Category Archive: Entrevistas

1. Liberalismo reciclado

   febrero 6, 2025 2:23 pm Comentarios desactivados en Liberalismo reciclado

   Desde 1999, Mercosur y la Unión Europea (UE) negociaban un acuerdo de asociación birregional en tres aspectos: comercial, político y de cooperación. En diciembre de 2024, tras un cuarto de siglo de negociaciones, se anunció su conclusión durante la cumbre de Mercosur en Montevideo, con la presencia de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. El acuerdo aún debe someterse a una revisión jurídica antes de ser enviado para la aprobación de los órganos competentes. Por decisión de la Unión Europea, la aprobación se dividió: la parte comercial del acuerdo depende únicamente del Parlamento Europeo, mientras que los componentes político y de cooperación deben ser tramitados en los parlamentos nacionales. Del lado de Mercosur, el texto debe ser aprobado por todos los parlamentos nacionales, pero el acuerdo puede entrar en vigor bilateralmente entre la UE y cualquier país del bloque sudamericano que lo ratifique. 

   Una versión anterior del acuerdo había sido anunciada en 2019, bajo el liderazgo particular, del lado de Mercosur, de Jair Bolsonaro. Sin embargo, las negociaciones de ese año fueron abandonadas tras nuevas exigencias ambientales por parte de la Unión Europea, que encontraron resistencia en el entonces presidente brasileño, pero fueron interpretadas como proteccionistas incluso por sectores progresistas del Mercosur. Con el nuevo gobierno de Lula, las negociaciones se reanudaron en 2023. Aunque el nuevo texto es más moderado, sigue recibiendo críticas de organizaciones y gobiernos en ambos lados. En la Unión Europea, la resistencia proviene principalmente de sectores agrícolas en Francia, Países Bajos y Polonia, que temen la competencia con los productores de Mercosur. En este lado del Atlántico, las preocupaciones provienen en su mayoría de la sociedad civil y la academia, centrándose en el potencial del acuerdo para reforzar la primarización de la pauta exportadora de los países del bloque y debilitar los actuales esfuerzos de reindustrialización. Algunos de los cambios de la versión actual en comparación con la de 2019 incluyen una mayor flexibilidad para la implementación de políticas públicas y requisitos en compras gubernamentales, compromisos ambientales más estrictos y nuevos instrumentos de revisión y reequilibrio, además de plazos más largos para la liberalización del comercio o la reducción arancelaria en determinados sectores. 

   Maria Fernando Sikorski, editora de Phenomenal World, conversó con Marta Castilho, coordinadora del Grupo de Industria y Competitividad de la Universidad Federal de Río de Janeiro (GIC-UFRJ) y profesora de Economía en la misma institución, sobre las perspectivas del acuerdo para Mercosur y, en particular, para Brasil, así como sobre los riesgos que la liberalización comercial representa para el desarrollo nacional y regional en el lado sudamericano.

   Entrevista con Marta Castilho

   Maria Sikorski: ¿Podría describir los cambios en el entorno político y económico desde el inicio de las negociaciones de la asociación en 1999 hasta su conclusión en 2024? ¿Por qué el acuerdo siguió siendo relevante y cómo han cambiado las relaciones comerciales entre Mercosur y la Unión Europea (UE) a lo largo de este tiempo?

   Marta Castilho: Este acuerdo comenzó a negociarse en un momento en que la Unión Europea era un bloque de 15 países. La perspectiva de Mercosur era obtener acceso a la Unión Europea de entonces con ciertas ventajas en comparación con Europa del Este, que en esa época tenía una estructura industrial relativamente similar a la nuestra, pero que con el tiempo se integró fuertemente con la industria de Europa Occidental. Ese quizá haya sido el cambio más significativo desde el inicio de las negociaciones, ya que en aquel momento el panorama era algo más prometedor para nuestra industria. 

   Desde el comienzo, sin embargo, siempre quedó claro—y esta fue una de la razones de la demora en las negociaciones, al menos hasta mediados de la década de 2010—que Mercosur veía en el acuerdo una posibilidad de aumentar sus exportaciones de productos agrícolas. Por lo tanto, el apoyo interno al acuerdo provenía principalmente de los sectores vinculados al agronegocio, mientras que la industria, en cambio, era más cautelosa, defendiendo una apertura comercial más gradual por temor a la competencia europea. 

   Además, es importante recordar que las empresas europeas tienen una fuerte presencia en nuestra región, con numerosas filiales de multinacionales establecidas aquí, y su postura también ha variado a lo largo de las negociaciones. Por ejemplo, una de las mayores productoras de pollo del mundo es una empresa francesa con operaciones en nuestra región. Hubo un momento en que esta empresa defendía la liberalización del comercio—lo que contrasta con las quejas actuales de los franceses—porque les interesaba producir el pollo aquí y exportar la carne a Europa. Estas fluctuaciones ocurrieron en diversos sectores. La industria automovilística es otro ejemplo importante, al igual que el sector químico y varios de sus subsectores, debido a la fuerte presencia de empresas europeas en nuestra región. En general, en Europa hubo un gran interés en la apertura del mercado de productos industriales de Mercosur, más allá de facilitar los flujos de servicios. En contrapartida, se observaba una resistencia aumentada a la entrada de productos agrícolas. 

   MS: En 2019, se anunció una versión anterior del acuerdo, pero no fue ratificada por el Parlamento Europeo. ¿Cuáles son los principales cambios en el texto actual?

   MC: Un factor relevante es que, en los últimos cinco años, entre la versión de 2019 y la de 2024, tuvo lugar la pandemia. En 2019, los países europeos ya daban señales de una reactivación de las políticas industriales, con nuevas estrategias relacionadas con la industria 4.0, la digitalización y otros avances. La pandemia evidenció ciertas vulnerabilidades en estos países y los llevó a incorporar explícitamente políticas orientadas a la internalización de la producción y a la ampliación de la autonomía de ciertos sectores y segmentos con respecto al exterior. Esto modificó los intereses comerciales de la UE en torno al acuerdo, así como los términos de la negociación entre los dos bloques.

   Un reflejo de esto es el interés por los minerales en general y, en particular, por los minerales críticos, ligados al desarrollo de baterías y otras tecnologías asociadas a la digitalización o la descarbonización. En este aspecto, Mercosur es un paraíso, una fuente riquísima de minerales. Uno de los cambios más recientes es el creciente apetito de Europa por minerales provenientes de nuestra región y, en ese sentido, el hecho de que la UE ha comenzado a ver con malos ojos cualquier iniciativa de proteger o gravar las exportaciones de estos bienes. Este es un aspecto nuevo que pasó a formar parte de las negociaciones entre 2019 y 2024, y un punto clave es que Mercosur logró pensar estratégicamente en el sector de minerales críticos y asegurar la posibilidad de imponer algunas condicionalidades.

   En Brasil, este es un debate abierto. No es una discusión ya resuelta, y hay posiciones diversas, por ejemplo, entre el gobierno de Minas Gerais y sectores del gobierno federal. Sin embargo, existe un debate sobre el desarrollo de una estrategia para los minerales críticos que vaya más allá de la simple explotación y exportación como materia prima, con la intención de aumentar el grado de procesamiento y, eventualmente, producir baterías y otros bienes internamente.

   Otro cambio entre el texto de 2019 y el de 2024 fue la cuestión de las compras públicas. Mercosur logró asegurar la utilización de este instrumento como una política de desarrollo productivo. Europa ha utilizado las compras públicas durante mucho tiempo, pero el acuerdo de 2019 eliminaba la posibilidad de que Mercosur empleara ciertos mecanismos. El bloque consiguió revertir esto y acercar los términos del acuerdo a las reglas ya existentes dentro de Mercosur. Esta fue una de las partes más positivas de la renegociación.

   MS: ¿Cuáles son los efectos de la separación de las partes comercial, política y de cooperación del acuerdo, considerando que las cláusulas comerciales entran en vigor tras la aprobación del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales de Mercosur, mientras que las cláusulas políticas y de cooperación dependen de la aprobación de cada parlamento nacional de la UE?

   MC: El acuerdo de asociación refleja una tradición europea de abordar aspectos que van más allá del comercio en negociaciones de este tipo, a diferencia de la tradición anglosajona, por ejemplo. Así, el acuerdo con Mercosur incluye una parte comercial, una de cooperación y otra de diálogo político. Esto es un aspecto positivo porque, por ejemplo, la parte de cooperación puede compensar ciertas pérdidas derivadas de las cláusulas comerciales. La apertura comercial puede ser equilibrada con perspectivas de cooperación para el desarrollo técnico en áreas donde los europeos están más avanzados, como la tecnología, y en otras donde nosotros tenemos potencial de intercambio, como la bioeconomía y la salud tropical. 

   Lo que ocurre ahora es que, por una cuestión pragmática y estratégica, el acuerdo ha sido desmembrado. Esto se debe a que un acuerdo comercial es más fácil de negociar y aprobar. El trámite, incluso dentro de la UE, es más ágil: si se trata sólo de la parte comercial, no requiere la aprobación de todos los parlamentos nacionales de los Estados miembros. Un acuerdo de asociación en su conjunto necesitaría pasar por todas las instancias nacionales, lo que podría retrasarlo debido a las discrepancias que hemos visto, por ejemplo, por parte de Francia, Polonia y los Países Bajos. Para los europeos, se trata de una cuestión pragmática. Pero, desde mi punto de vista, para Mercosur es un error estratégico, porque el bloque pierde la oportunidad de aprovechar los posibles beneficios de los otros aspectos del acuerdo, especialmente el de cooperación.

   MS: Porque es posible que sólo se apruebe el acuerdo comercial y los otros aspectos sean postergados indefinidamente.

   MC: Exactamente, porque no hay necesidad de aprobarlos. No se va a someter a votación algo que se sabe que no será aprobado. Los intereses europeos ya están contemplados en el acuerdo comercial. Por ejemplo, algunas reglas ambientales incluidas en el texto actual no comprometen las principales legislaciones europeas, como el mecanismo de ajuste de carbono en frontera—el CBAM—y el mecanismo de reforestación: estos quedan fuera del acuerdo comercial.

   MS: Quiero hablar sobre los principales aspectos del acuerdo comercial y cómo impactan a diferentes sectores del Mercosur. ¿Podemos comenzar por la cuestión de los aranceles y las cuotas arancelarias?

   MC: El acuerdo comercial abarca numerosas disciplinas. Una de ellas es la de aranceles y cuotas arancelarias (aunque las cuotas sean, técnicamente, barreras no arancelarias, ambos temas suelen tratarse conjuntamente). Las cuotas se utilizan con frecuencia en los productos agrícolas: se aplica un arancel bajo a una cantidad determinada de exportaciones dentro del acuerdo y, una vez superada esa cantidad, el arancel pasa a ser el mismo que se cobra a otros socios comerciales. Entre los países del Mercosur, se adopta un arancel común para los productos agrícolas. En el acuerdo actual con la UE hay una variedad de cuotas arancelarias para distintos productos, un aspecto que fue mantenido del texto de 2019. En algunos casos, la cuota aumentó y la tarifa dentro de la cuota disminuyó, pero en otros, aunque la tarifa dentro de la cuota se redujo, la cantidad establecida es menor a lo que ya exportábamos en 2019 y 2020. Además, existen mecanismos que permiten a los europeos revisar esas cantidades—otro aspecto que se mantuvo del texto de 2019. Por lo tanto, existe una posibilidad de mejorar el acceso de Mercosur al mercado agrícola de la UE, pero la liberalización no es tan amplia como algunos sectores esperan o anuncian. 

   MS: ¿Considerando el volumen que ya exportamos?

   MC: Exactamente. Pero algunos sectores se benefician. Los productores de carne bovina, por ejemplo—no es casualidad que los productores franceses estén tan reticentes, porque es uno de los productos en los que se amplió la cuota y se redujo la tarifa. El arroz, por ejemplo, es un producto cuya cuota fue reducida, pero con una disminución arancelaria. Hay situaciones diversas según el producto agrícola.

   MS: ¿Y en relación con los productos industriales del Mercosur?

   MC: Ese es nuestro mayor problema, por diversas razones. Los aranceles para los productos industriales en Europa ya son muy bajos: en general, rondan el 5 por ciento, mientras que los nuestros están en torno al 13 por ciento. Lo que ganamos con la reducción arancelaria en Europa es muy poco, y ellos ya tienen acuerdos comerciales con muchos otros países. Nuestro margen de preferencia es menor.

   Además, hay un problema de asimetría muy grande. Tanto en términos de competitividad como en el tamaño de los sectores industriales. No tenemos la competitividad suficiente para “invadir” los mercados europeos, mientras que el potencial de ganancia de Europa con la liberalización es mucho mayor.

   MS: La impresión general de las evaluaciones críticas sobre el acuerdo es que, en el caso de Mercosur, el agronegocio se beneficiaría en exceso y la industria saldría perjudicada. Pero, según lo que está diciendo, el sector agrícola no necesariamente se beneficia tanto, salvo en ciertos productos. 

   Ante esto, ¿cuáles serían las condiciones para la implementación de este acuerdo que permitirían que la industria sudamericana se beneficie, o al menos que el impacto negativo de la competencia con la industria europea sea mitigado?

   MC: La liberalización comercial y arancelaria ya está acordada y probablemente será implementada. Es decir, desde el punto de vista comercial, hay poco por hacer. Lo que necesitamos ahora es, por un lado, incentivar la productividad y la competitividad de la industria local—y eso es una tarea nuestra: desarrollar políticas industriales y de desarrollo productivo, utilizar las compras públicas de manera estratégica, implementar políticas tecnológicas—y, por otro lado, eventualmente emplear algunas herramientas de ajuste previstas en el propio acuerdo, como el mecanismo de requilibrio. En esta última versión del texto, se han añadido ciertos mecanismos destinados a corregir posibles “inundaciones” de productos, es decir, ingresos repentinos y masivos de productos en determinados sectores. Aún no se han definido los instrumentos específicos, pero al menos el acuerdo prevé la posibilidad de ajustes.

   Sin embargo, habrá competencia entre nuestra producción industrial y la europea. Lo que podemos hacer es utilizar los instrumentos internos disponibles para mejorar la competitividad de nuestra producción y aprovechar los mecanismos comerciales existentes, tanto nacionales como aquellos previstos en el acuerdo.

   MS: Siguiendo con el tema de la competitividad, los aranceles aduaneros, especialmente para países como los de América del Sur, son un instrumento clave para la protección y el fortalecimiento de la industria nacional. ¿Un acuerdo comercial de esta naturaleza con la UE no socava los esfuerzos de reindustrialización en la región?

   Las empresas europeas tienen superioridad tecnológica y productiva, acceso a crédito en condiciones más favorables y mayores incentivos estatales. En cambio, las empresas brasileñas, por ejemplo, enfrentan tasas de interés muy altas, escasez de crédito, inestabilidad cambiaria y deficiencias logísticas y de infraestructura. Los aranceles podrían compensar, aunque sea parcialmente, la falta de competitividad de la industria brasileña y sudamericana. ¿No estamos renunciando a una herramienta clave de política industrial? ¿Existe el riesgo de que el acuerdo refuerce el proceso de reprimarización de la economía brasileña, un patrón que se ha consolidado en las últimas décadas?

   MC: Totalmente. El acuerdo lo hace tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, a través de la reducción arancelaria. Aunque se ha extendido un poco el calendario de reducción de aranceles para automóviles, especialmente para aquellos con nuevas tecnologías—por ejemplo, la eliminación de aranceles para vehículos eléctricos puede tardar hasta 30 años—, la versión actual no revisó la reducción arancelaria que ya se había prometido en 2019. Hemos renunciado a una herramienta que nos habría permitido fortalecer la industria nacional frente a un socio comercial fuerte, lo que hace que la tarea de la reindustrialización sea aún más difícil.

   Pero más allá de los aranceles, hay otras cuestiones clave, como las compras públicas y la propiedad intelectual. Estas están más relacionadas con estrategias a largo plazo. Es una victoria para Mercosur haber asegurado el instrumento de compras públicas. Y es importante destacar que esto ha sido un punto fuerte del actual gobierno brasileño, que insistió mucho en ello. Ahora comenzaremos a utilizar este instrumento de manera explícita, como lo hacen los países desarrollados. Las compras públicas son un mecanismo muy interesante porque no sólo permiten al Estado incentivar determinados sectores a través de márgenes de preferencia y condicionalidades, sino que también pueden inducir ciertos comportamientos. Por ejemplo, si se exige que las compras públicas sean sostenibles, las empresas que proveen insumos al Estado tendrán que adoptar prácticas sostenibles. Y esto también se aplica a las empresas extranjeras, no sólo a las nacionales: si una empresa extranjera quiere ser proveedora del Estado, se le puede exigir, por ejemplo, que realice transferencias tecnológicas.¹ 

   En cuanto a la propiedad intelectual, tengo la impresión de que no hubo avances ni retrocesos con respecto a las tendencias de 2019, que simplemente establecían compromisos un poco más estrictos que los ya asumidos por los países en el marco de la OMC. 

   Comparando con versiones anteriores, parece que hasta 2013 o 2014 el gobierno brasileño tenía una visión estratégica en las negociaciones, marcada por una perspectiva de desarrollo productivo y autonomía. Esa postura se fue diluyendo hasta 2019. Es posible que ahora haya una ligera mejora, pero aún así, muchos de los elementos negociados bajo supuestos bastante liberales siguen presentes en el texto. El capítulo comercial prácticamente no fue modificado.

   MS: ¿Cuál podría ser el impacto del acuerdo en los intentos de reindustrialización en Brasil?

   MC: La cuestión de la reindustrialización y del intento de desarrollar un modelo productivo más dinámico desde el punto de vista tecnológico y con mayor autonomía se ve comprometida por la parte comercial del acuerdo. Algunas disposiciones—como las compras gubernamentales, por ejemplo—y ciertos mecanismos de salvaguardia y reequilibrio representan avances en comparación con 2019. Pero no son suficientes.

   Algunos factores clave para Brasil son el hecho de que contamos con un gran mercado consumidor y que somos una plataforma de exportación para América del Sur. Por lo tanto, corresponde a los gobiernos brasileños intentar imponer algunas condicionalidades para compensar las pérdidas a lo largo de la vigencia del acuerdo. El sector de los minerales es un ejemplo claro. El gobierno puede ejercer control sobre las condiciones de explotación de los minerales en territorio nacional. Existe cierto margen de maniobra para negociar con los inversionistas; por ejemplo, estableciendo que ciertos beneficios solo podrán ser aprovechados si se agregan más etapas de producción dentro del país. Pero esto dependerá de cómo se gestionen aquí los instrumentos de política industrial, tecnológica, fiscal y tributaria. También dependerá de las condiciones macroeconómicas, del crecimiento, de las tasas de interés, entre otros factores.

   Además, es fundamental que el gobierno brasileño comparta los beneficios que obtiene con los demás países del Mercosur. El problema de este acuerdo es que tiende a reforzar una especialización regresiva cada vez mayor, un proceso que se ha intensificado desde los años 2000 en Brasil y en la región. Si comparamos las exportaciones brasileñas a la UE en 2003, 2013 y 2023, es evidente la creciente primarización de la pauta exportadora. Y el acuerdo tiende a consolidar aún más nuestra especialización en productos agrícolas y minerales.

   Principales productos exportados por Brasil para la Unión Europea en 2003, 2013 y 2023.

   Posição	2003	2013	2023
   1	Soya, incluso triturada	Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro calcinadas (cenizas de piritas)	Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos
   2	Tortas y otros residuos sólidos de la extracción del aceite de soya	Tortas y otros residuos sólidos de la extracción del aceite de soya	Tortas y otros residuos sólidos de la extracción del aceite de soya
   3	Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro calcinadas (cenizas de piritas)	Soya, incluso triturada	Café, incluso tostado o descafeinado; cáscaras de café; sucedáneos del café con contenido de café en cualquier proporción
   4	Jugos de frutas (incluidos los mostos de uva) o de productos hortícolas, no fermentados, sin adición de alcohol, con o sin adición de azúcar u otros edulcorantes	Café, incluso tostado o descafeinado; cáscaras y películas de café; sucedáneos del café con contenido de café en cualquier proporción	Soya, incluso triturada
   5	Café, incluso tostado o descafeinado; cáscaras de café; sucedáneos del café con contenido de café en cualquier proporción	Pastas químicas de madera, a la soda o al sulfato, excepto pastas para disolución	Minerales de cobre y sus concentrados
   6	Pastas químicas de madera, a la soda o al sulfato, excepto pastas para disolución	Aceites de petróleo o de minerales bituminosos, excepto aceites crudos; preparaciones no especificadas ni comprendidas en otras posiciones, que contengan en peso un 70 por ciento o más de aceites de petróleo o de minerales bituminosos, los cuales deben constituir su elemento principal	Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro calcinadas (cenizas de piritas)
   7	Carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados, de aves de la posición 0105	Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos	Pastas químicas de madera, a la soda o al sulfato, excepto pastas para disolución
   8	Alumínio en formas brutas	Jugos de frutas (incluidos los mostos de uva) o de productos hortícolas, no fermentados, sin adición de alcohol, con o sin adición de azúcar u otros edulcorantes	Jugos de frutas (incluidos los mostos de uva) o de productos hortícolas, no fermentados, sin adición de alcohol, con o sin adición de azúcar u otros edulcorantes
   9	Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos	Tabaco no manufacturado; desperdicios de tabaco	Aceites de petróleo o de minerales bituminosos, excepto aceites crudos; preparaciones no especificadas ni comprendidas en otras posiciones, que contengan en peso un 70 % o más de aceites de petróleo o de minerales bituminosos, los cuales deben constituir su elemento principal
   10	Tabaco no manufacturado; desperdicios de tabaco	Minerales de cobre y sus concentrados	Ferroaleaciones

   Elaboração: GIC-IE/UFRJ com dados da SECEX.

   

   

   Por esta razón, es fundamental fortalecer la articulación industrial regional dentro del Mercosur. Aunque existen dificultades políticas evidentes, en algunos sectores hay una coordinación efectiva que no sólo no debe perderse, sino que debe reforzarse, incluso a través de mecanismos como las compras públicas o fondos regionales, para que el bloque entre en esta «asociación» con la UE de manera más cohesionada. El gobierno uruguayo, por ejemplo, está muy satisfecho con el acuerdo, sobre todo porque el gobierno liberal que participó en las negociaciones veía con buenos ojos la especialización. Uruguay exporta carne y su sector no enfrenta los problemas ambientales que marcan la producción brasileña en la Amazonia y el Cerrado. Entonces, si Brasil quiere obtener beneficios del acuerdo, lo ideal es que se articule con sus vecinos y cree estrategias que permitan redistribuir parte de las ganancias, fomentando alianzas con estos países e incentivando la producción industrial dentro del bloque.

   MS: La posición oficial del gobierno brasileño es que el acuerdo ofrece una serie de ventajas para el Mercosur. Entre ellas, el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios destaca un mayor acceso al mercado europeo—lo que también atraería más inversión extranjera directa—, la reducción del costo doméstico de insumos y bienes de capital para la industria—ya que podríamos importarlos sin aranceles—y el aumento de la competitividad de nuestros productos en el mercado internacional, fortaleciendo la diversificación de socios comerciales, la modernización de la industria, la integración con las cadenas productivas de la UE y el interés de otros actores en firmar nuevos acuerdos con Mercosur para acceder a este mercado. ¿Cómo ve este argumento?

   MC: Este es un argumento muy antiguo sobre la liberalización comercial. Es el mismo que se utilizó en los años 90: que podemos importar para exportar, que liberalizar las importaciones puede generar ganancias de productividad debido a la adquisición de insumos y bienes de capital más baratos, lo que haría que la industria nacional ganara competitividad y que el país se convirtiera en exportador de productos industrializados. Lo que ha sucedido desde entonces es que Brasil y la región se han convertido progresivamente en exportadores de bienes menos sofisticados. Es decir, desde que llevamos a cabo un gran experimento de liberalización en la década de 1990, no hemos visto evidencia de los efectos positivos de una apertura comercial sobre las exportaciones.

   No creo que ahora vayamos a presenciar un gran círculo virtuoso de crecimiento en la economía brasileña, impulsado por la inversión extranjera directa o por la ganancia de competitividad de las exportaciones debido a un mayor acceso a insumos europeos, especialmente en el contexto actual. ¿Vamos a participar en las cadenas de valor europeas? No. Europa ya tiene sus cadenas productivas establecidas y está tratando de protegerse de la entrada de los chinos y de otros países asiáticos. Está intentando consolidar sus cadenas dentro del espacio europeo tanto como sea posible. Lo que haremos es especializarnos aún más en proveer materias primas para estas cadenas. La inversión extranjera que podemos recibir estará relacionada con empresas que vienen aquí a aprovechar algunos factores internos que tenemos, como los recursos naturales y un significativo mercado consumidor regional. Pero esto no implica automáticamente una modernización de la industria ni una integración con las cadenas productivas europeas. 

   Esta entrevista fue traducida del inglés al español por Aminta Zea.

   
   

   
   

   
   

2. Normalización y el futuro del Medio Oriente

   diciembre 13, 2024 10:28 am Comentarios desactivados en Normalización y el futuro del Medio Oriente

   Antes del 7 de octubre de 2023, la normalización diplomática y económica entre Israel y los Estados árabes parecía ser la trayectoria central de la política regional en el Medio Oriente. Dado que la posibilidad de un acuerdo con Irán había sido descartada, este camino representaba los planes estadounidenses para la región, en un consenso bipartidista iniciado por los Acuerdos de Abraham de Donald Trump y continuado por la administración de Biden. En la agenda de Arabia Saudita también se vio un giro hacia la relajación de tensiones con Irán mientras se buscaba la normalización con Israel. Todo parecía apoyar la declaración del Asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, una semana antes de que Hamás lanzara su incursión en el sur de Israel, que «la región del Medio Oriente está más tranquila hoy de lo que ha estado en dos décadas.”

   Después del 7 de octubre, se especuló si lo que Hamás buscaba era interrumpir esa trayectoria y evitar que Arabia Saudita se uniera a sus vecinos del Golfo (Emiratos Árabes Unidos y Bahréin) en la breve lista de Estados árabes que han normalizado relaciones con Israel. En esto, ciertamente ha habido éxito: aunque la administración Biden ha seguido impulsando el acercamiento entre Arabia Saudita e Israel durante el genocidio en Gaza, los desafios persisten.  En los últimos meses, el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman ha dejado claro, tanto ante el Consejo de la Shura como a través del ministro de Relaciones Exteriores, Faisal bin Farhan, y en declaraciones al Financial Times, que la normalización dependerá del establecimiento de un Estado palestino independiente.

   En los últimos meses, sin embargo, ha emergido un contramovimiento liderado por EEUU e Israel que parece estar socavando alternativas a la normalización mediante una intensa ofensiva militar en la esfera de influencia de Irán. La caída del régimen de Assad podría marcar un punto de inflexión. Dependiendo de la dirección diplomática que adopte el nuevo gobierno —ya sea alineándose con las potencias del Golfo o intensificando la confrontación con Israel mientras incursiona en territorio sirio— el cambio de régimen podría convertirse en un indicador clave de la viabilidad del programa de normalización. Gran parte de ello dependerá del enfoque que adopte la nueva administración de Trump, que podría restablecer la influencia de los arquitectos de los Acuerdos de Abraham en los círculos de poder estadounidense, definiendo así su postura hacia Israel y la región.

   Para comprender el papel particular de los Estados del Golfo en el Medio Oriente, su relación con la cuestión palestina y la historia de la normalización, hablamos con Elham Fakhro, investigadora de la Iniciativa de Medio Oriente de la Escuela Harvard Kennedy de Harvard y autora del nuevo libro The Abraham Accords.

   Una entrevista con Elham Fakhro

   Jack gross: Empecemos con los Acuerdos de Abraham firmados en septiembre de 2020 ¿Quiénes fueron los involucrados?

    Elham fakhro: El círculo cercano de Trump es muy pro-Israel. Por ejemplo, David Friedman, exembajador en Israel, inicialmente fue abogado de Trump antes de que este fuera candidato presidencial. Después de que se anunciara su candidatura, Friedman empujó para convertirse en su asesor y moldear la postura de Trump sobre Israel y Palestina desde el principio. Se revirtió el respaldo del Partido Republicano a la solución de dos Estados y se insistió en el supuesto antisemitismo de la UNRWA. El mismo Friedman incluso fue líder de una organización que recauda fondos para los asentamientos.

   Luego, por supuesto, está Jared Kushner. Su familia es amiga del primer ministro Netanyahu. Se cuenta que en su adolescencia, a Kushner lo sacaban de su habitación porque Netanyahu se iba a quedar en la casa. Durante la administración Trump, Mike Pompeo se convirtió en el primer secretario de Estado en visitar un asentamiento. Tanto Friedman como Pompeo han hablado de este conflicto en términos religiosos. Friedman ha declarado sin reservas que cree que Trump fue enviado por Dios para salvar al Estado de Israel.

   A Trump se le aconsejó desde el principio que involucrar a los palestinos en las negociaciones de paz era inútil, y luego fue persuadido a adoptar una serie de políticas claramente pro-Israel: trasladar la embajada a Jerusalén y retractarse del memorando Hansell de 1978, que establece la posición del gobierno estadounidense sobre la ilegalidad de los asentamientos israelíes. Si se lee la biografía de Friedman, queda muy claro que trabajó junto a Netanyahu para influir en la política de Estados Unidos, y no al contrario. Convenció al presidente de cortar la ayuda a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo [UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East], algo que Netanyahu buscaba lograr.

   Todo esto llevó a un boicot por parte de los líderes palestinos, con el primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohammad Shtayyeh, declarando que «los derechos del pueblo palestino no estaban a la venta». Posteriormente, Kushner tuvo la intención de presentar un plan para resolver la ocupación, pero se retrasó debido a la postulación a reelección de Netanyahu. Durante el verano de 2019, Trump lanzó el componente económico de un nuevo plan de prosperidad y paz en Manama. Fue significativo porque los palestinos no asistieron. Finalmente, la administración Trump decidió tampoco invitar a los israelíes y, en su lugar, involucró a los Estados del Golfo como intermediarios en este proceso diplomático por primera vez.

   La decisión representó una nueva estrategia de alineación geopolítica. Por ejemplo, el componente económico del plan de paz se presentó en Manama, y durante el evento se habló mucho sobre el extremismo iraní como la verdadera amenaza en la región. Fue una oportunidad, especialmente para los líderes de Bahréin, de expresar cuán alineados estaban con la administración Trump. La Casa Blanca también intentó involucrar a los Estados del Golfo como inversores financieros en el plan propuesto.

   jg: ¿Cómo se llegó a la presentación y firma de este plan en Washington? ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos? ¿Qué decía el plan sobre la cuestión de la independencia del Estado palestino?

   ef: Poco después de la reunión de Manama, Netanyahu y Benny Gantz llegaron a Washington para el lanzamiento del aspecto político del plan: intercambios de tierras para los palestinos y, a cambio, permiso para la anexión de parte de Israel de un tercio de Cisjordania. A los palestinos se les ofreció tierra en el Sinaí, que se vincularía con otros territorios palestinos mediante un futuro tren de alta velocidad, que dependería de inversiones, presumiblemente financiadas por capital del Golfo, a cambio de estos intercambios de tierras. Pero no había garantía de la independencia del Estado palestino.

   En lugar de un Estado, a los palestinos se les ofreció una moratoria en la construcción de asentamientos durante algunos años, tiempo durante el cual podrían decidir si querían continuar las negociaciones o no. No había nada sobre el derecho de retorno. El plan fue, por supuesto, rechazado por los líderes palestinos. El día en que se anunció este rechazo, Netanyahu declaró abiertamente sus intenciones de anexar Cisjordania. Esto causó sorpresa y frustración entre los funcionarios de Trump que no apoyaban la anexión unilateral.

   Los funcionarios de Trump estaban divididos entre los seguidores de Friedman, que respaldan la postura de Netanyahu, y figuras como Kushner, que querían una versión menos extrema de la anexión. Trump también estaba descontento: su equipo quería ver a Netanyahu involucrado en el proceso que habían planteado. 

   Fue entonces cuando los Emiratos Árabes Unidos (EAU) intervinieron. El embajador de los EAU, Yusuf al Otaiba, se reunió con Kushner en Washington y escribió un editorial en junio de 2020, cuya publicación original fue realizada en hebreo y en uno de los principales periódicos de Israel. Él argumentó en nombre de los EAU que la anexión no era aceptable, y que los planes de anexión y las conversaciones sobre la normalización eran contradictorios. Para los lectores israelíes, sugirió la posibilidad de la paz y enfatizó las similitudes sobre las diferencias. Esto sembró la semilla que originaría los Acuerdos de Abraham.

   Durante la pandemia, Kushner y su asesor Avi Berkowitz viajaron a Israel para persuadir a Netanyahu de no anexar Cisjordania. Era plausible que las amenazas de Netanyahu fueran una maniobra electoral dirigida a los colonos extremistas y a los sectores más alineados con la derecha política israeli. Los EAU ya le habían indicado a Kushner que estaban dispuestos a la normalización a cambio del paro a la anexión. Esto formó efectivamente la base de los Acuerdos de Abraham, anunciados en agosto de 2020 a través de las redes sociales de Trump. Un mes después, Bahréin también quería unirse.

   jg: ¿Cuál fue el impacto inmediato del anuncio de los Acuerdos de Abraham en 2020?

   ef: Inicialmente, los anuncios desencadenaron una avalancha de peticiones en los Estados del Golfo por parte de todo tipo de grupos de la sociedad civil que criticaban las decisiones de los EAU y Bahréin. La respuesta se desarrolló en gran medida en línea debido a la pandemia. Los académicos religiosos lo condenaron, y grupos de la sociedad civil lideraron la oposición. Habríamos visto más protestas de no haber sido por la pandemia. 

   No obstante, la nueva relación comenzó a afianzarse y desarrollarse.

   En los primeros dos años después del acuerdo, el comercio bilateral entre los EAU e Israel, las dos economías más significativas involucradas en los Acuerdos de Abraham, alcanzó los 2.000 millones de dólares. Ahora se proyecta que alcanzará los 4.000 millones de dólares en los primeros cinco años, impulsado por inversiones significativas de los fondos soberanos de los Emiratos en startups y empresas tecnológicas israelíes, así como por el turismo israelí a Dubái. El turismo no va en ambas direcciones: en diciembre de 2020, alrededor de 70 mil turistas israelíes visitaron Dubái, mientras que aproximadamente 3 mil emiratíes visitaron Israel. Sin embargo, existe una reticencia a la normalización a nivel popular, sin mencionar el continuo compromiso con los derechos de los palestinos.

   En el ámbito militar, EEUU trasladó a Israel de la zona de Mando Europeo de los Estados Unidos [EUCOM, United States European Command] al Mando Central de los Estados Unidos [CENTCOM, United States Central Command], que cubre los Estados del Golfo y los países árabes. Con esto se buscaba profundizar el compromiso no solo entre Israel y los Estados árabes que estaban normalizando relaciones, sino también con la comunidad más amplia de Estados árabes que no habían normalizado.

