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1. Cerrando la frontera extractiva

   junio 13, 2025 5:20 pm Comentarios desactivados en Cerrando la frontera extractiva

   Hoy en día, más de la mitad de los ingresos por exportaciones de Colombia provienen del carbón y los combustibles fósiles. La industria emplea a unas 100 mil personas, de las cuales una cuarta parte está sindicalizada a través de la Unión Sindical Obrera (USO). En este contexto, la promesa del presidente colombiano Gustavo Petro ha atraído la atención mundial debido a su ambicioso compromiso de poner fin a la producción nacional de combustibles fósiles. Esto no solo requerirá sustituir los ingresos generados por la industria, sino también garantizar la financiación de las infraestructuras y la producción de energía verde. Esto último resulta especialmente difícil para un país sometido a estrictas normas fiscales que obligan a mantener el equilibrio presupuestario. La transición también plantea un enorme reto político: más allá de la movilización de las principales asociaciones empresariales del país, los planes de Petro ya han encontrado resistencia entre sus aliados de la USO, que han expresado su preocupación por la preservación de los medios de vida de los trabajadores.

   La gestión de este complejo esfuerzo recae en el Ministerio de Minas y Energía. El exministro de esa cartera, Andrés Camacho, habló para PW. Camacho es un activista de toda la vida, desde el movimiento estudiantil por la educación pública a principios de la década de 2000 hasta el Movimiento por la Paz de las décadas siguientes. Desde julio de 2023 hasta febrero de 2025, Camacho contribuyó al desarrollo de la agenda de transición energética del gobierno de Petro.

   En la entrevista, el exministro Camacho reflexiona sobre los planes de descarbonización de Colombia, los avances logrados hasta ahora y los principales obstáculos a los que se han enfrentado estos esfuerzos. Discute la prohibición de nuevos contratos para la exploración de petróleo y gas; del esfuerzo en curso (pero hasta la fecha infructuoso) para crear una «regla fiscal verde» que permita una mayor flexibilidad en la financiación de las energías renovables, así como plantea las bases sociales necesarias para gestionar con éxito la transición y dar a las comunidades un papel en los procesos de producción, comercialización y toma de decisiones relacionados con las energías renovables. Según Camacho, estos movimientos son fundamentales para facilitar la unidad regional más allá de las fronteras de los Estados-nación.

   El exministro de Minas y Energía habló con Gabriel Hertland, profesor asociado de Estudios Latinoamericanos, en la Universidad de Albany, SUNY; con Lala Peñaranda, Coordinadora para América Latina de Sindicatos por la Democracia Energética (TUED) y con Julián Gómez-Delgado, doctorando en sociología en la New School for Social Research. 

   Entrevista con Andrés Camacho

   GABRIEL HERTLAND: ¿Podría explicarnos la visión que tenía como Ministro para la transición energética en Colombia?

   ANDRÉS cAMACHO: La cancha que nosotros delineamos, donde empezamos a trabajar, es cerrar la frontera extractiva. Nosotros no estamos prohibiendo la explotación ni la exploración de hidrocarburos en Colombia. Lo que estamos haciendo es no aumentarla. Es por esa razón que decidimos no entregar contratos adicionales de los existentes en explotación y exploración de hidrocarburos.

   En este momento, hay cerca de 308 contratos, pero vigentes son 300 contratos de exploración y explotación. Esto equivale a 16 millones de hectáreas entregadas para este propósito. Nuestro objetivo ha sido no aumentar la frontera extractiva. Con el espacio que se tiene debe ser suficiente para cumplir la tarea de la transición energética y las metas de descarbonización. En Colombia los sectores críticos han señalado a nuestro gobierno de que no queremos seguir explotando petróleo. Pero no es así, lo que estamos haciendo es explorar y explotar con lo que existe actualmente sin aumentar la frontera extractiva.

   Nuestra comprensión del punto de partida para la transición energética para Colombia es que nosotros no somos un país petrolero, como sí lo es Venezuela. Somos un país que depende del petróleo, pero no tenemos los grandes yacimientos que tienen otros países, y eso hace que nuestra economía sea muy dependiente de los hidrocarburos. Entonces, nuestra idea es que no podemos seguir aumentando esa dependencia sin tener grandes yacimientos. Por ejemplo, nuestro país tiene petróleo pesado, y en el mercado internacional las condiciones de mercado para ese tipo de petróleo son más difíciles. Eso nos pone en unas condiciones de competencia complejas.

   Estas ideas las teníamos en el programa de gobierno, y cuando llegamos al ministerio tratamos de convertir eso en una hoja de ruta. Fue así como construimos esa hoja de ruta con datos, ciencia e ingeniería, para medir cómo se puede hacer la transición en Colombia sin poner en riesgo la seguridad ni la soberanía energética del país.

   Por lo general, los gobiernos contratan consultorías para que haga estos estudios y construya las hojas de ruta. Nosotros quisimos hacer un ejercicio soberano de recuperar capacidades del Estado. Entonces organizamos un equipo de transición energética en el ministerio con profesionales colombianos y personas que tuvieran todas las condiciones técnicas para formularlo. Esa hoja de ruta incluye el análisis de todo: de hidrocarburos, de petróleo, de gas, de carbón, de energía eléctrica y un análisis tanto de la oferta como la demanda. Define las medidas en el mediano y largo plazo que tendríamos que adoptar para llegar a la meta, que es la descarbonización de nuestra economía.

   Ese es un documento que está publicado en el ministerio y se llama “Los escenarios de la transición energética para Colombia”. Es un documento importante que no todos los países lo tienen y que hicimos pensando en las dimensiones ambientales y sociales de la transición energética que garantizarían que esta también sea justa.

   Y este es el último punto. Una transición energética tiene que ser, en un país como Colombia, una transición justa. Esto implica varios elementos: justicia climática, ambiental, energética y social. En un país que tiene enormes desigualdades, la transición debería ayudar no sólo a superar la dependencia de los hidrocarburos y a bajar los gases de efecto invernadero, sino también ayudarnos a superar la pobreza energética. A partir de eso empezamos a construir las políticas y los programas que hoy están en desarrollo en nuestro gobierno.

   gH: ¿Nos puede hablar de los logros que han tenido en el desarrollo de esa hoja de ruta?

   ac: Uno de los principales logros es desarrollar el mayor potencial renovable del país. Colombia es un país privilegiado porque está en la zona ecuatorial y tiene abundante acceso a agua, sol y viento. Entonces, nos pusimos una meta que es el plan para instalar 6 gigavatios de energías renovables en el país. Esa meta está en desarrollo, pero hoy tenemos 2 gigas instalados que están entregando energía, especialmente solar, a la red.

   Cuando nosotros llegamos había apenas 0.2 gigavatios de energía renovable. Es decir, que en estos dos años y medio multiplicamos por 10 la capacidad de energía solar en el país. Eso se logró con proyectos que venían atrasados y que nos dimos a la tarea de ponerlos en funcionamiento. Este año (2025) la idea es incorporar otra giga más para llegar a tres de la meta. El próximo año la gran apuesta es que entren los primeros proyectos eólicos en funcionamiento. Si entraran los seis gigavatios proyectados, la matriz energética del país sería un 85 por ciento limpia. 1Actualmente, la matriz energética del país es considerada mayoritariamente limpia. Para 2023, la capacidad instalada de generación era de 17.771 MW de energía, alrededor del 70 por ciento de esta se produce a partir de tecnología hidráulica (11.942 MW)

   El otro gran logro, especialmente en el componente de justicia, ha sido nuestro programa de comunidades energéticas, que son grupos de usuarios que gestionan, administran y usan eficientemente la energía de fuentes renovables, como la solar y la eólica. Cuando llegamos al gobierno, muchos sectores decían que implementar esas comunidades iba a ser imposible. Pero precisamente lideramos ese programa porque nos permite llevar a comunidades vulnerables la energía más económica que tenemos, que es la solar. Con soluciones solares resolvemos problemas de acceso y de pobreza energética en muchos territorios del país.  

   Eso nos llevó a que hoy tengamos un programa que es inédito para Latinoamérica. El programa de comunidades energéticas en Colombia es el más exitoso del continente. Cuando sacamos el registro de las comunidades que querían recibir apoyos del gobierno para hacer su propia generación solar, recibimos más de 14 mil postulaciones. Ya tenemos las comunidades identificadas, y están operando 300 comunidades energéticas que se han construido. Están en construcción mil más. 

   La mayoría de esas comunidades energéticas están en territorios que han sido víctimas del conflicto armado. El programa ha demostrado varias cosas. La transición energética puede servir para superar la pobreza, pero también para desarrollar un plan de electrificación rural, pues actualmente el desarrollo de ese sistema está muy centralizado y todavía hay un 16 por ciento del país sin interconexión eléctrica, sin acceso. 

   Por otra parte, hemos avanzado en la entrada de nuevas fuentes de energía. Por ejemplo, geotermia: tenemos en desarrollo tres proyectos de geotermia con Ecopetrol, que es la empresa estatal petrolera. También está el proyecto para la incursión en energía eólica costa afuera: tenemos en este momento una subasta  para aprovechar la energía del viento costa afuera. Y está el hidrógeno. Construimos todo el ecosistema y el marco jurídico para que Colombia empiece a desarrollar hidrógeno. De hecho, Ecopetrol va a construir la planta más grande de producción de hidrógeno verde del continente: unas 800 toneladas al año. También está lo que nosotros llamamos la gestión de los hidrocarburos, y es garantizar estabilidad. No hemos tenido ni un solo segundo de desabastecimiento de gas, aún en las condiciones difíciles de la declinación de la producción de gas en Colombia. Hoy tenemos un reto con los costos del gas en Colombia. Hay una gran discusión en el país sobre esto, y hemos logrado, incluso con la gestión de Ecopetrol, mantener las reservas del país, demostrando que con los mismos contratos podemos hacer eficiencia en hidrocarburos.

   gH: Colombia es un país periférico que no tiene acceso a crédito a niveles suficientes y tiene una regla fiscal estrecha que le impide tener posibilidades de financiamiento. También hay restricciones como que Ecopetrol no puede generar energía renovable a gran escala. ¿Puede explicar un poco esos retos financieros?

   ac: Precisamente ese es el tema de la dependencia económica que tenemos con los hidrocarburos. Alrededor del 50 por ciento de los ingresos del país por exportaciones vienen del carbón y del petróleo. Eso implica que debemos desarrollar una transición económica a la par con la transición energética. ¿Cómo reemplazamos esas divisas? ¿Cómo reemplazamos esos ingresos del petróleo y el carbón? 

   En esa dirección, un gran logro que tenemos es que el turismo supera los ingresos de carbón en el país. Eso es un logro muy importante, porque demuestra que el país sí puede ir avanzando hacia medidas de descarbonización, haciendo más énfasis en que Colombia es un país de biodiversidad por encima de uno petrolero o carbonero. También estamos construyendo un marco fiscal verde, que precisamente apunta a responder a la pregunta sobre cómo descarbonizar la economía superando esa dependencia de recursos.  

   Pero el espacio fiscal que tenemos es restringido. Por eso el presidente Petro plantea una discusión mundial acerca de las herramientas que pueden tener países como los nuestros para hacer la transición. Colombia tiene una meta bastante grande y necesitamos apoyo internacional que puede venir de cambiar deuda por acción climática. Eso abriría un espacio fiscal para que países como el nuestro tengan condiciones distintas de préstamos. Lamentablemente, eso es una discusión con el capital internacional, que no es sencilla. 

   Si existieran estas reglas para generar unas opciones de préstamo verde para los países que están haciendo transición energética, nosotros podríamos hacer aún más de lo que ya estamos haciendo. Pero eso es una discusión global de intereses que se escapa de nuestras manos. Por lo pronto, lo seguimos haciendo con los recursos que tenemos disponibles. 

   gH: Y el reto sobre Ecopetrol y las prohibiciones en la generación de energía renovable.

   ac: Ecopetrol, por leyes del pasado y en la manera como se concibió el país económicamente, ha sido un escenario de la implementación del modelo neoliberal en Colombia. Entonces, en su momento se dividió en diferentes ramas la posibilidad del sector energético, por lo que Ecopetrol tiene prohibido generar energía eléctrica.

   Es una restricción que existe por ley, frente a la cual hemos liderado una discusión en el Congreso para cambiarla. La idea es que Ecopetrol pueda hacerlo este año si la ley se aprueba. Lo que sí hemos podido hacer es sacar un decreto de autogeneración, en donde Ecopetrol puede generar su propia energía. Entonces, hoy se han inaugurado cerca de 5 parques solares de Ecopetrol que nos van a ayudar a hacer una parte inicial de todo esto: Ecopetrol tiene que ser la primera empresa que haga la transición.

   Ecopetrol es la empresa más grande del país y la empresa que más recursos le entrega (11 por ciento del presupuesto nacional). Entonces, si logramos hacer la transición de Ecopetrol, eso se va a traducir en un impacto positivo sobre el país.

   Ya hoy se está produciendo energía solar en muchas de las refinerías. Se inauguró un parque solar en la refinería de Cartagena, un parque solar en la refinería de Barrancabermeja y otros en diferentes campos de producción que ya están entregados. Lo que estamos haciendo es la transición energética primero dentro de Ecopetrol, mientras resolvemos esa restricción, y luego llevar la posibilidad de generación de energía de Ecopetrol al resto del país.

   gH: Ustedes están intentando hacer esta transición energética bajo las reglas de la democracia representativa, con enormes dificultades por los sectores que se oponen. ¿Qué diría sobre las posibilidades y límites de ser un gobierno de izquierda en una democracia como la colombiana?

   ac: La realidad es que nosotros estamos planteando una manera de abordar la transición energética inédita, incluso en la misma izquierda latinoamericana. Diferentes posiciones tienen Brasil, Venezuela y Ecuador. Todo el resto de países, incluso donde hay gobiernos progresistas, tienen una posición de mantener los hidrocarburos, de continuar esta explotación y no ir cerrando la frontera extractiva. 

   Eso nos pone en una situación todavía más retadora, porque no sólo estamos llevando la contraria frente a lo que en el mundo quieren hacer, sino que incluso al interior de la misma izquierda latinoamericana hay una discusión de cómo abordar el reto de la transición energética. Nuestra única manera de demostrar que es posible es mostrando que el país no ha quedado en bancarrota, que Ecopetrol sigue siendo la empresa más importante del país: que sigue dando dividendos y que la propuesta de transición que hemos desarrollado es posible, sostenible y que podría incluso ser más ambiciosa.

   lala peñaranda: Muchos países neoliberales que han impulsado la transición energética lo han hecho por vía de un mercado, con actores privados, en una apuesta que favorece a unas élites. Algo que diferencia el ejercicio que hicieron cuando cuando usted estaba de ministro es que reposicionaron el papel de la clase trabajadora y pusieron en el centro el protagonismo de los sindicatos y los movimientos sociales.

   ac: Sí, porque cuando entramos al Ministerio nos preguntamos eso: cómo crear un movimiento capaz de defender estas conquistas de la transición energética justa. Por eso nos dimos a la tarea de identificar cuáles son los sujetos sociales de la transición energética. Nosotros estamos haciendo muchos cambios en Colombia. Por ejemplo, la reforma agraria. La reforma agraria tiene un sujeto de cambio, que es el campesinado. Pero nos preguntamos: ¿y quién defiende la transición energética? Primero, el movimiento de usuarios, los ciudadanos que se ven afectados por los servicios públicos de mala calidad, o por la no existencia de servicios públicos. Nos dimos a la tarea de ayudar a organizar un movimiento de usuarios y usuarias de energía.

   Con ese proceso consolidamos un movimiento nacional que se llama el MODEN, que es el movimiento nacional constituyente por la democracia energética. Ese movimiento empieza a posicionar la participación en asuntos de la transición justa.

   Hay otras instancias ya organizadas, por ejemplo los sindicatos, que no han tenido maneras de organización alrededor de estos temas. Es decir, ayudamos a crear un instrumento que es este movimiento por la democracia energética, pero también el movimiento que ya se está creando a nivel nacional de comunidades energéticas, en donde todas estas organizaciones que han podido gestionar directamente su energía pueden participar, opinar y ser sujetos de este cambio.

   Otro tema que no puede quedar de lado: la minería. En Colombia hay un modelo minero que privilegió a las multinacionales y a los grandes grupos económicos, pero que dejó por fuera a los pequeños mineros tradicionales. Nos dimos también la tarea de ayudar a organizar a los trabajadores, las trabajadoras mineras, y ahí han venido surgiendo esfuerzos de organización de pequeños mineros. Esas fuerzas sociales, dentro del sector minero energético son para nosotros lo que podríamos llamar como ese movimiento de transformación democrática para la transición. Parte de lo que hicimos desde el ministerio fue ayudar a que esas expresiones se pudieran desarrollar, y así garantizar participación.

   JULIÁN GÓMEZ-DELGADO: A través de su experiencia en el Ministerio, ¿que aprendió sobre el Estado? ¿Entiende el Estado diferente a como lo entendía antes?

   ac: Lo primero fue estrellarnos con la realidad de una frase que a uno le enseñan en su militancia política y es que una cosa es gobernar y otra cosa es el poder. La realidad es que nosotros estamos ejerciendo el gobierno, pero el poder económico en muchos de estos sectores lo mantienen conglomerados económicos de gremios, de empresas, producto del neoliberalismo que entregó toda la capacidad del Estado justamente a lo privado. Nosotros llegamos a asumir un gobierno de cambio con un Estado que ha sido reducido, donde la capacidad estatal se ha llevado su misma expresión, con lo cual hacer el cambio que hemos propuesto ha sido más difícil.

   Ahí también hemos logrado dar un paso para recuperar capacidades del Estado. Por ejemplo, la hoja de ruta que mencioné sobre transición energética redactada directamente por el mismo gobierno y no depender de las consultoras. Entonces, ¿qué experiencia me queda? ¿Qué es lo que me queda como lección? Que todavía hace falta mucho por transformar. Ejercer el gobierno todavía no es suficiente para hacer las transformaciones que requerimos. Por eso este es un proceso que debe tener una mayor continuidad, pues no podemos, en 4 años, transformar lo que está detrás del aparataje de quienes realmente tienen el poder de todos estos sectores. Esto es de largo aliento. No es algo que se pueda hacer en 4 años.

   De aquí en adelante creo que se abre una agenda de trabajo que no estaba en la órbita de la izquierda y de las fuerzas progresistas. Por lo general, los temas en los que la izquierda ha abordado en nuestro país han sido la salud, temas laborales, las pensiones. Pero ahora esta agenda climática y de transición se vuelve central. Ahora que ya estoy fuera, salgo a trabajar en eso: a continuar esta agenda desde los movimientos sociales.

   gH: ¿Nos puede explicar cómo participan los usuarios, los ciudadanos, los trabajadores en las decisiones de energía? ¿Qué diría usted a las personas que dicen que en estos temas son los criterios técnicos los que tienen la última palabra?

   ac: En Colombia ese fue un prejuicio que enfrentamos constantemente. Nos han intentado juzgar de que somos poco técnicos, y que somos activistas. Lo que creo es que precisamente es más activismo lo que se necesita. Que la gente esté activa, que tenga opinión. De lo contrario, la transición energética se convierte en una transición desde el escritorio en el ministerio. Para nosotros la participación es fundamental. El año pasado hicimos 50 asambleas de energía y minería donde le preguntamos a la gente de las diferentes regiones: cómo está viendo la transición, cuáles son sus necesidades, les explicamos lo que estamos haciendo. No puede haber una transición justa si restringimos la democracia.

   Por ejemplo, en la formación para la creación de una comunidad energética, la gente tiene una escuela de formación en energía. Con pueblos indígenas no vamos a hacer un diseño de ingenieros desde el centro del país, cuando hay usos y costumbres de los pueblos indígenas en la manera en la que quieren que se construyan las cosas. Ahí se incorporan los saberes y las formas de ver la transición de los territorios.

   gH: ¿Cuáles deben ser los enfoques de la izquierda al abordar los retos de la transición energética en este momento? ¿Debe enfocarse en ganar representación en el Congreso? ¿Fortalecer el movimiento sindical? ¿Intentar hacer algo a nivel internacional?

   ac: Lo más importante en este momento es fortalecer la organización social alrededor de la transición energética. Solo si logramos mantener esa organización social podremos defender lo que se ha alcanzado hasta el momento, pero también proyectar la transición hacia el rumbo que hemos trazado. Luego podemos llevar esta agenda al Congreso, pero desde la base de un movimiento por la democracia energética. 

   Estamos organizando los comités de democracia energética en todo el país, y en esos comités participa cualquier persona, pero especialmente queremos llegarle a personas no organizadas, gente que vive en territorios donde no hay un sindicato y que su necesidad es la energía. La idea es contarles de qué se trata la transición y por qué es importante para ellos. 

   Lo que hay que cuidar y priorizar en este momento son (1) las comunidades energéticas, incrementarlas en lo que queda de gobierno. (2) Desarrollar las líneas de transmisión, porque ya la capacidad de generación de energía está, pero la línea de transmisión en la Guajira, que se llama línea Colectora, es el habilitante para que entre la energía que hace falta para completar las metas de transición energética. Y (3) en hidrocarburos el gran reto que tenemos es el gas. Reducir y mejorar la gestión del gas. Para mí, esas son las tres prioridades en las que este último año se debería trabajar: profundizar comunidades energéticas,  avanzar en la línea de transmisión de Colectora para los grandes proyectos de generación, y la gestión del gas para garantizar precios eficientes y no tener problemas de desabastecimiento.

   LP: ¿Qué gestiones se deberían hacer en cooperación internacional? ¿Hacia qué aliados relacionarnos para avanzar en la transición justa?

   ac: Hay una tarea que es el tema de la cooperación entre pueblos más que entre países. Los gobiernos siempre van a estar al vaivén de un debate político, pero hay que ir avanzando en un movimiento latinoamericano que empieza a pensar estas cosas. 

   Por ejemplo, ya estamos en coordinación con comunidades energéticas en Brasil, con comunidades interesadas en servicios públicos en Argentina, y hay que empezar a organizar un movimiento latinoamericano de temas energéticos.

   Queremos que la experiencia que tenemos en Colombia sirva a otros países del continente para ir encontrando las claves de cómo, desde los movimientos sociales, empujamos la agenda de los gobiernos. Luego hay otros retos de lo que debería ser la integración energética latinoamericana, que son líneas de transmisión entre nuestros países para poder empezar a compartir la energía.

   gH: Una pregunta de muchos en este momento es la estrategia del Presidente Petro con los cambios de gabinete, entre los cuales usted salió de su cargo. ¿Qué lectura hace de estos cambios en la dirección del gobierno Petro?

   ac: Yo tengo una opinión muy personal de lo que significan los cambios que el Presidente ha hecho. El Presidente le está dando la oportunidad a nuevos liderazgos para hacer parte del gobierno. 

   Yo hago parte de una nueva generación progresista en Colombia y si no hubiera sido porque el Presidente nos dio la posibilidad de participar, de gobernar, no hubiéramos estado ahí. Creo que parte de la rotación que hay tiene que ver con la posibilidad de que más gente pueda probar el ejercicio de gobernar. 

   De otra parte, hay una estrategia que el Presidente está desarrollando de reconfiguración del gobierno para enfrentar el 2026 porque ya estamos terminando el mandato y él tiene que garantizar que nuestro proyecto político puede continuar en 2026. Eso implica reestructurar el gabinete para que eso pueda ocurrir, y eso ha implicado traer a otras fuerzas políticas que no estaban. También sacar alguna gente para que haga una tarea. Uno de esos soy yo. Yo hablé con el Presidente y él me preguntó qué quería hacer. Y yo le dije, quiero salir a trabajar esta causa de la transición energética, a consolidar el movimiento social. Porque esto siempre nos pasa a nuestros gobiernos lo mismo: si todos vamos al gobierno, las fuerzas sociales quedan a veces sin liderazgos o con liderazgos restringidos, entonces también hay que salir del gobierno para completar una tarea que hay que hacer afuera.

2. Salvar el planeta, ¿para quién?

   abril 24, 2025 2:08 pm Comentarios desactivados en Salvar el planeta, ¿para quién?

   El Polo Industrial de Camaçari, en el estado de Bahía, despertó la atención mundial tras el anuncio de la empresa BYD, en 2023, de que instalaría allí su mayor fábrica fuera de China. Inaugurado en 1978, el Polo fue el primer complejo petroquímico planificado de Brasil, una pieza central del proyecto de desarrollo de la industria nacional que se extendió hasta finales de la década de 1980. Históricamente, contribuyó al desarrollo económico, del mercado laboral y a la cualificación de los profesionales licenciados en Bahía. Sin embargo, a partir de la década de 1990, tras la apertura comercial de Brasil y las adversidades generadas por el contexto externo, atravesó algunas crisis de competitividad y significativos cambios estructurales.

   En el Polo de Camaçari siempre operaron industrias complementarias a la cadena petroquímica, pero hubo una expansión de sus actividades tras la llegada de la industria automovilística —con la instalación de la empresa norteamericana Ford en los años 2000. Tras dos décadas de actividad, la empresa cerró su planta en este centro, que vive ahora una nueva expansión sectorial: está atrayendo inversiones de fabricantes de vehículos eléctricos y empresas de energías renovables, sobre todo de origen chino. De forma emblemática, la nueva fábrica de BYD se levanta precisamente en la antigua planta de Ford.

   A lo largo de los años, el polo petroquímico se ha transformado en un centro industrial en sentido más amplio y ahora se proyecta como un centro industrial verde. Para analizar el papel del Polo de Camaçari en el proyecto de reindustrialización verde de Brasil desde la perspectiva de la clase trabajadora, Maria Sikorski, editora de Phenomenal World, habló con Alfredo Santos, secretario general de la Central Única de Trabajadores de Bahía (CUT Bahía) y coordinador para la prensa del Sindicato de Trabajadores de los sectores Químico, Petroquímico, Plásticos, Fertilizantes y Terminales Químicas (Sindiquímica) en este mismo estado.

   Una entrevista con Alfredo Santos

   Maria Sikorski: ¿Podría empezar contándonos un poco la historia del Polo de Camaçari y su relación con las diferentes etapas de la política industrial brasileña? 

   Alfredo santos: El Polo de Camaçari se construyó entre mediados de los años setenta y principios de los ochenta. Surgió como un modelo tripartito: su composición accionarial incluía capital privado nacional y multinacional y capital estatal brasileño. Había una planta de fabricación de materias primas controlada por una empresa pública, Copene (posteriormente privatizada), responsable por fomentar las industrias de segunda generación. Esa planta petroquímica constituía la base de la cadena productiva de nafta, etileno, propileno, etc. Conviene destacar la importancia de este modelo tripartito porque ejemplifica que la industrialización en Brasil solo se produjo gracias a una fuerte participación del Estado, ya sea de forma directa, como en el caso del Polo Petroquímico de Camaçari, o a través del financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Incluso las empresas privadas, tanto en la época en que se creó el Polo como ahora con las empresas chinas que se han instalado recientemente, contaron con el financiamiento del BNDES. Por tanto, quien financia la industrialización es el Estado brasileño. 

   El Polo Industrial de Camaçari siguió en expansión a lo largo de las décadas de 1980 y 1990. Sin embargo, desde la apertura comercial durante el gobierno de Collor (1990-1992) y, de forma más acentuada, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), se enfrentó a una crisis de productividad y competitividad internacional y sufrió recortes de inversión y cierres de fábricas. A principios de los años noventa, este complejo industrial empleaba a más de 30.000 trabajadores directos. A finales de la década, la cifra había descendido a poco más de 10.000.

   A partir de 2003, durante el primer gobierno de Lula (2003-2010), el Estado brasileño volvió a invertir en la industrialización, pero ahora de forma indirecta: Petrobras se convirtió en un importante inversor en los llamados “big players” de Brasil. Una de las empresas resultantes de ese proceso es Braskem —de la que Petrobras tiene actualmente el 47 por ciento de las acciones. En ese momento, hubo una cierta recuperación de la competitividad internacional, pero, por otro lado, se observó un proceso de monopolización de las plantas de fabricación de materias primas y la cadena de resinas termoplásticas en todo el país, lo que llevó al cierre de varias empresas que no podían competir con los grandes “players” —y que acabaron convirtiéndose en proveedores de sus propios competidores.

   Actualmente, el sector petroquímico brasileño se enfrenta a una crisis gigantesca. Hoy, el Polo de Camaçari no está en condiciones de competir a escala internacional. Un ejemplo es el del sector de los fertilizantes: en Brasil, se importa el 85 por ciento de los fertilizantes utilizados por el agronegocio. La cadena de termoplásticos importa cerca de la mitad de los insumos que utiliza. Esta entrada de productos importados en las cadenas petroquímicas se produce por dos razones. El coste interno de las cadenas es muy elevado en comparación con cadenas más modernas que utilizan gas en lugar de nafta. Las industrias estadounidense, árabe e india exportan un producto a un precio inferior a nuestro coste de producción nacional, debido a la escasa actualización tecnológica de nuestras plantas y a factores ambientales: Estados Unidos, por ejemplo, utiliza gas de fracking, que tiene un coste de producción mucho menor, pero es extremadamente dañino desde el punto de vista ecológico. Brasil no produce gas de fracking e incluso impone restricciones ambientales a su uso. Además, el precio del gas brasileño es muy alto: hasta cinco veces superior al estadounidense. Esto socava la competitividad internacional de nuestra industria petroquímica. Si no hay una política industrial en el país destinada a preservar el mercado interior, la tendencia es que todas esas industrias quiebren.

   MS: Se considera, nacional e internacionalmente, que Bahía es una pieza esencial del proyecto de reindustrialización verde de Brasil y la transición energética mundial. Es el estado de la federación que más produce energía renovable de origen solar y eólico del país y viene atrayendo muchas inversiones extranjeras, sobre todo chinas, en estas cadenas productivas. 

   Cuando se anunció que en el polo se fabricarían autos eléctricos de BYD y que se instalarían otras empresas chinas del sector de energías renovables, se empezó a decir que Camaçari podría convertirse en un referente de la reindustrialización verde en Brasil. Por ejemplo, cuando BYD anunció la instalación de su fábrica en la antigua planta de Ford, prometió traer al polo etapas de alto valor añadido de la cadena productiva de vehículos eléctricos, incluidas las relativas a investigación y desarrollo, además de crear miles de puestos de trabajo. La CEO de BYD para las Américas, Stella Li, declaró que el objetivo era convertir Camaçari en un “Silicon Valley brasileño”.

   Frente a la crisis del sector petroquímico, ¿es posible que la entrada de esas otras cadenas en Camaçari suponga una reactivación de su papel en el desarrollo nacional? 

   AS: La instalación de la planta de Ford, en 2001, dio inicio a la cadena automovilística en el Polo de Camaçari. Después de 20 años, Ford cerró sus operaciones y, recientemente, empresas chinas como BYD han empezado a invertir en esta cadena. Otras empresas chinas de energías renovables, como Sinoma y Goldwind, también están instaladas allí. Pero, si bien hay una promesa de que la planta de BYD funcionará realmente como una fábrica, por el momento esas empresas sólo operan como ensambladoras, prácticamente maquiladoras.

   Para atraer las operaciones de BYD a Bahía se propusieron algunas ayudas estatales. El gobierno de Bahía, por ejemplo, determinó la exención del impuesto vehicular a los autos eléctricos a partir de 2024. Se ofrecieron subvenciones estatales para que la empresa china se instalara en la antigua planta de Ford, además del financiamiento del BNDES. De momento, BYD solo ensambla sus autos en Camaçari. Hay una promesa de que esto cambiará en el futuro, pero por ahora, las etapas de mayor valor añadido de su cadena no están en Bahía.

   El centro petroquímico tiene un gran potencial para producir baterías, pero de momento las baterías de los autos eléctricos no se fabrican allí. Hay potencial para el procesamiento del litio y para la producción de piezas en la industria del plástico. Se podrían fabricar los vehículos allí, pero hasta ahora la promesa de BYD no se concretó.

   La cuestión es: ¿qué contrapartida se podría exigir a esas empresas? Este es el papel del Estado brasileño en la reindustrialización. Si las fábricas funcionan como meras ensambladoras, ¿qué ganamos con esto? Ahora bien, si el Estado exigiera que, en un determinado periodo, BYD se beneficiara del litio existente en territorio nacional y fabricara las baterías en Brasil, que utilizara industrias locales para fabricar piezas, es decir, que realmente trajera otras partes de su cadena productiva a Brasil, tendríamos otro escenario.

   En el pasado, hubo un debate similar en la industria petroquímica. La política nacional respecto a los productos de la cadena productiva de petróleo —que se abandonó tras el golpe de 2016— determinaba que las industrias que prestaran servicios a Petrobras deberían fabricar una parte de su maquinaria en Brasil. La industria naval del país renació durante ese periodo y, cuando dejó de exigirse un porcentaje de piezas producidas localmente, se produjo otra crisis.

   Sin subvenciones o ayuda, la industria brasileña no podrá competir con las industrias extranjeras. No hay industrialización sin participación del Estado. Sin exigir contrapartida a las inversiones [a empresas] extranjeras, ya sean estadounidenses, chinas o de cualquier otro país, el proyecto de industrialización de Brasil se limitará a desempeñar un único papel en la política industrial de otros países. Ninguna empresa decide expandir sus operaciones en otro país de forma altruista. Lo hace por interés propio. Y las inversiones, independiente de su origen, siempre son algo positivo. El tema es qué podemos exigir a los inversores para satisfacer también nuestros intereses nacionales.

   Durante muchos años, la industrialización brasileña fue muy dependiente de Estados Unidos. Si simplemente cambiamos el imperialismo estadounidense por el chino, vamos a tener el mismo resultado. No podemos limitarnos a satisfacer los intereses de los que vienen a invertir. A los inversores extranjeros les interesa garantizar sus beneficios. ¿Qué gana el país al subvencionar los beneficios ajenos?

   MS: ¿Qué opina el movimiento sindical de Bahía del papel que juega el programa Nueva Industria Brasil (NIB) en la promoción del interés nacional en este proyecto de reindustrialización verde del país?

   AS: Hasta ahora, Nueva Industria Brasil es un plan que todavía está en el papel. Es difícil analizarlo sin pensar su impacto real a través de datos, y todavía no se ha demostrado a qué vino. Pero hay algo que es necesario tener en cuenta cuando se habla de industrialización verde: ¿quién pagará el precio?

