Cien Días de Milei

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La elección de Javier Milei a la presidencia argentina en noviembre provocó conmoción por todo el país. Aunque su personalidad mediática no lo hacía del todo un outsider, a su partido La Libertad Avanza (LLA), formado en 2021, le faltaba fundamentalmente experiencia política: hasta la inauguración de su gobierno en diciembre, este no contaba con gobernadores ni representantes en el Senado y con apenas tres puestos en la Cámara de Diputados. 

La efectividad de este relato de la extrema derecha de Milei se explica por una larga agonía de estancamiento, empobrecimiento e inflación. Argentina terminó el año 2023 con todos los números en rojo: el salario promedio más bajo (320 USD) desde la gran crisis del 2001, una devaluación del peso del 78 por ciento, una caída del 1,8 por ciento del PBI, el 44 por ciento de la población viviendo bajo la línea de pobreza, sin reservas financieras para hacerse cargo de una deuda externa asfixiante y una inflación anual del 160 por ciento y en clara aceleración. Ante las sucesivas crisis de los proyectos neoliberales y del ocaso de los proyectos progresistas latinoamericanos, Milei llegó a la presidencia blandiendo una motosierra y prometiendo recortes, ajuste, austeridad y sufrimientos colectivos. 

En los meses posteriores a las elecciones, muchos analistas han especulado sobre los tipos de políticas que el autoproclamado capitalista libertario podría atreverse a hacer y, en última instancia, lograr aprobar. Las dos propuestas más destacadas de Milei, el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) y la “ley ómnibus,” se han tambaleado en medio de disputas políticas con opositores e incluso antiguos aliados. Después de los primeros 100 días de su presidencia, ¿qué ha logrado Milei? ¿Y qué presagia esto para los años venideros?

Una agenda desenfrenada

En su primera semana de gobierno, Javier Milei armó un gabinete cooptando algunos dirigentes opositores y manteniendo distancia de los espacios políticos que le habían dado su apoyo en el balotaje. Con alianzas políticas precarias a las que nunca dejó de mirar con desconfianza, Milei comenzó a dominar la agenda política de forma frenética. A los días de asumir presentó un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) para desregularizar una gran variedad de sectores económicos: apertura a la privatización de varias empresas estatales, desregulación de los controles de precios, flexibilización de la ley laboral, liberalización de los mercados inmobiliario, energético, turístico, farmacéutico, de comunicación y de salud, entre otros.

Esta iniciativa iba más allá de un intento desregulatorio: por sus dimensiones y alcances, el DNU pretendía refundar toda la vida social del país sobre un dogmatismo ultra-capitalista. Bajo el mismo espíritu, a la semana siguiente Milei envió al congreso una ley ómnibus de más de 660 artículos con el simbólico nombre de “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Por su profundidad era prácticamente una reforma constitucional. Además, incluía dos puntos que despertaron la alarma tanto de la clase política como de diversas fuerzas sociales.

Por un lado, la propuesta pedía declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, tarifaria, energética y administrativa, lo que le daría al presidente “facultades extraordinarias” para decidir sobre esos temas sin pasar por el congreso por casi la totalidad de su mandato. Por otro, la ley promovía un código de seguridad destinado a penalizar toda forma de protesta social, con penas de hasta 5 años “a quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación” que obstaculice la circulación urbana y otras condiciones ridículas, tales como el cobro de multas a las organizaciones que participen en protestas o la prohibición de interrumpir el tránsito.

La suerte de Milei con ambas iniciativas no fue muy auspiciosa. La misma noche del decreto las calles de la Ciudad de Buenos Aires se poblaron de protestas. Mucho más potente aún fue la convocatoria a un paro general para finales de enero. Al mismo tiempo el poder judicial respondió a las solicitudes de medidas cautelares presentadas por asociaciones civiles y centrales sindicales declarando la inconstitucionalidad de varios puntos del decreto. Así se logró derribar, por ejemplo, la parte del decreto que planteaba la desregulación del derecho laboral, limitaba el derecho de huelga y flexibiliza el régimen contractual y de indemnizaciones.