   También hubo una coordinación económica significativa. La industria del diamante, donde convergen los intereses de Dubái e Israel, se ha convertido en una de las principales áreas de comercio. Hay acuerdos entre universidades, think tanks y  otros similares para promover la cooperación. Particularmente en el primer año después de la firma del acuerdo, hubo un gran impulso estatal por involucrar a Israel tanto en los Emiratos Árabes Unidos como en Bahréin.

   Los Estados del Golfo e Israel en el siglo XX

   jg: Me pregunto si pudieras situar los Acuerdos de Abraham en una historia más larga: ¿Cómo han visto los Estados del Golfo la cuestión palestina durante el último siglo? Desde la Revuelta Árabe de 1936 y el Plan de Partición de 1947 hasta la creación de Israel y la Nakba, la Guerra de los Seis Días y la Guerra del Yom Kipur, ¿qué indican estos momentos sobre el desarrollo del poder político en el Golfo Pérsico?

   ef: Cada una de estas coyunturas ha generado un apoyo inequívoco a nivel popular en todo el mundo árabe hacia los palestinos. En 1936, cuando las noticias sobre huelgas laborales y revueltas armadas contra los colonos sionistas llegaron al Golfo a través de la radio y los periódicos, se realizaron esfuerzos de recaudación de fondos en varios lugares, incluido Bahréin. El Emir de Sharjah, uno de los siete emiratos de lo que hoy son los EAU, incluso hizo una donación personal a la causa. La solidaridad con los palestinos se debió al creciente sentimiento nacionalista-popular árabe y de la oposición al dominio británico, un enemigo colonial empeñado en dividir a la región. 

   El anuncio del plan de partición en 1947 desató disturbios en los nacientes Estados del Golfo. En Bahréin, trabajadores y estudiantes se declararon en huelga durante tres días. En 1967, hubo actos similares de solidaridad, y los gobernantes comenzaron a involucrarse. El jeque Zayed de Abu Dhabi en ese momento envió ayuda a las tropas en el frente del conflicto. Hubo una participación directa de un contingente kuwaití bajo el mando egipcio en 1967, en contraste con el período previo a la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobernante advirtió a los ciudadanos que no enviaran dinero (presumiblemente porque los británicos, que controlaban Kuwait en ese momento, no querían ver el surgimiento de la solidaridad antiimperialista en el mundo árabe).

   dylan saba: La Guerra de Yom Kipur en 1973 vio a los Estados árabes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo [OPEP, Organization of the Petroleum Exporting Countries] lanzar recortes drásticos en la producción y prohibiciones de ventas que afectaron profundamente la economía política global. ¿Cómo moldearon estos eventos el futuro de la unidad política de los Estados del Golfo?

   ef: Los recortes en la producción de petróleo y el embargo de exportación que comenzaron con esa guerra fueron uno de los casos más exitosos de acción coordinada entre los Estados del Golfo. Los precios del petróleo se cuadruplicaron en dos meses. Los altos precios del petróleo perduraron por muchos años después del embargo y generaron ganancias extraordinarias para los Estados del Golfo. También provocó varios cambios dentro de los Estados Unidos. La administración de Nixon dio inicio a un proyecto de largo plazo destinado a diversificar los suministros de energía más allá del petróleo de Medio Oriente. Paralelamente, se emprendió con gran determinación un esfuerzo diplomático por resolver el conflicto árabe-israelí. Tanto Nixon como Kissinger comenzaron a reconocer la estrecha relación, percibida por los líderes árabes, entre las negociaciones de paz para poner fin a la guerra y las dinámicas de los mercados energéticos globales.

   Los primeros acuerdos de desenganche egipcio-israelí en 1974 allanaron el camino para los posteriores Acuerdos de Camp David en 1978 y el tratado de paz entre Egipto e Israel de 1979. El resultado del embargo petrolero en los Estados Unidos fue una diplomacia a largo plazo: ambos partidos políticos se dieron cuenta de que se necesitaba resolver el conflicto árabe-israelí. Este proceso le enseñó a los Estados del Golfo lo exitosa que podía ser la coordinación. La unidad política y económica más fuerte llegó poco después con el Consejo de Cooperación del Golfo, que los Estados del Golfo formaron en respuesta al estallido de la guerra Irán-Iraq en 1980.

   jg: ¿Cómo surgió el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en estos años? ¿Existían diferentes visiones de cooperación entre los fundadores?

   ef: Los seis países que conforman el CCG—Bahréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos— se encontraron vulnerables a la Guerra Irán-Iraq. Los EAU evitaron tomar partido en el conflicto, adoptando públicamente una postura de no alineación. Con el tiempo, los líderes de esos Estados reconocieron que establecer alianzas formales podría ser clave para abordar sus preocupaciones de seguridad a largo plazo. Otro evento crucial fue, por supuesto, la revolución iraní de 1979, que tuvo enormes repercusiones en la región. Para las naciones del Golfo, marcó el inicio de una relación de seguridad más estrecha con Estados Unidos. Estos tres acontecimientos—el embargo de la OPEP en 1973, la revolución iraní de 1979 y la Guerra Irán-Iraq, especialmente la ofensiva iraní de 1982—fueron decisivos para una mayor colaboración entre los países del Golfo.

   jg: En otras palabras, nos narras el período de formación del CCG durante la Guerra Irán-Irak como el momento en que los Estados del Golfo comenzaron a aumentar el gasto militar con los nuevos ingresos petroleros y se convirtieron en importantes compradores de armas. ¿Cómo han sido moldeados los Estados del Golfo por esta salida de armas para su nueva riqueza?

   ef: Los años inmediatamente posteriores a la revolución iraní fueron un verdadero punto de entrada para la expansión de EEUU en la región, y los líderes del Golfo le dieron la bienvenida con entusiasmo. La retórica de Irán hablaba de exportar su revolución. La región estaba en alerta alta, especialmente en países como Arabia Saudita y Bahréin, con poblaciones chiítas significativas pero gobernantes sunitas. La respuesta entre los miembros del CCG fue hacer todo lo posible para acercar a los estadounidenses a la región como un elemento disuasorio. Como resultado, su gasto en defensa creció dramáticamente. En Bahréin, el gasto en defensa alcanzó el 8.5% del PIB en 1982, dos años después de la revolución iraní. La Quinta Flota de la Armada de los Estados Unidos trasladó su cuartel general al país. Ese fue el momento en que comenzaron a ver a los Estados Unidos como el protector necesario.

   De Oslo al acuerdo nuclear con Irán

   ds: ¿Cómo se relacionaron los Estados del Golfo con los Acuerdos de Oslo? ¿Vieron una posible resolución a la cuestión palestina—y, por ende, a la cuestión de la normalización—o fueron más cautelosos?

   ef: Al comienzo del proceso de Oslo, había mucho optimismo en los Estados del Golfo de que este problema finalmente podría resolverse. Basado en la idea de que las conversaciones de paz terminarían con la creación de un Estado palestino, Omán y Qatar comenzaron a abrir sus puertas a Israel estableciendo oficinas comerciales preliminares en sus capitales. Sin embargo, ambas oficinas comerciales fueron cerradas cuando la solución de dos Estados no se materializó. En el caso de Qatar, esto ocurrió en parte como resultado de la presión tanto de Arabia Saudita como de Irán. En el año 2000, tanto Arabia Saudita como Irán amenazaron con retirar su asistencia de una cumbre islámica que se estaba planeando en Doha. Qatar cerró la oficina comercial, y un año después estalló la Segunda Intifada.

   A lo largo de este período, los Estados del Golfo estaban en su mayoría comprometidos con la idea de «tierra por paz»—la interpretación legal internacional de la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU—que había regido todas las discusiones de paz árabe-israelíes desde 1967. Incluso durante esta primera ola de diálogo posterior a Oslo, el equilibrio general de poder en la región significaba que la normalización dependía de la creación de un Estado palestino. Así que cuando las perspectivas de esa vía se desmoronaron con el colapso de las llamadas negociaciones de paz durante la presidencia de George W. Bush, los Estados del Golfo, a su vez, retrocedieron el proceso de normalización.

   jg: El año 2006 fue clave para dos eventos importantes que marcaron la creciente influencia de Irán en la región y el temor de los Estados del Golfo hacia esa influencia. Este temor se exacerbó durante la presidencia de Barack Obama con el acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán. ¿Cómo llegamos de aquí al proyecto de los Acuerdos de Abraham bajo Trump?

   ef: En 2001, Arabia Saudita lanzó la Iniciativa de Paz Árabe, que representó una ruta para la normalización basada en la fórmula de «tierra por paz». Respaldada por la Liga Árabe, también incluía la condición de que Israel se retirara de los territorios ocupados, que en ese momento incluían Cisjordania, los Altos del Golán y también el Líbano, y reconociera un Estado palestino establecido.

   Dos acontecimientos en 2006 empezaron a acercar estratégicamente a varios Estados del Golfo con Israel. En primer lugar, Irán anunció que había logrado enriquecer uranio por primera vez y puso en marcha un programa nuclear. En segundo lugar, Hezbolá logró expulsar a Israel del Líbano. Ambos sucesos enviaron una clara señal a los líderes del Golfo sobre el ascenso de Irán, junto con sus aliados y fuerzas subsidiarias, como una potencia significativa en la región. Al igual que en 1979, la región se enfrentaba nuevamente a la posibilidad de una fuerza rival que pudiera amenazar su posición a largo plazo.

   Es en este momento cuando comenzamos a ver un acercamiento visible hacia Israel fuera de los parámetros de la cuestión palestina. La normalización de las relaciones económicas y el progreso hacia la creación de un Estado palestino comenzaron a desvincularse. En 2007, los EAU comenzaron a adquirir tecnología israelí para un sistema de gestión de tráfico y datos satelitales israelíes para vigilar el programa nuclear de Irán. A puertas cerradas, los israelíes, los Estados Unidos y funcionarios de varios Estados del Golfo—Bahréin, Arabia Saudita y los EAU—entraron en discusiones, más tarde reveladas por WikiLeaks, sobre la amenaza representada por Irán.

   Desde la perspectiva del Golfo, estas conversaciones durante los años de la administración de Obama se centraron en cómo convencer a Estados Unidos de adoptar una postura más firme contra Irán, invocando mayores sanciones y aislamiento. Israel les parecía útil para obtener influencia en Washington. 

   ds: ¿Cómo se entiende la tensión o continuidad entre el movimiento de los Estados del Golfo contra el acuerdo nuclear con Irán, el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), y la ejecución de los Acuerdos de Abraham por parte de la administración Trump?

   ef: La relación de los Estados del Golfo con Irán ha tenido dos fases: la primera, de 2006 a 2019, fue más confrontacional; la segunda, que creo que todavía estamos viviendo, se caracteriza por la desescalada, con el mensaje abrumador de construir lazos positivos y evitar conflictos.

   Entre 2006 y 2019, los Estados del Golfo querían sanciones. Algunos incluso apoyaron en silencio la acción militar directa contra Irán. Ellos compartían con Netanyahu la opinión de JCPOA como un acuerdo que facilitaba la carrera de armas iraní,  en lugar de obstaculizarla. Los Estados del Golfo querían que el JCPOA se centrará en la producción de misiles iraníes, una amenaza que, según argumentaban, estaba a la par con un programa nuclear.

   Dos eventos llevaron a cambios en el enfoque. El primero fue el ataque a los petroleros que tuvo lugar frente a la costa de los EAU en el verano de 2019, dirigido a cuatro petroleros de tres nacionalidades diferentes. El siguiente fue el ataque a Aramco en Arabia Saudita. Ambos eventos provocaron un verdadero cambio de pensamiento para Arabia Saudita y los EAU, especialmente porque ocurrieron durante la administración de Trump. Con la ausencia diplomática de EEUU, e Irán sugiriendo de manera indirecta que los ataques fueron una represalia por la retirada de Trump del JCPOA, los Estados del Golfo comenzaron a inclinarse hacia la diplomacia con Irán. Tras esos ataques de 2019, los EAU e Irán organizaron múltiples intercambios diplomáticos. Y significativamente, Arabia Saudita e Irán restauraron sus relaciones después de siete años, en un acuerdo mediado por China. En los últimos meses han habido otras visitas, muy interesantes, entre ministros saudíes e iraníes en Doha, lo cual habría sido impensable hace algunos años. Así que los líderes del Golfo están enfocando sus esfuerzos hacia la desescalada con Irán. Están enviando un mensaje claro de que no quieren quedar atrapados en medio. 

   jg: La Primavera Árabe fue otra fuente de inestabilidad para las potencias del Golfo ¿Podrías hablar un poco sobre cómo impactó el 2011 a estos gobiernos y, por extensión, cómo ven el desacuerdo popular respecto a la normalización? 

   ef: Varios factores llevaron a este acercamiento entre los Estados del Golfo e Israel. El primero fueron los eventos de 2006. El segundo fue el ascenso de esta nueva generación de líderes del Golfo, menos interesados en la cuestión israelí-palestina y mucho más enfocados en la supuesta amenaza de Irán. Estos líderes tienden a ser más educados en Occidente, son pro-estadounidenses, y no tienen el mismo compromiso con el nacionalismo árabe que sus padres solían tener.

   El tercero fue la Primavera Árabe, donde nuevamente hubo una convergencia entre los líderes del Golfo y Netanyahu en cuanto a las alianzas diplomáticas. En ese momento, Netanyahu describió la Primavera Árabe como otro 1979, otra amenaza a la seguridad de Israel. Mientras tanto, los Estados del Golfo estaban preocupados de que los movimientos pro-democracia pudieran empoderar a elementos islamistas en la región y amenazar la supervivencia estatal a largo plazo. Tanto Netanyahu como los líderes del Golfo coincidieron en que la Primavera Árabe era una amenaza para el statu quo regional.

   La represión de la sociedad civil es, de hecho, lo que hace posible la normalización. Por ejemplo, Bahréin tuvo una rebelión similar a los movimientos masivos que vimos en otras partes de la región, y las fuerzas del CCG se movilizaron para darle fin. Los acuerdos con Israel son profundamente impopulares. Solo son posibles porque la representación popular está ausente. Incluso antes de la normalización, se realizaron encuestas regularmente en todo el mundo árabe preguntando si la población apoyaría las relaciones con Israel. En el Golfo, entre el 85 y el 95% de la población se opone consistentemente. La normalización no podría haber ocurrido salvo a través de la represión, y esto solo ha continuado después del 7 de octubre.

   El 7 de octubre y los acuerdos de Abraham hoy

   ds: ¿Cómo ha influido el 7 de octubre en la cuestión de la normalización?

   ef: Los Estados del Golfo no quieren ver una escalada entre Israel e Irán. Saben que están atrapados en el medio y sufrirían, como mínimo, impactos indirectos en sus economías. El genocidio en Gaza ha puesto límites a una línea de tiempo más agresiva, no necesariamente porque los regímenes estén conmovidos por las muertes palestinas, sino porque la indignación popular dentro de sus países ha dejado más claro que nunca que los Acuerdos de Abraham y la legitimación que le otorgan a Israel son profundamente impopulares.

   Pero para mí, el 7 de octubre y el año transcurrido desde entonces han sido la prueba definitiva del transcurso de la normalización. Incluso después de lo que Israel ha hecho en Gaza y en el Líbano—el costo brutal en vidas civiles y el sufrimiento, la dramática desestabilización de la región—el objetivo de la normalización ha sobrevivido entre los Estados del Golfo. No han expulsado a embajadores ni han hecho nada sustantivo para interrumpir sus relaciones con Israel.

   ds: La tecnología militar y la inteligencia han sido un gran atractivo para que los Estados del Golfo, particularmente los Emiratos Árabes Unidos, busquen la normalización con Israel. Sin embargo, el 7 de octubre representó, en muchos aspectos, un fracaso de ambos activos en teoría estratégicos ¿Influye esto en la evaluación que los Estados del Golfo hacen de su relación con Estados Unidos e Israel, especialmente considerando que Irán, de alguna manera, podría verlos como aproximaciones parciales de Estados Unidos?

   ef: Uno de los impulsores de la normalización es, sin duda, la capacidad de adquirir tecnología de Israel. Aunque el 7 de octubre fue un fracaso en términos de seguridad para Israel, eso no disminuye la utilidad que los Estados del Golfo ven en su tecnología, en especial, la tecnología antimisiles. 

   Cuando se firmaron los Acuerdos de Abraham, no se mencionó ni una sola palabra sobre seguridad o tensiones con Irán; todo se centraba en la cooperación económica, los lazos entre pueblos y el comercio. Esta es una omisión muy llamativa, porque estos Estados ahora están involucrados en el tipo de diplomacia de segunda fase hacia Irán, dejando de lado un enfoque activamente antagónico. Aún quieren adquirir armas e inteligencia de Israel para protegerse de futuros ataques de Irán, pero al mismo tiempo no quieren provocar ataques futuros de grupos cercanos a Irán al involucrarse en este lenguaje militar confrontacional. Si se observa el primer año de los Acuerdos, no se mencionan las transferencias tecnológicas o militares.

   Esto cambió en el segundo año de los Acuerdos. En enero de 2022, los Emiratos Árabes Unidos fueron impactados por tres ataques con misiles. Como respuesta, los EAU le solicitaron a Israel públicamente y por primera vez tecnología antimísiles y contra drones. Israel les proporcionó el sistema Barak, que los Emiratos desplegaron poco después. Los líderes emiratíes creen que fue Israel, en lugar de Estados Unidos, quien les dio su protección. Varios días después, Israel envió un equipo a los Emiratos para investigar cómo ocurrieron los ataques. Bahréin, en contraste con Arabia Saudita y los Emiratos, desde un principio hizo declaraciones aprobatorias sobre la presencia del Mossad en el país. Esto muestra un enfoque diferente, y más confrontacional hacia Irán.

   En el ámbito de la gobernanza interna, los softwares espía israelíes, como Pegasus, han ayudado a los Estados del Golfo a manejar la disidencia interna. Antes del 7 de octubre, existía la percepción de que Israel había gestionado con éxito una ocupación permanente, apoyándose en tecnología de vanguardia para lograrlo. La transferencia de conocimientos, tanto sobre la tecnología como en el enfoque organizativo para vigilar a una población sometida, resultó valiosa para los Estados del Golfo.

   El uso de software espía en los Emiratos Árabes Unidos ha sido documentado como herramienta para vigilar a algunos de sus disidentes más prominentes. En mi libro mencioné el caso de Ahmed Mansour, quien fue blanco de múltiples ataques. Aunque el origen del tipo de software de vigilancia utilizado para rastrearlo es confuso—se vende a través de Chipre u otros lugares—una parte era ciertamente israelí. Bahréin ha sido menos hábil en este sentido. El descontento en Bahréin ha sido mucho más visible que en los Emiratos, e involucra a una sección mucho más amplia de la sociedad. Durante su Primavera Árabe, Bahréin recurrió a formas más típicas de represión, como arrestos e interrogatorios. Pero no me sorprendería que Bahréin también adquiriera un software espía más sofisticado.

   ds: Mencionaste cómo los Estados del Golfo, al promover una narrativa específica sobre la normalización, han relegado la cuestión palestina y presentan el conflicto árabe-israelí como algo antiguo o superado, que ahora puede gestionarse en lugar de negociarse. El 7 de octubre fue tanto una reacción a ese enfoque como una ruptura con esa narrativa.

   ef: Esta es precisamente la lógica detrás de la normalización: la cuestión palestina es irresoluble; por lo tanto, no vale la pena dedicar demasiado tiempo a intentar solucionarla. Pero, a la vez, ¿por qué permitir que se obstaculice el fortalecimiento de lazos con un socio útil? El cambio generacional de liderazgo en el Golfo puede definirse así.

   Este punto de vista fue compartido por los funcionarios estadounidenses en la administración Trump. Pero el 7 de octubre mostró que, en realidad, la cuestión palestina no puede ser contenida. Incluso si no te preocupas realmente por la ocupación, su explosión en un conflicto devastador tiene implicaciones para la estabilidad regional y económica. Tomemos los ataques de los hutíes en el Mar Rojo o los misiles lanzados ocasionalmente desde Yemen; esto se convierte en un problema inmediato para Arabia Saudita, que está desarrollando la meca futurista de Neom justo en el Mar Rojo. El 7 de octubre disipó la narrativa de la normalización y demostró que no se puede simplemente ignorar la cuestión de la independencia palestina.

   Por supuesto, otra consecuencia del 7 de octubre ha sido la contundente manifestación de apoyo árabe hacia los palestinos. Esto ha desmontado el mito asociado a los Acuerdos de Abraham de que las poblaciones del Golfo han dejado de preocuparse por los palestinos y están dispuestas a normalizar relaciones sin cuestionamientos. En el caso de Estados más expuestos al descontento social, como Arabia Saudita, el costo político de la normalización se ha incrementado significativamente.

   ds: Parece que, a pesar de que la guerra ha dificultado mucho la normalización, la administración Biden ha intentado resolver la guerra con la normalización misma. ¿Es esta una posición desesperada de la administración Biden? ¿O realmente existe la posibilidad de un acuerdo en el que la normalización juegue un papel central, y los Estados del Golfo acepten la administración externa de Gaza?

   ef: El enfoque de Brett McGurk, Tony Blinken, Jake Sullivan, entre otros, es exactamente ese: un acuerdo en el que se involucre a Arabia Saudita, ofreciendole la normalización y un Estado palestino—o al menos un camino hacia un Estado palestino— a cambio de un acuerdo de defensa. Los funcionarios saudíes han aclarado en varias ocasiones que para ellos conformarse lo minimo sería la creación de un Estado palestino. Y lo que están buscando de Estados Unidos es algo bastante significativo: no solo un acuerdo de seguridad vinculante, sino algo similar a un acuerdo del Artículo 5 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en el que, si Arabia Saudita es atacada, Estados Unidos se vea obligado a responder. Además de eso, quieren tecnología avanzada antimisiles y acceso a un programa nuclear civil.

   La normalización con Arabia Saudita está lejos de ser un hecho, y creo que los funcionarios estadounidenses han sido demasiado optimistas. La estrategia a largo plazo de EEUU es delegar sus políticas regionales a una alianza de monarquías suníes del Golfo y a Israel. Pero hay varios puntos problemáticos con esto. El primero es si el Congreso alguna vez le daría a Arabia Saudita lo que está pidiendo. En segundo lugar, está la exigencia de un Estado palestino, al que el actual gobierno en Israel— el más alineado con la derecha en su historia—no accedería. Ningún líder israelí apoya esto, y las elecciones presidenciales de Estados Unidos, desde el punto de vista del mundo árabe, fueron un concurso entre lo malo y lo peor—ya se le ha dado carta blanca a Netanyahu, y no hay razón para esperar que el segundo mandato de Trump sea diferente.

   Entonces, la pregunta es: ¿estarían dispuestos los saudíes a aceptar la normalización sin un Estado palestino? Algunos afirman que el príncipe heredero no considera que un Estado palestino sea una prioridad y que cualquier gesto simbólico sería suficiente. Por otro lado, hay quienes creen que sería un riesgo demasiado alto generar descontento entre su población interna. Arabia Saudita lideró la Iniciativa de Paz Árabe y no quiere perder su influencia, y mucho menos alienar a millones de musulmanes fuera del Golfo que son firmemente pro-palestinos.

   Este ensayo fue traducido del inglés al español por Isabel Tamayo.

3. Petropolítica

   septiembre 18, 2024 4:12 pm Comentarios desactivados en Petropolítica

   En 2023, cumpliendo las promesas de campaña de convertir a Colombia en un líder en la transición energética global, el presidente Gustavo Petro anunció que el país suspendería nuevos contratos para la exploración de petróleo y gas. El anuncio, aunque celebrado por defensores del medioambiente, ha sido recibido con escepticismo por parte de distintos actores políticos, que han señalado la dependencia de Colombia al petróleo para sus necesidades energéticas, los ingresos estatales y el empleo en Ecopetrol, con participación mayoritaria del Estado.

   La Unión Sindical Obrera (USO), que representa a los empleados de Ecopetrol, apoyó firmemente la campaña presidencial de Petro, pero en este momento enfrenta tensiones con el gobierno. Mientras que Ecopetrol es la empresa petrolera más grande de Colombia y uno de los activos clave de la economía colombiana, la USO es uno de los sindicatos más antiguos del país, además de ser uno de los más perseguidos: casi 900 afiliados han sido víctimas de homicidio, amenazas y exilio a lo largo de los últimos años.

   La USO está pasando por un momento determinante, al apostar por la descarbonización de la economía mediante una empresa que hasta ahora ha sido la punta de lanza de la producción de hidrocarburos en el país. La cuestión es que el presidente quiere convertir a Ecopetrol en un líder de tecnologías limpias. Cómo se haga esta transición, y el efecto que tendrá en los más de 25 mil trabajadores de la industria de hidrocarburos es el problema fundamental que ha atravesado las relaciones entre el gobierno nacional y los trabajadores de la industria en estos dos primeros años del gobierno de Petro.

   Recientemente, una decisión de la Junta Directiva de Ecopetrol ha puesto a prueba las relaciones entre el gobierno y los trabajadores de la industria. Se han frenado nuevas inversiones, que alcanzan hasta unos 3.600 millones de dólares, en la cuenca del Permian, un campo fronterizo entre Texas y Nuevo México. La petrolera colombiana llevaba más de año y medio estudiando el sitio, donde se usa la técnica fracking. El negocio iba en la dirección de generar más utilidades y barriles de petróleo para la empresa—una ampliación estimada del 9 por ciento de su producción de barriles—pero fue rechazado por la Junta Directiva, cercana al presidente Petro, por razones ambientales y económicas. La decisión ha generado polémica entre los trabajadores de la industria de hidrocarburos que creen que los planes de descarbonización del gobierno no deberían consistir en dejar de producir más barriles de crudo.

   Phenomenal World entrevistó a César Loza, presidente del sindicato de Ecopetrol (USO) para discutir la historia del sindicalismo en la industria de los hidrocarburos, los planes de transición energética del gobierno Petro para la empresa Ecopetrol y su visión propia de cómo sería una transición energética favorable para los trabajadores.

   Una entrevista con Cesar Loza, Presidente de la USO

   camilo garzón: ¿Cómo interpreta la llegada de Petro al poder y el efecto que eso tiene en Ecopetrol?

   cesar loza: Nosotros coincidimos con este gobierno en que debe haber una transición energética, de tal forma que se tenga una matriz de energías limpia y poco a poco dejar de depender de los combustibles fósiles. En eso tenemos coincidencia, pero también tenemos fuertes diferencias. Nosotros consideramos que para que la transición energética sea sostenible tienen que darse tres elementos fundamentales. El primero, voluntad política. Distintos actores tienen que tener voluntad política para que haya una transición energética. Hoy tienen voluntad los trabajadores, las comunidades locales, los gremios, las empresas, gobiernos locales y el gobierno nacional, así que en este punto hay pocos desacuerdos. El segundo elemento son las fuentes de energía: energía eólica, solar, geotérmica. En esto también estamos sincronizados ya que Colombia tiene un potencial fuerte para desarrollar estos sectores. Pero hay un tercer elemento sin el cual no se puede hacer la transición energética, y son los recursos económicos. Nosotros hemos dicho: los recursos económicos para la transición energética deben salir de la misma industria del petróleo y el gas. Pero esa realidad no la ha entendido el gobierno. El presidente Petro permanentemente habla de transición energética, pero ¿de dónde va a salir el recurso para hacer eso? Cualquier gobierno, de izquierda o derecha, que presente una propuesta de una reforma tributaria —como ya ha presentado el gobierno de Gustavo Petro en su primer año— para aumentar el recaudo tributario y de ahí sacar recursos para hacer una transición energética, va a ser totalmente impopular. Eso no va a pasar.¹

   Nosotros le hemos dicho al presidente, al ministro de Hacienda, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al presidente de Ecopetrol, que apoyamos una curva básica con rigor técnico de un tope de producción de barriles, ejemplo, 750.000 u 800.000, y que todo lo que se produzca de ahí en adelante sea para invertir en la transición energética. Pero obviamente para eso se requiere una industria robusta y fuerte. Al contrario, lo que hemos notado es que hay desinversión en los diferentes campos petroleros, y obviamente eso causa una diferencia sustancial con el gobierno. Un ejemplo de esa desinversión es que Ecopetrol tomó la decisión de recortar el presupuesto de inversión de 4.500 millones de dólares a 2.500 millones de dólares para este año. La decisión tendrá impacto en la exploración y producción de petróleo y gas y va en contra del marco fiscal de mediano plazo contemplado para 2026, donde se esperaba que la empresa aumentara su producción a 850 mil barriles por día de crudo. Sin embargo, al ritmo actual, no se podrá llegar a esa cifra.

   Por ejemplo, el 4 de marzo, Andrés Camacho, el ministro de Minas y Energía, manifestó en una entrevista que un reto grande en el país era la búsqueda del millón de barriles. Posteriormente, lo dijo el ministro de Hacienda. Recientemente se creó un comité interinstitucional, liderado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con el fin de reactivar la industria. La USO pidió ser incluida en ese comité, porque nos beneficia construir la política de entorno para poder desarrollar la industria. Sin embargo, se notan intereses en conflicto, por ejemplo, el ministerio de Ambiente está en contra la idea de fortalecer la capacidad de producción de la industria.

   cg: Para dar un poco de contexto: ¿Cuál ha sido históricamente el rol del sindicato de la USO en Ecopetrol?

   cl: La USO fue fundada clandestinamente el 10 de febrero de 1923 en Barrancabermeja, es decir que ya tiene más de 100 años. La organización sindical se caracterizó, en principio, por defender los derechos de los trabajadores que laboraban al servicio de una empresa multinacional norteamericana llamada Tropical Oil Company. La empresa tenía a su cargo la explotación del pozo “Infantas 2”, descubierto en el corregimiento de El Centro, en Santander. El pozo se venía explotando desde 1918 y  es allí donde nació la industria.

   La USO al principio se caracterizó por defender los derechos de los trabajadores y dignificar sus condiciones con la bandera de los “tres ochos” (ocho horas de trabajo, ocho de estudio y ocho de descanso) que venía de la revuelta de Haymarket en Chicago. Posteriormente entró en la agenda política más amplia cuando adelantó una huelga en 1948, conocida como la “huelga patriótica”, también desde Barrancabermeja, en la que se solicitaba, además de condiciones laborales dignas y la nacionalización del petróleo, que el Gobierno de la época, que era conservador, no prorrogara la concesión de Mares. Esta venía de 1909 cuando el presidente Rafael Reyes entregó a Roberto de Mares la concesión para explotar el petróleo en las selvas del Carare Opón, en la región del Valle Medio del Magdalena.

   A raíz de esa huelga se logró que el gobierno conservador limitará a la Tropical Oil Company su explotación del petróleo en la región, hasta el 25 de agosto de 1951. También accedió a que se revertiría la concesión al Estado después de esa fecha. Es así que surge la Empresa Colombiana de Petróleos, que sale a la luz en agosto de 1951, como resultado de la huelga. Por eso decimos nosotros que la USO fue la encargada de crear Ecopetrol. Desde entonces, la Unión Sindical Obrera se ha caracterizado por defender el petróleo como patrimonio público de los colombianos y los derechos de los trabajadores. En principio, el sindicato era un sindicato de base, es decir, de empresa. Posteriormente, hace aproximadamente unos veinticinco años, nos acogimos al sindicato de industria. Hoy representamos a los trabajadores de la industria de hidrocarburos en Colombia y no sólo a Ecopetrol.

   Nuestro sindicato es un sindicato de izquierda que defiende la propiedad pública, el patrimonio público y las condiciones de los trabajadores. Pero también hay mucho pragmatismo. A los trabajadores les interesa tener una organización sindical que defienda sus derechos, su empresa, su fuente de empleo y su convención colectiva. La organización sindical tiene, por supuesto, una alineación con la izquierda, con los gobiernos progresistas, pero las coyunturas políticas van cambiando. Nosotros al Gobierno de Santos lo apoyamos en la reelección porque había una coyuntura de construcción de paz que el Gobierno estaba llevando a cabo a través de la negociación con la guerrilla de las FARC. Nosotros tomamos la decisión de apoyarlo a pesar de que era un candidato de derecha.

   Hoy, la estructura orgánica del sindicato se compone de una Junta Directiva Nacional compuesta por veinte miembros y el presidente. Hay 28 juntas regionales distribuidas a lo largo y ancho del país y la máxima instancia deliberativa del sindicato es una Asamblea Nacional de Delegados. En la industria de los hidrocarburos somos aproximadamente unos 25 mil, y en Ecopetrol tenemos aproximadamente unos 16 mil trabajadores, pero eso depende de los ciclos de trabajo. El número de afiliados a la USO en el grupo empresarial Ecopetrol puede ser de unos 9.000 trabajadores y el resto son trabajadores de servicio de contratistas y otras operadoras. Hay otros sindicatos minoritarios, pero nosotros somos el sindicato beligerante, que hace la movilización y que adelanta la acción política²

   cg: ¿Cuál es el aporte general que hace Ecopetrol a la economía colombiana?

   cl: Después de la recaudación tributaria vía impuestos, Ecopetrol es la principal fuente de ingresos del país. En el año 2023, le entregó a la nación $58 billones de pesos. Esta cantidad es equivalente al 4 por ciento del PIB y también equivale a las tres reformas tributarias de los últimos 5 años. En la más reciente reforma tributaria aprobada por el Congreso, en 2022, el gobierno intentó hacer que las empresas mineras y petroleras pagaran más impuestos, pero la Corte Constitucional tumbó este año esa disposición, que le supuso ingresos al gobierno en 2023 por casi $7 billones de pesos, y ahora tiene que devolver.

   El aporte de Ecopetrol siempre ha sido significativo para las finanzas públicas. Sin el aporte de la empresa, el gobierno tendría que hacer unas tres reformas tributarias al año. Me refiero a que si Ecopetrol se privatiza, la empresa pagará regalías e impuestos, pero por efecto de utilidades no generaría nada. Lo que significa que la diferencia solo se podría cubrir con reformas tributarias. Por eso es importante defender los aportes que dependen en buena medida del nivel de ingresos y utilidades de Ecopetrol.

   También juega como un factor importante el precio internacional del crudo. Si el crudo tiene buen precio, los ingresos para la nación van a ser mejores. Por ejemplo, los precios se han mantenido por encima de los 80 dólares por barril durante los últimos tres o cuatro años. Esto después de la crisis del coronavirus, cuando los precios se desplomaron a niveles negativos. Inclusive, empresas perdieron ganancias al tener que pagar el crudo a 20 dólares para que los buques lo almacenaran, porque no había ni transporte, ni terminación. La caída de precios más reciente se dio en el 2014, cuando hubo una crisis de precios internacionales que tuvo un impacto negativo para los trabajadores de la industria a nivel global, pero especialmente en Colombia, donde los precios fluctuaron dramáticamente, desde 118 dólares por el barril de Brent a 37 dólares en 2015.

   cg: Cuéntennos acerca de la relación de la USO con gobiernos recientes en Colombia.

   cl: La lucha del movimiento sindical ha sido constante, pero hemos tenido gobiernos con los que nos ha tocado mucho más difícil. Por ejemplo, los dos gobiernos de derecha de Álvaro Uribe (2002–2010) fueron contraproducentes para el movimiento sindical en Colombia y particularmente para la USO. En el año 2003 fuimos a una huelga durante el gobierno Uribe. Al frente de Ecopetrol estaba Isaac Yanovich, un presidente reaccionario anti-obrero que odiaba al sindicato. Esa huelga tuvo un alto costo para el sindicato y supuso el despido de 253 empleados.  A través de esa huelga la USO desafío la privatización de Ecopetrol. En el país se venía dando un proceso de privatización de las empresas públicas, como Telecom, y el sindicato tenía información de que iban a hacer lo mismo con Ecopetrol.