   En el movimiento sindical decimos un poco en broma “bueno, el etanol es un combustible más limpio que la gasolina, pero prefiero trabajar en Petrobras que en una fábrica de producción de etanol”. Reducir el coste de la fuerza laboral no es lo que debería hacer económicamente viable la industria verde. Y lo que observamos es que en los sectores supuestamente más sostenibles de la industria actual están los puestos más precarios. Si el biodiésel tiene un coste de producción superior al del diésel, ¿cómo hacer para que esa alternativa verde llegue a las gasolineras por el mismo precio? ¿Precarizando la mano de obra en la cadena productiva del biodiésel? Imposible. 

   Esta es una contradicción que no existe sólo en Brasil, sino en todo el mundo: las industrias sucias, las más antiguas, son las que ofrecen las mejores condiciones de trabajo, incluso desde el punto de vista de la salud de los trabajadores. Basta con comparar las condiciones de trabajo en una refinería de caña de azúcar o para los recolectores en una planta de reciclaje de aluminio. Algunos dirán que los recolectores de residuos no forman parte de la industria del reciclaje, pero lo cierto es que ésta sólo existe en Brasil gracias a ellos. Brasil es el país que más aluminio recicla, no porque tiene un gran proyecto de logística inversa, sino porque hay un montón de miserables que se dedican a recolectar latas para sobrevivir y que, al hacerlo, fomentan una cadena productiva que es extremadamente rentable.

   Los autos eléctricos son otro ejemplo: debido a la tecnología que se utiliza, el sector genera menos puestos de trabajo que la industria de los autos de combustión. Es una ingeniería mucho más sencilla: el vehículo eléctrico tiene carrocería, batería y motor, mientras que el de combustión tiene cárter de aceite, correa, filtro, culata, pistón, biela. Es decir, se necesitan varias fábricas más para suministrar los productos y piezas que necesita esta industria.

   Las críticas del movimiento sindical a las cadenas de energía renovable siguen esta misma línea. Actualmente, Bahía es el estado que más produce energía limpia en Brasil y básicamente “exporta viento” a las regiones Sur y Sudeste sin ninguna contrapartida para las comunidades donde se instalan los parques eólicos —que tienen un enorme impacto social y ambiental—, o los paneles solares.

   Al mismo tiempo, las partes de la cadena productiva que generan más puestos de trabajo, como las fábricas de turbinas, paneles fotovoltaicos y piezas de recambio, no están aquí. Nos quedamos con la peor parte de toda la cadena: la de mayor impacto y menor rentabilidad. Se trata de una reproducción, entre regiones de Brasil, de la misma dinámica global que se observa entre países del centro y de la periferia del capitalismo. ¿Acaso el papel del Nordeste en la industrialización brasileña se reducirá a generar energía y créditos de carbono que se consumirán en el Sur y el Sudeste? El Nordeste es la región de Brasil que más energía solar produce, pero no cuenta con ninguna fábrica de paneles fotovoltaicos. 

   En el mismo sentido, creo que el NIB debería incluir un debate geopolítico sobre los objetivos de industrialización verde de Brasil. ¿Vamos a pagar la transición energética de los países que históricamente más contaminan? ¿Será nuestro papel generar energía limpia y créditos de carbono para el consumo de los países del Norte global? Una vez más, será la parte más débil del eslabón la que pagará la transición energética. 

   Hasta ahora, al parecer, las partes que tienen menos valor añadido, de menor complejidad y que generan menos puestos de trabajo en las cadenas productivas verdes son las que se quedan en Brasil u otros países periféricos. Se renueva el papel de los países periféricos en la división internacional del trabajo: los empleos más precarios permanecen aquí y los más tecnológicos y bien remunerados en el centro del capitalismo. Así que, desde el NIB, sería necesario crear un diálogo sobre ese interés chino en instalarse en Brasil. Para exigir, por ejemplo, alguna contrapartida a la subvención estatal que nos permita revertir esa situación de subordinación en la división internacional del trabajo.

   Por supuesto, estamos a favor de promover la industria verde, pero sostenemos que debería ir acompañada de ayudas estatales. El Estado, y no los trabajadores, debe pagar la transición. Si la viabilidad económica del biodiésel viene de la precariedad de la fuerza laboral, entonces el Estado está imponiendo a los trabajadores que paguen la transición energética. Nosotros, en cambio, estamos a favor de una transición energética realmente justa.

   MS: Entonces, ¿cómo se podrían resumir las reivindicaciones del sindicalismo para la reindustrialización verde de Brasil?

   AS: La reivindicación del movimiento sindical para la reindustrialización verde es que no se pierda de vista que los trabajadores son una parte fundamental de este proceso. Tanto la cantidad como la calidad, la remuneración y otras condiciones de los puestos de trabajo creados por la industrialización verde deben ser iguales o mejores que las observadas en los procesos de industrialización anteriores. No se puede seguir utilizando, de ninguna manera, la precariedad laboral como mecanismo para hacer económicamente viable la industria verde. La transición energética tiene que ocurrir, el planeta no puede esperar, pero hay que tener en cuenta que los trabajadores también forman parte del planeta. Si sacrificamos a los trabajadores, ¿a quién salvaremos con la transición?  

3. El trabajo y la Frontera

   2:07 pm Comentarios desactivados en El trabajo y la Frontera

   En América del Norte, pocos lugares simbolizan la intensidad de la transformación económica experimentada durante la era neoliberal como la frontera entre Estados Unidos y México. A medida que la integración económica internacional redefinió los proyectos desarrollistas nacionales de la posguerra, México siguió el ejemplo de gran parte del mundo “en vías de desarrollo”, al recurrir cada vez más a los mercados de exportación como motor del crecimiento económico, en lugar del gasto en consumo interno. Frente a una demanda global limitada a un pequeño número de países de alto consumo, la manufactura se convirtió en una industria hipercompetitiva. Los gobiernos que antes promovieron la negociación colectiva y la redistribución interna, recurrieron a la represión salarial y a la reducción de impuestos para obtener una participación cada vez menor de los productos finales.

   La maquila se ha convertido en el símbolo de esta transformación. Pero junto con estos cambios en la producción moderna y el comercio transfronterizo, el crecimiento de la manufactura en México ha sido semillero de algunas de las organizaciones laborales más combativas en la defensa de los derechos laborales del continente. Desde 2019, cuando el gobierno mexicano fortaleció sus leyes de negociación colectiva, la organización obrera se ha extendido por todo el continente.

   Jeffrey Hermanson, líder sindical cuya carrera inició en el Sindicato Internacional de Trabajadores de la Confección (ILGWU) a finales de la década de 1970, fue testigo directo de estos acontecimientos. Tras la migración de la industria textil derivada de la aprobación del TLCAN, Hermanson trabajó en México como representante del Centro de Solidaridad de la AFL-CIO de 2000 a 2003 y posteriormente se desempeñó como director de estrategias globales en Workers United-SEIU. Ha vivido principalmente en México desde 2019, cuando el Centro de Solidaridad lo nombró Director de Organización en México, cargo del que se jubiló en 2022.1Hermanson trabajó para el ILGWU entre 1977 y 1997, y se desempeñó como Director de Organización después de 1990, tras su fusión con el Sindicato Amalgamado de Trabajadores de la Confección y el Textil (ACTWU) en 1995. Entre 1997 y 2000, colaboró ​​con la Hermandad Unida de Carpinteros y, en 2006, se convirtió en director de organización y subdirector ejecutivo del Gremio de Escritores de América, Oeste, donde coordinó la huelga de escritores de 2007-2008. En 2003 fundó y dirigió el departamento de Fortalecimiento Sindical Global del Centro de Solidaridad, colaborando con sindicatos de todo el mundo. Phenomenal World conversó con Hermanson sobre la evolución de la manufactura norteamericana y la creación de una nueva clase trabajadora en las industrias exportadoras de América Latina. La siguiente entrevista ha sido editada para fines de una mayor brevedad y claridad.

   Una entrevista con Jeff Hermanson

   Andrew elrod: Qué es una maquiladora hoy, después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)?

   Jeff hermanson: La palabra maquila alude a la idea de ‘fábrica’, especialmente en el sentido de un proceso intensivo en mano de obra. A partir de los años ochenta, productos sin terminar eran enviados desde Estados Unidos a México para su ensamblaje, y luego regresaban al norte. Al principio, esos bienes no podían ser vendidos en México. Hoy en día, una maquiladora es, en esencia, un régimen fiscal especial. Aunque existen parques industriales por todo el país, no es necesario estar dentro de uno para operar bajo este esquema. Las maquiladoras fomentan la inversión extranjera directa mediante una menor carga tributaria y la posibilidad de negociar con las autoridades locales el acceso a terrenos y servicios esenciales, siendo el agua uno de los más importantes.

   La maquiladora se consolidó principalmente en la frontera durante los primeros años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con grandes fábricas bien capitalizadas, que atrajeron a trabajadores de todo el país. Muchos de ellos se asentaron en comunidades pobres. Visité una zona franca, también conocida como parque industrial, unos años después de que el tratado entrara en vigor y observé condiciones realmente precarias. Los salarios eran tan bajos que no alcanzaban para acceder a una vida digna. Las casas estaban construidas con tarimas de madera. Había una canción llamada “Casas de cartón” que hablaba de personas que vivían en chozas hechas de cartón en México. La electricidad se obtenía con conexiones caseras a las líneas eléctricas aéreas, y los cables corrían por el suelo para alimentar estas viviendas. Las calles de tierra se convertían en lodo cuando llovía. Este era un típico barrio obrero a finales de los años noventa. 

   Antes de 2018 y del gobierno de Morena, era bien sabido que a estas compañías se les otorgaba tierra de forma gratuita como una concesión fiscal. Durante diez años, no pagaban ningún tipo de impuesto, ni por la tierra, ni por los edificios. También recibían tratos preferenciales en cuanto al uso de energía y agua. Con la llegada de Morena al gobierno nacional, las concesiones a las maquiladoras fueron revisadas para igualar la tasa de impuestos con la de otras empresas, en lugar de seguir otorgando ventajas injustas a firmas de inversión extranjera. Cada vez más, se les ha exigido a las maquiladoras cumplir con los mismos requisitos regulatorios que cualquier otra empresa. Sin embargo, aún existe un trato preferencial hacia grandes corporaciones. Nestlé, por ejemplo, acaba de anunciar una inversión de 400 millones de dólares en Chiapas y recibirá condiciones favorables para el uso del agua. Aquí, en mi comunidad local, hay una maquiladora que fabrica sudaderas y buzos para Fanatics y Columbia Sportswear, y cuenta con un contrato especial para el uso del agua. En una zona donde el agua es un recurso escaso y costoso, obtienen un precio relativamente bajo, a pesar de que utilizan grandes cantidades para teñir y lavar las prendas.

   AE: La frase runaway shop, o «fábrica que se fuga», se utilizaba comúnmente en los años cincuenta y sesenta, mucho antes de que comenzara a hablarse de “desindustrialización”. ¿Cómo ha evolucionado este concepto con el auge de las maquiladoras, el TLCAN y lo que hoy llamamos neoliberalismo?

   JH: Durante los años cincuenta y sesenta, los empleadores comenzaron a “fugarse” del noreste y el medio oeste de Estados Unidos hacia el sur del país y Puerto Rico, regiones con mucha menor sindicalización y salarios más bajos. En la industria de la confección, donde comencé a organizarme con el Sindicato Internacional de Trabajadoras del Vestido (ILGWU o ILG, International Ladies’ Garment Workers’ Union), el núcleo de la industria en Estados Unidos estaba en ciudades como Nueva York, Filadelfia, Chicago y, en menor medida, algunas partes de Canadá. Pero en los años cincuenta, todo empezó a desplazarse hacia el sur.

   En 1965, el Congreso aprobó el Ítem 807, que forma parte del Arancel Aduanero de los Estados Unidos. Esto permitió a los fabricantes de prendas cortar las piezas en Estados Unidos, enviarlas a la República Dominicana y otros lugares del Caribe para ser ensambladas, y luego reexportarlas a Estados Unidos libres de aranceles. A finales de la década de 1980, la República Dominicana se había convertido en un centro de zonas francas que empleaban a un par de cientos de miles de trabajadores dedicados a la confección de ropa para el mercado estadounidense.

   La producción de medias y otra ropa íntima ya se había trasladado al sur de Estados Unidos, en una primera fuga desde el noreste. En las décadas de 1970 y 1980, estas empresas establecieron sus fábricas en Puerto Rico. De allí, el salto hacia Centroamérica fue breve. Esta fue la siguiente fase, liderada por la industria de la ropa íntima: Maidenform, Fruit of the Loom y Hanes fueron las tres grandes. Los fabricantes de ropa interior se trasladaron principalmente a Honduras y El Salvador. Estas empresas eran más intensivas en capital, el tejido, el corte y la confección estaban integrados en grandes instalaciones propiedad de los mismos fabricantes, trasladando sus operaciones completas y convirtiendo a Honduras en el núcleo geográfico de la industria.

   Otras ramas de la industria de la confección siguieron el mismo patrón en la frontera sur con México. Antes del TLCAN existía un sistema de plantas gemelas: una fábrica de corte en un lado de la frontera y una de confección en el otro. Los jeans de Calvin Klein, por ejemplo, se cortaban en El Paso, Texas, en un taller sindicalizado, y se enviaban a Durango y Coahuila, en México, para ser ensamblados y luego reimportados bajo el Ítem 807. Con el TLCAN, desapareció la necesidad de realizar el corte en Estados Unidos.

   AE: ¿Cuándo empezaste a trabajar con ILG?

   JH: Empecé a trabajar con ILG en 1977, al inicio del proceso de deslocalización. Organizamos una huelga en 1979 contra una empresa de ropa deportiva en la ciudad de Nueva York, y uno de los trabajadores, un cortador dominicano, me contó que las piezas cortadas estaban siendo enviadas a la República Dominicana. Para él, eso era algo nuevo y estaba sorprendido. Ese fue el comienzo de la deslocalización, que creció a pasos agigantados durante los años ochenta.

   El sindicato tenía un lema: “seguir el trabajo”. Y seguimos el trabajo, saliendo de la ciudad de Nueva York hacia Pensilvania y más allá. Pero cuando fuimos al sur, se volvió mucho más difícil debido a las divisiones raciales en la fuerza laboral y al uso que los empleadores hacían de esas divisiones para derrotar los esfuerzos de sindicalización. Organizamos a Kelwood en Misisipi, una gran empresa propiedad de Sears que empleaba a miles de trabajadores. Seguimos a Calvin Klein hasta El Paso, Texas, y organizamos la fábrica allí. Tuvimos varios otros éxitos en el sur, pero fue más difícil que en el noreste.

   En 1990, la República Dominicana aprobó un nuevo código laboral bajo la presión de la Federación Americana del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations). Los sindicatos dominicanos vinieron a Estados Unidos y pidieron ayuda para organizar a los trabajadores en las zonas francas que su gobierno había establecido específicamente para este tipo de trabajo. En ese momento, ya había más de 100 mil trabajadores dominicanos en esas zonas francas produciendo, básicamente, ropa para el mercado estadounidense. Fuimos a la República Dominicana, capacitamos a unos veinte organizadores y ayudamos al sindicato dominicano a organizar diez u once fábricas con más de 10 mil trabajadores. Se construyó un sindicato fuerte de la confección que aún existe. Todas estas fábricas producían para marcas estadounidenses. Pero con el TLCAN, básicamente perdimos el control de la industria. Todo el proceso, y no solo la costura, pasó a realizarse en una maquiladora. No pudimos seguir el trabajo hacia México en ese momento.

   AE: Mencionaste un cambio en el código arancelario de Estados Unidos para permitir este tipo de negocios. ¿Qué cambios hubo en las leyes de los otros países?

   JH: Desde los años cuarenta hasta los setenta, México siguió un modelo de sustitución de importaciones que enfatizaba la producción local y el fortalecimiento de los productores nacionales. Algunas de estas empresas, incluso, eran propiedad del Estado. En la industria automotriz, por ejemplo, camiones, autobuses y equipos agrícolas eran fabricados por compañías estatales. Sin embargo, este modelo comenzó a agotarse hacia finales de los setenta y principios de los ochenta. En ese contexto, surgió una crisis de deuda externa y el neoliberalismo se impuso como la nueva ideología en materia de inversión y comercio internacional, el llamado «Consenso de Washington», impulsado por figuras como Thatcher y Reagan. Este cambio exigió reformas legislativas en países como Honduras y otras naciones centroamericanas, donde la industria de la ropa íntima ya había trasladado parte de su producción, así como también en Estados Unidos. La Iniciativa de la Cuenca del Caribe, por ejemplo, permitió que estas industrias invirtieran internacionalmente como respuesta a las crecientes presiones competitivas dentro de Estados Unidos.

   En México, esto significó la venta de las empresas estatales, la privatización de la producción en general y la eliminación de la mayor cantidad posible de barreras comerciales. La maquiladora fue el primer paso en ese proceso. Inicialmente, un régimen comercial muy estricto impedía que las maquiladoras compitieran con las empresas locales. Sin embargo, cuando se levantaron esas restricciones, muchas se vieron obligadas a cerrar.

   La historia varía de industria a industria. La automotriz, por ejemplo, tiene una larga tradición en México. Ford ha estado presente en el país durante cien años y ha desarrollado un mercado interno para sus productos. En el sector textil y de confección, aún existen empresas locales que producen exclusivamente para el mercado mexicano. Incluso en la industria del acero y la manufactura pesada, una parte del mercado sigue siendo realmente nacional. Dado el contexto histórico del modelo económico mexicano, muchos se opusieron al relajamiento de las regulaciones sobre importaciones y exportaciones. Sin embargo, eran una minoría, y las presiones políticas fueron tales que las regulaciones se flexibilizaron progresivamente.

   AE: ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste a México?

   JH: La primera vez que fui a México fue en 1994, cuando se aprobó el TLCAN. Antes de la firma de este acuerdo, la industria textil y de confección nacional era bastante fuerte en México. Producían prendas en fábricas modernas de gran tamaño y tenían un acuerdo laboral a nivel industrial para el sector textil. Estaba sindicalizada y era próspera, y los contratos sindicales eran bastante buenos.

   Eso ha sido completamente socavado por la competencia de las prendas fabricadas en las maquiladoras. Pero aún más, hoy en día la industria mexicana de la confección se ha visto debilitada por la competencia de las prendas producidas en China. La industria nacional ha sido diezmada y enfrenta un grave declive.

   

   AE: ¿Cuál es la legislación laboral en México en lo que respecta a la organización sindical? En Estados Unidos, por ejemplo, los sindicatos del sector privado deben ser certificados por una agencia federal, la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés), para gozar de protecciones legales. Los trabajadores tienen derecho a organizarse incluso sin un sindicato certificado, pero estos derechos también son garantizados por la NLRB. En Brasil, existía una larga tradición de asignar jurisdicciones sindicales por ley, y los representantes sindicales eran financiados a través de un impuesto laboral especial, una especie de “cuota sindical” recaudada por el Estado. ¿Cuál es el régimen laboral mexicano?

   JH: Desde mediados de la década de 1930 hasta la de 1990, México tuvo un régimen de relaciones laborales “corporativista”: el gobierno fomentó la organización de los trabajadores en grandes sindicatos industriales nacionales y en una gran confederación  que se convirtió en un pilar de apoyo del partido de Estado: el Partido Revolucionario Institucional (PRI). La Confederación de Trabajadores de México (CTM)se formó durante ese período, a finales de los años treinta, al igual que ocurrió en Estados Unidos en la época de la Ley Wagner y el crecimiento del Congreso de Organizaciones Industriales (CIO, Congress of Industrial Organizations), que luego se fusionó con la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations). Fue un momento en el que millones de trabajadores se organizaron bajo una legislación laboral bastante favorable.

   Los sindicatos de la CTM representaban principalmente a trabajadores de sectores que eran empresas estatales o cuasiestatales, como la industria de la energía eléctrica, la industria petrolera (que fue nacionalizada en 1938), telecomunicaciones, acero, minería. Todas estas grandes industrias nacionales básicas. A su vez, esos sindicatos respaldaban al partido político, otorgando privilegios al segmento organizado de la fuerza laboral industrial. Este enfoque, que consiste en incorporar los sindicatos a la estructura política del Estado para que se conviertan en “sindicatos oficiales”, se conoce como corporativismo.

   AE: Eso suena muy parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos y en otros países con partidos políticos alineados con el movimiento obrero a mediados del siglo pasado: el gobierno apoyaba a grandes sindicatos industriales con un acuerdo político, implícito o explícito, de que esos trabajadores sindicalizados respaldarían al gobierno. En esos términos, para mí, esa es la historia de Franklin Roosevelt y el CIO. ¿Cuál es la importancia de entender esto como “corporativismo”, como un régimen distinto al de Estados Unidos?

   JH: La diferencia más importante es que, en Estados Unidos, el CIO organizaba trabajadores de empresas privadas, de industrias de propiedad privada. En México, muchas de las industrias eran controladas por el Estado, ya sea porque eran propiedad estatal o estaban operadas por el Estado, como el petróleo, la electricidad y las telecomunicaciones, y sus trabajadores eran empleados del sector público. Los maestros, por ejemplo, que todavía conforman el sindicato más grande de México. En Estados Unidos, la relación de los sindicatos con la estructura política y con el Estado no era la misma: los sindicatos no estaban incorporados ni se convirtieron en “sindicatos oficiales”.

   También cabe señalar que los activistas sindicales que lideraron la formación de estos sindicatos eran comunistas, anarquistas y socialistas. Pero el gobierno no era un gobierno socialista, aunque sí nacionalizó industrias. Por lo tanto, existía un control político muy estricto sobre la organización de las industrias y de los sindicatos. La certificación legal era determinada, y las disputas se resolvían, a través de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que tenían una estructura tripartita: el gobierno, los empleadores y los sindicatos designaban a sus integrantes. Una condición para afiliarse al sindicato era ser también miembro del PRI. Cuando había elecciones, el sindicato organizaba autobuses para llevar a los trabajadores a las urnas, o a manifestaciones en favor de los candidatos. Era un movimiento sindical corporativista fuertemente controlado (incorporado a la estructura política). En Estados Unidos no existe nada parecido a eso. 

   AE: Excepto durante la década de 1930. “Franklin Roosevelt quiere que te unas a un sindicato y al CIO” fue una parte importante de la campaña electoral de 1936. Esa relación se intensificó durante la Segunda Guerra Mundial, en las elecciones de 1940 y 1944.

   JH: Durante la guerra, el capitalismo en Estados Unidos se acercó a una estructura corporativista. Existía la Junta Nacional de Trabajo de Guerra (War Labor Board) y sus juntas sectoriales para la fijación de salarios. Eso es muy cierto. Hay similitudes entre el enfoque del gobierno de Cárdenas en México y el del gobierno de Roosevelt en Estados Unidos. El Partido Demócrata sí quería controlar el movimiento sindical. Al principio, no lo lograron del todo. Lograron llevar a David Dubinsky y a John L. Lewis a la Casa Blanca, pero John L. Lewis no se dejaba controlar. “No se puede sacar carbón con bayonetas”, como él decía. Pero con el inicio de la Guerra Fría, el gobierno estadounidense y los empleadores usaron el anticomunismo para aprobar la Ley Taft-Hartley, que debilitó al movimiento sindical. En lugar de controlar a los sindicatos incorporándolos a la estructura política, en Estados Unidos se optó por controlarlos debilitándolos y sometiéndolos a la regulación.

   En México, el período del llamado “Milagro Mexicano” (1940-1970) fue testigo del crecimiento de un sector organizado estrecho y privilegiado de la clase trabajadora dentro de los sindicatos corporativistas. Estos trabajadores comenzaron a convertirse en clase media. Pero nunca representaron más que un pequeño porcentaje de la fuerza laboral total, que incluía a millones de personas pobres del campo. La posición privilegiada de los trabajadores sindicalizados comenzó a desmoronarse por varias razones. En los años sesenta, hubo varias rebeliones de trabajadores contra el estricto control de los sindicatos, la mayoría de las cuales fueron reprimidas por los propios líderes sindicales con la ayuda del gobierno del PRI.

   En octubre de 1968, el ejército mexicano, actuando por orden del presidente Gustavo Díaz Ordaz, masacró a cientos de estudiantes que protestaban en la Ciudad de México. Hubo levantamientos en zonas rurales del sur de México y en ciertas zonas urbanas del norte, donde comenzaron a formarse grupos guerrilleros. También hubo una rebelión de trabajadores disidentes en la planta de Ford en Cuautitlán, en la zona industrial alrededor de la Ciudad de México, que el sindicato oficial de la CTM, en colusión con la gerencia de Ford, sofocó violentamente con 300 golpeadores. Los acontecimientos internacionales, como lo ocurrido en Francia en 1968 y los movimientos por los derechos civiles y contra la guerra en Estados Unidos, intensificaron la paranoia del gobierno. Había una sensación general de que la revolución estaba en el aire. El gobierno mexicano trató esto como una amenaza real.

   Otro factor fue la creciente corrupción en todos los niveles del gobierno, del PRI y de la dirigencia sindical. Carlos Hank González, uno de los políticos más famosos de México, solía decir: “Un político pobre es un pobre político.” Era una corrupción rampante. “El que respira, aspira”, era otro de sus dichos. La corrupción se volvió realmente vergonzosa.

   Esta combinación entre la corrupción, cada vez más abierta, y la represión coincidió con el agotamiento del llamado milagro mexicano a finales de los años sesenta. La dirigencia sindical no actuó en contra de ello; por el contrario, se sumó a la corrupción. Empezaron a sobrevivir gracias a sus vínculos con los empleadores y el gobierno, y no por su relación con los trabajadores. Por supuesto, también surgieron algunos sindicatos independientes de izquierda en los años setenta, que comenzaron a organizarse en el cinturón industrial de la Ciudad de México.

   AE: El TLCAN se firmó en 1993. ¿Cuál fue la motivación para hacerlo, dado que ya existía un alto grado de integración?

   JH: Siempre he pensado que, en Estados Unidos, el apoyo de los empleadores al TLCAN fue una estrategia para evitar los sindicatos. Desde que Reagan aplastó la huelga de la Organización Profesional de Controladores de Tráfico Aéreo (PATCO, por sus siglas en inglés) en 1981, los empleadores continuaron su ofensiva contra el movimiento sindical, y para mediados de los años noventa decidieron que podían usar a México como una reserva de bajos salarios. En el verano de 1996, mi sindicato, UNITE 2En 1995, las convenciones de delegados tanto del Sindicato Internacional de Trabajadoras de la Confección (ILGWU, (<)em(>)International Ladies Garment Workers Union(<)/em(>)) como del Sindicato de Trabajadores del Ramo de la Confección y Textil (ACTWU, (<)em(>)Amalgamated Clothing and Textile Workers Union(<)/em(>)) votaron a favor de fusionarse, formando el Sindicato de Trabajadores de la Confección, la Industria y el Textil (UNITE, (<)em(>)Union of Needletrades, Industrial and Textile Employees(<)/em(>)). En el momento de la fusión, el nuevo sindicato contaba con 250.000 afiliados. lanzó una gran huelga contra Guess Jeans en Los Ángeles, donde había 3 mil trabajadores en varias decenas de pequeños talleres de explotación. La huelga detuvo la producción en el área de Los Ángeles, así que Guess simplemente recogió todo y trasladó su producción a México.

   Presentamos cargos por prácticas laborales injustas ante la NLRB, que inicialmente estuvo de acuerdo con nosotros en que el traslado era ilegal e indicó que emitiría una queja.3 En enero de 1997, Maurice Marciano, presidente y director ejecutivo de Guess, dijo al (<)a href='https://www.wsj.com/articles/SB85320163935160000'(>)(<)em(>)Wall Street Journal(<)/em(>)(<)/a(>) que el sindicato y las investigaciones de la NLRB en respuesta a sus denuncias fueron “un factor” en la decisión de la empresa de trasladar el trabajo de confección de Estados Unidos a México. En a bril de 1997, la Oficina del Asesor Jurídico de la NLRB emitió un memorando de asesoría favorable para la Región 21, que incluye a Los Ángeles. Cf. Justin McBride, “Guess Again: Revisiting the Last Major US Apparel Union Campaign at 25,” Journal of Labor and Society, mayo de 2021. Pero no lo hicieron, y finalmente concluyeron que Guess había estado planeando ese traslado desde antes, y por lo tanto no era una respuesta a la huelga.4 En noviembre de 1998, la Oficina del Asesor Jurídico de la NLRB desestimó de forma definitiva la denuncia de UNITE, alegando que la decisión de 1996 de trasladar la confección a México se basó en razones económicas y no estuvo relacionada con la actividad sindical. El fallo sorprendió a la industria: Women’s Wear Daily tituló erróneamente su artículo “Guess: NLRB Dictamina Ilegal el Traslado a México” antes de publicar una corrección tres días después. Dan Petrocelli, abogado de Guess, quien anteriormente había alegado que los talleres clandestinos de Los Ángeles habían sido montados por el sindicato, dijo a Women’s Wear Daily que el fallo “confirma que las empresas tienen derecho a aprovechar plenamente las políticas y leyes establecidas en el TLCAN. Que a los sindicatos no les guste no significa que sea ilegal”. Si bien podría ser cierto que Guess había explorado esa posibilidad, yo realmente creo que la decisión de la Junta fue una decisión política tomada por la administración Clinton. El TLCAN tenía tres años: no podían sancionar a una empresa por mudarse a México para evitar al sindicato, porque eso habría restringido la implementación del tratado. Guess Jeans era un importante donante de la campaña de Clinton. Perdimos esa huelga: los empleos se fueron a talleres de explotación en México y Guess Jeans prosperó.

   La complejidad de la cadena de suministro previa al TLCAN, al menos en la industria de la confección, también fue un factor que motivó a las empresas a apoyar el acuerdo. La naturaleza de la industria estaba cambiando. Los “productores de paquete completo” comenzaban a encargarse de todo el proceso de producción. Incluso algunas partes del proceso de diseño estaban siendo realizadas por grandes contratistas en Asia y en América Latina. Este fue un desarrollo que ocurrió principalmente en México durante los años noventa. Empresas como Calvin Klein se convirtieron en firmas de diseño y mercadeo, sin emplear a ningún trabajador de producción.

   Ese proceso ha continuado hasta la actualidad, facilitado por el TLCAN. Hoy en día, marcas como Calvin Klein y Tommy Hilfiger se han reducido a simples nombres comerciales. No cuentan con empleados en sus procesos de producción. Las etiquetas son propiedad de PVH, una empresa que gestiona diversas marcas y subcontrata la producción a nivel global. De este modo, pueden aprovechar la mano de obra más barata disponible, a la vez que evitan cualquier amenaza de sindicalización.

   

   AE: ¿Cómo ha cambiado la organización laboral en México con la integración regional antes y después del TLCAN?

   JH: En el oeste, en Tijuana y Mexicali, había sindicatos amarillos y sindicatos corruptos controlados por mafias que llegaban a acuerdos con los empleadores incluso antes de que se establecieran los negocios. En Juárez, que está frente a El Paso, no había sindicatos en absoluto y los trabajadores se organizaban arriesgando sus vidas. En el extremo este de la frontera, en Matamoros, en el estado de Tamaulipas, existía un sindicato que creció desde el lugar de trabajo. Era un sindicato tradicional del CTM, el Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora (SJOIIM), que representaba alrededor de 150 a 200 fábricas en Matamoros. Pero su líder, un hombre llamado Agapito González, estaba decidido a obtener un buen trato de los empleadores. Durante la década de 1980, negoció contratos que lograron salarios significativamente más altos que en otras regiones maquiladoras. También contenían cláusulas que establecían que los salarios estaban anexados al salario mínimo, de modo que los aumentos del salario mínimo elevarían todos los salarios bajo el contrato. Era algo único en el sector maquilador.

   Gonzalez falleció y, su sucesor, Juan Villafuerte, enfrentó algunas rebeliones por parte de los trabajadores, dado que sentían que él estaba menos comprometido con la lucha por sus intereses. En enero de 2019, el nuevo gobierno de Morena duplicó el salario mínimo en la frontera. De acuerdo con los términos específicos del contrato de Gonzalez, esto habría implicado duplicar los salarios de los trabajadores que ya ganaban por encima del nuevo salario mínimo, pero la dirigencia sindical se negó a hacer cumplir estos términos. Esto llevó a una huelga no autorizada de 45 mil trabajadores en 48 maquiladoras en Matamoros, un evento importante justo después de que Morena asumiera el poder. Los empleadores inmediatamente lograron que el gobernador solicitara la intervención federal para detener la huelga, como normalmente habrían esperado. Sin embargo, el Subsecretario de Trabajo, Alfredo Domínguez Maruffo, les dijo a los empleadores que el gobierno no intervendría. Les recomendó que negociaran. Los trabajadores presentaron demandas de un aumento inmediato de 20 por ciento en los salarios y un bono único de 1.600 dólares, equivalente a 32 mil pesos mexicanos—llamándose a sí mismos el “Movimiento 20/32”—y presionaron al SJOIIM para que negociara esos términos. Después de semanas de negociaciones en cada fábrica, se cumplieron las demandas de los trabajadores, y se logró una victoria. De esa lucha surgió el Sindicato Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios, Movimiento 20/32 (SNITIS); el cual se ha encargado de organizar varias fábricas grandes, incluyendo Panasonic Automotive en Reynosa y Tridonex en Matamoros.

   AE: ¿Qué significa ser un sindicato independiente en México? En los Estados Unidos, un sindicato puede no estar afiliado a la AFL-CIO, pero aún puede tener elecciones para su junta directiva y puede tener derechos en los tribunales.

   JH: En México, un sindicato independiente es un sindicato organizado por fuera de la relación corporativa de los “sindicatos oficiales”, como CTM, CROC, CROM, SNTE, entre otros que compartían la estructura política del PRI 5 La Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) es la confederación más antigua, de la cual se separó la Confederación de Trabajadores de México (CTM) durante la década de 1930, pero que continúa existiendo. La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) fue fundada en la década de 1950. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), formado en 1949, representa a los docentes y estuvo aliado con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta 2005, cuando creó su propio partido político, el Partido Nueva Alianza. En las décadas de 1960 y 1970, como decíamos, los radicales políticos comenzaron la formación de sindicatos independientes mediante la acción directa, y tuvieron un éxito mínimo. Pero los sindicatos afiliados a las confederaciones y partidos políticos existentes, primero al PRI y luego al Partido de Acción Nacional (PAN), utilizaron su posición en las juntas laborales para negarse a registrar sindicatos no afiliados a la CTM u otros sindicatos corporativistas.