Sin embargo, a la hora de pasar la ley por el Congreso el gobierno encontró la oposición menos esperada de parte de liberales y conservadores, es decir, sus potenciales aliados. Luego de dos semanas de sesiones infructuosas, LLA no consiguió los votos necesarios para aprobar la ley en la cámara de Diputados debido, en gran medida, a su inexperiencia parlamentaria y a la intransigencia del poder ejecutivo.

Una semana después, Milei abrió un nuevo foco de conflicto, esta vez con los gobernadores de las provincias por la distribución de los impuestos y recursos nacionales. Esta situación disparó una rebelión de los gobernadores y reavivó la disputa histórica entre federalismo y centralismo. Asimismo, al confrontarse con gobernadores y espacios políticos que le habían acompañado en el balotaje, no está claro aún si se trata de una estrategia para monopolizar todo el voto de derecha o para aprovechar la primavera de los primeros 100 días de gobierno y avanzar con reformas radicales, o simplemente sea una muestra de su inoperancia política para construir alianzas. 

Es imposible gobernar desentendiendose del juego político inherente al funcionamiento del Estado y las fuerzas sociales. LLA acumula solo 38 de 257 bancas en la Cámara Baja, 7 de 72 en la Cámara Alta. No posee ni gobernadores ni intendentes, y tampoco tiene un armado político propio en esos territorios. Con esta débil construcción política la gobernabilidad depende del apoyo de otras fuerzas políticas. Además, cualquier medida gubernamental nunca es ajena a lo que sucede en las calles, en un país con larga tradición de organización social y en medio de una crisis social que no cesa de empeorar. 

Un ajuste

La total desregulación de precios, la quita de subsidios a la energía, la devaluación del 100 por ciento del peso con respecto al dólar se sumaron a la inercia inflacionaria para confluir en un aumento de precios de casi el 50 por ciento sólo en diciembre y enero. Sin embargo, esta pauperización de los ingresos no es una consecuencia no deseada, sino parte sustantiva del plan económico de Milei: desde un primer momento la política antiinflacionaria consistió básicamente en una licuación de los salarios y las jubilaciones, y una brutal recesión autoinducida.

Esto ha implicado importantes recortes de gastos. Según los datos publicados por la Oficina de Presupuesto del Congreso, en enero los gastos totales de la Administración Nacional registraron una caída real de 11,9 por ciento interanual (a/a), donde el rubro de los programas sociales fue el más fuertemente afectado con un recorte de casi el 60 por ciento respecto al año anterior. En estos sectores la gravedad de la situación es acuciante y se hace cada vez más difícil esperar el cumplimiento de promesas mesiánicas. 

En primer lugar, se ha acelerado la pérdida del poder adquisitivo de los salarios formales. Si bien Argentina aún cuenta con un nivel alto de sindicalización en términos latinoamericanos, lo que permite un mínimo de protección mediante negociaciones paritarias y luchas gremiales, la ofensiva contra el trabajo es una de las batallas principales del gobierno libertario. Distinta es la situación de los trabajadores informales y cuentapropistas, que en Argentina explican el 45 por ciento de la mano de obra empleada y quienes dependen día a día del nivel de la actividad económica. 

Las clases medias también se han visto golpeadas debido a que la mayoría de los productos que están en el centro de sus patrones de consumo -educación privada, obra social prepaga, vacaciones, combustible- aumentó por encima del promedio de la inflación, y no existen instrumentos de ahorro para protegerse debido a la baja de la tasa de interés.

Aunque por supuesto donde la crisis está golpeando con más dramatismo es en los sectores de más bajos ingresos, con un impacto aún mayor en las mujeres. Estas serán las más perjudicadas debido a que la feminización de la pobreza se profundiza con cada crisis que agrava la brecha de ingresos, las diferencias en el acceso al mercado laboral y la desigual distribución de las tareas de cuidado. Hay que añadir que, junto con las mujeres, son las personas trans, travestis y no binarias -ausentes en las estadísticas públicas- quienes registran los niveles más altos de informalidad laboral.