   Aún con las huelgas que evitaron la total privatización, con Uribe la empresa recibió dos grandes golpes. Uno a través del decreto 1760 de 2003, que le quitó todo el protagonismo que tenía Ecopetrol en materia de contratación petrolera, de asociaciones y de manejo de las regalías. Se le pasó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. El otro gran golpe fue la ley 1118 de 2006 que convirtió a Ecopetrol en una sociedad por acciones con una autorización de venta de hasta el 20 por ciento de las acciones. A través de ese decreto se le cambió la naturaleza económica a Ecopetrol y se convirtió en una empresa de economía mixta, es decir, con propiedad mayoritaria del Estado (88 por ciento) pero también de accionistas particulares. Además, contra el movimiento obrero, vinieron reformas laborales y pensionales. Por todo esto, la administración de Uribe fue uno de los gobiernos con más conflictos para el movimiento sindical. Al margen de esas tensiones, la historia del sindicato ha estado marcada por la violencia y la represión.

   cg: Explique un poco más a que se refiere con violencia y represión.

   cl: Nuestro sindicato ha sido víctima de la guerra sucia en Colombia. Entre finales de los años 80 y comienzos de los 2000, tenemos registrados más de cien asesinatos entre dirigentes y activistas de la USO, producto de la guerra. La Comisión de la Verdad documentó 865 hechos victimizantes, entre 1986 y 2019, contra integrantes del sindicato. Hay actores que han aceptado la violencia física contra dirigentes sindicales o incluso al interior de Ecopetrol se posicionaron algunos actores que generaron violencia contra los movimientos sindicales.

   Aury Sará Marrugo, presidente de la USO en Cartagena, fue asesinado el 5 de diciembre del 2001. Salvatore Mancuso, uno de los máximos excomandantes de las autodefensas de Colombia, ha aceptado que fueron secuestrados y torturados dirigentes sindicales. También se aceptó en versiones de la Ley Justicia y Paz (que fue un marco jurídico para facilitar la desmovilización de los paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe) que uno de los funcionarios de seguridad de Ecopetrol tenía vínculos con paramilitares. Eso, por supuesto, supuso que muchos líderes del sindicato prefirieran no manifestarse públicamente. En síntesis, nosotros hemos sido víctimas de la guerra sucia que se ha dado contra el movimiento sindical en Colombia.

   cg: Además de las diferencias que la USO ha tenido con el gobierno, ¿cómo está la relación del sindicato con la Junta Directiva de Ecopetrol y su Presidente Ricardo Roa?

   cl: Con la junta de Ecopetrol tenemos buenas relaciones. De hecho, nos han habilitado espacios en las reuniones que ellos han hecho en Barrancabermeja y en Bogotá con la vicepresidencia de talento organizacional, pero hay decisiones que no dependen de la Junta de Ecopetrol, sino del gobierno nacional. Esto quiero que quede claro porque la relación entre la USO y Ecopetrol es buena, pero hay decisiones que dependen del gobierno nacional. 

   Una diferencia concreta es que nosotros creemos en la necesidad de la transición energética, pero esto no significa dejar de producir petróleo y gas. Hay que seguir produciéndolos, es el negocio tradicional de Ecopetrol, y además garantiza el abastecimiento energético nacional. Si no encontramos nuevas reservas, esto va a poner en aprietos a Ecopetrol y a la economía del país, porque solamente tenemos reservas de hidrocarburos para siete años. Hoy tenemos una producción en barriles equivalentes a 758 mil barriles diarios, que incluye la producción que se hace con fracking en la cuenca Permian en Estados Unidos. Ese contrato se extiende hasta el 2025. Hoy tenemos 580.000 barriles de crudo, sin contar el gas. Si a esos barriles le quitamos los 64.000 barriles que aporta la cuenca Permian, al finalizar el próximo año nos queda una producción de 516.000 barriles de crudo. Si se le aplica un factor de declinación del 10 por ciento, al cabo de 2 años vamos a tener 374.000 barriles. Es decir, vamos a tener que importar crudo para cargar nuestras propias refinerías, pero con el agravante de que no vamos a tener nada que exportar. Este es un tema que nos preocupa como sindicato y le debería preocupar al país. Hay que explorar más, sí o sí.

   En dos años, si no hay nuevos hallazgos, no vamos a tener suficiente crudo para cargar las dos refinerías más grandes del país: Cartagena y Barrancabermeja. Hoy se importan algunos barriles de crudo para poder tener las cargas que demanda la refinería de Cartagena, es decir, se importa por un tema eminentemente técnico, pero también se exporta. Colombia exporta más de 300.000 barriles de crudo.

   El actor más importante en materia de hidrocarburos en Colombia es Ecopetrol. La empresa garantiza la autosuficiencia energética y refina 440.000 barriles al día, transporta más de 1.100.000 barriles entre derivados y crudo, produce 7 de cada 10 barriles y genera el 80 por ciento del gas del país. Entonces no se puede dejar de invertir en el negocio tradicional, no solamente por un tema de abastecimiento energético, sino también por un tema de ingresos para las arcas de la nación.

   cg: Otra preocupación de la USO ha sido la generación de empleo. ¿Qué propuestas ha hecho la USO a Ecopetrol para que la transición energética de la empresa no resulte en la pérdida de empleos?

   cl: En una reciente Asamblea estatutaria de Ecopetrol, se aprobó que la empresa sea considerada como una empresa de energías y no solamente de petróleo y gas. Hay que tener en cuenta que las grandes empresas petroleras del mundo están adoptando el mismo esquema. Por ejemplo, Equinor, empresa estatal de Noruega, gestionó en el año 2018 una transformación administrativa interna, volviéndose empresa generadora de energías.

   Una estrategia similar puede permitir que Ecopetrol lidere la transición energética en Colombia, pero se requieren cuantiosos recursos y un cambio en la regulación. Actualmente, la petrolera no puede vender energía limpia, sólo generarla para su autoconsumo. Nosotros consideramos que, en términos generales, la transición energética en Colombia la debe liderar Ecopetrol, para que quede en manos del Estado. De lo contrario, el negocio va para empresas privadas o multinacionales y, por supuesto, eso contribuye a encarecer la energía.

   Además, hay una situación de orden laboral que nosotros queremos mencionar. Los empleos que genera la industria del petróleo y el gas en el país son empleos de calidad, son empleos dignos: muy bien remunerados gracias a la lucha de la Unión Sindical Obrera y de los trabajadores de las comunidades. Mientras que los empleos que generan las fuentes de generación energética alternativas como la energía solar, son empleos con salarios bajos, que no tienen abundante mano de obra como suele ocurrir en los centros de generación eléctrica. Entonces, realmente la calidad del empleo es diferente y hay que garantizar que los empleos de las energías limpias sean también dignos y con protecciones. Dentro de Ecopetrol se podría hacer esto, ya que es una empresa con una trayectoria de garantías laborales para sus trabajadores.

   cg: ¿Cómo se ven en el marco más amplio de movimientos internacionales de trabajadores del petróleo, por ejemplo, con los sindicatos de empresas como Petrobras y Pemex?

   cl: Lula tiene un gobierno de izquierda, pero yo no he escuchado que esté promoviendo dejar de producir petróleo y gas en Brasil. Al contrario, ellos cada vez vienen incentivando más la explotación offshore. El reto que tienen es llegar a 6 millones de barriles. Eso no significa que no estén alineados con la transición energética, sino que van trabajando en las dos vías. A pesar de que el gobierno está comprometido con la transición, no hay riesgo sobre el empleo de la industria petrolera porque ellos siguen explotando.

   En cambio, aquí se considera que hay que dejar de depender lo más pronto posible de los hidrocarburos. Eso no va a ocurrir por razones técnicas y socioeconómicas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en una región como el Valle Medio del Magdalena, que históricamente ha dependido de la industria petrolera al ser foco de producción, explotación, refinación y transporte? Uno tiene que hacer una transición socioeconómica para que la gente, en vez de depender del petróleo, dependa de otras potencialidades económicas del territorio, pero eso no se hace de la noche a la mañana.

   cg: En Colombia hay un debate sobre los subsidios a la gasolina y el diesel. El gobierno Petro, en línea con su política de desincentivar los hidrocarburos, ha tomado decisiones para quitar parte de esos subsidios, lo que ha repercutido en un aumento de los precios de la gasolina y ahora del diesel, una medida muy impopular entre el gremio de los transportadores. ¿Qué piensa la USO de esta medida de quitar esos subsidios?

   cl:  El presidente Petro buscó, desde agosto de 2022, desmontar el conocido Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, creado en 2007, con la idea de evitar las fluctuaciones de precio. La intención era que el fondo se alimentaría al cobrar más alto al precio internacional del petróleo cuando estuviera bajo, y convertiría ese superávit en un subsidio de la gasolina cuando el crudo estuviera alto. Pero desde su creación ha sido deficitario, por lo que el Estado tuvo que subsidiar el fondo. Petro decidió inicialmente quitar el incentivo de la gasolina y ahora anuncia que lo hará con el diesel también. Desde julio de 2022, el precio de un galón de gasolina ha aumentado de 9.46 pesos a 14.546 pesos, un incremento del 61 por ciento en términos nominales y del 40 en precios constantes (ajustando la inflación).

   En Colombia hay una estructura de precios de los hidrocarburos donde un 35 por ciento de estos son impuestos. El otro elemento que contribuye a que nuestros combustibles sean caros es que se tiene como referente el combustible que se compra en el Golfo de México. Ese precio es un referente internacional que se traslada al país. Por eso se dice que el gobierno subsidia con determinado dinero cada galón de gasolina, claro, porque en el Golfo de México el galón de gasolina tiene un precio superior. Entonces, por eso el gobierno aplicó una tarifa de liberación de precios que funciona para equipar a los precios del Golfo de México. Eso lo hizo con la gasolina y es lo va a hacer con el petrodiesel.

   Recientemente el ministro de Hacienda dijo que el incremento en el diesel iba a ser de 6.000 pesos, 2.000 este año y 4.000 el año siguiente en dos incrementos. Eso va a generar una inconformidad social, porque los transportadores ya amenazaron con paralizar la producción, y, de hecho, ya lo hicieron con movilizaciones este mes.

   Nosotros desde la USO hemos dicho que ojalá se trabajara con rigor académico y técnico para generar una nueva estructura de precios donde se paguen menos impuestos y eso permita que los combustibles sean más baratos. Otra opción es que a Ecopetrol se le diga que el barril de crudo, después de que lo procese y lo entregue en puntos de abastecimiento, va a tener un margen de utilidad por refinarlo, aunque eso no ha sido posible por una razón muy sencilla: en la medida en que la estructura de precios cambie, esos impuestos se reducen y entonces los ingresos para las regiones van a ser menores. Entonces, acá hay un problema estructural que está fundamentado en la forma como se define el precio del combustible.

   Todo esto debería ser un debate de carácter público porque la gente se pregunta, por ejemplo, si hoy se importa el 20 por ciento de la gasolina que se consume en el país, pero el diesel se produce totalmente en el país con nuestros crudos, ¿por qué tienen que tasar las cuentas de la gasolina y del petrodiesel con los precios del Golfo de México si gran parte se produce acá? Ese es un debate que lleva mucho tiempo en el país. Desde el sindicato consideramos que se debería cambiar la estructura de precios en el país sin que eso implique pérdidas para Ecopetrol o implique no tener tributación por ese efecto.

   cg: Finalmente, ¿cómo ve usted la exploración futura de petróleo y gas?

   cl: Un ejemplo se ve en lo que ha pasado en el proyecto Komodo 1, que es la perforación de un pozo offshore a 40 km de Santa Marta, que busca marcar una posible provincia gasífera donde puedan estar las reservas de gas que el país necesita para los próximos años. Pero este proyecto está temporalmente suspendido por una decisión del Ministerio de Ambiente, que le pidió a la autoridad ambiental suspender el trámite hasta que se tuviera más información sobre sus impactos. La situación es contraproducente para Ecopetrol y para el abastecimiento energético que necesitamos garantizar. Hay una solicitud en el despacho de la ministra para que más de 80 pozos estratigráficos se puedan convertir a pozos productores, pero no se han dado avances en esa solicitud.

   Entonces, nosotros estamos haciendo un llamado a que es necesario que los entes del gobierno se coordinen en la vía de fortalecer la exploración en Colombia, incluso con los mismos 300 contratos que el país tiene firmados. Otro ejemplo fue precisamente el que salió a la luz pública hace un par de semanas, y fue que Ecopetrol desistió de hacer un negocio de aproximadamente 3.600 millones de dólares en Estados Unidos al no comprarle a Oxy un porcentaje de los activos de la empresa CrownRock. Este proyecto iba en la dirección de incrementar la producción de barriles de la empresa en un 9 por ciento, pero la Junta de Ecopetrol dijo estar en desacuerdo por razones fiscales y porque, finalmente, el gobierno se opone al uso de la técnica fracking. Nosotros no estamos diciendo que la decisión debió ser otra, pero si le planteamos a la Junta de la empresa que esos 3.600 millones de dólares que no se usaron los traigan e inviertan en el país.

   Entonces, no puede ser que todos los proyectos para ampliar la producción queden parados sin una alternativa clara de cómo puede crecer económicamente la empresa. Por ahora no hemos recibido una respuesta del gobierno frente a esa solicitud. Hemos pedido en reiteradas ocasiones reunirnos con el presidente Petro, pero no ha sido posible.

4. En Cisjordania

   septiembre 12, 2024 5:20 pm Comentarios desactivados en En Cisjordania

   El 28 de agosto, Israel lanzó su mayor ofensiva militar en Cisjordania desde la Segunda Intifada, ocurrida hace más de dos décadas. La operación, denominada “Campamentos de Verano”, tuvo como objetivo las ciudades de Jenin, Tulkarem y Tubas, ubicadas en el norte del territorio, y resultó en la muerte de treinta y nueve palestinos. Además, el ejército dejó 150 heridos, arrestó a decenas de personas y destruyó infraestructura clave. Varios tramos de carretera fueron destrozados, las fachadas de comercios arrasadas por bulldozers y las líneas de agua y electricidad quedaron gravemente dañadas.

   A pesar de las declaraciones de funcionarios de seguridad israelíes que indicaban que las redadas podrían marcar el inicio de una prolongada operación militar, se ha producido la retirada de algunas ciudades del norte. Mientras tanto, las tropas siguen activas, con redadas y arrestos reportados durante el fin de semana en Nablus y Hebrón (El ejército israelí también mató a una activista turco-estadounidense en una manifestación al sur de Nablus el pasado viernes al dispararle en la cabeza).

   La reciente operación terrestre y los bombardeos aéreos, lejos de representar la apertura de un nuevo frente en Gaza o la frontera con el Líbano, son en realidad una intensificación de la actividad militar de Israel en el territorio. Las fuerzas israelíes ingresan a la Cisjordania ocupada a su antojo, con frecuencia bajo el pretexto de atacar a los combatientes de la resistencia palestina. Desde el 7 de octubre, más de 650 palestinos han sido asesinados en Cisjordania y Jerusalén del Este, de los cuales más de 150 eran niños. Días antes del inicio de la Operación Campamentos de Verano, soldados colonos atacaron Wadi Rahal, un pueblo cercano a Belén, y asesinaron a un hombre palestino. Dos semanas antes, algunos colonos llevaron a cabo un pogromo en la aldea de Jit, incendiando viviendas y matando a otro hombre. Incluso antes de octubre, el año 2023 ya había sido el más mortífero para los palestinos en Cisjordania.

   Estos hechos se enmarcan en el contexto del genocidio en curso por parte de Israel en Gaza y de una ocupación militar que lleva vigente desde 1967. Esta ocupación, que es considerada ilegal por la comunidad internacional, se vuelve cada año más arraigada y violenta, de maneras muy profundas.

   La mañana después de que comenzaran las recientes incursiones en el territorio, hablamos con Fathi Nimer sobre las redadas, las condiciones en Cisjordania desde octubre y la historia de la anexión y ocupación. Nimer ha trabajado en el Arab World for Research and Development, la Universidad de Birzeit y el Centro de Estudios de Derechos Humanos de Ramallah. Actualmente es investigador de políticas palestinas en Al-Shabaka.

   Una entrevista con Fathi Nimer

   JACK GROSS: En septiembre 11, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) lanzaron un ataque en varios lugares de Cisjordania, con informes de ataques aéreos en Nur Shams, bombardeos en Faraa, redadas en Beit Fajjar y un cerco en Jenin. ¿Qué sabemos hasta ahora sobre lo que ha ocurrido? ¿Fue una operación limitada o una escalada más sostenida?

   FATHI NIMER: Los rumores de una operación más intensa en Cisjordania han estado circulando durante los últimos meses y, de hecho, durante los últimos dos o tres años. Una razón detrás de ello es el surgimiento de diferentes grupos de resistencia, particularmente en los campos de refugiados, que son de los pocos lugares donde los palestinos pueden organizarse con menor interferencia, ya sea de la Autoridad Palestina (AP) en su papel de coordinadora de seguridad o del aparato de inteligencia de Israel.

   Estas áreas se han convertido en centros de los nuevos grupos de resistencia armada que Israel pensaba que había eliminado. Desde que comenzó el genocidio, los grupos en Cisjordania han intentado desviar los recursos de las FDI de Gaza. Podemos darnos una idea de la amenaza que estos grupos representan, ya que por primera vez en casi veinte años, Israel está recurriendo a bombardear estos campamentos desde el aire. No pueden seguir con incursiones terrestres sin costo alguno; la estrategia típica es arrestar, asesinar y bombardear de manera directa. Han estado haciendo esto durante diez meses en Cisjordania, pero no han logrado los resultados deseados. Con un gran ataque, las FDI creen que pueden infligir suficiente daño para disuadir la resistencia.

   Los lugares que las FDI han estado atacando guardan una cierta relevancia. Jenin es conocida como un sitio de resistencia desde la Segunda Intifada, y en el pasado ha sido objeto de toques de queda prolongados y asesinatos selectivos más que otras ciudades de Cisjordania. Pero algunos de los lugares bajo asalto de las FDI en este momento, como Jericó, por ejemplo, no han estado asociados con la resistencia armada. La situación en Cisjordania ha empeorado de forma tan acelerada en los últimos años, y aún más desde la coyuntura de octubre, que incluso áreas que en el pasado no habían sido objeto de ataques armados, ahora se están viendo involucradas.

   Aunque el enfoque actual de las FDI se centra en el norte de Cisjordania, esto no representa el final de la historia. Paralelamente, la Autoridad Palestina está llevando a cabo una intensa campaña de seguridad en Nablus. En este tipo de operaciones en Cisjordania, no siempre es evidente cuál es la diferencia entre las Fuerzas de Seguridad Nacional de Palestina y las Fuerzas de Defensa de Israel, ya que ambas trabajan en conjunto con el objetivo compartido de neutralizar la resistencia armada y cualquier desafío al monopolio del poder que ejerce la AP.

   Es importante tener en cuenta que estos acontecimientos se han venido acumulando hasta llegar a esto durante algunos años. Creo que el 7 de octubre aceleró el proceso, pero íbamos hacia este nivel de escalada porque la política de Israel es, como siempre, golpear con la mayor fuerza posible sin abordar las presiones subyacentes. Cuando las causas profundas permanecen sin cambios, en definitiva habrá una resistencia continua.

   Otra cosa a destacar es que, evidentemente, Israel puede bloquear y llevar a cabo un genocidio en Gaza sin repercusiones locales, pero hay cientos de miles de colonos en Cisjordania. Cisjordania es un territorio pequeño, con colonos distribuidos por todas partes; por diseño y por necesidad, los asentamientos están construidos para evitar un territorio palestino contiguo que pueda convertirse en un Estado. Los palestinos están rodeados de colonos israelíes, y los colonos israelíes están rodeados de palestinos. Esto significa que, a todos los efectos, un confinamiento total es imposible.

   La estrategia de Israel puede ser «vivir por la espada», pero la espada se extiende a tres frentes activos: Gaza, Líbano y ahora Cisjordania, y con la participación periódica de otros grupos en la región. En esta situación, ¿puede Israel desplegar grupos de soldados en cada asentamiento, poniendo un tanque en cada esquina? Esto afectaría su preparación de combate en estos otros frentes.

   No verás este análisis en la dirigencia política, que solo se dedica a propagar bravuconadas. Sin embargo, entre el liderazgo militar existe una comprensión: si Cisjordania realmente se desata y estalla una rebelión, será un problema mucho mayor para ellos que cualquier otro frente que les preocupe, ya que las poblaciones están demasiado entrelazadas en este punto. 

   DYLAN SABA: En Cisjordania, como mencionaste, ha habido un aumento en la actividad de resistencia durante los últimos años, especialmente en lo que se denominó la Intifada de la Unidad en 2021. Algo característico de ese momento y de los años siguientes es la aparición de grupos de resistencia palestinos que no están afiliados a las facciones históricas de la política palestina. ¿Sigue siendo así o ha habido un regreso a la resistencia política faccional en Cisjordania?

   FN: Mi impresión es que esto sigue siendo así. En general, los jóvenes están muy desilusionados con los aparatos formales de los partidos. Si somos honestos, la mayoría de las facciones de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) han sido desmovilizadas en gran medida. Fatah sigue alineado con la Autoridad Palestina (AP), y por lo tanto no está interesado en una escalada; esto no es cierto para todas las corrientes dentro de Fatah, pero las facciones pro-resistencia han sido fuertemente marginadas desde el final de la Segunda Intifada.

   En la década de los 2000, incluso tuvimos a un estadounidense, el general Keith Dayton, que vino y presidió lo que se llamó una reforma del sector de seguridad. Los detalles de este episodio son complejos, ya que implican tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos e Israel, y cooperación con la inteligencia jordana y el ejército egipcio, pero lo que hizo, en pocas palabras, fue crear un nuevo grupo de soldados entrenados por los estadounidenses, leales al liderazgo de la AP, pero no a Fatah como partido político en sí. La antigua fuerza de seguridad fue desmantelada, y esta nueva fuerza, entrenada por los Estados Unidos, la reemplazó. Estas son las mismas fuerzas que reprimen protestas, incluso con medios letales, en toda Cisjordania.

   Y tiene sentido; de manera inevitable, la mayoría de las protestas se convierten en protestas contra la AP, porque este es el cuasi-gobierno que participa en la represión directa de los palestinos. La asfixiante atmósfera política en Cisjordania genera mucho temor hacia el mukhabarat, el estado de inteligencia, en un estilo típicamente árabe, pero aquí en Cisjordania solo tenemos las capacidades represivas del Estado sin el Estado real.

   Volviendo a tu pregunta sobre los grupos de resistencia actuales. Es importante entender que estos atraviesan las facciones; los jóvenes se afilian a diferentes grupos partidarios sin el aval oficial de esos grupos. Creo que esta es una de las principales razones por las que han sido difíciles de reprimir y cooptar. No es fácil dominarlos mediante estrategias de represión frontal o sobornos. Lo anterior fue muy evidente con la Guarida del León, un grupo de la Ciudad Vieja de Nablus que ganó cierta prominencia en 2021. La AP no pudo sobornarlos con trabajos en el aparato de seguridad, e Israel llevó a cabo una campaña de un año para asesinar a cada líder de ese grupo, pero no logró desmantelarlo por completo. Es posible que esta sea parte de la razón por la que el ataque israelí es tan severo y devastador. El mensaje intencionado es que su poder es abrumador y que resistir es ridículo. Y creo que ese mensaje intencionado explica gran parte de la política de «seguridad» israelí en Cisjordania.

   DS: Has señalado varias amenazas que los palestinos en Cisjordania están enfrentando y han enfrentado desde antes del 7 de octubre: amenazas de incursiones militares israelíes, violencia de los colonos y de la AP. ¿Cómo entiendes la relación entre estas diferentes fuerzas represivas en Cisjordania?

   FN: El objetivo de colonización del Estado israelí es obtener la mayor cantidad de tierra palestina, con la menor cantidad posible de palestinos.

   Incluso cuando no se dice de manera explícita, ese imperativo sigue animando el núcleo de la política israelí. Cada una de las fuerzas opresivas que mencionaste está orientada hacia ese objetivo. En el caso de los colonos, son tropas subcontratadas que llevan a cabo la colonización de Cisjordania. Es un error ver a los colonos y al Estado como separables.

   Cuando los colonos acosan a los palestinos, son protegidos por el ejército israelí, que, al ser un ejército de reclutamiento, también incluye a colonos enlistados. De hecho, hay unidades enteras que solo incluyen a colonos. (Una de esas unidades, como recordarás hace unos meses, se suponía que recibiría sanciones de parte de Estados Unidos, pero el país retrocedió, porque incluso ese gesto simbólico de aplicar la Ley Leahy fue demasiado para la administración de Biden).

   Así que estas fuerzas trabajan de la mano. Los colonos son más directos en el robo de tierras, y ven al ejército como demasiado lento y cauteloso en su método de anexión. El ejército ve a los colonos quizás como una vergüenza a nivel internacional, pero al final del día, ambos tienen el mismo objetivo, que es maximizar la posesión de tierras palestinas.

   Existen muchos métodos de expropiación, y la expansión mediante asentamientos es solo una forma de anexión en Cisjordania. Las reservas naturales se usaron para anexar muchas tierras palestinas, y en las colinas del sur de Hebrón designaron una franja entera de tierra como una «zona de tiro militar cerrada», anexada presumiblemente para fines militares, pero que fomentaba el asentamiento ilegal.

   A pesar de la retórica israelí que sugiere lo contrario, una evaluación del período posterior a Oslo indica que la Autoridad Palestina ha sido una de las mejores inversiones para Israel: ellos mantienen el control de las fronteras y el espacio aéreo, mientras que la AP se encarga de todo el “trabajo sucio”, como la educación, la recolección de basura, la atención médica, las preocupaciones de seguridad de Israel y toda la desagradable administración básica que, según el derecho internacional, debería ser responsabilidad del ocupante. Y deben hacerlo bajo condiciones extremas y restrictivas.

   La Autoridad Palestina fue creada en teoría como un cuerpo interino para establecer un Estado palestino en cinco años. Surgió del proceso de Oslo y, más específicamente, de Oslo II. Pero los parámetros del poder de la Autoridad Palestina eran muy limitados, entonces y ahora. La Autoridad Palestina carece de cualquier autonomía o soberanía real. En este punto, es un cuerpo administrativo glorificado. Uno de los aspectos de Oslo II es que hubo algo llamado el Protocolo de París, que es el sistema económico de la Autoridad Palestina y cómo gestionaría su economía y qué relación tendría con la economía israelí, porque a todos los efectos, la economía israelí absorbe a la economía palestina. Y eso también fue por diseño, a través de un proceso de des-desarrollo que comenzó desde el principio de la ocupación, donde instauraron todas estas leyes para impedir que los palestinos compitieran de alguna manera con los israelíes y para inundar los mercados palestinos con productos israelíes. De esta manera, los palestinos son una base de consumidores cautivos, y también una fuerza laboral cautiva, tanto dentro de las fronteras de Israel como en los asentamientos de Cisjordania.

   JG: ¿Puedes profundizar en cómo se divide Cisjordania en términos legales, militares y de infraestructura? ¿Qué son las Áreas A, B y C, por qué existen estas distinciones y qué significan para los palestinos que viven bajo ocupación? ¿En qué medida se han intensificado las restricciones sobre el movimiento y la actividad económica de los palestinos en Cisjordania desde el 7 de octubre?

   FN: Como parte del marco de Oslo, Cisjordania se divide en Áreas A, B y C. El Área A es la más pequeña. Está bajo control palestino, teóricamente—pues no hay nada bajo control palestino real. En el Área B, se supone, hay un control compartido, entre la AP en el lado de los asuntos civiles y las FDI en «seguridad». El Área C, que comprende la mayor parte de la superficie terrestre de la región, está bajo un control completo por parte de Israel y forma la mayor parte de lo que se suponía que sería el «Estado palestino», tras el proceso de paz. Es en este contexto que la Autoridad Palestina mantiene su programa político impulsado por la solución de dos Estados.

   A los palestinos no se les permite tener su propia moneda ni recaudar sus propios impuestos. Israel recauda impuestos por todo, en particular, el IVA e impuestos de importación, lo que significa que, si Israel quiere congelar o apropiarse de esos ingresos, puede hacerlo. Lo hacen a menudo cuando quieren ejercer algún tipo de presión sobre la Autoridad Palestina. Esto significa que ni siquiera podemos cambiar nuestras tarifas, nuestros impuestos, o nada de eso. Tenemos una unión fiscal, pero tampoco se nos permite cambiar nada de eso. También hay proyectos como el Comité Conjunto de Agua, que determina cómo se distribuye el agua—una reformulación nominal de lo que era antes de la AP—que otorga poder de veto al ejército israelí sobre cualquier cosa relacionada con el agua. Al final del día, es Israel quien determina qué palestinos reciben agua, porque ellos otorgan los permisos.

   Por ejemplo, no se nos permite cavar para obtener agua más allá de una profundidad específica, y si te atrapan haciéndolo, vendrán y verterán cemento en el pozo. Si quieres cavar para obtener agua, tienes que solicitar un permiso. Por supuesto, los permisos tienen una tasa de rechazo de más del 98 por ciento. Esto ocurre incluso en el Área A, que supuestamente está bajo control total de la AP.

   Podemos trazar un paralelo entre el sistema de agua y muchas otras restricciones sobre los recursos en la mayor parte de Cisjordania porque este sistema de control afecta todo. Incluso si quieres construir una casa, necesitas un permiso. No solicitas un permiso a tu gobierno, la AP. No, solicitas un permiso a la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) del ejército israelí. Y te deseo buena suerte al intentar conseguir uno. Por eso escuchamos tanto sobre las demoliciones de casas, que no solo se ejercen punitivamente contra personas condenadas por «terrorismo», sino contra familias sujetas al régimen de permisos de Israel. Las condenas por terrorismo, por cierto, también ofrecen una visión muy interesante de los tribunales militares de Israel, ya que el 99.7 por ciento de los casos terminan en condena. Básicamente podrían acusarte de, quién sabe, cultivar un árbol en tu cabeza, y aún así podrías ser condenado porque el sistema funciona de esa manera. No hay una forma real de apelar a nada, si es que tienes un juicio para comenzar. En el caso de la detención administrativa, ni siquiera tienes un juicio ni un debido proceso. Más de 3,600 palestinos están actualmente detenidos de esta manera. Simplemente te ponen en prisión durante seis meses, esto podría repetirse de manera indefinida, y en muchos casos el abogado ni siquiera está al tanto de cuál es el cargo. Muchas personas han pasado diez o veinte años en detención administrativa sin saber por qué.

   Todos estos diferentes sistemas hacen que vivir en Cisjordania sea muy difícil, especialmente en el Área C, que está bajo completo control israelí. El Área C es predominantemente rural, y el objetivo es que tantos palestinos como sea posible se muden de estas áreas rurales, donde su hábitat obstruye el acceso a varios recursos, a los centros urbanos, que se encuentran en el Área A, como las principales ciudades de Ramallah, Nablus y la mayor parte de Al Jalil.

   ¿Qué está sucediendo ahora, desde el 7 de octubre? La vida, como he descrito, ya era difícil en estas áreas. Pero desde octubre, las cosas se han vuelto mucho más difíciles y mucho más impredecibles.

   Puede que haya visto imágenes de Ben-Gvir repartiendo rifles a los colonos. Se han distribuido más de 100,000 armas desde el inicio de la guerra, y los colonos utilizan estas armas para acosar, atacar y disparar a los palestinos en Cisjordania sin mucho sentido. El ejército, por supuesto, los acompaña.

   Más de 150,000 palestinos trabajan al otro lado de la Línea Verde, y a todos se les prohibió cruzar para obtener su sustento después de octubre. Solo como un ejemplo de un cambio, mi familia tiene una pequeña granja en un pueblo llamado Kufr Ein, que está a treinta minutos de Ramallah. Desde el 7 de octubre, con los colonos yendo de un lado a otro y el cierre de los puestos de control, ahora nos toma más de una hora llegar, porque tenemos que tomar un camino muy indirecto por pequeñas carreteras y a través de pueblos palestinos que no tienen la infraestructura para este tipo de tráfico.

   Incluso antes de octubre, se estimaba que se desperdician 60 millones de horas de trabajo cada año debido a las restricciones de movimiento impuestas a los palestinos. Las restricciones de movimiento incluyen puestos de control, carreteras de desviación, el muro de separación, el régimen de permisos y otras diversas dificultades.

   Todas estas dificultades nos impiden incluso adaptarnos al sistema de ocupación en el que vivimos, porque no quieren una economía palestina real ni autosuficiencia para los palestinos. Un ejemplo claro de esto es que las cooperativas agrícolas, que una vez fueron la columna vertebral de la economía palestina en la década de 1980, fueron blanco de Yitzhak Rabin, quien era Ministro de Defensa en ese momento. Rabin instruyó al ejército para imponer toques de queda en los pueblos palestinos durante las cosechas para que sus cultivos se pudrieran en el campo.

   En la década de 1960, Moshe Dayan afirmó que cortar la electricidad de Hebrón sería una forma de control mucho más eficaz que mil operativos para dispersar disturbios, y tenía razón. La elección que se presenta, por ejemplo, al mudarse del pueblo de tu familia para trabajar al otro lado de la Línea Verde—lo que resulta en menos palestinos en las áreas donde los colonos israelíes quieren establecer asentamientos—es entre sufrir la privación o volverse una pieza más dócil del sistema.

   JG: Más allá del control militar directo sobre los palestinos y sus medios de vida en Cisjordania, se han dado esfuerzos para transferir parte de ese control militar al control civil israelí. En la primavera de 2023, tras una votación del partido Likud en 2017 para buscar la anexión formal y completa de Cisjordania, un acuerdo entre Smotrich y el Ministro de Defensa Yoav Gallant comenzó a transferir una serie de poderes del control militar al control civil, un paso claro hacia la anexión de jure y no solo de facto. Esta transferencia de autoridades se ha acelerado en el último año. ¿Puedes contarnos sobre estos movimientos, qué representan tanto como cuestión de la política de colonización de Israel como en el terreno para los palestinos en Cisjordania?

   FN: Siempre que Israel hace algo de jure, típicamente ya ha sido establecido de facto.

   Vimos esto con Jerusalén del Este, que fue tratada como parte de Israel durante décadas, en clara violación del derecho internacional. Y luego, en la década de 1980, fue como: “sabes qué, hagámoslo de jure,” y aprobaron la Ley de Jerusalén, que declaró a Jerusalén unificada como la capital de Israel. La reacción a ese movimiento se ha calmado, a nadie le importa ya. Así es también como van a cambiar el statu quo con respecto al Noble Santuario. Han negado cualquier intención de cambiar su estatus durante mucho tiempo, pero lo están haciendo ahora.