   Los sindicatos independientes más exitosos están en el sector privado. Dos de los primeros sindicatos independientes exitosos fueron el Sindicato de Volkswagen en Puebla y el Sindicato de Nissan en Morelos. Ambos son sindicatos que negocian a nivel de la empresa. Para obtener el reconocimiento, tuvieron que echar a un sindicato de trabajadores automotrices que era afiliado a la CTM y parte de la estructura política corporativista. ¿Cómo lo lograron? A través de la acción directa, mediante esas huelgas espontáneas, que eran actividades ilegales que el Estado intentó pero no logró reprimir.

   AE: ¿Iban por contratos?

   JH: Sí. Una vez que Volkswagen se dio cuenta de que no podían operar sin reconocer al sindicato independiente, acordaron llegar a un acuerdo. Esto sucedió en varios sectores, incluyendo algunas empresas estatales. Los trabajadores de Dina, un fabricante de camiones en Hidalgo, también formaron un sindicato independiente a través de la acción directa. Esta fue la única manera, porque no podías usar el proceso legal para obtener el reconocimiento, y tenías que forzar al empleador a que pidiera al gobierno el reconocimiento del sindicato.

   Esta situación continuó durante los noventa. Cuando llegué aquí en el 2000 para representar al Centro de Solidaridad de la AFL-CIO, comenzamos a apoyar a un grupo de aproximadamente mil trabajadores mexicanos en una fábrica subcontratada de Nike aquí en Puebla. El dueño coreano que producía sudaderas para Nike había reconocido a uno de estos sindicatos corporativistas antes de que la planta siquiera abriera. Los trabajadores estaban enojados por tener que pagar cuotas a un sindicato corporativista, afiliado a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) estatal, con el que no tenían contacto, que nunca hizo nada por ellos. Los trabajadores formaron un sindicato independiente y llevaron a cabo una huelga de nueve meses en esta maquiladora. Debido a que era una fábrica de Nike y producía bajo licencia de la Universidad de Wisconsin y otras universidades, hubo presión desde Estados Unidos, de los grupos de activistas estudiantiles como United Students Against Sweatshops, para que sus universidades cancelaran sus licencias con Nike. Nike me llamó y me pidió ayuda para resolver el conflicto.

   AE: ¿Cuántos meses después de iniciada la huelga ocurrió eso?

   JH: Casi al comienzo de la huelga. La filial estatal de la CROC logró que el gobierno estatal enviara a la policía antidisturbios para golpear a los trabajadores que se habían instalado en el patio de la fábrica, así que los trabajadores se fueron a sus casas y dejaron de ir al trabajo. La gente simplemente se quedó en casa, así fue como se desarrolló la huelga. Tanto Nike como la maquiladora estaban desesperados.

   La empresa, tanto Nike como el contratista local, me veían como un aliado en su lucha por sobrevivir, y los ayudé a encontrar una solución. Pero primero la empresa tuvo que pagarle al sindicato establecido para que se retirara, con un monto de 50 mil dólares, y luego tuvo que pagarle al gobierno. Y, por supuesto, el sindicato y el gobierno estaban vinculados: cuando la empresa coreana quiso invertir en el estado de Puebla, fue el propio gobernador quien lo presentó con el sindicato de la CROC.“La mafia del poder” fue como López Obrador la llamó, y tenía razón. El problema de la corrupción se fue agravando cada vez más desde finales de los años sesenta hasta llegar a Peña Nieto, el último presidente antes de López Obrador, quien fue objeto de un profundo desprecio popular. Era abiertamente corrupto, y los grandes medios impusieron a este tipo como presidente. De 2012 a 2018, la gente estaba tan harta que eligió a un radical, un rebelde: López Obrador, cuya principal plataforma política fue acabar con la corrupción y usar los recursos liberados para ayudar a los pobres. Su lema era “por el bien de todos, primero los pobres”, lo opuesto por completo a la ideología que lo antecedió. Ha sido tremendamente exitoso, tanto que su sucesora, Claudia Sheinbaum, cuenta hoy con un 85 por ciento  de apoyo popular.

   AE: ¿Ha habido intentos de federarse o de formar una federación rival, para llevar las partes más combativas del movimiento sindical a un nivel más amplio de organización?

   JH: Ha habido intentos, pero el movimiento sindical independiente en México está ideológicamente comprometido con los sindicatos por empresa, negociando a nivel de compañía. Los líderes y miembros de sindicatos independientes son extremadamente desconfiados de las organizaciones más grandes debido a su experiencia con las federaciones y confederaciones corporativistas. Existe una Federación de Trabajadores de Autopartes, Aeroespacial y Llantas que tiene diez sindicatos afiliados, FESIIAAAN. Pero no se han registrado legalmente como federación. No tienen personal, ni cuotas sindicales ni de afiliación. Rotan la presidencia entre los líderes de los sindicatos independientes cada año.

   AE: ¿Los sindicatos independientes han sufrido reveses debido a esa desconfianza hacia las federaciones? El impulso hacia una organización más amplia, históricamente, se basa en que las empresas pueden enfrentarse entre sí. El taller combativo puede ser castigado si se queda solo.

   JH: Esta preferencia por sindicatos que solo actúan dentro de una empresa específica representa una gran debilidad. El Sindicato de Nissan, uno de los primeros sindicatos independientes del sector automotriz, se formó en los años setenta en la planta de Nissan en Cuernavaca, Morelos. Negociaron contratos excelentes, pero en 1982 Nissan abrió una planta en Aguascalientes, y desde entonces ha inaugurado tres más, todas con un sindicato corporativista afiliado a la CTM. Ese sindicato se desprestigió por no representar a los trabajadores, pero el sindicato que llegó después y tomó el contrato, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, está dirigido por un exlíder del PRI y de la CTM que ahora se ha unido a Morena. Así que los trabajadores no están mejor. Nissan ha estado reduciendo operaciones en la planta de Morelos, donde está organizado el sindicato independiente, y ha aumentado la producción en Aguascalientes. Lo mismo ocurrió con el sindicato independiente de Volkswagen: VW construyó una planta de motores en Silao, que permanece mayormente sin organización sindical.

   AE: ¿Cómo ha cambiado el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) la organización sindical?

   JH: A diferencia del TLCAN, el T-MEC tiene un capítulo laboral 6El TLCAN tenía un acuerdo paralelo sobre trabajo, en el que México debía respetar sus propias leyes laborales, y los gobiernos de Estados Unidos o Canadá podían solicitar consultas. “Intenté usar esas disposiciones contra empresas que estaban violando los derechos de los trabajadores, y resultaron completamente inútiles”, añade Hermanson. Una de sus disposiciones exigía que México reformara su legislación laboral y ratificara los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que Estados Unidos ni siquiera ha ratificado 7 (<)a href='https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312232:NO'(>)El Convenio 87(<)/a(>) de la OIT establece el derecho de los trabajadores y empleadores a fundar organizaciones y afiliarse a ellas libremente, sin autorización previa, y a organizar su funcionamiento sin interferencias. (<)a href='https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312243:NO'(>)El Convenio 98(<)/a(>) de la OIT protege el derecho a la negociación colectiva y establece garantías frente a actos de discriminación antisindical, como el despido por pertenecer a un sindicato.

   En 2019, México reformó su ley laboral para exigir votaciones directas, privadas y secretas en las elecciones de representación sindical, de liderazgo sindical y de ratificación de contratos, un sistema mucho más democrático que el que existe en Estados Unidos. El movimiento sindical independiente y sus aliados, incluidos académicos, abogados laboralistas y activistas de todo tipo, han estado apoyando este tipo de reforma desde los años setenta. El voto secreto fue la consideración clave, pero la eliminación de las juntas laborales tripartitas también es crucial. Existe un nuevo sistema de justicia laboral bajo el poder judicial, y ahora, debido a un reciente cambio constitucional, el poder judicial será elegido democráticamente.

   El capítulo laboral del T-MEC también cuenta con un Mecanismo de Respuesta Rápida que permite a los trabajadores o sindicatos presentar quejas ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos si sus derechos son violados. El gobierno mexicano ha respondido de manera positiva a esto. Durante el gobierno de Biden, Estados Unidos contó con buenos secretarios de trabajo y un Representante de Comercio (USTR, US Trade Representative) que fue, en cierto modo, progresista. Hubo una fuerte presión por parte de Estados Unidos para garantizar el cumplimiento efectivo de los términos laborales del tratado, y en ese mismo periodo se resolvieron favorablemente veinticuatro casos a favor de trabajadores mexicanos y sindicatos independientes. Lo anterior representa una transformación enorme.

   

   Uno de los primeros casos bajo el Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC fue en General Motors en Silao, Guanajuato, una planta de ensamblaje con 6.500 trabajadores que produce camionetas Silverado de 40 mil dólares para exportación a Estados Unidos. Parte de la implementación del T-MEC en México estipulaba que los contratos existentes debían ser votados por los trabajadores. Cuando el sindicato CTM en GM Silao fue sorprendido destruyendo boletas en la primera votación, el Mecanismo de Respuesta Rápida aseguró una votación justa. Después de que el contrato fuera rechazado, una nueva organización independiente, el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), ganó la representación en una votación de representación contra otros dos sindicatos. Desde entonces, han negociado buenos contratos. SINTTIA, que tiene una visión sindical industrial, ha ganado desde entonces un par de campañas en plantas de autopartes y recientemente organizaron una planta de altavoces Bose en Tijuana.

   AE: Ahora que se está renegociando el T-MEC, ¿cuál crees que es la mejor manera de mejorar este historial?

   JH: En primer lugar, el T-MEC es asimétrico. México está sujeto a estos términos, mientras que Estados Unidos y Canadá no. Esa sería la primera modificación que me gustaría ver. El T-MEC trata sobre el comercio, y las sanciones implican la eliminación de la exención arancelaria para los productos de los infractores. ¿Cómo sancionarías a una empresa de Estados Unidos? Tendría que establecerse un nuevo régimen de sanciones.

   AE: Pero ¿no es cierto que la cadena de suministro automotriz de Estados Unidos implica que las fábricas de automóviles en Estados Unidos exporten partes o componentes a las plantas de ensamblaje en México?

   JH: Sí, pero las disposiciones actualmente no se aplican a las empresas de Estados Unidos. Están pensadas para «hacer responsable a México», que fue la postura del movimiento sindical de Estados Unidos durante las negociaciones. En el proceso actual, las partes privadas presentan quejas ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales en el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL). Estas oficinas realizan una investigación preliminar utilizando a sus agregados laborales en México, de los cuales hay cinco, para determinar si encuentran un caso preliminar de violación de derechos. Los derechos están bajo la legislación laboral mexicana y las convenciones de la OIT, las cuales no tienen los trabajadores de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no reforma nuestras leyes laborales? ¿Por qué no ratifica las convenciones de la OIT?

   Si la USTR y el DOL encuentran un caso prima facie, solicitan al gobierno mexicano que realice una investigación. El gobierno mexicano tiene un periodo muy corto de tiempo para determinar si está de acuerdo con los hallazgos del gobierno de Estados Unidos. Si están de acuerdo, entonces se inicia una negociación entre los gobiernos de Estados Unidos y México para desarrollar un plan de remediación o un plan de acción. Este proceso ha sido exitoso en la mayoría de los casos.

   Pero creo que su éxito disminuirá. El gobierno mexicano está siendo cada vez menos receptivo y está comenzando a buscar formas de evitar una aplicación agresiva. Recientemente, han estado alcanzando acuerdos con las empresas acusadas antes de que se termine de elaborar el plan de remediación, tratando de adelantarse a un plan agresivo.

   Esta es la estrategia de México en la revisión del T-MEC. Ellos buscan simetría. Mi sugerencia sería un consejo compuesto por los tres gobiernos, con participación ciudadana, que escuche las quejas y aplique las mismas convenciones básicas de la OIT a los tres países.

   En México, con o sin el T-MEC, debería existir un movimiento sindical independiente que sea combativo, que organice, que tome acciones directas y que utilice la legislación laboral mexicana, que realmente es buena, para ampliar la representación legítima de los trabajadores en el país. Para que eso sea posible, se necesita una inversión de recursos, y México no cuenta con los recursos necesarios. No existe un Congreso de Organizaciones Industriales en México, así que he estado tratando de convencer a los sindicatos de Estados Unidos de que deberían brindar apoyo al movimiento sindical independiente mexicano.

   AE: ¿Qué monto consideras que sería una buena inversión inicial para el crecimiento del movimiento laboral en México? ¿Qué sindicatos podrían asumir esta tarea?

   JH: El Congreso de Estados Unidos asignó 180 millones de dólares para la implementación del T-MEC, de los cuales 150 millones fueron destinados a contratistas de diversos tipos para asistir a la Secretaría del Trabajo de México en el desarrollo de inspectores laborales y del sistema de justicia laboral; es decir, para la «creación de capacidades».

   Los últimos 30 millones de dólares estaban destinados al Solidarity Center de la AFL-CIO, donde yo trabajaba en ese momento. El dinero fue asignado y yo desarrollé un programa que esperaba que ayudara a construir un movimiento sindical combativo en México. El Departamento de Trabajo lo aprobó, pero ese uso de los recursos no fue respaldado por la dirección del Solidarity Center en México. Ahora, con la suspensión de la ayuda extranjera, ese dinero ha quedado congelado.

   Si se usa con inteligencia, creo que se podría obtener un gran retorno con una inversión mucho menor que esa. En México, un salario anual justo para un organizador sería de unos 30 mil dólares, dado el costo de vida allá. Una campaña con 100 organizadores costaría alrededor de 3 millones de dólares. En Estados Unidos, usamos la regla general de 800 trabajadores por cada miembro del personal, para que la organización se autofinancie a través de las cuotas de afiliación y derechos de inscripción en un período razonable. Esto significa que solo habría que afiliar a 80 mil personas para que la inversión se pague sola. Pero tiene que invertirse en organizadores mexicanos, no en expatriados estadounidenses que cuestan 100 mil dólares al año o más.

   Pero el apoyo sindical estadounidense a la organización y negociación colectiva de los trabajadores mexicanos no tiene por qué depender de la financiación del gobierno estadounidense ni de un costo de 30 millones de dólares. En la década de 1930, el CIO contrató a 100 organizadores en Estados Unidos, y en el periodo de cinco años entre 1935 y 1940, el movimiento obrero acumuló 5 millones de afiliados, duplicando su tamaño. En México, donde el salario y los gastos de un organizador a los niveles actuales costarían alrededor de 30.000 dólares, una campaña nacional de organización industrial podría llevarse a cabo con unos pocos millones de dólares. Con las leyes y autoridades laborales relativamente favorables, cierto apoyo financiero a los organizadores, la investigación industrial compartida y la coordinación estratégica de campañas tendrían el potencial de organizar a miles de trabajadores y cambiar el equilibrio de poder en la industria automotriz y otras industrias básicas.

   AE: ¿Crees que hay tantos trabajadores que podrían ser organizados? 

   JH: Definitivamente. En Puebla hay una planta de Volkswagen con 7 mil trabajadores y un sindicato independiente. Solo en un radio de 32.2 kilómetros alrededor de esa planta hay 70 mil trabajadores en fábricas de autopartes que suministran componentes. También hay una planta de Audi en la zona con otros 30 mil trabajadores en autopartes. General Motors tiene una planta en Coahuila con 7 mil trabajadores, rodeada de fábricas de vidrio, llantas, frenos, embragues y ejes. Todos ellos podrían ser organizados con un poco de inversión, buena investigación industrial y aprovechando las relaciones que ya tienen los sindicatos estadounidenses con esas corporaciones. Creo que el ánimo está ahí. Hay un gran descontento entre la clase trabajadora mexicana, especialmente en los sectores de autopartes, llantas, vidrio y otras industrias básicas. Ya hemos tenido victorias de sindicatos independientes en todos esos sectores, lo que indica que con un poco de inversión y solidaridad sindical internacional se pueden estimular campañas en otras plantas.

   Este ensayo fue traducido del inglés al español por Isabel Tamayo.

4. ¿Nunca más?

   abril 3, 2025 8:14 pm Comentarios desactivados en ¿Nunca más?

   Esta semana fue el aniversario de 61 años del golpe militar en Brasil, en medio de una coyuntura democrática liberal inestable en el país. Recientemente, el Supremo Tribunal Federal (STF) acusó a Jair Bolsonaro de un intento criminal de golpe de Estado en el contexto de las elecciones de 2022, un acontecimiento que ha puesto las memorias del terror de la dictadura militar en el centro del debate público, así como las amenazas actuales del autoritarismo. Hugo Fanton, editor de PW, conversó con Frei Betto, fraile dominico y escritor brasileño que fue encarcelado dos veces por la dictadura militar por su trabajo social y político. 

   Frei Betto participó en la creación de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs), una forma de organización incentivada por la Teología de la Liberación, que consistía en grupos reunidos en áreas específicas–ya sea favelas, escuelas o fábricas–para discutir la Biblia en el contexto de la realidad política y social que se vivía. Esto se convirtió en uno de los principales mecanismos de resistencia a la dictadura y de lucha por la democracia en el país. Frei Betto es también autor de libros que retratan esta experiencia, como Cartas desde la cárcel y Bautismo de sangre, obras que describen las acciones entre bastidores del régimen militar y los crímenes cometidos contra la humanidad.

   En un momento en que las fuerzas autoritarias avanzan no solo en Brasil sino también alrededor del mundo, ahora bajo el renovado liderazgo de Donald Trump en Estados Unidos, debemos recordar los procesos de transición que han resultado en el ascenso de autoritarios previos, y luchar para garantizar que los horrores del pasado no se vuelvan a repetir.

   Entrevista con Frei Betto

   Hugo Fanton: Este 1 de abril se cumplen 61 años del golpe militar en Brasil. ¿Podría contextualizar este golpe de Estado que dio lugar en 1964?

   Frei Betto: Después de la Segunda Guerra Mundial, marcada por la victoria de los Aliados contra el fascismo, hubo una ola de democratización, que llevó a los sectores populares a organizarse cada vez más y a reclamar sus derechos. En Brasil, Getúlio Vargas volvió al poder en 1950. Había gobernado el país bajo un régimen dictatorial durante 15 años, pero había concedido grandes beneficios a la clase trabajadora, por lo que fue considerado el «padre de los pobres». A principios de los años 50, sectores conservadores de la sociedad conspiraron para derrocar su régimen, porque no coincidían con las políticas distributivas que buscaban mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras. Después de un atentado fallido a su vida, la conspiración derechista llevó Vargas al suicidio en 1954. Así fue que Brasil entró en un periodo de gran inestabilidad política. 

   Sin embargo, a principios de la década de 1960, la cultura brasileña vivió un periodo de renovación: la música de bossa nova era “nueva”, el cine, la literatura, e inclusive la economía, todo era “nuevo”. Brasil vivió durante estos años un sueño febril progresista de emancipación, donde se le dio libertad a los movimientos sociales, como las ligas campesinas y el movimiento estudiantil. En resumen, fue un periodo efervescente, con mucha creatividad y muchos logros inesperados, tanto en la política como en la economía. Todo esto fue castrado por el golpe militar del 1 de abril de 1964, el cual derrocó al régimen progresista de João Goulart.

   Las políticas de João Goulart no tenían un tinte comunista. Él era un terrateniente demócrata, sensible a las demandas populares. Sin embargo, las clases dominantes no esperaban que este movimiento de la sociedad exigiera todo tipo de derechos, o que los sectores populares desafiaran los privilegios e intereses de las elites al exigir una reforma agraria. A diferencia de países vecinos, como Bolivia y Perú, en Brasil nunca se había dado una reforma agraria, a pesar de sus dimensiones continentales. Esta amenaza a los privilegios de las clases dominantes llevó al golpe de estado que inauguró la dictadura militar en Brasil, con apoyo de la Casa Blanca. Este tipo de colaboración ocurrió en todo el continente latinoamericano. 

   Como reacción al intento de reforma agraria presidido por Goulart, las Fuerzas Armadas, subvencionados y guiados por el gobierno de Estados Unidos, dieron el golpe de Estado de 1964, desmantelando así la Constitución brasileña e instaurando un régimen de terror que duró 21 años. Yo mismo fui víctima de sus horrores.

   HF: ¿Cómo afectó esto a su vida en aquel momento?

   FB: Fui detenido como dirigente estudiantil durante 15 días en junio de 1964, unos meses después del golpe de Estado. Luego, en 1969, ya trabajando como fraile dominicano, fui detenido de nuevo por mi labor de apoyo a la resistencia y a la lucha por la redemocratización del país. Permanecí en prisión cuatro años, hasta 1973. Fue un período de golpes militares generalizados en la región: Argentina, Uruguay, Chile, con mucha crueldad, torturas, desapariciones de quienes luchaban por otro sistema social, en este caso el socialismo, o por la mera redemocratización de sus países. Fue un período muy trágico en la historia de América Latina, todo financiado y patrocinado por la Casa Blanca. 

   Al comienzo de la dictadura, algunos líderes liberales y democráticos, como Rubens Paiva, retratado en la película “Aún estoy aquí” (2024) pensaban que el golpe sería sólo un período de reordenamiento de las clases dominantes, bajo la tutela de los militares. No pensaban que habría torturas, desapariciones, fusilamientos, en fin, toda la crueldad que se documenta en el libro «Brasil Nunca Mais», editado por el cardenal Dom Paulo Evaristo Arns y el pastor Jaime Wright. 

   A pesar de estas expectativas iniciales, la dictadura se recrudeció. El comportamiento de los militares se hizo cada vez más violento, asesino y genocida.  Sobre todo a partir del Acto Institucional nº 5 de diciembre de 1968, que muchos analistas consideran como el golpe dentro del golpe. A partir de ese momento las cosas empeoraron. Fue precisamente a partir de entonces cuando las fuerzas democráticas empezaron a resistir a los militares, a la dictadura, tanto por medios pacíficos como armados. Grupos y partidos empezaron a armarse para enfrentarse al poder militar de la dictadura. Esto supuso un gran desgaste para el régimen militar.

   HF: ¿Cómo fue el trabajo de resistencia a lo largo de los años setenta? ¿Qué destacaría del rol o la labor de la resistencia permanente y cotidiana, en un contexto extremadamente desfavorable? 

   FB: Hubo un periodo en que esta resistencia fue clandestina, ya fuera pacíficamente o mediante la lucha armada. Pero, a partir de mediados de los años 70, adquirió la dimensión de una lucha de masas a través de huelgas sindicales, sobre todo cuando el movimiento sindical, liderado por Lula, denunció que la política económica de la dictadura era falsa, una gran mentira para encubrir la dinámica real de la economía. Las grandes corporaciones sindicales empezaron a movilizarse, sacando a la calle a miles de personas para exigir derechos laborales. Esto fue socavando progresivamente los cimientos de la dictadura.

   El consenso que existía en la sociedad brasileña de que los militares habían librado al país del comunismo llegó a su fin a medida que la gente era cada vez más consciente de las atrocidades practicadas por los militares. Para que esto ocurriera, también fue muy importante la transformación del movimiento sindical, ya que al principios de la dictadura el sindicalismo oficial se oponía a la movilización popular. 

   Brasil siempre ha tenido organizaciones de base. Y a partir de los años 60, a través de los sectores progresistas de la Iglesia Católica, se formaron las Comunidades Eclesiales de Base (Cebs). Esta forma de organización le dio origen a lo que hoy se conoce como teología de la liberación. Las Cebs no llamaron la atención de la dictadura, porque las consideraba una cuestión religiosa. Fue un gran error por parte de los militares, porque las Cebs, partiendo de una lectura de la Biblia desde la perspectiva de los oprimidos y abrazando el método de la pedagogía liberadora de Paulo Freire, empezaron a formar militantes para movimientos populares, movimientos sindicales y, más tarde, movimientos partidarios. 

   Luego, entre los años 60 y 70, hubo una gran difusión del catolicismo progresista. Esta forma de organización de base se hizo presente en las favelas, fábricas y escuelas, dando lugar a una nueva forma de oposición sindical, el sindicalismo combativo, que acabó ocupando los espacios del sindicalismo que hasta entonces había estado ligado a la dictadura. Como resultado de esta organización social y de la lucha que emprendió, hubo una apertura para nuevos partidos en Brasil. Entre ellos, surgió el Partido de los Trabajadores (PT), liderado por Lula. 

   Este es el proceso que fue aglutinando a las fuerzas populares y socavando el régimen dictatorial, lo que condujo al declive de la dictadura, marcado por acontecimientos como el regreso de los exiliados y la creación de grandes asociaciones nacionales de organización de los trabajadores y las clases populares, como la Central Única dos Trabalhadores (CUT) y el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

   Ahora, lamentablemente, este proceso, esta acumulación organizativa, se ha perdido en los últimos años, lo que ha llevado a la elección de Bolsonaro y a un gran debilitamiento de las fuerzas progresistas. Al mismo tiempo, este debilitamiento forma parte de un fenómeno más amplio: el fortalecimiento de la derecha global. 

   HF: ¿Cómo se explica este nuevo auge del autoritarismo?

   FB: Una vez conquistada la democracia por el fracaso del propio régimen dictatorial, fracaso social, económico y político, pensamos que Brasil no volvería a tener un gobierno autocrático. Pero la situación mundial no siempre es lineal, es más bien cíclica. Y hoy, en mi opinión, estamos viviendo una ola, no de democratización de las naciones, sino de autoritarismo con sesgo fascista. 

   Esto ocurre en todos los continentes, y ahora se ha agravado con la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Ya no vale el chiste que se contaba en América Latina de que nunca había habido un golpe de Estado en Estados Unidos porque no hay embajada norteamericana en Washington. Trump intentó dar un golpe de Estado, pero ahora vuelve a la presidencia con un apoyo masivo de la población estadounidense y con pretensiones autocráticas.

   Este sesgo autoritario está de moda en todo el mundo y se debe a varios factores. Durante la Guerra Fría, existía una bipolaridad, con los países capitalistas hegemonizados por Estados Unidos y, en el Este, el socialismo, en la Unión Soviética y en China. Esto creó un cierto equilibrio de poder. Creo que la mayor conquista del socialismo no tuvo lugar en ningún país socialista, sino en Europa Occidental: las clases trabajadoras conquistaron muchos de sus derechos, garantizados por ley, porque la burguesía europea temía que los trabajadores abrazaran la vía del socialismo y del comunismo. El bienestar de la clase obrera en Europa nunca fue tan sólido como en este periodo de posguerra que duró hasta 1989.

   Con la caída del Muro de Berlín, la élite mundial se quitó la máscara. Y con el cambio del patrón de acumulación capitalista de la producción a la especulación, estas élites tienen ahora muchos más ingresos y poder. Hoy tenemos un mundo dominado, por un lado, por los especuladores y, por otro, por estas figuras del Big Tech que no producen nada, sólo procesan nuestro conocimiento e información, pero lo convierten en mercancías y poder. 

   Siempre hemos hablado de globalización y siempre he criticado esta expresión: lo que realmente tenemos es una globo-colonización, la colonización del planeta por un sistema de sociedad que es capitalista, un sistema hedonista, consumista, que convierte a los seres humanos en mercancías, porque nuestra dignidad intrínseca no vale nada, lo único que importa son los bienes que poseemos o los que no poseemos. Cuanto más bienes materiales poseemos, más aceptados somos en la sociedad. Hay un proceso acelerado de dominación, haciendo que los lazos sociales se deshagan cada vez más, debido a la creciente dependencia de los teléfonos móviles, todo se reduce a este pequeño aparato que no me exige tener relaciones cara a cara, asociativas, sindicales o partidarias. 

   Hay una fuerte tendencia al individualismo con las redes, porque se erosionan los lazos asociativos y, al mismo tiempo, se acentúa el narcisismo. La lógica de las redes y del posting produce un juego narcisista y una gran dependencia de estas Big Techs que no existen para facilitar nuestra comunicación sino para vender productos.

   HF: ¿Hay un paralelismo entre Bolsonaro y el golpe militar de 1964, entre ahora y lo que vivimos en la dictadura?

   FB: Sí, porque Brasil, a diferencia de Argentina, Chile y Uruguay, nunca ha castigado a sus torturadores y asesinos. Al contrario, ha creado un mecanismo extraño desde el punto de vista jurídico, que es la amnistía recíproca. En lugar de ser denunciados, juzgados y condenados, los torturadores y asesinos eran amnistiados al mismo tiempo que luchaban contra la dictadura. Esto significó que la cultura de la dictadura se preservó en los cuarteles del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina. Y consideran que el golpe de 1964 fue un avance, una revolución, y no la instauración de una dictadura. Bolsonaro es hijo de esta formación militar con fuerte sesgo nazi-fascista.

   Sin embargo, hoy en día, las Fuerzas Armadas se inclinan más por esta democracia burguesa limitada, no quieren volver a la dictadura. No veo ninguna posibilidad de un nuevo golpe. Ahora, veo la posibilidad, no de Bolsonaro, que es inelegible, sino de que alguien más de la misma formación militar sea elegido en 2026 como presidente de la República por la vía democrática. Creo que los progresistas tenemos que intensificar nuestro trabajo, porque el riesgo está ahí. Hay una tendencia en la sociedad brasileña a apoyar el nazifascismo que cunde entre estos grupos de Bolsonaro. Creo que hay un riesgo muy grande. Así que tenemos que volver al trabajo de base y ponernos las pilas con las redes digitales. Somos muy reactivos, no somos proactivos en las redes digitales.

   HF: ¿Qué impacto tiene la administración Trump en esta situación?

   FB: Trump va a gobernar autocráticamente, ignorando las leyes, a los jueces, como está haciendo ahora con la deportación de venezolanos a El Salvador. La cuestión es cómo reacciona la justicia estadounidense, hasta qué punto tiene fuerza para pararle los pies. Pero todo esto dependerá mucho del comportamiento de su gobierno. Ya, en sus dos meses de mandato, está generando una gran decepción. En 60 días de gobierno, su prestigio ya se está yendo por el desagüe. El desgaste es grande. La parte más sensible del cuerpo humano, que es el bolsillo, es lo que más pesa en Brasil, en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. ¿Qué impacto tendrá su gobierno en el bienestar de la gente? Es demasiado pronto para hacer una evaluación, pero pronostico un gobierno extremadamente autocrático, al borde de lo que sería una dictadura descarada.

5. Brasil en un orden mundial en limbo

   febrero 11, 2025 7:02 pm Comentarios desactivados en Brasil en un orden mundial en limbo

   La atención mundial ha sido capturada recientemente por las elecciones en el corazón del capitalismo: la contienda que resultó en la reelección de Donald Trump para un segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. Mientras tanto, en Brasil, los comicios municipales, a pesar de su carácter local, dieron indicios del porvenir politico, especialmente sobre la disputa presidencial de 2026. En octubre de 2024, los votantes brasileños acudieron a las urnas para elegir alcaldes y concejales. Entre las disputas, la de São Paulo fue quizás la más reveladora. Además de ser el principal colegio electoral del país, la ciudad exhibió posibles tendencias políticas, como el ascenso de un nuevo liderazgo de extrema derecha—el antes desconocido Pablo Marçal—y la unificación de todas las fuerzas a la derecha del centro para derrotar a la izquierda.

   Para abordar los resultados electorales y reflexionar sobre el momento actual, Hugo Fanton, editor de Phenomenal World, conversó con André Singer, profesor titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de São Paulo (USP). La entrevista, realizada el 13 de diciembre de 2024, explora la relación entre la estructura de clases y el comportamiento político en Brasil; analiza las autocracias de Trump y Bolsonaro y el recrudecimiento del sesgo fascista en la coyuntura actual; y examina el “mimetismo” reciente entre Estados Unidos y Brasil. Además, presenta reflexiones a partir del libro O Segundo Círculo (Editora Unicamp), publicado en Brasil en septiembre pasado, para pensar las relaciones entre centro y periferia en tiempos de guerra. La referencia al infierno de Dante sugiere un agravamiento de la crisis, desde 2008, a niveles cada vez más aterradores, lo que intensifica los flagelos sufridos por los pueblos y reduce las posibilidades de salidas pacíficas. Para caracterizar este momento, se defiende el uso del término “interregno”, en referencia a las disputas por la dirección global y la formación de nuevas relaciones de hegemonía.

   Entrevista con André Singer

   Hugo Fanton: El desempeño de Pablo Marçal en las elecciones municipales de São Paulo llamó la atención de todo el país el año pasado. ¿Es su victoria síntoma de alteraciones en el panorama político brasileño? ¿Qué podemos esperar para las elecciones presidenciales de 2026?

   André Singer: Pablo Marçal, un influencer de internet, fue un candidato inesperado, no previsto por los actores políticos. Surgió de la nada, apoyado por un partido que no tiene representación en el Congreso Nacional, pero alcanzó un millón setecientos mil votos. Fue una votación extraordinaria en la contienda electoral más importante del año: la de la ciudad de São Paulo, el mayor colegio electoral del país, de un tamaño comparable, por ejemplo, al de Portugal. Por muy poco—una diferencia de apenas 50 mil votos—no llegó a la segunda vuelta. Esto evidenció cuestiones que no estaban claras dentro del campo de la derecha en el espectro político: un hombre joven, de 37 años, sin ningún respaldo más allá de su propia capacidad de comunicación, logró movilizar al electorado de extrema derecha en São Paulo contra Jair Bolsonaro. No en el sentido de oponerse a Bolsonaro, sino de ser independiente, porque Bolsonaro ya había sellado una alianza con el candidato del Movimiento Brasilero Democrático (MDB), el alcalde de la ciudad, Ricardo Nunes.

   Para ser reelegido, Nunes nombró como vicealcalde a un aliado de Bolsonaro, proveniente de la Policía Militar, con el objetivo de consolidar una alianza formal no solo con el partido de Bolsonaro—el Partido Liberal (PL)—, sino con el propio Bolsonaro. Cuando Marçal comenzó a subir en las encuestas, Bolsonaro se encontró en una situación complicada. En un primer momento, intentó desautorizar a Marçal a favor de Nunes. Sin embargo, las bases bolsonaristas se rebelaron contra Bolsonaro y lo obligaron a dar marcha atrás, intentando conciliar con Marçal en oposición a Nunes. 

