provisión de bienes públicos, es difícil para mí imaginar, como trabajador estadounidense, cuánto cambio veré en mi vida diaria con la Bidenomics. La preocupación es terminar con trabajos peores y que muchos de los recursos fiscales vayan a parar a las ganancias del capital privado, y terminar con la misma financiación de los bienes públicos que hemos tenido hasta ahora. Entonces, ¿qué estamos realmente obteniendo? No pretendo tener una respuesta, pero no creo que la respuesta sea «todo será mejor».

    TS: La idea de la Bidenomics no fue solo aumentar la densidad sindical mediante un impulso legislativo, sino también mejorar estructuralmente las condiciones de negociación para el trabajo mediante una política macroeconómica de pleno empleo. Biden, en un discurso presupuestario en 2021, dijo: «en lugar de que los trabajadores compitan entre sí por trabajos escasos, queremos que los empleadores compitan entre sí para atraer trabajadores con ganancias más altas.” Es un empuje consciente para aumentar el empleo y reducir el ejército de reserva laboral. 

    La política de pleno empleo se complementó fiscalmente con la generosa ayuda al desempleo del Plan de Rescate Estadounidense de $400 dólares por semana por trabajador desempleado, lo que permitió a las personas abandonar trabajos malos y pasar a empleos de mayor productividad y calidad. Por lo tanto, estructuralmente, el trabajo está en una posición de negociación mucho mejor con algunas de las tasas de desempleo más bajas en cincuenta años.

    TF: Hay un par de teorías distintas de la política que se escuchan articuladas y no estoy seguro de a cuál se suscriben las personas de Biden. Una teoría es la del «entreguismo» de las mayorías del Partido Demócrata: al entregar inversiones y empleos, la gente obtiene mejoras en sus vidas y vota a tu favor. Otra teoría es lo opuesto a eso, que es sobre «asegurar» la política, pero no necesariamente enfocarse en los resultados electorales. Esa teoría dice que, independientemente de si los votantes republicanos continúan votando por republicanos, el flujo de beneficios e inversiones en esos distritos hará incómodo para los funcionarios republicanos el intento de eliminar la política. Por eso, las personas asociadas a Biden celebran las grandes inversiones en distritos rojos que no tienen esperanzas de cambiar.

    Luego está una teoría más amplia aquí que va al punto central de Daniela sobre la reducción de riesgos, que es que la izquierda siempre consideró que asegurar la política climática requeriría la construcción de un sector capital verde, que sería capaz de ejercer poder político, al menos parcialmente, para contrarrestar el poder del capital fósil dentro de la economía política de Estados Unidos. Esto requerirá que los beneficiarios de la política climática existan, como lo hace, por ejemplo, la política de defensa, en cada distrito congresional del país.

    DD: Soy escéptico de que una nueva base material para una nueva mayoría demócrata se construya a través de la inversión. Consideremos el New Deal, donde el crecimiento económico objetivo o los salarios en aumento no construyeron esa coalición, sino más bien los sindicatos, organizaciones intermedias que ayudan a las personas a entender colectivamente la situación económica.

    DG: Soy aún más escéptico de la teoría de que se pueda construir capital verde, especialmente en estados republicanos, para crear un bloqueo político. La experiencia de España en los años 2000 al desajustar las industrias solares con tarifas de alimentación proporciona evidencia en contra de ese argumento. Las promesas para la inversión privada eran tan atractivas que España se encontró con una expansión desordenada del capital solar verde. Cuando el ciclo político cambió y las condiciones macrofinancieras cambiaron, un nuevo gobierno detuvo esas promesas, lo que provocó un severo colapso. Y la experiencia que hemos tenido en Europa de usar este tipo de enfoques de desajuste para construir capital solar privado es que puede toparse muy rápidamente con restricciones fiscales.

    Capital fósil

    DD: Seguimos tocando el tema del capital fósil y la implementación de energía verde, que es solo la mitad de la transición energética, también debemos simplemente dejar de quemar combustibles fósiles lo antes posible. Pero la administración de Biden, incluyendo a través del IRA, ha aumentado, en muchos casos, la producción de combustibles fósiles. ¿Cuáles son las herramientas de Bidenomics, si las hay, para poner fin a la producción de combustibles fósiles?