   La anexión de Cisjordania ha sido un objetivo abierto del bloque pro-asentamiento durante mucho tiempo. También es simplemente una posición típica de la derecha en Israel en general. 

   Por muy interesante que sea, discutir escenarios de soberanía es un ejercicio académico en este momento, porque los hechos sobre el terreno están determinando todo. Algunos poderes para emitir permisos, como mencionaste, han sido transferidos a una autoridad civil, lo que es una enorme violación de la Cuarta Convención de Ginebra y de la ley de ocupación. Para que una ocupación sea legal, necesita ser temporal; ese es un concepto fundamental del derecho internacional de los derechos humanos y uno que los tribunales israelíes repiten con frecuencia. Pero dado el traslado de cientos de miles de colonos al territorio ocupado, es claramente un engaño delirante llamar a la ocupación temporal. Simplemente no se invierten miles de millones de dólares en un área o se construye infraestructura permanente para ejercer control permanente si es temporal. Y no se transfiere el control a una autoridad civil si se está llevando a cabo una ocupación militar temporal. Hay evidencia muy clara desde hace décadas de que tienen la intención de anexar la Cisjordania. 

   Entonces, ¿qué significarán estos nuevos movimientos para los palestinos? Creo que el mayor efecto que tendrá sobre los palestinos es que, en lugar de una tasa de rechazo de permisos del 98 por ciento, veremos una tasa de rechazo del 100 por ciento, una diferencia de grado o de velocidad. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo se ve la anexión de jure? No creo que quieran tomar el control de la Zona A por completo. Creo que preferirían tener una Autoridad Palestina aún más disminuida, tal vez gobernada por alguien como Mohammed Dahlan, en la Zona A, mientras toman el control completo de la Zona B y la Zona C. 

   Ya están comenzando a entrelazar asentamientos en la Zona B, lo cual fue un gran tema de noticias cuando ocurrió por primera vez hace una década, pero ahora se ha normalizado. Los parámetros de los Acuerdos de Oslo han estado colapsando lentamente durante un tiempo, pero creo que es seguro decir que se han roto por completo. 

   Incluso si se logra un alto al fuego, no volveremos a como estaba antes. Ni siquiera la Cisjordania o Gaza, ni siquiera dentro del ’48, donde los ciudadanos palestinos de Israel están básicamente viviendo bajo el régimen de un estado militar en este momento. Algunos colegas que viven dentro de Israel describen un nivel de censura similar a como era antes de 1967, cuando vivían bajo gobierno militar. 

   Después de la retirada de Gaza en los años 2000, nadie quería considerar la posibilidad de una reocupación. Los israelíes estaban contentos de liberarse de la carga. Pero ahora hay personas que realmente piden la limpieza étnica de Gaza, para vaciarla y restablecer asentamientos allí; esto es un cambio radical con respecto a la última década. Si un regreso a la colonización directa es factible nuevamente en un área como Gaza, eso representa una amenaza significativa para Cisjordania. El statu quo aquí no se mantendrá. Solo esta semana, el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, sugirió evacuar a los palestinos de Cisjordania para hacer frente a la resistencia armada. Entonces, a pesar de la extensa continuidad y el precedente que estoy describiendo, también creo que no estamos preparados para lo que se avecina. Mil líneas rojas han sido cruzadas. La única forma en que Israel detendría todo esto es si hubiera un precio—político, económico—por sus políticas.

   DS: Has descrito las poblaciones entrelazadas de colonos y palestinos en Cisjordania. El número de colonos judíos israelíes en los territorios ocupados después de 1967 ha pasado de un par de miles a casi 500,000 (con 230,000 en Jerusalén del Este y 25,000 en los Altos del Golán). ¿Cómo se ha fomentado ese asentamiento desde el aspecto ideológico y económico? 

   FN: Se fomenta muy fuertemente el traslado a los asentamientos porque los colonos tienen muchas subvenciones dirigidas hacia ellos y cuentan con mucha seguridad. Hay seis ministerios del gobierno que ofrecen beneficios para la educación, la vivienda, la inversión, el trabajo social y deducciones fiscales para individuos y empresas.

   Los asentamientos son declarados áreas de prioridad nacional, lo que significa que reciben subsidios para el alquiler, para la educación e incluso mejoras en sus calificaciones crediticias. Esto significa que incluso los potenciales colonos no ideológicos pueden ser motivados a mudarse a los asentamientos ilegales, donde pueden disfrutar de los privilegios de la ciudadanía israelí y donde todo está tan disponible como lo estaría dentro de la Línea Verde, pero más barato. 

   Los asentamientos no son simplemente enclaves aislados; su construcción requiere una red de infraestructura, agua, electricidad, cercas y protección militar. Las carreteras requieren la anexión y segmentación de más territorio, lo que requiere construir cordones de seguridad, lo que requiere más anexión. Estamos hablando de agua, de electricidad, de cercas, de una presencia militar. Una presencia militar también necesita carreteras. Las carreteras requieren la anexión de más territorios, y luego tienen un cordón de seguridad alrededor del área, lo que requiere la anexión de más territorio de los palestinos.

   JG: Uno de los puntos de origen que se discuten con frecuencia respecto a la anexión de Cisjordania es el Plan Allon. Dado que las narrativas principales sobre el proyecto de asentamientos tienden a asociarlo—especialmente ahora con figuras como Smotrich—con la extrema derecha de la política israelí, ¿podrías hablar un poco sobre esta historia?

   FN: El Plan Allon original fue redactado por Yigal Allon después de la guerra de 1967 y la captura por parte de Israel de la Península del Sinaí, los Altos del Golán, Gaza y Cisjordania. Su propósito era esbozar los próximos pasos para la expansión de Israel. Pasó por muchas revisiones—Gaza originalmente debía ser anexada por completo, por ejemplo—pero sus diseños para la Cisjordania han permanecido notablemente consistentes, identificando el Valle del Jordán, las áreas alrededor de Jerusalén y las áreas al sur de esa.

   Si miras el mapa del Área C y el mapa de la construcción de asentamientos hoy, se parece notablemente a lo que Israel esperaba hacer después de 1967. La agencia del Plan Allon era crear esta pequeña zona de autonomía entre Nablus y Jenin para que los árabes “se gobernaran a sí mismos”.

   Las interpretaciones predominantes del Plan Allon no se cumplieron en realidad, pero los mapas, la lógica detrás de ellos, las áreas que fueron anexadas y las propuestas para la construcción de asentamientos son todas las mismas. Esto pone en cuestión la asociación del proyecto de asentamientos con la derecha, o con la organización extremista de la Juventud de las Colinas, o realmente con cualquier gobierno o corriente política específica en Israel. La lógica fundamental sigue siendo la misma, y la asociación de la anexión y la colonización con la derecha es un fenómeno muy reciente, desalineado con el historial de limpieza étnica de los palestinos.

   DS: Me gustaría pasar al derecho internacional y a la estrategia de seguir un enfoque basado en derechos a través de apelar a instituciones internacionales. Existe un amplio consenso internacional de que el proyecto de asentamientos de Israel en Palestina es ilegal, pero, como has aludido, ese reconocimiento casi nunca se acompaña de acción o de consecuencias.

   El mes pasado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva declarando que los asentamientos en toda la Palestina ocupada son ilegales en sí mismos, afirmando que Israel tiene la obligación legal de evacuar los asentamientos, pagar indemnización a los palestinos y honrar el derecho de retorno. ¿Cómo es recibida esta opinión por los palestinos en Cisjordania? ¿Cómo ha sido recibida la estrategia de Abbas en general en Cisjordania antes y después del 7 de octubre? ¿Crees que esta opinión, o este enfoque, abre nuevos caminos para la defensa y configuración de las demandas palestinas de autodeterminación?

   FN: Hay cierta utilidad, especialmente en las relaciones públicas. Hay utilidad para la defensa porque, para muchas personas en todo el mundo, la idea del derecho internacional todavía sigue teniendo algún tipo de peso. Si un país está violando el derecho internacional, entonces tienes algo en lo que fundamentar su reclamo moral. No hay desacuerdo, digamos, entre los palestinos en la calle, de que nuestros derechos están siendo violados, que la Convención de Ginebra está siendo violada. La pregunta es: ¿qué nos trae eso?

   Cuando se trata de realpolitik, no creo que, hasta ahora, haya influencia en cómo piensan los Estados. Hace apenas un par de meses, Estados Unidos declaró que una resolución del Consejo de Seguridad no es vinculante. Así que, ¿qué queda? Es todo el orden internacional el que acabas de trastocar.

   La pregunta de cómo la decisión de la CIJ puede impactar la situación debe hacerse en el contexto del fracaso de las negociaciones posteriores a Oslo, que simplemente excluyeron el derecho internacional de la ecuación. En cada etapa, se presiona a los palestinos para que renuncien a sus derechos con el fin de que las negociaciones avancen. Si los palestinos se niegan a aceptar un mal acuerdo, son etiquetados como rechazadores que no desean la paz. Esta caracterización justifica una mayor ocupación y anexión, ya que se argumenta que supuestamente no se puede dialogar con ellos.

   Este ha sido el modus operandi que ha perdurado por treinta años, con resultados catastróficos. La Autoridad Palestina, como aprendimos a través de los Documentos de Palestina hace unos años, básicamente ha renunciado al derecho de retorno consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Nadie consultó a los refugiados sobre ello, pero eso se sacrificó para avanzar en las negociaciones. Cuando miras las posiciones de negociación, el compromiso para Israel es simplemente una promesa de cumplir con el derecho internacional.

   JG: Otro elemento sorprendente de la opinión de la CIJ fue la idea de que los asentamientos necesitan ser despoblados, dada su ilegalidad, lo que es un paso lógicamente necesario hacia una solución de dos Estados, pero también se encuentra en contradicción con los hechos sobre el terreno y la inmensa importancia política de los colonos en la política y sociedad israelí.

   FN: Cuando Israel retiró a sus colonos en Gaza, desencadenó una enorme reacción pública, incluso la renuncia de Netanyahu del gobierno de Sharon. Aún hay un gran movimiento, el Movimiento Naranja, que protesta contra la desconexión de Gaza.

   Luego, solo unas 8,000 personas fueron reubicadas. ¿Cómo sobreviviría Israel políticamente al reubicar a más de medio millón de colonos de sus puestos ilegales? La Autoridad Palestina incluso ofreció intercambios de tierras—intercambiando territorio israelí por asentamientos. Era un poco ridículo, pero fue producto de la desesperación surgida a raíz de la búsqueda de la solución de dos Estados. Sin embargo,  fue inútil porque no había voluntad por parte de Israel para permitir un Estado palestino.

   Vemos esa oposición total a un Estado palestino a diario en los comentarios de los gobernantes israelíes. Y así, en mi opinión, la solución de dos Estados—ya sea mencionada como la posición del gobierno de Estados Unidos o entre analistas y activistas—es una discusión completamente abstracta, una venda que distrae de los hechos sobre el terreno.

   Para los palestinos, el número de estados no es el problema—es la soberanía. A través de Camp David, se nos ofreció una farsa de Estado sin control sobre nuestras fronteras, nuestro espacio aéreo, nuestra agua. En nuestro supuesto Estado soberano no tenemos ejército ni control sobre la mayoría de Jerusalén del Este, designada como nuestra capital. Eso es lo que se les ha ofrecido a los palestinos, y parece no tener ningún sentido.

   Pero lo que los palestinos necesitan o quieren no es parte de la ecuación, y los Estados Unidos—con envíos diarios de armas y una inmensa dominancia en foros internacionales, sin los cuales Israel no puede sostenerse—no son un tercer partido neutral que actúe hacia una resolución significativa.

   La progresión de las negociaciones de alto al fuego puede leerse como una analogía áspera y brutal de cómo las administraciones anteriores hablaban de avanzar hacia una solución de dos Estados: Una constante reafirmación de que la diplomacia está trabajando arduamente entre bastidores, a punto de lograr un avance, mientras la anexión y los asesinatos continúan con un apoyo inquebrantable.

   Esta entrevista fue traducida del inglés al español por María Isabel Tamayo.

5. La Nakba y la ley

   agosto 21, 2024 6:01 pm Comentarios desactivados en La Nakba y la ley

   En el sistema legal internacional, la causa palestina ha logrado avances significativos desde el inicio de la guerra en Gaza. Además de los procesos legales que han surgido a raíz de la conducta de Israel en la guerra— Israel ha sido formalmente acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y los líderes israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, podrían enfrentar órdenes de arresto por crímenes de guerra y lesa humanidad—el denominado enfoque basado en derechos para la autodeterminación palestina ha cobrado impulso. En menos de un año, nueve países han anunciado el reconocimiento formal de Palestina, y en julio la CIJ emitió una opinión consultiva que declaró ilegal la ocupación y los asentamientos israelíes en Gaza, Jerusalén del Este y Cisjordania¹.

   Estos avances fortalecen la idea de que existe un Estado palestino de jure, aunque esté bajo ocupación beligerante por parte de Israel.

   Desde la perspectiva de la liberación palestina, el enfoque basado en derechos tiene ventajas significativas sobre el paradigma que está reemplazando: el marco de Oslo, en el cual representantes israelíes y palestinos negocian bajo la supervisión estadounidense hacia el establecimiento de un futuro Estado palestino. Estas negociaciones bilaterales han fracasado consistentemente debido a la profunda asimetría de poder entre las partes y el rol parcial de Estados Unidos como intermediario. Al recurrir a marcos e instituciones legales internacionales para presentar reclamaciones hacia una resolución, el enfoque basado en derechos evita estos obstáculos.

   Pero el enfoque legal tiene sus propias limitaciones. Al asumir la lógica de la partición, los esfuerzos en curso dentro de los marcos legales existentes pasan por alto la violencia fundamental de la desposesión y el desplazamiento palestinos que tuvo lugar mucho antes de que comenzara la ocupación israelí en 1967. En respuesta a estas limitaciones, en un reciente artículo de revisión legal, el académico palestino Rabea Eghbariah introdujo la Nakba como un nuevo concepto legal para capturar los daños precisos infligidos al pueblo palestino. (El artículo, “Toward Nakba as a legal concept” provocó la ira y censura de académicos y administradores de la Escuela de Derecho de Columbia, tal como había ocurrido anteriormente en Harvard. Finalmente, fue publicado por la Columbia Law Review en la primavera de 2024). Como abogado e investigador, Eghbariah trabaja en las restricciones a los derechos civiles y políticos de los palestinos, y está finalizando sus estudios doctorales en la Facultad de Derecho de Harvard. El editor de Phenomenal World, Jack Gross, y el abogado y escritor Dylan Saba hablaron con Eghbariah sobre la Nakba y Palestina en el derecho internacional.

   Una entrevista con Rabea Eghbariah

   Jack gross: Comencemos con una pregunta fundamental. ¿Qué hace única la experiencia palestina con respecto al derecho internacional?

   rabea eghbariah: Hay dos formas de considerar esto. Una es desde el punto de vista de la singularidad, y otra desde el punto de vista de la relevancia, lo que podría no ser único, pero se vuelve particularmente evidente en el caso de Palestina. Por supuesto, Palestina tiene muchos aspectos únicos desde el punto de vista histórico, pero mi trabajo también se trata de demostrar que las estructuras legales internacionales implementadas en Palestina son parte de un sistema legal internacional más amplio y de las jerarquías coloniales. Es un campo para verlas en su forma más cruda.

   Ahora existe una historia centenaria en torno a la cuestión palestina. Se puede rastrear hasta diferentes puntos de origen, pero un punto de referencia clave es la Declaración Balfour de 1917, cuando la administración británica se comprometió oficialmente a promover un “hogar nacional para el pueblo judío” en Palestina. A partir de ahí, el derecho internacional se convirtió en el marco que incubó el sionismo en Palestina a través del sistema de mandatos. Un aspecto único de Palestina bajo este sistema corresponde a que fue el único lugar, de todos los que fueron clasificados e incorporados por la comisión del Mandato, en ser respaldado y desarrollado como una colonia de asentamiento.

   El sistema de mandatos fue un sistema de la Liga de las Naciones². Dentro de él, diferentes naciones fueron clasificadas como Mandatos de Clase A, B o C. Palestina fue establecida como un Mandato de Clase A, lo que significaba que, según los clasificadores, estaba, entre comillas, lo más cerca de la civilización y la autoadministración. La Declaración de Balfour se emitió en 1917, le siguieron cinco años de gobierno militar, y el Mandato Británico de Palestina se formó en 1922.

   El sionismo y el colonialismo británico trabajaron en conjunto bajo el sistema de mandatos. Esto se puede encontrar integrado y formalizado en todo el texto del Mandato Británico para Palestina. El Artículo 7, por ejemplo, contiene la única mención de la palabra “palestina”, refiriéndose a disposiciones para la adquisición de la ciudadanía palestina por parte de judíos. El sistema resultante sigue esta lógica, borrando al 94 por ciento de la población al definirla de manera negativa (simplemente como las comunidades no judías de Palestina), y otorga supremacía a las reivindicaciones nacionales judías sobre la tierra. El Mandato estuvo destinado a facilitar tanto la inmigración de judíos a Palestina como el desarrollo de instituciones sionistas de autogobierno, mientras suprimía o se le negaba lo mismo a los palestinos.

   Todo esto, por supuesto, precede a 1948. Es la condición previa a la Nakba, el establecimiento de un sistema que negó la autodeterminación e hizo imposible que el pueblo palestino estableciera instituciones de autogobierno. Y fue claramente declarado como tal. Balfour escribiría explícitamente en una carta al primer ministro David Lloyd George: “en el caso de Palestina, rechazaremos de forma deliberada y justificada el principio de la autodeterminación”³. 

   El Mandato estableció la infraestructura legal internacional que realmente prepara el escenario para lo que está sucediendo hoy en Palestina.

   Estamos hablando de un proyecto colonial de asentamiento promovido a través de instituciones legales internacionales que culmina en la Nakba de 1948. Hasta ese punto, el derecho internacional se reafirmó con el plan de partición. Después de la revolución árabe de 1936 contra el sistema de mandato, los británicos esencialmente buscaban una salida, y tras la Segunda Guerra Mundial, decidieron delegar la cuestión palestina a las recién formadas Naciones Unidas (ONU). La ONU envió un comité para informar sobre Palestina, y propuso dos visiones que competían entre sí: una visión minoritaria de un solo Estado, y una mayoritaria a favor de la partición ⁴. La mayoritaria, que, por supuesto ganó, contenía un lenguaje explícitamente racista, argumentando que los palestinos eran demasiado atrasados para tener derecho a la autodeterminación, y así sucesivamente. Este lenguaje colonialista todavía era muy influyente en 1947 e informaba la manera en que la comunidad internacional trataba con Palestina.

   dylan saba: ¿Cómo entiendes el hecho de que la partición—tanto como una estrategia colonial como una tecnología legal—haya prevalecido?

   re: La partición es un mecanismo desarrollado en el curso de la colonización. Los británicos la utilizaron primero en Irlanda y luego en el subcontinente indio. Se entendía como una especie de solución y una forma de descolonización—respondiendo, a través de estas medidas, a cuestiones de nacionalidad—pero, por supuesto, en cada caso, consolidó violentamente los legados del colonialismo. En el caso del subcontinente indio, esto significó una transferencia poblacional violenta—rompiendo la integridad territorial de la tierra, transformando el rango de identidades políticas imaginables y suprimiendo la autodeterminación de Cachemira.

   En Palestina, la partición presentó el proyecto colonial sionista como un “conflicto” entre dos naciones en competencia, en lugar de entre una sociedad colonizadora y un pueblo colonizado. El concepto de partición también ha consolidado la lógica sionista de una identidad judía exclusivista que debe ser bifurcada y separada de las identidades políticas árabe y palestina. El mantra de dos Estados se remonta a esta premisa de partición.

   Una vez que la lógica de la partición fue adoptada en Palestina, fue necesario negar su autodeterminación y fragmentar su integridad territorial para instalar el Estado judío sobre ella. La recomendación del Comité Especial de la ONU para Palestina (UNSCOP) en 1947 fue otorgar el 56 por ciento de Palestina al futuro Estado judío, en un momento en que los sionistas en Palestina solo poseían el 7 por ciento del área total del Mandato. Los autores del informe reconocieron que el 56 por ciento recomendado incluía las tierras más fértiles, mientras que la otra unidad, es decir, el futuro Estado palestino, quizás sería económicamente inviable o requeriría ayuda internacional continua para mantenerse. Por supuesto, los palestinos lo rechazaron, y es importante recordar que los palestinos continuaron articulando visiones políticas que desafiaban la partición y ofrecían horizontes políticos alternativos incluso después de 1948.

   Sin embargo, la partición nunca se implementó en Palestina en su forma original, sino que dio lugar a la Nakba de 1948 y consolidó un brutal sistema de dominación, fragmentación y negación de la autodeterminación desde entonces. El Plan de Partición de la ONU, adoptado en noviembre de 1947, allanó el camino para la conquista del 80 por ciento de Palestina por parte de milicias sionistas y el desplazamiento de más de 750 mil palestinos de sus hogares entre 1947-1949, para nunca permitirles regresar. Los sionistas utilizaron la partición como pretexto para llevar a cabo esta Nakba. Como lo expresó el mismo Ben-Gurion: “Presumimos que esta es solo una situación temporal. Primero nos asentaremos en este lugar, nos convertiremos en una potencia importante, y luego encontraremos una manera de revocar la partición… No veo la partición como una solución final a la cuestión de Palestina.”

   El término Nakba surgió para describir esta transformación radical y violenta de Palestina de un territorio que por más de un milenio había sido habitado por una mayoría árabe a un Estado judío autoproclamado construido sobre la destrucción del pueblo. Después de 1948, la Nakba también reflejó un problema árabe que se desarrollaba en Palestina, en lugar de un problema palestino que se proyectaba sobre el mundo árabe. La creación de Israel en Palestina significó la ruptura de la continuidad territorial del mundo árabe y, por lo tanto, reflejó la crisis de los nacionalismos árabes. Setenta años después, Palestina sigue siendo tratada como una excepción, el mundo árabe se ha fragmentado aún más, su proyecto de nacionalismo ha decaído y los gobiernos en la región perciben a Palestina como algo que necesitan gestionar.

   jg: En tu artículo, describes un episodio histórico que ilustra cómo el derecho internacional ha intentado lidiar con la especificidad de la experiencia palestina—intentando utilizar conceptos para entender y actuar en el contexto de las atrocidades. En un informe posterior a la masacre de Sabra y Chatila en 1980, presidido por Sean MacBride, un grupo de abogados internacionales debatió la utilidad del concepto de genocidio y si era apropiado para dar cuenta de esa violencia.

   re: El informe MacBride resulta extremadamente valioso por cómo ilustra un proceso de pensamiento. Los autores están elaborando un informe sobre la invasión israelí del Líbano y se enfrentan a la cuestión: ¿Por qué se encuentra el pueblo palestino en el Líbano? Al intentar comprender la masacre de Sabra y Shatila de 1982, concluyen que lo que ocurre en el Líbano está vinculado a los eventos simultáneos en el resto de Palestina, y que las formas de gobierno y dominación están interconectadas. Por ello, buscan un marco que les permita integrar ambos contextos.

   Ante la necesidad de establecer un marco para capturar esta totalidad y vincular los diferentes aspectos, expanden el concepto de genocidio. Es decir, experimentan con el significado del término genocidio y lo que puede incluir. Citan a Lemkin y toman nota de cómo Lemkin habló sobre el genocidio cultural. Consideran cómo el “genocidio cultural” podría incorporarse en el concepto legal de genocidio. Intentan expandir la doctrina, pero finalmente llegan a un callejón sin salida. Hay una opinión mayoritaria que dice que esto es genocidio, y una opinión minoritaria que disiente de esta visión basándose en la noción de que el genocidio requiere una intención especial. Ahora bien, las masacres de Sabra y Shatila son indudablemente genocidas, y existe la resolución de la ONU que las declara como actos de genocidio en 1982. Pero los autores del informe MacBride no pueden ponerse de acuerdo sobre qué es el genocidio, por lo que terminan recomendando la creación de un comité internacional que examine el concepto de genocidio aplicado a los palestinos. Este es el único camino para llegar a una recomendación unánime.

   Otro paralelo esclarecedor al comparar el pasado en relación con el presente es la retórica. El lema de “eliminar a Hamas” es hoy el pretexto para el genocidio, mientras que el eslogan de las masacres genocidas en 1982 era “eliminar a la OLP”. El informe sobre Sabra y Shatila muestra cómo la experiencia palestina ha estado marcada por la violencia genocida durante setenta y seis años, y al mismo tiempo, revela las limitaciones de los conceptos actuales para abarcar la totalidad de esta experiencia.

   En el artículo, argumento que necesitamos usar el término Nakba para nombrar los crímenes contra el pueblo palestino. Así como el Holocausto introdujo el crimen de genocidio y la experiencia sudafricana introdujo el crimen de apartheid en el vocabulario legal internacional, la experiencia palestina tiene el potencial de introducir el crimen de Nakba en el derecho internacional.

   Se entiende que los crímenes legales internacionales relacionados con grupos siempre se han superpuesto: el Holocausto, por ejemplo, incluyó prácticas que podemos identificar fácilmente como apartheid. Aun así, distinguimos entre estos conceptos porque comprendemos que, a pesar de esta superposición, la violencia fundamental que definió el Holocausto es la exterminación, mientras que la violencia fundamental que definió el apartheid es la segregación. Así que si miramos la experiencia palestina y nos preguntamos cuál es la violencia fundamental que define la Nakba, nos daremos cuenta de que es el desplazamiento.

   Pero la Nakba nunca terminó, y su violencia fundamental de desplazamiento ha dado lugar a una estructura de fragmentación que sirve para negar la autodeterminación palestina. El concepto de Nakba busca poner la atención en este desplazamiento continuo, fragmentación y negación de la autodeterminación: la naturaleza distintiva de lo que los palestinos han experimentado durante el último siglo.

   ds: En tu artículo, escribes sobre la fragmentación. Es claro a partir de tu argumento que el régimen legal en Palestina—la fragmentación territorial, los diversos estatus legales conferidos a los palestinos de diferentes áreas en el mapa—son una consecuencia de la intervención inicial de la partición. Incluso el nacionalismo judío, ahora codificado en la Ley del Estado-Nación de Israel de 2018, hace parte de esa fragmentación derivada de la partición. Cuando miramos el sistema de Mandato, vemos cómo el sistema legal internacional sirvió a los intereses de las potencias coloniales y al Estado sionista naciente. Pero hoy en día, dado el extraordinario desequilibrio de poder entre israelíes judíos y palestinos, no está claro cuál es el propósito de la fragmentación. Dicho de manera directa: ¿por qué no simplemente dominar? ¿Por qué crear todos estos sistemas tan intrincados?

   re: Es claramente una dominación por fragmentación. Cuanto más fragmentado está el grupo, menos capacidad tiene para gobernarse a sí mismo o resistir en conjunto. La fragmentación crea un problema de coordinación. Existe un sistema de dominación extremadamente sofisticado que clasifica a los palestinos en diferentes estatus legales y sistemas de identificación, de modo que cada subgrupo se define por su propia lucha. Como un mapeo inicial, hay cinco estatus legales principales para los palestinos: ciudadanos palestinos de Israel, residentes de Jerusalén del Este, residentes de Cisjordania, residentes de Gaza y refugiados o comunidades diaspóricas. Cada estatus tiene una dinámica interna de control, dominación y privilegio legal relativo. Es la inversión de la estrategia divide y vencerás: Primero vencieron ejerciendo una conquista sobre el territorio, y posteriormente generaron la división. Este modo de gobernanza crea palestinos con mayores privilegios legales que otros, subconjuntos de los cuales la ocupación puede extraer diferentes funciones, grupos laborales escalonados, etc. A un nivel muy básico, esta es la misma lógica y objetivo que se observa cuando Benjamin Netanyahu promueve divisiones políticas entre Gaza y Cisjordania.

   Sobre la cuestión de la dominación por fragmentación, es útil considerar este sistema como una construcción que se desarrolló a lo largo de más de setenta años, con la partición como su punto de origen, es decir, un caso supuestamente binario de fragmentación. Pero con el tiempo, este punto de origen lleva a un sistema de fragmentación más estratificado, dado que en 1967 Israel también conquistó las tierras palestinas restantes. ¿Qué hacer con todas estas personas que has conquistado? Ahora son, propiamente hablando, sujetos de tu régimen, pero no puedes convertirlos a todos en ciudadanos, porque eso sabotearía el proyecto de mantener una mayoría judía. Los palestinos representan un problema para el proyecto sionista, pues su mera existencia desafía y desestabiliza el sistema. Así, este sistema evoluciona con cada paso con el objetivo de fragmentar, controlar y gobernar aún más esa existencia. Este sistema de control está estructurado por clasificaciones legales que determinan el estatus socio-legal de cada palestino en el sistema.

   ds: Lo que has identificado como fragmentación es la barrera política principal para la liberación palestina, y elaborar este problema es importante. Me pregunto cómo ves el papel de desarrollar este concepto legal de Nakba. ¿Es para nombrar el horizonte político y reafirmar una lucha contra la fragmentación? ¿Se trata de presión externa, galvanizando a los defensores internacionales para que puedan nombrar correctamente la forma de dominación? ¿Cuál es la función de la investigación jurídica al abordar problemas que no están resueltos durante circunstancias históricas en desarrollo?

   re: Para abordar tu primera pregunta, diría que tienes toda la razón: unidad y fragmentación son fuerzas que co-producen lo que son hoy los palestinos. Diferentes momentos en el tiempo hacen que las manifestaciones de unidad o fragmentación sean más evidentes. En 2021, por ejemplo, las protestas contra la limpieza étnica de Sheikh Jarrah se expandieron rápidamente para manifestarse en una unidad de los palestinos entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Esta insurrección popular fue denominada, por lo tanto, “Intifada de la Unidad”. El genocidio en Gaza, en contraste, ha desvelado las fuerzas de fragmentación de manera más clara. Cada subgrupo de palestinos ha enfrentado una realidad material completamente diferente que refleja la profundidad de la fragmentación. Aun así, sería un grave error pensar en esta fragmentación/unidad en términos binarios. Las fuerzas que impulsaron la Intifada de la Unidad están siempre en juego. Al mismo tiempo, el mecanismo impulsor del sionismo es la fragmentación de los palestinos, que se encuentra en expansión constante. El concepto de Nakba articula esta dialéctica, y cómo la existencia palestina está definida por la interacción entre la unidad imaginada y la fragmentación material y legal.

   Ahora, con respecto a tu siguiente pregunta, ¿por qué deberíamos siquiera intentar desarrollar este concepto? ¿Es simplemente un ejercicio intelectual? Lo que puedo decir es que estamos observando un momento en el que hay una urgencia en el lenguaje que usamos. Pienso que lo que estoy tratando de hacer es ofrecer un diagnóstico que aborde la causa raíz del problema. Existe el riesgo de que, si se limita a un subconjunto específico de la cuestión palestina, la cuestión del genocidio pueda hacer que Gaza se convierta en un caso excepcional. La cuestión palestina se convierte en la cuestión de Gaza, y la cuestión de Gaza se convierte en la cuestión del genocidio—como si esto no estuviera relacionado con lo que sucede en Cisjordania, con lo que ocurre en ‘48, con lo que pasa en Jerusalén, o con lo que sucede en los campos de refugiados. Hay una injusticia fundamental que se ha desarrollado durante los últimos setenta y seis años. Desarrollar un concepto distintivo de Nakba—como se hizo en el pasado, de manera iterativa, para el genocidio y el apartheid—nos otorga el lenguaje para hablar sobre esta fragmentación y dominación en su totalidad.

6. Vendiendo Armas de EE.UU.

   agosto 15, 2024 2:48 pm Comentarios desactivados en Vendiendo Armas de EE.UU.

   Martin Luther King una vez llamó al gobierno estadounidense “el mayor promotor de violencia en el mundo.” Esta afirmación puede ser polémica, sin embargo, nadie niega que Estados Unidos es el mayor vendedor de armas del mundo, con una participación del 42 por ciento en el mercado global de exportación de armas. 

   Desde la Guerra Fría, el Congreso ha aprobado diversas leyes para regular tanto la venta y el financiamiento de armas estadounidenses, como la ayuda humanitaria a estados extranjeros. Estas leyes han cambiado con las guerras y conflictos de las décadas intermedias, y con el equilibrio de poder dentro y entre el Congreso y la Casa Blanca. Sin embargo, a lo largo de sus variaciones, estas leyes han impuesto varias limitaciones y requisitos de notificación sobre ciertos tipos de transferencias. 

   Desde el 7 de octubre, las transferencias de armas se han convertido en un punto de conflicto táctico sobre el apoyo de Estados Unidos al genocidio de Israel en Gaza, y en particular, entre quienes esperan poner fin a ese apoyo y quienes buscan extenderlo. Esta semana, meses despuès de que la administración de Biden declaró que la invasión israelí de Rafah, que aún sigue en curso, en la ciudad más sureña de Gaza, era una “línea roja” para Estados Unidos, el Congreso fue notificado de una nueva venta de armas de 20 mil millones de dólares a Israel. Mientras tanto, activistas solidarios con Palestina han exigido que la vicepresidenta Kamala Harris, la candidata demócrata a la presidencia, respalde el fin de dichas transferencias por completo para obligar a Israel a que termine la guerra. La campaña presidencial de Harris aclaró que la candidata “no apoyaba un embargo de armas a Israel”, una declaración que constituye “una de sus primeras posturas políticas firmes”.

   Para entender los mecanismos por medio de los cuales Estados Unidos suministra armas y equipo militar a gobiernos extranjeros, el editor colaborador de Phenomenal World, Tim Barker, y el escritor Dylan Saba conversaron con Sarah Harrison, una abogada que anteriormente trabajó en la Oficina del Consejo General del Departamento de Defensa. Entre otras funciones, Harrison se especializó en asistencia humanitaria del Departamento de Defensa, alivio ante desastres extranjeros, la Ley Leahy, asuntos de Mujeres, Paz y Seguridad, y asuntos africanos. Actualmente es Analista Senior en el International Crisis Group. 

   Una entrevista con Sarah Harrison

   DYLAN SABA: ¿Qué sucede cuando EE.UU. realiza una transferencia de armas? ¿Cuál es la cadena de toma de decisiones desde la Presidencia, el Congreso y el Departamento de Defensa, hasta la entrega de las armas? 

   SARAH HARRISON: Existen dos categorías legales que determinan el curso de una transferencia de armas, dependiendo del tipo de compra: si un país está comprando equipo de una empresa privada o equipo del gobierno de Estados Unidos. Lo último se clasifica como ventas militares extranjeras o FMS (Foreign Military Sales). La primera es una venta comercial directa o DCS (Direct Commercial Sale).

   En las ventas militares extranjeras, un país puede comprar armas o artículos de defensa (en términos generales, equipo de tipo militar) usando su propio dinero o a través de financiamiento militar extranjero, cuyo acrónimo es FMF. La FMF, en términos generales, es una ayuda a la seguridad concedida por Estados Unidos. 