   En ese momento, la candidatura de Nunes se vio seriamente amenazada por el posible abandono de las bases bolsonaristas. Fue entonces cuando emergió la figura que, a mi parecer, fue la gran ganadora de todo el proceso electoral de 2024: el gobernador del estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Él fue el gran impulsor de la candidatura de Nunes. Sin embargo, Tarcísio tiene una deuda con Bolsonaro porque, a pesar de no haber sido nunca un político—era un administrador que incluso trabajó en el gobierno de Dilma Rousseff—, fue elegido en 2022 como candidato al gobierno del estado gracias a la designación de Bolsonaro, quien le aseguró la victoria con el apoyo masivo del bolsonarismo en el interior del estado. Ahora, en 2024, Tarcísio se vio obligado a tomar una decisión: respaldar a Nunes o a Marçal y Bolsonaro. Optó por el primero, y eso salvó la reelección de Nunes, llevando al propio Bolsonaro a retractarse de su apoyo a Marçal y asumir una postura más neutral. En la práctica, Bolsonaro tuvo que distanciarse de las elecciones en São Paulo porque no logró encontrar una posición adecuada. Sin embargo, aunque Tarcísio se posicionó en contra de Bolsonaro en ese momento, nunca dejó de insistir en la necesidad de reincorporarse a la candidatura de Nunes. Es decir, Tarcísio comprendió que, si la derecha se unifica, puede ser competitiva.

   Tarcísio representa lo que yo llamo el “bolsonarismo Shrek”: no exhibe los mismos rasgos de radicalismo que Bolsonaro o Marçal. Es una figura híbrida, proveniente del campo de la extrema derecha, pero que se presenta de otra manera, quizás de forma más aceptable para la derecha no extremista. El alcalde Ricardo Nunes sigue el mismo perfil. No es una figura de extrema derecha, pero ha adoptado varias de sus banderas porque también entendió que la unidad es indispensable.

   Las elecciones municipales de São Paulo pueden entenderse, relativamente, como un anticipo de elementos que podrían repetirse en las presidenciales de 2026. Por supuesto, Brasil es diferente de São Paulo, por lo que no debe haber una extrapolación automática. Sin embargo, algunos aspectos de lo ocurrido aquí podrían ser útiles para comprender ciertos factores de 2026. La elección de 2024 demostró la fuerza de la extrema derecha tras la derrota de 2022. Fue la primera vez que la extrema derecha volvió a las urnas y se mostró potente—no lo suficiente para ganar, pero sí para competir. Y dejó claro que, sí hay unidad, la derecha puede ganar la elección.

   HF: ¿Cuáles son los impactos de las victorias municipales del partido del interior, es decir, los partidos de las áreas rurales de Brasil, en relación con los sectores de la derecha tradicional y la “confederación bolsonarista”? ¿Está en marcha un un distanciamiento gradual de la figura de Bolsonaro o será que el escenario poselectoral apunta a una reafirmación de la extrema derecha y a Bolsonaro como el polo aglutinador de las derechas en el país? ¿Es posible, desde ya, vislumbrar una reedición de la disputa entre el lulismo y un candidato directamente respaldado por Bolsonaro?

   AS: El realineamiento electoral, tal como propuse en 2006,1 Singer, A. (<)em(>)Os sentidos do Lulismo(<)/em(>): reforma gradual e pacto conservador. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. sigue vigente, sobre todo en lo que respecta a la base de la pirámide social, que ha dado varias señales de que continúa siendo lulista. Una de esas señales es la evaluación del gobierno de Lula realizada por Datafolha a principios de octubre pasado: en el conjunto del electorado, la aprobación como “óptimo y bueno” es del 36 por ciento. Sin embargo, en la base de la pirámide, esta proporción sube al 46 por ciento. En todos los otros segmentos que no forman parte de la base de la pirámide, ronda alrededor de 27 por ciento. Es una diferencia considerable. Es como si el país estuviera dividido en dos bloques, en dos mitades sociales, donde la mitad inferior apoya al gobierno y la mitad superior tiende a no apoyarlo. Esto me lleva a pensar que el lulismo sigue en pie. Otro elemento que apunta en esta dirección es que la única victoria importante del PT en las elecciones municipales fue en Fortaleza, una de las principales capitales del Nordeste, que es el centro del subproletariado, esa fracción de clase que está, técnicamente, en la base de la pirámide. En este sentido, el realineamiento persiste. Sin embargo, la novedad radica en un desplazamiento dentro del campo de la clase media, que comenzó, desde el punto de vista partidario, con el vaciamiento del Partido Socialdemócrata de Brasil (PSDB) y la migración de estos sectores hacia la extrema derecha a partir de 20162El PSDB fue fundado en 1988 luego del fin de la dictadura. En 1994, el partido apoyó la candidatura presidencial de su cofundador, Fernando Henrique Cardoso, que llegó a ser el primer presidente de Brasil elegido por un segundo término de cuatro años. Desde 2016, el partido ha perdido su importancia en la escena nacional. 

   Uno de los factores en juego—y que también quedó muy claro en las elecciones municipales de 2024—es el intento de Bolsonaro de construir, por primera vez, un partido que organice y sustituya al PSDB: el PL. Hasta ahora, él se había negado a hacerlo. Primero, se afilió al Partido Social Liberal (PSL) del cual se desvinculó durante su mandato. Luego, lanzó un partido propio que, abandonado en el camino, terminó disolviéndose. Finalmente, se unió a un partido de larga trayectoria, el PL, cuya principal dirigencia se ha dispuesto a convertirse en el gran organizador del bolsonarismo. Ahora, el bolsonarismo cuenta con un vehículo partidario que tuvo un buen desempeño en las elecciones. Es el partido que disponía de más recursos del Estado para hacer campaña, gracias a su mayor bancada en la Cámara de Diputados, y obtuvo buenos resultados en octubre. 

   Pero esto tiene un precio: como cualquier fuerza que entra de lleno en el juego institucional, hay un efecto de normalización. De alguna manera, es atraída hacia las reglas, implícitas o explícitas, del juego electoral. En el caso brasileño, la regla implícita es que estos partidos deben comportarse como lo que Fernando Henrique Cardoso, cuando aún era solo un científico político hace 40 años, llamaba un “partido ómnibus”: partidos que no tienen una identidad homogénea, en los que se puede entrar y salir en cualquier momento, y que, por lo tanto, tienen secciones regionales y locales con características muy distintas entre sí. Esto da lugar a situaciones muy extrañas, pero que ocurrieron en estas elecciones, como alianzas locales entre el PL y el PT. Es algo poco común, pero sucedió en Brasil, lo que da una idea a los observadores extranjeros de la complejidad de la vida partidista brasileña. 

   El PSDB fue reemplazado en parte por el PL, pero también, en parte, por el Partido Social Demócrata (PSD), dirigido por un político de trayectoria tradicional, Gilberto Kassab. En el estado de São Paulo, sobre todo en el interior, el PSD ha venido absorbiendo la antigua maquinaria del PSDB, que sigue siendo muy fuerte y cuenta con una estructura consolidada en un estado de la federación con gran poder político. Con ello, estamos presenciando una reconfiguración en el campo hacia la derecha del centro político. Por un lado, la extrema derecha ha conseguido un vehículo partidario y, por otro, se ha fortalecido un partido del llamado “centrão”, que es el término usado para lo que yo, en términos conceptuales, denomino el “Partido del Interior”, representado por el PSD, que no pertenece a la extrema derecha. El desafío para la derecha es determinar si habrá unidad entre el PSD y el PL. Tal como ocurrió en São Paulo, la derecha y la extrema derecha pueden presentarse separadas en la primera vuelta y unificarse en la segunda.

   Ahora bien, ¿cuáles son las incógnitas por los momentos? Primero, si Bolsonaro va a insistir en ser candidato, aunque esté jurídicamente inhabilitado para competir. Hay varias señales de que sí, y en esto le sigue el ejemplo al expresidente Lula en 2018: aunque fue excluido de la contienda, dejó hasta el último momento el reconocimiento de que no podría postularse y solo entonces designó a Fernando Haddad como su sustituto. Esto crea muchas complicaciones para la candidatura, porque, por ejemplo, si Tarcísio quiere postularse a la presidencia de la República, deberá convertirse en un nombre de alcance nacional y, para ser reconocido, necesita moverse en el escenario político. Sin embargo, si Tarcísio se lanza abiertamente, confrontará a Bolsonaro y, con ello, entrará en contradicción con una de sus premisas fundamentales, que es acertada: separada, la derecha pierde; necesita unificarse. Esta es la ecuación que Tarcísio debe resolver. La otra gran incógnita es si Marçal, o algún candidato similar, podría replicar a nivel nacional lo que ocurrió en la ciudad de São Paulo. Es una pregunta difícil, porque Brasil no es São Paulo. Brasil es un país continental, gigantesco, muy heterogéneo, con características diversas según la región, la religión, la edad, el género, entre otros factores. Pero no es imposible, como lo han demostrado fenómenos políticos anteriores como Jânio Quadros, Fernando Collor y el propio Bolsonaro.

   HF: ¿Cuál es la relación entre esta dinámica de las fuerzas políticas y la estructura de clases del país? 

   AS: Primero, la base de la pirámide. Como mencioné antes, creo que el lulismo sigue en pie en este sector. Por ejemplo, una de las victorias más significativas en Brasil fue la de João Campos (PSB) en Recife, quien lideró la coalición que apoyó a Lula en 2022 y que contó con su respaldo nuevamente en 2024. Recife es una de las principales capitales del país desde el punto de vista político. Ya hablamos de la victoria específica del PT en Fortaleza, y también está el triunfo de Eduardo Paes (PSD) en Río de Janeiro, donde, con el apoyo de Lula, la coalición ganadora infligió una derrota importante a Bolsonaro en su cuna política y principal bastión. No es poca cosa. El bolsonarismo sigue siendo muy fuerte en el sur del país, donde ganó en las tres capitales, y tuvo una victoria significativa en el Centro-Oeste, además de un buen desempeño en algunas capitales del Nordeste. No obstante, tanto las elecciones como las encuestas muestran que la base de la pirámide sigue alineada con el lulismo por los momentos.

   El segundo escalón corresponde a aquellos que, según los institutos de investigación, tienen ingresos familiares mensuales de entre 2 y 5 salarios mínimos. Aquí comienza a notarse una división clara. La candidatura de Pablo Marçal en São Paulo tuvo una presencia significativa en este sector. Sin embargo, su mayor apoyo provino de quienes tienen ingresos más altos. La extrema derecha crece en función de la renta. Lo mismo ocurrió con Bolsonaro. En este sentido, hay una oposición de clase al lulismo: cuanto mayor es el ingreso, más se oponen estos sectores intermedios a la base de la pirámide. Esta es la contraposición fundamental en juego desde el punto de vista social. Los que ganan entre 2 y 5 salarios mínimos son muy relevantes en términos numéricos, representando más del 30 por ciento del electorado brasileño, mientras que más del 40 por ciento se encuentra en la base de la pirámide. Estos dos segmentos son los que deciden la elección, ya que los de ingresos más altos no tienen el peso numérico suficiente para influir en el resultado. Pero este sector de 2 a 5 salarios mínimos está dividido. La extrema derecha tiene influencia en aquí, pero no ha logrado capturarlo por completo—sigue siendo un espacio en disputa. De hecho, diría que este es el sector que definirá la elección de 2026.

   En tercer lugar, tenemos el segmento de los sectores intermedios, aquellos con ingresos familiares mensuales superiores a 5 salarios mínimos. Aquí también hay una división, que es triple: entre la extrema derecha, la derecha y una pequeña franja de clase media progresista. En São Paulo, la candidatura de izquierda de Guilherme Boulos tuvo dificultades en la base de la pirámide y mostró un crecimiento entre los sectores de mayor ingreso, de forma similar a la primera configuración del PT hasta 2002.

   Finalmente, el cuarto escalón corresponde a las clases dominantes, que ni siquiera aparecen en las encuestas de opinión. No tienen importancia numérica, pero sí estructural en términos de clase. Creo que una parte de la clase dominante ya ha consolidado su apoyo a la extrema derecha, especialmente el sector vinculado al agronegocio. El PL, por ejemplo, tuvo un excelente desempeño en las ciudades con mayor facturación en el agronegocio. Esto también se aplica al empresariado del comercio y la construcción civil, sectores económicamente influyentes. La gran incógnita es qué hará la burguesía cosmopolita, ya que en 2022 se alió con la candidatura de Lula con muchas dificultades, como he analizado en otros trabajos.3 Singer, A. Lula’s return. (<)em(>)New Left Review(<)/em(>), v. 1, p. 5-32, 2023. Este sector del empresariado más moderno decidió respaldar a Lula en la segunda vuelta de 2022 en un contexto de gran tensión e incertidumbre, que persiste hasta hoy. Los dos primeros años de su mandato han estado marcados por un debate central en el gobierno: la cuestión de la austeridad. Este sector de la burguesía exige un recorte del gasto público que sea compatible con lo que ellos consideran un equilibrio fiscal que garantice estabilidad para esta fracción del capital. Se trata de una coalición muy frágil y profundamente dividida, de modo que podría surgir una candidatura con características aparentemente de derecha—pero no de extrema derecha—que resulte atractiva para esta burguesía cosmopolita. Esta incógnita seguirá sin resolverse en los próximos dos años.

   HF: Al abordar los fenómenos de Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, usted presentó la idea de “autocracia con sesgo fascista”. ¿Podría explicar, en términos generales, este concepto y cómo debemos entenderlo ahora a la luz de los nuevos acontecimientos: la elección de un Trump aún más radicalizado y, en el caso de Brasil, tanto el fenómeno de Marçal como los impactos de la inelegibilidad y los procesos judiciales contra Bolsonaro?

   AS: Desde el punto de vista empírico, lo que se pudo comprobar durante el gobierno de Bolsonaro es una tendencia hacia un régimen autocrático. No tengo elementos empíricos para afirmar que avanzaba hacia un régimen de tipo fascista, pero sí autocrático, en un sentido específico, ya que estaba orientado hacia su propio fortalecimiento. Entiendo “autocrático” en un sentido muy particular: un tipo de régimen centrado en la figura del líder. Esto lo diferencia, por ejemplo, del régimen militar tecno-burocrático de 1964, que no tenía un liderazgo destacado y se organizaba en torno a un aparato institucional. El sesgo fascista radica en haber activado, o intentado activar, el inconsciente de las masas. Y digo “masas” deliberadamente, porque la idea de activación del inconsciente proviene del análisis que hizo la Escuela de Frankfurt del fascismo histórico, y este inconsciente atraviesa las clases sociales. Por supuesto, puede seguir existiendo una base de clase, pero no se restringe a ella, porque se comunica directamente con el inconsciente. En este tipo de comunicación que activa el inconsciente, el individuo que la recibe no es consciente de ello; es un tipo de comunicación que no es racional. Es por esto que surge lo que Adorno llama un “sistema delirante”. Por ejemplo, en 2021, las redes bolsonaristas comenzaron a difundir que la mayoría de los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) estaban recibiendo dinero de China para viabilizar la rehabilitación jurídica del expresidente Lula y, con ello, esclavizar al pueblo brasileño a China. Esto no se presentó como una metáfora, sino como un hecho. Y ese “hecho” es completamente delirante: coloca a quienes creen en él en una esfera inaccesible para aquellos que intentan dialogar de manera lógica. 

   Es la misma esfera en la que se encuentran las personas que creen que la Tierra es plana. Pero no sirve de nada debatir, porque quienes creen en ello no lo hacen por razones conscientes, racionales o lógicas. Creen porque este tipo de discurso es el reflejo de una activación inconsciente. Esto no existía en la política brasileña antes de la llegada de Bolsonaro. Es una novedad que caracteriza el sesgo fascista.

   Sigo la política de Estados Unidos desde la distancia, por lo que puedo estar equivocado, pero mi impresión es que la victoria de Trump en noviembre pasado se dio en un contexto de agudización de este sesgo fascista. Mi análisis está centrado en Brasil, pero, ya que se ha hecho la pregunta, me arriesgo a dar una opinión sobre Estados Unidos. ¿Por qué hablo de una intensificación del sesgo fascista? Porque, por ejemplo, al prometer la deportación de millones de personas, Trump está participando activamente de este sistema delirante. Recordemos la fábula que circuló en las redes de que los inmigrantes estaban devorando mascotas en el interior de Estados Unidos: eso es parte de un sistema delirante, ¿verdad? Así que, dado que estamos frente a este tipo de fenómeno—diferente de lo que tradicionalmente aprendimos en el análisis político—, es difícil prever qué hará Trump cuando asuma el cargo. Sin embargo, a juzgar por el tono de su campaña, estamos ante una profundización de este sesgo fascista.

   En el caso de Brasil, entiendo que este rasgo fue plenamente adoptado en la campaña de Pablo Marçal en la elección de São Paulo. Fue una candidatura de extrema agresividad. No una agresividad lógica, sino una diseñada para impactar el inconsciente, al punto de que este candidato lanzó insultos y provocaciones a los demás contendientes en tal medida que, durante un debate público—para conocimiento de los lectores extranjeros—, recibió un golpe con una silla de otro candidato. Marçal llevó esta violencia incluso a otro debate posterior, en el que uno de sus asesores golpeó al publicista de la campaña de otro candidato. Estos episodios, que podrían parecer meras anécdotas, en mi opinión, forman parte de un tipo de comunicación que es mucho más efectiva que las simples palabras. Son actos de gran violencia que activan el inconsciente de las masas. Por eso, el fenómeno Marçal es muy significativo: evidencia la existencia de un espacio social para este tipo de política, que defino como de sesgo fascista.

   HF: El libro publicado en septiembre pasado, O Segundo Círculo, busca situar a Brasil en el mundo. ¿Cómo se posiciona el país hoy en comparación con el período de inicios de los años 2000? ¿Cómo pensar a Brasil en este nuevo escenario de una posible bipolarización entre China y Estados Unidos?

   AS: Como país periférico, Brasil sufre hechos que emanan del centro del sistema, pero, al mismo tiempo, los procesa de acuerdo con su propia estructura de clases. Como mostró el profesor Fernando Rugitsky en su libro “O Brasil no Inferno Global», en este momento, Brasil tiende a ocupar la posición de proveedor de materias primas, más o menos procesadas, para su uso industrial en Asia. Hablando en términos metafóricos, Brasil está volviendo a ser el granero del mundo, o al menos de una parte del mundo. 

   Mientras tanto, el tercer vértice de este triángulo—Estados Unidos y Europa—sigue controlando el sistema global mediante mecanismos financieros. Lo que no sabemos es si la bipolarización entre Estados Unidos y China, que fue el tema central de “O Segundo Círculo», generará inversiones industriales chinas o del bloque Estados Unidos.-Europa en Brasil. Hasta ahora, ha habido algunas inversiones industriales chinas en el país, como la planta de BYD en Camaçari. No estoy seguro de si estos proyectos tienen la escala suficiente para señalar un cambio estructural o una reversión de la tendencia predominante, que es la desindustrialización. Del mismo modo, no tengo conocimiento de una transferencia significativa de tecnología avanzada, lo cual sería fundamental para considerar la posibilidad de revertir esta tendencia. La misma pregunta se plantea con respecto al bloque liderado por Estados Unidos en oposición a China, porque Brasil, siendo un actor relevante en el escenario internacional, podría beneficiarse de esta división negociando concesiones con ambos lados para avanzar en lo que ha sido un proyecto histórico de una parte de la sociedad brasileña: salir definitivamente del llamado “atraso”.

   En comparación con los inicios de los años 2000, cuando Lula ganó su primera elección presidencial, la gran novedad es que Brasil está mucho más desindustrializado y reprimarizado. Esto explica, en parte, que la confederación bolsonarista haya sido derrotada en 2022 por menos de un 1 por ciento de los votos, a pesar de la catástrofe humanitaria que representó la gestión de Bolsonaro frente a la pandemia de Covid-19. También hay una transformación estructural hacia una economía más orientada a los servicios en detrimento de la industria, algo que está directamente relacionado con la confederación bolsonarista, que agrupa fracciones de la clase dominante vinculadas al agronegocio y al sector servicios. Por lo tanto, hoy, la situación desde el punto de vista de un proyecto de desarrollo es mucho más difícil que hace 20 años.

   Desde la perspectiva de la redistribución del ingreso, el impacto también ha sido negativo, porque, debido a la precarización del trabajo, las perspectivas de mejores empleos, mejores salarios e incluso de una prosperidad en un entorno de justicia social para los emprendedores—dado que el emprendimiento es hoy un fenómeno relevante dentro de la clase trabajadora—se han vuelto cada vez más remotas. Lo que ha crecido en Brasil es el trabajo precarizado, una explotación más agresiva de la mano de obra y la creciente ocupación de espacios por parte del crimen organizado. El desafío de cómo articular un nuevo programa frente a esta coyuntura actual es, diría yo, una de las cuestiones más angustiosas de este momento.

   HF: En el primer capítulo del libro usted defiende el uso de la palabra “interregno” para pensar la crisis global. ¿Podría comentar cuál es el aporte analítico de emplear este concepto?

   AS: La propuesta del artículo es que pensemos el interregno, en términos de Gramsci, como un período de lucha entre fuerzas que aún no tienen hegemonía, pero que buscan alcanzarla. Por lo tanto, se trata de un enfoque propiamente político, que considera el interregno como un periodo de disputa entre estas fuerzas. Intentamos interpretar el fenómeno de Biden como un nuevo americanismo, es decir, como el intento de organizar una nueva dirección política. Creo que este planteamiento no pierde validez con la derrota electoral, porque, de hecho, en la primera mitad de su gobierno, Biden incorporó algunas de las banderas de la izquierda del Partido Demócrata, a pesar de no haber pertenecido nunca a ese campo. En un escenario de disputa por una nueva dirección, Biden articuló un programa que consideramos una posible propuesta de nuevo americanismo. El problema es que esta dirección perdió la elección. Ahora estamos en un momento distinto, en el que es necesario comprender por qué perdió, por qué esta estrategia no logró consolidarse. Lo cierto es que, en la lucha interna, fue derrotada por otra corriente, el trumpismo, que ahora presentará una contra-dirección para intentar resolver los problemas que la anterior no pudo abordar. 

   Por ejemplo, hay un conjunto de análisis que señalan la difícil condición de vida del ciudadano medio estadounidense, sin mencionar a los sectores situados en la base de la pirámide en Estados Unidos, que es distinta de la brasileña. ¿Cómo abordará Trump este escenario? Si seguimos la idea del interregno, entendemos que esta nueva fuerza política busca ofrecer otra dirección. También podríamos pensar en términos globales: ¿qué dirección ofrece China? Estamos hablando de un proceso de liderazgo que se proyecta simultáneamente hacia el interior de los países y hacia el exterior, lo cual fue precisamente lo que Biden intentó articular, aunque de manera contradictoria, con una política social progresista hacia el interior y una postura beligerante hacia el exterior. Sería pertinente analizar también qué está proponiendo China para el Sur Global y, al mismo tiempo, para su propia economía. La cuestión central es cómo se articula todo esto desde el punto de vista de las fuerzas que compiten por la hegemonía mundial. Creo que la utilidad de la idea de interregno radica en su enfoque en las líneas de conflicto entre fuerzas políticas que compiten en un periodo en el que no hay una hegemonía claramente definida.

   HF: En ese mismo libro aparece la idea de paralelismo entre Brasil y Estados Unidos, un mimetismo reciente entre ambos países. Tocamos un poco este tema a través del concepto de autocracias de sesgo fascista, es decir, el paralelismo entre Trump y Bolsonaro. ¿Podría presentar, en términos generales, los principales aspectos de este paralelismo y su implicación para comprender el lugar de Brasil en el mundo?

   AS: Lo que nos llevó a la idea de mimetismo fue la constatación de que, desde 2016, la política brasileña comenzó a parecerse a la política estadounidense. Fundamentalmente, porque el expresidente Jair Bolsonaro, a partir de cierto momento, comenzó a copiar literalmente todas las acciones de Trump, en algunos casos hasta en los detalles. El punto culminante de este proceso de imitación fue el levantamiento del 8 de enero de 2023, cuando una multitud brasileña invadió y destrozó las sedes de los tres poderes en Brasilia, imitando lo que ocurrió el 6 de enero de 2021 con la invasión del Capitolio en Estados Unidos. Fue una especie de performance imitativa con consecuencias extraordinarias, ya que muchas de esas personas siguen en prisión hasta hoy, pagando un precio altísimo por participar en este sistema delirante. Ese episodio fue el clímax de un largo proceso de copia. 

   A partir de ahí, nuestra investigación nos llevó por caminos diversos. Por ejemplo, el filósofo Roberto Mangabeira Unger sostiene que no hay país en el mundo más parecido a Estados Unidos que Brasil, dado el grado de aislamiento de ambos países, sus dimensiones continentales, su mirada predominantemente hacia dentro y su relativo aislamiento del resto del mundo. Es importante recordar que Brasil tiene una tradición histórica de dar la espalda a América Latina y mirar primero hacia Europa y luego hacia Estados Unidos. También es un hecho que Brasil ha copiado históricamente fórmulas norteamericanas, como la adopción del presidencialismo, aunque esto también es común en otros países de América Latina. Finalmente, hay un elemento más actual y que es el núcleo de la discusión: ambos países han experimentado un proceso de desindustrialización paralela.

   Por supuesto, Estados Unidos es el centro del sistema y Brasil es un país periférico, por lo que sus dinámicas son diferentes. Sin embargo, curiosamente, ambos han atravesado un proceso de desindustrialización y, como consecuencia, han visto el fortalecimiento relativo del agronegocio en su estructura política. A partir de esto, surge una pregunta clave: ¿qué significa que las regiones interiores de ambos países se vuelvan hacia la extrema derecha? Este es un elemento estructural que puede ayudar a comprender lo que llamamos este extraño mimetismo, porque, a pesar de las similitudes, Brasil y Estados Unidos son países muy distintos. Uno es central y el otro es periférico, tienen formaciones sociales diferentes y tradiciones políticas divergentes. Un ejemplo de ello es que Estados Unidos tiene un sistema históricamente bipartidista, mientras que Brasil presenta un multipartidismo extremo con una fragmentación partidaria sin comparación. Entonces, ¿qué explica estas extrañas similitudes que hemos estado viendo? Creo que un factor clave es la desindustrialización. Esta discusión también nos lleva a formular hipótesis sobre hasta qué punto la victoria de Trump en Estados Unidos podría influir en Brasil. Estos canales de comunicación entre ambos países no existían antes, pero ahora deben ser observados con mucha más atención.

   HF: Frente a este escenario, ¿cómo podemos reflexionar sobre la izquierda y el futuro de la izquierda en Brasil?

   AS: En términos coyunturales, veo tres grandes desafíos. El primero es prestar mucha atención al impacto de los recortes presupuestarios en programas que garantizan ingresos y beneficios para la base de la pirámide, ya que esto podría tener un efecto fatal para el lulismo, que se sostiene fundamentalmente en este sector. Posibles recortes en el salario mínimo, en el Beneficio de Prestación Continuada o en el abono salarial, que van dirigidos directamente a la base de la pirámide, deben ser observados con el máximo cuidado desde una perspectiva política. 

   El segundo desafío es responder a la percepción, compartida tanto en Estados Unidos como en Brasil, de que el aumento del costo de vida está afectando no solo a la base de la pirámide, sino también al segmento inmediatamente superior, es decir, aquellos que tienen ingresos familiares de entre 2 y 5 salarios mínimos mensuales. Este impacto es tan fuerte que incluso los indicadores agregados de la economía parecen irrelevantes para la población. Hay crecimiento económico, disminución del desempleo y aumento de la masa salarial, pero cuando se realizan encuestas, el pesimismo sobre la economía sigue creciendo. Esto sugiere que, para el ciudadano común, la vida sigue siendo muy difícil. Esta percepción puede estar relacionada con la ola de inflación en el costo de vida a nivel mundial, derivada de la disrupción de las cadenas productivas por la pandemia de covid-19 y, posteriormente, por las guerras. Los precios del petróleo y la energía impactan toda la estructura de precios y, en particular, el costo de vida. Por lo tanto, el segundo desafío es diseñar políticas de defensa de la economía popular para evitar que los efectos de la economía global sigan golpeando a los sectores de menor ingreso. 

   El tercero, y más difícil, es formular un programa capaz de disputar el voto de quienes tienen ingresos de entre 2 y 5 salarios mínimos mensuales. No son la base de la pirámide, pero son trabajadores altamente precarizados. Por ejemplo, un repartidor de aplicación que trabaja en motocicleta en São Paulo no se encuentra en la base de la pirámide. Puede parecer contraintuitivo, pero en el caso brasileño, pertenece al sector intermedio, no al de los más pobres. ¿Cuál es el proyecto que puede disputar a este electorado que mostró una fuerte inclinación a apoyar a Marçal en São Paulo? Tiene que ser un proyecto de desarrollo nacional. No puede ser otra cosa que un proyecto de desarrollo. Pero, ¿cómo pensar un proyecto de desarrollo en un contexto global tan adverso como el que describí antes? Para terminar con una ironía, diría que es algo que hay que hacer ya. Pero, ¿cómo hacerlo? No lo sé.

   Esta entrevista fue traducida del portugués al español por Aminta Zea.

6. Liberalismo reciclado

   febrero 6, 2025 2:23 pm Comentarios desactivados en Liberalismo reciclado

   Desde 1999, Mercosur y la Unión Europea (UE) negociaban un acuerdo de asociación birregional en tres aspectos: comercial, político y de cooperación. En diciembre de 2024, tras un cuarto de siglo de negociaciones, se anunció su conclusión durante la cumbre de Mercosur en Montevideo, con la presencia de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. El acuerdo aún debe someterse a una revisión jurídica antes de ser enviado para la aprobación de los órganos competentes. Por decisión de la Unión Europea, la aprobación se dividió: la parte comercial del acuerdo depende únicamente del Parlamento Europeo, mientras que los componentes político y de cooperación deben ser tramitados en los parlamentos nacionales. Del lado de Mercosur, el texto debe ser aprobado por todos los parlamentos nacionales, pero el acuerdo puede entrar en vigor bilateralmente entre la UE y cualquier país del bloque sudamericano que lo ratifique. 

   Una versión anterior del acuerdo había sido anunciada en 2019, bajo el liderazgo particular, del lado de Mercosur, de Jair Bolsonaro. Sin embargo, las negociaciones de ese año fueron abandonadas tras nuevas exigencias ambientales por parte de la Unión Europea, que encontraron resistencia en el entonces presidente brasileño, pero fueron interpretadas como proteccionistas incluso por sectores progresistas del Mercosur. Con el nuevo gobierno de Lula, las negociaciones se reanudaron en 2023. Aunque el nuevo texto es más moderado, sigue recibiendo críticas de organizaciones y gobiernos en ambos lados. En la Unión Europea, la resistencia proviene principalmente de sectores agrícolas en Francia, Países Bajos y Polonia, que temen la competencia con los productores de Mercosur. En este lado del Atlántico, las preocupaciones provienen en su mayoría de la sociedad civil y la academia, centrándose en el potencial del acuerdo para reforzar la primarización de la pauta exportadora de los países del bloque y debilitar los actuales esfuerzos de reindustrialización. Algunos de los cambios de la versión actual en comparación con la de 2019 incluyen una mayor flexibilidad para la implementación de políticas públicas y requisitos en compras gubernamentales, compromisos ambientales más estrictos y nuevos instrumentos de revisión y reequilibrio, además de plazos más largos para la liberalización del comercio o la reducción arancelaria en determinados sectores. 

   Maria Fernando Sikorski, editora de Phenomenal World, conversó con Marta Castilho, coordinadora del Grupo de Industria y Competitividad de la Universidad Federal de Río de Janeiro (GIC-UFRJ) y profesora de Economía en la misma institución, sobre las perspectivas del acuerdo para Mercosur y, en particular, para Brasil, así como sobre los riesgos que la liberalización comercial representa para el desarrollo nacional y regional en el lado sudamericano.

   Entrevista con Marta Castilho

   Maria Sikorski: ¿Podría describir los cambios en el entorno político y económico desde el inicio de las negociaciones de la asociación en 1999 hasta su conclusión en 2024? ¿Por qué el acuerdo siguió siendo relevante y cómo han cambiado las relaciones comerciales entre Mercosur y la Unión Europea (UE) a lo largo de este tiempo?

   Marta Castilho: Este acuerdo comenzó a negociarse en un momento en que la Unión Europea era un bloque de 15 países. La perspectiva de Mercosur era obtener acceso a la Unión Europea de entonces con ciertas ventajas en comparación con Europa del Este, que en esa época tenía una estructura industrial relativamente similar a la nuestra, pero que con el tiempo se integró fuertemente con la industria de Europa Occidental. Ese quizá haya sido el cambio más significativo desde el inicio de las negociaciones, ya que en aquel momento el panorama era algo más prometedor para nuestra industria. 

   Desde el comienzo, sin embargo, siempre quedó claro—y esta fue una de la razones de la demora en las negociaciones, al menos hasta mediados de la década de 2010—que Mercosur veía en el acuerdo una posibilidad de aumentar sus exportaciones de productos agrícolas. Por lo tanto, el apoyo interno al acuerdo provenía principalmente de los sectores vinculados al agronegocio, mientras que la industria, en cambio, era más cautelosa, defendiendo una apertura comercial más gradual por temor a la competencia europea. 

   Además, es importante recordar que las empresas europeas tienen una fuerte presencia en nuestra región, con numerosas filiales de multinacionales establecidas aquí, y su postura también ha variado a lo largo de las negociaciones. Por ejemplo, una de las mayores productoras de pollo del mundo es una empresa francesa con operaciones en nuestra región. Hubo un momento en que esta empresa defendía la liberalización del comercio—lo que contrasta con las quejas actuales de los franceses—porque les interesaba producir el pollo aquí y exportar la carne a Europa. Estas fluctuaciones ocurrieron en diversos sectores. La industria automovilística es otro ejemplo importante, al igual que el sector químico y varios de sus subsectores, debido a la fuerte presencia de empresas europeas en nuestra región. En general, en Europa hubo un gran interés en la apertura del mercado de productos industriales de Mercosur, más allá de facilitar los flujos de servicios. En contrapartida, se observaba una resistencia aumentada a la entrada de productos agrícolas. 

   MS: En 2019, se anunció una versión anterior del acuerdo, pero no fue ratificada por el Parlamento Europeo. ¿Cuáles son los principales cambios en el texto actual?

   MC: Un factor relevante es que, en los últimos cinco años, entre la versión de 2019 y la de 2024, tuvo lugar la pandemia. En 2019, los países europeos ya daban señales de una reactivación de las políticas industriales, con nuevas estrategias relacionadas con la industria 4.0, la digitalización y otros avances. La pandemia evidenció ciertas vulnerabilidades en estos países y los llevó a incorporar explícitamente políticas orientadas a la internalización de la producción y a la ampliación de la autonomía de ciertos sectores y segmentos con respecto al exterior. Esto modificó los intereses comerciales de la UE en torno al acuerdo, así como los términos de la negociación entre los dos bloques.

