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El 24 de enero de 2024, la Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina convocó a una huelga general de doce horas, la primera en casi cinco años, apenas cuarenta y cinco días después del inicio del mandato del presidente Javier Milei. Esta acción fue una respuesta directa a las primeras medidas propuestas por la nueva administración y representó parte de la lucha por mantener los logros laborales frente a reformas que amenazan con desmantelar los pilares de los derechos de los trabajadores. Una semana después de la huelga, uno de los principales líderes sindicales, Pablo Moyano, advirtió sobre futuras acciones intensificadas en respuesta al debate en torno a la “Ley Ómnibus” en el Congreso.1 La CGT está “más unida que nunca” después de la huelga, afirmó, señalando un sindicalismo fortalecido y altamente alerta.
Desde la victoria de Néstor Carlos Kirchner en 2003, Argentina ha experimentado una creciente polarización política. Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, gobernaron desde 2003 hasta 2015 con un claro sesgo hacia los trabajadores. En 2015, la coalición gobernante liderada por los Kirchner fue derrotada por Mauricio Macri, un empresario que impuso una agenda “gradualista” pro-capital. En 2019, Macri fue derrotado por la coalición liderada por Alberto Fernández como presidente y Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidente, volviendo a un gobierno con una orientación más pro-trabajo. Milei es parte de este ciclo de alternancias volátiles. Su gobierno se presenta como un “shock” pro-capital.
En los primeros días de su mandato, Milei nombró a exfuncionarios del gobierno de Macri como ministros y/o asesores: Caputo (ex-ejecutivo de JP Morgan y ex-ministro de Finanzas), Sturzenegger (ex – Presidente del Banco Central), Bullrich (ex – ministra de Seguridad).2 Y apenas unos días después de asumir la presidencia, el Tribunal Oral de Corrientes (una de las provincias argentinas donde el partido de Milei ganó) concedió la libertad condicional al represor Horacio Losito, que tenía tres cadenas perpetuas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Después de su inauguración el 10 de diciembre, Milei enfatizó la necesidad de reducir el déficit fiscal en un 5 por ciento del PIB, cuya carga recaería en el “Estado y no en el sector privado.” Esto implica que el ajuste seguiría a partir de una reducción del gasto en lugar de un aumento de impuestos, con los mayores efectos en los empleados públicos.
El diagnóstico de Milei es que la inflación es impulsada por el déficit fiscal financiado a través de la emisión de moneda. Esta es una visión de consenso en el ámbito mainstream argentino, y respaldada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para Milei, la inflación es un fenómeno monetario y la única solución es un ajuste de shock. Pero este diagnóstico es profundamente defectuoso: la utilización de la capacidad instalada en la industria apenas alcanza el 65 por ciento y no hay tal cosa como “exceso de demanda” en la economía. El resultado más probable del ajuste de Milei es una profunda recesión.
Un diagnóstico alternativo
En Argentina, las tasas de crecimiento han sido bajas durante varios años; el empleo registrado total y la actividad económica han permanecido estancados desde 2011, y la población que vive por debajo de la línea de pobreza ha alcanzado el 40 por ciento. Los salarios reales han estado disminuyendo desde al menos 2017, todo acompañado por una inflación crónica que alcanzó el 276,2% interanual (datos de febrero de 2024). Los gobiernos alternativos han sido incapaces de abordar estos problemas económicos.
Las bajas tasas de crecimiento de Argentina se atribuyen a sus bajas reservas internacionales: 28 mil millones de dólares en reservas totales cuando el país necesita 5 mil millones de dólares por mes para importaciones. En consecuencia, hay un espacio limitado en la política económica para impulsar la demanda interna sin profundizar la crisis de balanza de pagos. En Argentina, como en otros países con una estructura productiva incompleta, un aumento en la demanda interna impulsa la producción local, fomenta la inversión y conduce a un aumento en las importaciones (la mayoría de la maquinaria y equipos necesarios para aumentar la producción se importa). Si las exportaciones no aumentan lo suficiente y el lado financiero de la balanza de pagos está prácticamente cerrado, como en Argentina, el sector externo queda estrangulado. El Banco Central comienza a perder reservas internacionales; debe devaluar la moneda porque no puede defender el tipo de cambio. El aumento en el tipo de cambio resulta en un aumento en los niveles de precios internos: tanto los productos importados como los exportados se vuelven más caros en la moneda local. Dado los salarios nominales, los trabajadores ven una disminución en los salarios reales y tienen una menor participación en el ingreso nacional, lo que crea una recesión. Este fenómeno se conoce como ciclos de stop-and-go.3
En este diagnóstico, la alta inflación no se explica por un “exceso de demanda,” sino que se explica por el conflicto sobre la distribución del ingreso.4 En Argentina, hay una presión constante por parte de los sectores agrícolas e industriales exportadores para devaluar la moneda y reducir los costos de producción en dólares. Por otro lado, en un país con fuertes bases sindicales, los trabajadores locales y los capitalistas no exportadores buscan proteger el mercado interno. Después de una devaluación, los trabajadores reclaman salarios nominales más altos. Así, la inflación se convierte en conflicto.