   Mucha gente está familiarizada con el hecho de que Israel recibe de Estados Unidos el mayor financiamiento militar extranjero de cualquier otro país en el mundo, cerca de 4 mil millones de dólares al año. De los 3.800 millones que Israel recibe anualmente, la mayor parte es financiamiento militar extranjero, que se utiliza para comprar armas fabricadas en Estados Unidos a través de ventas militares extranjeras. En abril, el Congreso aprobó una cantidad aún mayor, como parte de un paquete de seguridad internacional con transferencias a Ucrania, Israel y Taiwán. 

   Una vez que se realiza una solicitud de venta, hay un proceso de revisión interno en el Departamento de Estado, que aprueba los casos de FMS. Mientras tanto, la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa (DSCA) del Departamento de Defensa supervisa y ejecuta los casos. Este proceso interinstitucional puede coordinarse con la presidencia, pero rara vez están involucrados en cada una de las ventas a cada país; diferentes administraciones tienen políticas distintas en cuanto a las ventas en las que se involucran. 

   Una vez que el Departamento de Estado aprueba las solicitudes para ciertas ventas de armas importantes a la mayoría de los países, hay un requisito legal en la Ley de Control de Exportación de Armas (1976) que establece que el poder ejecutivo debe notificar al Congreso treinta días antes de emitir una carta de aceptación que permita formalmente que la venta avance.¹ 

   Este período de treinta días es el margen de maniobra para el Congreso si quiere evitar que una venta se lleve a cabo. Pero para los aliados de la OTAN, Israel y ciertos otros socios importantes de Estados Unidos, esta ventana es en realidad de quince días. (“Aliado” en este contexto significa específicamente un país con el que Estados Unidos tiene un pacto de defensa, por lo que Israel suele ser referido como un “socio cercano” en el gobierno de Estados Unidos para estos fines. Al menos así nos referíamos a Israel en la Oficina del Consejo General del Departamento de Defensa cuando trabajé allí de 2017 a 2020). Una notificación formal de una venta de armas se envía al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y al Presidente de la Cámara. Cada uno recibe una notificación, pero en la práctica, para las ventas militares extranjeras, la administración generalmente tiene primero discusiones informales con los partidos mayoritarios y minoritarios en cada comité. A esto lo llaman obtener la aprobación de los “cuatro rincones” porque es el presidente y el miembro de mayor rango en los comités de Asuntos Exteriores de la Cámara y Relaciones Exteriores del Senado – estos cuatro dan una señal informal de que no se opondrán a la transferencia. Luego, el poder ejecutivo avanza con la notificación formal y la venta, sabiendo que no se detendrá. Nunca ha habido una venta de armas que haya sido detenida con éxito durante el período de notificación del Congreso. 

   (Durante la administración de Trump, el Congreso aprobó una resolución conjunta de desaprobación, el término formal para detener una transferencia de armas, en protesta por una venta de armas a los Emiratos Árabes Unidos, sin embargo, Trump la vetó). 

   El proceso de notificación es similar bajo las ventas comerciales directas, excepto que todo pasa por el Departamento de Estado, que emite la licencia de exportación a la empresa privada que vende los artículos de defensa. Antes de que el Departamento de Estado emita una licencia de exportación para esa venta, dan el mismo aviso de treinta días al Congreso — aunque son quince días para los aliados de la OTAN, Israel y otros socios cercanos de Estados Unidos. Una vez que ha pasado el período de notificación del Congreso, se puede emitir la licencia de exportación y luego comienza el proceso de adquisición: la empresa puede fabricar el artículo de defensa o proporcionar los servicios de defensa para ese país extranjero. 

   Las notificaciones del Congreso sólo son requeridas por ley cuando las ventas alcanzan cierto límite, y estos límites son más altos para los aliados de la OTAN y socios importantes.² Por ejemplo, si hubiera una venta militar extranjera con India, de, digamos, 14 millones de dólares para un equipo de defensa importante, el Congreso sería notificado, pero no sería el caso para un miembro de la OTAN o para Israel.

   DS: ¿Qué tipo de detalles se muestran al Congreso?

   SH: Las notificaciones al Congreso consisten en información detallada sobre la venta, incluyendo al país receptor y una descripción de la cantidad y tipos de equipo y/o servicios que se proporcionarán. Ahora bien, si un presidente quisiera evitar este período de notificación, podría aplicar la exención de emergencia, que requiere una descripción detallada al Congreso del equipo y/o servicios y la emergencia que requiere la venta o emisión de una licencia de exportación en el interés de seguridad nacional de Estados Unidos. Pero en general, la cultura institucional es que el Congreso está familiarizado con las justificaciones de política exterior del ejecutivo, y además son el organismo que estableció el marco legal para que Estados Unidos suministre miles de millones de dólares en armas a otros países, por lo que, como organismo, no supervisan significativamente esas transferencias de armas. 

   DS: ¿Sabemos cuántas veces ha pasado Israel por este proceso desde el 7 de octubre? Y, en términos generales, ¿cuál es el plazo total desde la solicitud hasta la entrega?

   SH: Según tengo entendido, ha habido más de cien transferencias desde el 7 de octubre, pero la mayoría de ellas, si lo requerían, ya tenían notificaciones al Congreso presentadas antes de esta fecha (lo que significa que el proceso de adquisición tomó mucho tiempo), o eran transferencias que no cruzaron el límite que quiere notificar al Congreso, o, como sabemos en dos casos de FMS, recibieron una exención de emergencia.

   La pregunta del plazo es complicada: no hay un plazo fijo para los casos de FMS. Depende de la demanda, la producción y la burocracia. Por ejemplo, la producción de municiones ha aumentado, pero la demanda es tan alta, en gran parte debido a la guerra en Ucrania, que no está claro que el aumento de la producción signifique que las municiones están llegando particularmente rápido a algún país en particular a través del FMS. 

   Existen procesos burocráticos que pueden priorizar casos o países. Una administración presidencial podría exigir a los burócratas que aceleren el proceso de un país en particular si hay papeleo que necesita moverse. Esto es posiblemente lo que el gobierno quiere decir cuando dice que está tratando de acelerar las transferencias a Israel: está agilizando ese largo proceso para que se completen las aprobaciones. 

   El presidente, si realmente quiere acelerar la transferencia de artículos de defensa, puede usar la Autoridad de Reducción Presidencial, que le permite acceder directamente a los inventarios del Departamento de Defensa y transferir ese equipo. Esto minimiza el tiempo de espera de un país para recibir el equipo (porque no tiene que pasar por el proceso de adquisición), que es lo que el ejecutivo ha hecho principalmente con Ucrania. Es una autoridad amplia que permite al presidente utilizar los inventarios del Departamento de Defensa en cualquier parte del mundo. La Autoridad de Reducción Presidencial es independiente de un caso de FMS o DCS. 

   DS: ¿Esa autoridad también es diferente al depósito de reservas de guerra, sobre el cual ha escrito?

   SH: Sí. Mientras que la Autoridad de Reducción es una autoridad amplia que permite al presidente extraer de los inventarios del Departamento de Defensa en cualquier parte del mundo, el depósito de reservas de guerra se establece a través de una autoridad otorgada al Departamento de Defensa (DoD) para almacenar armas en otro país para su uso en situaciones de emergencia. 

   El depósito de reservas de guerra en Israel es un almacén del DoD que data de los años 80. Está ubicado físicamente en Israel, y los bienes almacenados allí están disponibles para uso del DoD o para transferirse a otro país. Este depósito de reservas está  disponible para tiempos de guerra o emergencias, pero no hay requisitos legales específicos sobre su uso. Originalmente, los depósitos en el extranjero del DoD solo se permitían en países de la OTAN, pero el Congreso amplió la ley para incluir a importantes “aliados no pertenecientes a la OTAN” (un término legal que otorga ciertos beneficios), que incluye a Israel. 

   Las reservas en Israel se han utilizado para transferir proyectiles a Ucrania, y sabemos de casos en el pasado donde fue usado por Israel, notablemente en la guerra del Líbano de 2006 y la guerra de Gaza de 2014, pero no hay informes públicos de lo que se haya utilizado desde el 7 de octubre. Esto se debe en parte a que estas transferencias de armamentos y las políticas que las facilitan son generalmente opacas. (En el caso de 2014, por ejemplo, la presidencia no se enteró de las transferencias hasta después de que habían ocurrido, a pesar de que fue parte de una venta militar extranjera de 3 millones de dólares de Estados Unidos a Israel). Se estima que las reservas contienen un valor de 4,400 millones de dólares en equipo militar, sin embargo, no hay un requisito sólido de informes sobre estos depósitos. En el caso de Ucrania, hay algunas pruebas que sugieren que la transferencia se completó a través de una solicitud del gobierno de Estados Unidos con la aprobación final del primer ministro de Israel, lo que sugiere un grado significativo de control israelí sobre el depósito. 

   Grupos de la sociedad civil han solicitado a la administración Biden que sea más transparente sobre el proceso de transferencia de armas, qué tipo de armamento está transfiriendo y bajo qué autoridad se está haciendo el proceso, tal como lo hace con Ucrania mediante comunicados de prensa del Departamento de Estado y del DoD que detallan lo que se está enviando, cuánto y bajo qué autoridad. Funcionarios de la administración con los que yo y otros hemos discutido se han negado a extender esta práctica a Israel. Así que no sabemos si han utilizado el depósito de reservas de guerra después del 7 de octubre de 2023. Si existiera una verdadera emergencia, el presidente podría usar la Autoridad de Reducción para transferir rápidamente los inventarios del Departamento de Defensa a Israel. 

   Pero el Departamento de Defensa ha estado preocupado por el agotamiento de sus propios inventarios debido a la guerra en Ucrania y porque el Congreso tardó tanto en proporcionar más dinero para abastecerlos. El Congreso finalmente lo hizo en el importante proyecto de ley de asignaciones que mencioné anteriormente para Israel, Taiwán y Ucrania. 

   DS: Mencionó que no hubo una transferencia de armas que fue rechazada por el Congreso desde octubre?

   SH: Nunca hubo una paralización exitosa de una transferencia de armas por parte del Congreso.

   DS: ¿Lo que significa que Israel está recibiendo todas las cantidades especificas que está pidiendo?

   SH: No. Según lo que entiendo basado en mi lectura entre líneas de lo que ha dicho la administración, específicamente la declaración de un general en marzo, Israel no está recibiendo todo lo que pide, y la administración de Biden no está necesariamente aprobando cada solicitud de ventas militares al extranjero. Esta no es su prerrogativa. A la vez, ellos definitivamente no están anunciando ninguna limitación, o razones para limitar, con la única excepción de las bombas de 2.000 libras que el presidente suspendió – que sin duda es una gota en el océano comparado con la abrumadora cantidad de artículos de defensa que continúan siendo enviados a Israel. 

   TIM BARKER: Usted ha comentado sobre la falta de transparencia y los diversos requisitos de denuncia. ¿Cuáles son los requisitos legales básicos que rigen la transparencia sobre el proceso de transferencia de armas?

   SH: Depende del tipo de autoridad. Para ventas militares al extranjero, la DSCA publica en su sitio web cuando se ha emitido una notificación al Congreso para una venta de armas significativa, pero no sabemos nada de las transferencias por debajo del límite porque no se exige transparencia. Y creo que incluso si la DSCA no publicará las notificaciones en su sitio web, podríamos seguir sabiendo de ellas porque los miembros del Congreso podrían darlas a conocer al público o a los periodistas. 

   Pero, repito, esas notificaciones son sólo para las transferencias sobre el límite. Es posible que se intente enviar a otro país una cantidad enorme de artículos y servicios de defensa por debajo del mismo límite para eludir el tipo de transparencia que conllevan las notificaciones del Congreso. Hay grupos de derechos humanos, grupos de protección civil y grupos que promueven el control de armas que abogan por una mayor transparencia en estos trámites. 

   La transparencia depende específicamente de la política del poder ejecutivo—no es en ninguna manera bipartidista. Con respecto a Ucrania, la administración de Biden ha demostrado una operación bien coordinada, tanto internamente en el poder ejecutivo, y con socios y aliados en Europa, para hacer este proceso de apoyo a Ucrania en la forma más limpia, honrada y transparente posible. Eso es algo único sobre esta administración.  Dicho esto, optaron por no hacerlo con Israel, a pesar de que es uno de los principales receptores de armas de Estados Unidos.  

   Dejando a un lado la polémica sobre si deberían enviar armas en absoluto, el poder ejecutivo debería tener el mismo comportamiento que tiene con Ucrania con cada socio y aliado en todo el mundo.

   TB: Es impresionante la cantidad de información sobre las transferencias de armas que está disponible sólo porque ha sido filtrada al público de una forma u otra.

   SH: Sí. La cifra que cité antes—que ha habido cientos de traslados desde octubre—procede de una filtración. No es algo que el poder ejecutivo revele en primera instancia.

   TB: Quiero preguntar sobre la pausa armamentística de las bombas de gran tamaño. ¿Qué ocurre cuando una administración quiere retrasar las transferencias de armas o utilizar este proceso como una forma de presionar al socio?

   SH: Por lo que sabemos, esa pausa en las bombas de 2.000 libras es la única vez durante la guerra que la administración de Biden ha utilizado públicamente su considerable influencia. Tras el ataque a la World Central Kitchen (WCK) en abril, el Presidente respondió haciendo una llamada privada a Netanyahu, durante la cual, al parecer, Biden no dijo que su política estaba cambiando, pero sí amenazó con cambiarla. Tras esa llamada, pareció que el gobierno israelí tomó medidas rapidas para abrir algunos puntos de acceso humanitario, aunque fueran de adorno, porque la Casa Blanca quería indicar que no iba a tolerar el asesinato de ciudadanos internacionales en una organización humanitaria. 

   La administración de Biden ha tolerado la muerte de decenas de miles de palestinos, pero aquí fue donde Israel cruzó la línea. Esto puso un hecho obvio, y es que cuando ejerces tu influencia puedes cambiar la trayectoria de un conflicto. Este Presidente ha rechazado hacer mucho más que eso porque considera que el enfoque de su administración respecto a Israel se basa en sus principios. 

   La pausa armamentística reflejaba cierta incomodidad por parte de la administración con el lanzamiento de bombas de 2.000 libras en lugares donde había mucha gente. Está claro que esa pausa no alcanza a lo que deberían llegar; más bien parece un intento de salvar las apariencias, ya que se han aferrado a una política sin salida. La pausa no ha hecho nada para detener el derramamiento de sangre en Palestina; la llamada telefónica después de la huelga de la WCK parecía ser un uso más eficaz de la influencia. 

   DS: ¿Cuál es el alcance de la prerrogativa del ejecutivo en este caso? Supongo que estas ventas pueden realizarse porque el Congreso ha asignado fondos para cubrirlas. ¿Es así?

   SH: La venta de armas puede realizarse con dinero que Estados Unidos ha dado para otro país—normalmente financiamiento militar en el exterior, o FMF, como he descrito antes—o con dinero que el país extranjero tiene a través de los dólares de los contribuyentes u otros medios de ingresos. Israel suele utilizar su FMF, que asciende a 3.300 millones de dólares al año fiscal. Ese dinero se transfiere a Israel el primer mes de cada año fiscal y se deposita en una cuenta que devenga intereses. Israel ha utilizado esos intereses para pagar deudas a Estados Unidos, pero no puede utilizarlos para comprar artículos de defensa. 

   DS: Y esta cuenta es para la compra de armamento estadounidenses, así que ¿hasta qué punto se extiende la prerrogativa del ejecutivo sobre eso? ¿Puede el Presidente simplemente imponer un embargo de armas en ese punto de intervención e impedir las ventas hasta que se cumpla alguna condición?

   SH: Creo que los abogados del Presidente dirían que sí, o podrían decir que es complicado, pero aquí hay una forma de argumentar que tienen esta autoridad en virtud de la Constitución. Y creo que los miembros del Congreso se opondrán y dirían que no, que nosotros tenemos el dinero, que nosotros decidimos cuándo los países reciben y pueden gastar dólares estadounidenses. 

   Esta cuestión no ha sido objeto de litigio ni ha recibido respuesta por parte de los tribunales. Esta cuestión se plantea a menudo en las discusiones con abogados que piensan hasta qué punto el presidente tiene la autoridad de simplemente no permitir el gasto de dinero que el Congreso ha autorizado y consignado. Algo así ocurrió con Ucrania y la administración de Trump, aunque fue un quid pro por interesado en lugar de un intento de hacer políticas exteriores. El Congreso autorizó y asignó asistencia de seguridad para Ucrania si Ucrania cumplía ciertos hitos. El poder ejecutivo acabó determinando que Ucrania cumplía estos hitos y que debía recibir la ayuda.

   No obstante, en aquella época el presidente Trump ofreció esa ayuda de seguridad como soborno para solicitar información que pudiera perjudicar a su oponente presidencial, el entonces ex vicepresidente Biden. Este es un caso reciente en el que el Presidente retuvo dinero aprobado por el Congreso, aunque fuese en el contexto de solicitar interferencia extranjera en las elecciones nacionales. Pero ningún tribunal ha determinado el contexto específico en el que el Presidente pueda retener dinero aprobado por el Congreso para la ayuda de seguridad. 

   DS: Así pues, aunque existe una cuestión jurídica abierta sobre el alcance del control presidencial en este caso, hay suficiente autoridad sobre este proceso para que Biden haya podido cambiar con éxito la política israelí al hacer una llamada amenazando utilizar esta autoridad.

   SH: Bueno, creo que hubo algunas propuestas de los republicanos, incluso después de la llamada telefónica de la WCK, para decir básicamente, en el estatuto, que el presidente no puede tener esa autoridad. Y creo que hay desacuerdo en el Congreso sobre dónde está el margen de maniobra dentro de la autoridad del poder ejecutivo para retener un envío, dos envíos, tres, etc. Parte del desacuerdo se refiere a la autoridad legal, y otra parte a la naturaleza de los diversos conflictos, como los casos en los que la transferencia de armas puede no redundar en interés de la seguridad nacional o en los que Estados Unidos podría infringir sus obligaciones legales internacionales o nacionales al transferir esos artículos. 

   DS: A este respecto, ¿nos puedes hablar de la Ley Leahy y de la disposición de la Ley de Ayuda Exterior que regula a los países que restringen el envío de ayuda humanitaria?

   SH: El Congreso ya ha creado un marco jurídico a través de leyes para frenar las transferencias cuando el poder ejecutivo tiene conocimiento de violaciones del derecho internacional. Hay un grupo de leyes que prohíben las transferencias de armas o la prestación de ayuda a la seguridad a países que violan los derechos humanos o el derecho de la guerra. Las leyes principales relacionadas con los derechos humanos son las leyes Leahy y la 502B de la Ley de Ayuda Exterior, mientras que la 620I de la Ley de Ayuda Exterior se refiere al suministro de ayuda humanitaria.

   Podemos empezar con las leyes Leahy. Hay dos. Hay una Ley Leahy del Departamento de Defensa y una Ley Leahy del Departamento de Estado. Ambas leyes se aplican al gasto de dinero de Estados Unidos destinado a la asistencia para la seguridad proporcionada a unidades de fuerzas de seguridad extranjeras. Estas leyes son muy estrictas y sólo se aplican a una unidad de una fuerza de seguridad extranjera, no a toda la entidad ni a todo el país. Se activan cuando el gobierno de Estados Unidos -ya sea el Secretario de Estado o el Secretario de Defensa- tiene información fidedigna de que la unidad de una fuerza de seguridad extranjera (esto no incluye a las fuerzas no estatales, sólo a las fuerzas estatales extranjeras) cometió una violación grave de los derechos humanos. Si se dispone de esa información fidedigna, esa unidad no puede recibir más ayuda de seguridad estadounidense. Sin embargo, ambas leyes contemplan una excepción a esta prohibición. La excepción del Departamento de Estado exige que los autores de la grave violación de los derechos humanos de la unidad sean reparados, lo que significa que deben ser llevados ante los tribunales, procesados y condenados. La excepción del Departamento de Defensa está más diluida que eso, pero por coherencia, los departamentos han acordado, en virtud de un memorando de política, realizar lo que se denomina un proceso de reparación al nivel del Departamento de Estado (es decir, los autores deben ser procesados y condenados para que se aplique la excepción). Esas son las leyes Leahy.

   Mientras tanto, la 502B de la Ley de Ayuda Exterior recorta la ayuda de seguridad a todo un país si existe un patrón consistente de graves violaciones de los derechos humanos. La 502B se ha aplicado en el pasado, pero su aplicación no es pública porque no hay obligación de informar al Congreso ni requisito de transparencia para anunciar su aplicación. La disposición de supervisión de la 502B permite que el Senado o la Cámara de Representantes pidan un informe al Departamento de Estado en un plazo de treinta días sobre las prácticas de derechos humanos de un país determinado. El senador Bernie Sanders ya lo intentó el pasado diciembre, para forzar la elaboración de un informe y un debate en el Congreso, pero lamentablemente no se aprobó. 

   Y luego está la 620I de la Ley de Ayuda Exterior, que no se aplica a los derechos humanos como las Leyes Leahy y la 502B, pero sí cuando un gobierno de un país extranjero prohíbe directa o indirectamente o restringe de otro modo la ayuda humanitaria proporcionada por Estados Unidos. En el caso de Israel, lo vimos inmediatamente. El gobierno israelí anunció y ejecutó un bloqueo rápidamente después del 7 de octubre. Ese bloqueo persistente es la razón por la que ahora hay informes de hambruna allí: la gente se muere de hambre debido al bloqueo de la ayuda humanitaria por parte de Israel.

   Incluso funcionarios estadounidenses se sintieron frustrados por el hecho de que altos cargos del Gobierno israelí no permitieran que un envío de harina y otros productos secos llegará a Gaza desde Turquía. Se trataba de un caso muy público, y aun así el poder ejecutivo no cortaba la ayuda, a pesar de que la 620I prohíbe la ayuda en virtud de la Ley de Ayuda Exterior y la Ley de Control de Exportación de Armas a todo el país. Hay incluso una excepción en la ley en caso de que el Presidente proporcione una justificación al Congreso de por qué está aplicando la excepción por motivos de seguridad nacional, sin embargo, la administración Biden no reconoció ninguna violación de la 620I por parte de Israel, así que nunca se aplicó la excepción.

   DS: Impedir la entrega de ayuda es una violación muy concreta e inequívoca de los derechos humanos. Se ha documentado mucho sobre las prácticas de Israel, que son arbitrarias, creo que es la forma más amable de decirlo, y que de hecho suponen una limitación total de la cantidad de ayuda que llega. Quería preguntarle por el informe que publicó el Departamento de Estado revisando las prácticas israelíes en la guerra. Me pareció bastante notable que en el informe se declarara que hay razones para pensar que Israel está violando el derecho internacional humanitario, o violando el principio de distinción con sus campañas de bombardeo. Sin embargo, aprueba las prácticas israelíes de restringir ayuda. ¿Por qué cree que adoptaron esa postura, a pesar de todas las pruebas?

   SH: Hay algunas cosas que me gustaría comentar al respecto. Cuando se produjo el bloqueo en octubre, creo que la 620I -la ley que aborda la restricción de la ayuda estadounidense- tomó por sorpresa al poder ejecutivo. Esta ley es bastante oscura: antes de octubre del año pasado, raramente se aplicaba o se hablaba de ella. Normalmente, cuando el gobierno estadounidense trata de transportar ayuda humanitaria a otros países, se interpone, y los retos consisten principalmente en dispersar la ayuda dentro de las zonas de conflicto activo. Esa logística es realmente compleja, y Estados Unidos suele contratar a ejecutores locales para hacer llegar la ayuda a la población de esas zonas. Pero, en general, los países no se limitan a bloquear la ayuda humanitaria de Estados Unidos o de la ONU. Esa ayuda suele llegar a lugares donde la logística es difícil y hay graves problemas de seguridad, como en Somalia. Así que la pregunta sobre el 620I, relativa al bloqueo total de Israel sobre Gaza, sorprendió a los abogados y a los políticos de forma inesperada. Hizo falta la presión de los grupos de la sociedad civil que señalan la ley para que el Congreso empezará a hacer preguntas. La atención pública sobre esta ley no empezó a aumentar hasta principios de 2024. 

   Meses después, en marzo, hablé con funcionarios del poder ejecutivo, y dijeron que aún estaban discutiendo la interpretación legal del estatuto. La pregunta central que estaban evaluando era: ¿Qué es la asistencia humanitaria de Estados Unidos? ¿Son las contribuciones de Estados Unidos a la ONU, que luego son proporcionadas a los palestinos en Gaza a través de la ONU, equivalentes a la asistencia directa de Estados Unidos? Esto es indicativo de un enfoque jurídico; los abogados del poder ejecutivo suelen tratar de interpretar el lenguaje de los estatutos para otorgar la mayor flexibilidad posible al poder ejecutivo. 

   Basado en conversaciones separadas, sé que una segunda pregunta que se plantea dentro del poder ejecutivo a finales de marzo era: ¿qué significa “prohibir o restringir de otra manera” en la ley? Funcionarios de Estados Unidos le dijeron al Congreso que se inclinaban hacia una interpretación en la que «restringir de otra manera» también significaba prohibir—en otras palabras, interpretar el lenguaje de manera más restrictiva, de modo que la sección 620I solo se aplicaría en el caso de una prohibición total.

   Veamos el cronograma de eventos relacionados con la sección 620I. En diciembre, el senador Van Hollen redactó una legislación para abordar la aplicación de la sección 620I a Israel, aunque el lenguaje en el estatuto era aplicable a nivel mundial. Luego, en febrero, el presidente emitió el Memorando de Seguridad Nacional 20 (NSM 20), que se basaba en el proyecto de ley de Van Hollen. En mi opinión, este fue el intento de la administración de Biden de apaciguar a los legisladores demócratas críticos que estaban tratando de responsabilizar al poder ejecutivo por las leyes que parecía estar eludiendo. Cuando se emitió el memorando, la secretaria de prensa del presidente dijo que no creaba nuevos estándares para el poder ejecutivo.

   Hay una disposición en el NSM 20 que requiere garantías escritas y creíbles de cumplimiento con el derecho internacional y aseguramiento de acceso a la ayuda humanitaria por parte de los países extranjeros que reciben artículos de defensa de Estados Unidos. El NSM 20 también exige que el poder ejecutivo informe al Congreso si los países están cumpliendo con la sección 620I. Esto no es un requisito de la sección 620I en sí misma, sino una obligación impuesta por el propio memorando del presidente. Esta fue una buena noticia porque presionaba a los abogados a asesorar sobre la ley y a los responsables de políticas en el Departamento de Estado a decidir si Israel está cumpliendo con ella, implicando deliberaciones sobre qué constituye asistencia de Estados Unidos y qué se entiende por “prohibido” frente a “restringido de otra manera”. 

   Es posible que los abogados finalmente aplicarán el criterio de que cualquier prohibición o restricción tendría que ser arbitraria para constituir una violación de la sección 620I. Podrían haber utilizado la arbitrariedad—un estándar en el derecho internacional—como una forma de moldear la interpretación de la ley interna. No puedo asegurarlo con certeza. Mi punto es que creo que hubo diversas formas en las que el poder ejecutivo estuvo trabajando en la interpretación de la sección 620I, hasta mayo, cuando tuvieron que presentar el informe al Congreso que mencionaste.

   Cuando entregaron ese informe, supuestamente habían conseguido que Netanyahu aflojara un poco las restricciones al acceso humanitario. Es probable que esta fuera la razón por la cual se sintieron cómodos al determinar que la sección 620I no era aplicable, ya que Israel no estaba imponiendo una prohibición total o arbitraria sobre la ayuda humanitaria de Estados Unidos—dado que alguna asistencia estaba entrando, cualquier ayuda que aún estuviera prohibida podría considerarse no arbitraria por motivos de seguridad. Por supuesto, sabemos que hay numerosos informes de artículos que no se han permitido entrar en Gaza de manera arbitraria, pero Israel alega que es por razones de seguridad nacional.

   Creo que todo esto se reduce a que tan creativos se ven obligados a ser los abogados del poder ejecutivo para conceder la mayor flexibilidad posible al presidente, especialmente cuando el objetivo es no cortar la asistencia a Israel.

   DS: Quiero alejarme un poco, pero sin dejar de plantear una pregunta jurídica. Un aspecto sorprendente de la respuesta del gobierno de Estados Unidos a esta guerra ha sido su postura declarada hacia los cuerpos de derecho internacional. Sé que Estados Unidos ha tenido durante mucho tiempo una relación conflictiva con muchas de las fuentes formales del derecho internacional y los tribunales, pero después de que el Consejo de Seguridad aprobó la resolución de alto el fuego con la abstención de Estados Unidos un portavoz del Departamento de Estado se puso detrás del atril y básicamente insinuó que la resolución del Consejo de Seguridad no era vinculante. Considerando su experiencia en el gobierno, ¿eso le sorprendió?

   SH: Debido a todo lo que había sucedido hasta ese momento, no me sorprendió. Creo que la postura de Estados Unidos importaba principalmente porque seguía socavando el posicionamiento de la administración de Biden respecto a un orden basado en normas. Al abstenerse de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y luego decir que no es vinculante, cuando muchos otros la consideran vinculante, Estados Unidos sigue afirmando la narrativa de que está incumpliendo de manera hipócrita el derecho internacional con respecto a Israel, y continuará haciéndolo. Obviamente, como cuestión legal, el Departamento de Estado les aconsejó que podían decir razonablemente que la resolución no era vinculante, pero no creo que importe si un jurista internacional diría que eso es correcto; sigue siendo perjudicial para otras políticas y objetivos de Estados Unidos de promover la adhesión al derecho internacional.

   DS: Tiene sentido que haya un argumento plausible y que los abogados presenten ese argumento. Pero, ¿cree que se están dando discusiones similares en torno, por ejemplo, a las medidas provisionales ordenadas por la CIJ en el caso de genocidio, que es indudablemente una declaración de derecho internacional? Me pregunto si tiene una idea de cómo el gobierno recibe órdenes como esas y cómo se les asesora sobre sus obligaciones con respecto a las órdenes de la CIJ.

   SH: No creo que las opiniones de la CIJ, incluidas las opiniones consultivas de julio sobre la ocupación de Israel, hayan sido bien recibidas por esta administración, principalmente debido a las limitaciones políticas autoimpuestas sobre cómo Estados Unidos aborda su relación con Israel. Las opiniones de la CIJ, así como la solicitud del fiscal de la CPI para emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes, crean verdaderos obstáculos legales para los abogados del ejecutivo, con los que tienen que lidiar de manera seria, porque estos asuntos no pueden simplemente ser descartados. Mientras que otro país podría ignorar fácilmente lo que dice la CIJ o la CPI, los abogados del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa se enfrentarán a los fallos y las solicitudes de órdenes, trabajarán en ellas y encontrarán maneras de asesorar al Presidente sobre cómo Estados Unidos debe cumplir con sus propias obligaciones internacionales.

   Por eso me frustró mucho el NSM 20 cuando se emitió en febrero. Lo vi como un intento de apaciguar a los miembros demócratas del Congreso que estaban criticando al ejecutivo. Pero lo que significó para los abogados y responsables de políticas dentro de la burocracia fue mucho trabajo, porque se toman estas cosas en serio. Nunca resultará en la suspensión de las transferencias de armas a Israel, que como sabemos es donde reside la influencia de Estados Unidos para poner fin a esta masacre.

   Como sucede con NSM 20, los abogados y responsables políticos del Departamento de Estado tardarán mucho tiempo en gestionar las repercusiones de los casos de la CIJ y la solicitud de orden de detención de la CPI. Pero está claro que, al menos por ahora, no están adoptando ninguna postura que implique que Estados Unidos detenga la transferencia de armas. Así que interpreten esto como quieran. Parece bastante claro que los abogados estadounidenses no están de acuerdo con lo que ha dicho la CIJ o con lo que está haciendo la CPI. Si lo estuvieran, tendrían que aconsejar a sus clientes que dejarán de transferir armas a Israel. 
   

7. La larga batalla de Haití

   agosto 1, 2024 2:05 pm Comentarios desactivados en La larga batalla de Haití

   En octubre del 2023, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó por “el despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad para Haití” en el que “Kenia liderará la misión”. Aunque Rusia y China se abstuvieron, condenaron “el incremento en la violencia, la actividad criminal, los abusos de derechos humanos y las violaciones que socavan la paz, la estabilidad y la seguridad de Haití y de la región”. Algunos meses antes, la Comunidad del Caribe (CARICOM) había expresado su “apoyo para la restauración de la ley y el orden” en el país. Estados Unidos prometió contribuir con 200 millones de dólares para asistir a las fuerzas militares. Además de 1.000 policías de Kenia, países como las Bahamas, Jamaica, Belice, Surinam, Antigua y Barbuda, Guatemala, Perú, Senegal, Ruanda, Italia, España y Mongolia prometieron enviar contingentes armados. 

   El ex primer ministro Ariel Henry, quien se desempeñó como presidente de facto (no electo), había emitido una segunda petición durante las reuniones de la ONU en septiembre, rogándole a la comunidad internacional que actuara “en nombre de las mujeres y niñas violadas cada día, de las miles de familias expulsadas de sus hogares, de los niños y jóvenes de Haití a quienes se les ha negado el derecho a la educación y a la instrucción, en nombre de todo un pueblo que es víctima de la barbarie de las pandillas”. Algunos meses antes, el ministro de justicia y seguridad pública, que también servía como ministro de cultura y comunicaciones de Haití, Emmelie Prophète, denunció que los barrios tomados por “guerrillas urbanas” eran “territorios perdidos”.

   Los medios internacionales dominantes han difundido la crisis haitiana como un problema de pandillas que se escapa del control del Estado. Sin embargo, antes de las peticiones del 2022 y 2023, los movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y activistas de redes sociales ya habían comentado sobre el silencio espeluznante de Henry alrededor de cientos de personas masacradas y secuestradas durante su gobierno. Además, diversos reportes independientes han descrito cómo distintos actores nacionales, internacionales y transnacionales, incluyendo al Estado y otros funcionarios diplomáticos, “manufacturaron” el caos.¹  

   Según la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos (Réseau National de Défense des Droits Humains, RNDDH), entre noviembre del 2018 y marzo del 2024, ciertas “pandillas” habían liderado más de veinticinco masacres y otros ataques armados que implicaron el asesinato de más de 1.500 personas, la violación colectiva de 160 niñas y mujeres, la desaparición de decenas de personas, la mutilación de cientos de personas y la destrucción de más de 450 hogares, lo cual dio lugar al desplazamiento interno de más de 500 mil personas. Mientras que al comienzo de este periodo los grupos armados actuaban de manera aislada y competían entre sí, para agosto del 2020, nueve grupos armados se confederaron bajo el liderazgo del expolicía Jimmy Chérizier, esfuerzo celebrado por la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reinserción de Haití (Commission Nationale de Désarmement, Démantèlement et Réinsertion, CNDDR). En enero del 2024, Chérizier consolidó al resto de las pandillas de la capital para lanzar una “revolución” que tomaría el control de las áreas aledañas al aeropuerto internacional para impedir que Henry volviera a Haití tras su viaje a Kenia. En las semanas siguientes, el grupo demolió estaciones de policía y cárceles, quemó hospitales públicos, universidades, bibliotecas y asesinó a cientos de personas. Destruyó las oficinas de la Corte Superior de Cuentas y Controversias Administrativas (Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, CSCCA) donde el gobierno archivaba sus recibos de gastos, incluyendo los expedientes sobre el acuerdo de PetroCaribe con Venezuela.