   Un reflejo de esto es el interés por los minerales en general y, en particular, por los minerales críticos, ligados al desarrollo de baterías y otras tecnologías asociadas a la digitalización o la descarbonización. En este aspecto, Mercosur es un paraíso, una fuente riquísima de minerales. Uno de los cambios más recientes es el creciente apetito de Europa por minerales provenientes de nuestra región y, en ese sentido, el hecho de que la UE ha comenzado a ver con malos ojos cualquier iniciativa de proteger o gravar las exportaciones de estos bienes. Este es un aspecto nuevo que pasó a formar parte de las negociaciones entre 2019 y 2024, y un punto clave es que Mercosur logró pensar estratégicamente en el sector de minerales críticos y asegurar la posibilidad de imponer algunas condicionalidades.

   En Brasil, este es un debate abierto. No es una discusión ya resuelta, y hay posiciones diversas, por ejemplo, entre el gobierno de Minas Gerais y sectores del gobierno federal. Sin embargo, existe un debate sobre el desarrollo de una estrategia para los minerales críticos que vaya más allá de la simple explotación y exportación como materia prima, con la intención de aumentar el grado de procesamiento y, eventualmente, producir baterías y otros bienes internamente.

   Otro cambio entre el texto de 2019 y el de 2024 fue la cuestión de las compras públicas. Mercosur logró asegurar la utilización de este instrumento como una política de desarrollo productivo. Europa ha utilizado las compras públicas durante mucho tiempo, pero el acuerdo de 2019 eliminaba la posibilidad de que Mercosur empleara ciertos mecanismos. El bloque consiguió revertir esto y acercar los términos del acuerdo a las reglas ya existentes dentro de Mercosur. Esta fue una de las partes más positivas de la renegociación.

   MS: ¿Cuáles son los efectos de la separación de las partes comercial, política y de cooperación del acuerdo, considerando que las cláusulas comerciales entran en vigor tras la aprobación del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales de Mercosur, mientras que las cláusulas políticas y de cooperación dependen de la aprobación de cada parlamento nacional de la UE?

   MC: El acuerdo de asociación refleja una tradición europea de abordar aspectos que van más allá del comercio en negociaciones de este tipo, a diferencia de la tradición anglosajona, por ejemplo. Así, el acuerdo con Mercosur incluye una parte comercial, una de cooperación y otra de diálogo político. Esto es un aspecto positivo porque, por ejemplo, la parte de cooperación puede compensar ciertas pérdidas derivadas de las cláusulas comerciales. La apertura comercial puede ser equilibrada con perspectivas de cooperación para el desarrollo técnico en áreas donde los europeos están más avanzados, como la tecnología, y en otras donde nosotros tenemos potencial de intercambio, como la bioeconomía y la salud tropical. 

   Lo que ocurre ahora es que, por una cuestión pragmática y estratégica, el acuerdo ha sido desmembrado. Esto se debe a que un acuerdo comercial es más fácil de negociar y aprobar. El trámite, incluso dentro de la UE, es más ágil: si se trata sólo de la parte comercial, no requiere la aprobación de todos los parlamentos nacionales de los Estados miembros. Un acuerdo de asociación en su conjunto necesitaría pasar por todas las instancias nacionales, lo que podría retrasarlo debido a las discrepancias que hemos visto, por ejemplo, por parte de Francia, Polonia y los Países Bajos. Para los europeos, se trata de una cuestión pragmática. Pero, desde mi punto de vista, para Mercosur es un error estratégico, porque el bloque pierde la oportunidad de aprovechar los posibles beneficios de los otros aspectos del acuerdo, especialmente el de cooperación.

   MS: Porque es posible que sólo se apruebe el acuerdo comercial y los otros aspectos sean postergados indefinidamente.

   MC: Exactamente, porque no hay necesidad de aprobarlos. No se va a someter a votación algo que se sabe que no será aprobado. Los intereses europeos ya están contemplados en el acuerdo comercial. Por ejemplo, algunas reglas ambientales incluidas en el texto actual no comprometen las principales legislaciones europeas, como el mecanismo de ajuste de carbono en frontera—el CBAM—y el mecanismo de reforestación: estos quedan fuera del acuerdo comercial.

   MS: Quiero hablar sobre los principales aspectos del acuerdo comercial y cómo impactan a diferentes sectores del Mercosur. ¿Podemos comenzar por la cuestión de los aranceles y las cuotas arancelarias?

   MC: El acuerdo comercial abarca numerosas disciplinas. Una de ellas es la de aranceles y cuotas arancelarias (aunque las cuotas sean, técnicamente, barreras no arancelarias, ambos temas suelen tratarse conjuntamente). Las cuotas se utilizan con frecuencia en los productos agrícolas: se aplica un arancel bajo a una cantidad determinada de exportaciones dentro del acuerdo y, una vez superada esa cantidad, el arancel pasa a ser el mismo que se cobra a otros socios comerciales. Entre los países del Mercosur, se adopta un arancel común para los productos agrícolas. En el acuerdo actual con la UE hay una variedad de cuotas arancelarias para distintos productos, un aspecto que fue mantenido del texto de 2019. En algunos casos, la cuota aumentó y la tarifa dentro de la cuota disminuyó, pero en otros, aunque la tarifa dentro de la cuota se redujo, la cantidad establecida es menor a lo que ya exportábamos en 2019 y 2020. Además, existen mecanismos que permiten a los europeos revisar esas cantidades—otro aspecto que se mantuvo del texto de 2019. Por lo tanto, existe una posibilidad de mejorar el acceso de Mercosur al mercado agrícola de la UE, pero la liberalización no es tan amplia como algunos sectores esperan o anuncian. 

   MS: ¿Considerando el volumen que ya exportamos?

   MC: Exactamente. Pero algunos sectores se benefician. Los productores de carne bovina, por ejemplo—no es casualidad que los productores franceses estén tan reticentes, porque es uno de los productos en los que se amplió la cuota y se redujo la tarifa. El arroz, por ejemplo, es un producto cuya cuota fue reducida, pero con una disminución arancelaria. Hay situaciones diversas según el producto agrícola.

   MS: ¿Y en relación con los productos industriales del Mercosur?

   MC: Ese es nuestro mayor problema, por diversas razones. Los aranceles para los productos industriales en Europa ya son muy bajos: en general, rondan el 5 por ciento, mientras que los nuestros están en torno al 13 por ciento. Lo que ganamos con la reducción arancelaria en Europa es muy poco, y ellos ya tienen acuerdos comerciales con muchos otros países. Nuestro margen de preferencia es menor.

   Además, hay un problema de asimetría muy grande. Tanto en términos de competitividad como en el tamaño de los sectores industriales. No tenemos la competitividad suficiente para “invadir” los mercados europeos, mientras que el potencial de ganancia de Europa con la liberalización es mucho mayor.

   MS: La impresión general de las evaluaciones críticas sobre el acuerdo es que, en el caso de Mercosur, el agronegocio se beneficiaría en exceso y la industria saldría perjudicada. Pero, según lo que está diciendo, el sector agrícola no necesariamente se beneficia tanto, salvo en ciertos productos. 

   Ante esto, ¿cuáles serían las condiciones para la implementación de este acuerdo que permitirían que la industria sudamericana se beneficie, o al menos que el impacto negativo de la competencia con la industria europea sea mitigado?

   MC: La liberalización comercial y arancelaria ya está acordada y probablemente será implementada. Es decir, desde el punto de vista comercial, hay poco por hacer. Lo que necesitamos ahora es, por un lado, incentivar la productividad y la competitividad de la industria local—y eso es una tarea nuestra: desarrollar políticas industriales y de desarrollo productivo, utilizar las compras públicas de manera estratégica, implementar políticas tecnológicas—y, por otro lado, eventualmente emplear algunas herramientas de ajuste previstas en el propio acuerdo, como el mecanismo de requilibrio. En esta última versión del texto, se han añadido ciertos mecanismos destinados a corregir posibles “inundaciones” de productos, es decir, ingresos repentinos y masivos de productos en determinados sectores. Aún no se han definido los instrumentos específicos, pero al menos el acuerdo prevé la posibilidad de ajustes.

   Sin embargo, habrá competencia entre nuestra producción industrial y la europea. Lo que podemos hacer es utilizar los instrumentos internos disponibles para mejorar la competitividad de nuestra producción y aprovechar los mecanismos comerciales existentes, tanto nacionales como aquellos previstos en el acuerdo.

   MS: Siguiendo con el tema de la competitividad, los aranceles aduaneros, especialmente para países como los de América del Sur, son un instrumento clave para la protección y el fortalecimiento de la industria nacional. ¿Un acuerdo comercial de esta naturaleza con la UE no socava los esfuerzos de reindustrialización en la región?

   Las empresas europeas tienen superioridad tecnológica y productiva, acceso a crédito en condiciones más favorables y mayores incentivos estatales. En cambio, las empresas brasileñas, por ejemplo, enfrentan tasas de interés muy altas, escasez de crédito, inestabilidad cambiaria y deficiencias logísticas y de infraestructura. Los aranceles podrían compensar, aunque sea parcialmente, la falta de competitividad de la industria brasileña y sudamericana. ¿No estamos renunciando a una herramienta clave de política industrial? ¿Existe el riesgo de que el acuerdo refuerce el proceso de reprimarización de la economía brasileña, un patrón que se ha consolidado en las últimas décadas?

   MC: Totalmente. El acuerdo lo hace tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, a través de la reducción arancelaria. Aunque se ha extendido un poco el calendario de reducción de aranceles para automóviles, especialmente para aquellos con nuevas tecnologías—por ejemplo, la eliminación de aranceles para vehículos eléctricos puede tardar hasta 30 años—, la versión actual no revisó la reducción arancelaria que ya se había prometido en 2019. Hemos renunciado a una herramienta que nos habría permitido fortalecer la industria nacional frente a un socio comercial fuerte, lo que hace que la tarea de la reindustrialización sea aún más difícil.

   Pero más allá de los aranceles, hay otras cuestiones clave, como las compras públicas y la propiedad intelectual. Estas están más relacionadas con estrategias a largo plazo. Es una victoria para Mercosur haber asegurado el instrumento de compras públicas. Y es importante destacar que esto ha sido un punto fuerte del actual gobierno brasileño, que insistió mucho en ello. Ahora comenzaremos a utilizar este instrumento de manera explícita, como lo hacen los países desarrollados. Las compras públicas son un mecanismo muy interesante porque no sólo permiten al Estado incentivar determinados sectores a través de márgenes de preferencia y condicionalidades, sino que también pueden inducir ciertos comportamientos. Por ejemplo, si se exige que las compras públicas sean sostenibles, las empresas que proveen insumos al Estado tendrán que adoptar prácticas sostenibles. Y esto también se aplica a las empresas extranjeras, no sólo a las nacionales: si una empresa extranjera quiere ser proveedora del Estado, se le puede exigir, por ejemplo, que realice transferencias tecnológicas.1 N.E :Los mecanismos de compensación en las compras públicas a empresas extranjeras se denominan offsets. 

   En cuanto a la propiedad intelectual, tengo la impresión de que no hubo avances ni retrocesos con respecto a las tendencias de 2019, que simplemente establecían compromisos un poco más estrictos que los ya asumidos por los países en el marco de la OMC. 

   Comparando con versiones anteriores, parece que hasta 2013 o 2014 el gobierno brasileño tenía una visión estratégica en las negociaciones, marcada por una perspectiva de desarrollo productivo y autonomía. Esa postura se fue diluyendo hasta 2019. Es posible que ahora haya una ligera mejora, pero aún así, muchos de los elementos negociados bajo supuestos bastante liberales siguen presentes en el texto. El capítulo comercial prácticamente no fue modificado.

   MS: ¿Cuál podría ser el impacto del acuerdo en los intentos de reindustrialización en Brasil?

   MC: La cuestión de la reindustrialización y del intento de desarrollar un modelo productivo más dinámico desde el punto de vista tecnológico y con mayor autonomía se ve comprometida por la parte comercial del acuerdo. Algunas disposiciones—como las compras gubernamentales, por ejemplo—y ciertos mecanismos de salvaguardia y reequilibrio representan avances en comparación con 2019. Pero no son suficientes.

   Algunos factores clave para Brasil son el hecho de que contamos con un gran mercado consumidor y que somos una plataforma de exportación para América del Sur. Por lo tanto, corresponde a los gobiernos brasileños intentar imponer algunas condicionalidades para compensar las pérdidas a lo largo de la vigencia del acuerdo. El sector de los minerales es un ejemplo claro. El gobierno puede ejercer control sobre las condiciones de explotación de los minerales en territorio nacional. Existe cierto margen de maniobra para negociar con los inversionistas; por ejemplo, estableciendo que ciertos beneficios solo podrán ser aprovechados si se agregan más etapas de producción dentro del país. Pero esto dependerá de cómo se gestionen aquí los instrumentos de política industrial, tecnológica, fiscal y tributaria. También dependerá de las condiciones macroeconómicas, del crecimiento, de las tasas de interés, entre otros factores.

   Además, es fundamental que el gobierno brasileño comparta los beneficios que obtiene con los demás países del Mercosur. El problema de este acuerdo es que tiende a reforzar una especialización regresiva cada vez mayor, un proceso que se ha intensificado desde los años 2000 en Brasil y en la región. Si comparamos las exportaciones brasileñas a la UE en 2003, 2013 y 2023, es evidente la creciente primarización de la pauta exportadora. Y el acuerdo tiende a consolidar aún más nuestra especialización en productos agrícolas y minerales.

   Principales productos exportados por Brasil para la Unión Europea en 2003, 2013 y 2023.

   Posição	2003	2013	2023
   1	Soya, incluso triturada	Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro calcinadas (cenizas de piritas)	Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos
   2	Tortas y otros residuos sólidos de la extracción del aceite de soya	Tortas y otros residuos sólidos de la extracción del aceite de soya	Tortas y otros residuos sólidos de la extracción del aceite de soya
   3	Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro calcinadas (cenizas de piritas)	Soya, incluso triturada	Café, incluso tostado o descafeinado; cáscaras de café; sucedáneos del café con contenido de café en cualquier proporción
   4	Jugos de frutas (incluidos los mostos de uva) o de productos hortícolas, no fermentados, sin adición de alcohol, con o sin adición de azúcar u otros edulcorantes	Café, incluso tostado o descafeinado; cáscaras y películas de café; sucedáneos del café con contenido de café en cualquier proporción	Soya, incluso triturada
   5	Café, incluso tostado o descafeinado; cáscaras de café; sucedáneos del café con contenido de café en cualquier proporción	Pastas químicas de madera, a la soda o al sulfato, excepto pastas para disolución	Minerales de cobre y sus concentrados
   6	Pastas químicas de madera, a la soda o al sulfato, excepto pastas para disolución	Aceites de petróleo o de minerales bituminosos, excepto aceites crudos; preparaciones no especificadas ni comprendidas en otras posiciones, que contengan en peso un 70 por ciento o más de aceites de petróleo o de minerales bituminosos, los cuales deben constituir su elemento principal	Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro calcinadas (cenizas de piritas)
   7	Carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados, de aves de la posición 0105	Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos	Pastas químicas de madera, a la soda o al sulfato, excepto pastas para disolución
   8	Alumínio en formas brutas	Jugos de frutas (incluidos los mostos de uva) o de productos hortícolas, no fermentados, sin adición de alcohol, con o sin adición de azúcar u otros edulcorantes	Jugos de frutas (incluidos los mostos de uva) o de productos hortícolas, no fermentados, sin adición de alcohol, con o sin adición de azúcar u otros edulcorantes
   9	Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos	Tabaco no manufacturado; desperdicios de tabaco	Aceites de petróleo o de minerales bituminosos, excepto aceites crudos; preparaciones no especificadas ni comprendidas en otras posiciones, que contengan en peso un 70 % o más de aceites de petróleo o de minerales bituminosos, los cuales deben constituir su elemento principal
   10	Tabaco no manufacturado; desperdicios de tabaco	Minerales de cobre y sus concentrados	Ferroaleaciones

   Elaboração: GIC-IE/UFRJ com dados da SECEX.

   

   

   Por esta razón, es fundamental fortalecer la articulación industrial regional dentro del Mercosur. Aunque existen dificultades políticas evidentes, en algunos sectores hay una coordinación efectiva que no sólo no debe perderse, sino que debe reforzarse, incluso a través de mecanismos como las compras públicas o fondos regionales, para que el bloque entre en esta «asociación» con la UE de manera más cohesionada. El gobierno uruguayo, por ejemplo, está muy satisfecho con el acuerdo, sobre todo porque el gobierno liberal que participó en las negociaciones veía con buenos ojos la especialización. Uruguay exporta carne y su sector no enfrenta los problemas ambientales que marcan la producción brasileña en la Amazonia y el Cerrado. Entonces, si Brasil quiere obtener beneficios del acuerdo, lo ideal es que se articule con sus vecinos y cree estrategias que permitan redistribuir parte de las ganancias, fomentando alianzas con estos países e incentivando la producción industrial dentro del bloque.

   MS: La posición oficial del gobierno brasileño es que el acuerdo ofrece una serie de ventajas para el Mercosur. Entre ellas, el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios destaca un mayor acceso al mercado europeo—lo que también atraería más inversión extranjera directa—, la reducción del costo doméstico de insumos y bienes de capital para la industria—ya que podríamos importarlos sin aranceles—y el aumento de la competitividad de nuestros productos en el mercado internacional, fortaleciendo la diversificación de socios comerciales, la modernización de la industria, la integración con las cadenas productivas de la UE y el interés de otros actores en firmar nuevos acuerdos con Mercosur para acceder a este mercado. ¿Cómo ve este argumento?

   MC: Este es un argumento muy antiguo sobre la liberalización comercial. Es el mismo que se utilizó en los años 90: que podemos importar para exportar, que liberalizar las importaciones puede generar ganancias de productividad debido a la adquisición de insumos y bienes de capital más baratos, lo que haría que la industria nacional ganara competitividad y que el país se convirtiera en exportador de productos industrializados. Lo que ha sucedido desde entonces es que Brasil y la región se han convertido progresivamente en exportadores de bienes menos sofisticados. Es decir, desde que llevamos a cabo un gran experimento de liberalización en la década de 1990, no hemos visto evidencia de los efectos positivos de una apertura comercial sobre las exportaciones.

   No creo que ahora vayamos a presenciar un gran círculo virtuoso de crecimiento en la economía brasileña, impulsado por la inversión extranjera directa o por la ganancia de competitividad de las exportaciones debido a un mayor acceso a insumos europeos, especialmente en el contexto actual. ¿Vamos a participar en las cadenas de valor europeas? No. Europa ya tiene sus cadenas productivas establecidas y está tratando de protegerse de la entrada de los chinos y de otros países asiáticos. Está intentando consolidar sus cadenas dentro del espacio europeo tanto como sea posible. Lo que haremos es especializarnos aún más en proveer materias primas para estas cadenas. La inversión extranjera que podemos recibir estará relacionada con empresas que vienen aquí a aprovechar algunos factores internos que tenemos, como los recursos naturales y un significativo mercado consumidor regional. Pero esto no implica automáticamente una modernización de la industria ni una integración con las cadenas productivas europeas. 

   Esta entrevista fue traducida del inglés al español por Aminta Zea.

   
   

   
   

   
   

7. Descolonizando Jamaica

   enero 25, 2025 6:27 am Comentarios desactivados en Descolonizando Jamaica

   El impacto global de las ideas de Michael Manley, líder político jamaicano, sigue sintiéndose hoy. Como cabeza del Partido Nacional del Pueblo —People’s National Party (PNP) en inglés— desde 1969 hasta 1992, y especialmente durante su primer período como primer ministro de Jamaica entre 1972 y 1980, Manley promovió una amplia gama de reformas ambiciosas guiadas por propuestas de socialismo democrático y descolonización económica. Manley reconoció que, al igual que muchos otros países, Jamaica había obtenido la independencia constitucional, pero seguía ligada a una economía mundial estructurada por legados coloniales. Estas ideas impulsaron su agenda internacionalista.

   Junto con otros líderes como Julius Nyerere, de Tanzania, Manley fue uno de los principales portavoces durante la década de 1970 de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) —New International Economic Order en inglés—, que planteaba principios más igualitarios para la cooperación entre los países del Sur Global. A pesar de la implementación exitosa de muchas reformas, las políticas de Manley enfrentaron una fuerte oposición tanto de grupos en Jamaica como de actores internacionales, especialmente Estados Unidos. Su gobierno luchó con las difíciles circunstancias económicas de la década de 1970 y perdió las elecciones en 1980 después de varios años de medidas de austeridad impuestas por el FMI.

   Anthony Bogues es el profesor Asa Messer de Humanidades y Estudios Africanos en la Universidad de Brown. Ha escrito extensamente sobre la historia intelectual, cultural y literaria del Caribe y África, y sobre la vida y las ideas políticas de Michael Manley. A finales de la década de 1980 también fue asesor de Manley. Más recientemente, ha apoyado esfuerzos para reconfigurar la visión política del PNP. 

   En esta entrevista, Bogues reflexiona sobre la vida y el legado de Michael Manley, cuyo centenario se celebró el mes pasado. Considerando la influencia de Manley en la política jamaicana e internacionalista, la conversación explora su formación política en el movimiento obrero jamaicano, sus esfuerzos ambiciosos por descolonizar la economía de Jamaica, así como su papel en la escena global en temas que van desde el embargo estadounidense a Cuba hasta el FMI. Bogues discute la herencia de repensar la visión filosófica del socialismo democrático en Jamaica, y expresa su esperanza en una mayor unidad en el Caribe.

   Una entrevista con el profesor Anthony Bogues

   will kendall: ¿Puede contarnos sobre su relación con Michael Manley? ¿Cómo llegó a conocerlo y cómo se desarrolló su relación?

   anthony bogues: Lo conocí después de las elecciones de 1980, un momento crítico en la historia de Jamaica. Ese año marcó un período de crisis política y violencia extrema: más de 800 personas murieron entre el inicio del año y las elecciones en octubre. Desde finales de la década de 1970, yo era un periodista de izquierda que trabajaba en la Corporación de Radiodifusión de Jamaica —Jamaican Broadcasting Corporation—. Las elecciones fueron en octubre, y con el Partido Laborista de Jamaica (de línea conservadora) en el poder, me despidieron en diciembre. Durante la campaña electoral, los conservadores nos amenazaron a mis colegas y a mí, diciéndonos que nunca volveríamos a trabajar en Jamaica.

   Después de mi despido, consideré hacer un doctorado. No obstante, dos miembros prominentes del PNP —el entonces secretario general del partido D.K. Duncan y la exesposa de Michael Manley, Beverley Manley— me buscaron para pedirme que trabajara como investigador para el partido. Acepté, y esa decisión me llevó a trabajar en la secretaría del partido; me convertí en secretario de la Comisión de Educación Política, y fue así como conocí a Michael Manley. Con el tiempo, nos volvimos muy cercanos. Cuando él asumió nuevamente como primer ministro en 1989, me pidió que fuera a Jamaica House —el equivalente al 10 de Downing Street en el Reino Unido—. Aunque todavía quería hacer mi doctorado, al final decidí aceptar. Tuvimos desacuerdos políticos, pero nuestra relación se profundizó. Trabajé con él como su asistente especial y lo que hoy se llamaría jefe de gabinete.

   En una ocasión, tuvo que visitar la Casa Blanca. Normalmente, el primer ministro iría acompañado por el ministro de relaciones exteriores, pero Manley insistió en que yo estuviera presente en la reunión privada en la Oficina Oval con el presidente George Bush padre. Cuando la reunión comenzó, entendí sus razones. Había tres temas principales en la agenda. El primero era el problema de las drogas, que empezaba a generar serias dificultades para muchos estados caribeños. El segundo era la deuda multilateral de Jamaica y la región. El tercero era el embargo sobre Cuba. El plan era que el primer ministro Manley hablara con Fidel Castro. Más adelante, el expresidente Jimmy Carter visitaría Cuba para avanzar en las negociaciones. La Casa Blanca se mantendría al margen hasta que quedara claro que las conversaciones y negociaciones habían llegado a un cierto punto. La única condición de Estados Unidos era que Cuba liberara un número de prisioneros políticos.

   Después de esa reunión, fuimos a Cuba y hablamos con Fidel, quien nos dijo: “Nosotros no tenemos prisioneros políticos.” Cuando transmitimos esa respuesta a Brent Scowcroft, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, el acuerdo colapsó. Esas fueron algunas de las cosas en las que Michael y yo estuvimos involucrados y que marcaron la base de nuestra relación. Continuamos siendo cercanos incluso después de que él dejó el cargo. Cuando Michael falleció, yo estaba haciendo mi posdoctorado en la Universidad de Howard en Estados Unidos y volé de inmediato a Jamaica para ayudar a organizar su funeral. 

   WK: ¿Podría describir el ambiente social y político en el que creció Michael Manley? Por un lado, están los contextos de clase y raza en Jamaica, como el clasismo de la clase terrateniente basado en el color de piel, y por otro, el “sindicalismo político” del movimiento obrero y su relación con los dos partidos de masas.

   AB: Michael nació en 1924, cuando Jamaica seguía firmemente bajo el dominio colonial británico. Nació en una familia de clase media alta, y su padre era uno de los abogados más importantes del Caribe. Su madre, nacida en el Reino Unido, se convirtió en una artista muy reconocida e influyente en la comunidad artística de Jamaica. Ambos padres vivieron sus vidas bajo un fuerte sentido de servicio público. Su madre era conocida por desafiar la representación distorsionada de las personas negras en las colonias; una de sus obras más importantes se titula Negro Aroused. Su padre, Norman Manley, servía activamente a la clase trabajadora, además de representar a clientes importantes. Como becario Rhodes en Londres, Norman Manley también desarrolló ideas socialistas fabianas.

   En 1938, varios disturbios obreros estallaron en todo el país y en el Caribe en general. Las huelgas obligaron a la oficina colonial británica a reflexionar sobre el manejo adecuado para este movimiento sindical emergente. Antes de 1938 ya existía en el Caribe la Asociación Universal de Desarrollo Negro —Universal Negro Improvement Association en inglés—, fundada por Marcus Garvey. Esto es importante porque, más adelante, muchos garveyistas se unieron al PNP. Después de los disturbios obreros en la década de 1930, surgieron el Sindicato Industrial Bustamante —Bustamante Industrial Trade Union (BITU) en inglés— y el PNP, liderado por Norman Manley: un movimiento sindical organizado y un movimiento nacionalista anticolonial. Esa era la configuración política de la época.

   He argumentado que el PNP fue un movimiento de masas anticolonial que se transformó en un partido político en 1944 con la llegada del sufragio universal para adultos. El BITU era un movimiento sindical de masas vinculado a Bustamante, quien originalmente era miembro del PNP; fue encarcelado por sus actividades sindicales y, tras su liberación, abandonó el partido y fundó el Partido Laborista de Jamaica —Jamaica Labour Party (JLP)— en 1943. Como el movimiento sindical estaba ligado a ese partido, cuando Bustamante dejó el PNP, Norman Manley y otros líderes del partido crearon el Congreso de Sindicatos como contrapeso al BITU. En ese sentido, ambos partidos estaban arraigados en la década de 1940 en actividades organizadas por la clase trabajadora. Se podría decir, siguiendo etiquetas convencionales, que el JLP es de centroderecha y el PNP de centroizquierda, pero es importante notar que ambos partidos mantenían una relación con los movimientos de masas que ya no existe hoy en día.

   El PNP también tenía conexiones inmediatas con el Partido Laborista Británico y el socialismo fabiano. Stafford Cripps, el ex canciller de la hacienda —con tendencias de izquierda— estuvo presente en la conferencia inaugural del PNP; si bien el objetivo principal del PNP en su nacimiento era la independencia política, también tenía una base socialista.

   Michael creció en este ambiente, escuchando en casa las discusiones políticas de su padre. Tanto su madre como su padre estaban activamente involucrados en la vida pública. Asistió a la misma escuela colonial de élite a la que había ido su padre, el Jamaica College, tras lo cual estudió brevemente en McGill en Canadá antes de trasladarse a Londres. En LSE, su mayor influencia fue Harold Laski, el socialista inglés y posteriormente presidente del Partido Laborista. Inicialmente, bajo la influencia de su madre, quería estudiar crítica de arte, pero al terminar los requisitos de latín optó por un título en Gobierno/Ciencia Política.

   El socialismo de izquierda de Laski, que estaba más a la izquierda del Partido Laborista en ese momento, tuvo una gran influencia en su pensamiento. También lo hizo el grupo de la West Indian Students’ Union, que incluía figuras como Errol Barrow, quien más tarde sería primer ministro de Barbados, y G. Arthur Brown, quien se convertiría en gobernador del Banco de Jamaica. Elsa Goveia, la extraordinaria historiadora guyanesa que se convirtió en la primera catedrática de Historia de las Indias Occidentales en la Universidad de las Indias Occidentales, también era parte de ese grupo. Esta no era la generación de los años 20 y principios de los 30 que había llegado a Londres, que incluía figuras como C.L.R. James, George Padmore, Amy Ashwood Garvey y el jugador de críquet Learie Constantine. Esta era una generación explícitamente anticolonial que se reunió en Londres en los años 40 y 50, principalmente como estudiantes. También era una generación federalista. Se consideraban a sí mismos no solamente como participantes en la vida política de Guyana, Barbados y Jamaica por separado, sino como promotores de una Federación del Caribe Anglófono.

   Cuando Michael regresó a Jamaica a finales de los años 40, decidió seguir una carrera como periodista político. Comenzó a trabajar en un periódico llamado el Public Opinion, donde publicaba una columna notable titulada Root of the Matter. Políticamente se unió al partido como un miembro ordinario, pero cuando el partido se dividió en 1952, comenzó a desempeñar un papel más activo. Esta división fue provocada por las crecientes presiones de la Guerra Fría. En Jamaica, durante el período de agitación anticolonial del siglo XX, los marxistas alineados con la Unión Soviética, liderados por Richard Hart y otros, junto con el izquierdista radical Ken Hill, se volvieron increíblemente influyentes tanto dentro del PNP como en el movimiento sindical. Los sectores de derecha del partido comenzaron a preocuparse cada vez más por expulsar a los marxistas y a la izquierda del partido, y lo lograron durante la conferencia del partido en 1952.

   Después de la división, Michael participó en una campaña interna que buscaba articular las diferencias entre el comunismo y el socialismo democrático. En este proceso, sus ideas políticas se fueron afinando al asistir a cientos de reuniones del partido y al participar en debates entre sus miembros. En el momento era solamente un periodista y una figura menor dentro del PNP; sin embargo, yo argumentaría que su posterior participación en el movimiento sindical fue quizá la más formativa. Se introdujo en el movimiento sindical cuando un miembro del PNP y líder sindical lo invitó a observar negociaciones laborales. Según cuenta la historia, durante la reunión de negociación, el líder sindical salió inesperadamente y dejó a Michael a cargo de la discusión. Escuchar la lista de quejas de los trabajadores en esa reunión fue lo que lo convirtió en sindicalista. Su trabajo en el sector del azúcar y la bauxita lo puso en contacto con la clase trabajadora organizada y lo transformó en el político que llegó a ser.

   Neil Warner: Después de convertirse en primer ministro, Manley describió su programa de reformas económicas y políticas como la búsqueda de un “tercer camino”, contrastándolo con el modelo puertorriqueño (enfocado en atraer inversión extranjera) y el modelo cubano (basado en el marxismo-leninismo y la planificación centralizada). ¿Cómo describiría Ud. este enfoque? ¿Cuáles fueron las reformas más importantes y exitosas que impulsó?

   AB: Después de que Jamaica obtuviera la independencia en 1962, la sociedad jamaicana no se descolonizó de manera sustantiva. Las plantaciones seguían siendo poderosas. Las jerarquías raciales y de clase permanecían intactas. El orden social dominante seguía estando construido sobre la base de la opresión de los negros.

   Como resultado, la descolonización siguió siendo uno de los objetivos centrales de Manley en los años 70. Sin embargo, no se podía buscar la descolonización sin plantear preguntas fundamentales sobre la igualdad, la justicia y la estructura de la economía nacional. En su primer libro, La política del cambio —The Politics of Change en inglés—, Manley desarrolla ideas sobre cómo cambiar la estructura colonial de la sociedad jamaicana. Esto implicaba derogar leyes coloniales como la Ley del Amo y el Sirviente —Master and Servant Law—, proponer programas públicos como la educación gratuita, y situar a la población negra en el centro de la sociedad jamaicana. En su práctica política, intentó desmantelar los legados del viejo orden colonial.

   Este fue un período de reorganización para la economía jamaicana. El azúcar era una de las industrias más importantes de la sociedad jamaicana. En el proceso de descolonización surgió una pregunta: ¿Podrían los trabajadores, cuyos ancestros habían sido esclavos, participar en la reestructuración de la industria? Esta era una cuestión tanto histórica como política, dada la historia de la isla como colonia esclavista productora de azúcar. A finales de los años 70, mis colegas y yo fuimos a Westmoreland, una zona productora de azúcar, para ayudar a transferir esas tierras a los trabajadores para que pudieran funcionar como cooperativas. Ese era solo uno de los programas impulsados por Manley. Otro fue el de alfabetización; casi el 80 por ciento de la población jamaicana era analfabeta como resultado del colonialismo británico. Quienes éramos jóvenes en ese momento estuvimos profundamente involucrados en estos programas.

   En sus negociaciones con las empresas de bauxita, Michael optó por negociar tarifas de compensación más altas en lugar de nacionalizar la industria. La bauxita es una industria extractiva y, por lo tanto, finita, por lo que tenía sentido que buscáramos obtener las mejores condiciones posibles durante el período de extracción. ¿Cómo resumiría yo las reformas de los años 70? En pocas palabras: impulsó un programa de descolonización total.

   Todas estas reformas incomodaron a muchos miembros de la élite nacional jamaicana. Para los años 80, la oposición de la élite y de las multinacionales se había cristalizado. Como lo demuestran documentos recientes de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos —US National Security Agency—, el país también se preocupó por las reformas de Manley y actuó en consecuencia; recordemos que esto ocurría en plena Guerra Fría. Además, Michael apoyaba a Cuba y su intervención en Angola en nombre del Movimiento Popular de Liberación de Angola — People’s Movement for the Liberation of Angola (MPLA) en inglés—, un movimiento radical. En ese momento, el MPLA luchaba contra la expansión sudafricana, que no solamente buscaba expandir el apartheid sino también debilitar la lucha contra el apartheid dentro de Sudáfrica. Todos estos factores confluyeron en la década de 1980.