    DG:

    En Europa, desde alrededor de 2017, la estrategia fue combinar explícitamente las promesas para actividades sostenibles con penalizaciones al capital fósil, particularmente a través del Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. El enfoque reconoció que no podemos descansar en la lógica de reducción del riesgo que simplemente espera a que los procesos del mercado eliminen los combustibles fósiles. Esto fue bastante revolucionario para los bancos centrales que generalmente no quieren intervenir o no quieren ser vistos interviniendo en la asignación de capital.
    Los bancos centrales diseñaron marcos de «taxonomía sostenible» para penalizar el capital sucio. Y el Banco Central Europeo dijo que el clima está dentro de nuestro mandato de estabilidad de precios, porque la crisis climática puede tener aspectos de estabilidad financiera, y también porque el sector financiero puede amplificar la crisis climática al prestar a los combustibles fósiles. La lógica del enfoque era que si una entidad financiera tiene bonos de combustibles fósiles en su cartera, el banco central penalizará la tenencia de estos bonos, aumentando el precio de su crédito, y eliminando así los subsidios al capital carbono.

    DD: ¿Cómo interrumpió la Bidenomics esa tendencia en la formulación de políticas europeas?

    DG: Las promesas de la Bidenomics dieron más impulso a los grupos de presión que se oponen a la penalización basada en la regulación en Europa porque cada empresa que estaba siendo penalizada decía que se mudaría a Estados Unidos. Se volvió mucho más difícil políticamente seguir adelante con el marco de descarbonización mucho más sólido de Europa que penaliza al capital privado.

    TS: Los combustibles fósiles continúan recibiendo la mayor parte de los subsidios gubernamentales. Los combustibles fósiles son extremadamente costosos no solo para el planeta, sino también para los gobiernos en términos fiscales. Los gobiernos europeos realizaron una gran cantidad de gasto deficitario después de que comenzara la guerra en Ucrania, para poner dinero en los bolsillos de las empresas y en los bolsillos de las personas para amortiguar sus facturas de energía. ¡Los investigadores estiman que se otorgaron más de 800 mil millones de euros en subsidios al capital fósil en solo un año calendario desde la guerra en Ucrania! Compare esa cifra de 800 mil millones de euros con el gasto verde del Congreso del IRA, que asciende a, según la CBO, aproximadamente $40 mil millones al año.

    DD:  Melanie Brusseler escribe: «la propiedad privada de activos y la coordinación del mercado no pueden realizar la danza sincronizada de inversión y desinversión, ni soportar el costo de mantener una capacidad excedente… un auge en proyectos renovables privados no orquestará por sí solo una construcción planificada». ¿Por qué es importante la propiedad pública para lograr la descarbonización?

    TF:  La parte del IRA que puede contribuir a la propiedad pública son las disposiciones de pago directo de las que hablamos anteriormente, de las que muchos funcionarios locales y estatales en todo el país están aprovechando. Ese es uno de los terrenos de lucha más emocionantes posteriores al IRA: construir esas instituciones y esa capacidad para aumentar el papel de la propiedad pública.

    Pero eso solo no nos moverá lo suficientemente rápido. Están los objetivos de París, y está la realidad de la aceleración de la crisis climática. Sin una hoja de balance pública más grande y agresiva, no vamos a abordar cosas como la exposición a inundaciones de tantas comunidades, el impacto de esto a los mercados de seguros, y las consecuencias para los precios de las viviendas, mucho menos vamos a poder desmantelar gradualmente la infraestructura fósil que tenemos en este país y en todo el mundo.

    Sin una propiedad pública más asertiva y un Estado verde grande con medidas fuertes existe un verdadero temor de que el público termine absorbiendo los costos de la crisis climática a medida que las empresas entran en bancarrota, los propietarios pierden sus camisas y el sector público recoge el desastre de la peor manera de desajuste: la socialización de todas las pérdidas. Tenemos que encontrar formas de incorporar al sector público de manera más proactiva, de una manera que cueste menos y sea más equitativa, y menos reactiva.

    DG:

     Un informe reciente de Common Wealth presenta un caso persuasivo incluso para los halcones fiscales de que la propiedad pública, particularmente del sector energético, es más barata que el desajuste de renovables privadas. También está el caso de descarbonización ordenada a largo plazo, no solo para la propiedad pública, sino para un cambio total en el régimen macrofinanciero actual. No creo que la propiedad pública sea suficiente, aunque sea necesaria, también necesitamos un cambio en la forma en que pensamos la hoja de balance del Estado en la crisis climática. En este momento tenemos una expansión desordenada en capital verde y fósil. Debemos recordar que necesitamos reducir ciertos sectores. El Estado, por necesidad, deberá tener una hoja de balance mucho más grande de lo que tiene en este momento. Y para eso necesitará un banco central que funcione con una lógica de coordinación muy diferente con el Estado para apoyar a un Estado verde grande.