En una economía con alta inflación, los costos de producción aumentan a tasas elevadas. Múltiples factores influyen en los precios: salarios, beneficios, tipo de cambio nominal, tarifas de servicios básicos, precios de productos importados y exportados, entre otros. En medio de una crisis de balanza de pagos, los salarios nominales y el tipo de cambio nominal son las variables más importantes en Argentina para explicar cambios en el nivel de precios.
Los salarios nominales dependen de una canasta de subsistencia para los trabajadores (que es un salario mínimo o piso salarial) y la capacidad para negociar salarios más altos en la lucha por la distribución del excedente. En Argentina, los sindicatos son fuertes y tienen el poder de vetar gobiernos, pero lo mismo ocurre con los rentistas agrarios, representados por la Sociedad Rural Argentina.
Argentina exporta productos agrícolas, y la escasez de reservas en el Banco Central le permite a la Sociedad Rural retrasar o detener la venta de granos para exportación, lo que obliga a una depreciación del tipo de cambio nominal. La depreciación del tipo de cambio nominal permite a los rentistas exportadores reducir sus costos en dólares, ya que los salarios en dólares disminuyen. La depreciación del tipo de cambio nominal aumenta el precio de los bienes importados, tanto productos de consumo como equipos relacionados con la producción, en moneda local, lo que da a los trabajadores menos poder adquisitivo. La depreciación también afecta el precio de los bienes exportados y sus derivados, como carne, trigo y maíz, en moneda local, al aumentar el costo de la canasta básica de consumo. Dados los salarios nominales, los salarios reales disminuyen. La lucha por la distribución del ingreso se despierta entre los trabajadores que quieren salarios reales más altos y los exportadores agrarios/capitalistas que quieren salarios reales más bajos.5
Veinte años de inflación
Argentina es un exportador de materias primas, y las materias primas, directa o indirectamente, determinan la canasta básica de consumo. Los precios de las materias primas aumentaron drásticamente a finales de la década de 2000: en septiembre de 2006, el precio de la soya era de 200 dólares por tonelada. Para agosto de 2012, había alcanzado los 622 dólares por tonelada. A medida que aumentaba el precio de los alimentos, también lo hacía el costo de la canasta básica de consumo.
En 2007, Néstor Kirchner restableció los convenios de negociación colectiva, otorgando a los sindicatos la capacidad de negociar sus salarios nominales con los empresarios. Esta medida fue extremadamente importante para mejorar la distribución del ingreso, pero al mismo tiempo abrió la puerta a la inflación debido al conflicto distributivo. Guiada por una poderosa política fiscal, la economía creció de manera constante a mediados de la década de 2000, y la tasa de desempleo cayó del 20 por ciento en 2003 al 7 por ciento en 2008.6 La incipiente lucha distributiva entre los trabajadores y los capitalistas preocupados por el mercado interno, por un lado, y los exportadores de productos agrícolas e industriales, por otro, había comenzado a tomar forma.
Para 2015, Argentina alcanzó una tasa de inflación de aproximadamente el 25 por ciento anual. La situación empeoró bajo el mandato de Macri, quien comenzó su mandato con un tipo de cambio de 9 pesos por dólar. Para 2019, al final de su presidencia, la tasa se ubicaba en 59 pesos por dólar, marcando un aumento seis veces mayor. El tipo de cambio aumentó los precios, y los trabajadores negociaron salarios nominales más altos en los acuerdos salariales.7 Ese año, la tasa de inflación anual había crecido a más del 50 por ciento.