   Nw: Este año se cumple el quincuagésimo aniversario de la declaración del Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI), un programa liderado por países del Sur Global para reestructurar las reglas del sistema económico internacional y acabar con el colonialismo económico y la dependencia. Manley fue reconocido como uno de los defensores más influyentes del NOEI. ¿Puede hablarnos sobre el papel que jugó Manley en esta iniciativa?

   ab: Manley comprendió que, aunque países como Jamaica habían logrado la independencia constitucional, seguían estando ligados a una economía mundial estructurada por el colonialismo, lo que Kwame Nkrumah denominó “neocolonialismo”. Transformar la economía mundial requería, por ello, alterar los mecanismos de fijación de precios y desarrollar independencia tecnológica y energética. Producimos las materias primas, pero no fijamos sus precios y dependemos de la importación de maquinaria y petróleo para procesarlas. Como estaba profundamente comprometido con la democracia política y económica, Manley también se preocupaba mucho por el auge de las corporaciones multinacionales.

   Estos problemas solamente podían abordarse mediante lo que Julius Nyerere de Tanzania y otros llamaban el Sindicato de los pobres. En el núcleo del NOEI estaba la idea de un nuevo orden económico mundial. Se basaba en la necesidad, expresada en 1979 en Arusha, Tanzania, de “completar la liberación de los países del Tercer Mundo de la dominación externa.” Por lo tanto, los países del Tercer Mundo debían unirse para tener voz en la estructura y funcionamiento de la economía mundial. Nyerere y Manley formaban un equipo clave en el NOEI. Ambos crecieron en excolonias británicas, pero también compartían la percepción de que una amenaza real para las sociedades poscoloniales era el surgimiento de una élite nacional que imitara a los antiguos gobernantes coloniales. Nyerere desarrolló la Declaración de Arusha, que en realidad buscaba cauterizar el poder de la nueva élite y su capacidad de corromper al estado. Michael no llegó tan lejos, pues estaba operando en una cultura política diferente. Sin embargo, sus ideas sobre el socialismo y la descolonización se enfocaban sobre todo en limitar el poder de la élite para usar el estado en su propio beneficio. 

   El NOEI contó con el apoyo de Willy Brandt y otros miembros de la Internacional Socialista. James Callaghan, quien era primer ministro del Reino Unido en ese entonces, terminó respaldándolo. Esto se convirtió en una campaña internacional para repensar la estructura de la economía global y reconfigurarla para beneficiar a los países recién independizados. Esto no era lo mismo que el Movimiento de Países No Alineados —Non-Aligned Movement en inglés—, que era más bien un movimiento político que económico. Sin embargo, Nyerere y Manley transformaron el Movimiento de Países No-Alineados en una fuerza que desafiaba tanto las estructuras económicas como las políticas del mundo en ese momento.

   WK: Ud ha hablado sobre el trauma causado por dos derrotas políticas, ideológicas y militares en el Caribe: la derrota electoral de Michael Manley en 1980 y la derrota de la Revolución Granadina en 1983. Manley fue primer ministro de Jamaica por última vez entre 1989 y 1992, un período en el que su gobierno pareció estar más reconciliado con el capitalismo. ¿Qué pensaba él sobre este cambio?

   ab: Los problemas que Jamaica enfrentaba con el FMI eran en realidad problemas globales. La revista Development Dialogue ofreció un análisis sofisticado sobre estos problemas en un número especial editado por tanzanos y jamaicanos. Dentro del PNP también hubo un enorme debate sobre el FMI – uno de los principales actores que aseguraron la derrota de Manley en las elecciones de 1980. Los programas de ajuste estructural fueron muy severos y pedían explícitamente la reversión del programa de reformas que él había iniciado. Esto, combinado con los precios del petróleo, la desestabilización política y el aumento de la violencia, contribuyó a su derrota.

   Durante la década de los 80 hubo tres figuras clave en el mundo: Margaret Thatcher, Helmut Kohl y Ronald Reagan. Estos tres líderes tenían una intención clara de acabar con todos los movimientos progresistas, tanto a nivel nacional como internacional, ya fuera la huelga de los mineros en el Reino Unido, el NOEI o el movimiento contra el apartheid. Como dijo Margaret Thatcher: “No existe la sociedad, sólo existen los individuos.” Stuart Hall llamó a este momento una revolución en las ideas y en las prácticas sociales.

   Después de la derrota de Manley en 1980, hubo una reunión en Cancún en 1981, presidida por Reagan. Julius Nyerere asistió para representar la postura del NOEI. Cuando llegó el momento de discutir este punto en la agenda, Ronald Reagan simplemente dijo: “Siguiente tema.” Nadie protestó. Manley comenzó a darse cuenta de que el mundo había cambiado drásticamente; no obstante, seguía siendo un político que debía llevar a su partido a la victoria.

   Tuvimos muchas conversaciones durante ese período. Una vez me dijo, citando a Hamlet, que “el tiempo está fuera de quicio” para personas como él. En su opinión, Jamaica, con solo 2,5 millones de habitantes, no podía ir por sí sola contra la corriente mundial. En ese sentido, la nueva pregunta que había que hacer no versaba sobre cómo abandonar todas las esperanzas de transformación, sino sobre cómo mitigar los peores efectos del mercado. Quiero hacer un énfasis aquí: esta no era una dirección que él asumiera con entusiasmo, pero era el único camino realista que podía ver.

   Hay muchas historias inéditas de ese período; por ahora me referiré a una. Cuando el PNP llegó al poder en 1989, una de las primeras cosas que hicimos fue visitar todos los países de la Internacional Socialista. Manley se reunió con Felipe González en España; le dijo que Jamaica tenía un grave problema con las reservas de divisas y que no quería acudir al FMI. Le preguntó, “¿Nos puedes ayudar?”. González respondió: “Hablen con nuestro ministro de finanzas.” Todos los líderes hicieron lo mismo: dejaron la decisión en manos de sus ministros de finanzas, porque no podían decir que sí sin más. Cada ministro de finanzas, a su vez, nos preguntó si teníamos un acuerdo preestablecido con el FMI.

   Manley me envió al Banco Interamericano de Desarrollo para negociar un acuerdo menos severo. Había algunas personas latinoamericanas allí, y también teníamos a un jamaiquino con un puesto importante en el banco. En Washington, me reuní con ellos para desayunar y lo primero que me dijeron fue que Jamaica debía privatizar la Corporación Jamaicana Estatal de Comercio —Jamaica State Trading Corporation—; una agencia que estaba rebuscando medicamentos baratos en todo el mundo para luego suministrarlos a los hospitales públicos. Les dije que, si proponíamos esto ante el Parlamento, la población se opondría a su intervención en nuestra soberanía nacional. Su respuesta fue clara: “Como país deudor, Uds. no tienen soberanía.” Dejé mi cuchillo y tenedor sobre la mesa, me levanté y le dije al primer ministro que esto no iba a funcionar.

   Manley enfermó y se retiró; yo terminé mi doctorado y seguimos en contacto. A medida que envejecía, estaba cada vez más convencido —la siguiente es una frase suya— de que la izquierda democrática debía afirmar una contranarrativa en oposición al dogma neoliberal. Incluso comenzamos a trabajar juntos en un libro sobre la necesidad de un tipo de democracia distinta y la base ideológica y filosófica de una izquierda democrática moderna. No obstante, su enfermedad empeoró y el proyecto quedó en pausa; para ser sinceros, sentí que yo no debía continuarlo sin él.

   WK: Recientemente, Ud. lideró una comisión para replantear y reafirmar la visión filosófica del PNP. ¿Qué motivó ese esfuerzo y cómo fue esa experiencia? ¿Qué piensa hoy acerca de temas como la soberanía?

   ab: Una vez se retiró Michael Manley, personas como yo comenzamos a sentir que el partido había perdido su visión y ambición; empezamos a alejarnos. Sin embargo, hace un par de años, miembros de la nueva dirigencia me pidieron que los ayudara a revivir la identidad filosófica del partido. Acepté por dos razones: la primera, que mencioné públicamente, fue porque Michael había dejado claro en nuestras muchas conversaciones que era responsabilidad de mi generación volver a poner en la agenda las ideas progresistas y profundamente democráticas. La segunda razón: sentí que aquellos de nosotros en la izquierda realmente necesitábamos retomar parte del trabajo que Manley y yo habíamos comenzado a discutir antes de su muerte. Era una oportunidad para trabajar con un grupo de camaradas y articular nuestra posición.

   Para lograr esto seguí un modelo democrático de política. Pasé mucho tiempo en las circunscripciones; iba y venía entre Estados Unidos y Jamaica, realizando encuestas, entrevistando personas y practicando una escucha profunda. Luego de completar ese proceso el año pasado, redactamos nuestras impresiones y presentamos un documento titulado Dónde estamos —Where we Stand—, que luego fue aprobado por el partido. Posteriormente, nos dedicamos a traducir estos principios en políticas económicas. Recibimos 602 recomendaciones de los delegados del partido en la conferencia anual de septiembre pasado sobre cómo reestructurar la economía jamaicana. Aún no puedo compartir esos detalles, pero creo que es seguro decir que hay una base para el proceso de transformación de la sociedad jamaicana. Sin embargo, aún está por verse si tendremos éxito.

   La pregunta sobre la soberanía sigue siendo importante. Vuelvo al escritor y novelista caribeño George Lamming, quien argumentó que la cuestión de la soberanía es central para nosotros en el Caribe. Si me pregunta, le diría que la única soberanía real que podemos tener en el Caribe es un Caribe unido. Me refiero a todo el Caribe: anglófono, francófono, hispano, neerlandés y demás. Primero debe surgir en la imaginación, a través de la convicción de que no estamos a merced de fuerzas económicas y políticas externas. Tenemos que imaginar más allá de lo que se nos ha dado. Es importante que estemos unidos en este esfuerzo, pues la estructura de la economía global no permite la soberanía individual en el sentido económico. La cuestión de la soberanía comienza, entonces, con un horizonte político. Nos exigirá en el Caribe una serie de emprendimientos económicos conjuntos, así como fortalecer nuestra capacidad para intervenir en el mundo a nivel de la política global. Esto implica configurar nuevas relaciones y alianzas globales fuera de la política de las grandes potencias. Todavía existen superpotencias que dominan el mundo, pero dada la multiplicidad de crisis actuales, se necesitan nuevas formas. Creo que ese es uno de los legados contemporáneos de Michael Manley.

   Este texto fue traducido del inglés por Eduardo Gutiérrez.

8. Normalización y el futuro del Medio Oriente

   diciembre 13, 2024 10:28 am Comentarios desactivados en Normalización y el futuro del Medio Oriente

   Antes del 7 de octubre de 2023, la normalización diplomática y económica entre Israel y los Estados árabes parecía ser la trayectoria central de la política regional en el Medio Oriente. Dado que la posibilidad de un acuerdo con Irán había sido descartada, este camino representaba los planes estadounidenses para la región, en un consenso bipartidista iniciado por los Acuerdos de Abraham de Donald Trump y continuado por la administración de Biden. En la agenda de Arabia Saudita también se vio un giro hacia la relajación de tensiones con Irán mientras se buscaba la normalización con Israel. Todo parecía apoyar la declaración del Asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, una semana antes de que Hamás lanzara su incursión en el sur de Israel, que «la región del Medio Oriente está más tranquila hoy de lo que ha estado en dos décadas.”

   Después del 7 de octubre, se especuló si lo que Hamás buscaba era interrumpir esa trayectoria y evitar que Arabia Saudita se uniera a sus vecinos del Golfo (Emiratos Árabes Unidos y Bahréin) en la breve lista de Estados árabes que han normalizado relaciones con Israel. En esto, ciertamente ha habido éxito: aunque la administración Biden ha seguido impulsando el acercamiento entre Arabia Saudita e Israel durante el genocidio en Gaza, los desafios persisten.  En los últimos meses, el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman ha dejado claro, tanto ante el Consejo de la Shura como a través del ministro de Relaciones Exteriores, Faisal bin Farhan, y en declaraciones al Financial Times, que la normalización dependerá del establecimiento de un Estado palestino independiente.

   En los últimos meses, sin embargo, ha emergido un contramovimiento liderado por EEUU e Israel que parece estar socavando alternativas a la normalización mediante una intensa ofensiva militar en la esfera de influencia de Irán. La caída del régimen de Assad podría marcar un punto de inflexión. Dependiendo de la dirección diplomática que adopte el nuevo gobierno —ya sea alineándose con las potencias del Golfo o intensificando la confrontación con Israel mientras incursiona en territorio sirio— el cambio de régimen podría convertirse en un indicador clave de la viabilidad del programa de normalización. Gran parte de ello dependerá del enfoque que adopte la nueva administración de Trump, que podría restablecer la influencia de los arquitectos de los Acuerdos de Abraham en los círculos de poder estadounidense, definiendo así su postura hacia Israel y la región.

   Para comprender el papel particular de los Estados del Golfo en el Medio Oriente, su relación con la cuestión palestina y la historia de la normalización, hablamos con Elham Fakhro, investigadora de la Iniciativa de Medio Oriente de la Escuela Harvard Kennedy de Harvard y autora del nuevo libro The Abraham Accords.

   Una entrevista con Elham Fakhro

   Jack gross: Empecemos con los Acuerdos de Abraham firmados en septiembre de 2020 ¿Quiénes fueron los involucrados?

    Elham fakhro: El círculo cercano de Trump es muy pro-Israel. Por ejemplo, David Friedman, exembajador en Israel, inicialmente fue abogado de Trump antes de que este fuera candidato presidencial. Después de que se anunciara su candidatura, Friedman empujó para convertirse en su asesor y moldear la postura de Trump sobre Israel y Palestina desde el principio. Se revirtió el respaldo del Partido Republicano a la solución de dos Estados y se insistió en el supuesto antisemitismo de la UNRWA. El mismo Friedman incluso fue líder de una organización que recauda fondos para los asentamientos.

   Luego, por supuesto, está Jared Kushner. Su familia es amiga del primer ministro Netanyahu. Se cuenta que en su adolescencia, a Kushner lo sacaban de su habitación porque Netanyahu se iba a quedar en la casa. Durante la administración Trump, Mike Pompeo se convirtió en el primer secretario de Estado en visitar un asentamiento. Tanto Friedman como Pompeo han hablado de este conflicto en términos religiosos. Friedman ha declarado sin reservas que cree que Trump fue enviado por Dios para salvar al Estado de Israel.

   A Trump se le aconsejó desde el principio que involucrar a los palestinos en las negociaciones de paz era inútil, y luego fue persuadido a adoptar una serie de políticas claramente pro-Israel: trasladar la embajada a Jerusalén y retractarse del memorando Hansell de 1978, que establece la posición del gobierno estadounidense sobre la ilegalidad de los asentamientos israelíes. Si se lee la biografía de Friedman, queda muy claro que trabajó junto a Netanyahu para influir en la política de Estados Unidos, y no al contrario. Convenció al presidente de cortar la ayuda a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo [UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East], algo que Netanyahu buscaba lograr.

   Todo esto llevó a un boicot por parte de los líderes palestinos, con el primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohammad Shtayyeh, declarando que «los derechos del pueblo palestino no estaban a la venta». Posteriormente, Kushner tuvo la intención de presentar un plan para resolver la ocupación, pero se retrasó debido a la postulación a reelección de Netanyahu. Durante el verano de 2019, Trump lanzó el componente económico de un nuevo plan de prosperidad y paz en Manama. Fue significativo porque los palestinos no asistieron. Finalmente, la administración Trump decidió tampoco invitar a los israelíes y, en su lugar, involucró a los Estados del Golfo como intermediarios en este proceso diplomático por primera vez.

   La decisión representó una nueva estrategia de alineación geopolítica. Por ejemplo, el componente económico del plan de paz se presentó en Manama, y durante el evento se habló mucho sobre el extremismo iraní como la verdadera amenaza en la región. Fue una oportunidad, especialmente para los líderes de Bahréin, de expresar cuán alineados estaban con la administración Trump. La Casa Blanca también intentó involucrar a los Estados del Golfo como inversores financieros en el plan propuesto.

   jg: ¿Cómo se llegó a la presentación y firma de este plan en Washington? ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos? ¿Qué decía el plan sobre la cuestión de la independencia del Estado palestino?

   ef: Poco después de la reunión de Manama, Netanyahu y Benny Gantz llegaron a Washington para el lanzamiento del aspecto político del plan: intercambios de tierras para los palestinos y, a cambio, permiso para la anexión de parte de Israel de un tercio de Cisjordania. A los palestinos se les ofreció tierra en el Sinaí, que se vincularía con otros territorios palestinos mediante un futuro tren de alta velocidad, que dependería de inversiones, presumiblemente financiadas por capital del Golfo, a cambio de estos intercambios de tierras. Pero no había garantía de la independencia del Estado palestino.

   En lugar de un Estado, a los palestinos se les ofreció una moratoria en la construcción de asentamientos durante algunos años, tiempo durante el cual podrían decidir si querían continuar las negociaciones o no. No había nada sobre el derecho de retorno. El plan fue, por supuesto, rechazado por los líderes palestinos. El día en que se anunció este rechazo, Netanyahu declaró abiertamente sus intenciones de anexar Cisjordania. Esto causó sorpresa y frustración entre los funcionarios de Trump que no apoyaban la anexión unilateral.

   Los funcionarios de Trump estaban divididos entre los seguidores de Friedman, que respaldan la postura de Netanyahu, y figuras como Kushner, que querían una versión menos extrema de la anexión. Trump también estaba descontento: su equipo quería ver a Netanyahu involucrado en el proceso que habían planteado. 

   Fue entonces cuando los Emiratos Árabes Unidos (EAU) intervinieron. El embajador de los EAU, Yusuf al Otaiba, se reunió con Kushner en Washington y escribió un editorial en junio de 2020, cuya publicación original fue realizada en hebreo y en uno de los principales periódicos de Israel. Él argumentó en nombre de los EAU que la anexión no era aceptable, y que los planes de anexión y las conversaciones sobre la normalización eran contradictorios. Para los lectores israelíes, sugirió la posibilidad de la paz y enfatizó las similitudes sobre las diferencias. Esto sembró la semilla que originaría los Acuerdos de Abraham.

   Durante la pandemia, Kushner y su asesor Avi Berkowitz viajaron a Israel para persuadir a Netanyahu de no anexar Cisjordania. Era plausible que las amenazas de Netanyahu fueran una maniobra electoral dirigida a los colonos extremistas y a los sectores más alineados con la derecha política israeli. Los EAU ya le habían indicado a Kushner que estaban dispuestos a la normalización a cambio del paro a la anexión. Esto formó efectivamente la base de los Acuerdos de Abraham, anunciados en agosto de 2020 a través de las redes sociales de Trump. Un mes después, Bahréin también quería unirse.

   jg: ¿Cuál fue el impacto inmediato del anuncio de los Acuerdos de Abraham en 2020?

   ef: Inicialmente, los anuncios desencadenaron una avalancha de peticiones en los Estados del Golfo por parte de todo tipo de grupos de la sociedad civil que criticaban las decisiones de los EAU y Bahréin. La respuesta se desarrolló en gran medida en línea debido a la pandemia. Los académicos religiosos lo condenaron, y grupos de la sociedad civil lideraron la oposición. Habríamos visto más protestas de no haber sido por la pandemia. 

   No obstante, la nueva relación comenzó a afianzarse y desarrollarse.

   En los primeros dos años después del acuerdo, el comercio bilateral entre los EAU e Israel, las dos economías más significativas involucradas en los Acuerdos de Abraham, alcanzó los 2.000 millones de dólares. Ahora se proyecta que alcanzará los 4.000 millones de dólares en los primeros cinco años, impulsado por inversiones significativas de los fondos soberanos de los Emiratos en startups y empresas tecnológicas israelíes, así como por el turismo israelí a Dubái. El turismo no va en ambas direcciones: en diciembre de 2020, alrededor de 70 mil turistas israelíes visitaron Dubái, mientras que aproximadamente 3 mil emiratíes visitaron Israel. Sin embargo, existe una reticencia a la normalización a nivel popular, sin mencionar el continuo compromiso con los derechos de los palestinos.

   En el ámbito militar, EEUU trasladó a Israel de la zona de Mando Europeo de los Estados Unidos [EUCOM, United States European Command] al Mando Central de los Estados Unidos [CENTCOM, United States Central Command], que cubre los Estados del Golfo y los países árabes. Con esto se buscaba profundizar el compromiso no solo entre Israel y los Estados árabes que estaban normalizando relaciones, sino también con la comunidad más amplia de Estados árabes que no habían normalizado.

   También hubo una coordinación económica significativa. La industria del diamante, donde convergen los intereses de Dubái e Israel, se ha convertido en una de las principales áreas de comercio. Hay acuerdos entre universidades, think tanks y  otros similares para promover la cooperación. Particularmente en el primer año después de la firma del acuerdo, hubo un gran impulso estatal por involucrar a Israel tanto en los Emiratos Árabes Unidos como en Bahréin.

   Los Estados del Golfo e Israel en el siglo XX

   jg: Me pregunto si pudieras situar los Acuerdos de Abraham en una historia más larga: ¿Cómo han visto los Estados del Golfo la cuestión palestina durante el último siglo? Desde la Revuelta Árabe de 1936 y el Plan de Partición de 1947 hasta la creación de Israel y la Nakba, la Guerra de los Seis Días y la Guerra del Yom Kipur, ¿qué indican estos momentos sobre el desarrollo del poder político en el Golfo Pérsico?

   ef: Cada una de estas coyunturas ha generado un apoyo inequívoco a nivel popular en todo el mundo árabe hacia los palestinos. En 1936, cuando las noticias sobre huelgas laborales y revueltas armadas contra los colonos sionistas llegaron al Golfo a través de la radio y los periódicos, se realizaron esfuerzos de recaudación de fondos en varios lugares, incluido Bahréin. El Emir de Sharjah, uno de los siete emiratos de lo que hoy son los EAU, incluso hizo una donación personal a la causa. La solidaridad con los palestinos se debió al creciente sentimiento nacionalista-popular árabe y de la oposición al dominio británico, un enemigo colonial empeñado en dividir a la región. 

   El anuncio del plan de partición en 1947 desató disturbios en los nacientes Estados del Golfo. En Bahréin, trabajadores y estudiantes se declararon en huelga durante tres días. En 1967, hubo actos similares de solidaridad, y los gobernantes comenzaron a involucrarse. El jeque Zayed de Abu Dhabi en ese momento envió ayuda a las tropas en el frente del conflicto. Hubo una participación directa de un contingente kuwaití bajo el mando egipcio en 1967, en contraste con el período previo a la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobernante advirtió a los ciudadanos que no enviaran dinero (presumiblemente porque los británicos, que controlaban Kuwait en ese momento, no querían ver el surgimiento de la solidaridad antiimperialista en el mundo árabe).

   dylan saba: La Guerra de Yom Kipur en 1973 vio a los Estados árabes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo [OPEP, Organization of the Petroleum Exporting Countries] lanzar recortes drásticos en la producción y prohibiciones de ventas que afectaron profundamente la economía política global. ¿Cómo moldearon estos eventos el futuro de la unidad política de los Estados del Golfo?

   ef: Los recortes en la producción de petróleo y el embargo de exportación que comenzaron con esa guerra fueron uno de los casos más exitosos de acción coordinada entre los Estados del Golfo. Los precios del petróleo se cuadruplicaron en dos meses. Los altos precios del petróleo perduraron por muchos años después del embargo y generaron ganancias extraordinarias para los Estados del Golfo. También provocó varios cambios dentro de los Estados Unidos. La administración de Nixon dio inicio a un proyecto de largo plazo destinado a diversificar los suministros de energía más allá del petróleo de Medio Oriente. Paralelamente, se emprendió con gran determinación un esfuerzo diplomático por resolver el conflicto árabe-israelí. Tanto Nixon como Kissinger comenzaron a reconocer la estrecha relación, percibida por los líderes árabes, entre las negociaciones de paz para poner fin a la guerra y las dinámicas de los mercados energéticos globales.

   Los primeros acuerdos de desenganche egipcio-israelí en 1974 allanaron el camino para los posteriores Acuerdos de Camp David en 1978 y el tratado de paz entre Egipto e Israel de 1979. El resultado del embargo petrolero en los Estados Unidos fue una diplomacia a largo plazo: ambos partidos políticos se dieron cuenta de que se necesitaba resolver el conflicto árabe-israelí. Este proceso le enseñó a los Estados del Golfo lo exitosa que podía ser la coordinación. La unidad política y económica más fuerte llegó poco después con el Consejo de Cooperación del Golfo, que los Estados del Golfo formaron en respuesta al estallido de la guerra Irán-Iraq en 1980.

   jg: ¿Cómo surgió el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en estos años? ¿Existían diferentes visiones de cooperación entre los fundadores?

   ef: Los seis países que conforman el CCG—Bahréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos— se encontraron vulnerables a la Guerra Irán-Iraq. Los EAU evitaron tomar partido en el conflicto, adoptando públicamente una postura de no alineación. Con el tiempo, los líderes de esos Estados reconocieron que establecer alianzas formales podría ser clave para abordar sus preocupaciones de seguridad a largo plazo. Otro evento crucial fue, por supuesto, la revolución iraní de 1979, que tuvo enormes repercusiones en la región. Para las naciones del Golfo, marcó el inicio de una relación de seguridad más estrecha con Estados Unidos. Estos tres acontecimientos—el embargo de la OPEP en 1973, la revolución iraní de 1979 y la Guerra Irán-Iraq, especialmente la ofensiva iraní de 1982—fueron decisivos para una mayor colaboración entre los países del Golfo.

   jg: En otras palabras, nos narras el período de formación del CCG durante la Guerra Irán-Irak como el momento en que los Estados del Golfo comenzaron a aumentar el gasto militar con los nuevos ingresos petroleros y se convirtieron en importantes compradores de armas. ¿Cómo han sido moldeados los Estados del Golfo por esta salida de armas para su nueva riqueza?

   ef: Los años inmediatamente posteriores a la revolución iraní fueron un verdadero punto de entrada para la expansión de EEUU en la región, y los líderes del Golfo le dieron la bienvenida con entusiasmo. La retórica de Irán hablaba de exportar su revolución. La región estaba en alerta alta, especialmente en países como Arabia Saudita y Bahréin, con poblaciones chiítas significativas pero gobernantes sunitas. La respuesta entre los miembros del CCG fue hacer todo lo posible para acercar a los estadounidenses a la región como un elemento disuasorio. Como resultado, su gasto en defensa creció dramáticamente. En Bahréin, el gasto en defensa alcanzó el 8.5% del PIB en 1982, dos años después de la revolución iraní. La Quinta Flota de la Armada de los Estados Unidos trasladó su cuartel general al país. Ese fue el momento en que comenzaron a ver a los Estados Unidos como el protector necesario.

   De Oslo al acuerdo nuclear con Irán

   ds: ¿Cómo se relacionaron los Estados del Golfo con los Acuerdos de Oslo? ¿Vieron una posible resolución a la cuestión palestina—y, por ende, a la cuestión de la normalización—o fueron más cautelosos?

   ef: Al comienzo del proceso de Oslo, había mucho optimismo en los Estados del Golfo de que este problema finalmente podría resolverse. Basado en la idea de que las conversaciones de paz terminarían con la creación de un Estado palestino, Omán y Qatar comenzaron a abrir sus puertas a Israel estableciendo oficinas comerciales preliminares en sus capitales. Sin embargo, ambas oficinas comerciales fueron cerradas cuando la solución de dos Estados no se materializó. En el caso de Qatar, esto ocurrió en parte como resultado de la presión tanto de Arabia Saudita como de Irán. En el año 2000, tanto Arabia Saudita como Irán amenazaron con retirar su asistencia de una cumbre islámica que se estaba planeando en Doha. Qatar cerró la oficina comercial, y un año después estalló la Segunda Intifada.

   A lo largo de este período, los Estados del Golfo estaban en su mayoría comprometidos con la idea de «tierra por paz»—la interpretación legal internacional de la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU—que había regido todas las discusiones de paz árabe-israelíes desde 1967. Incluso durante esta primera ola de diálogo posterior a Oslo, el equilibrio general de poder en la región significaba que la normalización dependía de la creación de un Estado palestino. Así que cuando las perspectivas de esa vía se desmoronaron con el colapso de las llamadas negociaciones de paz durante la presidencia de George W. Bush, los Estados del Golfo, a su vez, retrocedieron el proceso de normalización.

   jg: El año 2006 fue clave para dos eventos importantes que marcaron la creciente influencia de Irán en la región y el temor de los Estados del Golfo hacia esa influencia. Este temor se exacerbó durante la presidencia de Barack Obama con el acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán. ¿Cómo llegamos de aquí al proyecto de los Acuerdos de Abraham bajo Trump?

   ef: En 2001, Arabia Saudita lanzó la Iniciativa de Paz Árabe, que representó una ruta para la normalización basada en la fórmula de «tierra por paz». Respaldada por la Liga Árabe, también incluía la condición de que Israel se retirara de los territorios ocupados, que en ese momento incluían Cisjordania, los Altos del Golán y también el Líbano, y reconociera un Estado palestino establecido.

   Dos acontecimientos en 2006 empezaron a acercar estratégicamente a varios Estados del Golfo con Israel. En primer lugar, Irán anunció que había logrado enriquecer uranio por primera vez y puso en marcha un programa nuclear. En segundo lugar, Hezbolá logró expulsar a Israel del Líbano. Ambos sucesos enviaron una clara señal a los líderes del Golfo sobre el ascenso de Irán, junto con sus aliados y fuerzas subsidiarias, como una potencia significativa en la región. Al igual que en 1979, la región se enfrentaba nuevamente a la posibilidad de una fuerza rival que pudiera amenazar su posición a largo plazo.

   Es en este momento cuando comenzamos a ver un acercamiento visible hacia Israel fuera de los parámetros de la cuestión palestina. La normalización de las relaciones económicas y el progreso hacia la creación de un Estado palestino comenzaron a desvincularse. En 2007, los EAU comenzaron a adquirir tecnología israelí para un sistema de gestión de tráfico y datos satelitales israelíes para vigilar el programa nuclear de Irán. A puertas cerradas, los israelíes, los Estados Unidos y funcionarios de varios Estados del Golfo—Bahréin, Arabia Saudita y los EAU—entraron en discusiones, más tarde reveladas por WikiLeaks, sobre la amenaza representada por Irán.

   Desde la perspectiva del Golfo, estas conversaciones durante los años de la administración de Obama se centraron en cómo convencer a Estados Unidos de adoptar una postura más firme contra Irán, invocando mayores sanciones y aislamiento. Israel les parecía útil para obtener influencia en Washington. 

   ds: ¿Cómo se entiende la tensión o continuidad entre el movimiento de los Estados del Golfo contra el acuerdo nuclear con Irán, el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), y la ejecución de los Acuerdos de Abraham por parte de la administración Trump?

   ef: La relación de los Estados del Golfo con Irán ha tenido dos fases: la primera, de 2006 a 2019, fue más confrontacional; la segunda, que creo que todavía estamos viviendo, se caracteriza por la desescalada, con el mensaje abrumador de construir lazos positivos y evitar conflictos.

   Entre 2006 y 2019, los Estados del Golfo querían sanciones. Algunos incluso apoyaron en silencio la acción militar directa contra Irán. Ellos compartían con Netanyahu la opinión de JCPOA como un acuerdo que facilitaba la carrera de armas iraní,  en lugar de obstaculizarla. Los Estados del Golfo querían que el JCPOA se centrará en la producción de misiles iraníes, una amenaza que, según argumentaban, estaba a la par con un programa nuclear.

   Dos eventos llevaron a cambios en el enfoque. El primero fue el ataque a los petroleros que tuvo lugar frente a la costa de los EAU en el verano de 2019, dirigido a cuatro petroleros de tres nacionalidades diferentes. El siguiente fue el ataque a Aramco en Arabia Saudita. Ambos eventos provocaron un verdadero cambio de pensamiento para Arabia Saudita y los EAU, especialmente porque ocurrieron durante la administración de Trump. Con la ausencia diplomática de EEUU, e Irán sugiriendo de manera indirecta que los ataques fueron una represalia por la retirada de Trump del JCPOA, los Estados del Golfo comenzaron a inclinarse hacia la diplomacia con Irán. Tras esos ataques de 2019, los EAU e Irán organizaron múltiples intercambios diplomáticos. Y significativamente, Arabia Saudita e Irán restauraron sus relaciones después de siete años, en un acuerdo mediado por China. En los últimos meses han habido otras visitas, muy interesantes, entre ministros saudíes e iraníes en Doha, lo cual habría sido impensable hace algunos años. Así que los líderes del Golfo están enfocando sus esfuerzos hacia la desescalada con Irán. Están enviando un mensaje claro de que no quieren quedar atrapados en medio. 

   jg: La Primavera Árabe fue otra fuente de inestabilidad para las potencias del Golfo ¿Podrías hablar un poco sobre cómo impactó el 2011 a estos gobiernos y, por extensión, cómo ven el desacuerdo popular respecto a la normalización? 

   ef: Varios factores llevaron a este acercamiento entre los Estados del Golfo e Israel. El primero fueron los eventos de 2006. El segundo fue el ascenso de esta nueva generación de líderes del Golfo, menos interesados en la cuestión israelí-palestina y mucho más enfocados en la supuesta amenaza de Irán. Estos líderes tienden a ser más educados en Occidente, son pro-estadounidenses, y no tienen el mismo compromiso con el nacionalismo árabe que sus padres solían tener.

   El tercero fue la Primavera Árabe, donde nuevamente hubo una convergencia entre los líderes del Golfo y Netanyahu en cuanto a las alianzas diplomáticas. En ese momento, Netanyahu describió la Primavera Árabe como otro 1979, otra amenaza a la seguridad de Israel. Mientras tanto, los Estados del Golfo estaban preocupados de que los movimientos pro-democracia pudieran empoderar a elementos islamistas en la región y amenazar la supervivencia estatal a largo plazo. Tanto Netanyahu como los líderes del Golfo coincidieron en que la Primavera Árabe era una amenaza para el statu quo regional.