    Lo que no hemos logrado suficientemente es construir la capacidad institucional del Estado para disciplinar al capital privado en estrategias climáticas. En mi reporte que informa mis argumentos sobre Bidenomics, escribo sobre el uso del desajuste monetario por parte de los bancos centrales para intervenir en los mercados de bonos gubernamentales, que en este momento básicamente preserva su estabilidad para las finanzas privadas.

    Nueva Guerra Fría

    DD: Hablemos en detalle sobre China y lo que muchos llaman una «nueva Guerra Fría». La Bidenomics busca negar cierta tecnología avanzada de semiconductores a China, excluir componentes de origen chino y minerales críticos de las cadenas de suministro, y más en general, frenar el desarrollo económico y militar de China. Jake Sillivan, en un discurso muy comentado del «nuevo consenso de Washington» describió este nuevo enfoque como una ruptura con las suposiciones optimistas de un orden global basado en reglas.

    Pero el verdadero problema de Estados Unidos con China no es el antiliberalismo: Arabia Saudita e Israel no molestan a Estados Unidos. ¿Cuándo se convirtió en una norma bipartidista percibir el ascenso de China como una amenaza casi existencial para Estados Unidos? Y por último, ¿qué tipo de Estado es China? ¿Es un Estado de reducción del riesgo, un Estado verde grande o algo completamente diferente?

    Tf: Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay un elemento muy significativo de autocrítica entre la élite política estadounidense cuando se trata de cómo hablan sobre China. Hubo un optimismo, una teoría popular de «convergencia», en torno a la integración de China en el orden económico mundial, especialmente después de su entrada en la OMC en 2001. Esa teoría decía que a medida que China se liberalizara económicamente, su sistema político también se liberalizaría (Jake Werner y Toby Chow, por ejemplo, argumentan que esto realmente estaba sucediendo durante un período de tiempo en los años 2000 y principios de los 2010).

    China se volvió mucho más geopolítica y militarmente asertiva después de la crisis de 2008. Mientras que Estados Unidos quedó paralizado por el colapso del mercado de la vivienda, China llevó a cabo un programa de estímulo y construcción masiva de alcance mundial. La inversión del Estado chino básicamente sostuvo toda la economía mundial durante aproximadamente una década. Algunas personas ven esto como el momento en que Xi Jinping consolidó el poder dentro del sistema político chino y comenzó a redactar una política económica mucho más estatista, con casos documentados de coerción económica. Hay una percepción en toda la élite política estadounidense para 2018 de que China había cambiado: cambiaron de posición, de ver a China como un socio benigno a una amenaza activa.

    La autocrítica luego se desarrolla en dos niveles. En primer lugar, en el nivel económico, no se puede subestimar la importancia que ha tenido la literatura sobre el shock de China en los responsables de políticas; citan los artículos de David Autor por su nombre, lo que de otra manera sería inaudito. De particular impacto ha sido el trabajo de los economistas que documentaron cómo la apertura económica a China, a partir de 2001, llevó a la devastación de la manufactura estadounidense. En un documento publicado después de las elecciones de 2016, mostraron que los condados y áreas estadísticas metropolitanas que habían visto la mayor penetración de importaciones desde China fueron los que se volcaron hacia los republicanos. La apertura a China parecía haber tenido consecuencias económicas domésticas más significativas de lo que nadie había anticipado en los años 90 y principios de los 2000.

    En segundo lugar, a nivel climático, para 2021, los responsables de políticas en Estados Unidos se habían dado cuenta de que China era absolutamente dominante en sectores clave de fabricación verde, donde anteriormente se creía que China se enfocaba principalmente en «cosas de ensamblaje de bajo nivel», mientras que todo lo de vanguardia, de alto valor agregado, aún estaba ubicado en el Norte global. Pero de repente, tuvieron que admitir que China controla el 90 por ciento del mercado de paneles solares, controla minerales críticos, domina la cadena de suministro de baterías, y así sucesivamente. A medida que quedó claro que era necesaria una transición energética, que, de una forma o otra, iba a haber una sustitución masiva de máquinas en todo el mundo, los responsables de políticas empezaron a temer que China iba a dominar esas industrias, que preferirían que estuvieran ubicadas en Estados Unidos, y produciendo para los mercados nacionales, pero también compitiendo con China en lo que anticipan que serán los prósperos mercados de exportación del futuro.

    Por último, hay conflictos de interés genuinos entre Estados Unidos y China cuando se mira a Taiwán, y las preguntas de seguridad más amplias de Asia Oriental y las alianzas militares.