   Para reemplazar al gobierno de Henry, CARICOM facilitó a la formación de un Consejo Presidencial de siete presidentes (todos hombres)² la mayoría de los cuales representaban al Parti Haitien Tèt Kale (PHTK), que había estado en el poder desde el 2011. ³ En mayo del 2024, la primera acción del Consejo fue confirmar el compromiso de la comunidad internacional por cumplir con la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), a pesar de las denuncias populares alrededor de esta misión que ya había durado trece años y que permitió que las pandillas se armaran. El Consejo también marginalizó las demandas del pueblo de “chavire chodyè a” (romper con el sistema), formuladas con la pregunta “Kot Kòb PetroKaribe A?” (¿Dónde está el dinero de PetroCaribe?).

   La siguiente conversación entre Sabine Lamour, Georges Eddy Lucien y Ernst Jean-Pierre nos empuja a comprender los eventos actuales de Haití más allá de una crisis que se pueda resolver con la ocupación militar, elecciones y “buena gobernanza”. Más bien, veremos que esta es una disputa de proporciones históricas entre el pueblo de Haití y el Estado neocolonial. En esta conversación, no sólo se preguntan cuáles son las pandillas, sino por qué hay pandillas y por qué ahora. 

   Sabine Lamour es profesora de sociología en la Universidad Estatal de Haití y fue la coordinadora nacional de Mujeres Haitianas en Solidaridad (SOFA) durante cinco años. Georges Eddy Lucien es profesor de historia y geografía en la Universidad Estatal de Haití. Ernst Jean-Pierre es coordinador general del Grupo de Investigación sobre Iniciativas para un Desarrollo Participativo Alternativo (GRIDAP). Con base en una discusión de panel llevada a cabo en la novena Conferencia anual de la filosofía de la religión en las tradiciones africanas de octubre del 2022, este texto ha sido editado para reflejar sobre los desarrollos políticos recientes.

   —Mamyrah Dougé-Prosper

   Una conversación con Mamyrah Dougé-Prosper, Sabine Lamour, Georges Eddy Lucien, and Ernst Jean-Pierre

   Mamyrah Dougé-prosper: Las pandillas, también conocidas como bases, controlan los territorios abandonados por el Estado. Los barrios populares tienen poco o nulo acceso al agua potable, a la electricidad, a las escuelas, a los hospitales y a los trabajos. Muchos de estos territorios son lugares que se encuentran en el mapa del Estado, pero otros son asentamientos informales, con más de un millón de personas. La mayoría de las pandillas se concentran en el área metropolitana de Puerto Príncipe, cerca de los parques industriales, puertos internacionales, centros de distribución de petróleo, almacenes para productos de lujo y alimentos importados, así como a lo largo de las rutas de comercio intra e internacionales. Las pandillas se suelen conformar por niños y hombres jóvenes (y algunas pocas mujeres) quienes, dados los altos niveles de desempleo y una falta de educación, deciden unirse a la pandilla para encontrar protección, un cierto respeto a su masculinidad por parte de la comunidad y una fuente de ingresos. En contraste, quienes lideran las pandillas suelen ser expolicías o exagentes de seguridad privada.⁴

   Las primeras pandillas fueron extensiones de las brigadas de autodefensa establecidas después del derrocamiento de la dictadura de la familia Duvalier, la cual duró 29 años. Después, en 1991, las brigadas se reforzaron para proteger a los barrios populares de Puerto Príncipe ante los pelotones de la muerte que participaron en el golpe de estado contra el presidente democráticamente electo, Jean-Bertrand Aristide. Tras el retorno del jefe de estado destronado en 1994, se distribuyeron pistolas entre sus simpatizantes, provocando la despolitización de estas formaciones, que, entonces, se volcaron a las actividades criminales, incluyendo el secuestro. Durante el segundo término de Aristide (2001–2004), estas pandillas “de barrio” se fortalecieron para contraponerse a los ex oficiales militares, que habían sido desmovilizados en 1995 y que buscaban derrocar el gobierno de Aristide. Después de la remoción forzada de Aristide en el 2004, las tropas de la Misión de Estabilización de la ONU silenciaron a las milicias.⁵

   Las pandillas no son un monolito. Sin embargo, durante los últimos seis años, académicos militantes han calificado a las 23 principales pandillas que operan en el área metropolitana de Puerto Príncipe como paramilitares o fuerzas armadas extralegales del Estado. ¿Qué explicaría esto? 

   Georges Eddy Lucien:  Desde el 2016, la policía ha sido incapaz de apaciguar a los levantamientos populares, de hacer que las personas retrocedan. Las pandillas vinieron para cumplir dos funciones. Para empezar, funcionan para censurar a los barrios que concentran a la población trabajadora; sabemos que entre el 67 y el 69 por ciento de la aglomeración de Puerto Príncipe vive en barrios precarizados. Por ejemplo, los residentes de Lasalin que participaron en la protesta del 17 de octubre del 2018 fueron masacrados por las pandillas tres semanas después. Esto les comunica un mensaje específico a quienes viven en los barrios de personas trabajadoras: que no tienen derechos cívicos y políticos y que no pueden participar en protestas. Se han dado otras instancias, como la masacre de Belair del primer peyi lòk (que puede traducirse como “paro general”) o como la masacre Kafou Marasa (Cité Soleil).

   Entonces, las pandillas juegan un papel en la censura de los residentes y también censuran a las organizaciones progresistas. De 1987 a 1988, tras el derrocamiento de la dictadura de Duvalier, distintas organizaciones populares estaban operando dentro de los barrios, entre ellas, grupos estudiantiles y sindicatos. Sin embargo, hoy es difícil organizar una reunión en los barrios de donde tendría que emanar un activismo de base. La segunda misión de las pandillas es banalizar conceptos como “hijos de los pobres” o “revolución” y así contribuir a la criminalización de los movimientos sociales. Bajo el gobierno de Jovenel Moise (2017–2021), la participación de las pandillas en protestas logró trivializar a las demandas. Todo esto es estratégico.

   El ejército—que sería el actor tradicional empleado por el Estado haitiano o por las oligarquías locales e internacionales, sobre todo de Estados Unidos, para resolver las crisis—ya no está. Si observas los años 1946, 1956 y 1986, verás que siempre pasa lo mismo: nos dormimos, despertamos y nos damos cuenta de que el ejército ha tomado el control. Pero el ejército de Haití fue disuelto en 1995 cuando el presidente Jean-Bertrand Aristide, que había sido derrocado, volvió al poder. Hoy, los aparatos represores, sean policías o pandillas, juegan un papel primordial. En definitiva, durante la dictadura de Duvalier siempre hubo un lazo entre el ejército y la milicia. Pero el ejército tenía más medios logísticos y más armas que la milicia. La informalidad es importante, porque cuando el ejército necesitaba hacer cosas por debajo del agua, podía valerse de la milicia. Este fue el caso del golpe de estado de 1991, cuando usaron el Frente para el Avance y el Progreso de Haití (FRAPH), este mismo un producto reconocido de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. 

   MdP: La potencia armada de las pandillas se ha reforzado y ahora cuentan con armas de guerra como los AK-47 de Rusia, los AR-15 de Estados Unidos y los rifles de ataque Galil provenientes de Israel. Algunas armas que se trafican en Haití son compradas en el estado de Florida, de Estados Unidos, donde las leyes alrededor de las armas son muy flexibles. Después, se envían desde el puerto de Miami, donde los cargamentos se organizan en contenedores detallados que requerirían de búsquedas intensivas. Las armas ilegales entran al país por los puertos marítimos operados de manera privada, como el Puerto Lafito del oligarca Gilbert Bigio, así como por pistas de aterrizaje extraoficiales y por la frontera terrestre con la República Dominicana. Al mismo tiempo, a lo largo de los últimos trece años, el régimen del PHTK les ha dado menos armas y menos fondos de los requeridos a sus propias fuerzas armadas. 

   Las pandillas de hoy—fundadas o reforzadas por los líderes del PHTK, otros políticos y oligarcas clave—son los nuevos pelotones de la muerte. Trafican órganos humanos, drogas y armas. Secuestran bajo contrato o para recaudar fondos para comprarse municiones. Matan para conquistar territorios nuevos o para vengarse de grupos rivales. Las pandillas también les otorgan seguridad a las empresas privadas, como aquellas del capitalista mercantil Reynold Deeb o a ladrones de menor relevancia y a quienes compiten por asaltar. Disuelven a los paros laborales. Contratadas por políticos como el expresidente Michel Joseph Martelly (2011–2016), las pandillas amenazan a votantes para que no haya elecciones justas y para aminorar la participación de las personas en protestas. Además, las pandillas asesinan a opositores políticos.

   ¿Qué ha hecho el movimiento social haitiano actual para lidiar con tanta violencia?⁶ 

   GEL: A pesar de la presencia de las pandillas, el último peyi lòk (paro general), en julio del 2018, demostró que estas estrategias no fueron suficientes para desalentar al pueblo. Esto creó la necesidad de una intervención militar de parte de la oligarquía local e internacional. Es como en 1802, cuando Leclerc lanzó una expedición en Saint Domingue (Haití): la metrópolis colonial se dio cuenta de que los aparatos represores a nivel local eran incapaces de forzar a las masas esclavizadas a retirarse. La incapacidad de la metrópolis francesa para bloquear a las masas esclavizadas durante un periodo de más o menos diez años, de 1791 a 1801, hizo que reforzaran sus aparatos represores. El mismo caso se dio en la crisis de 1902 a 1915. La intervención militar extranjera refleja la incapacidad de la oligarquía local e internacional para acabar con el levantamiento. 

   El movimiento social que estamos discutiendo hoy surgió en 2015–2016 y ha durado seis años, durante los cuales se han dado varios levantamientos. Desde las grandes protestas del 1929 contra la ocupación estadounidense (1915–1934) no habíamos experimentado un periodo tan largo de levantamientos sostenidos. Tras la retracción de las tropas estadounidenses, la oligarquía local e internacional pudo mantener su continuidad y control. Sin embargo, en 1946, hubo una explosión de protestas masivas. Después de diez años, en 1956–1957, la oligarquía local pudo mantener el control durante los siguientes treinta años a través de la familia Duvalier, hasta 1985–1986. Ahora vemos que, a partir del 2015, las personas comienzan a levantarse de nuevo. Este periodo nos remite al periodo entre 1902 y 1915, a los trece años de resistencia de Rosalvo Bobo contra las relaciones cada vez más arraigadas entre las oligarquías locales y las de Estados Unidos.⁷

   MdP: Esta crisis actual, entonces, es un reflejo de las persistentes divisiones e intervenciones que han caracterizado a la política haitiana desde antes de la Revolución de 1804. ¿Cuáles son las dimensiones históricas detrás del movimiento social que surgió en 2015–2016?  

   Ernst jean-pierre: Es importante recordar nuestra historia como pueblo y la forma específica que tomó el colonialismo en Haití. La llegada de Cristóbal Colón en 1492 creó una nueva realidad colonial. Se apropiaron de la riqueza de la tierra y devastaron el ambiente (la flora y la fauna) y a la población indígena que vivía ahí. También se empezó el intercambio transatlántico de esclavos africanos. El Code Noir (Código negro) que regulaba al sistema de esclavitud en Haití consideraba a las personas africanas esclavizadas como subhumanas, cosa que todavía tiene repercusiones hoy en día. En 1791, el sitio de la ceremonia Bwa Kayiman fue donde se planificó la primera gran insurrección de esclavos de la Revolución, que logró la liberación general de todos los esclavizados y aseguró la independencia en 1804. Sin embargo, después de la independencia, los hijos de blancos, mulatos y criollos reclamaron la tierra y exigieron compensaciones por aquellas propiedades perdidas y dañadas. Jean-Jacques Dessalines, un gran líder de la Revolución haitiana y el primer gobernante de la Haití independiente, se opuso a estas demandas. Sus aspiraciones independentistas se extendían más allá de la abolición de la esclavitud. Buscaba un sistema de equidad con base en los valores de los bossales, es decir, de los africanos nacidos en el continente africano que no habían nacido en esclavitud. Los bossales presumían valores comunales en torno al trabajo y la libertad.  Rompiendo con el sistema colonial heredado, Dessalines propuso redistribuir la riqueza de la tierra entre todos los haitianos, proclamando una serie de medidas con este fin. ⁸

   Los decretos de Dessalines representaron esfuerzos radicales para cambiar el sistema colonial de la riqueza, pero provocaron tensiones en esta nueva nación. En octubre de 1806, Dessalines fue asesinado. Este momento fundamental partió a la nación en dos. El gobierno que le sucedió mandó a los bossales a las montañas y al campo e impuso el Código Rural, similar al Código Negro de la colonia. Esto reintrodujo otra forma de racismo, o incluso de apartheid, en la sociedad, manteniendo en su lugar a una clase campesina que produciría productos agrícolas para la clase criolla cultivadora. Esta división fundamental llevó a la crisis del 1843, la cual dividió al país en cuatro partes. Para 1915, Haití había caído en manos de la ocupación estadounidense, durante la cual muchas instituciones y empresas estadounidenses, como la Empresa Azucarera Haitiana Americana (HASCO) exportaron sisal, caucho y caña de azúcar. ⁹

   Los haitianos se encontraron ante un Estado que no correspondía con las aspiraciones de las masas, un prototipo barato del Estado-nación occidental. Las leyes haitianas son una imitación de las leyes francesas, pero sin una orientación hacia derechos ambientales o comunales. Las clases educadas y de élite tomaron las riendas del gobierno, otorgándose privilegios económicos y sociales a sí mismas mientras que la mayoría tenía que esperar. Esta es la condición actual. Esto fue lo que nos llevó a las crisis de 1943 y 1946, así como a las crisis que les sucedieron a los presidentes Dumarsais Estime y Duvalier. Las crisis son recurrentes porque el problema histórico nunca se ha resuelto: la lucha entre los bossales, los campesinos y la élite. La élite impuso dos armas poderosas: la educación y el Estado. Su combinación opera en la lucha en contra de las masas populares. 

   En esta lucha desigual, podemos atestiguar cómo las masas han llevado a cabo un esfuerzo por menoscabar al Estado y producir su colapso, o producir el cadáver del Estado. Hay una canción de carnaval que de hecho dice esto: que el Estado es un cadáver, un cuerpo muerto. Sobre ese Estado, no se puede construir nada. Las personas claman por un cambio en el sistema, aquel sistema de esclavitud contra el que luchamos. Los poderes del mundo nos han cobrado caro por esta lucha. Las semillas de un sistema alternativo yacen en la lucha bossale, construida sobre las lakou (tierras comunales) en las bitasyon (plantaciones), con base en el consenso, la democracia, la solidaridad y la konbit (la ayuda mutua). 

   MdP: El movimiento social que surgió entre 2015 y 2016 buscó colapsar el Estado para resolver este problema histórico entre las masas y las élites. Después de la primera ronda de elecciones presidenciales en 2015, la oposición política—compuesta de organizaciones enraizadas en las masas y la sociedad civil—paralizó a la capital para denunciar la manipulación de los resultados de parte del PHTK. Antes de este punto de quiebre, la resistencia en contra de los proyectos de desarrollo del PHTK era local: hubo una defensa ante el apoderamiento de tierras en Caracol en 2011, otra en la isla de Ile-à-Vache en 2013 y también en la isla La Gônave en la Bahía de Puerto Príncipe en 2014, por mencionar unos ejemplos. Pero el movimiento social que surgió en 2015–2016 amenazó al régimen del PHTK directamente y provocó que se anularan los resultados de las elecciones. Sin embargo, las elecciones nuevas del 2016 le otorgaron el poder a Jovenel Moise, el predilecto de la PHTK. 

   El movimiento social buscó bloquear cualquier intento del PHTK por entablar una histórica “Carrera por Haití”. El momento nos remite a las elecciones fraudulentas que llevaron al partido al poder en el 2011, dejando clara la estrategia del PHTK de postergar las elecciones parlamentarias y gobernar por decreto para regalarles las tierras agrícolas, cuidadas por las comunidades, a las élites multinacionales, presentándolas como zonas de libre comercio. Muchas personas también denunciaron el mal uso de fondos públicos por parte del PHTK: por ejemplo, los fondos para la reconstrucción tras el sismo del 2010 o bien las ganancias de PetroCaribe. Estos fondos se han utilizado para subsidiar proyectos extractivistas, como la construcción del parque industrial más grande de Caribe, el Parque Industrial Caracol, en 2011; el establecimiento de Agritrans, la plantación de plátano de Moise, en 2014; o la construcción del primer puerto de aguas profundas multiusos en Puerto Lafito, para permitir el paso de barcos de carga. Todas estas asociaciones público-privadas están exentas de impuestos. 

   En la Haití actual, ¿quién controla estas zonas de libre comercio?

   sabine lamour: Los oligarcas haitianos tampoco son un grupo monolítico. No comparten la misma visión o consciencia entre ellos. Hay un segmento que ha existido desde el periodo revolucionario, el de los “libres”, que hasta ahora se consideran a sí mismos como los herederos de sus ancestros blancos coloniales. Este grupo conformó a la burguesía nacional, que tuvo éxito desde 1804 hasta la ocupación estadounidense de 1918. Esta burguesía también incluía a quienes provenían de Francia, Inglaterra y Alemania. Las hijas de la burguesía nacional se casaron con hijos de extranjeros. Este fue el resultado de las relaciones de comercio. La burguesía nacional se renovó al mantener una hegemonía sobre la población más amplia en base al color de la piel. Sin embargo, con la ocupación estadounidense del Caribe, llegaron al poder grupos nuevos. Los capitalistas emergentes del Levante también se extendieron a lo largo de la región. En Haití, donde se beneficiaron de su color de piel más claro, eventualmente lograron reemplazar a la burguesía nacional original. 

   La clase burguesa es plural. Es una clase expansiva que no puede caracterizarse como unificada. Sin embargo, hay un hilo en común entre aquellos grupos a los que podríamos llamar “de élite” o “oligárquicos”: no les interesa nada “nacional”. Invierten en el comercio. Así pues, aunque Haití es capaz de producir arroz, Reynold Deeb, el jefe del Grupo Deka, prefiere comprar arroz de Estados Unidos y empacarlo ahí para venderlo en Haití, en vez de apoyar a la producción nacional. ¿Podríamos entonces decir que esta es una burguesía nacional?

   Estas élites existen en espacios recónditos, aislados de la mayoría de la población. Sus hijos no van a las mismas escuelas que los demás. Si se enferman, se atienden en Miami. Tienen diversas nacionalidades. Se trata de una especie de burguesía sin Estado que no construye nada con las masas. Cada vez que sus intereses son amenazados, cuando las contradicciones pueden llevar al cambio o a la transformación social necesaria para que los recursos verdaderamente se compartan entre la población, cuando el capital está en problemas, esta burguesía plural se asocia con la comunidad internacional o con las Naciones Unidas, para ofrecerles a los extranjeros cualquier recurso que Haití posea y así asegurar su posición y continuar con la extracción de la riqueza.  

   Es interesante que uno de los elementos nuevos de la crisis actual es que la burguesía transnacional está entrando de lleno en la política. Tradicionalmente, habían practicado una “politique de doublure” o política de suplentes, en que financiaban a políticos para que llegaran al poder y les rendirían cuentas a ellos únicamente. Ahora han decidido implicarse en la política nacional de cara propia. Gregory Mevs, cuya familia es dueña de la terminal de petróleo Varreux y del parque industrial SHODECOSA, fue copresidente de la Consejería Presidencial para la Inversión y el Crecimiento Económico del presidente Martelly. Reginald Boulos, fundador de Sogebank y dueño de una cadena de supermercados y concesionarios automovilísticos, estableció su propio movimiento político bajo el presidente difunto  Moise. La burguesía está actuando con cara propia no porque le importe la transformación social, sino porque quiere el control directo de los “sitios de depredación” dentro de la sociedad. La aduana es un sitio de depredación tal, pues otorga la capacidad de importar armas, alimentos podridos carcinógenos y otros productos caducados que pueden provocar la muerte. Además, la burguesía monopoliza a todas las industrias. El Grupo Gilbert Bigio, por ejemplo, controla la construcción (la importación de hierro y madera). 

   Cuando la burguesía se da cuenta de que, poco a poco, la mayoría está llegando a tener más poder y que, en cualquier momento, puede haber una explosión social en Haití, entonces busca controlar los espacios del poder. Sin embargo, los burgueses no deciden controlar los espacios solos, sino que buscan compartir el control con los intereses internacionales. 

   MdP: Como comenta Sabine Lamour, el Estado del PHTK ha sido muy complaciente con las élites transnacionales. También ha facilitado la emergencia de un pequeño grupo de capitalistas aspiracionistas. En el primer año de su mandato, el gobierno de Moise propuso un presupuesto bajo el cual incrementó su propio salario y el de su gabinete, mientras aumentaba los impuestos para los trabajadores pobres y la clase media. Se salió del acuerdo entre PetroCaribe y Venezuela, el cual había permitido que el país entrara al mercado de nuevo para poder comprar productos petrolíferos. En julio del 2018, como lo pidió el Fondo Monetario Internacional (FMI), Moise anunció que se retirarían los subsidios al combustible. Inevitablemente, el incremento en los precios de combustible provocó un aumento en los precios del transporte público y alimentos. Reaccionando a esta situación, personas disidentes montaron barricadas para bloquear todas las rutas nacionales de comercio e interrumpir la actividad comercial del país durante dos días: este fue el primer peyi lòk. Entonces, Moise revocó la eliminación de subsidios. Un mes después, se lanzó el movimiento PetroChallenge. Estallaron protestas en las diez principales ciudades de Haití bajo la consigna “Kot Kòb PetroKaribe?” (¿Dónde está el dinero de PetroCaribe?). Se exigía que el régimen del PHTK rindiera cuentas sobre los 3.000 millones de dólares estadounidenses en fondos de PetroCaribe que debían destinarse al mejoramiento de la infraestructura y a los programas sociales.El movimiento social que surgió en 2015–2016 se concentró en la capital, pero creció a escala nacional con el primer peyi lòk. Mientras que los focos de resistencia en contra de los proyectos de desarrollo fuera de Puerto Príncipe habían compartido sus propios mensajes, para el 2018, todas las demandas de las y los manifestantes convergieron bajo la pregunta ¿“Kot Kòb PetroKaribe A”? (Dónde está el dinero de PetroCaribe?)

   gel: Las sublevaciones de julio de 2018, unas de las más significativas en años recientes, se enfocaron en la cuestión de PetroCaribe porque PetroCaribe en sí cuestiona a la lógica y socava el funcionamiento del sistema financiero internacional que se le impuso a Haití en 1825, cuando los bancos franceses le otorgaron un préstamo a la nación previamente colonizada. En este tipo de acuerdos, normalmente el banco gana y el país que recibe el dinero pierde. Sin embargo, PetroCaribe ofrecía la posibilidad de que tanto Venezuela como Haití salieran ganadores. 

   Dentro de PetroCaribe, Venezuela acordó que el prestatario podía pagar el préstamo con los bienes producidos, distanciándose del modelo neoliberal que destruyó las dinámicas de producción en Haití. Con PetroCaribe, existió la posibilidad de desafiar al sistema financiero internacional. El mes de julio de 2018 fue una de las primeras veces en que los movimientos sociales hablaron de “chavire chodyè,” o romper con el sistema. 

   MdP: Después de meses de protestas que se extendieron por toda la nación en 2018, un reportaje investigativo oficial reveló que el presidente Moise mismo se había beneficiado de los fondos de PetroCaribe, lo cual provocó demandas para su renuncia. Sin embargo, Moise votó en contra del reconocimiento de Nicolás Maduro en la Organización de los Estados Americanos en 2019. Ese año, hubo desabastecimiento de combustible, lo cual dio lugar a otro peyi lòk, que en esa ocasión duró tres meses. ¿Qué es un “peyi lòk” en este contexto?

   sl: Es una manera de resistir. Es el resultado de contradicciones tan sorprendentes dentro de la sociedad que las personas se ven forzadas a bloquear el sistema. ¿Cómo puede ser que el gobierno retire todos los subsidios al combustible cuando el precio por galón excede el salario mínimo? Durante el primer peyi lòk, o paro general de julio de 2018, hubo movilizaciones por toda el área metropolitana de Puerto Príncipe, que se extendieron a lo largo del país y paralizaron toda la actividad comercial. Así, el gobierno se vio forzado a retroceder en cuanto al tema del combustible.

   Dentro del peyi lòk, a pesar de la parálisis, se desarrollaron diversas actividades dentro de las organizaciones de la sociedad civil y de la oposición política. Hubo paneles, se compartieron declaraciones de posiciones políticas, surgieron multitudes tipo flash mob y se organizaron protestas. Las demandas en sí no estaban fijas. Entonces, se puede decir que el peyi lòk mitigó la inseguridad pandillera y dio pie a un momento en que las organizaciones pudieron activarse políticamente y reunirse con más frecuencia para entablar discusiones. Por supuesto que hay cierta contradicción en el peyi lòk: las personas con más necesidades pueden convertirse en daño colateral. No pueden seguir con su día a día para subsistir y tienen que poder solventar los gastos alimenticios de antemano. El gobierno también utiliza los periodos de peyi lòk para reprimir a los militantes, especialmente a aquellos que salen a la calle todos los días para erguir barricadas contra la policía y las pandillas.

   gel: El peyi lòk previene la acumulación. Hay un lòk, lo cual nos remite al lock en inglés: un candado a la acumulación de inversiones internacionales. Se le pone un freno a la producción en lugares como Savane Diane, una zona de libre comercio para manufacturar productos de Coca-Cola; o al parque industrial Caracol, donde producimos ropa; o a áreas como CODEVI en Ouanaminthe o SONAPI en Puerto Príncipe, donde hay muchas fábricas. Es casi como en 1791, cuando las masas esclavizadas frenaron la acumulación en la metrópolis; en el caso de hoy, la metrópolis sería los Estados Unidos.

   ejp: El peyi lòk no es nada nuevo. Es la apropiación de la lucha campesina llamada “koupe wout” (bloquear el paso en los caminos). El Ejército indígena de Jean-Jacques Dessalines utilizó esta táctica para bloquear el camino de abastecimiento del comandante militar francés Joseph de Rochambeau durante la revolución de 1802. Diferentes líderes campesinos que buscaban aislar y controlar sus propias regiones también se valieron de este método después de la independencia. Así mismo, los guerrilleros cacos adoptaron esta táctica de koupe wout para prevenir la incursión de la Marina estadounidense en las profundidades del campo. Estos bloqueos interrumpieron la restitución del trabajo forzado que los ocupantes estadounidenses buscaban imponer para construir aquellos caminos que, de hecho, facilitarían el transporte de los cultivos para la exportación.  

   Yo lo interpretaría como una forma de lucha que se está adaptando a Puerto Príncipe y a otras ciudades: impide la comunicación entre los distintos departamentos, la circulación y el movimiento, así como la funcionalidad del sistema capitalista dentro de las ciudades mismas. Es un sistema histórico y cultural de resistencia. Hemos integrado ciertas palabras inglesas y francesas “barikad” (barricadas); o “lòk”, aunque le decíamos “gran chimen bare” (bloqueo de camino), cuando nada podía circular libremente.

   mdp:  En enero del 2020, Moise disolvió el Parlamento para gobernar por decreto. Para principios del 2021, anunció un referendo para adoptar una constitución producida por la Organización de los Estados Americanos que expandiría las facultades del Ejecutivo para la toma de decisiones. Se rehusó a dejar la presidencia y no hizo ningún plan para organizar elecciones en ningún nivel. En cambio, le regaló tierras agricultoras a otro oligarca, Clifford Apaid, y reemplazó a tres jueces de la Suprema Corte (esquivando los procedimientos parlamentarios). Hubo protestas masivas hasta junio. Y tan solo unos días antes de ser asesinado, Moise designó a Airel Henry como su nuevo (y séptimo) primer ministro. 

   El caos y las crisis han llegado a las primeras planas a nivel internacional, pero esconden y a veces confunden a los levantamientos populares con la violencia pandillera. ¿Cuáles son las demandas de este movimiento social? ¿Cuáles son las diferentes tendencias ideológicas en el terreno?

   sl: Hay una constante en las demandas, que es el derecho a la autodeterminación. Ya sea en relación con el Estado haitiano o con la comunidad internacional—que siempre busca imponernos una serie de medidas—siempre exigimos que nosotros también podamos proponer nuestro propio modo de vida. Esta demanda ha marcado a todos los movimientos sociales, ya sea que el elemento político involucre a mujeres, campesinos, juventudes o sindicatos de maestros. La segunda demanda es el reconocimiento de las dinámicas interseccionales de la lucha, o la habilidad de reconocer a las personas como personas, más allá de su sexo, raza, clase o religión. La tercera demanda es la lucha contra la impunidad, la lucha por el acceso a la justicia. 

   Este movimiento social ha explotado con un liderazgo en donde cada quien tiene la capacidad de actuar. Estas constantes sugieren que hay una fidelidad política, una tendencia anárquica que asusta a las oligarquías transnacionales. Uno de los elementos que nos permite condensar nuestras diferentes demandas es la capacidad que tiene cada persona de ser libre. La libertad es un elemento fundamental dentro del movimiento activista y conlleva un conjunto particular de ideales políticos que penetran a la sociedad haitiana. Desde la Revolución de 1804, nos hemos dado cuenta de que, dentro de la cuestión de la libertad también hay una cuestión de bienestar, pero no un bienestar en el sentido occidental que se basa en la propiedad privada. 

   ejp: En la lucha actual, los barrios urbanos de la clase trabajadora están más movilizados que los campesinos, mientras que los líderes políticos han sido desacreditados. La misión histórica de las masas populares es la batalla contra un orden global injusto. Este es el hilo común de las luchas populares haitianas, que pueden ligarse a un discurso antiimperialista de izquierda más amplio. Sin embargo, si nos fijamos bien en el surgimiento de las luchas populares, hay una batalla existencial alrededor de la necesidad de vivir. Esta lucha es permanente por naturaleza y se refleja en la imposibilidad de establecer un diálogo entre las élites y las masas. La élite política tradicional no cuenta con una narrativa que aborde a las demandas populares; no pueden apaciguar a la lucha por el cambio. Por eso siempre están en crisis. 

   En 2021, después del asesinato de Moise, muchas organizaciones progresistas de la sociedad civil y otros partidos convergieron para redactar los Acuerdos de Montana, que dieron pie a un gobierno de transición para organizar elecciones libres y concretar un juicio alrededor de PetroCaribe. Pero estos esfuerzos redujeron a la lucha organizada a una cuestión de la toma del poder. Las masas populares estaban peleando una batalla histórica para cambiar al sistema occidental capitalista de manera definitiva. Entonces, hay dos batallas en Haití: la batalla por el cambio real y la batalla por el poder. Esta última no incluye a las aspiraciones de las masas populares.

   sl: Los escenarios que se están desarrollando ahorita son los mismos que hemos vivido desde 1806 y se centran alrededor de la autodeterminación, la redistribución y la producción de recursos. Si consideras a los años 1806, 1843, 1865 o incluso a los años 1915 y 1934, así como a las luchas de 1986 y 2004, verás que los mismos fantasmas acechan a Haití constantemente.

   En cada gran crisis, se hace la misma pregunta: ¿cómo vamos a construir una comunidad dentro de los 27.500 kilómetros cuadrados de territorio que tenemos en común para vivir juntos, si algunos no ven a los otros como plenamente humanos? Esta es la base de la lucha en Haití: los que tienen el poder alegan que todos los recursos que la sociedad produce les pertenecen y nunca piensan dos veces antes de pedir que extranjeros intervengan en el asunto. Pero está la cuestión de lo que tiene que suceder a nivel interno para construir una verdadera hermandad, un proyecto político con el que forjar una sociedad. Esta batalla ha existido desde que la nación se formó. Los proyectos políticos propuestos hasta ahora han fomentado una cierta exclusión, así como una ausencia de redistribución. Ahora hay una coherencia política dentro del caos que tiene que ser atendida por el pueblo haitiano.

   Esta conversación se publicó en colaboración con Lefteast. 

   La entrevista fue traducida para PW del inglés al español por María Cristina Hall.

   
   

8. Clases y mercancías

   8:59 am Comentarios desactivados en Clases y mercancías

   Pocos economistas han tenido la influencia de Salomón Kalmanovitz en el desarrollo de la historia económica colombiana. Su figura ha sido central en la profesionalización de la disciplina de la historia económica desde los años 70s, cuando regresó de Estados Unidos a dictar clases de microeconomía en la Universidad Nacional de Colombia y luego de economía política marxista en la Universidad de los Andes. 

   Su entrada a los debates económicos de los años 70s ocurrió en medio de un auge de la teoría de la dependencia en el continente, que presumía la idea de que la división internacional del trabajo le había sido impuesta por las grandes potencias a América Latina y que era intrínsecamente injusta, dado que los precios de las materias primas siempre se mantenían bajos en relación con los precios de las manufacturas. Este fundamento iba de la mano con una lectura negativa de la inversión extranjera, que descapitalizaba a los países sometidos de tal  modo que quedaban encerrados en la envoltura de un subdesarrollo creciente. El referente en Colombia de dicha concepción fue el economista autodidacta Mario Arrubla, a quien Kalmanovitz criticó y contra quien polemizó desde temprano para plantear que los análisis dependentistas ignoraban la estructura social y las instituciones de los países que examinaban, por lo que tendían a desatender precisamente la existencia de clases y sus conflictos en la historia. En resumen, la crítica de Kalmanovitz venía fundamentada desde una justificación marxista sobre la lucha de clases.

   Kalmanovitz pasó de ser un crítico temprano de la teoría de la dependencia en América Latina a desarrollar toda una revisión de la historia económica colombiana. Como prologó en Economía y Nación, su libro de 1988 que es una especie de compendio de su comprensión sobre las estructuras sociales y factores de producción de la economía colombiana: 

   «La historia colombiana tan sólo se transparenta si se la concibe como historia interior que se inserta en una historia universal, la que, a su vez, la modifica profundamente. Ese punto de partida me diferencia de interpretaciones y análisis que hacen de Colombia un producto de la dependencia de las grandes potencias, agente pasivo de una historia universal bastante infame que nos adjudicaba un mal lugar en la división internacional del trabajo, que nos invadía y desnacionalizaba con sus capitales y nos sobredeterminaba a la miseria y al no desarrollo» ¹.

   En esta entrevista, el autor discute acerca de los factores del crecimiento económico en Colombia en el siglo XX, la dependencia de la economía colombiana a las exportaciones del petróleo, y las políticas del gobierno de izquierda de Gustavo Petro. 