   La represión de la sociedad civil es, de hecho, lo que hace posible la normalización. Por ejemplo, Bahréin tuvo una rebelión similar a los movimientos masivos que vimos en otras partes de la región, y las fuerzas del CCG se movilizaron para darle fin. Los acuerdos con Israel son profundamente impopulares. Solo son posibles porque la representación popular está ausente. Incluso antes de la normalización, se realizaron encuestas regularmente en todo el mundo árabe preguntando si la población apoyaría las relaciones con Israel. En el Golfo, entre el 85 y el 95% de la población se opone consistentemente. La normalización no podría haber ocurrido salvo a través de la represión, y esto solo ha continuado después del 7 de octubre.

   El 7 de octubre y los acuerdos de Abraham hoy

   ds: ¿Cómo ha influido el 7 de octubre en la cuestión de la normalización?

   ef: Los Estados del Golfo no quieren ver una escalada entre Israel e Irán. Saben que están atrapados en el medio y sufrirían, como mínimo, impactos indirectos en sus economías. El genocidio en Gaza ha puesto límites a una línea de tiempo más agresiva, no necesariamente porque los regímenes estén conmovidos por las muertes palestinas, sino porque la indignación popular dentro de sus países ha dejado más claro que nunca que los Acuerdos de Abraham y la legitimación que le otorgan a Israel son profundamente impopulares.

   Pero para mí, el 7 de octubre y el año transcurrido desde entonces han sido la prueba definitiva del transcurso de la normalización. Incluso después de lo que Israel ha hecho en Gaza y en el Líbano—el costo brutal en vidas civiles y el sufrimiento, la dramática desestabilización de la región—el objetivo de la normalización ha sobrevivido entre los Estados del Golfo. No han expulsado a embajadores ni han hecho nada sustantivo para interrumpir sus relaciones con Israel.

   ds: La tecnología militar y la inteligencia han sido un gran atractivo para que los Estados del Golfo, particularmente los Emiratos Árabes Unidos, busquen la normalización con Israel. Sin embargo, el 7 de octubre representó, en muchos aspectos, un fracaso de ambos activos en teoría estratégicos ¿Influye esto en la evaluación que los Estados del Golfo hacen de su relación con Estados Unidos e Israel, especialmente considerando que Irán, de alguna manera, podría verlos como aproximaciones parciales de Estados Unidos?

   ef: Uno de los impulsores de la normalización es, sin duda, la capacidad de adquirir tecnología de Israel. Aunque el 7 de octubre fue un fracaso en términos de seguridad para Israel, eso no disminuye la utilidad que los Estados del Golfo ven en su tecnología, en especial, la tecnología antimisiles. 

   Cuando se firmaron los Acuerdos de Abraham, no se mencionó ni una sola palabra sobre seguridad o tensiones con Irán; todo se centraba en la cooperación económica, los lazos entre pueblos y el comercio. Esta es una omisión muy llamativa, porque estos Estados ahora están involucrados en el tipo de diplomacia de segunda fase hacia Irán, dejando de lado un enfoque activamente antagónico. Aún quieren adquirir armas e inteligencia de Israel para protegerse de futuros ataques de Irán, pero al mismo tiempo no quieren provocar ataques futuros de grupos cercanos a Irán al involucrarse en este lenguaje militar confrontacional. Si se observa el primer año de los Acuerdos, no se mencionan las transferencias tecnológicas o militares.

   Esto cambió en el segundo año de los Acuerdos. En enero de 2022, los Emiratos Árabes Unidos fueron impactados por tres ataques con misiles. Como respuesta, los EAU le solicitaron a Israel públicamente y por primera vez tecnología antimísiles y contra drones. Israel les proporcionó el sistema Barak, que los Emiratos desplegaron poco después. Los líderes emiratíes creen que fue Israel, en lugar de Estados Unidos, quien les dio su protección. Varios días después, Israel envió un equipo a los Emiratos para investigar cómo ocurrieron los ataques. Bahréin, en contraste con Arabia Saudita y los Emiratos, desde un principio hizo declaraciones aprobatorias sobre la presencia del Mossad en el país. Esto muestra un enfoque diferente, y más confrontacional hacia Irán.

   En el ámbito de la gobernanza interna, los softwares espía israelíes, como Pegasus, han ayudado a los Estados del Golfo a manejar la disidencia interna. Antes del 7 de octubre, existía la percepción de que Israel había gestionado con éxito una ocupación permanente, apoyándose en tecnología de vanguardia para lograrlo. La transferencia de conocimientos, tanto sobre la tecnología como en el enfoque organizativo para vigilar a una población sometida, resultó valiosa para los Estados del Golfo.

   El uso de software espía en los Emiratos Árabes Unidos ha sido documentado como herramienta para vigilar a algunos de sus disidentes más prominentes. En mi libro mencioné el caso de Ahmed Mansour, quien fue blanco de múltiples ataques. Aunque el origen del tipo de software de vigilancia utilizado para rastrearlo es confuso—se vende a través de Chipre u otros lugares—una parte era ciertamente israelí. Bahréin ha sido menos hábil en este sentido. El descontento en Bahréin ha sido mucho más visible que en los Emiratos, e involucra a una sección mucho más amplia de la sociedad. Durante su Primavera Árabe, Bahréin recurrió a formas más típicas de represión, como arrestos e interrogatorios. Pero no me sorprendería que Bahréin también adquiriera un software espía más sofisticado.

   ds: Mencionaste cómo los Estados del Golfo, al promover una narrativa específica sobre la normalización, han relegado la cuestión palestina y presentan el conflicto árabe-israelí como algo antiguo o superado, que ahora puede gestionarse en lugar de negociarse. El 7 de octubre fue tanto una reacción a ese enfoque como una ruptura con esa narrativa.

   ef: Esta es precisamente la lógica detrás de la normalización: la cuestión palestina es irresoluble; por lo tanto, no vale la pena dedicar demasiado tiempo a intentar solucionarla. Pero, a la vez, ¿por qué permitir que se obstaculice el fortalecimiento de lazos con un socio útil? El cambio generacional de liderazgo en el Golfo puede definirse así.

   Este punto de vista fue compartido por los funcionarios estadounidenses en la administración Trump. Pero el 7 de octubre mostró que, en realidad, la cuestión palestina no puede ser contenida. Incluso si no te preocupas realmente por la ocupación, su explosión en un conflicto devastador tiene implicaciones para la estabilidad regional y económica. Tomemos los ataques de los hutíes en el Mar Rojo o los misiles lanzados ocasionalmente desde Yemen; esto se convierte en un problema inmediato para Arabia Saudita, que está desarrollando la meca futurista de Neom justo en el Mar Rojo. El 7 de octubre disipó la narrativa de la normalización y demostró que no se puede simplemente ignorar la cuestión de la independencia palestina.

   Por supuesto, otra consecuencia del 7 de octubre ha sido la contundente manifestación de apoyo árabe hacia los palestinos. Esto ha desmontado el mito asociado a los Acuerdos de Abraham de que las poblaciones del Golfo han dejado de preocuparse por los palestinos y están dispuestas a normalizar relaciones sin cuestionamientos. En el caso de Estados más expuestos al descontento social, como Arabia Saudita, el costo político de la normalización se ha incrementado significativamente.

   ds: Parece que, a pesar de que la guerra ha dificultado mucho la normalización, la administración Biden ha intentado resolver la guerra con la normalización misma. ¿Es esta una posición desesperada de la administración Biden? ¿O realmente existe la posibilidad de un acuerdo en el que la normalización juegue un papel central, y los Estados del Golfo acepten la administración externa de Gaza?

   ef: El enfoque de Brett McGurk, Tony Blinken, Jake Sullivan, entre otros, es exactamente ese: un acuerdo en el que se involucre a Arabia Saudita, ofreciendole la normalización y un Estado palestino—o al menos un camino hacia un Estado palestino— a cambio de un acuerdo de defensa. Los funcionarios saudíes han aclarado en varias ocasiones que para ellos conformarse lo minimo sería la creación de un Estado palestino. Y lo que están buscando de Estados Unidos es algo bastante significativo: no solo un acuerdo de seguridad vinculante, sino algo similar a un acuerdo del Artículo 5 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en el que, si Arabia Saudita es atacada, Estados Unidos se vea obligado a responder. Además de eso, quieren tecnología avanzada antimisiles y acceso a un programa nuclear civil.

   La normalización con Arabia Saudita está lejos de ser un hecho, y creo que los funcionarios estadounidenses han sido demasiado optimistas. La estrategia a largo plazo de EEUU es delegar sus políticas regionales a una alianza de monarquías suníes del Golfo y a Israel. Pero hay varios puntos problemáticos con esto. El primero es si el Congreso alguna vez le daría a Arabia Saudita lo que está pidiendo. En segundo lugar, está la exigencia de un Estado palestino, al que el actual gobierno en Israel— el más alineado con la derecha en su historia—no accedería. Ningún líder israelí apoya esto, y las elecciones presidenciales de Estados Unidos, desde el punto de vista del mundo árabe, fueron un concurso entre lo malo y lo peor—ya se le ha dado carta blanca a Netanyahu, y no hay razón para esperar que el segundo mandato de Trump sea diferente.

   Entonces, la pregunta es: ¿estarían dispuestos los saudíes a aceptar la normalización sin un Estado palestino? Algunos afirman que el príncipe heredero no considera que un Estado palestino sea una prioridad y que cualquier gesto simbólico sería suficiente. Por otro lado, hay quienes creen que sería un riesgo demasiado alto generar descontento entre su población interna. Arabia Saudita lideró la Iniciativa de Paz Árabe y no quiere perder su influencia, y mucho menos alienar a millones de musulmanes fuera del Golfo que son firmemente pro-palestinos.

   Este ensayo fue traducido del inglés al español por Isabel Tamayo.

9. Petropolítica

   septiembre 18, 2024 4:12 pm Comentarios desactivados en Petropolítica

   En 2023, cumpliendo las promesas de campaña de convertir a Colombia en un líder en la transición energética global, el presidente Gustavo Petro anunció que el país suspendería nuevos contratos para la exploración de petróleo y gas. El anuncio, aunque celebrado por defensores del medioambiente, ha sido recibido con escepticismo por parte de distintos actores políticos, que han señalado la dependencia de Colombia al petróleo para sus necesidades energéticas, los ingresos estatales y el empleo en Ecopetrol, con participación mayoritaria del Estado.

   La Unión Sindical Obrera (USO), que representa a los empleados de Ecopetrol, apoyó firmemente la campaña presidencial de Petro, pero en este momento enfrenta tensiones con el gobierno. Mientras que Ecopetrol es la empresa petrolera más grande de Colombia y uno de los activos clave de la economía colombiana, la USO es uno de los sindicatos más antiguos del país, además de ser uno de los más perseguidos: casi 900 afiliados han sido víctimas de homicidio, amenazas y exilio a lo largo de los últimos años.

   La USO está pasando por un momento determinante, al apostar por la descarbonización de la economía mediante una empresa que hasta ahora ha sido la punta de lanza de la producción de hidrocarburos en el país. La cuestión es que el presidente quiere convertir a Ecopetrol en un líder de tecnologías limpias. Cómo se haga esta transición, y el efecto que tendrá en los más de 25 mil trabajadores de la industria de hidrocarburos es el problema fundamental que ha atravesado las relaciones entre el gobierno nacional y los trabajadores de la industria en estos dos primeros años del gobierno de Petro.

   Recientemente, una decisión de la Junta Directiva de Ecopetrol ha puesto a prueba las relaciones entre el gobierno y los trabajadores de la industria. Se han frenado nuevas inversiones, que alcanzan hasta unos 3.600 millones de dólares, en la cuenca del Permian, un campo fronterizo entre Texas y Nuevo México. La petrolera colombiana llevaba más de año y medio estudiando el sitio, donde se usa la técnica fracking. El negocio iba en la dirección de generar más utilidades y barriles de petróleo para la empresa—una ampliación estimada del 9 por ciento de su producción de barriles—pero fue rechazado por la Junta Directiva, cercana al presidente Petro, por razones ambientales y económicas. La decisión ha generado polémica entre los trabajadores de la industria de hidrocarburos que creen que los planes de descarbonización del gobierno no deberían consistir en dejar de producir más barriles de crudo.

   Phenomenal World entrevistó a César Loza, presidente del sindicato de Ecopetrol (USO) para discutir la historia del sindicalismo en la industria de los hidrocarburos, los planes de transición energética del gobierno Petro para la empresa Ecopetrol y su visión propia de cómo sería una transición energética favorable para los trabajadores.

   Una entrevista con Cesar Loza, Presidente de la USO

   camilo garzón: ¿Cómo interpreta la llegada de Petro al poder y el efecto que eso tiene en Ecopetrol?

   cesar loza: Nosotros coincidimos con este gobierno en que debe haber una transición energética, de tal forma que se tenga una matriz de energías limpia y poco a poco dejar de depender de los combustibles fósiles. En eso tenemos coincidencia, pero también tenemos fuertes diferencias. Nosotros consideramos que para que la transición energética sea sostenible tienen que darse tres elementos fundamentales. El primero, voluntad política. Distintos actores tienen que tener voluntad política para que haya una transición energética. Hoy tienen voluntad los trabajadores, las comunidades locales, los gremios, las empresas, gobiernos locales y el gobierno nacional, así que en este punto hay pocos desacuerdos. El segundo elemento son las fuentes de energía: energía eólica, solar, geotérmica. En esto también estamos sincronizados ya que Colombia tiene un potencial fuerte para desarrollar estos sectores. Pero hay un tercer elemento sin el cual no se puede hacer la transición energética, y son los recursos económicos. Nosotros hemos dicho: los recursos económicos para la transición energética deben salir de la misma industria del petróleo y el gas. Pero esa realidad no la ha entendido el gobierno. El presidente Petro permanentemente habla de transición energética, pero ¿de dónde va a salir el recurso para hacer eso? Cualquier gobierno, de izquierda o derecha, que presente una propuesta de una reforma tributaria —como ya ha presentado el gobierno de Gustavo Petro en su primer año— para aumentar el recaudo tributario y de ahí sacar recursos para hacer una transición energética, va a ser totalmente impopular. Eso no va a pasar.1La Corte Constitucional falló en contra de una medida de la reforma tributaria de 2022 para incrementar los impuestos a las empresas mineras y de petróleo.

   Nosotros le hemos dicho al presidente, al ministro de Hacienda, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al presidente de Ecopetrol, que apoyamos una curva básica con rigor técnico de un tope de producción de barriles, ejemplo, 750.000 u 800.000, y que todo lo que se produzca de ahí en adelante sea para invertir en la transición energética. Pero obviamente para eso se requiere una industria robusta y fuerte. Al contrario, lo que hemos notado es que hay desinversión en los diferentes campos petroleros, y obviamente eso causa una diferencia sustancial con el gobierno. Un ejemplo de esa desinversión es que Ecopetrol tomó la decisión de recortar el presupuesto de inversión de 4.500 millones de dólares a 2.500 millones de dólares para este año. La decisión tendrá impacto en la exploración y producción de petróleo y gas y va en contra del marco fiscal de mediano plazo contemplado para 2026, donde se esperaba que la empresa aumentara su producción a 850 mil barriles por día de crudo. Sin embargo, al ritmo actual, no se podrá llegar a esa cifra.

   Por ejemplo, el 4 de marzo, Andrés Camacho, el ministro de Minas y Energía, manifestó en una entrevista que un reto grande en el país era la búsqueda del millón de barriles. Posteriormente, lo dijo el ministro de Hacienda. Recientemente se creó un comité interinstitucional, liderado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con el fin de reactivar la industria. La USO pidió ser incluida en ese comité, porque nos beneficia construir la política de entorno para poder desarrollar la industria. Sin embargo, se notan intereses en conflicto, por ejemplo, el ministerio de Ambiente está en contra la idea de fortalecer la capacidad de producción de la industria.

   cg: Para dar un poco de contexto: ¿Cuál ha sido históricamente el rol del sindicato de la USO en Ecopetrol?

   cl: La USO fue fundada clandestinamente el 10 de febrero de 1923 en Barrancabermeja, es decir que ya tiene más de 100 años. La organización sindical se caracterizó, en principio, por defender los derechos de los trabajadores que laboraban al servicio de una empresa multinacional norteamericana llamada Tropical Oil Company. La empresa tenía a su cargo la explotación del pozo “Infantas 2”, descubierto en el corregimiento de El Centro, en Santander. El pozo se venía explotando desde 1918 y  es allí donde nació la industria.

   La USO al principio se caracterizó por defender los derechos de los trabajadores y dignificar sus condiciones con la bandera de los “tres ochos” (ocho horas de trabajo, ocho de estudio y ocho de descanso) que venía de la revuelta de Haymarket en Chicago. Posteriormente entró en la agenda política más amplia cuando adelantó una huelga en 1948, conocida como la “huelga patriótica”, también desde Barrancabermeja, en la que se solicitaba, además de condiciones laborales dignas y la nacionalización del petróleo, que el Gobierno de la época, que era conservador, no prorrogara la concesión de Mares. Esta venía de 1909 cuando el presidente Rafael Reyes entregó a Roberto de Mares la concesión para explotar el petróleo en las selvas del Carare Opón, en la región del Valle Medio del Magdalena.

   A raíz de esa huelga se logró que el gobierno conservador limitará a la Tropical Oil Company su explotación del petróleo en la región, hasta el 25 de agosto de 1951. También accedió a que se revertiría la concesión al Estado después de esa fecha. Es así que surge la Empresa Colombiana de Petróleos, que sale a la luz en agosto de 1951, como resultado de la huelga. Por eso decimos nosotros que la USO fue la encargada de crear Ecopetrol. Desde entonces, la Unión Sindical Obrera se ha caracterizado por defender el petróleo como patrimonio público de los colombianos y los derechos de los trabajadores. En principio, el sindicato era un sindicato de base, es decir, de empresa. Posteriormente, hace aproximadamente unos veinticinco años, nos acogimos al sindicato de industria. Hoy representamos a los trabajadores de la industria de hidrocarburos en Colombia y no sólo a Ecopetrol.

   Nuestro sindicato es un sindicato de izquierda que defiende la propiedad pública, el patrimonio público y las condiciones de los trabajadores. Pero también hay mucho pragmatismo. A los trabajadores les interesa tener una organización sindical que defienda sus derechos, su empresa, su fuente de empleo y su convención colectiva. La organización sindical tiene, por supuesto, una alineación con la izquierda, con los gobiernos progresistas, pero las coyunturas políticas van cambiando. Nosotros al Gobierno de Santos lo apoyamos en la reelección porque había una coyuntura de construcción de paz que el Gobierno estaba llevando a cabo a través de la negociación con la guerrilla de las FARC. Nosotros tomamos la decisión de apoyarlo a pesar de que era un candidato de derecha.

   Hoy, la estructura orgánica del sindicato se compone de una Junta Directiva Nacional compuesta por veinte miembros y el presidente. Hay 28 juntas regionales distribuidas a lo largo y ancho del país y la máxima instancia deliberativa del sindicato es una Asamblea Nacional de Delegados. En la industria de los hidrocarburos somos aproximadamente unos 25 mil, y en Ecopetrol tenemos aproximadamente unos 16 mil trabajadores, pero eso depende de los ciclos de trabajo. El número de afiliados a la USO en el grupo empresarial Ecopetrol puede ser de unos 9.000 trabajadores y el resto son trabajadores de servicio de contratistas y otras operadoras. Hay otros sindicatos minoritarios, pero nosotros somos el sindicato beligerante, que hace la movilización y que adelanta la acción política2Los otros sindicatos precisamente han surgido, sobre todo, después del año 2003, cuando por decisión de un tribunal, ante la no posibilidad de negociar con Ecopetrol, les fue retirada a los trabajadores la estabilidad laboral de la Convención Colectiva, y entonces empezaron a fundar sindicatos nuevos para tener fueros sindicales.

   cg: ¿Cuál es el aporte general que hace Ecopetrol a la economía colombiana?

   cl: Después de la recaudación tributaria vía impuestos, Ecopetrol es la principal fuente de ingresos del país. En el año 2023, le entregó a la nación $58 billones de pesos. Esta cantidad es equivalente al 4 por ciento del PIB y también equivale a las tres reformas tributarias de los últimos 5 años. En la más reciente reforma tributaria aprobada por el Congreso, en 2022, el gobierno intentó hacer que las empresas mineras y petroleras pagaran más impuestos, pero la Corte Constitucional tumbó este año esa disposición, que le supuso ingresos al gobierno en 2023 por casi $7 billones de pesos, y ahora tiene que devolver.

   El aporte de Ecopetrol siempre ha sido significativo para las finanzas públicas. Sin el aporte de la empresa, el gobierno tendría que hacer unas tres reformas tributarias al año. Me refiero a que si Ecopetrol se privatiza, la empresa pagará regalías e impuestos, pero por efecto de utilidades no generaría nada. Lo que significa que la diferencia solo se podría cubrir con reformas tributarias. Por eso es importante defender los aportes que dependen en buena medida del nivel de ingresos y utilidades de Ecopetrol.

   También juega como un factor importante el precio internacional del crudo. Si el crudo tiene buen precio, los ingresos para la nación van a ser mejores. Por ejemplo, los precios se han mantenido por encima de los 80 dólares por barril durante los últimos tres o cuatro años. Esto después de la crisis del coronavirus, cuando los precios se desplomaron a niveles negativos. Inclusive, empresas perdieron ganancias al tener que pagar el crudo a 20 dólares para que los buques lo almacenaran, porque no había ni transporte, ni terminación. La caída de precios más reciente se dio en el 2014, cuando hubo una crisis de precios internacionales que tuvo un impacto negativo para los trabajadores de la industria a nivel global, pero especialmente en Colombia, donde los precios fluctuaron dramáticamente, desde 118 dólares por el barril de Brent a 37 dólares en 2015.

   cg: Cuéntennos acerca de la relación de la USO con gobiernos recientes en Colombia.

   cl: La lucha del movimiento sindical ha sido constante, pero hemos tenido gobiernos con los que nos ha tocado mucho más difícil. Por ejemplo, los dos gobiernos de derecha de Álvaro Uribe (2002–2010) fueron contraproducentes para el movimiento sindical en Colombia y particularmente para la USO. En el año 2003 fuimos a una huelga durante el gobierno Uribe. Al frente de Ecopetrol estaba Isaac Yanovich, un presidente reaccionario anti-obrero que odiaba al sindicato. Esa huelga tuvo un alto costo para el sindicato y supuso el despido de 253 empleados.  A través de esa huelga la USO desafío la privatización de Ecopetrol. En el país se venía dando un proceso de privatización de las empresas públicas, como Telecom, y el sindicato tenía información de que iban a hacer lo mismo con Ecopetrol.

   Aún con las huelgas que evitaron la total privatización, con Uribe la empresa recibió dos grandes golpes. Uno a través del decreto 1760 de 2003, que le quitó todo el protagonismo que tenía Ecopetrol en materia de contratación petrolera, de asociaciones y de manejo de las regalías. Se le pasó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. El otro gran golpe fue la ley 1118 de 2006 que convirtió a Ecopetrol en una sociedad por acciones con una autorización de venta de hasta el 20 por ciento de las acciones. A través de ese decreto se le cambió la naturaleza económica a Ecopetrol y se convirtió en una empresa de economía mixta, es decir, con propiedad mayoritaria del Estado (88 por ciento) pero también de accionistas particulares. Además, contra el movimiento obrero, vinieron reformas laborales y pensionales. Por todo esto, la administración de Uribe fue uno de los gobiernos con más conflictos para el movimiento sindical. Al margen de esas tensiones, la historia del sindicato ha estado marcada por la violencia y la represión.

   cg: Explique un poco más a que se refiere con violencia y represión.

   cl: Nuestro sindicato ha sido víctima de la guerra sucia en Colombia. Entre finales de los años 80 y comienzos de los 2000, tenemos registrados más de cien asesinatos entre dirigentes y activistas de la USO, producto de la guerra. La Comisión de la Verdad documentó 865 hechos victimizantes, entre 1986 y 2019, contra integrantes del sindicato. Hay actores que han aceptado la violencia física contra dirigentes sindicales o incluso al interior de Ecopetrol se posicionaron algunos actores que generaron violencia contra los movimientos sindicales.

   Aury Sará Marrugo, presidente de la USO en Cartagena, fue asesinado el 5 de diciembre del 2001. Salvatore Mancuso, uno de los máximos excomandantes de las autodefensas de Colombia, ha aceptado que fueron secuestrados y torturados dirigentes sindicales. También se aceptó en versiones de la Ley Justicia y Paz (que fue un marco jurídico para facilitar la desmovilización de los paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe) que uno de los funcionarios de seguridad de Ecopetrol tenía vínculos con paramilitares. Eso, por supuesto, supuso que muchos líderes del sindicato prefirieran no manifestarse públicamente. En síntesis, nosotros hemos sido víctimas de la guerra sucia que se ha dado contra el movimiento sindical en Colombia.

   cg: Además de las diferencias que la USO ha tenido con el gobierno, ¿cómo está la relación del sindicato con la Junta Directiva de Ecopetrol y su Presidente Ricardo Roa?

   cl: Con la junta de Ecopetrol tenemos buenas relaciones. De hecho, nos han habilitado espacios en las reuniones que ellos han hecho en Barrancabermeja y en Bogotá con la vicepresidencia de talento organizacional, pero hay decisiones que no dependen de la Junta de Ecopetrol, sino del gobierno nacional. Esto quiero que quede claro porque la relación entre la USO y Ecopetrol es buena, pero hay decisiones que dependen del gobierno nacional. 

   Una diferencia concreta es que nosotros creemos en la necesidad de la transición energética, pero esto no significa dejar de producir petróleo y gas. Hay que seguir produciéndolos, es el negocio tradicional de Ecopetrol, y además garantiza el abastecimiento energético nacional. Si no encontramos nuevas reservas, esto va a poner en aprietos a Ecopetrol y a la economía del país, porque solamente tenemos reservas de hidrocarburos para siete años. Hoy tenemos una producción en barriles equivalentes a 758 mil barriles diarios, que incluye la producción que se hace con fracking en la cuenca Permian en Estados Unidos. Ese contrato se extiende hasta el 2025. Hoy tenemos 580.000 barriles de crudo, sin contar el gas. Si a esos barriles le quitamos los 64.000 barriles que aporta la cuenca Permian, al finalizar el próximo año nos queda una producción de 516.000 barriles de crudo. Si se le aplica un factor de declinación del 10 por ciento, al cabo de 2 años vamos a tener 374.000 barriles. Es decir, vamos a tener que importar crudo para cargar nuestras propias refinerías, pero con el agravante de que no vamos a tener nada que exportar. Este es un tema que nos preocupa como sindicato y le debería preocupar al país. Hay que explorar más, sí o sí.

   En dos años, si no hay nuevos hallazgos, no vamos a tener suficiente crudo para cargar las dos refinerías más grandes del país: Cartagena y Barrancabermeja. Hoy se importan algunos barriles de crudo para poder tener las cargas que demanda la refinería de Cartagena, es decir, se importa por un tema eminentemente técnico, pero también se exporta. Colombia exporta más de 300.000 barriles de crudo.

   El actor más importante en materia de hidrocarburos en Colombia es Ecopetrol. La empresa garantiza la autosuficiencia energética y refina 440.000 barriles al día, transporta más de 1.100.000 barriles entre derivados y crudo, produce 7 de cada 10 barriles y genera el 80 por ciento del gas del país. Entonces no se puede dejar de invertir en el negocio tradicional, no solamente por un tema de abastecimiento energético, sino también por un tema de ingresos para las arcas de la nación.

   cg: Otra preocupación de la USO ha sido la generación de empleo. ¿Qué propuestas ha hecho la USO a Ecopetrol para que la transición energética de la empresa no resulte en la pérdida de empleos?

   cl: En una reciente Asamblea estatutaria de Ecopetrol, se aprobó que la empresa sea considerada como una empresa de energías y no solamente de petróleo y gas. Hay que tener en cuenta que las grandes empresas petroleras del mundo están adoptando el mismo esquema. Por ejemplo, Equinor, empresa estatal de Noruega, gestionó en el año 2018 una transformación administrativa interna, volviéndose empresa generadora de energías.

   Una estrategia similar puede permitir que Ecopetrol lidere la transición energética en Colombia, pero se requieren cuantiosos recursos y un cambio en la regulación. Actualmente, la petrolera no puede vender energía limpia, sólo generarla para su autoconsumo. Nosotros consideramos que, en términos generales, la transición energética en Colombia la debe liderar Ecopetrol, para que quede en manos del Estado. De lo contrario, el negocio va para empresas privadas o multinacionales y, por supuesto, eso contribuye a encarecer la energía.

   Además, hay una situación de orden laboral que nosotros queremos mencionar. Los empleos que genera la industria del petróleo y el gas en el país son empleos de calidad, son empleos dignos: muy bien remunerados gracias a la lucha de la Unión Sindical Obrera y de los trabajadores de las comunidades. Mientras que los empleos que generan las fuentes de generación energética alternativas como la energía solar, son empleos con salarios bajos, que no tienen abundante mano de obra como suele ocurrir en los centros de generación eléctrica. Entonces, realmente la calidad del empleo es diferente y hay que garantizar que los empleos de las energías limpias sean también dignos y con protecciones. Dentro de Ecopetrol se podría hacer esto, ya que es una empresa con una trayectoria de garantías laborales para sus trabajadores.

   cg: ¿Cómo se ven en el marco más amplio de movimientos internacionales de trabajadores del petróleo, por ejemplo, con los sindicatos de empresas como Petrobras y Pemex?

   cl: Lula tiene un gobierno de izquierda, pero yo no he escuchado que esté promoviendo dejar de producir petróleo y gas en Brasil. Al contrario, ellos cada vez vienen incentivando más la explotación offshore. El reto que tienen es llegar a 6 millones de barriles. Eso no significa que no estén alineados con la transición energética, sino que van trabajando en las dos vías. A pesar de que el gobierno está comprometido con la transición, no hay riesgo sobre el empleo de la industria petrolera porque ellos siguen explotando.

   En cambio, aquí se considera que hay que dejar de depender lo más pronto posible de los hidrocarburos. Eso no va a ocurrir por razones técnicas y socioeconómicas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en una región como el Valle Medio del Magdalena, que históricamente ha dependido de la industria petrolera al ser foco de producción, explotación, refinación y transporte? Uno tiene que hacer una transición socioeconómica para que la gente, en vez de depender del petróleo, dependa de otras potencialidades económicas del territorio, pero eso no se hace de la noche a la mañana.

   cg: En Colombia hay un debate sobre los subsidios a la gasolina y el diesel. El gobierno Petro, en línea con su política de desincentivar los hidrocarburos, ha tomado decisiones para quitar parte de esos subsidios, lo que ha repercutido en un aumento de los precios de la gasolina y ahora del diesel, una medida muy impopular entre el gremio de los transportadores. ¿Qué piensa la USO de esta medida de quitar esos subsidios?

   cl:  El presidente Petro buscó, desde agosto de 2022, desmontar el conocido Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, creado en 2007, con la idea de evitar las fluctuaciones de precio. La intención era que el fondo se alimentaría al cobrar más alto al precio internacional del petróleo cuando estuviera bajo, y convertiría ese superávit en un subsidio de la gasolina cuando el crudo estuviera alto. Pero desde su creación ha sido deficitario, por lo que el Estado tuvo que subsidiar el fondo. Petro decidió inicialmente quitar el incentivo de la gasolina y ahora anuncia que lo hará con el diesel también. Desde julio de 2022, el precio de un galón de gasolina ha aumentado de 9.46 pesos a 14.546 pesos, un incremento del 61 por ciento en términos nominales y del 40 en precios constantes (ajustando la inflación).

   En Colombia hay una estructura de precios de los hidrocarburos donde un 35 por ciento de estos son impuestos. El otro elemento que contribuye a que nuestros combustibles sean caros es que se tiene como referente el combustible que se compra en el Golfo de México. Ese precio es un referente internacional que se traslada al país. Por eso se dice que el gobierno subsidia con determinado dinero cada galón de gasolina, claro, porque en el Golfo de México el galón de gasolina tiene un precio superior. Entonces, por eso el gobierno aplicó una tarifa de liberación de precios que funciona para equipar a los precios del Golfo de México. Eso lo hizo con la gasolina y es lo va a hacer con el petrodiesel.

   Recientemente el ministro de Hacienda dijo que el incremento en el diesel iba a ser de 6.000 pesos, 2.000 este año y 4.000 el año siguiente en dos incrementos. Eso va a generar una inconformidad social, porque los transportadores ya amenazaron con paralizar la producción, y, de hecho, ya lo hicieron con movilizaciones este mes.

   Nosotros desde la USO hemos dicho que ojalá se trabajara con rigor académico y técnico para generar una nueva estructura de precios donde se paguen menos impuestos y eso permita que los combustibles sean más baratos. Otra opción es que a Ecopetrol se le diga que el barril de crudo, después de que lo procese y lo entregue en puntos de abastecimiento, va a tener un margen de utilidad por refinarlo, aunque eso no ha sido posible por una razón muy sencilla: en la medida en que la estructura de precios cambie, esos impuestos se reducen y entonces los ingresos para las regiones van a ser menores. Entonces, acá hay un problema estructural que está fundamentado en la forma como se define el precio del combustible.

   Todo esto debería ser un debate de carácter público porque la gente se pregunta, por ejemplo, si hoy se importa el 20 por ciento de la gasolina que se consume en el país, pero el diesel se produce totalmente en el país con nuestros crudos, ¿por qué tienen que tasar las cuentas de la gasolina y del petrodiesel con los precios del Golfo de México si gran parte se produce acá? Ese es un debate que lleva mucho tiempo en el país. Desde el sindicato consideramos que se debería cambiar la estructura de precios en el país sin que eso implique pérdidas para Ecopetrol o implique no tener tributación por ese efecto.

   cg: Finalmente, ¿cómo ve usted la exploración futura de petróleo y gas?

   cl: Un ejemplo se ve en lo que ha pasado en el proyecto Komodo 1, que es la perforación de un pozo offshore a 40 km de Santa Marta, que busca marcar una posible provincia gasífera donde puedan estar las reservas de gas que el país necesita para los próximos años. Pero este proyecto está temporalmente suspendido por una decisión del Ministerio de Ambiente, que le pidió a la autoridad ambiental suspender el trámite hasta que se tuviera más información sobre sus impactos. La situación es contraproducente para Ecopetrol y para el abastecimiento energético que necesitamos garantizar. Hay una solicitud en el despacho de la ministra para que más de 80 pozos estratigráficos se puedan convertir a pozos productores, pero no se han dado avances en esa solicitud.