Con cada aumento en el tipo de cambio nominal, o en el precio internacional de las materias primas, el precio local de estas materias primas también aumenta. A su vez, esto eleva el precio de la canasta de consumo. Los trabajadores, a su vez, demandan salarios nominales más altos para mantener su poder adquisitivo, lo que a su vez puede generar nuevos aumentos de precios. A través de este mecanismo, rondas sucesivas de lucha entre el tipo de cambio, los precios y los salarios conducen a una inflación persistente y crónica, y en el contexto de escasez de dólares podría llevar a la hiperinflación. Este fue el caso en Argentina. Al igual que su predecesor, Alberto Fernández no logró detener esta dinámica entre el tipo de cambio nominal y los salarios. La inflación alcanzó el 100 por ciento en 2022.
Las primeras medidas de Milei
En su primera política económica significativa, Javier Milei depreció la moneda local (en términos reales y nominales) casi un 100 por ciento, cambiando el tipo de cambio oficial de 400 a 800 pesos por dólar. Además, su gobierno introdujo un paquete de medidas para recortar el gasto público y reducir los subsidios a los servicios básicos. La depreciación real sustancial de la moneda local impactó significativamente en los niveles de precios, como lo demuestran los incrementos mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC): 25.5 por ciento en diciembre, 19.6 por ciento en enero y 13.2 por ciento en febrero. Estos incrementos representan acumulativamente un aumento del 70 por ciento en los precios durante el período de tres meses, resaltando los efectos inmediatos y profundos de la depreciación de la moneda en la economía. Se espera una disminución sustancial en los salarios reales y la participación de los salarios en el ingreso, ya que las tendencias históricas muestran que las depreciaciones reales a menudo van acompañadas de reducciones en los salarios reales. La Figura 1 ilustra cómo la participación de los trabajadores en el ingreso es esencialmente un reflejo del tipo de cambio real. Por supuesto, el FMI apoyó estas medidas (ver Figura 2 – X de la Directora del FMI).
Figura 1: Tipo de Cambio Real (línea sólida) y Participación de los Trabajadores en el Ingreso en Argentina (línea guionada) (1946 – 2024).
Figura 2: Cuenta oficial de X de Kristalina Georgieva.
La depreciación real del tipo de cambio también beneficiará a los sectores relacionados con las exportaciones de productos básicos que tienen ingresos denominados en dólares. A medida que disminuye la participación de los salarios, aumenta la participación de las ganancias. Este es el caso, por ejemplo, de los exportadores de soya y de bienes industriales, quienes verán una mejora en su rentabilidad esperada.
La disminución de los salarios reales, junto con la reducción planificada del gasto público, llevará a un colapso en los niveles de actividad.8 Con la producción en declive, la cantidad de insumos importados necesarios para la producción también disminuirá. Esto permitirá al Banco Central continuar con la política de acumulación de reservas internacionales, que es crucial para estabilizar el tipo de cambio nominal y, consecuentemente, el nivel de precios. Como se puede ver en la Figura 3, el proceso de acumulación de reservas ya ha comenzado.
Figura 3: International Reserves (in millions of $US)
Las medidas tomadas por el gobierno de Milei, a corto plazo, resultarán en una disminución de los salarios reales y la participación de los salarios en la distribución del ingreso. Por el contrario, la participación capitalista en el ingreso nacional aumentará. Una disminución en los salarios reales y el gasto público real llevará a una caída en la producción y el empleo. En consecuencia, la cantidad de importaciones disminuirá, lo que permitirá al Banco Central acumular reservas para anclar el tipo de cambio nominal e intentar frenar la inflación impulsada por el tipo de cambio.
La gran incógnita
No está claro cómo las políticas económicas de Milei lograrán su objetivo de reducir el déficit fiscal. Una reducción del gasto público disminuiría la actividad económica y la demanda interna, lo que resultaría en una menor empleo e inversión privados, y a su vez, una caída en los ingresos públicos.
Un superávit fiscal en este escenario es improbable. En algunas provincias y municipios de Argentina, el 90 por ciento del presupuesto se destina a salarios; las reducciones en el gasto requieren la disminución de los salarios, con efectos negativos en el consumo y la demanda. Aunque el gobierno puede elegir cuánto gastar al principio del año, el déficit es una función del nivel de actividad.