   Una conversación con Salomón Kalmanovitz

   CAMILO ANDRÉS GARZÓN: Uno de los debates más importantes para los economistas latinoamericanos entre los años 60s y 70s tiene que ver con las polémicas de las teorías de la dependencia, en particular, la idea de que el crecimiento económico estaba limitado por la estructura global del capital. En Colombia, ese debate aterrizó en la obra de Mario Arrubla de 1969, Ensayos sobre el subdesarrollo, que circulaba extensamente. ¿Qué objeciones le hizo usted al argumento dependentista de Arrubla? 

   sALOMÓN KALMANOVITZ: Mario Arrubla fue precursor en cierta forma de autores que se hicieron famosos después, como el historiador económico Andre Gunder Frank o el economista brasileño Theotônio dos Santos, dos autores que desarrollaron la teoría de la dependencia de América Latina. Ellos tenían en común unas hipótesis sobre la imposibilidad del desarrollo económico bajo la dominación imperialista, pues tenían una visión de que había un estancamiento estructural en la economía debido a las relaciones de subordinación que tenía la economía colombiana o la economía latinoamericana frente a la economía imperialista. 

   Yo leí con mucho entusiasmo el libro de Mario Arrubla cuando hacía mi doctorado en Estados Unidos, a finales de los 60s, y me puse a pensar en mi crítica a su trabajo, que partía de que Arrubla usaba los esquema de reproducción simple de Marx con dos sectores, que suponían una economía estacionaria. Arrubla decía que la falta de un sector que produjera bienes de capital era el eje de la dependencia que condenaba a la sociedad colombiana al subdesarrollo. El texto de Arrubla estaba dirigido a cuestionar las propuestas de desarrollo económico para el país del economista Lauchlin Currie. Arrubla decía: “en nuestro país no existen condiciones de excepción que permitan un desarrollo importante del capitalismo.” ². Él escribió, “La sociedad colombiana constituye una subestructura dentro de una estructura que la comprende: el sistema imperialista.” ³ Para el autodidacta Arrubla, eso significaba que el sector agrario en el país realmente se había quedado con rasgos tradicionales, sin una incorporación del capital al campo o una mecanización relativamente intensa de la agricultura en los años cincuenta. Dadas las condiciones estructurales de dependencia, estos eventualmente debían conducir al colapso espontáneo del capitalismo colombiano y a un desarrollo de las fuerzas productivas bajo el socialismo.

   Yo conocía los esquemas de reproducción ampliada que había aprendido de Adolph Lowe en la New School of Social Research en los 60s y me propuse mostrar que la existencia o no del sector de bienes de capital no era condición del desarrollo económico. Esto lo mostraban las economías de varios países europeos, como Dinamarca y Holanda, que se especializaban en ciertos bienes de consumo para exportación y tenían alto crecimiento. Mi problema de partida con el argumento de Arrubla era que definía en forma apriorística la relación internacional como dada y dominante, pero eso tenía el problema de que tomaba la producción nacional como un elemento pasivo, subordinado. 

   Esa idea de la dependencia, que cogió mucha fuerza en los años 70s, tenía un soporte empírico muy pobre, pues América Latina, y Colombia en particular, no habían estado estancadas. Por el contrario, habían tenido periodos de crecimiento bastante altos. De hecho, la economía colombiana había tenido un desarrollo bastante vigoroso, incluso en los años 60, cuando se tiene la percepción de que estaba estancada. 

   Entonces, para mí fue fácil demostrar que la hipótesis del estancamiento secular de la economía colombiana no era cierta, y que los datos mostraban que en Colombia se venía desarrollando el capitalismo durante el siglo XX. En ese entonces critiqué que los datos no le daban la razón al análisis fatalista de Arrubla: “la recuperación de la economía y de la industria observada a partir de 1968, en la que se conjugaron un gran crecimiento de la producción agrícola, un aumento de las exportaciones, una recuperación de los precios internacionales del café.. ponen todavía más en cuestión el diagnóstico de desahucio proferido por el autor sobre el capitalismo colombiano.” ⁴ Mi crítica principal era precisamente que ignoraba la estructura económica y social del país dependiente de una lógica imperialista al insistir en que las relaciones internacionales se entrelazaban con las relaciones sociales de producción, pero ignorando muchas veces los desarrollos locales del capitalismo bajo esa trama imperialista. 

   La crítica caló hondo porque estaba sustentada en la teoría marxista en tanto que usaba los esquemas de reproducción de Lowe y porque le cuestionaba a Arrubla que no se ocupaba lo suficiente de la lucha de clases y la batalla por un nuevo modo de producción. Pero además porque era empírica, pues yo tenía la ventaja de tener una formación mucho más especializada. Aún así yo le respetaba mucho a Arrubla que él fuera un autodidacta, junto con el filósofo Estanislao Zuleta. Los dos tenían un gran mérito de haberse formado en un momento donde había un desarrollo muy incipiente de la vida académica colombiana, pues la República Conservadora que había cuando ellos se formaron en los 50s no dejó que existiera libertad académica e impidió que hubiera un desarrollo de las ciencias y del debate científico. 

   Arrubla contestó mi crítica 50 años más tarde, en 2004, en la revista Al margen. En ella dijo que había “abandonado aquellas tesis dictadas por su ardor revolucionario: que el capitalismo colombiano tenía estructuralmente cerrado el camino del renacimiento, que podía ser subvertido prontamente y que los revolucionarios debían fijarse como meta la construcción del socialismo y la estatalización de la economía por un gobierno popular.” ⁵ Entonces, Arrubla defendía en todo caso que su argumento no pretendió nunca decir que en el interior de los países subalternos no pasara nada y que solamente se plegaran a las determinaciones económicas que les venían de afuera, sino que “quería atacar esa psicología de aldea provinciana que se embebe en sus propias rutinas hasta que llega una oleada exterior que fractura esas rutinas o arrasa con todo.” ⁶

   CG: ¿Cómo evolucionaron las teorías de la dependencia en Colombia?

   SK: Yo creo que se transformaron porque siguió existiendo una fuerte dependencia política, es decir, un sistema político colombiano muy subordinado a los intereses norteamericanos. Eso era cierto y sigue siendo cierto, aunque ahora mucho menos.  Entonces, la dependencia existe, pero no implica estancamiento económico. Dentro de la dependencia está la inversión extranjera, pero la inversión extranjera ayudó en Colombia a desarrollar ciertos sectores, como el petróleo, la minería, la manufactura y la industria automotriz. La inversión extranjera ha sido un factor de desarrollo capitalista. 

   También hubo economistas colombianos desde los años setenta que se dedicaron a tareas más teóricas y a cubrir temas como el desarrollo del comercio con una visión dependentista, como fue el caso de José Antonio Ocampo, que tenía las directrices orientadoras de la Cepal, pero cuyos  excesos dependentistas fueron rebajados por el entrenamiento doctoral del autor en los Estados Unidos, de tal modo que la investigación sobre las series de comercio es muy rigurosa y las fases de crecimiento y colapso del mismo son explicadas con base en una combinación más compleja de un argumento dependentista–Colombia como país periférico, sometido a la división internacional del trabajo– y otro argumento que dice que existe un sustrato social  interno, una clase terrateniente depredadora de los recursos naturales, que sólo puede  participar en el comercio mundial cuando éste genera altas rentas y se debe retirar cuando  retornan condiciones normales de mercado ⁷.

   CG: En 1995, empezó a trabajar en el Estado como uno de los miembros del Banco de la República. ¿Qué tanto de sus convicciones de los años 70 se mantuvieron o cambiaron después de su experiencia trabajando en el banco central? 

   SK: Precisamente en 1995, cuando entré a trabajar al Banco, alguien me envió desde Cúcuta una revista venezolana en la que aparecía un artículo de Douglass North sobre el atraso latinoamericano. La lectura de North me llevó a encontrar un nuevo equilibrio ideológico: podía mantener lo que había hecho y darle una nueva dirección, dejando atrás los planteamientos marxistas de buscar una organización social de cuño socialista, pero sin perder de vista, de acuerdo con el mismo Marx, el avance de la libertad política y de las fuerzas productivas. Así, seguí insistiendo en mis antiguos temas, como la reforma agraria y la tributación.

   Marx le dio predominancia a las relaciones sociales y en particular a la lucha de clases para determinar el rumbo de la historia. Los marxistas enfatizaron las luchas campesinas y sobre todo el enfrentamiento entre el capital y el trabajo como ejes fundamentales del cambio social. En mis primeros trabajos seguí muy de cerca los capítulos históricos de El capital, sobre todo la sección sobre la renta del suelo en el volumen 3, como también el trabajo de Vladimir Lenín El desarrollo del capitalismo en Rusia. Pero otra influencia importante en mi formación fue el marxismo anglosajón de Eric Hobsbawm y Paul Sweezy que absorbieron la tradición empírica y la aplicaron en sus análisis. Al volver a Colombia tuve problemas con mi militancia en un grupo político que se llamó el Bloque Socialista y decidí retirarme, liberándome de la presión radical de la política. Me vi forzado a buscar nuevos horizontes que descubrí en el institucionalismo de Ronald Coase y de Douglass North. La lectura de este último fue una revelación que me llevó a absorber lo que se había hecho en las ciencias sociales en los últimos 20 años. North había sido marxista y pudo combinar esa escuela con la de los institucionalistas norteamericanos como John Commons, entre otros, para dar lugar al llamado nuevo institucionalismo, que fusionó la historia económica con el análisis de las instituciones. 

   Gracias a los análisis de North y de otros pude complejizar el análisis de la economía más allá de términos de dependencia y de condiciones de acumulación. Igualmente importantes eran la trayectoria histórica de instituciones que, en el caso de América Latina, eran el legado de la colonización hispánica, incluyendo el papel desempeñado por la Iglesia católica. El nuevo institucionalismo entonces permitía un examen de las relaciones sociales, a partir de los derechos de propiedad y su distribución en la sociedad. Sumados todos esos elementos, obteníamos una teoría más general e ilustrativa del desarrollo capitalista bajo nuestras condiciones históricas. Aunque North tenía un sesgo chovinista al asumir la existencia del excepcionalismo norteamericano, revelaba dinámicas que los investigadores latinoamericanos se resistían a analizar, como las oligarquías precapitalistas, el clientelismo, la corrupción y la mala calidad de la administración de justicia. James Robinson, que ha sido tan cercano a Colombia, es precisamente uno de los exponentes de estos análisis complejos que propone el neoinstitucionalismo. 

   CG: ¿En su opinión, entonces, qué factores son los que principalmente explican el crecimiento económico en Colombia durante el siglo XX?

   SK: Medido el crecimiento económico con la referencia al PIB per cápita, la media del crecimiento de Colombia fue del 4,6 por ciento para el siglo XX. Como la tasa a la cual se expandió la población fue del 2,3 por ciento anual, el crecimiento por habitante fue también de 2,3 por ciento. Desafortunadamente, este crecimiento fue insuficiente para absorber a toda la población en edad de trabajar, lo que es evidente en el alto desempleo, el subempleo y la informalidad de más de la mitad de la población.

   Aunque ese crecimiento hizo posible reducir la brecha frente a los países desarrollados, no lo hizo de manera tan exitosa como los países que se industrializaron durante la segunda mitad del siglo XX como Corea, Taiwán, Tailandia e Indonesia que crecieron mucho más rápido, jalonados por sus exportaciones a países desarrollados. 

   Una característica del crecimiento colombiano fue su baja volatilidad relativa, inferior a las de las tres grandes economías latinoamericanas de Argentina, Brasil y México. En un trabajo de los años ochenta, Miguel Urrutia explicaba esta cualidad del desarrollo colombiano como resultado de la falta de populismo en el país, a diferencia de la inestabilidad política y macroeconómica que este produjo en el resto del continente. 

   El crecimiento de la economía colombiana del siglo XX tuvo dos golpes. Durante el periodo de 1925-1950 cuando la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial ralentizan la economía: se dio entonces una contracción del 2,8 por ciento del PIB. El crecimiento del PIB real se acerca al 5 por ciento en el cuarto de siglo siguiente, pero el crecimiento de la población es grande, entonces cae relativamente el PIB por habitante. La crisis de la deuda latinoamericana durante los ochenta incidió en frenar el crecimiento de Colombia, aunque fue la economía menos afectada de la subregión. La nueva crisis internacional de fin de siglo, sin embargo, sí la afectó severamente, con una contracción de 4,1 por ciento del PIB en 1999. 

   El periodo de mayor crecimiento económico fue de 1905 a 1924 con un crecimiento del PIB por habitante de 3,4 por ciento anual, y el segundo mejor momento va del año 2000 a 2015 con un aumento del 3,2 por ciento anual. Esto debido al auge mundial de materias primas, con un crecimiento de la población mucho menor y con servicios sociales de amplia cobertura que facilitaron un mayor alcance de la prosperidad. Pero aún así con niveles de desempleo, informalidad y pobreza que afectaron negativamente a más del 60 por ciento de la población, por lo que es claro que el crecimiento colombiano no dio oportunidades de progreso a la mayoría de los ciudadanos del país. 

   Un elemento fundamental que determina el crecimiento es la productividad de la economía y en este sentido el comportamiento colombiano es pobre. La productividad ha experimentado un declive que surge del rezago agrícola que está siempre por debajo del nivel promedio de la economía. Mientras que la industria es el impulsor en 1960, acusa cansancio en 1980 y vuelve a empujar nuevamente en 1990. El movimiento de la mano de obra del campo a las ciudades explica 24 por ciento del crecimiento en productividad de la economía colombiana, mientras que en Chile el cambio explica 80 por ciento y en Perú el 53 por ciento de los aumentos de productividad.

   CG: ¿Puede hablar más sobre el efecto de las commodities en la economía colombiana? 

   SK: En los años ochenta empieza un proceso de desindustrialización que no sólo refleja el mayor crecimiento de los servicios, como sucede en todas las economías que pasan cierto umbral de crecimiento, sino también una pérdida de competitividad y un proceso de enfermedad holandesa alrededor de la bonanza minero energética. Este fenómeno se inicia en 1982 con el descubrimiento de petróleo en el pozo de Caño Limón y el de Cusiana en 1990. 

   Otro factor del crecimiento en Colombia ha sido la inversión extranjera en el país. La evolución de la inversión extranjera entre 1947 y 2017 demuestra que el país fue bastante reacio a ella hasta la década de los noventa, lo que explica adicionalmente por qué la economía colombiana creció menos rápido de lo que le hubiera permitido su potencial: porque había agentes externos dispuestos a arriesgar su capital en el país. Ya en el siglo XXI, más de la mitad de la inversión extranjera directa se ha llevado a cabo en el sector minero energético. Todas estas tendencias reflejan un cambio estructural importante en el crecimiento de la economía colombiana: los sectores dinámicos fueron la minería, los hidrocarburos y los biocombustibles, en particular, el etanol y el aceite de palma. En 1978 la minería representaba el 1 por ciento del PIB, pero en 2015 alcanzó el 8 por ciento. Mientras tanto, la industria ocupaba el 22 por ciento del PIB en 1978 y sólo alcanzó el 11 por ciento en 2015. 

   Sin embargo, el auge propiciado por los altos precios del petróleo y del carbón se derrumbó a partir de 2015, afectando negativamente el crecimiento económico y provocando un aumento del déficit fiscal que obligó al entonces gobierno de Juan Manuel Santos a reducir su gasto, esto en un país donde las exportaciones minero-energéticas llegaron a representar el 60 por ciento del total en el quinquenio 2010-2015, lo cual hace muy dependiente al país de las divisas que se generan por medio de las exportaciones.

   CG: ¿Cómo ve la trayectoria de los flujos de inversión extranjera relacionada con esa dependencia que usted describe de las exportaciones de petróleo en Colombia y cómo se relaciona esto con el conflicto de clases interno en el país durante las últimas tres décadas?

   SK: Hoy en día las exportaciones de petróleo son un poco más de la mitad de las que hace el país, dando lugar a un superávit que tiene incidencia en la tasa de cambio. Al reevaluarse esta tasa, esto contribuye a que las exportaciones no petroleras pierdan dinamismo y que la rentabilidad de las actividades domésticas se afecte por la competencia de las importaciones. Estamos, por lo tanto, ante un caso de enfermedad holandesa en el que un bien que obtiene una renta en el mercado global contribuye a que el país se especialice más en esa actividad, deteriorando la rentabilidad de otras exportaciones, y más grave, a que la producción doméstica pierda terreno frente a las importaciones.

   Los flujos de inversión extranjera no han sido determinantes en el desarrollo del sector petrolero que está dominado por la empresa estatal Ecopetrol. Las empresas extranjeras hacen exploración y explotan sus hallazgos más rentables, pero revierten al Estado, después de ciertos plazos, sus activos físicos y Ecopetrol se encarga de su explotación subsecuente. 

   El impacto sobre la estructura de clases en el país no ha sido grande porque se trata de un sector muy intensivo en capital que genera poco empleo. El sindicato de Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera, ha mantenido posiciones nacionalistas pero estas no se han diseminado ampliamente en un país donde la clase obrera que labora en grandes empresas es relativamente pequeña. Los grupos guerrilleros como el ELN tienen programas nacionalistas, pero su presencia es relativamente marginal y no afectan mucho la producción, aunque frecuentemente bombardean los oleoductos que llevan el petróleo a los puertos para su exportación y los suspenden a cambio de subsidios oficiales.

   CG: Explique un poco su diagnóstico sobre economía agraria y desarrollo y su diagnóstico del “rezago agrícola” que ha afectado la productividad económica colombiana?

   SK: En este campo, junto a Enrique López, pude mostrar que el desarrollo de la agricultura colombiana ha sido lento y tortuoso en parte por derechos de propiedad extensivos, ineficientes y difíciles de justificar.  Aunque después de La Violencia de los años cincuenta se hizo una política explícita de reforma agraria durante el Frente Nacional para dar paso a enfoques de mercado, crédito y tecnología que buscaban la modernización de las explotaciones campesinas, estas no afectaron sustancialmente la distribución de la tierra. En resumen, el desarrollo agrícola a lo largo del siglo XX ha sido desigual, combinando fuertes expansiones después de 1930, una aceleración sostenida desde la segunda posguerra hasta la década de 1980 y un relativo estancamiento de allí en adelante, pues el crecimiento de la agricultura en el siglo XXI es mediocre. ⁸.

   Colombia tiene una distribución de la propiedad agrícola muy desigual, un Gini de 0,56, algo que se ha modificado levemente con el desarrollo y la modernización del sector. El café fue el producto estrella desde los años treinta del siglo XX y ha mantenido su calidad y presencia en los mercados internacionales. Las flores, la carne bovina, el cacao, el arroz, el mango, la papa, la leche y sus derivados, el aguacate Hass y la tilapia y lograron ventas al exterior por más de US$10,000 millones en 2022. 

   La población ocupada en el sector rural fue de 6.3 millones de campesinos (39 por ciento) frente a 16.1 millones de población no campesina, así que se puede hablar de un proceso de urbanización del campo. Según el experto Santiago Perry,

   “En las áreas rurales colombianas viven 11.838.032 de personas, el 26 por ciento de la población nacional. El 62 por ciento de ellos, es decir, 7.351.418 de personas, vive en la pobreza, y el 21 por ciento de la población rural – 2.545.177 personas – vive en pobreza extrema o indigencia. De manera que cerca de las dos terceras partes de los moradores rurales son pobres y más de la tercera parte de los pobres rurales se halla en la indigencia.”

   El gobierno de Gustavo Petro ha propuesto hacer una reforma agraria, pero los cambios frecuentes en la dirección política del sector, que ha cambiado de ministro de Agricultura tres veces en dos años, han incidido en retrasar los planes oficiales de avanzar y de adquirir tres millones de hectáreas, de las cuales solo ha comprado 180,000 hectáreas a la fecha.

   CG: Finalmente, ¿cómo evalúa usted el estado del crecimiento económico durante los dos años que se cumplen del mandato del Gobierno Petro?

   SK: En cuanto al tema más general sobre el crecimiento de la economía nacional, medido solamente en términos del PIB, esta ha crecido sólo un 0,7 por ciento en el primer trimestre de 2024. En 2023, la economía creció menos del 1 por ciento por el impacto negativo que tuvo la caída de las exportaciones de un 13 por ciento: las exportaciones que alcanzaron casi $57 mil millones de dólares en 2022 terminaron en $49.500 millones de dólares en 2023, debido a la caída en el precio del petróleo cuyas exportaciones representan más de la mitad del total exportado. Frente al crecimiento del producto mundial, que fue de 2,4 por ciento, y el de Estados Unidos, de 2,5 por ciento, las cifras de Colombia no se ven alentadoras. 

   Durante la totalidad de la administración de Gustavo Petro la economía ha crecido en promedio 0,8 por ciento por seis trimestres, de los cuales el tercero de 2023 fue de contracción: -0,6 por ciento. Se trata, en suma, de un crecimiento mediocre, porque el crecimiento de Colombia ha estado históricamente por encima del 4 por ciento anual. 

   En cuanto a la balanza de la cuenta corriente con el exterior, ésta es negativa y se ha agravado: de -2,7 por ciento del PIB en 2023 se proyecta que será -3,1 por ciento en 2024, lo que significa un desvío de la demanda hacia bienes y servicios del exterior, siendo parte de la razón del bajo crecimiento de la economía. Podemos augurar para el futuro, en lo que resta de su gobierno, que la economía colombiana crecerá entre 1 y 1,5 por ciento anualmente en lo que falta del período presidencial, lo que supone un cuatrienio perdido para el desarrollo integral del país.

   Sin embargo, el problema del crecimiento no es solamente en Colombia. El bajo crecimiento económico se ha tomado a América Latina. La Cepal calcula que la región crecerá 1,9 por ciento en 2024, aunque Colombia estará por debajo de ese umbral con solo 0,6 por ciento de crecimiento, un tercio del promedio latinoamericano. Ello tiene que ver con el mal momento que experimentan las commodities en que se especializa el continente, aunque el petróleo escapa esa condición y se cotiza por encima de los $80 dólares el barril. Colombia no debería tener problemas de comercio internacionales, pero lo cierto es que no hay una política económica que fomente el desarrollo de las empresas que son percibidas con hostilidad. 

   La reforma tributaria de 2022 afectó más a las empresas que a sus dueños y ha sido uno de los factores que explican el bajo crecimiento económico. Asimismo, la incertidumbre que surge de las políticas de la administración ponen en compás de espera las decisiones de invertir. Es también resultado de la lluvia de reformas que en sí mismas no parecen nocivas, pero son miradas con desconfianza por los agentes económicos en medio de discusiones interminables. Aunque el gasto público ha sido muy grande y ha generado un déficit fiscal de 5,6 por ciento del PIB, no ha sido suficiente para impulsar el crecimiento, pues la inversión no despega y por el contrario ha caído cerca del 15 por ciento. 

   Colombia, como hemos dicho, tiene una alta dependencia de las exportaciones de petróleo, lo que se evidencia en los ciclos de auge y bajas de sus cotizaciones que generan revaluaciones o devaluaciones bruscas de la moneda nacional, que perturban los equilibrios fundamentales de la economía. Cuando los precios están en auge impiden el desarrollo de exportaciones intensivas en mano de obra y cuando colapsan generan déficits fiscales que impiden que se ejecuten políticas contracíclicas. 

   Justo este momento es uno que ha sido favorable para la producción y exportación de combustibles en el país, pero aún así percibo una actitud de brazos caídos entre los empresarios, expectantes sobre el rumbo de las políticas de la administración Petro.

9. La zona de amortiguación

   julio 24, 2024 2:57 pm Comentarios desactivados en La zona de amortiguación

   Desde que Hamas lanzó su ataque en el sur de Israel el 7 de octubre, el problema de la disuasión ha acechado la región: ¿quién la posee, en qué consiste y cómo se inclinará o no el equilibrio de fuerzas hacia una guerra regional más amplia?

   Ningún otro actor regional ha planteado con más contundencia el espectro de un arreglo de disuasión en desmoronamiento que Hezbolá. ¹ Casi tan pronto como Israel comenzó su genocidio contra los palestinos en Gaza, la posibilidad de una guerra en “segundo frente” en el norte de Israel ha estado en juego: ¿Impulsará Netanyahu la escalada para saciar a una población ávida de guerra y una coalición política extremista? ¿Impulsará Hezbolá la escalada junto con otros miembros del Eje de la Resistencia? ¿Son las escaladas basadas en retórica, intervenciones mediáticas y operaciones militares un camino hacia la guerra, o la gestión continua de la disuasión mutua?

   En la siguiente entrevista, el escritor y abogado Dylan Saba y el editor de Phenomenal World, Jack Gross, hablan con Nicholas Noe sobre estos desarrollos, el crecimiento de Hezbolá y la posibilidad de una guerra total entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y Hezbolá. Nicholas Noe es un miembro senior de Refugees International, el director de la Fundación para el Intercambio Político Global y el servicio de traducción Mideastwire.com. Es autor de numerosos artículos y comentarios sobre el Líbano y la región, y editor del libro de 2007 Voice of Hezbollah: The Statements of Sayyed Hassan Nasrallah.

   Una entrevista con Nicholas Noe

   Jack gross: A pesar de las conversaciones que buscan contener la conflagración regional desde el 7 de octubre, ha habido un conflicto muy activo a través de la frontera, con muchas víctimas, destrucción de infraestructura y agricultura, y una disminución significativa de la población en ambos frentes. ¿Qué ha estado sucediendo en el sur del Líbano y el norte de Israel desde octubre?

   nicholas noe: Esta no es una pregunta fácil de responder, dado los puntos de vista involucrados: los israelíes y libaneses en ambos lados de la frontera, los residentes de los campamentos palestinos en el Líbano que tienen casi ochenta años de antigüedad, especialmente el campamento de Rashidieh cerca de Tiro y los residentes de Beirut. La pregunta de qué está sucediendo, quién se ve afectado, cómo se ven afectados y qué significa este conflicto para ellos no es tan simple de responder.

   En términos básicos, un intercambio de represalias entre Hezbolá e Israel ha estado en marcha desde el 8 de octubre. Se estima que más de 95 mil libaneses han sido desplazados de su sur y 60 mil israelíes de su norte. Los ataques israelíes han matado a más de 300 libaneses, mientras que los ataques de Hezbolá han matado a treinta israelíes. Miles de hogares han sido destruidos en el sur del Líbano, y tierras de cultivo han sido devastadas por cientos de ataques con fósforo blanco. El mes pasado, las FDI anunciaron que su plan para un ataque a gran escala en el sur del Líbano había sido aprobado.

   Pero desde un punto de vista estratégico militar, lo que tenemos es una situación sin precedentes en el llamado conflicto árabe-israelí: por primera vez, un grupo del lado árabe ha sido capaz de afirmar militarmente lo que el lado israelí llama una “zona de amortiguación.” Esto es un gran acontecimiento. Muchas cosas han sucedido en los últimos nueve meses que algunos analistas predijeron, pero esta situación es inédita y extremadamente significativa. Las cosas están en un lugar muy diferente de lo que estaban hace cinco, diez o veinte años, y esto es consecuencia de una transformación en el equilibrio militar de poder.

   Dylan saba: ¿Podrías hablar más sobre la zona de amortiguación y por qué es un desarrollo significativo?

   NN: El desarrollo fundamental es que, por primera vez en, digamos, la historia contemporánea de Israel, sus oponentes han creado de facto un área dentro de lo que Israel considera sus fronteras que no puede ser habitada por israelíes. Esto nunca ha sucedido antes y tiene un gran impacto en el deseo o disposición de Israel para escalar el conflicto con Hezbolá. 

   Ds: Retrocedamos un poco. ¿Quién es Hezbolá, como fuerza política y militar dentro del Líbano y en la región más ampliamente?

   NN: Hezbolá es un partido político y organización militar libanesa chiita que surgió durante la guerra de Israel contra el Líbano en 1982. Se ha convertido decisivamente en un actor regional e internacional. Lo ha logrado desarrollando sus capacidades, de tal manera que hoy en día un aliado clave de la principal superpotencia mundial como Israel es incapaz de tomar medidas militares decisivas contra Hezbolá, debido a cómo han cambiado de manera considerable el equilibrio de poder y la ventaja militar cualitativa.

   Hezbolá es ahora una fuerza importante que no ha hecho más que aumentar su poder en los últimos veinte años, y ha logrado hacerlo, en mi opinión, debido al fracaso en abordar los agravios subyacentes y los problemas estructurales que han existido durante muchas décadas.

   jg: ¿Podrías hablar más sobre ese crecimiento? ¿Cómo han contribuido los factores políticos y económicos en la región, la participación de Hezbolá en Siria y su relación cada vez más profunda con Irán al crecimiento de sus capacidades militares?

   NN: Militarmente, Hezbolá ha demostrado ser muy competente en aprender y construir sus capacidades. Lo hicieron bajo presión en 2005, cuando el ejército sirio fue expulsado del Líbano. Lo hicieron con su llamado aliado Bashar al-Assad y la dictadura en Siria desde 2011 hasta el presente. Han aprendido y han fortalecido su poder. Políticamente no hay soluciones duraderas disponibles para los agravios subyacentes que hacen de Hezbolá un actor efectivo, y el fracaso en producir esas soluciones, particularmente en 1999 y 2000, es un punto de origen para el presente.

   En febrero y marzo del año 2000, Hassan Nasrallah, el líder de Hezbolá, concedió dos entrevistas clave mientras Hafez al-Assad viajaba a Ginebra para negociar un acuerdo de paz entre Siria e Israel. Ese acuerdo habría contenido al Líbano, porque Siria tenía 30 mil tropas y decenas de miles de policías secretos en el Líbano. En ese momento, Hezbolá era un actor relativamente débil.

   En estas entrevistas, Nasrallah dijo que, si Siria optaba por un acuerdo de paz, Hezbolá continuaría resistiendo el programa sionista: protestarían contra esta normalización, rechazarían a los israelíes que viajasen al sur del Líbano. Y un periodista del periódico egipcio Al-Ahram le preguntó provocativamente: “¿Qué haría si hubiera una bandera de Israel en una embajada israelí en el centro de Beirut?” Esta era la dirección en la que parecía dirigirse la región. La respuesta de Nasrallah fue que Hezbolá resistiría, y organizarían conferencias en contra, pero el subtexto para el lector de Al-Ahram era que no bombardearían con automóviles la embajada israelí. Los sirios tenían la preponderancia del poder en el Líbano en el año 2000, les gustara o no a Hezbolá.

   También hizo un segundo punto, que era que Israel no seguiría el camino de la paz. Tenía razón, por supuesto. No hubo paz en el año 2000, el proceso de Siria colapsó, y también los Acuerdos de Camp David.  

   En mayo de 2000, los israelíes se retiraron del Líbano bajo el ataque de Hezbolá, sin haber alcanzado un acuerdo de paz, estableciendo por primera vez que una fuerza árabe lograra desalojar a los israelíes de territorios ocupados. Desde entonces, Hezbolá ha apostado por la idea de que el proyecto sionista israelí terminará colapsándose. Esa fue la ocasión de su infame discurso de la “telaraña”, en el que dijo: “Israel, que posee armas nucleares y los aviones de guerra más fuertes de la región, es más débil que una telaraña.” Eso fue hace veinticuatro años, antes del 11 de septiembre, antes de la guerra global contra el terrorismo liderada por Estados Unidos, que tuvo enormes efectos en la región, antes de Obama y la promesa de una nueva distensión, antes de Daesh, antes de la Primavera Árabe. Ninguno de estos eventos ha cambiado esa afirmación fundamental. Él a menudo hacía declaraciones desafiando a otros líderes a seguir una vía pacífica, lo que pondría a Hezbolá fuera de servicio. Pero, de manera desafortunada, como él acertadamente afirmó, esa vía parece inaccesible.

   Ds: ¿Cuáles son exactamente los agravios subyacentes? ¿En qué sentido son irresolubles? Y si lo son, ¿era eso una conclusión inevitable desde el año 2000, o los eventos desde el 7 de octubre han puesto a Hezbolá e Israel en un nuevo rumbo de confrontación? 

   NN: Hezbolá tiene una serie de intereses diferentes. Por ejemplo, ciertamente están interesados en la preservación de la República Islámica de Irán y su poder, incluso si eso significa un programa nuclear en el futuro. Estos intereses están relacionados con su propio futuro como organización. Pero en este caso como en otros, la reducción de fuentes de conflicto, es decir, el programa nuclear, reduce el potencial de que puedan actuar sobre ese interés.

   Personalmente, deseo una resolución justa y la construcción de los derechos palestinos, abordando la ocupación israelí, que es, por supuesto, el agravio principal, la fuente fundamental del conflicto regional. Pero si los israelíes y los estadounidenses hubieran sido inteligentes, podrían haber aprovechado el acuerdo nuclear con Irán para desescalar la lógica que ha llevado a Hezbolá a convertirse en lo “peligroso” que es ahora.

   Hezbolá reclama el derecho de resistir la ocupación israelí porque las granjas de Sheba’a, Kfarchouba y Shmail Ghajar (Ghajar del norte) están ocupadas por los israelíes. Okay. Los israelíes podrían, en una hora, resolver el reclamo legal de Hezbolá sobre la liberación de territorios ocupados. Podrían hacerlo en una hora, pero no lo han hecho en los veinticuatro años que han pasado desde que se retiraron del sur del Líbano. Podemos tener una larga discusión sobre la justificación de Israel para esto, pero el punto es que podrían eliminar fácilmente este problema abandonando esos territorios, que no son Jerusalén ni Judea y Samaria. No es un asunto crucial para ellos, y, además, los libaneses opuestos a Hezbolá han sugerido exactamente esto: ¡Eliminen la razón de ser! ¡Pónganlo bajo administración de la ONU! Nasrallah mismo lo dijo en el año 2000: “Que los israelíes se vayan de Sheba’a. Luego, el gobierno israelí podrá levantarse y decir ‘¿Ocupamos más tierra libanesa?’ A lo que los libaneses tendrán que responder ‘No’. Y el asunto se cerrará.”

   Si Israel no puede hacer una concesión política de un agravio tan pequeño, donde no sacrifican ninguna ventaja estratégica, entonces las perspectivas para cualquier otra desescalada parecen escasas.

   Ds: Con las conversaciones sobre un alto al fuego entre Israel y Hamas prácticamente muertas, ciertamente, el gobierno de Netanyahu no parece estar interesado en seguirlas adelante, parece que los israelíes y los estadounidenses intentarán aprovechar lo que se está comercializando como una reducción unilateral, o semi alto el fuego, por parte de los israelíes, con el fin de desescalar el conflicto en el norte. Esto parece una posibilidad remota. ¿Ves algunas alternativas para la desescalada que no requieran un acuerdo de alto al fuego bilateral entre Israel y Hamas?

   NN: El camino para desescalar la situación entre Hezbolá e Israel es a través de un acuerdo con Hamás sobre Gaza, punto. El Eje de la Resistencia es un frente coordinado, y su estrategia coordinada está funcionando a pesar de la evidente devastación. Si va a haber un alto al fuego duradero, es una cuestión de los intereses de Hamás y de sus aliados, entre los que se incluyen la Yihad Islámica Palestina, Hezbolá e Irán. Pueden estar de acuerdo en algo que suene duradero, pero que, de hecho, sea muy temporal.