Igual de alarmante es la situación de los jubilados y pensionados, un sector que viene siendo muy castigado por las dos administraciones anteriores, pero que ahora se ha convertido en la principal variable de ajuste para lograr el ansiado superávit fiscal: la reducción del gasto provisional, mediante una licuación feroz de las jubilaciones, explica el 1.5 por ciento de la proyección de reducción del déficit fiscal prevista para este año.

Este combo puede convertirse en un problema para Milei quien encontró apoyo entre todos estos sectores y que no han recibido ninguna buena noticia en estos meses; algo que representa un punto crítico para cualquier gobierno pero sobre todo para un gobierno que no logró, y que parece no desear, traducir ese apoyo popular en fortaleza institucional. Las señales económicas tampoco son claras y el presidente parece más concentrado en confrontar y polarizar contra ese enemigo amorfo que llama “casta” que en gestionar el Estado, forjar alianzas, paliar la crisis social y encauzar un modelo económico comprensible.

El capítulo Milei

Por lo pronto, las encuestas muestran que Milei sigue teniendo un nivel de apoyo alto entre quienes lo votaron, aunque no logró capturar nuevas adhesiones en una sociedad cada vez más polarizada. Pero a medida que pasa el tiempo y la crisis empeora, es probable que la paciencia con el gobierno “antisistema” de Milei disminuya. La noche del 20 de diciembre y tras el anuncio del decreto de necesidad y urgencia por cadena nacional se produjeron protestas en las puertas del Congreso Nacional. La fecha elegida tiene una alta carga simbólica debido a las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 cuando se produjeron revueltas populares en todo el país que culminaron con la renuncia del presidente, 39 muertos y el comienzo de una crisis política que daría lugar a un nuevo ciclo histórico.   

Ese mismo día y de forma confrontativa, el gobierno buscó estrenar el llamado “Protocolo Antipiquetes”. Desde la mañana hubo un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad en los puntos de acceso a la Ciudad de Buenos Aires, en el transporte público efectivos policiales filmaban pasajeros y controlaban sus pertenencias y en los altoparlantes de las estaciones de tren se leían mensajes amedrentadores. Con esto el gobierno buscaba instalar su posicionamiento frente a algunos de sus principales enemigos políticos, las organizaciones sociales, y afianzar así su política de control, disciplinamiento y persecución de la protesta social. 

A 45 días de iniciado su mandato Javier Milei afrontó un paro general en tiempo récord. Fue más que una medida de fuerza gremial, ya que a las centrales sindicales se les sumaron movimientos sociales, colectivos feministas, organizaciones culturales y asambleas barriales recientemente reactivadas, convirtiendo el paro en una auténtica protesta multisectorial en rechazo a la Ley Ómnibus y el DNU. Aun es muy temprano para pensar si este giro aperturista de los sindicatos tendrá continuidad de aquí más, pero las alarmas están encendidas.

Mientras la crisis social se agudiza, en el mes de marzo, el inicio de año escolar y los conflictos por las negociaciones salariales en el sector educativo, convergen con las dos movilizaciones más importantes del país: la huelga feminista que ya occurió el 8 de marzo y la marcha por los derechos humanos del 24 de marzo. 

Como si no alcanzaran los motivos, tras la derrota parlamentaria de la Ley Omnibus, el gobierno insiste con provocaciones casi diarias a diferentes sectores: desfinanciamiento de organizaciones culturales, anuncios de cambios en las leyes migratorias, declaraciones sobre derogación de la ley del aborto, cierre de organismos ligados a los derechos humanos, etc. Se trata de una estrategia de apertura de múltiples frentes simultáneos para generar desgaste y, por ende, menores niveles de movilización. 

Esto plantea un desafío estratégico para las organizaciones populares quienes deben moverse en el espacio de la respuesta ante cada ataque puntual del gobierno y la acumulación de fuerzas políticas, la formación de alianzas y el rearmado de estructuras militantes para transformar el escenario actual. No obstante, Argentina cuenta con una tradición potente de experiencias y resistencias desde abajo. Milei está tratando de remodelar el tejido social de Argentina, pero después de sus primeros 100 días en el gobierno, aún no está claro si lo logrará.