Por otro lado, reducir el déficit no garantiza la estabilización del tipo de cambio nominal sin acumulación de reservas internacionales. Los factores externos, como el tipo de cambio nominal, afectan la búsqueda de un superávit fiscal, y el gobierno de Milei tiene la intención de depreciar aún más el peso. Aunque el gobierno tiene como objetivo lograr un tipo de cambio con crecimiento del 2 por ciento mensual, lo que permitiría que la tasa de interés nominal del 80 por ciento (ver Figura 4) ofreciera ganancias sustanciales en términos de dólares, esto depende de la acumulación de reservas internacionales, que a su vez, depende de la tasa de interés..
Figura 4: Tasa de Política Monetaria del BCRA
Después de una depreciación del 100 por ciento con una tasa de inflación que supera el 200 por ciento, es probable que los participantes en el mercado cambiario esperen una depreciación adicional. Si la depreciación esperada sigue siendo alta, es posible que las tasas de interés actuales no sean suficientes para convencer a los participantes del mercado. Además, durante marzo, el Banco Central decidió reducir la Tasa de Política Monetaria al 80 por ciento.
¿Por qué el gobierno no aumenta las tasas de interés? Hay algunas posibles explicaciones. Varios componentes importantes de la coalición política de Milei se benefician de tasas bajas en relación con la evaluación esperada. Alternativamente, el gobierno podría estar llevando a la economía hacia la hiperinflación para imponer más tarde un régimen de dolarización.9
La puja distributiva
El principal desafío del problema económico de Milei, sin embargo, radica en enfrentar la continua lucha distributiva sobre la inflación. Estabilizar el nivel de precios en Argentina requiere estabilizar el tipo de cambio nominal a través de reservas internacionales. Aunque el Sr. Milei declaró públicamente un congelamiento salarial para los empleados públicos, implementar esta política puede no ser tan sencillo como parece. En respuesta a propuestas que apuntan a los derechos de los trabajadores y a la privatización de empresas públicas, la CGT, la organización sindical más poderosa de Argentina, ha lanzado un plan de resistencia. Otras federaciones sindicales se han unido. El gobierno luchará por manejar las nuevas demandas de los sindicatos para ajustes salariales nominales. Por ejemplo, los sindicatos de maestros están negociando activamente salarios más altos, han rechazado la oferta del gobierno nacional y han convocado a un “Día Nacional de Protesta.” Si sus demandas no se cumplen, planean coordinar una huelga nacional con otros sindicatos.
En Argentina, el poder de los trabajadores formales radica en los sindicatos, que negocian con una variedad de partidos políticos y gobiernos. Desde la década de 1940, la emergencia del peronismo forjó una relación simbiótica entre los sindicatos y el Estado, asignando a los sindicatos un papel fundamental en la política y la distribución de beneficios sociales. El establecimiento de sistemas de salud administrados por sindicatos durante la dictadura de Onganía en 1970 marcó otro hito significativo, solidificando a los sindicatos como un apoyo esencial para el bienestar de los trabajadores. La alta tasa de afiliación sindical en Argentina es un testimonio de su poder.10
Figura 5: Relación entre cambio del salario real y cantidad de huelgas, por gobierno (1983-2023).
La relación de Milei con los sindicatos determinará el destino de su gobierno. En su mensaje mesiánico de año nuevo, el Sr. Milei anticipó: “Si nuestro programa es obstruido por los mismos de siempre, que no quieren que nada cambie – no tendremos los instrumentos para evitar que esta crisis se convierta en una catástrofe social de proporciones bíblicas”. La capacidad para determinar el tipo de cambio nominal a través del Banco Central es la principal herramienta a disposición de Milei para disciplinar a los trabajadores, más allá del monopolio estatal de la fuerza. Milei podría buscar la hiperinflación, como él la llama, una “catástrofe social de proporciones bíblicas,” y culpar a los líderes sindicales por sus efectos, como ha amenazado en el pasado. O Milei podría optar por manejar hábilmente un acuerdo de precios y salarios con gran flexibilidad política, pero esto está en desacuerdo con la agenda propuesta. Si las propuestas de Milei no son aprobadas por el Congreso, la hiperinflación podría ser el próximo punto en la agenda.