   Pero algo que parece perderse para los analistas es el hecho básico de que estos actores están en guerra. Hezbolá y Hamás no son actores políticos impulsados por la necesidad de desescalar. Son actores militares que consideran los medios militares como el único fin posible para el conflicto. Esto, por supuesto, es cierto, y quizás aún más cierto, para sus contrapartes israelíes: la creencia de que el militarismo es la única respuesta. 

   Ds: Israel parece genuinamente abierto a la posibilidad de un frente norte, y si esto sucede, no imagino que estemos al borde de una victoria rápida para el Eje de la Resistencia. Si Israel termina cruzando la frontera hacia el Líbano para erradicar a Hezbolá en el sur, podría convertirse en una guerra de desgaste, una que imponga una enorme presión sobre Israel en términos de su sobreextensión militar y la carga económica de movilizar tantas reservas. ¿Cuál es el cálculo de Hezbolá aquí? ¿Atraen a Israel a una larga guerra de desgaste para acelerar el colapso que anticipan, o están orientados hacia una victoria más rápida, tratando de superar a Israel con fuerza y terminar la guerra mediante un impacto rápido?

   NN: No, saben que el impacto repentino y sorprendente no es la manera de tener éxito como actor asimétrico. Es una estrategia larga y paciente. Mi problema es con la idea de que, a largo plazo, puedan tener una oportunidad razonable de éxito medida según sus propias métricas, que son profundamente problemáticas. No estoy seguro de que siquiera puedan alcanzar el éxito a largo plazo según sus propios términos. 

   Ds: ¿Crees que Hezbolá se está preparando para un escenario en el que Israel invada a través de Siria?

   NN: Si Hezbolá estuviera apostando por Assad para cualquier cosa, estarían en una posición muy débil, pero ellos lo saben. Hezbolá está seguro de una cosa, que es de sí mismos, de sus combatientes y de sus aliados: los verdaderos creyentes. Luego están las personas en los pueblos y el entorno más amplio del Líbano que los apoyan, así como la República Islámica de Irán, los hutíes y las milicias chiitas en Irak y Siria.

   Ds: Entonces, si la escalada militar prevalece en ambos frentes, ¿cuál es la transición del área gris en la que estamos ahora a una guerra abierta? ¿Los israelíes iniciarían una invasión terrestre en el sur del Líbano, con intensos y generalizados ataques aéreos previos? Otra posibilidad es un ataque masivo de Israel calibrado para provocar una invasión de Hezbolá al norte de Israel. También ha habido rumores, o alardes, del lado israelí de que conocen la ubicación de Nasrallah en tiempo real. ¿Podría la amenaza de asesinato desencadenar una guerra abierta?

   NN: No tenemos forma de entender cómo podría comenzar esto. El objetivo de Nasrallah es un asunto diferente, pero dudo seriamente que después de cuarenta años pudieran atraparlo. No pueden atrapar a Sinwar o a Mohammed Deif o a otros.

   Pero dejando a un lado la especulación, el problema fundamental sigue siendo que Hezbolá es lo suficientemente fuerte como para representar una amenaza existencial para el Estado de Israel. Es muy difícil entender cómo se podría llegar a un acuerdo diplomático, dada la clara trayectoria hacia un conflicto escalado. Pensé durante algunos meses que los israelíes y los estadounidenses podrían guardar las apariencias aceptando un acuerdo en el sur del Líbano, con Hezbolá reubicando algunas de sus unidades de élite Radwan, pero ya no creo que eso sea posible. La desescalada se ha pospuesto en cada ocasión. Hubo una oportunidad hace veinticuatro años, y también hubo otra oportunidad para hacer irrelevante a Hezbolá mediante la normalización de relaciones entre Estados Unidos e Irán, pero en este momento nos dirigimos hacia un conflicto más profundo, y no veo cómo los actores involucrados puedan evitarlo.

   jg: ¿Puedes hablar sobre el sur del Líbano? Es una región que estuvo bajo ocupación militar israelí durante casi veinte años, con Israel retirándose en el año 2000 hasta la frontera reconocida internacionalmente. ¿Cuál fue el significado político de la retirada? ¿Y cuál es la cultura política del sur, en relación con Hezbolá?

   NN: Habiendo estado recientemente en el sur con amigos y familiares, tengo que decir que nunca imaginé que personas que históricamente se habían opuesto a Hezbolá, que vieron a familiares ser asesinados por islamistas vinculados a Hezbolá, estarían ahora dispuestas a luchar con ellos. Pero en esta era, no es realmente una revelación inesperada. Desde una perspectiva personal, me parece sorprendente: nunca esperé ver a camareros que odian a Hezbolá comprando armas y preparándose para defender sus aldeas. Sin embargo, este grado de unidad no es algo que sorprenda a los servicios de inteligencia de varios países. Este fenómeno podría explicar por qué muchos están convencidos de que los israelíes no deberían buscar una mayor escalada.

   También debemos considerar la presión sobre Hezbolá desde esas mismas áreas para poner fin a este conflicto. Esto también es realmente importante para el otro gran intermediario de poder en el sur del Líbano entre los chiitas, que es Haraket Amal. En este punto, parece bastante fantástico imaginar que Israel repita su estrategia de 1982, que era dividir las divisiones políticas, históricas o religiosas entre la gente, financiando esencialmente una guerra civil.

   Ds: ¿Cuál es el objetivo final de Hezbolá? Hemos escuchado a Nasrallah hablar sobre la “gran guerra” durante mucho tiempo. ¿Qué es la gran guerra? ¿Se ve Hezbolá a sí mismo preparándose para ella en este momento?

   NN: Hemos visto teorías bastante claras de cómo termina esto, de ambos lados. Actores poderosos de Israel han hecho declaraciones públicas sobre lo que significa la victoria: la gente de Gaza muerta o expulsada a tiendas de campaña en el Sinaí o donde sea. La gran mayoría de los palestinos en Cisjordania también serían trasladados a otro lugar, tal vez incluso los palestinos israelíes también. Conocemos esta visión del objetivo final.

   Por parte de Hezbolá, han articulado extensamente la visión de que Israel no podrá resistir una “gran guerra”, una guerra abierta con cientos de miles de combatientes, presumiendo que muchos israelíes con segundos pasaportes o vías fáciles para emigrar dejarán el país en lugar de luchar por él. La “gran guerra” creará un momento cataclísmico para Israel.

   Dejemos de lado algunos de los aspectos fantásticos de estas dos visiones y tratemos de verlo desde una perspectiva más realista. No es un hecho que el Estado israelí y su cuerpo político se fracturen bajo la presión de un ataque masivo. No está claro si suficiente gente dejaría Israel de repente, o al menos suficiente para crear un punto de inflexión. De cualquier manera, un gran segmento de israelíes puede ingresar al servicio militar para luchar por la tierra que creen que es suya. Un aspecto fundamental de la estrategia de Hezbolá para la victoria que Nasrallah ha articulado repetidamente es algo así como: “En el Líbano, hemos lidiado con la falta de electricidad, falta de agua, durante décadas, podemos soportar el sufrimiento. Los israelíes no pueden, y esa será su falla fatal.” Estoy tan poco convencido de esto como de la visión extremista israelí de la victoria.

   jg: El panorama que has descrito muestra años de tensiones acumuladas, de tal manera que el conflicto escalado es prácticamente inevitable. Y el hecho fundamental que subyace a esa inevitabilidad es la capacidad militar de Hezbolá. ¿Han fallado los analistas en internalizar que el equilibrio militar es determinante? ¿Qué es lo que la gente no entiende bien sobre el conflicto?

   NN: No tenía por qué llegar a esto; no iría tan lejos como para afirmar que es inevitable. El Estado israelí ha sido militarmente dominante durante muchas décadas. Dentro del proyecto de respuesta por parte de sus oponentes, Hezbolá se ha convertido en la facción más exitosa hasta la fecha, e Irán los ha respaldado con bastante éxito, de tal manera que en la actualidad Israel no puede aplicar su doctrina de disuasión en relación con Hezbolá e Irán. Israel no puede atacar de manera desproporcionada a sus oponentes sin enfrentar una enorme represalia. Eso es sin precedentes en la historia del Estado de Israel, al menos desde su fundación.

   Los actores en todos los frentes de una guerra pueden ver cada decisión como una apuesta, de modo que si algo sale mal y se inicia una gran guerra, simplemente fue un error. Pero eso realmente reduce la responsabilidad legal, moral y estratégica requerida por las circunstancias. En mi opinión, no hay errores ni malas evaluaciones. Creo que debemos decir la verdad: los combatientes están dispuestos a arriesgar una escalada, y los actores relevantes aquí son actores militares. Estos son actores militares que están al mando. La destrucción israelí de Gaza es muy calculada. Son buenos en esto; también lo es Hezbolá, lo es Irán, el encuentro sin precedentes del 13 de abril es una medida de cómo la coordinación entre estos actores puede minimizar el daño. El mayor compromiso antimisiles en la historia moderna resultó en una única baja parcial. Esto debería indicarnos que cualquier conversación sobre “malas evaluaciones,” y mucho menos “tropezar con la guerra” o cualquier otro tipo de metáforas, es incorrecta.

10. Ideologías de Mercado

    junio 13, 2024 10:06 am Comentarios desactivados en Ideologías de Mercado

    La Unión Soviética aseguró su propio acceso como superpotencia a mercados europeos y al capital mediante la construcción de oleoductos y gasoductos a lo largo de Europa Occidental. En su nuevo libro, The Soviet Union and the Construction of the Global Market, Oscar Sánchez-Sibony demuestra cómo esta estrategia desafió la dominación estadounidense representada por las instituciones de Bretton Woods y provocó una reconsideración más amplia de las relaciones entre el Estado y el mercado.

    La siguiente conversación entre Sánchez-Sibony y Jamie Martin desentraña la evolución de las finanzas globales, interrogando la construcción y deconstrucción del orden mundial del siglo XX. Sánchez-Sibony es profesor asociado de historia en la Universidad de Hong Kong e investiga la imbricación de infraestructuras globales de poder, con énfasis particular en cómo las interacciones entre las esferas soviéticas y occidentales moldearon al mundo moderno. Su último libro narra la disolución de las instituciones de Bretton Woods a través del lente de la energía, las finanzas y el conflicto entre grandes potencias. Jamie Martin es profesor asistente de historia y estudios sociales en la Universidad de Harvard. Su investigación examina las bases institucionales de la economía política global, exponiendo su imbricación con la guerra, el comercio, y el imperio. Su libro más reciente, The Meddlers: Sovereignty, Empire, and the Birth of Global Economic Governance, examina los orígenes del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

    A continuación, Sánchez-Sibony y Martin reflexionan sobre las consecuencias inadvertidas de la lucha hegemónica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, así como la relación entre ideología e interés. Ambos revelan los impactos contraintuitivos, en el Sur Global y más allá, que resultan de los controles de capital, los mercados petroleros y la liberalización del comercio. 

    Una conversación con Jamie Martin y Oscar Sánchez-Sibony

    Jamie martin: Su nuevo libro narra una historia revisionista sobre la política económica internacional de la Guerra Fría desde el punto de vista de la Unión Soviética. Tanto aquí como en el libro de 2014, Red Globalization, se ofrece una visión de la Unión Soviética como una nación profundamente involucrada en la economía mundial, lo cual nos revela un aspecto clave de cómo los soviéticos navegaban el sistema capitalista global, tanto desde dentro, como desde fuera. El objetivo parece ser forzarnos a pensar de nuevo y de manera más amplia la naturaleza de la economía mundial y del capitalismo global.

    oscar sanchez-sibony: Definitivamente. Una continuidad entre los dos libros es que yo destaco la extensión de la integración soviética y las ideologías que impulsaron esa integración. Trato de reconsiderar las categorías bajo las cuales entendemos a la Unión Soviética, que son en gran medida categorías ideológicas. Al analizar el rol que desempeñó ante el mundo, su comportamiento no se alinea con los estereotipos que solemos tener, como defensor del control estatal sobre los mercados.

    Pero tiene razón, el objetivo principal del nuevo libro es enfocarse específicamente en la transformación global que ocurre hacia el final de Bretton Woods, no tanto en hacernos preguntas específicas sobre la Unión Soviética, sino más bien cuestionar: ¿Cuál es el poder que está transformando al mundo en este momento? Integrar la perspectiva soviética en nuestra comprensión de este período es la contribución que ofrece el libro. Sostengo que durante este periodo, la Unión Soviética, como muchos otros países en la periferia, estaba intentando romper las barreras que le impedían acceder al capital. Bajo Bretton Woods, este capital estaba estrictamente controlado por los Estados Unidos, que le prohibía el acceso a la Unión Soviética.

    En respuesta, la Unión Soviética empezó a comerciar con países europeos que también estaban intentando romper cierto tipo de monopolios estadounidenses. A través de la construcción de infraestructura energética, es decir, una serie de oleoductos y gasoductos, la Unión Soviética ganó acceso al capital y alentó la ruptura de todo tipo de compartimentaciones que Bretton Woods había impuesto. Sin embargo, con la construcción de la infraestructura energética, la Unión Soviética también estableció una especie de círculo vicioso de endeudamiento. 

    En última instancia, el libro posiciona al capital como una entidad que atrae a la Unión Soviética y al Sur global hacia una relación particular con Occidente. Esa relación resulta ser jerárquica, pero no fue impuesta por la fuerza.

    Jamie, ¿Qué tipo de diálogo ve aquí con su propio trabajo?

    JM: The Meddlers es tanto una historia de orígenes como una historia de continuidades. Como historia de origen, el libro rastrea el surgimiento de un nuevo tipo de poder global: las primeras instituciones internacionales que ejercen influencia contundente sobre políticas económicas relacionadas con cuestiones vitales de riqueza y seguridad nacional. Estas nuevas instituciones son drásticamente diferentes a las instituciones de cooperación internacional del siglo XIX, las cuales eran relativamente ineficaces.

    Este nuevo tipo de poder global emergió hacia finales de la Primera Guerra Mundial, una guerra que fue librada con instituciones de coordinación económica extraordinariamente avanzadas entre las principales potencias aliadas. Es importante notar que esto ocurrió aproximadamente veinticinco años antes del punto de inicio convencional de la gobernanza económica global, es decir, la Conferencia de Bretton Woods.

    Muchas de las facultades que hoy asociamos con la gobernanza económica global—como la realización de préstamos de rescate, canalizar el capital hacia proyectos de desarrollo a través de organizaciones internacionales, la coordinación entre bancos centrales independientes y la gobernanza de productos básicos al estilo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)—surgieron a raíz de la Primera Guerra Mundial, en gran medida entre los imperios aliados victoriosos.

    Los problemas políticos que surgieron al innovar este nuevo tipo de poder fueron algunos de los más desafiantes de la modernidad. ¿Cómo fue posible la coordinación internacional sobre temas fundamentales de estabilización económica que involucran la formulación de políticas domésticas relacionadas con aranceles, el gasto público, los impuestos, la política monetaria, etc.? Además, ¿cómo fue posible hacerlo de forma compatible con las nuevas realidades políticas en la era de la autodeterminación y la política de masas, que para entonces cada vez más se centraban en cuestiones de política económica? A finales del siglo XIX, una de las formas más robustas de demostrar soberanía era ejercer autonomía en cuestiones de economía política interna.

    Existían modelos anteriores para la intervención internacional en cuestiones internas, pero estaban lejos de ser ideales. Por ejemplo, los préstamos de estabilización financiera otorgados a los Estados de Europa Central y Oriental durante la década de 1920 se basaban en técnicas semicoloniales de administración de deudas establecidas en el siglo XIX por inversores e imperios europeos y estadounidenses en el norte de África, los Balcanes y América Latina. Existían profundas y evidentes continuidades entre estas herramientas del imperio financiero informal del siglo XIX y las nuevas instituciones de cooperación económica internacional establecidas en el período de entreguerras. Estas continuidades persistieron durante el período posterior a 1945. Es al enfocarme en esta historia que mi libro reinterpreta la llegada de Bretton Woods.

    Después de la Conferencia de Bretton Woods en 1944, hubo un rápido retorno a este viejo estilo de diplomacia intervencionista de banqueros. La diferencia clave era que este sistema de gobernanza económica global ahora iba a ser supervisado por Estados Unidos. El número y los tipos de Estados a los que se les permitía algún tipo de autonomía dentro del sistema eran bastante restringidos. Y muchos miembros de las nuevas instituciones de Bretton Woods enfrentaban arreglos institucionales que se parecían a los de un período anterior.

    Esta es la historia de la continuidad: Lo que parece ser el nacimiento repentino del FMI al estilo del Consenso de Washington a finales del siglo XX es en realidad otra cosa, un momento de expansión para un conjunto de poderes latentes en una institución que ya llevaba a cabo un estilo de diplomacia de banqueros del siglo XIX.

    En resumen, ambos intentamos rehacer nuestra comprensión de mediados del siglo XX y, específicamente, de Bretton Woods. Yo sostengo que no deberíamos ver el nacimiento de la gobernanza económica global en términos de una narrativa triunfalista sobre el ascenso del globalismo estadounidense y el New Deal o del internacionalismo liberal ilustrado, sino más bien como un proceso de improvisación institucional ad hoc. Los imperios se veían obligados a improvisar arreglos público-privados bastante desordenados ante las nuevas realidades políticas.

    En cierto sentido, creo que estoy proporcionando una nueva forma de entender el camino hacia Bretton Woods, mientras que usted ofrece una nueva forma de entender el camino fuera de Bretton Woods.

    oss: Es una de las cosas que más me gustan de su libro, y creo que también compartimos la idea de que las soluciones se encuentran más en la práctica que a partir de un plan prefabricado. Es importante tener en cuenta que los soviéticos buscaban principalmente soluciones a problemas específicos, como los italianos deseando desligarse del monopolio que tenían los estadounidenses sobre la industria del petróleo. Los europeos, en general, estaban acercándose a la Unión Soviética, probando nuevas formas de relacionarse con el bloque socialista tras haber sido empujados a competir entre sí después del Tratado de Roma de 1957 y la creación de la Comunidad Económica Europea. Los soviéticos, a su vez, estaban encontrando maneras de resolver sus problemas de acceso al capital. 

    ¿Cómo nos ayuda su libro a entender el neoliberalismo como una ideología que prefiguró la década de 1980 e incluso a la Sociedad Mont Pelerin?

    JM: Una de las cosas que comparten nuestros libros es la idea de que la ideología y las restricciones materiales no están en una competencia de suma cero. Creo que ninguno de nosotros querría desestimar por completo la importancia de la ideología, pero ambos nos enfocamos tanto en lo que la gente hizo como en lo que dijo. Uno de los aspectos más destacados de su trabajo es ver cómo estos diplomáticos soviéticos actuaron efectivamente como personas de negocios bastante astutas. Tenían un profundo conocimiento intuitivo de cómo funcionaban los mercados y presionaron incluso a sus contrapartes capitalistas a que fueran mejores capitalistas.

    En mi libro, la mayoría de los protagonistas eran internacionalistas económicos de orientación liberal, que querían reconfigurar las relaciones internacionales para promover una cooperación basada en los ideales wilsonianos. Creo que estos ideales importaban en términos causales. Pero los efectos de la ideología internacionalista liberal frente a las restricciones políticas y materiales variaban de caso en caso. En la práctica, a menudo prevalecía una toma de decisiones mucho más pragmática que se apartaba de estos ideales profesados. Y al final del día, si hay suficientes desviaciones de una ideología, esta empieza a ser poco convincente. Si dices que eres un internacionalista liberal, y haces algo que se parece a un imperio, en última instancia, la gente va a pensar que eres un imperio. Y probablemente tendrán razón.

    El neoliberalismo importa como ideología y obviamente importa en el ámbito de la política. Pero mi intervención en estos debates tiene un doble sentido. Mi primera intervención consiste en, como usted dijo, señalar cómo las prácticas que asociamos con el FMI no aparecieron de la noche a la mañana a finales del siglo XX. No se necesitaba un cambio ideológico para que los actores financieros buscarán autorizaciones para hacer lo que querían hacer. Si en vez de mirar a los intelectuales o a los tecnócratas responsables de la formulación de políticas, consideramos a los actores que intentan obtener ganancias y garantizar una cuota de mercado, encontramos una periodización diferente y una historia causal distinta sobre el surgimiento del neoliberalismo. Gran parte de lo que asociamos con el neoliberalismo surgió en un entorno de entidades privadas operando en el mundo y navegando sus relaciones con los Estados, rompiendo barreras, eliminando la toma de decisiones económicas de la competencia democrática, convirtiendo cuestiones de gobernanza en problemas a resolver por precios y mercados, y así sucesivamente. Una de las cosas que ofreció el neoliberalismo fue un nuevo marco intelectual y una legitimación de prácticas anteriores. En cierto sentido, la suspensión de estas prácticas después de la Gran Depresión es una historia tan interesante como su regreso.

    Mi segunda observación es que, aunque hoy en día se habla mucho del alejamiento del neoliberalismo a nivel intelectual, esto no implica necesariamente un cambio en la forma en que las instituciones actúan realmente en el mundo. Hoy en día, tenemos un cambio ideológico, pero el FMI básicamente sigue haciendo lo que siempre ha hecho. Entonces, si hemos entrado en una era post-neoliberal, queda por ver qué significa esto realmente para, por ejemplo, la política de la deuda global. ¿Es China un prestamista neoliberal? Probablemente no, pero ¿será un acreedor menos exigente entre las economías de bajos ingresos y los mercados emergentes?

    ¿Qué es el neoliberalismo en su libro? Una interpretación errónea podría decir que los soviéticos querían algo parecido a un orden mundial neoliberal, pero yo entiendo que usted está diciendo que esto fue una consecuencia imprevista de las restricciones enfrentadas por una Unión Soviética en necesidad de dólares.

    ¿Cuál es el poder de la ideología en su historia? ¿En qué momento la ideología de los actores que narra se vuelve poco convincente para ellos o para otros en el aparato soviético de formulación de políticas?

    OSS: Una de las cosas que intento hacer es identificar las ideas relevantes para el comportamiento soviético, más allá del espectro de izquierda y derecha, marxista y no marxista. En la práctica, estos binomios son inútiles. En mi trabajo, las ideas sobre los mercados son muy importantes. El uso de un discurso de mercado se convirtió en una herramienta muy importante para que los soviéticos pudieran maniobrar y encontrar un lugar en la economía mundial. Se acercaban a diferentes agentes, como banqueros, oficiales de Estado, cabezas corporativas y les decían: “Si no me lo vendes a mí, me lo venderá otro país.”

    Pudieron hacer esto porque los mercados internacionales no estaban institucionalizados en este momento de Bretton Woods. Por ejemplo, mientras que a principios de la década de 1930 el Occidente estaba organizando la producción y el control del estaño, en 1928 los directores de diferentes corporaciones petroleras (las llamadas “Grandes Hermanas”) formaron un cartel para limitar al mercado y hacer que el petróleo fuera rentable. Esto fue un preludio de lo que la OPEP haría 30 años después. Concibo a los mercados y a las prácticas capitalistas como arenas de poder, en donde diferentes actores intentan desarrollar formas de poder e influencia para obtener objetivos específicos, en lugar de, digamos, objetivos ideológicos. 

    Cuando se trata de la ideología soviética, lo que veo es un respeto constante  por el discurso de mercado y por los mercados en sí. Los soviéticos realmente no pensaban que podían controlar los mercados, pero sí querían participar en ellos y usarlos como una herramienta en su propia formulación de políticas. Utilizaron prácticas similares a otros países a lo largo del sistema capitalista. Esto nos fuerza a salir de la dicotomía entre una economía planificada y la libertad de los mercados. En la práctica, nos encontramos con lo opuesto: la ideología soviética no es antitética a los mercados y, de hecho, los soviéticos buscaban generar mercados, mientras que la práctica estadounidense a menudo los obstruía. Que este respeto por la autoridad de los mercados apareciera en todo el espectro político es el elemento del neoliberalismo con el que debemos lidiar. No fue algo impuesto únicamente por figuras como Thatcher y Reagan; la atracción de la Unión Soviética hacia el mercado es un testimonio de su fuerza tanto práctica como ideológica.

    JM: Pocas personas en verdad deseaban los mercados por el único hecho de tenerlos. Un discurso a favor del mercado era útil para alcanzar objetivos particulares. Sin embargo, este discurso podía ser descartado cuando ya no resultaba necesario. La energía y las materias primas demuestran esto de manera clara: estas empresas a menudo estaban muy dispuestas a interrumpir por completo la lógica del mercado para garantizar beneficios y su cuota de mercado. La planificación no era sólo una prerrogativa de la izquierda. 

    La energía es realmente importante en su historia. La creciente dependencia europea del petróleo ruso durante este período es, en cierto sentido, lo que facilita la estrategia soviética. Pienso que arguye de manera convincente que esto debería obligarnos a replantear la economía soviética.

    oss: Cualquier estudio de la economía capitalista de la posguerra y la evolución de las finanzas globales requiere integrar la cuestión energética. Matthew Huber escribió un artículo increíble en el que argumenta que la organización de la industria petrolera es una precondición de la evolución del fordismo en el mundo rico.  Este arreglo tomó lugar a través de un proceso violento de cartelización. En la década de 1930, el productor de petróleo más grande del mundo era Estados Unidos. La Comisión de Ferrocarriles de Texas se creó para gestionar la fijación de precios y la distribución a nivel nacional, pero ocurrió con bastante violencia contra los trabajadores petroleros en Arkansas y Texas. Esto construyó una base sólida para contener la inflación y sostener la era de Bretton Woods: El Plan Marshall, el FMI y el Banco Mundial. La disrupción en los precios y la distribución global finalmente provocó la caída del sistema de Bretton Woods a principios de los setenta. 

    La segunda pieza del rompecabezas, especialmente en relación con la Unión Soviética, es el Plan Marshall. La historia dominante del Plan es que fue una especie de ayuda general para el desarrollo, destinada a reconstruir la economía europea de una manera nueva y más cooperativa. Esa es una gran historia. No obstante, el trabajo de David Painter muestra que una parte significativa del Plan Marshall se trataba realmente de la construcción de la infraestructura para una economía petrolera en Europa. Tanto es así que el 10% del Plan Marshall simplemente regresaba a los Estados Unidos en forma de compras de petróleo.

    La industria petroquímica en Italia se volvió muy importante porque fue el punto de apoyo que abrió una nueva relación con la Unión Soviética para todos los europeos. Toda la industria petroquímica italiana fue construida con dinero del Plan Marshall, y los italianos innovaron el intercambio de petróleo por tuberías, lo que se convirtió en un vector para abrir los mercados de capitales para los soviéticos. 

    El gobierno de Estados Unidos construyó la economía del petróleo en Europa que con el tiempo tendría el efecto de invitar a los soviéticos a Europa. Las contradicciones planteadas por estos acuerdos generaron las inestabilidades de los años sesenta y eventualmente cuestionaron los fundamentos de Bretton Woods, como los controles de capital. La Unión Soviética no estaba interesada en desmantelar completamente Bretton Woods; específicamente se oponían a los controles de capital que les impedían participar en el comercio liberalizado en Europa Occidental.

    JM: Su libro es una excelente demostración del poder de los controles de capital bajo el sistema de Bretton Woods. Lo fascinante de su historia, sin embargo, es que no solo fue Wall Street quien luchó contra los controles de capital, sino también los diplomáticos soviéticos. En nuestro esfuerzo por desmitificar a Bretton Woods, vale la pena considerar hasta qué punto fue relevante como sistema estructural internacional. ¿Podríamos decir que Bretton Woods tuvo importancia durante un breve período principalmente porque estableció una amplia aceptación del uso de controles de capital?

    oss: Lo que resulta interesante al pensar en la trayectoria soviética a través de Bretton Woods es hasta qué punto los soviéticos realmente querían volver al punto al que parecían estar llegando a finales de la década de 1920. Tras la Primera Guerra Mundial, no había capital, los soviéticos acababan de ser invadidos por tres potencias occidentales diferentes y luego fueron marginados por negarse a pagar la deuda zarista. Estaban desesperados por obtener capital. Fue cuando el Plan Dawes empezó a circular capital a lo largo de Europa Occidental que los soviéticos pudieron hacer buenos tratos de negocio. 

    Alemania ofreció un préstamo importante. Esto enfureció enormemente a los norteamericanos, porque Estados Unidos acababa de otorgar préstamos a los alemanes, que luego los alemanes ofrecieron a los soviéticos. Pero a principios de la década de 1930, Estados Unidos se sumó a la causa porque la Unión Soviética era el único país que aún estaba construyendo cosas. En 1933, bajo el mandato de Roosevelt, Estados Unidos inauguró relaciones diplomáticas. Pero luego, por supuesto, ocurrió la Gran Depresión, y la circulación de capital se detuvo. Una forma de pensar en Bretton Woods es como una recuperación gestionada de la liberalización, siendo la liberalización del capital un resultado que diferentes grupos sociales y liderazgos nacionales favorecían.

    Es interesante observar a países pequeños como Austria. Austria no deseaba la liberalización. Hay un momento en el libro en el que los soviéticos argumentan que tanto ellos como el FMI están pidiendo a los austriacos que se liberalicen. Por supuesto, Austria no quería esto, porque, tal como estaba, podían intercambiar zapatos por petróleo. Si comerciaban en marcos o dólares, los soviéticos podían tomar su dinero y comprar cosas en Alemania. ¿Qué piensa? ¿Cómo deberíamos considerar a Bretton Woods?

    jm: Una de las cosas que argumenté en mi libro fue que la idea del liberalismo incrustado, como principio organizador real de la economía mundial, tuvo muy poca influencia en muchas de las decisiones de las instituciones de Bretton Woods.

    Nunca hubo un período en el que los Estados sudamericanos, por ejemplo, no se enfrentaran a presiones de las instituciones de Bretton Woods para ajustarse, con el fin de acceder a recursos. A finales de los años 40 y principios de los 50, a los Estados latinoamericanos se les dijo, de hecho, que debían seguir políticas antiinflacionarias y poner en práctica la disciplina fiscal si querían recurrir a los recursos del FMI. No hay mucha evidencia de que el FMI estuviera guiado por algún tipo de respeto keynesiano o del New Deal por la autonomía.

    Si pensamos en el liberalismo incrustado como una especie de ideal normativo orientador, estamos hablando principalmente de Europa y América del Norte. El propio Keynes dijo que Bretton Woods no iba a funcionar como él quería, incluso en la forma más limitada a la que había accedido después de que sus demandas originales fueran descartadas bajo la presión estadounidense. Murió bastante insatisfecho con este sistema, reconociendo que iba a ser dominado por los estadounidenses y, más específicamente, que, dada la falta de restricciones sobre lo que el FMI podría hacer, sería difícil evitar que se convirtiera en la máquina de condicionalidad en la que efectivamente se convirtió.

    Su historia muestra lo poderosos que fueron los controles de capital bajo Bretton Woods, pero también cómo no siempre lograron los objetivos normativos que podríamos asociar con ellos. Si el liberalismo incrustado se suponía que debía otorgar a los Estados una especie de autonomía para experimentar con la economía política nacional, ¡El Estado más experimental de todos, la Unión Soviética, no lo quería! Los soviéticos buscaban eliminar los controles de capital que estaban restringiendo su capacidad para lograr ciertos objetivos.

    En cierto sentido, creo que se podría combinar nuestras historias para decir que, en mi caso, veo al liberalismo incrustado como algo que, si existió, estuvo bastante limitado geográfica y temporalmente. Y usted lo ve como algo que sí existió, pero que, al menos en este caso, tuvo los efectos políticos opuestos a los que podríamos suponer.

    Esto nos lleva de nuevo al inicio de nuestra conversación: El capital no estaba dominando a la Unión Soviética, sino atrayéndola. Quiero ofrecerle dos lecturas equivocadas de su argumento para ver cómo responde a ellas. Una interpretación podría ser que la Unión Soviética aprende a utilizar las herramientas del Occidente capitalista de tal forma que, en última instancia, está destinada a aumentar el poder soviético, permitiendo así desmantelar por completo las limitaciones del capitalismo. Es decir, que los soviéticos buscaron operar dentro de los límites de la estructura de poder que estaban tratando de deshacer. La segunda sería entregar tu libro a un halcón liberal línea dura de la Guerra Fría como Francis Fukuyama, quien diría que este libro es una demostración increíble de la inevitabilidad de la victoria del capitalismo global. Lo que convencionalmente se entiende como el mayor desafío al capitalismo global, en la forma de un Estado, se convirtió en un ente muy hábil para operar según la lógica del capitalismo.

    oss: Son dos muy buenas lecturas equivocadas. Volvemos a lo que mencionamos anteriormente sobre cómo el capitalismo se desarrolla en la práctica, y esa práctica es una lucha por el poder. Creo que Fukuyama, siendo tan liberal como es, debería tener mucho cuidado, porque parte de la razón por la que estos actores tan autocráticos se sienten atraídos por estos sistemas de circulación de capital e intercambio de mercancías es porque permiten ese tipo de poder autocrático. Estos sistemas no solo eran atractivos para la Unión Soviética. Hay una sección del libro en la que se documenta el momento en que ciertos países latinoamericanos comenzaron, a menudo a través de bancos británicos y la ayuda soviética, a acercarse al comercio. Esto incluía a Brasil, que en ese momento estaba gobernado por una junta militar fascista, en teoría, enemiga de los soviéticos. Cuando los soviéticos comenzaron a relacionarse con Brasil, los cubanos se escandalizaron. Pero eso no desanimó a los soviéticos en absoluto.

    Las relaciones bancarias británicas en América Latina que se remontan a cientos de años atrás fueron desplazadas por la presencia estadounidense entre los años treinta y los cincuenta, lo que llevó a los bancos británicos a aliarse con los soviéticos. Lo que hacía que la Unión Soviética fuera ligeramente diferente del Sur Global era que tenía cosas que vender de manera competitiva. No competían en la industria química, pero podían construir una represa tan bien como cualquiera.

    Así que eso es lo que hicieron en América Latina. Capitalizaron este tipo de proyectos y formaron una especie de alianza con los banqueros británicos. Cuando Brasil entró en una trampa de deuda con los bancos europeos, eso fue en parte gracias a que los soviéticos ayudaron en la financiación y construcción de la infraestructura para la cual se emitieron estos préstamos. Con respecto a Brasil, Quinn Slobodian ha descrito a los banqueros estadounidenses lamentándose justo de lo que usted señala: es la década de 1970 y esta jerarquía rígida que venía acompañada del liberalismo incrustado se ha desintegrado. En la década de 1950, podían decirle a Brasil qué hacer; en la década de 1970, Brasil podía pedir prestado todo el dinero que quisiera sin seguir las órdenes de los estadounidenses.

    Por supuesto, esta crítica viene acompañada de todo tipo de lenguaje racista, de que los prestatarios del Sur son niños irresponsables, y cosas por el estilo. Es asombroso hasta qué punto el imperialismo y las construcciones culturales que lo acompañan simplemente nunca mueren. Las finanzas y la cultura son dos aspectos de lo mismo.

    Este ensayo fue traducido del inglés al español por Maria Isabel Tamayo.