   Entonces, nosotros estamos haciendo un llamado a que es necesario que los entes del gobierno se coordinen en la vía de fortalecer la exploración en Colombia, incluso con los mismos 300 contratos que el país tiene firmados. Otro ejemplo fue precisamente el que salió a la luz pública hace un par de semanas, y fue que Ecopetrol desistió de hacer un negocio de aproximadamente 3.600 millones de dólares en Estados Unidos al no comprarle a Oxy un porcentaje de los activos de la empresa CrownRock. Este proyecto iba en la dirección de incrementar la producción de barriles de la empresa en un 9 por ciento, pero la Junta de Ecopetrol dijo estar en desacuerdo por razones fiscales y porque, finalmente, el gobierno se opone al uso de la técnica fracking. Nosotros no estamos diciendo que la decisión debió ser otra, pero si le planteamos a la Junta de la empresa que esos 3.600 millones de dólares que no se usaron los traigan e inviertan en el país.

   Entonces, no puede ser que todos los proyectos para ampliar la producción queden parados sin una alternativa clara de cómo puede crecer económicamente la empresa. Por ahora no hemos recibido una respuesta del gobierno frente a esa solicitud. Hemos pedido en reiteradas ocasiones reunirnos con el presidente Petro, pero no ha sido posible.

10. En Cisjordania

    septiembre 12, 2024 5:20 pm Comentarios desactivados en En Cisjordania

    El 28 de agosto, Israel lanzó su mayor ofensiva militar en Cisjordania desde la Segunda Intifada, ocurrida hace más de dos décadas. La operación, denominada “Campamentos de Verano”, tuvo como objetivo las ciudades de Jenin, Tulkarem y Tubas, ubicadas en el norte del territorio, y resultó en la muerte de treinta y nueve palestinos. Además, el ejército dejó 150 heridos, arrestó a decenas de personas y destruyó infraestructura clave. Varios tramos de carretera fueron destrozados, las fachadas de comercios arrasadas por bulldozers y las líneas de agua y electricidad quedaron gravemente dañadas.

    A pesar de las declaraciones de funcionarios de seguridad israelíes que indicaban que las redadas podrían marcar el inicio de una prolongada operación militar, se ha producido la retirada de algunas ciudades del norte. Mientras tanto, las tropas siguen activas, con redadas y arrestos reportados durante el fin de semana en Nablus y Hebrón (El ejército israelí también mató a una activista turco-estadounidense en una manifestación al sur de Nablus el pasado viernes al dispararle en la cabeza).

    La reciente operación terrestre y los bombardeos aéreos, lejos de representar la apertura de un nuevo frente en Gaza o la frontera con el Líbano, son en realidad una intensificación de la actividad militar de Israel en el territorio. Las fuerzas israelíes ingresan a la Cisjordania ocupada a su antojo, con frecuencia bajo el pretexto de atacar a los combatientes de la resistencia palestina. Desde el 7 de octubre, más de 650 palestinos han sido asesinados en Cisjordania y Jerusalén del Este, de los cuales más de 150 eran niños. Días antes del inicio de la Operación Campamentos de Verano, soldados colonos atacaron Wadi Rahal, un pueblo cercano a Belén, y asesinaron a un hombre palestino. Dos semanas antes, algunos colonos llevaron a cabo un pogromo en la aldea de Jit, incendiando viviendas y matando a otro hombre. Incluso antes de octubre, el año 2023 ya había sido el más mortífero para los palestinos en Cisjordania.

    Estos hechos se enmarcan en el contexto del genocidio en curso por parte de Israel en Gaza y de una ocupación militar que lleva vigente desde 1967. Esta ocupación, que es considerada ilegal por la comunidad internacional, se vuelve cada año más arraigada y violenta, de maneras muy profundas.

    La mañana después de que comenzaran las recientes incursiones en el territorio, hablamos con Fathi Nimer sobre las redadas, las condiciones en Cisjordania desde octubre y la historia de la anexión y ocupación. Nimer ha trabajado en el Arab World for Research and Development, la Universidad de Birzeit y el Centro de Estudios de Derechos Humanos de Ramallah. Actualmente es investigador de políticas palestinas en Al-Shabaka.

    Una entrevista con Fathi Nimer

    JACK GROSS: En septiembre 11, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) lanzaron un ataque en varios lugares de Cisjordania, con informes de ataques aéreos en Nur Shams, bombardeos en Faraa, redadas en Beit Fajjar y un cerco en Jenin. ¿Qué sabemos hasta ahora sobre lo que ha ocurrido? ¿Fue una operación limitada o una escalada más sostenida?

    FATHI NIMER: Los rumores de una operación más intensa en Cisjordania han estado circulando durante los últimos meses y, de hecho, durante los últimos dos o tres años. Una razón detrás de ello es el surgimiento de diferentes grupos de resistencia, particularmente en los campos de refugiados, que son de los pocos lugares donde los palestinos pueden organizarse con menor interferencia, ya sea de la Autoridad Palestina (AP) en su papel de coordinadora de seguridad o del aparato de inteligencia de Israel.

    Estas áreas se han convertido en centros de los nuevos grupos de resistencia armada que Israel pensaba que había eliminado. Desde que comenzó el genocidio, los grupos en Cisjordania han intentado desviar los recursos de las FDI de Gaza. Podemos darnos una idea de la amenaza que estos grupos representan, ya que por primera vez en casi veinte años, Israel está recurriendo a bombardear estos campamentos desde el aire. No pueden seguir con incursiones terrestres sin costo alguno; la estrategia típica es arrestar, asesinar y bombardear de manera directa. Han estado haciendo esto durante diez meses en Cisjordania, pero no han logrado los resultados deseados. Con un gran ataque, las FDI creen que pueden infligir suficiente daño para disuadir la resistencia.

    Los lugares que las FDI han estado atacando guardan una cierta relevancia. Jenin es conocida como un sitio de resistencia desde la Segunda Intifada, y en el pasado ha sido objeto de toques de queda prolongados y asesinatos selectivos más que otras ciudades de Cisjordania. Pero algunos de los lugares bajo asalto de las FDI en este momento, como Jericó, por ejemplo, no han estado asociados con la resistencia armada. La situación en Cisjordania ha empeorado de forma tan acelerada en los últimos años, y aún más desde la coyuntura de octubre, que incluso áreas que en el pasado no habían sido objeto de ataques armados, ahora se están viendo involucradas.

    Aunque el enfoque actual de las FDI se centra en el norte de Cisjordania, esto no representa el final de la historia. Paralelamente, la Autoridad Palestina está llevando a cabo una intensa campaña de seguridad en Nablus. En este tipo de operaciones en Cisjordania, no siempre es evidente cuál es la diferencia entre las Fuerzas de Seguridad Nacional de Palestina y las Fuerzas de Defensa de Israel, ya que ambas trabajan en conjunto con el objetivo compartido de neutralizar la resistencia armada y cualquier desafío al monopolio del poder que ejerce la AP.

    Es importante tener en cuenta que estos acontecimientos se han venido acumulando hasta llegar a esto durante algunos años. Creo que el 7 de octubre aceleró el proceso, pero íbamos hacia este nivel de escalada porque la política de Israel es, como siempre, golpear con la mayor fuerza posible sin abordar las presiones subyacentes. Cuando las causas profundas permanecen sin cambios, en definitiva habrá una resistencia continua.

    Otra cosa a destacar es que, evidentemente, Israel puede bloquear y llevar a cabo un genocidio en Gaza sin repercusiones locales, pero hay cientos de miles de colonos en Cisjordania. Cisjordania es un territorio pequeño, con colonos distribuidos por todas partes; por diseño y por necesidad, los asentamientos están construidos para evitar un territorio palestino contiguo que pueda convertirse en un Estado. Los palestinos están rodeados de colonos israelíes, y los colonos israelíes están rodeados de palestinos. Esto significa que, a todos los efectos, un confinamiento total es imposible.

    La estrategia de Israel puede ser «vivir por la espada», pero la espada se extiende a tres frentes activos: Gaza, Líbano y ahora Cisjordania, y con la participación periódica de otros grupos en la región. En esta situación, ¿puede Israel desplegar grupos de soldados en cada asentamiento, poniendo un tanque en cada esquina? Esto afectaría su preparación de combate en estos otros frentes.

    No verás este análisis en la dirigencia política, que solo se dedica a propagar bravuconadas. Sin embargo, entre el liderazgo militar existe una comprensión: si Cisjordania realmente se desata y estalla una rebelión, será un problema mucho mayor para ellos que cualquier otro frente que les preocupe, ya que las poblaciones están demasiado entrelazadas en este punto. 

    DYLAN SABA: En Cisjordania, como mencionaste, ha habido un aumento en la actividad de resistencia durante los últimos años, especialmente en lo que se denominó la Intifada de la Unidad en 2021. Algo característico de ese momento y de los años siguientes es la aparición de grupos de resistencia palestinos que no están afiliados a las facciones históricas de la política palestina. ¿Sigue siendo así o ha habido un regreso a la resistencia política faccional en Cisjordania?

    FN: Mi impresión es que esto sigue siendo así. En general, los jóvenes están muy desilusionados con los aparatos formales de los partidos. Si somos honestos, la mayoría de las facciones de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) han sido desmovilizadas en gran medida. Fatah sigue alineado con la Autoridad Palestina (AP), y por lo tanto no está interesado en una escalada; esto no es cierto para todas las corrientes dentro de Fatah, pero las facciones pro-resistencia han sido fuertemente marginadas desde el final de la Segunda Intifada.

    En la década de los 2000, incluso tuvimos a un estadounidense, el general Keith Dayton, que vino y presidió lo que se llamó una reforma del sector de seguridad. Los detalles de este episodio son complejos, ya que implican tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos e Israel, y cooperación con la inteligencia jordana y el ejército egipcio, pero lo que hizo, en pocas palabras, fue crear un nuevo grupo de soldados entrenados por los estadounidenses, leales al liderazgo de la AP, pero no a Fatah como partido político en sí. La antigua fuerza de seguridad fue desmantelada, y esta nueva fuerza, entrenada por los Estados Unidos, la reemplazó. Estas son las mismas fuerzas que reprimen protestas, incluso con medios letales, en toda Cisjordania.

    Y tiene sentido; de manera inevitable, la mayoría de las protestas se convierten en protestas contra la AP, porque este es el cuasi-gobierno que participa en la represión directa de los palestinos. La asfixiante atmósfera política en Cisjordania genera mucho temor hacia el mukhabarat, el estado de inteligencia, en un estilo típicamente árabe, pero aquí en Cisjordania solo tenemos las capacidades represivas del Estado sin el Estado real.

    Volviendo a tu pregunta sobre los grupos de resistencia actuales. Es importante entender que estos atraviesan las facciones; los jóvenes se afilian a diferentes grupos partidarios sin el aval oficial de esos grupos. Creo que esta es una de las principales razones por las que han sido difíciles de reprimir y cooptar. No es fácil dominarlos mediante estrategias de represión frontal o sobornos. Lo anterior fue muy evidente con la Guarida del León, un grupo de la Ciudad Vieja de Nablus que ganó cierta prominencia en 2021. La AP no pudo sobornarlos con trabajos en el aparato de seguridad, e Israel llevó a cabo una campaña de un año para asesinar a cada líder de ese grupo, pero no logró desmantelarlo por completo. Es posible que esta sea parte de la razón por la que el ataque israelí es tan severo y devastador. El mensaje intencionado es que su poder es abrumador y que resistir es ridículo. Y creo que ese mensaje intencionado explica gran parte de la política de «seguridad» israelí en Cisjordania.

    DS: Has señalado varias amenazas que los palestinos en Cisjordania están enfrentando y han enfrentado desde antes del 7 de octubre: amenazas de incursiones militares israelíes, violencia de los colonos y de la AP. ¿Cómo entiendes la relación entre estas diferentes fuerzas represivas en Cisjordania?

    FN: El objetivo de colonización del Estado israelí es obtener la mayor cantidad de tierra palestina, con la menor cantidad posible de palestinos.

    Incluso cuando no se dice de manera explícita, ese imperativo sigue animando el núcleo de la política israelí. Cada una de las fuerzas opresivas que mencionaste está orientada hacia ese objetivo. En el caso de los colonos, son tropas subcontratadas que llevan a cabo la colonización de Cisjordania. Es un error ver a los colonos y al Estado como separables.

    Cuando los colonos acosan a los palestinos, son protegidos por el ejército israelí, que, al ser un ejército de reclutamiento, también incluye a colonos enlistados. De hecho, hay unidades enteras que solo incluyen a colonos. (Una de esas unidades, como recordarás hace unos meses, se suponía que recibiría sanciones de parte de Estados Unidos, pero el país retrocedió, porque incluso ese gesto simbólico de aplicar la Ley Leahy fue demasiado para la administración de Biden).

    Así que estas fuerzas trabajan de la mano. Los colonos son más directos en el robo de tierras, y ven al ejército como demasiado lento y cauteloso en su método de anexión. El ejército ve a los colonos quizás como una vergüenza a nivel internacional, pero al final del día, ambos tienen el mismo objetivo, que es maximizar la posesión de tierras palestinas.

    Existen muchos métodos de expropiación, y la expansión mediante asentamientos es solo una forma de anexión en Cisjordania. Las reservas naturales se usaron para anexar muchas tierras palestinas, y en las colinas del sur de Hebrón designaron una franja entera de tierra como una «zona de tiro militar cerrada», anexada presumiblemente para fines militares, pero que fomentaba el asentamiento ilegal.

    A pesar de la retórica israelí que sugiere lo contrario, una evaluación del período posterior a Oslo indica que la Autoridad Palestina ha sido una de las mejores inversiones para Israel: ellos mantienen el control de las fronteras y el espacio aéreo, mientras que la AP se encarga de todo el “trabajo sucio”, como la educación, la recolección de basura, la atención médica, las preocupaciones de seguridad de Israel y toda la desagradable administración básica que, según el derecho internacional, debería ser responsabilidad del ocupante. Y deben hacerlo bajo condiciones extremas y restrictivas.

    La Autoridad Palestina fue creada en teoría como un cuerpo interino para establecer un Estado palestino en cinco años. Surgió del proceso de Oslo y, más específicamente, de Oslo II. Pero los parámetros del poder de la Autoridad Palestina eran muy limitados, entonces y ahora. La Autoridad Palestina carece de cualquier autonomía o soberanía real. En este punto, es un cuerpo administrativo glorificado. Uno de los aspectos de Oslo II es que hubo algo llamado el Protocolo de París, que es el sistema económico de la Autoridad Palestina y cómo gestionaría su economía y qué relación tendría con la economía israelí, porque a todos los efectos, la economía israelí absorbe a la economía palestina. Y eso también fue por diseño, a través de un proceso de des-desarrollo que comenzó desde el principio de la ocupación, donde instauraron todas estas leyes para impedir que los palestinos compitieran de alguna manera con los israelíes y para inundar los mercados palestinos con productos israelíes. De esta manera, los palestinos son una base de consumidores cautivos, y también una fuerza laboral cautiva, tanto dentro de las fronteras de Israel como en los asentamientos de Cisjordania.

    JG: ¿Puedes profundizar en cómo se divide Cisjordania en términos legales, militares y de infraestructura? ¿Qué son las Áreas A, B y C, por qué existen estas distinciones y qué significan para los palestinos que viven bajo ocupación? ¿En qué medida se han intensificado las restricciones sobre el movimiento y la actividad económica de los palestinos en Cisjordania desde el 7 de octubre?

    FN: Como parte del marco de Oslo, Cisjordania se divide en Áreas A, B y C. El Área A es la más pequeña. Está bajo control palestino, teóricamente—pues no hay nada bajo control palestino real. En el Área B, se supone, hay un control compartido, entre la AP en el lado de los asuntos civiles y las FDI en «seguridad». El Área C, que comprende la mayor parte de la superficie terrestre de la región, está bajo un control completo por parte de Israel y forma la mayor parte de lo que se suponía que sería el «Estado palestino», tras el proceso de paz. Es en este contexto que la Autoridad Palestina mantiene su programa político impulsado por la solución de dos Estados.

    A los palestinos no se les permite tener su propia moneda ni recaudar sus propios impuestos. Israel recauda impuestos por todo, en particular, el IVA e impuestos de importación, lo que significa que, si Israel quiere congelar o apropiarse de esos ingresos, puede hacerlo. Lo hacen a menudo cuando quieren ejercer algún tipo de presión sobre la Autoridad Palestina. Esto significa que ni siquiera podemos cambiar nuestras tarifas, nuestros impuestos, o nada de eso. Tenemos una unión fiscal, pero tampoco se nos permite cambiar nada de eso. También hay proyectos como el Comité Conjunto de Agua, que determina cómo se distribuye el agua—una reformulación nominal de lo que era antes de la AP—que otorga poder de veto al ejército israelí sobre cualquier cosa relacionada con el agua. Al final del día, es Israel quien determina qué palestinos reciben agua, porque ellos otorgan los permisos.

    Por ejemplo, no se nos permite cavar para obtener agua más allá de una profundidad específica, y si te atrapan haciéndolo, vendrán y verterán cemento en el pozo. Si quieres cavar para obtener agua, tienes que solicitar un permiso. Por supuesto, los permisos tienen una tasa de rechazo de más del 98 por ciento. Esto ocurre incluso en el Área A, que supuestamente está bajo control total de la AP.

    Podemos trazar un paralelo entre el sistema de agua y muchas otras restricciones sobre los recursos en la mayor parte de Cisjordania porque este sistema de control afecta todo. Incluso si quieres construir una casa, necesitas un permiso. No solicitas un permiso a tu gobierno, la AP. No, solicitas un permiso a la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) del ejército israelí. Y te deseo buena suerte al intentar conseguir uno. Por eso escuchamos tanto sobre las demoliciones de casas, que no solo se ejercen punitivamente contra personas condenadas por «terrorismo», sino contra familias sujetas al régimen de permisos de Israel. Las condenas por terrorismo, por cierto, también ofrecen una visión muy interesante de los tribunales militares de Israel, ya que el 99.7 por ciento de los casos terminan en condena. Básicamente podrían acusarte de, quién sabe, cultivar un árbol en tu cabeza, y aún así podrías ser condenado porque el sistema funciona de esa manera. No hay una forma real de apelar a nada, si es que tienes un juicio para comenzar. En el caso de la detención administrativa, ni siquiera tienes un juicio ni un debido proceso. Más de 3,600 palestinos están actualmente detenidos de esta manera. Simplemente te ponen en prisión durante seis meses, esto podría repetirse de manera indefinida, y en muchos casos el abogado ni siquiera está al tanto de cuál es el cargo. Muchas personas han pasado diez o veinte años en detención administrativa sin saber por qué.

    Todos estos diferentes sistemas hacen que vivir en Cisjordania sea muy difícil, especialmente en el Área C, que está bajo completo control israelí. El Área C es predominantemente rural, y el objetivo es que tantos palestinos como sea posible se muden de estas áreas rurales, donde su hábitat obstruye el acceso a varios recursos, a los centros urbanos, que se encuentran en el Área A, como las principales ciudades de Ramallah, Nablus y la mayor parte de Al Jalil.

    ¿Qué está sucediendo ahora, desde el 7 de octubre? La vida, como he descrito, ya era difícil en estas áreas. Pero desde octubre, las cosas se han vuelto mucho más difíciles y mucho más impredecibles.

    Puede que haya visto imágenes de Ben-Gvir repartiendo rifles a los colonos. Se han distribuido más de 100,000 armas desde el inicio de la guerra, y los colonos utilizan estas armas para acosar, atacar y disparar a los palestinos en Cisjordania sin mucho sentido. El ejército, por supuesto, los acompaña.

    Más de 150,000 palestinos trabajan al otro lado de la Línea Verde, y a todos se les prohibió cruzar para obtener su sustento después de octubre. Solo como un ejemplo de un cambio, mi familia tiene una pequeña granja en un pueblo llamado Kufr Ein, que está a treinta minutos de Ramallah. Desde el 7 de octubre, con los colonos yendo de un lado a otro y el cierre de los puestos de control, ahora nos toma más de una hora llegar, porque tenemos que tomar un camino muy indirecto por pequeñas carreteras y a través de pueblos palestinos que no tienen la infraestructura para este tipo de tráfico.

    Incluso antes de octubre, se estimaba que se desperdician 60 millones de horas de trabajo cada año debido a las restricciones de movimiento impuestas a los palestinos. Las restricciones de movimiento incluyen puestos de control, carreteras de desviación, el muro de separación, el régimen de permisos y otras diversas dificultades.

    Todas estas dificultades nos impiden incluso adaptarnos al sistema de ocupación en el que vivimos, porque no quieren una economía palestina real ni autosuficiencia para los palestinos. Un ejemplo claro de esto es que las cooperativas agrícolas, que una vez fueron la columna vertebral de la economía palestina en la década de 1980, fueron blanco de Yitzhak Rabin, quien era Ministro de Defensa en ese momento. Rabin instruyó al ejército para imponer toques de queda en los pueblos palestinos durante las cosechas para que sus cultivos se pudrieran en el campo.

    En la década de 1960, Moshe Dayan afirmó que cortar la electricidad de Hebrón sería una forma de control mucho más eficaz que mil operativos para dispersar disturbios, y tenía razón. La elección que se presenta, por ejemplo, al mudarse del pueblo de tu familia para trabajar al otro lado de la Línea Verde—lo que resulta en menos palestinos en las áreas donde los colonos israelíes quieren establecer asentamientos—es entre sufrir la privación o volverse una pieza más dócil del sistema.

    JG: Más allá del control militar directo sobre los palestinos y sus medios de vida en Cisjordania, se han dado esfuerzos para transferir parte de ese control militar al control civil israelí. En la primavera de 2023, tras una votación del partido Likud en 2017 para buscar la anexión formal y completa de Cisjordania, un acuerdo entre Smotrich y el Ministro de Defensa Yoav Gallant comenzó a transferir una serie de poderes del control militar al control civil, un paso claro hacia la anexión de jure y no solo de facto. Esta transferencia de autoridades se ha acelerado en el último año. ¿Puedes contarnos sobre estos movimientos, qué representan tanto como cuestión de la política de colonización de Israel como en el terreno para los palestinos en Cisjordania?

    FN: Siempre que Israel hace algo de jure, típicamente ya ha sido establecido de facto.

    Vimos esto con Jerusalén del Este, que fue tratada como parte de Israel durante décadas, en clara violación del derecho internacional. Y luego, en la década de 1980, fue como: “sabes qué, hagámoslo de jure,” y aprobaron la Ley de Jerusalén, que declaró a Jerusalén unificada como la capital de Israel. La reacción a ese movimiento se ha calmado, a nadie le importa ya. Así es también como van a cambiar el statu quo con respecto al Noble Santuario. Han negado cualquier intención de cambiar su estatus durante mucho tiempo, pero lo están haciendo ahora.

    La anexión de Cisjordania ha sido un objetivo abierto del bloque pro-asentamiento durante mucho tiempo. También es simplemente una posición típica de la derecha en Israel en general. 

    Por muy interesante que sea, discutir escenarios de soberanía es un ejercicio académico en este momento, porque los hechos sobre el terreno están determinando todo. Algunos poderes para emitir permisos, como mencionaste, han sido transferidos a una autoridad civil, lo que es una enorme violación de la Cuarta Convención de Ginebra y de la ley de ocupación. Para que una ocupación sea legal, necesita ser temporal; ese es un concepto fundamental del derecho internacional de los derechos humanos y uno que los tribunales israelíes repiten con frecuencia. Pero dado el traslado de cientos de miles de colonos al territorio ocupado, es claramente un engaño delirante llamar a la ocupación temporal. Simplemente no se invierten miles de millones de dólares en un área o se construye infraestructura permanente para ejercer control permanente si es temporal. Y no se transfiere el control a una autoridad civil si se está llevando a cabo una ocupación militar temporal. Hay evidencia muy clara desde hace décadas de que tienen la intención de anexar la Cisjordania. 

    Entonces, ¿qué significarán estos nuevos movimientos para los palestinos? Creo que el mayor efecto que tendrá sobre los palestinos es que, en lugar de una tasa de rechazo de permisos del 98 por ciento, veremos una tasa de rechazo del 100 por ciento, una diferencia de grado o de velocidad. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo se ve la anexión de jure? No creo que quieran tomar el control de la Zona A por completo. Creo que preferirían tener una Autoridad Palestina aún más disminuida, tal vez gobernada por alguien como Mohammed Dahlan, en la Zona A, mientras toman el control completo de la Zona B y la Zona C. 

    Ya están comenzando a entrelazar asentamientos en la Zona B, lo cual fue un gran tema de noticias cuando ocurrió por primera vez hace una década, pero ahora se ha normalizado. Los parámetros de los Acuerdos de Oslo han estado colapsando lentamente durante un tiempo, pero creo que es seguro decir que se han roto por completo. 

    Incluso si se logra un alto al fuego, no volveremos a como estaba antes. Ni siquiera la Cisjordania o Gaza, ni siquiera dentro del ’48, donde los ciudadanos palestinos de Israel están básicamente viviendo bajo el régimen de un estado militar en este momento. Algunos colegas que viven dentro de Israel describen un nivel de censura similar a como era antes de 1967, cuando vivían bajo gobierno militar. 

    Después de la retirada de Gaza en los años 2000, nadie quería considerar la posibilidad de una reocupación. Los israelíes estaban contentos de liberarse de la carga. Pero ahora hay personas que realmente piden la limpieza étnica de Gaza, para vaciarla y restablecer asentamientos allí; esto es un cambio radical con respecto a la última década. Si un regreso a la colonización directa es factible nuevamente en un área como Gaza, eso representa una amenaza significativa para Cisjordania. El statu quo aquí no se mantendrá. Solo esta semana, el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, sugirió evacuar a los palestinos de Cisjordania para hacer frente a la resistencia armada. Entonces, a pesar de la extensa continuidad y el precedente que estoy describiendo, también creo que no estamos preparados para lo que se avecina. Mil líneas rojas han sido cruzadas. La única forma en que Israel detendría todo esto es si hubiera un precio—político, económico—por sus políticas.

    DS: Has descrito las poblaciones entrelazadas de colonos y palestinos en Cisjordania. El número de colonos judíos israelíes en los territorios ocupados después de 1967 ha pasado de un par de miles a casi 500,000 (con 230,000 en Jerusalén del Este y 25,000 en los Altos del Golán). ¿Cómo se ha fomentado ese asentamiento desde el aspecto ideológico y económico? 

    FN: Se fomenta muy fuertemente el traslado a los asentamientos porque los colonos tienen muchas subvenciones dirigidas hacia ellos y cuentan con mucha seguridad. Hay seis ministerios del gobierno que ofrecen beneficios para la educación, la vivienda, la inversión, el trabajo social y deducciones fiscales para individuos y empresas.

    Los asentamientos son declarados áreas de prioridad nacional, lo que significa que reciben subsidios para el alquiler, para la educación e incluso mejoras en sus calificaciones crediticias. Esto significa que incluso los potenciales colonos no ideológicos pueden ser motivados a mudarse a los asentamientos ilegales, donde pueden disfrutar de los privilegios de la ciudadanía israelí y donde todo está tan disponible como lo estaría dentro de la Línea Verde, pero más barato. 

    Los asentamientos no son simplemente enclaves aislados; su construcción requiere una red de infraestructura, agua, electricidad, cercas y protección militar. Las carreteras requieren la anexión y segmentación de más territorio, lo que requiere construir cordones de seguridad, lo que requiere más anexión. Estamos hablando de agua, de electricidad, de cercas, de una presencia militar. Una presencia militar también necesita carreteras. Las carreteras requieren la anexión de más territorios, y luego tienen un cordón de seguridad alrededor del área, lo que requiere la anexión de más territorio de los palestinos.

    JG: Uno de los puntos de origen que se discuten con frecuencia respecto a la anexión de Cisjordania es el Plan Allon. Dado que las narrativas principales sobre el proyecto de asentamientos tienden a asociarlo—especialmente ahora con figuras como Smotrich—con la extrema derecha de la política israelí, ¿podrías hablar un poco sobre esta historia?

    FN: El Plan Allon original fue redactado por Yigal Allon después de la guerra de 1967 y la captura por parte de Israel de la Península del Sinaí, los Altos del Golán, Gaza y Cisjordania. Su propósito era esbozar los próximos pasos para la expansión de Israel. Pasó por muchas revisiones—Gaza originalmente debía ser anexada por completo, por ejemplo—pero sus diseños para la Cisjordania han permanecido notablemente consistentes, identificando el Valle del Jordán, las áreas alrededor de Jerusalén y las áreas al sur de esa.

    Si miras el mapa del Área C y el mapa de la construcción de asentamientos hoy, se parece notablemente a lo que Israel esperaba hacer después de 1967. La agencia del Plan Allon era crear esta pequeña zona de autonomía entre Nablus y Jenin para que los árabes “se gobernaran a sí mismos”.

    Las interpretaciones predominantes del Plan Allon no se cumplieron en realidad, pero los mapas, la lógica detrás de ellos, las áreas que fueron anexadas y las propuestas para la construcción de asentamientos son todas las mismas. Esto pone en cuestión la asociación del proyecto de asentamientos con la derecha, o con la organización extremista de la Juventud de las Colinas, o realmente con cualquier gobierno o corriente política específica en Israel. La lógica fundamental sigue siendo la misma, y la asociación de la anexión y la colonización con la derecha es un fenómeno muy reciente, desalineado con el historial de limpieza étnica de los palestinos.

    DS: Me gustaría pasar al derecho internacional y a la estrategia de seguir un enfoque basado en derechos a través de apelar a instituciones internacionales. Existe un amplio consenso internacional de que el proyecto de asentamientos de Israel en Palestina es ilegal, pero, como has aludido, ese reconocimiento casi nunca se acompaña de acción o de consecuencias.

    El mes pasado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva declarando que los asentamientos en toda la Palestina ocupada son ilegales en sí mismos, afirmando que Israel tiene la obligación legal de evacuar los asentamientos, pagar indemnización a los palestinos y honrar el derecho de retorno. ¿Cómo es recibida esta opinión por los palestinos en Cisjordania? ¿Cómo ha sido recibida la estrategia de Abbas en general en Cisjordania antes y después del 7 de octubre? ¿Crees que esta opinión, o este enfoque, abre nuevos caminos para la defensa y configuración de las demandas palestinas de autodeterminación?

    FN: Hay cierta utilidad, especialmente en las relaciones públicas. Hay utilidad para la defensa porque, para muchas personas en todo el mundo, la idea del derecho internacional todavía sigue teniendo algún tipo de peso. Si un país está violando el derecho internacional, entonces tienes algo en lo que fundamentar su reclamo moral. No hay desacuerdo, digamos, entre los palestinos en la calle, de que nuestros derechos están siendo violados, que la Convención de Ginebra está siendo violada. La pregunta es: ¿qué nos trae eso?

    Cuando se trata de realpolitik, no creo que, hasta ahora, haya influencia en cómo piensan los Estados. Hace apenas un par de meses, Estados Unidos declaró que una resolución del Consejo de Seguridad no es vinculante. Así que, ¿qué queda? Es todo el orden internacional el que acabas de trastocar.

    La pregunta de cómo la decisión de la CIJ puede impactar la situación debe hacerse en el contexto del fracaso de las negociaciones posteriores a Oslo, que simplemente excluyeron el derecho internacional de la ecuación. En cada etapa, se presiona a los palestinos para que renuncien a sus derechos con el fin de que las negociaciones avancen. Si los palestinos se niegan a aceptar un mal acuerdo, son etiquetados como rechazadores que no desean la paz. Esta caracterización justifica una mayor ocupación y anexión, ya que se argumenta que supuestamente no se puede dialogar con ellos.

    Este ha sido el modus operandi que ha perdurado por treinta años, con resultados catastróficos. La Autoridad Palestina, como aprendimos a través de los Documentos de Palestina hace unos años, básicamente ha renunciado al derecho de retorno consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Nadie consultó a los refugiados sobre ello, pero eso se sacrificó para avanzar en las negociaciones. Cuando miras las posiciones de negociación, el compromiso para Israel es simplemente una promesa de cumplir con el derecho internacional.

    JG: Otro elemento sorprendente de la opinión de la CIJ fue la idea de que los asentamientos necesitan ser despoblados, dada su ilegalidad, lo que es un paso lógicamente necesario hacia una solución de dos Estados, pero también se encuentra en contradicción con los hechos sobre el terreno y la inmensa importancia política de los colonos en la política y sociedad israelí.

    FN: Cuando Israel retiró a sus colonos en Gaza, desencadenó una enorme reacción pública, incluso la renuncia de Netanyahu del gobierno de Sharon. Aún hay un gran movimiento, el Movimiento Naranja, que protesta contra la desconexión de Gaza.

    Luego, solo unas 8,000 personas fueron reubicadas. ¿Cómo sobreviviría Israel políticamente al reubicar a más de medio millón de colonos de sus puestos ilegales? La Autoridad Palestina incluso ofreció intercambios de tierras—intercambiando territorio israelí por asentamientos. Era un poco ridículo, pero fue producto de la desesperación surgida a raíz de la búsqueda de la solución de dos Estados. Sin embargo,  fue inútil porque no había voluntad por parte de Israel para permitir un Estado palestino.

    Vemos esa oposición total a un Estado palestino a diario en los comentarios de los gobernantes israelíes. Y así, en mi opinión, la solución de dos Estados—ya sea mencionada como la posición del gobierno de Estados Unidos o entre analistas y activistas—es una discusión completamente abstracta, una venda que distrae de los hechos sobre el terreno.

    Para los palestinos, el número de estados no es el problema—es la soberanía. A través de Camp David, se nos ofreció una farsa de Estado sin control sobre nuestras fronteras, nuestro espacio aéreo, nuestra agua. En nuestro supuesto Estado soberano no tenemos ejército ni control sobre la mayoría de Jerusalén del Este, designada como nuestra capital. Eso es lo que se les ha ofrecido a los palestinos, y parece no tener ningún sentido.

    Pero lo que los palestinos necesitan o quieren no es parte de la ecuación, y los Estados Unidos—con envíos diarios de armas y una inmensa dominancia en foros internacionales, sin los cuales Israel no puede sostenerse—no son un tercer partido neutral que actúe hacia una resolución significativa.

    La progresión de las negociaciones de alto al fuego puede leerse como una analogía áspera y brutal de cómo las administraciones anteriores hablaban de avanzar hacia una solución de dos Estados: Una constante reafirmación de que la diplomacia está trabajando arduamente entre bastidores, a punto de lograr un avance, mientras la anexión y los asesinatos continúan con un apoyo inquebrantable.

    Esta entrevista fue traducida del inglés al español por María Isabel Tamayo.