    DG: Europa enfrentó la misma preocupación por más tiempo. En la década de 2000, las industrias solares en Alemania y España se vieron afectadas significativamente por la capacidad del Estado chino para escalar la fabricación de tecnología limpia. La respuesta solía ser: «No importa, porque queremos que el mercado funcione». Había un fuerte compromiso ideológico con la globalización. Si observamos los intentos recientes de emular la Bidenomics en Estados Unidos, ha habido un cambio. Hay una comprensión de que los mercados solían funcionar bien, pero la masiva política industrial china ha distorsionado las señales del mercado en tecnología limpia. Ahora están buscando hacer las distorsiones ellos mismos.

    Por el momento, creo que hay una combinación del Estado verde grande y de reducción del riesgo en China. El Estado chino y el mercado interno permiten la escalabilidad, y se pueden hacer muchas cosas que no son posibles en países más pequeños. Es importante recordar que esto no es solo una historia de Estados, sino también de globalización financiera. Hay muchas empresas europeas en China, no simplemente surge en la escena internacional para amenazar la hegemonía estadounidense de manera aislada. Se obtuvieron ganancias significativas al ubicarse en China durante mucho tiempo; las corporaciones europeas y estadounidenses defendieron ese arreglo, pero ahora no lo pueden hacer por razones políticas.

    DD: ¿Qué deberíamos hacer con el papel desempeñado por esta Nueva Guerra Fría para motivar la política industrial verde de Estados Unidos? ¿Qué representa esta nueva política industrial dada la seria amenaza de escalada? ¿Qué podría ser un arreglo geoeconómico y geopolítico estable con China?

    TF: Es inquietante, y debería preocuparnos profundamente. Existe una tendencia entre algunas fuerzas progresistas a querer ver este aspecto geopolítico como secundario a la política industrial, pero no estoy seguro de que eso sea cierto precisamente porque el cambio en las actitudes de la élite política estadounidense hacia China es una de las condiciones previas para todo lo que hemos visto. Debemos mantenernos centrados en estas dinámicas, en cómo las herramientas de política industrial podrían desplegarse para aumentar las tensiones geopolíticas y militares. Debemos oponernos a los movimientos de escalada, de manera enérgica y decidida. Y creo que es importante oponerse a las prohibiciones de exportación de semiconductores, que no son una parte indispensable del paquete general y en las cuales ninguna de las fuerzas que se unieron para aprobar la legislación necesariamente estuvo de acuerdo. Se presta menos atención a estas dinámicas que, por ejemplo, a la cuestión de cómo se manifestó el poder global de Estados Unidos en la década de 2000.

    En mi opinión, debemos empezar a hablar intencionalmente sobre «la construcción del orden»: las instituciones de relaciones internacionales, seguridad y cooperación, especialmente en torno al desarrollo y las finanzas. Esto incluye la idea de que no se puede imaginar un orden político o económico mundial o un orden de seguridad sin un papel significativo para China. La convivencia debe ser el nombre del juego. Tenemos que trabajar para desarrollar estos marcos institucionales con la convicción básica de que la guerra sería un punto final absolutamente apocalíptico, y que debemos hacer todo lo que esté en nuestro poder humano para evitarlo.

    Ts:

    La teoría de la élite política estadounidense sobre cómo contener a China se basa en dos premisas. La primera es que la tecnología impulsa el crecimiento económico de China, y la segunda es que China no sabe cómo crear nueva tecnología innovadora; sólo puede copiar, adquirir o robar. Siguiendo estas premisas, la contención de China está tomando la forma de impedir el acceso a la tecnología de alta gama. Esto es lo que Jake Sullivan quiere decir cuando habla de «construir altos muros alrededor de un patio estrecho» de inteligencia artificial, biotecnología, tecnología verde, y así sucesivamente.

    No estoy tan seguro de que la nueva tecnología sea el motor detrás del crecimiento económico chino. El crecimiento chino ha sido impulsado en gran medida por la inversión doméstica en las tecnologías de la segunda revolución industrial, junto con un gigantesco auge inmobiliario y un auge logístico que creó un vasto mercado interno.