El desafío de cada gobierno argentino es cómo acumular reservas internacionales para estabilizar el tipo de cambio nominal mientras se gestionan simultáneamente las demandas políticas. La solución propuesta por el gobierno para la escasez de dólares es recortar el gasto y reducir los salarios reales, pero no está claro si este camino será políticamente sostenible. De 1999 a 2001, el gobierno de Fernando De La Rúa intentó reducir el gasto público para alcanzar un superávit fiscal, pero su mandato terminó prematuramente con la crisis social de 2001. Por lo tanto, el problema ahora comienza a ser político y social, girando en torno a la sostenibilidad política del gobierno. El coctel de tasas de pobreza en aumento, reducción del salario real y recortes en el gasto público tiene el potencial de generar importantes disturbios sociales.
La administración de Carlos Menem implementó con éxito un ajuste similar en los años 90 después de una hiperinflación, pero el contexto político nacional e internacional era muy diferente: el Consenso de Washington estaba en su apogeo y una parte de los sindicatos participaron en las negociaciones. Hoy, las consecuencias políticas de tal ajuste son mayores. Macri intentó un enfoque “gradual” para el ajuste fiscal y no tuvo éxito. ¿En qué se diferenciaría un gobierno de “shock”? Históricamente, los gobiernos democráticos que no lograron negociar con los sindicatos recurrieron a la violencia institucional contra sectores populares o experimentaron hiperinflación y terminaron teniendo mandatos cortos en el poder ejecutivo.
El Destape. (2024, febrero 2). ¿Paro general de la CGT? La fuerte definición de Pablo Moyano. https://www.eldestapeweb.com/economia/cgt/paro-general-de-la-cgt-la-fuerte-definicion-de-pablo-moyano-20242217590.
↩Tanto Sturzenegger como Bullrich formaron parte del gobierno de Fernando De la Rúa (1999-2001), que terminó con 39 muertos y 500 heridos durante la “Masacre de diciembre de 2001.”
↩Braun, O., & Joy, L. (1968). A model of economic stagnation—a case study of the Argentine economy. The Economic Journal, 78 (312), 868-887.
↩Bastos, C. P. M. (2002). Price stabilization in Brazil: a classical interpretation for an indexed nominal interest rate economy. New School for Social Research. PhD Thesis; Vernengo, M. (2006). Money and inflation. A handbook of alternative monetary economics, 471-489; Vernengo, M., & Perry, N. (2018). Exchange rate depreciation, wage resistance and inflation in Argentina (1882–2009). Economic Notes: Review of Banking, Finance and Monetary Economics, 47(1), 125-144. Morlin, G. S. (2023). Inflation and conflicting claims in the open economy. Review of Political Economy, 1-29.
↩Álvarez, R. E., & Brondino, G. (2024). The limits to redistribution in small open economies: the case of Argentina. Review of Keynesian Economics, 12(1), 53-73.
↩Amico, F., & Fiorito, A. (2013). Exchange rate policy, distributive conflict and structural heterogeneity: the Argentinean and Brazilian cases. In Sraffa and the Reconstruction of Economic Theory: Volume One: Theories of Value and Distribution (pp. 284-308). London: Palgrave Macmillan UK.
↩Álvarez, R. & Médici, F. (2024). An Alternative View on Inflation in Argentina in the New Millennium: The Challenges of the Current Situation. Economia Internazionale.
↩Las ventas de las PyMes de comercio minorista cayeron un 28,5% en enero (https://www.telam.com.ar/notas/202402/654319-venta-comercio-minorista-came.html). Acindar suspende 1700 empleados y se agrava la crisis metalúrgica (https://www.pagina12.com.ar/723657-acindar-suspende-1700-empleados-y-se-agrava-la-crisis-metalu).
↩Es importante señalar que durante las elecciones, el Sr. Milei declaró: “El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”Es importante señalar que durante las elecciones, el Sr. Milei declaró: “El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono.”
↩Según los datos más recientes de la Organización Internacional del Trabajo, la tasa de sindicación en Argentina era del 27,7 por ciento. Este dato es comparable al 28,4 por ciento de Canadá y supera significativamente la tasa de Estados Unidos, del 10,7 por ciento, lo que ilustra el nivel relativamente alto de sindicación de los trabajadores argentinos.
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