    En cuanto a la innovación, el Estado chino ha estado invirtiendo fuertemente en I+D durante al menos diez a quince años, decenas de miles de ingenieros, científicos y médicos chinos se han formado en los MIT y Stanford del mundo. Están tan cerca de la frontera tecnológica en muchos sectores, si no más adelante, que Estados Unidos. Por lo tanto, incluso si uno cree que es necesario contener a China, no está claro para mí que el desacoplamiento tecnológico pueda tener éxito en sus propios términos. Obviamente, también hay un riesgo masivo de backlash: podría alejar a los aliados estadounidenses, frenar la innovación, frenar las inversiones climáticas, aumentar los precios de los bienes y provocar inflación doméstica.

    dg: También quiero considerar la posibilidad de que China sea una especie de hombre de paja, o un útil caballo de Troya que proporcione una salida a esta crisis de acumulación de capital. Dicho de otra manera, la amenaza china, que es real en el sentido de que desafía la hegemonía estadounidense, ofrece una narrativa política que permite la reimaginación del papel del Estado, que ahora puede involucrarse en la política climática. Incluso en países como Estados Unidos se puede construir una infraestructura o una arquitectura de desajuste que, a medida que crece, puede crear ganancias y oportunidades para el capital privado. Necesitas un hombre de paja, un adversario para que estas fuerzas políticas se unan. Pero a nuestro planeta no le importa el conflicto entre China y Estados Unidos.

    dD: La crisis climática es de alcance global. ¿Apuntan el IRA y la Bidenomics hacia algún tipo de enfoque más internacionalista para combatir el cambio climático?

    ts: El IRA no tiene disposiciones explícitas para los países en desarrollo. No hay transferencia de dólares de los contribuyentes estadounidenses ni dinero barato. Más bien, la administración Biden argumenta que cualquier cosa que Estados Unidos haga para acelerar la producción de bienes verdes conducirá a una caída en los precios, lo que permitirá exportaciones más baratas a los países en desarrollo. Esa teoría entonces requiere una agenda política de transferencia de tecnología verde libre de propiedad intelectual a los países en desarrollo que la administración actualmente no está persiguiendo.

    El problema más amplio es que los países en desarrollo tienen un espacio fiscal mucho más estrecho y bases impositivas mucho más pequeñas para otorgar subsidios fiscales. Su espacio fiscal está muy limitado por las crisis de deuda en dólares y tasas de interés estructuralmente más altas. Para una transición energética global exitosa, el FMI y el Banco Mundial tendrían que ser reformados para hacer que el costo del financiamiento fuera más barato y no vigilar su relación deuda-PIB. Pero esa no ha sido la agenda internacional de Biden.

    DD: Si no se les proporciona al Sur global una vía económicamente viable para desarrollarse de manera verde, ¿por qué dejarían de quemar carbón?

    Dg: La retórica progresista de la administración Biden está en su momento más frágil cuando se trata del «Nuevo Consenso de Washington» para países del Sur global, detrás del cual el Consenso de Wall Street está muy integrado. El paradigma de desarrollo del desajuste recomienda que los países del Sur global necesitan mezclar un poco de dinero público con mucho financiamiento privado para poner en marcha la inversión en la transición energética y los bienes públicos. Una gran ironía que veo es que Estados Unidos está protestando por el hecho de que los países consumen tecnología limpia y renovable barata de China, pero luego se da vuelta y dice, ah, el Sur global debería estar feliz de que el IRA de Estados Unidos va a reducir el costo de las importaciones de tecnología limpia.

    La administración Biden no está apoyando una participación obligatoria de los acreedores privados en países del Sur global endeudados, o abogando por más subvenciones o más financiamiento concesional para bienes públicos, o apoyando transferencias de tecnología, lo último de lo cual China sí está haciendo. Por ejemplo, una empresa estatal ugandesa está produciendo autobuses eléctricos para el transporte público con tecnología China. Así es como se ve la transferencia de tecnología en un marco renovado y posneoliberal. Tal acuerdo no existe en el Bidenomics. En cambio, Estados Unidos y Europa están cantando la misma partitura: si se quiere política industrial verde, se va a hacer a través de la reducción del riesgo, lo que luego presiona a los países del Sur global para que entreguen más y más las riendas fiscales y regulatorias al capital privado para, por ejemplo, hacer que el hidrógeno verde sea competitivo. 

    Tf: En la medida en que las cosas pueden cambiar, me parece probable que sean impulsadas por desarrollos geopolíticos, mucho más que por cualquier iluminación por parte del gobierno estadounidense o el aparato financiero. Algunos paquetes negociados, como en el caso de Indonesia, han involucrado aspectos de transferencia de tecnología, pero es coaccionado. Estados Unidos está haciendo concesiones porque busca la alineación de estados estratégicamente posicionados. Es probable que veamos más de estos gradientes geopolíticos en acuerdos relacionados con el desarrollo y la financiación internacionales, con Estados aprovechando sus posiciones relativas. La espada de doble filo es que esto está alimentando dinámicas peligrosas de escalada.

    Esta entrevista fue traducida del inglés para PW por Aminta Zea.